Cambiemos el modelo

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La ortodoxia liberal en el manejo económico gozó de gran popularidad durante la década de los noventa en América Latina. Los gobiernos nacionales seguían – al pie de la letra y condicionados por organismos como el FMI o el BM – los lineamientos del Consenso de Washington (1989) que establecían algunos puntos (no discutibles) para el manejo económico: disciplina presupuestaria, liberalización comercial, apertura para la entrada de inversión directa extranjera, privatizaciones, desregulaciones (incluido el mercado laboral), entre otros. Chile, de la mano Augusto Pinochet, había iniciado este recorrido al menos una década antes y una referencia al respecto es la carta enviada por Milton Friedman al dictador en 1975. En el Perú, el modelo económico liberal se instaló de la mano de otro autócrata, con la Constitución de 1993. El momento era propicio, el desastre económico del primer gobierno de Alan García abría las puertas para que el poder político y económico vertiera todas sus críticas – fundamentadas – al gobierno de turno; condenando, además, toda política económica que se desviara de los cánones (neo)liberales. Asumíamos plenamente los dogmas.

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Una década después, países con altos niveles de pobreza, pero – sobre todo – con población excluida del sistema económico y social, decidieron dar un giro a lo que se denominó “el ciclo progresista”. El punto de partida fue el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela (1999) marcado por el recuerdo del “Caracazo” (1989); de Néstor Kirchner (2003) en Argentina y Tabaré Vázquez (2005) en Uruguay luego de la crisis económica del 2001-2002; de Evo Morales (2006) luego de la “guerra del agua” en 2000 y la “guerra del gas” en 2003; y, de Rafael Correa (2007) luego de las salidas anticipadas de los gobiernos de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, en un período de sólo 9 años.

Aun a riesgo de hacer más compleja la lectura, es importante entender la línea de base con la que se encontraron los gobiernos progresistas y por qué América del Sur giraba “a la izquierda”.

Todos estos gobiernos desafiaron las políticas (neo)liberales, poniendo como norte el bienestar de la población, por lo cual, la economía pasaba a ser un medio y no un fin en sí misma. En este sentido, se opusieron a los tratados de libre comercio (ALCA), impusieron aranceles para proteger la industria nacional, renegociaron la deuda externa, aumentaron el gasto público creando programas sociales, incrementaron el gasto en educación, salud, I+D+i, como forma de “independizarse”, regularon el mercado laboral otorgando mayores derechos a los trabajadores y, en algunos casos, nacionalizaron algunos sectores (en Bolivia los hidrocarburos, en Venezuela algunas industrias y en Argentina los fondos previsionales).

Esta osadía les valió ser catalogados como “populistas”.

Cabe indicar que América Latina en su conjunto, liberales y progresistas, aprovecharon el boom de los commodities, un ciclo largo de precios altos de las materias primas lo que les permitió obtener una cantidad importante de divisas. El aumento de la demanda, principalmente China, fue especialmente favorable a nuestra región.

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Estos eran los dos modelos en disputa en Latinoamérica.

Perú era alabado por los medios internacionales, nos llamaban “el milagro económico”, resaltaban la disminución de la pobreza, la desigualdad, pero sobre todo nuestra estabilidad económica y política de austeridad, la que nos había llevado a tener las reservas internacionales más altas de América Latina con un fondo de estabilidad fiscal (2019) de USD 5.472 millones, un bajo nivel de endeudamiento y un déficit fiscal controlado. Pero, además, el modelo nos había permitido mejorar indicadores de bienestar. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2007, la pobreza era de 42.4% y en 2017 de 21,7% (-20,7 p.p.). También redujimos la desigualdad (Índice de Gini) en 0,067 en el mismo período. ¡Éramos el ejemplo!

Colombia, nuestro espejo en la región, redujo la pobreza de 42% en 2008 a 26,9% en 2017 (-15,1 p.p.) y la desigualdad de 0,555 en 2007 a 0,497 en 2017 (-0,058), manteniéndose como el país más desigual entre los que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Sin embargo, gobiernos progresistas, también tenían resultados destacables, pero menos mediáticos. Ecuador, por ejemplo, redujo la pobreza de 36,7% en 2007 a 21,5% en 2017 (-15,2 p.p.) y Bolivia, de 60,1 en 2007 a 36,4% en 2017 (-23,7 p.p.). Asimismo, la desigualdad tuvo una importante mejoría, cayendo el índice de Gini en 0,086 y 0,105, respectivamente.

