Bolivia. Los sindicatos declaran emergencia en defensa de empresas públicas

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La Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a todos los sindicatos del país, declaró «estado de emergencia» en defensa de las empresas estatales, ante denuncias de sectores laborales de un presunto plan de privatizaciones de la dictadura de Jeanine Áñez.

«Por los acontecimientos políticos, por la supuesta crisis de las empresas estatales, así como por la caída de nuestra economía nacional, los trabajadores de Bolivia a la cabeza de la COB nos declaramos en estado de emergencia y pie de lucha», dijo una resolución de la central sindical.

La resolución, aprobada en un ampliado o reunión sindical nacional, fue anunciada este 6 de marzo a la prensa por el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El líder sindical dijo que los dirigentes de las confederaciones sindicales nacionales coincidieron en calificar como dictatorial al régimen de Áñez, porque sobrepasó su misión transitoria electoral y emprendió un proyecto de «destrucción de la economía y desconocimiento de los derechos laborales».

Huarachi afirmó que el movimiento sindical boliviano considera a las empresas estatales un patrimonio nacional que «debe ser defendido contra cualquier intento privatizador que pretenda un retorno al pasado».

Mencionó específicamente a las empresas estatales de telecomunicaciones, Entel; a la aerolínea BoA y a la petrolera YPFB como «objeto de una campaña para mostrarlas en una supuesta crisis, como argumento para ser privatizadas».

Entel, empresa pública que el Gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Losada (1993-1997 / 2002-2003) había privatizado en la década de 1990 y el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) revirtió a manos del Estado en 2007, fue blanco de denuncias de corrupción en el último mes.

BoA, creada por Morales tras la quiebra de una antigua empresa estatal también privatizada, Lloyd Aéreo Boliviano, pasaba en las dos últimas semanas por una suerte de rebelión de sus trabajadores, que denunciaron mala administración de los actuales ejecutivos con el supuesto fin de favorecer a una aerolínea privada.

YPFB fue objeto de varios informes de la dictadura que señalaron presuntas irregularidades en la administración de Morales, pero hasta ahora no se anunciaron cambios fundamentales en su operación, fortalecida desde la nacionalización petrolera de 2006.

«No puede ser y nos sorprende que en dos o tres meses del actual Gobierno nos digan que hay déficit de algunas empresas que operaban exitosamente, como Entel y BoA, o que se denuncien despidos masivos en YPFB», señaló Huarachi.

Añadió que estas preocupaciones serán expuestas en el pliego petitorio que la COB presentará al régimen de Áñez en los próximos días, que en materia salarial planteará un incremento general del 10%.

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