Canarias ante el reto dramático de una dependencia suicida

     Canarias importa el 92% de los alimentos de consumo básico que la población requiere para su subsistencia diaria. Este preocupante dato era recordado esta misma semana por la prensa local. Y, como sucede cada cierto tiempo sin que ello tenga ninguna consecuencia práctica, no han faltado las declaraciones de algunos políticos institucionales sobre el enorme peligro que esta dependencia alimentaria supone para las Islas.  El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, José Joaquín Bethencourt, por ejemplo, calificó este riesgo como absolutamente «suicida». Mientras, medios que hasta hace bien poco ridiculizaban a quienes se atrevían a alertar sobre los catastróficos efectos que una situación de desabastecimiento provocaría en el Archipiélago descubrían, repentinamente, esta amenaza.

       La dependencia alimentaria de Canarias, sin embargo, está lejos de ser un hecho novedoso y, en términos porcentuales, se sitúa en torno al 90% desde hace años.  A nivel internacional, esta realidad es resultado de la imposición de un modelo agroalimentario exportador controlado por un pequeño puñado de multinacionales que dominan el comercio de granos y la producción y distribución de semillas, herbicidas y fertilizantes. La situación particular del Archipiélago, no obstante, es también  responsabilidad de una casta política que, pese a legitimarse ante la población por su supuesta defensa de la canariedad, estrangula la producción autóctona  y  subvenciona el negocio de la importación. 

EL VERDADERO SENTIDO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. MÁS ALLÁ DE LOS HUERTOS URBANOS

      Con el estallido de la crisis económica se ha producido un aumento sustancial de la conciencia ciudadana en torno a la debacle que se produciría en las Islas si cualquier tipo de acontecimiento externo paralizase los suministros que impiden que muramos de hambre. Así como sobre el efecto igualmente crítico que tendrá en Canarias el incremento de los precios de todos los productos importados como consecuencia del inminente cénit de la producción mundial de petróleo y  gas natural, que repercutirá en los costes de transporte de mercancías.

       Paralelamente, un concepto acuñado en los países superexplotados de la periferia capitalista, la «soberanía alimentaria», comenzaba a hacerse común en el discurso de diversas organizaciones ecologistas y sociales de las Islas. La soberanía alimentaria, que incide en la necesidad de priorizar la producción para el consumo doméstico, es la forma en la que a partir de la última década del pasado siglo XX se manifestó la vieja reclamación de los pueblos de poder  controlar sus recursos naturales y definir políticas agrícolas y pesqueras que garanticen su supervivencia  y sean ecológicamente sostenibles.

       En ese contexto histórico, la reivindicación de la “soberanía alimentaria” surgió como reacción a los devastadores efectos provocados en la mayor parte del planeta por el modelo agrícola industrial potenciado por la FAO. En plena fiebre neoliberal, las empresas transnacionales del sector y las grandes potencias que las respaldan lograron imponer la apertura de los mercados de los países del Tercer Mundo, para inundarlos más tarde con sus productos subvencionados. Al tiempo, utilizaron organizaciones como el FMI, el BM y la Organización Mundial del Comercio para conminar a estos países a reconvertir sus tierras de cultivo dedicándolas a la agricultura industrial de exportación. Como consecuencia, millones de personas se vieron obligadas a dejar el campo, sumándose al resto de excluidos que malviven en las ‘villas miseria’ de las grandes urbes de las naciones subdesarrolladas por éstas y otras políticas neocoloniales.

        En estos países, por tanto, el reclamo de esa parcela básica de soberanía ha estado asociado a la lucha tradicional por la reforma agraria y la reapropiación de las riquezas naturales por parte de las comunidades. En su trasvase a los naciones del llamado Primer Mundo, sin embargo, el concepto de soberanía alimentaria se ha desprovisto, en la mayoría de los casos, de este contenido político revolucionario, dando lugar a una práctica perfectamente asumible por el sistema e incapaz de responder a las propias expectativas que genera. Lejos de organizarse políticamente con la finalidad de conquistar una redistribución justa de la tierra o el agua, lo que implica necesariamente enfrentar a los poderes económicos dominantes y el Estado que los ampara, los defensores occidentales de la soberanía alimentaria suelen centrar sus esfuerzos en el aprovechamiento de los espacios residuales aún no conquistados por el mercado capitalista. La expresión más conocida de esta práctica es el desarrollo de los llamados huertos urbanos en sus diversas modalidades. Experiencias que, aun pudiendo proporcionar una salida existencial a grupos reducidos y mostrar que otro tipo de agricultura es posible, dejan intacto el problema esencial. ¿Cómo podría alcanzarse la soberanía alimentaria en sociedades como la canaria, con más de 2 millones de habitantes, sin poner a disposición de la colectividad las grandes extensiones de tierra dedicadas al negocio de la exportación o la construcción descontrolada?

¿TOMAR LAS SOBRAS O RECLAMAR LAS  RIQUEZAS COLECTIVAS?

        Canarias, con un modelo económico del pelotazo construido a partir de los años 70 sobre los pies de barro del ladrillo y el turismo, solo tiene cultivada actualmente el 10% de su superficie. La agricultura y ganadería de supervivencia, que durante siglos fue una válvula de escape para paliar la secular miseria de la población isleña, ha sido prácticamente finiquitada. Y, según denuncian de forma reiterada los portavoces de los agricultores y ganaderos que aún producen para el consumo interno, el Gobierno regional no sólo no les ofrece ningún tipo de apoyo, sino que atenta contra su subsistencia subvencionando las importaciones de productos que ellos podrían proporcionar a los mercados del Archipiélago. Entre los beneficiarios de este modelo –sostenido hasta el momento gracias a las ya menguantes subvenciones de la UE – se encuentran también los grandes propietarios de terrenos dedicados a cultivos de exportación como el plátano o el tomate.

           Se trata, en su conjunto, de un conglomerado económico que concentra en manos de una pequeña minoría la mayor parte de los recursos del Archipiélago y aquellos que llegan desde el exterior. Una realidad ineludible que convierte en quimérica cualquier reclamación de soberanía alimentaria no integrada en un proyecto político que reclame también la propiedad colectiva de las riquezas básicas de Canarias. Avanzar hacia ese objetivo, desde luego, requeriría desarrollar un nivel de organización popular muy alejado del que existe actualmente en las Islas. El gran reto que hoy se presenta como imprescindible para superar no sólo la dependencia alimentaria sino una situación de emergencia social sin salida dentro del sistema capitalista. Pero en eso consiste, precisamente, la vieja lucha de los pueblos por su soberanía.

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