Brasil. Nuevo decreto de Bolsonaro incrementará deforestación amazónica

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El presidente Jair Bolsonaro firmó, el último martes (10), la Medida Provisional (MP) 910 y anunció que pretende legalizar cerca de 600.000 inmuebles rurales hasta 2022.

Según especialistas consultados por Brasil de Fato, la medida premiará ocupantes ilegales que invaden y deforestan la selva Amazónica. Ahora, depende de la aprobación del Congreso Nacional que tiene un plazo de 120 días para analizar el texto.

Para la investigadora Brenda Brito, del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia (IMAZON) no hay duda de que la medida se vincula a los intereses de la bancada ruralista. Según ella, la medida podrá incitar la invasión de tierras públicas y la deforestación ilegal.

“Esto porque cambia la fecha que determina hasta cuándo una tierra pública tiene que haber sido ocupada para tener derecho a la titulación, cumpliendo algunos requisitos. Siempre que se cambia esta fecha el mensaje es que se puede cambiar la ley para beneficiar a quienes están robando tierras públicas”, explica.

El texto de la Medida Provisional prevé que tierras de la Unión o de responsabilidad del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) ocupadas hasta el 5 de mayo de 2014 pueden ser regularizadas. La regla anterior exigía que el ocupante comprobara haber ocupado la tierra antes del 22 de julio de 2008.

“Si el Congreso Nacional acepta esta medida, será cómplice de una amnistía al saqueo de las tierras públicas, pues aquellos que las invadieron después de 2011 sabían que cometían un crimen. Reforzará el mensaje de que invadir y deforestar son acciones que deben ser recompensadas y no castigadas”, resume.

La medida altera una serie de leyes y establece criterios para la regularización de inmuebles rurales de hasta quince módulos fiscales. Esa unidad de medida corresponde a un área fijada por el INCRA en cada municipio brasileño y puede variar de 180 hectáreas en el sur del país a 1.500 hectáreas en la región amazónica.

La norma vigente hasta el momento incluía propiedades de hasta cuatro módulos fiscales. Tras la expansión del área máxima, en la Amazonía, por ejemplo, propiedades de hasta 22.500 hectáreas podrán ser legalizadas.

Promoción del mercado de la deforestación 

El anuncio del gobierno federal llega en un momento en que la Amazonía sigue en el centro del debate público debido a los números alarmantes de deforestación ilegal, pero también por el cambio climático generado por el avance desenfrenado del capitalismo.

Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), entre agosto de 2018 y julio de 2019, el área deforestada corresponde a 9.762 km², un incremento de 29,5% en relación a los 7.536 km² deforestados en el año anterior.

Otro dato, del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), demuestra que el 61% de la deforestación en la Amazonía entre julio y agosto de 2018 ocurrió en tierras públicas.

El docente de la Universidad Federal de Pará (UFPA) André Cutrim explica que si la medida tuviera como objetivo promocionar la reforma agraria, debería incluir otros términos, como la reestructuración de tierras en la región y la expropiación de tierras improductivas para fomentar la producción agrícola y fortalecer la agricultura familiar.

Especialista en gestión de recursos naturales y desarrollo local, afirma que “hay fuertes razones para creer que medidas como estas pueden legalizar ciertos actos de grilagem [método ilegal que utiliza documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia de la tierra] y posesión ilegítima de tierras deforestadas”.

Según él, sin una política consistente de reforma agraria, la MP puede estimular aún más los conflictos agrarios dentro de la frontera amazónica.

“Si analizamos el origen de este conflicto, es un conflicto que genera muerte, persecución, expropiación y se puede decir es de algún modo el resultado del antagonismo entre la propiedad privada familiar y la propiedad privada capitalista”.

Fiscalización precarizada

El desmantelamiento de las instituciones de fiscalización, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), por ejemplo, contribuyen al incremento de la deforestación.

El presidente Jair Bolsonaro ya en su campaña electoral había declarado que iba a poner fin a las sanciones ambientales y profirió ataques verbales contra el órgano fiscalizador y contra el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO), ambos vinculados al Ministerio del Medio Ambiente.

«Hemos estado siguiendo la discusión sobre el tema de la deforestación y hay muy poca voluntad del gobierno federal para combatir realmente esta plaga en nuestra región y parece que el gobierno culpa mucho más a otros que a sí mismo», argumenta André Cutrim.

Para Acácio Briozo, presidente de la Asociación Brasileña de Reciclaje Animal (ABRA), la MP no representa una novedad, sino una profundización del discurso de Bolsonaro. Solicita la atención de la población al análisis de la medida por parte del Congreso Nacional.

«Los diputados dan una señal muy fuerte de que lo que vale la pena es un trípode de ocupación del territorio nacional que es grilagem, violencia y deforestación. Esto es algo que aparece con gran solidez cuando colocan el límite del área en el límite constitucional. Cuando se prescinde de las inspecciones de las áreas, entonces, son signos muy característicos de la posición general del gobierno, que se relaciona con la GLO [Garantía del Orden Público]*, con las armas rurales, todas estas otras agendas.

*Operaciones de seguridad autorizadas por el Poder Ejecutivo con la participación de fuerzas de seguridad como las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, que se llevan a cabo en teoría en situaciones de grave perturbación del orden público, cuando las fuerzas tradicionales de seguridad pública (policías estaduales sobre todo) se agotan.

Edición: Rodrigo Chagas y Julia Chequer

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www.brasildefato.com.br/2019/12/13/advierten-que-nuevo-decreto-de-bolsonaro-incrementara-deforestacion-amazonica/

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