Canadá adelanta una controvertida legislación para deportar o frenar la llegada de extranjeros con antecedentes penales

El Parlamento recibirá en los próximos días nuevos detalles de la Ley para la Rápida Expulsión de Criminales Extranjeros, orientada a acelerar las repatriaciones de convictos que enfrentaron una condena mayor de seis meses en la cárcel, indicó la prensa local.

La normativa, promovida por el ministro de Inmigración, Jason Kenney, también dificulta el ingreso de personas de otros países que deseen viajar a Canadá en busca de oportunidades de trabajo.

Entre otras cuestiones, elimina los recursos que interponen los inmigrantes acusados supuestamente de crímenes graves para demorar su expulsión de Canadá y aumenta las penas para quienes tratan de violar las leyes.

La oposición y analistas canadienses alertan del perfil discriminatorio de ese instrumento, porque Kenney dispondrá del poder suficiente hasta para deportar o negar la entrada a personas que no tengan historial delictivo.

Para el experto Jinny Sims la ley solo politizaría el sistema migratorio del país.

También consideró que en vez de ese tema, el gobierno conservador debería preocuparse por asuntos como el de los extranjeros calificados sin empleo y el lento proceso de reunificación familiar.

Cada año Canadá recibe al menos 250 mil ciudadanos foráneos atraídos por las supuestas facilidades laborales que ofrece para enfrentar el acelerado envejecimiento de su población e impulsar la economía nacional.

Pero sus autoridades cada vez recrudecen más las reglas para permitir la permanencia en el país y la completa integración a su sociedad.

A partir del próximo 1 de noviembre, Ottawa exigirá una prueba obligatoria del manejo adecuado de inglés o francés y medir la fluidez oral de los inmigrantes que pidan la ciudadanía.

Los solicitantes estarán obligados a presentar, por anticipado, pruebas evidentes de su conocimiento en ambas lenguas oficiales, como una evidencia objetiva de su capacidad lingüística a la hora de solicitar por la naturalización.

Esa norma obligará a quienes no aprueben el examen de expresión oral a entrevistarse con un juez de ciudadanía para valorar su caso.

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