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Sin embargo, la actual Pandemia del COVID-19 ha desnudado las deficiencias de nuestro modelo económico. La regla de la austeridad, sumada a la bajísima presión tributaria producto de las exoneraciones y la evasión/elusión, implicó – ahora estamos seguros – el desfinanciamiento de los sectores sociales. Es importante mencionar, también, que no es la primera vez que la realidad nos alertaba (la epidemia del cólera de 1991, las constantes heladas en la sierra sur, o la pandemia de la gripe A de 2009, fueron avisos a los que no prestamos la suficiente atención); pero no cambiamos nada porque el aumento presupuestal sólo era posible – de acuerdo con nuestros dogmas – en la medida que aumentara el PBI (productividad). Las metas macroeconómicas son inalterables.

Aunque no se han hecho cálculos sobre el impacto económico en Perú, podemos usar datos de economías con mayor desarrollo para darnos una idea de la magnitud. De acuerdo a Goldman Sachs, los pronósticos de crecimiento en Europa son: España, -9,7%; Italia, -11,6%; Alemania, -8,9; Francia, -7,4%; y, el déficit fiscal estimado: Italia, 10,3%; España, 10%; Francia, 7,3%.

Aunque se espera que la crisis sea en “V”, es decir, con un rebote inmediato, es posible que esta “V” tenga una base ancha. En el caso peruano, es probable que el crecimiento caiga 6-7 puntos (el Banco Mundial ha pronosticado -4,7), y el déficit en la misma magnitud, tomando en cuenta que el plan del gobierno para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con lo anunciado por el MEF, representa cerca del 12% del PBI.

La austeridad en años pasados significa una alta inversión hoy. Lamentablemente, sin tiempo de planificación.

Pero, veamos algunos indicadores en salud, para dimensionar lo que decimos:

Gasto per cápita (PPP): Colombia (USD 699), Ecuador (USD 479), Perú (USD 421) y Bolivia (USD 321).

Camas de hospital por 10 mil habitantes: Colombia (17), Perú (16), Ecuador (15) y Bolivia (11).

Camas UCI: Colombia, 2020 (6.242), Ecuador, 2016 (1.183); Perú, 2020 (504); Bolivia, 2020 (430)

 Camas UCI por 10 mil habitantes: Colombia (1,25), Ecuador (0,69), Bolivia (0,38), Perú (0,15)

Los datos por habitantes y en paridad de poder adquisitivo nos permiten comparar la situación entre países; pero, ¿qué conclusiones sacamos si observamos la evolución de las variables en el tiempo (2006-2016) por cada uno de los países? Los resultados son los siguientes:

 Gasto público per cápita en salud (PPP):

Colombia: USD 407 – USD 699 = +171,74%

 Ecuador: USD 147 – USD 479 = +325,85%

Perú: USD 163,5 – USD 421 = +257,49%

Bolivia: USD 116 – USD 321 = +276,72%

 Gasto público en salud (% PBI):

Colombia: 4,58% – 4,96% = +0,38 p.p.

Ecuador: 1,82% – 4,24% = +2,42 p.p.

Perú: 2,23% – 3,18% = +0,95 p.p.

Bolivia: 2,7% – 4,44% = +1,74%

Out of pocket (% del gasto total en salud):

Colombia: 18,93% – 16,36% = -2,57 p.p.

Ecuador: 61,13% – 40,38% = -20,75 p.p.

Perú: 39,19% – 28,88% = -10,31 p.p.

Bolivia: 32,27% – 28,02% = -4,25 p.p.

