Bush no pudo tener su Bagdad en el Amazonas

Esta vez, el cónclave regional detuvo a EE.UU. Uribe es el ejecutor de la misma estrategia aplicada en Medio Oriente, Afganistán e Irak. La declaración de Sto. Domingo debe imponerse en la OEA.

América Latina se encontraba ante una encrucijada de hierro, que exigía la misma dosis de coraje político y de habilidad diplomática. Debía evitar la provocación constante tendida por el eje Washington-Bogotá, a la vez que dejarle en claro al presidente, Álvaro Uribe que su juego fue descubierto y debe detenerse.

La tarea no fue sencilla, pero, el viernes pasado, en Santo Domingo, los mandatarios y mandatarias sentadas a la mesa cumbre del Grupo de Río lograron un triunfo importante para la estabilidad, la paz y el complejo proceso de integración regional.

De todas formas no podrán bajar la guardia porque, conforme a los antecedentes de Uribe – y sobre todo si se tiene en cuenta que su gobierno responde a un trazado estratégico de Estados Unidos- él y sus mandantes harán hasta lo imposible para borrar con los hechos los compromisos asumidos en Santo Domingo.

Si finalmente tiene lugar una próxima reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), los gobiernos latinoamericanos deberán mantener la letra y el espíritu de la declaración del Grupo de Río, y para ello tendrán que impedir las maniobras de Estados Unidos en el cónclave.

Deberían además utilizar el valioso consenso logrado en Santo Domingo para forzar a ese organismo hemisférico a que recoja sin tapujos las pruebas y testimonios que sus enviados encuentren en los próximos días acerca de la masacre provocada por las fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano y sobre la participación activa de Estados Unidos en esa agresión.

En ese sentido, será de vital importancia que se mantenga con firmeza la iniciativa tomada por Brasil apenas conocida la intervención militar colombiana en territorio ecuatoriano.

En esa oportunidad, el presidente Lula acordó con sus homólogas de Argentina y Chile, Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet respectivamente, que la crisis provocada por las agresiones de Colombia debería resolverse exclusivamente en el marco regional.

El servicio exterior brasileño, siempre de rápidas reacciones, supo desde un primer momento que Washington intentaría llevar el asunto al seno de Naciones Unidas (ONU), donde ya logró que el Consejo de Seguridad adopte su teoría de la “invasión preventiva”. Recordemos que ese Consejo avaló y auspició tanto la invasión a Irak como el conjunto de operaciones militares estadounidenses y de la Unión Europea de los últimos años.

Otro logro destacado de la diplomacia regional en Santo Domingo fue desarticular las intenciones de Washington y Bogotá de contar con el apoyo de México y Perú.

A tal punto fracasaron en ello que el documento final de la cita dominicana surgió de un primer borrador elaborado por la delegación encabezada por el presidente Felipe Calderón. Días antes de la reunión del Grupo de Río, el jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, se había reunido con el peruano Alan García, quien se manifestó en defensa del principio de soberanía territorial y rechazó las agresiones cometidas por las fuerzas armadas colombianas.

Asimismo, es factible considerar que el resultado de la reciente cita dominicana podría abrir el camino hacia la creación de un organismo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denomina Organización de Estados Latinoamericanos, sin Estados Unidos ni Canadá en el medio. El domingo último se confirmó que Rafael Correa impulsa la misma iniciativa, que debería contar con el apoyo decidido del Grupo de Río.

El documento signado por los presidentes y las presidentas dejó en claro el rechazo la “violación a la integridad territorial de Ecuador” y reafirmó que “el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal”.

También dejó constancia “de las plenas disculpas que el presidente Álvaro Uribe ofreció al gobierno y al pueblo de Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, el primero de marzo de 2008, por parte de la fuerza pública de Colombia”, y registró el compromiso del jefe de Estado colombiano, en nombre de su país, de que “estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA”.

