El “decreto supremo” fue firmado por Áñez y once de sus ministros, entre ellos la de Comunicación, Rozana Lizarraga, que implementó la figura de “sedición” para la prensa internacional que en territorio boliviano hable de “golpe de Estado” .

También puso su rúbrica el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que con total tranquilidad anunció en conferencia de prensa que el gobierno interino lanzaba una “cacería” contra opositores. «Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y también de gente de las FARC, cubanos, venezolanos que han estado viviendo aquí», dijo.