Cambiar la correlación de fuerzas, para un cambio político y una resolución democrática

La muerte a tiros del empresario Inazio Uria ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad y la urgencia de dar una solución democrática al conflicto político y armado que enfrenta a Euskal Herria con los Estados español y francés. Una solución política y dialogada que pasa por la superación del actual marco negador de derechos y el establecimiento de un escenario democrático, basado en el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el respeto a la voluntad de la ciudadanía del conjunto de Euskal Herria.

No obstante, la mayoría de la clase política de dentro y fuera de Euskal Herria, comandada esta vez por la mismísima patronal española, ha vuelto a clamar por el mantenimiento del actual estatus quo, así como por la aplicación de nuevas medidas represivas contra la izquierda abertzale, como la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna o su expulsión definitiva del conjunto de las instituciones. Medidas que, lejos de contribuir a la resolución del conflicto, no provocarán más que un agravamiento del mismo, tal y como ha quedado demostrado a lo largo de todos estos años.

Precisamente, este sábado se han cumplido 30 años de la imposición del marco constitucional-autonómico, negador de los derechos democráticos de Euskal Herria y que ha perpetuado la opresión nacional y de clase del franquismo. Marco que, no obstante, ha fracasado en su intento de asimilar a Euskal Herria y aniquilar la opción independentista. Y es que la lucha de amplios sectores populares en general y la izquierda abertzale en particular ha conseguido desenmascarar primero y agotar después lo que pretendía ser la tumba político-jurídica de Euskal Herria.

30 años después Euskal Herria sigue viva y la demanda de un cambio político basado en el reconocimiento de sus derechos y la consiguiente resolución democrática del conflicto es compartida por una amplia mayoría social.

Es en este contexto en el que la izquierda abertzale viene manifestando reiteradamente la necesidad de acometer una segunda transición, una transición realmente democrática, que instale un escenario de reconocimiento y respeto de derechos, que abra las puertas a la posibilidad de materialización de todos los proyectos políticos, incluido el que persigue construir un estado vasco y socialista. Transición que a su entender, han de liderar indefectiblemente los sectores independentistas, a fin de neutralizar cualquier intento de reeditar recetas autonomistas ya fracasadas, que han conllevado la prolongación de la opresión y, por ende, del conflicto político y todas sus consecuencias durante 30 años.

Así, este 30 aniversario de la Constitución española ha sido testigo de un nuevo ofrecimiento de la izquierda abertzale: un ofrecimiento a todos los agentes políticos, sindicales y sociales que aspiran a construir desde la izquierda un Estado propio a unir fuerzas en pos del cambio político que necesita Euskal Herria. Llamamiento que si bien no resulta del todo novedoso (a lo largo de la historia han sido varios los momentos, de gran trascendencia política todos ellos, en los que la izquierda abertzale ha apelado a la unión de fuerzas abertzales: Txiberta, Lizarra Garazi, Bergara…), sí que presenta novedades significativas, como la exclusión (autoexclusión, cabe decir) del PNV, lanzado cuesta abajo y sin frenos por la senda de la renuncia nacional y presto a jugar, 30 años después, el mismo triste papel que ya jugara en la mal llamada transición, vendiendo a Euskal Herria por un plato de lentejas. Oferta sincera, realizada desde la convicción de que Euskal Herria está en condiciones de abrir un nuevo ciclo político, que, de ser correspondida, sin duda dará mucho de qué hablar.

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