Cacahuatepec no bajará la guardia para impedir que construyan La Parota

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Los campesinos de Cacahuatepec, Guerrero, no bajarán la guardia en su intención de impedir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construya la hidroeléctrica La Parota, afirmó Felipe Flores Hernández, quien ha encabezado la defensa del ejido. En tanto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), encargado del litigio para suspender la construcción de la presa, dijo que en breve apelarán de la sentencia de la juez Livia Larumbe Radilla, quien les negó el amparo provisional al considerar que sus intereses no resultaran afectados con la obra.

“No es novedoso el resolutivo jurídico que sobreselló el amparo que interpusimos; volvemos a decir que no vamos a permitir la construcción de la presa así nos cueste la vida”, comentó Flores Hernández vía telefónica.

El próximo domingo los ejidatarios y comuneros que se han pronunciado contra la construcción de la presa realizarán una asamblea en la que informarán que la juez Livia Larumbe Radilla canceló el amparo provisional que les había otorgado, por el cual los campesinos tuvieron que realizar una colecta para depositar 100 mil pesos que demandó la impartidora de justicia como garantía ante cualquier posible daño a la CFE.

Flores Hernández dijo que los ejidatarios impugnarán el resolutivo de la juez; “hemos comentado que este caso tiene que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahí se defina el futuro de La Parota”.

Nuestra postura, agregó, no va a cambiar; “aquí nacimos y crecimos y aquí moriremos; nosotros decidimos lo que queremos, no vamos a permitir que vengan a mandarnos”, sostuvo.

La hidroeléctrica interesa al al gobierno, pero no beneficiará a la población

Reiteró que la hidroeléctrica no dejará ningún beneficio a la población; es una obra que interesa al gobierno porque beneficia a los empresarios, no a los ejidatarios, “nosotros no le importamos a los funcionarios; por el contrario, ellos quisieran que no hubiera campesinos que detuvieran sus ambiciones”.

El embalse cubriría 13 mil 728 mil hectáreas de superficie y, de acuerdo con la CFE, “sería una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área central del país”.

Sin embargo, un informe de la Comisión Mundial de Represas señala que el proyecto no beneficiará el desarrollo y las necesidades de los 13 poblados donde habitan 20 mil personas.

Calcula que la obra afectaría 320 hectáreas frutícolas y 3 mil 500 de otros cultivos; inundaría dos puentes carreteros sobre los ríos Omitlán y Papagayo; 16.6 kilómetros de carretera pavimentada; 22.8 de terracería, otros 31.5 kilómetros de líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como la central hidroeléctrica La Venta.

Los campesinos, que desde 2003 han realizado movilizaciones de protesta contra la hidroeléctrica, confían en la solidaridad nacional e internacional y en que la autoridad atenderá sus argumentos y derecho a permanecer en sus tierras porque, han dicho, “La Parota no es una obra de interés social sino un beneficio económico para algunos grandes empresarios”.

Por otra parte, el Cemda dijo que en estos días apelarán la sentencia de la juez Livia Larumbe Radilla, quien les negó el amparo provisional al considerar que sus intereses no resultarían afectados con la obra.

Xavier Martínez, abogado del Cemda, advirtió que la CFE no puede continuar con las obras de la hidroeléctrica, porque existen disposiciones legales que lo prohíben.

“Este año la asociación guerrerense Tlachinolán logró que los tribunales agrarios emitieran diversos fallos que revocan las asambleas que le permitieron a la CFE la ocupación previa de los terrenos”, propiedad de unos 35 mil comuneros e indígenas mazahuas, además de que éstos “están dispuestos a defender con todo lo que es suyo”.

Explicó que “se han interpuesto denuncias ante la Procuraduría General de la República por falsificación de firmas” de los comuneros de Cacahuatepec –para aparentar que estaban en favor de la ocupación de las tierras por parte de la CFE– y por la comisión de varios delitos ambientales; entre éstos, la tala indiscriminada y el desmonte de áreas forestales en la región.