Otro de los párrafos sobresalientes de la declaración de Santo Domingo dice en forma textual: “Recordamos también los principios, consagrados por el derecho internacional, de respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, destacando que el artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos prescribe que ningún Estado o Grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos, y culturales que lo constituyen”.

Deberíamos entender la última parte de ese párrafo no sólo como clara referencia a la ilegalidad de presiones y sabotajes de carácter económico en términos generales, sino como una implícita condena al bloqueo que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba hace décadas, en forma absolutamente violatoria del derecho internacional.

Desde el punto de vista estratégico, lo más significativo de la posición unánime de América Latina –con la clara oposición de Colombia claro, que debió entrar en razones más allá de las bravatas orales de Uribe-, es haber impedido que el eje Washington-Bogotá impusiese la aplicación de la doctrina de la guerra preventiva, herramienta que Estados Unidos usa desde el 11 de septiembre para desplegar su diseño militar de ocupación en todos los espacios geográficos-económicos que considera vitales para la reproducción de su hegemonía, dentro de la etapa actual del sistema capitalista-imperialista.

Destáquese, a titulo de alerta, que hasta último momento, el viernes pasado en Santo Domingo, Uribe intentó darle a la doctrina de la guerra preventiva una pátina de “novedoso” debate jurídico. Insistió varias veces en que el derecho a la inviolabilidad de la soberanía territorial debe ser equiparado o contemplado en igualdad jerárquica respecto del que él denominó “defensa de la seguridad del pueblo”.

Llegó incluso a preguntarle a sus homólogos “qué vale más, un pedazo de selva o la seguridad del pueblo”.

Atención que Uribe es primer espadachín de la estrategia estadounidense y ni él ni sus mandantes cejarán en el empeño. La introducción troyana dentro de la palabra “pueblo” del concepto seguridad nacional es un recurso discursivo que se homologa con la otra gran argumentación militarista: guerra o conflicto de baja intensidad. Cabalgando sobre ésta última es que Bogotá y Washington montaron hace ya tiempo al denominado Plan Colombia.

La reciente maniobra de Bush y Uribe, abortada en términos diplomáticos el viernes último, apuntaba a regionalizar el Plan Colombia, y es en ese intento que consideramos que el eje no cejará.

Teniendo en cuenta esas últimas consideraciones es destacable también el siguiente párrafo del documento signado en Santo Domingo: “Reiteramos nuestro firme compromiso de combatir las amenazas a la seguridad de todos sus Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico. Colombia considera a esas organizaciones criminales como terroristas”.

Queda claro que los mandatarios y las mandatarias firmantes rechazaron el artilugio semántico también impuesto por el gobiernos de Estados Unidos tras los episodios del 11 de septiembre de 2001, de generalizar y descontextualizar los términos “terrorismo” y “terroristas”, para convalidar la utilización de la guerra preventiva en todo escenario que Estados Unidos considere peligroso para su “seguridad” (seguridad de los pueblos, diría Uribe), que en realidad debe leerse “peligroso para sus intereses hegemónicos. Se hizo expreso que, en América Latina, el único que reconoce en forma pública el aval a la tesis estadounidense es Álvaro Uribe.

Cabe recordar que el episodio bélico que culminó con el asesinato del jefe guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, fue el último y más grave de otros tantos hechos similares ejecutados por el actual gobierno colombiano contra territorios tanto ecuatorianos como venezolanos.

Los diseños hegemónicos de Estados Unidos –que no fueron invención de la actual Administración sino que provienen del riñón mismo del sistema de poder corporativo que impera en la facción más agresiva del sistema capitalista-imperialista- se replican en todo el mundo, adaptados, por supuesto, a las características políticas, económicas, sociales y culturales de cada escenario.

Para expresarlo en pocas palabras, la actual Colombia es un Israel en Sudamérica, en el sentido de que funciona como país-base de Estados Unidos, para aplicar su estrategia de control regional.

