Brasil. Reducción de la edad de imputabilidad: ‘el encarcelamiento es un gran negocio’

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El pasado 31 de marzo, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 171/93, que reduce la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. La CCJ evaluó solamente los criterios de constitucionalidad, legalidad y técnica legislativa. Con esto, el próximo paso es la formación de una comisión especial para analizar el mérito de la propuesta. Brasil de Fato entrevistó al delegado de la Policía Civil de Río de Janeiro, Orlando Zaccone, para entender cuáles son los intereses detrás de ese proyecto. Además de este tema, los conflictos en las favelas donde existen UPPs (Unidad de Policía Pacificadora), la guerra a las drogas y la presencia de las fuerzas armadas en la Favela de la Maré forman parte de la conversación.


Brasil de Fato – Existe un proyecto de ley que pretende reducir la edad de imputabilidad. ¿Cuál es el objetivo?

Uno de los grandes negocios del mundo es el encarcelamiento. En Estados Unidos, que es el país que más encarcela en el mundo y que tiene más de 2 millones de personas presas, el aumento del encarcelamiento se realizó junto con la privatización de las cárceles. Hoy, poco se habla de que un menor que comete un delito con violencia pueda ser internado. La internación es una privación de la libertad. Lo que está en juego no es autorizar la prisión de adolescentes sino aumentar el tiempo de encarcelamiento, que no va ser de tres años según lo que el ECA [Estatuto del Niño y del Adolescente] limita. Con la entrada de los adolescentes en el sistema penal, el Estado va a tirar al aire la cuestión, va a decir que no está en condiciones de soportar el aumento del número de presos y va a permitir la entrada de las empresas privadas.

Brasil de Fato – ¿Y las UPPs? ¿Cuál es su evaluación?

La UPP es una mirada de vigilancia día y noche en relación con las personas que viven en la comunidad ocupada. En un primer momento, el discurso de la reocupación de territorio en relación con el tráfico de drogas funcionó bien, pero con el tiempo, la población va observando que eso no ocurre, dado que el tráfico permanece en el lugar, inclusive porque existe un mercado. No es con un truco de magia que se puede terminar con el mercado de las drogas. La legalización del comercio y consumo de drogas es la única manera de acabar con el tráfico. La reacción [de la población] es justamente un grito, que muestra lo que realmente es la UPP: una ocupación militar de un territorio pobre. No logramos devolver nada a los habitantes de aquella región sólo con armas, tanques y policías.

Brasil de Fato – Y en la favela de la Maré, ¿de dónde son las fuerzas armadas que están ocupando?

Es todavía más grave. En teoría, las fuerzas armadas sólo pueden participar en la seguridad pública en casos de grandes disturbios. Cuando las fuerzas armadas hacen el papel de la policía, estamos en un Estado de excepción [donde se suspenden los derechos y garantías constitucionales]. Estamos naturalizando este tipo de Estado en las áreas pobres, como es el caso de la Maré, y aceptando que una excepción se convierta en una regla. En una situación en la que no estamos en guerra, admitir una ocupación de las fuerzas armadas en forma permanente en cualquier lugar, realizando funciones de policías, es admitir el Estado de Excepción permanente en la estructura del Estado Democrático.


Brasil de Fato – La actual política de combate a las drogas, ¿es eficaz?

Es horrible. Estamos a contramano del mundo. Estados Unidos, que fue el primero en propagar esa guerra en el mundo, está reviendo esa política. Actualmente ya hay media docena de estados que autorizan la producción, el comercio y el consumo de marihuana, incluso para fines recreativos. Para fines medicinales, ya había una decena de estados. La guerra a las drogas es insana porque no reduce el consumo. Lo que tiene de más cruel esta guerra a las drogas es que quien paga el precio son las clases populares. Tanto del lado de la favela como de los policías, porque los policías que mueren en esas guerras son soldados, cabos, oriundos de las clases populares. No es el coronel, el comisario, el que muere. Con o sin uniforme, traficante o no, quien está muriendo es el pueblo. La guerra a las drogas ofende mucho más la salud y la vida de las personas que las propias drogas.

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