Bolivia. Jeanine Áñez entre el prorroguismo, la pandemia y la represión

Diversas movilizaciones y bloqueos en Bolivia comenzaron este 3 de agosto, por convocatoria de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad. Esta plataforma aglutina a los principales sindicatos de trabajadores campesinos del país. Al momento se tienen contabilizados más de 140 puntos de bloqueo, distribuidos en los nueve Departamentos.

Estas movilizaciones son producto de una decisión unilateral que asumió el Tribunal Supremo Electoral -TSE- boliviano, sin concertación con la sociedad y mucho menos con los partidos políticos. El TSE decidió que las Elecciones Presidenciales de Bolivia se posterguen una vez más. Esta postergación sería la tercera que sucede en el año. Las elecciones debieron ser el pasado 3 de mayo. Se postergaron para el 2 de agosto. Luego para el 6 de septiembre y esta última para el 18 de octubre.

Esta última vez el TSE postergó las elecciones mediante una Resolución Administrativa, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico boliviano donde prevalece el pese de una Ley por encima de otra norma de menor jerarquía. Para cada una de estas postergaciones se alegó la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

La crisis social en Bolivia se ha profundizado. Los sectores movilizados de la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad y movimientos sociales autoconvocados exigen elecciones nacionales a la brevedad posible y la renuncia de Jeanine Áñez. Pero no se cierran a su posición, están abiertos a entablar un diálogo que solucione la situación que se vive en el país.

Gobierno corrupto

Por otro lado, el Gobierno de Jeanine Áñez se ha visto envuelto en casos de corrupción como el que se investiga dentro de la compra de respiradores para terapia intensiva. Según se ha denunciado, se habría realizado la compra con un sobreprecio de más del 300%. Esto costó la renuncia del ministro de Salud y salpicó al entorno familiar cercano de la Presidenta Áñez.

La pareja de su hija, Mohammed Mostajo, funge como “Embajador de la Ciencia” y está acusado de direccionar compras y hacer seguimiento personal a diferentes contratos entre empresas privadas que el recomienda y el Estado boliviano paga.

A este hecho lo acompaña la falta de equipamiento en los diferentes hospitales del país, la falta de abastecimiento de medicamentos y la falta de control del precio de venta de los mismos. Asimismo, no hay políticas económicas que alivien el impacto en el bolsillo de los bolivianos y bolivianas ni que garanticen la estabilidad laboral. Como en el resto de la región, en Bolivia han ocurrido diversos despidos masivos en los últimos meses.

Represión

Se puede evidenciar una situación critica en el país. Para muchos, esta solo puede ser contrarrestada con un Gobierno legítimo que surja de las urnas y que cuente con el apoyo de la mayoría.

Ante este escenario, el Gobierno de Áñez lanzó una arremetida comunicacional y de represión mediante sus grupos paramilitares. Culpa por la falta de oxígeno medicinal en el país a los bloqueos de caminos convocados por los sindicatos de trabajadores.

La realidad es que en estos bloqueos de caminos, los movimientos sociales han establecido que deben circular libremente las ambulancias, medicamentos, insumos médicos y camiones que transportan oxígeno.

Los sindicatos también denuncian que están sufriendo una criminalización de las movilizaciones por parte del Gobierno de Bolivia. Este reprime e interviene las movilizaciones con grupos paramilitares como el denominado Resistencia Juvenil Cochala, que violentó un piquete de huelga que se había instalado frente al Órgano Electoral.

Cabe destacar que en diferentes medios de comunicación bolivianos se ha manifestado la escasez de oxígeno medicinal en hospitales desde junio. Incluso, este hecho fue denunciado por el Expresidente Evo Morales, quien señaló cómo el Gobierno de Áñez no ha previsto en ocho meses el abastecimiento de oxígeno medicinal en el país. Recién el 31 de julio se realizó un Decreto Supremo para priorizar la importación de este artículo necesario para tratar los diversos síntomas de la Covid-19.

Este 11 de agosto ha trascendido una nota interna de dos vocales del Tribunal Supremo Electoral dirigida a Salvador Romero, Presidente de este órgano, donde le solicitan la reconsideración de la fecha de las elecciones para que esta se enmarque dentro de la constitucionalidad. Proponen acompañarla con una Ley Nacional para solucionar la conflictividad en el país.

CI CV/PC/11/08/2020/17:30

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