Carlos Lesmes se rasga las vestiduras ante la «degeneración» del Consejo General del Poder Judicial

Estos días se han reunido los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, dicen que para renovarse, y han aprovechado el momento para dejar claro a todos los españoles que su justicia sigue y seguirá imponiéndose, a golpe de maza, contra cualquier intento de regeneración democrática que se pretenda aplicar en España. Lex corrupta, sed lex, ha sido la conclusión final con que han cerrado su cónclave esta pandilla de sátrapas.

Si la justicia española esta irremisiblemente corrupta, el CGPJ es el encargado de vender la podrida mercancía judicial al consternado e impotente ciudadano. Resulta un espectáculo verdaderamente bochornoso el que estos días ha protagonizado Carlos Lesmes, presidente del CGPJ convertido en «chulo» institucional de la prostituida justicia española. Lo hemos visto rasgándose las vestiduras y confirmando sin ningún pudor el depravado papel que su Poder Judicial juega en la farsa de la justicia española.

Este tipo de prepotente y vergonzoso comportamiento institucional de Carlos Lesmes, hipócrita hasta niveles inconcebibles, es evidencia irrefutable de la situación de cáncer terminal que afecta a todo el sistema judicial español. Para que esa lenta agonía de la justicia española no resulte dolorosa, además de presidente de su particular Reichtag institucional -el Consejo General del Poder Judicial-, Carlos Lesmes lo es también del Tribunal Supremo, con lo que todas las decisiones que este infausto individuo tome bajo la presidencia del CGPJ, resultará inútil recurrirlas ante instancias superiores presididas por el mismo jerarca. Mas expeditivo no podía ser este pervertido mecanismo; más maquiavélico y retorcido tampoco.

Descreimiento en la justicia española

Con su rastrero proceder, Carlos Lesmes ha dejado claro que el principio fundamental que rige la justicia española sigue siendo el mismo que regía durante la dictadura: quien hace la ley, hace la trampa. Cerca de un ochenta por ciento de la población española -son datos oficiales- no cree que la justicia funcione en España. Cómo puede sobrevivir un país europeo con una tasa tan elevada de descreimiento en su sistema judicial es un enigma que nadie comprende.

La dureza con que jueces y magistrados tratan a los presos políticos, raperos y activistas contrasta con la extrema tolerancia con que amparan a los ladrones de «guante blanco» (banqueros corruptos, reyes prófugos de la justicia, toreros borrachos y policías torturadores, entre otros). En una situación de corrupción y abuso de poder tan generalizada como la que en estos momentos se da en la Administración de justicia española, resulta prácticamente inabordable para el ciudadano medio acusar formalmente a jueces, fiscales o magistrados en ejercicio. Mucho más improbable es todavía llevarlos hasta un juicio. En este cónclave, Carlos Lesmes ha querido dejar claro que la justicia española, aparte de la prostituta mayor del reino, se ha convertido en una élite privilegiada que se protege a sí misma, creando sus propios mecanismos que le permiten infringir la ley a su antojo.

Ley del embudo

La redundante ley del embudo, «ancho para uno, estrecho para otros» se hace en el Consejo General del Poder Judicial más evidente que en ningún otro sitio. Creado como un sistema judicial aparte, para tratar los casos de corrupción que se dan entre jurisprudentes, este organismo trabaja para conseguir todo lo contrario: garantizar la impunidad a los jueces y magistrados corruptos y darles toda la fuerza legislativa necesaria para que, desde los feudos medievales que hoy son sus juzgados, hagan y deshagan la justicia a su antojo.

Fue en 1978, en plena estafa de la Transición y como mera farsa oficialista, cuando se creó el Consejo General del poder Judicial, un organismo cuya función se definió como fiscalizadora ante cualquier tipo de conducta irregular de jueces y magistrados. El reglamento de «Tramitación de Quejas y Denuncias relativas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales», dice literalmente: «Corresponde al Consejo General del Poder Judicial la potestad reglamentaria en materia de inspección de Juzgados y Tribunales y tramitación de quejas y denuncias. La regulación de este último aspecto se enmarca dentro de la necesidad de establecer servicios de atención al ciudadano y cauces mediante los cuales pueda éste formular de manera eficaz las quejas y reclamaciones que estime convenientes, así como colaborar con la mejor prestación del servicio mediante iniciativas y sugerencias».

Sin embargo, la realidad del CGPJ es que todas las quejas contra jueces corruptos que llegan a este organismo son sistemáticamente rechazadas bajo la misma insultante coletilla: «El Consejo General del Poder Judicial no puede intervenir en los procedimientos judiciales ni revisar ni rectificar las resoluciones que en ellos se dicten, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Judicial se lo prohíbe expresamente (…) Lamentamos no poder atender las cuestiones que plantea en su escrito, pues las mismas no entran dentro de nuestras competencias«.

Para mayor burla e insulto a los derechos del ciudadano, todas estas comunicaciones se hacen de una forma anónima, sin citar el nombre del funcionario que las responde, vulnerando así la ley de Procedimiento Administrativo en la que se especifica que toda comunicación oficial debe ir firmada con nombre y apellidos.

Si por ley el CGPJ tiene como principal cometido tramitar las protestas presentadas por los ciudadanos, abrir investigaciones, delimitar responsabilidades y aplicar medidas disciplinarias contra los jueces que se hayan propasado en su cargo, lo que la realidad demuestra es que el CGPJ actúa justamente en sentido contrario; esto es, para proteger todos los desmanes, extralimitaciones, irregularidades y favoritismos de los jurisprudentes acusados de corruptos. La función primordial de este organismo es acallar todas las quejas y denuncias que se presenten. En otras palabras, el Consejo General del Poder Judicial que preside Carlos Lesmes funciona como un muro infranqueable que el sistema judicial levanta para impedir a los ciudadanos estafados por la Administración de justicia llegar más allá con sus quejas.

Juez díscolo inhabilitado por el Consejo del Poder Judicial

Uno de los escasos jueces díscolos que hay en España, el juez Baltasar Garzón (que no obstante amparó a torturadores en la Barcelona de 1992), pretendió en su momento hacer efectiva la ley de Memoria Histórica. Como tantos otros intentos vanos de que la democracia funcionara en este país, los propios jueces encargados de ponerla en funcionamiento fueron los que, con el beneplácito y bendición del CGPJ, la boicotearon. De esta forma, más de cincuenta mil cuerpos de ciudadanos asesinados, -ya no en la guerra civil, sino también a lo largo de toda la sanguinaria dictadura-, siguen esperando ser recuperados por sus familiares de las fosas comunes y las cunetas donde fueron arrojados más de medio siglo atrás.

Baltasar Garzón, inhabilitado por el CGPJ y ahora fuera de España, guarda sin embargo un incomprensible silencio sobre la vergonzosa justicia que lo expulsó de España y sobre el hermético sistema de amparo al crimen y complicidad con el delito que representa el Consejo General del Poder Judicial dentro de la justicia española.

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