Caso ‘bombas’: Piñera y Rajoy unidos por un antiguo y fallido montaje

UN NUEVO FRENTE noticioso ha sido abierto esta semana por el propio gobierno; y como siempre ha ocurrido en La Moneda durante la actual administración, un extenso manto de dudas e interrogantes surge no bien abren sus bocas el Presidente o el ministro del interior.

Como una extraña coincidencia, así ha sido considerada la detención de dos ciudadanos chilenos por parte de la policía española que los acusa de ‘terrorismo’, provocando la inmediata reacción del gobierno chileno, puesto que esas dos personas estuvieron involucradas en el caso ‘bombas’ en Santiago hace ya varios meses, siendo completamente exculpadas por la justicia chilena y sobreseída la causa, misma que la prensa independiente, al igual que el abogado defensor de los imputados, calificó como “un montaje más del fiscal Peña y del ministro Hinzpeter”.

Llama la atención que ahora, ese mismo ex fiscal, Alejandro Peña, se apresure en aparecer ante las cámaras de televisión conjeturando al respecto, atribuyendo culpabilidad a los sospechosos detenidos en España, sobre la base de un proceso judicial en el que tuvo todo a su favor, ya que intervino números telefónicos, correos electrónicos, allanó propiedades privadas, torturó psicológicamente a imputados y testigos, etc., llegando a presentar ante el tribunal 4.000 pruebas, pero perdió ese proceso y ante la opinión pública quedó en el más soberano ridículo.

Resulta vergonzoso que ahora el Gobierno y el Ministerio Público se presten para echar a rodar un verdadero show mediático (en pleno tramo final pre eleccionario), facilitando a tribunales extranjeros el grueso expediente de una causa en la que los inculpados resultaron del todo absueltos en Chile. Esto es de verdad grave, ya que sienta un lamentable precedente y una jurisprudencia abominable.

Es conveniente insistir en un hecho irredargüible; el ex fiscal Alejandro Peña presentó 4.000 pruebas y su tesis, finalmente, se convirtió en un mamarracho jurídico, en una estupidez rayana en el ridículo, pues con toda la artillería ‘oficial’ que tenía a su disposición –además del exacerbado apoyo por parte del ministro del interior de entonces, el cuestionado Rodrigo Hinzpeter- contó, en esencia, con una batería de facilidades más que suficientes para  masacrar judicialmente a dos ciudadano; no obstante, fue incapaz de lograrlo.

Además, bueno es recordar que la propia Fiscalía no tuvo cara –ni argumentos serios- para perseverar en la causa y pretender la nulidad del fallo. A través de los medios de comunicación, a esa misma Fiscalía se le solicitó explicar qué pretendía demostrar ofreciendo como pruebas en el tribunal una bolsa de carbón, o una polera de una banda de rock. Posteriormente, ante esa misma prensa, tampoco pudo justificar sus dichos, e incluso, siendo entrevistado en directo en un programa de televisión, escabulló las preguntas de los periodistas y abandonó intempestivamente el set.

¿Seha olvidado que fue el propio Gobierno quien le quitó el respaldo al fiscal Peña, desvinculándolo del cargo que ocupaba en el Ministerio del Interior? Mayor demostración y aceptación del fracaso en lo político y en lo judicial, imposible de encontrar en otro lado, pues nunca, ni en los Tribunales de Justicia, ni el Ministerio Público, ni en el propio Gobierno se esbozó alguna sola razón por la que se pudiera llegar a establecer que esos dos  ciudadanos, privados de libertad e interrogados (ya pueden imaginar en qué condiciones se efectuaron esos ‘interrogatorios’), tuviesen algún tipo de culpabilidad en los hechos que se les imputaba.

En Chile, la causa está sobreseída, por ello es inaceptable que el Gobierno se haga parte del nuevo caso (el español), aunque sea a través de comentarios, queriendo validar el fallido proceso judicial desarrollado en Chile con otro que está comenzando en España. Y si la justicia española solicitase el expediente judicial archivado en nuestros tribunales, entonces que se destaque con prístina claridad que en dicho expediente se establece, sin apelación, que los acusados eran inocentes, porque así quedó finalmente protocolizado luego del largo proceso incoado en nuestro país.

Piñera, en estos últimos meses,  ha estado quejándose en demasía de una supuesta ineficiencia en el accionar de los tribunales. Aquí se está produciendo una pugna sobre la base de un tema que le resulta muy incómodo a personas cuyas existencias -y valores morales- giran casi exclusivamente en torno a los negocios, el dinero y la especulación financiera. Por ello, el haber tenido que pagar este gobierno un millón de dólares en indemnización por el Caso Bombas hizo estragos (sus consecuencias están a la vista) en el ánimo del Presidente, amén de haber dejado políticamente en pésimo pie a La Moneda, tanto así que  poco tiempo después de estos asuntos Rodrigo Hinzpeter fue removido de Interior y enviado a Defensa.