De los cuatro países, Colombia es el que menos invirtió en el tiempo; sin embargo, su punto de partida – en el período analizado – es superior al del resto. Perú, por su parte, es el que menos esfuerzo presupuestal hace, lo que podría ser considerado un proxy de la importancia que le hemos dado al sector salud. Esto se ve reforzado si observamos que sólo aumentó en 0,95 puntos porcentuales, que es excesivamente bajo si tomamos en cuenta los niveles de inversión per cápita. Ecuador, por su parte, tuvo un aumento importante en el gasto per cápita, y aunque redujo sustancialmente el gasto de las familias, el mismo sigue siendo alto. Bolivia también mejoró todos sus indicadores, aunque queda la sensación de que el esfuerzo económico podría haber sido mayor.

De acuerdo con estos datos, podríamos inferir un mayor interés en los sectores sociales en los gobiernos progresistas, aunque vale también preguntarse si el esfuerzo realizado – sobre todo en Bolivia – pudo ser mayor.  Sin embargo, ¿esta hipótesis se sigue cumpliendo si incluimos a Chile, que – aún con “la Concertación – mantuvo el modelo económico liberal? Veamos:

Gasto público per cápita (PPP): USD 393,73 – USD 982,99 = 249,66%.

Gasto público (% PBI): 2,50% – 4,23% = 1,73 p.p.

Out of pocket (% del gasto en salud): 40,75% – 34,77% = 5,98 p.p.

En Chile, aunque ha habido mayor inversión, las mejoras han sido algo más moderadas que los gobiernos progresistas; el gasto en salud sigue siendo, en términos relativos, bastante alto (por ejemplo, el gasto per cápita es mayor al doble que en Ecuador y Perú, y el triple que en Bolivia).

Aunque nos salimos un poco de la línea argumental ¿cómo podrían explicarse las protestas sociales, en Chile, de hace pocos meses? Posiblemente la razón sea el alto esfuerzo económico que hacen las familias en salud considerando que dicho gasto equivale al 34,77% de lo que invierte el estado. Sólo los datos de Ecuador son más altos; sin embargo, la reducción de nuestro vecino del norte – en la última década – fue de casi 21 puntos porcentuales lo que era también valorado por la población.

Se consideró incluir a otros países de la región, como Argentina y Uruguay, y también el promedio OECD, dado que la entrada al “club” de países desarrollados es una meta país. Sin embargo, los datos distan mucho de la realidad local. Por ejemplo, el gasto público per cápita en salud (PPP, 2016), de Argentina fue de USD 1.127; de Uruguay, USD 1.386; y, la OCDE, 3.999. Tengámoslos igualmente como referencia.

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Para finalizar, en marzo 2018, el economista peruano Roberto Chang escribió el artículo “¿Cambiemos el Modelo?” en el que mostraba las bondades del modelo económico peruano basado en la mejora de las variables pobreza y desigualdad. Asimismo, retaba a quienes criticábamos el modelo a presentar alternativas que conlleven a “mejores resultados”. En el presente artículo hemos presentado algunos casos con resultados – al menos – igual de exitosos que el peruano, pero con mayor énfasis en los sectores sociales. Un análisis como el presentado también podría hacerse en el sector educación. Sin embargo, es quizá mejor dejar que el propio establishment conteste la cuestión planteada: “Reformas radicales – que modifiquen la dirección política predominante en las últimas cuatro décadas – deberán ser puestas sobre la mesa. Los gobiernos deberán aceptar un papel más activo en la economía. Tendrán que ver los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda; los privilegios de los ancianos y los más ricos deberán ser cuestionados. Las políticas, hasta hace poco consideradas excéntricas, como la renta básica y los impuestos a la riqueza, tendrán que formar parte de las propuestas” (Financial Times, “Virus lays bare the frailtry of the social contract”).

Para finalizar, quisiera recordar lo que señalan Álvarez Uría y Varela en su presentación de “La gran transformación” de Karl Polanyi. Al referirse al trabajo de este autor resaltan que este «invierte la propuesta: precisamente porque en las sociedades en las que reina a sus anchas el mercado autorregulador la sociedad permanece prisionera de las relaciones económicas y el liberalismo económico promueve un sistema de excepción radicalmente pernicioso que atenta contra los fundamentos mismos de la sociedad, contra la sociabilidad en cuanto tal”.

 

Agradezco a Pedro Francke por su aporte al presente artículo.

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http://www.noticiasser.pe/opinion/cambiemos-el-modelo?

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