Bolivia: Organizan 4 consejos cívicos para defender a autonomistas que serían juzgados por «traición a la patria»

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Los cómplices de la banda de mercenarios separatistas desarticulada en abril en Santa Cruz serán sancionados económicamente y juzgados por «traición a la patria», anunció el vicepresidente Álvaro García Linera. Los presidentes cívicos de Beni, Pando y Tarija decidieron conformar Consejos defensa de los derechos humanos de sus líderes, siguiendo el ejemplo del movimiento autonomista de Santa Cruz. La oposición derechista denunció que el gobierno pretende instaurar una dictadura antes de que la crisis económica global lo debilite aún más.

La justicia acusó al prefecto de Santa Cruz Rubén Costas, al ex dirigente cívico Branko Marinkovic, al vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz Guido Nayar, y a otras personalidades cruceñas de financiar a una célula terrorista.

Los que resultaran cómplices de los terroristas «tienen que pagar sus penas sin clemencia, ajustado al artículo 124 de la Constitución Política del Estado», dijo García Linera e informó que el Poder Ejecutivo elabora un decreto para castigar a quienes formaron parte del grupo irregular que planeaba un magnicidio y la secesión de Bolivia. (ABI)

El decreto gubernamental se basa en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al terrorismo ratificado por Bolivia, según el cual «cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos internos, las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados y del producto obtenido de esos delitos».

García Linera precisó que los culpables serán juzgados por el delito de traición a la patria, sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. El artículo 124 de la Constitución establece que «comete delito de traición a la patria quien tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia; que viole el régimen constitucional de recursos naturales; y que atente contra la unidad del país».

Los presidentes cívicos Luís Núñez Ribera (Santa Cruz), Patricia Galarza Ale (Tarija), George Llápis (Beni), Herbert Salvatierra (Pando), Julia Gutiérrez de Parada (Comité Cívico Femenino-Santa Cruz), y los representantes Humberto Peinado y David Coca Leigue (Coordinadora Bolivia Joven) y Agustín Zambrana Arze (Acción Joven) decidieron conformar consejos de defensa en sus departamentos para brindar protección activa y efectiva de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente de los «presos y perseguidos políticos».

Siguiendo el ejemplo del Comité pro Santa Cruz, los cívicos de Tarija, Beni y Pando crearán Consejos de defensa de los Derechos Humanos a fin de asumir la defensa de sus líderes, ante la ausencia de un gobierno justo y de mecanismos del Estado que deberían velar por los derechos civiles, políticos y ciudadanos, y con el propósito de generar conciencia cívica y ciudadana acerca de los «graves hechos de violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos».

Estos Consejos coordinarán sus actividades por intermedio de sus Comités Cívicos en las reuniones del «Movimiento Cívico Nacional». La composición de estas instituciones se adaptará a la realidad de cada región y canalizará la participación de ciudadanos notables en el ámbito académico, jurídico y social.

Evo Morales inició una feroz cacería de brujas contra líderes cruceños, empresarios, políticos, dirigentes cívicos y activistas de derechos humanos recurriendo a todo tipo de artimañas, e incluso a testigos falsos con amplio prontuario policial, para incriminarlos en una presunta «conspiración internacional» para escindir Santa Cruz del territorio boliviano, denunció Alejandro Peña Esclusa, jefe de la organización derechista Unoamérica, también involucrada en la intentona golpista desbaratada el 16 de abril.

Según Esclusa, el Presidente boliviano ejecuta un «golpe de Estado» que consiste en descabezar a la Corte Suprema de Justicia, comenzando con su presidente Eddy Fernández; aprovechar la renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral José Luis Exeni para tomar el control absoluto del sistema electoral; desconocer los referendos autonómicos argumentando que autonomía equivale a secesión; convocar a un «pacto antiterrorista» entre las Fuerzas Armadas, policías y oficialistas para forzar a las instituciones nacionales a alinearse frente a la presunta «conspiración terrorista» de la oposición; e incautar los bienes de los supuestos «terroristas» y «secesionistas» opositores.


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