Carta de Brasilía

 …que, fundados en la Doctrina de Seguridad Nacional, dictada pela Escuela de las Américas, practicaron el terrorismo de Estado, imponiendo, en la segunda mitad del siglo XX, el horror y el sufrimiento a millones de personas en centros clandestinos de tortura y desaparición, en campos de concentración, cárceles y los cuarteles en América del Sur, están de acuerdo en declarar que:

– La conciencia de la impunidad de estos crímenes es un generador de la delincuencia y de la corrupción sistémica, causando un dolor severo y permanente a los sobrevivientes y parientes de las víctimas;

– Que se requiere una nueva interpretación de los instrumentos jurídicos que todas las dictaduras impusieron a los ordenamientos jurídicos nacionales, como autoamnistía y prescripción, para garantizar la impunidad de los crímenes que cometieron contra los pueblos de la región, cabiéndonos a nosotros afrontar toda y cualquier ley, ordenanza o reglamento que puede reducir, cancelar o restringir la protección de los derechos humanos y propugnar que los estados, en nuestras constituciones, permitan la investigación y la sanción de los crímenes contra la humanidad, como ya se ha establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que los agentes Estado, así como sus cómplices civiles que violaron los derechos humanos, sean enjuiciados y castigados con penas proporcionales a sus crímenes;

– Que, en la creencia de que la conciliación deseada tiene que seguir el camino de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia en relación a los crímenes del terrorismo de Estado, para que nunca más se repitan, vamos a buscar la integración de nuestros parlamentos, con la participación fundamental de la sociedad civil, a través de la creación de un Foro Permanente sobre Justicia y Derechos Humanos, cuyo objetivo es compartir y llevar, por la comprensión fraterna, hacia las legislaciones nacionales más retrasadas, los progresos institucionales ya alcanzados en el carácter supranacional de las convenciones y de los tratados internacionales a que nuestros estados se hayan sumado, asumiendo una jerarquía equivalente a la medida en que estas normas reciban el derecho de las personas y de los pueblos, y permitan la convivencia entre nuestras naciones;

– Nos comprometemos con la constitución del Tribunal Russell de Suramérica como uma corte civil para la investigación y el enjuiciamiento de los actos de graves violaciónes de los derechos humanos ya praticados y que se mantienen en la actualidad en la acción u omisión de los estados nacionales de la región, los cuales deben respetar y aplicar el derecho internacional y las resoluciones de los órganos responsables por su aplicación y también deben cumplir con la Verdad.

Teniendo en cuenta el progreso que la Verdad y la Justicia han alcanzado en algunos de nuestros países, creemos que ha llegado el momento para que los países afectados por la Operación Cóndor, en sus diferentes dimensiones, pongan a la disposición todos los archivos del Estado que conduzcan a la aclaración de los crímenes y violaciónes de los derechos humanos. Esta actitud permitiría cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Araguaia (Brasil) y Gélman (Argentina y Uruguay).

 Nosotros, participantes en el Seminario Internacional sobre la Operación Cóndor, también aprovamos una moción de condena al golpe blanco, como destello de un nefasto espíritu civil de la Operación Cóndor, que  destituyó en proceso sumario y sin derecho a la amplia defensa, a Fernando Lugo del puesto de presidente de Paraguay, que él alcanzó gracias al voto directo y democrático de su pueblo, ahora traicionado por aquellos que dicen que sus representantes en el parlamento.

 Nos comprometemos a iniciar desde ahora la recopilación de todos los archivos y documentos relacionados con la Operación Cóndor que están en manos de organismos oficiales, universidades, fundaciones privadas, periodistas e historiadores, para que se conviertan en una contribución activa y de uso masivo de la Verdad y de la Justicia.

Brasília, 05 de julio de 2012.

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