Y las operaciones políticas, de inteligencia y mediáticas que lleva adelante en forma sistémica Álvaro Uribe conforman una reproducción milimétrica del conjunto de medidas que, en esos campos, utilizó Washington para, por ejemplo, arrasar Afganistán y cometer un genocidio en Irak.

Si nunca existieron “superterroristas” (Osama Bib Laden) escondidos en las montañas afganas ni jamás Irak contó con los arsenales ultrapeligrosos que le adjudicaba Bush –recordemos que fueron las propias agencias gubernamentales de Estados Unidos las que se vieron obligadas a reconocer las mentiras como pretexto- cómo no íbamos a encontrarnos ahora con la computadora portátil de Raul Reyes, con “pruebas irrefutables de la malignidad del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de la red terrorista a la que pertenecen él y Rafael Correa”.

Más temprano que tarde nos enteraremos de la tienda “free taxes” de Miami y del nombre del agentucho de la CIA que compró allí la famosa “lap top” o “note book” que se salvó de la masacre en territorio ecuatoriano que acabó con la vida de Raúl Reyes.

Las mentiras sistemáticas y probadas de Álvaro Uribe no son las mentiras de un embustero patológico que requiere de adecuada asistencia siquiátrica. Las mentiras de Uribe son como las de Bush: surgidas, estudiadas y planificadas desde los “laboratorios de ideas” del sistema de poder corporativo de Estados Unidos.

No olvidemos que con los trazados de esos laboratorios de ideas engañaron al mundo aquél 11 de septiembre de 2001, tal cual se desprende de numerosas investigaciones posteriores, entre las que se encuentra el libro de quien esto escribe “Bush & Bin Laden S:A:”, publicado en Buenos Aires, un mes después de los auto atentados de Nueva York y Washington. Lo mismo sucedió en Afganistán y en Irak; lo mismo sucede en forma sistemática en Medio Oriente, contra la soberanía del pueblo palestino.

Respecto de América Latina, esos trazados se actualizan en el Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos, los jefes inmediatos de Uribe.

El diario argentino Página 12 destacó el domingo último que un documento del Comando Sur, denominado “Socio de las Américas”, sostiene lo siguiente: “la seguridad de Estados Unidos se garantizará mediante la defensa adelantada fuera de su territorio, y el fomento de la estabilidad y la prosperidad de la región, tareas que no competen a las Fuerzas Armadas ni de seguridad. El documento enfoca su atención en la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, el terrorismo y el delito”.

“Para 2016, el Comando Sur debería haber completado su transformación en un organismo cívico-militar. Desde hace medio siglo Estados Unidos promueve contactos directos con las Fuerzas Armadas del continente soslayando a las autoridades políticas. Pero ahora avanza sobre otras áreas de gobierno y organismos privados, en contacto directo con los ministerios del Interior, de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, los gobiernos provinciales y otras dependencias. En Estados Unidos la separación entre Defensa y Seguridad es tan rígida como en la Argentina. Pero se evapora cuando se trata de Sub América”, añade el comentario de Página 12.

Se trata del marco institucional para la aplicación de otra doctrina elaborada en Washington, la de los “nuevos peligros o desafío”: la consideración y utilización de conceptos como “narcotráfico” y “crimen organizado” -asimilables a los de “terrorismo” y “arsenales de destrucción masiva”-, como mecanismos de convalidación para intervenciones armadas, de seguridad e inteligencia, como así también de influencia sistemática a través de los medios de comunicación concentrados.

En reiteradas oportunidades se afirmó desde esta página de APM que los latinoamericanos no teníamos ningún motivo serio para suponer que nuestros países están a salvo de la guerra. En ese sentido, con intención gráfica varias veces señalamos “América Latina está muy cerca de Irak”.

Es probable que esa percepción haya sido compartida por los jefes y las jefas de Estado del Grupo Río que, el viernes último, en Santo Domingo, contaron con la habilidad suficiente para detener las provocaciones del eje Bush-Uribe. Deberán mantener esa actitud y estar preparados para el contraataque que no tardará en llegar.

Fuente: APM

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