Cuesta imaginar cuán catastrófico sería el imponer jurisprudencia al interior de cualquier tribunal -incluso extranjero-, si se usa como antecedentes de una causa, un expediente con el que se quiere validar el hecho de que alguna vez los imputados fueron sospechosos en otra causa. Esto es impresentable, como también es impresentable que el ex fiscal Peña –en esos años cuestionado duramente por sus pares- aparezca muy campante dando opiniones en la prensa, (cuando antes, en su momento, escondió la cara), intentando validar un proceso judicial que perdió abrumadoramente porque en lo estrictamente profesional nunca estuvo a la altura que el asunto impetraba. Elucubrar, hoy día, que fulano era familiar de zutano y por eso no lo condenaron, corresponde sólo a  una afirmación improcedente en lo jurídico y mediocre en lo profesional. 

PREGUNTAS Y DUDAS QUE LA JUSTICIA ESPAÑOLA DEBERÍA ACLARAR

La noticia del arresto de los dos ciudadanos chilenos publicada por la prensa española fue recogida, con exultante felicidad, por alguna prensa nacional. Se les acusa de haber ocasionado dos explosiones en dos iglesias de España, una en Zaragoza y otra en Madrid… lejos de Barcelona, por cierto, donde supuestamente estaba operando el grupo anarquista.

La policía hispana asegura que esos sospechosos portaban bombas (balones de gas cargados con pólvora) en el transporte público. Realmente, hace muy poco sentido ese argumento. Luego, se señala que en conjunto con la PDI de Chile se les estaba investigando desde el pasado mes de septiembre…y téngase presente que los delitos ocurrieron en octubre… ¿a la policía española, ‘alertada’ por la policía chilena, no se le ocurrió prevenir efectivamente los dos atentados? Nótese que una de las bombas fue exitosamente desactivada por los grupos especiales de España gracias a que fueron advertidos con 10 minutos de antelación por los propios delincuentes…. ¡En apenas 10 minutos: aviso, moviización de los agentes y desactivación de la bomba…todo un record!.

Y comienzan entonces las preguntas incómodas. ¿Por qué la PDI de Chile habría de ordenar la persecución a nivel internacional de dos sujetos que fueron absueltos, por la justicia, de los delitos que se les atribuyen? ¿Por qué los policiías españoles no desarticularon esa banda antes que perpetrara su atentado, o esperaban que hubiera víctimas inocentes? Con la sola detención en la vía pública por porte de explosivos bastaría para procesar a quienes los transportaban. ¿Por qué los delincuentes habrían de avisar a los feligreses anticipadamente que se iba a producir una explosión, corriendo el riesgo de ser atrapados casi de inmediato?

Además, téngase en consideración que el nombre del grupo anárquico guarda relación con un atentado ocurrido en España en el año 1906, contra la realeza. En este caso particular, no cuadra ni siquiera el lugar donde se perpetraron los delitos. Ahora bien, cuesta entender  a cabalidad por qué se le pide al gobierno chileno que coopere con la investigación, si a la larga tal solicitud debería ser hecha única y directamente a los Tribunales. El Gobierno no debería pronunciarse en estas materias, pero algunas autoridades  siempre acomodan las verdades de acuerdo a las conveniencias. Si éste fuera un caso que comprometiera la imagen del Gobierno esas mismas autoridades dirían, como tantas veces, «dejemos que los tribunales hagan su labor».

El ministro Chadwick –que cada vez que aparece ante las cámaras y micrófonos muestra mayor volumen de estulticia política- se esfuerza en criticar al poder judicial por el ya finiquitado “caso bombas”, dejando entrever que sería necesario reabrir el proceso chileno. ¡Cuidado!, la causa está sobreseída y se estableció la inocencia de los acusados. Por lo tanto, traer a colación dichos argumentos en una nueva causa judicial, por lo menos al interior de los tribunales chilenos, se estaría incurriendo en el delito de acusación calumniosa. No cabe duda que se pretende sentar un precedente gravísimo que atenta contra la independencia de los tribunales. 

Como es fácil de barruntar, todo este infumable espectáculo también habla pésimo de la ‘justicia’ española ya que ella procura sancionar a sospechosos (o a imputados) utilizando documentación de procesos foráneos en los que, además, hubo comprobación de inocencia. Ello estaría significando que la justicia española se ha prestado para favorecer el juego político de La Moneda en orden a desprestigiar al poder judicial chileno, lo que según algunos analistas e investigadores políticos (me sumo a sus presunciones) delinearía serias sospechas respecto del prolegómeno de un contubernio destinado a preparar terreno –en el poder legislativo y en la opinión pública nacional e internacional- para asfixiar el estado de derecho y exigir la aprobación de la llamada “ley Hinzpeter”, junto con la puesta en marcha de aquel ‘observatorio judicial’ mediante el cual La Moneda pretendía -¿alguien puede negarlo?- intervenir directamente en las labores de otro poder del estado. 

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