Cataluña: Ira, represión y cálculos electorales
Por Jacques Muller
En Cataluña, tras cuatro meses de juicio contra doce dirigentes políticos acusados de haber organizado un referéndum para pedir la independencia el 1 de octubre de 2017, el veredicto final ha sido de nueve a trece años de prisión para nueve de ellos y de diez meses para los demás. Inmediatamente, convocadas por una plataforma llamada «Tsunami Democratic», apoyada por los Comités de Defensa de la República (CDR) creados para organizar el referéndum de 2017, así como el llamamiento de todas las asociaciones y partidos independentistas, miles de personas han manifestado su ira: carreteras y vías férreas han sido cortadas y el aeropuerto de Barcelona bloqueado.
El viernes 18 de octubre se hizo una convocatoria para organizar un «Paro de país» destinado a paralizar Cataluña, cuyo momento culminante fue una manifestación central en Barcelona que reunió a 500.000 personas. La represión de esta manifestación fue de 600 heridos, más de 100 detenciones, 28 encarcelados. En plena campaña electoral, prevista para el 10 de noviembre, las manifestaciones e incidentes de Cataluña han marcado a toda España.
Durante meses, se sabía que la sentencia desencadenaría automáticamente reacciones, y el jefe del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, optó por utilizar la cuestión catalana para reforzar su posición en el Parlamento, a fin de disponer de los medios para formar un gobierno estable. En este sentido, Pedro Sánchez ha elegido por no mantener el cargo de rebelión que pedía la derecha, sino únicamente el de sedición, que conlleva penas menos severas.
Sánchez, jugando a dos caras, movilización y represión, quiere demostrar que es capaz de gestionar este conflicto con autoridad pero de manera «democrática» a diferencia de la derecha, que reclama una represión más dura y en oposición a Vox, el partido de extrema derecha que, a su vez, reclama el estado de excepción en Cataluña. Por lo que respecta a los independentistas, la situación es compleja desde hace mucho tiempo. Dos partidos de la burguesía catalana compiten por la mayoría en el Parlamento catalán, el PDeCAT y Esquerra Republicana. El Presidente de la Generalitat (el Parlamento catalán) Quim Torra, independentista y miembro del PDeCAT, utiliza las movilizaciones actuales, lo que no le impide enviar a los Mossos de Esquadra (la policía catalana) a golpear a los manifestantes. Los dirigentes del PDeCAT, que enarbolan la bandera de la independencia, son conocidos en toda Cataluña por haber practicado en 2010 los peores recortes presupuestarios en los servicios públicos y por haber aplicado una política antiobrera. También son conocidos por estar involucrados en oscuros casos de corrupción. Su toma de posición independentista les ha servido para hacer olvidar su política pasada y desviar la ira legítima de la población catalana.
Saben que, en última instancia, esto terminará en negociaciones. Torra ya ha pedido negociar, pero Sánchez responde que espera más firmeza de su parte contra «los violentos». Una manera de decir que nos veremos tras las elecciones. Por un lado y por otro, se maniobra. Pero esperando, la represión continúa, se multiplican los vídeos mostrando la violencia policial. En Cataluña, como en otros territorios, las clases populares, los trabajadores no tienen nada que esperar de estos juegos entre políticos. En Cataluña, la crisis está allí, como en otros lugares, y la ira se recrudece, pero se desvía por medio de las maniobras de dos nacionalismos que se enfrentan.
El «procés catalá» de los independentistas no es en absoluto una apertura hacia una «sociedad catalana más progresista». Al contrario. Lo que es urgente en Cataluña, como en otras partes, es un programa que permita organizar a los trabajadores reanudando los objetivos de lucha de clases, uniendo en una misma perspectiva a los trabajadores de España, de la península ibérica, en conexión con todos los trabajadores del mundo.