Borja, MIR: «Los contratos que se ofrecen en Madrid son la mayor basura del país»

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Al ritmo que la desescalada avanza, la Atención Primaria gana posiciones. A pie de camilla, los refuerzos no terminan de llegar. Raúl tiene 29 años y cuenta con una de esas manos de las que la Atención Primaria, no puede prescindir. «Los contratos que nos ofrece Madrid son la mayor basura que se encuentra en el país», asevera. El joven se muestra contundente y su crítica se refleja en la cantidad de plazas de refuerzo que, a día de hoy, con la región llamando a las puertas de la fase 2, aún no se han cubierto. Según apunta el joven, hasta este lunes 25 aún no sabían realmente qué es lo que debían firmar.

La consejería de Sanidad detalla a La Información que, atendiendo solo a los contratos que ya había desde el inicio del Plan Covid en cuestión de refuerzo, «había ya 258 plazas que se mantienen». Desde el departamentoa apuntan: «A eso hay que sumar las 308 sustituciones por incapacidad temporal, más otros 270 residentes a los que se les ha ofrecido su incorporación a partir del 1 de junio«. Las sustituciones no pueden considerarse como tam, puesto que  suponen una compensación de aquellos puestos que habían quedado sin cubrir.

La percepción entre los residentes es otra. «Nos han estado mareando», lamenta Borja. Como otros muchos especialistas de Atención Primaria, fue trasladado a Ifema cuando hizo falta. «Ha habido un error de concepto», señala, «A la plantilla de Atención Primaria se nos recolocó y, en consecuencia, el servicio quedó en segundo plano. Ahora se ha demostrado que la especialidad es esencial para la contención del brote«.

 

«Que se lo hayan ofrecido no significa que lo hayan firmado»

La garantía de unos centros de salud fortalecidos, era uno de los indicadores clave para apuntalar el paso de la región a la fase 1. Los contratos de los MIR, según varios residentes consultados por este diario, no se han concretado hasta esta semana. «Que se lo hayan ofrecido no significa que lo hayan firmado», apunta Sheila Justo, presidenta del sector MIR del sindicato AMYTS.  Este martes 26 de mayo, más de 1.200 profesionales finalizaron su periplo como residentes. «Por toda garantía, hemos recibido un compromiso verbal de la consejería, pero, viniendo de dónde venimos… no es posible confiar», denuncia Borja.

Estos contratos de refuerzo, son conocidos dentro de la Atención Primaria como ‘contratos golondrina’. Se trata de un compromiso de alrededor de seis meses que sujetan al residente a un área santiaria, pero no a un centro. Si algo caracteriza a la asistencia en la Medicina de Familia es la longitudinalidad, esto es, ser capaz de realizar un seguimiento de cada paciente. «En mi caso, mi campo de acción es el área sureste de Madrid», explica Borja, «Es muy extensa, así que se divide en tres». Aún así, ese tercio de la zona de cobertura asistencial, incluye más de una decena de centros. Sobre el papel, el residente queda sujeto a la urgencia de las circunstancias.

«Desde la consejería se nos ha asegurado que, en la práctica, estaremos adscritos a un único centro… si las circunstancias lo permiten», apunta Borja. En su caso, ha rehusado suscribir este contrato. «Me quedo con contratos de sustituciones». El especialista asegura que su prioridad es mantenerse en el centro donde ha trabajado este tiempo atrás. «Me siento más seguro firmando contratos de semana en semana, pero sabiendo que me quedo en el mismo centro, que dependiendo de la palabra de la consejería», sentencia.

En el otro lado de la balanza está Anoguar. La joven está a la espera de plasmar su firma en el documento que extienda Sanidad. «De momento no he firmado el contrato, esta semana me avisaran para ir a hacerlo…», señala. Una cosa son las plazas ofertadas, otra los contratos cerrados. «Las condiciones son precarias y en ningun caso, pretende reforzar el sistema si no suplir las ausencias», incide Sheila Justo. A 50 kilómetros noroeste, en Ávila, la cosa cambia. En un Sistema Nacional de Salud disgregada, los residentes encuentran condiciones mejores con solo coger el coche. El éxodo es inminente.

En la provincia castellana, se ofrece un contrato que roza los tres años. En la región madrileña, el largo plazo no pasa de los seis meses. Lejos de condiciones contractuales, la realidad pesa. De los cerca de 300 puestos que las autoridades madrileñas anunciaron que se cubrirían con los residentes, los documentos firmados no llegan a la mitad. La desescalada avanza y, en los centros de salud, sigue pesando el temor a un rebrote que, en las condiciones actuales, no se sienten capaces de atajar.

 

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