Boletín de Luchas Obreras (4 de Octubre de 2017)
ÍNDICE:
- 4 LIMPIADORAS DESPEDIDAS ILEGALMENTE POR COSPEDAL RECUPERAN SU PUESTO DE TRABAJO POR MANDATO JUDICIAL
- ABENGOA EJECUTA 32 ERE PARA 800 PERSONAS Y DELOITTE DUDA DE SU FUTURO
- SINDICATOS ANUNCIAN CONCENTRACIONES PREVIAS A UNA HUELGA GENERAL EN LA SEGURIDAD PRIVADA
- EL CONGRESO, A FAVOR DE ‘ROMPER’ LA TASA DE REPOSICIÓN EN LOS PRESUPUESTOS
- CGT PIDE QUE SE INVESTIGUE UN SUPUESTO FRAUDE EN LOS CRITERIOS DEL ERE DE LA ANTIGUA RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA
- EL COMITÉ DENUNCIA QUE CANAL GESTIÓN LANZAROTE COMIENZA CON LOS DESPIDOS Y PONE “EN RIESGO” EL SERVICIO
- NORMALIDAD EN LA PRIMERA JORNADA DE PAROS DE LOS MAQUINISTAS DE METRO DE MADRID
- LOS TRABAJADORES PIDEN JUSTICIA UN AÑO DESPUÉS DEL CIERRE DE LA FÁBRICA DE LAUKI EN VALLADOLID
- CCOO ESTUDIA MOVILIZACIONES EN GALMED ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS LABORALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
- TRABAJADORES, TRABAJADORAS Y EMPRESA DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA CONCLUYEN SIN ACUERDO SU SEGUNDA RONDA NEGOCIADORA
- LOS PAROS CONVOCADOS POR LA PLANTILLA DEL 010 TENDRÁN LUGAR ENTRE EL 2 Y EL 15 DE OCTUBRE Y SE VERÁ AFECTADO EL SERVICIO DURANTE TODO SU HORARIO.
- PODEMOS MUESTRA SU APOYO A LA LUCHA DE LOS 60 TRABAJADORES DE IMTECH QUE HAN QUEDADO SIN EMPLEO
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4 LIMPIADORAS DESPEDIDAS ILEGALMENTE POR COSPEDAL RECUPERAN SU PUESTO DE TRABAJO POR MANDATO JUDICIAL
S. Jiménez – periodicoclm.es
Han tenido que esperar un lustro para que se les restituya la plaza que les habría correspondido en el proceso de selección, en el que injustamente no les fueron reconocidos los años trabajados para el Ministerio antes de que la Junta asumiera las competencias.
5 años han tenido que esperar 4 trabajadoras de la Consejería de Educación para poder recuperar el puesto de trabajo del que fueron privadas injustamente durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Dos de ellas ya les han restablecido los derechos que les fueron negados ilegalmente, mientras que otras dos siguen pendientes de que se les adjudique destino.
Se trata de 4 limpiadoras que han estado privadas de sus plazas durante un lustro debido a la interpretación contraria a la legalidad que hizo la Junta de Comunidades en el año 2012 de las bases del proceso selectivo de consolidación del empleo del personal laboral de la Administración autonómica abierto en 2010.
Entonces no le fueron computados los años trabajados para el Ministerio de Educación y Cultura prestando el mismo servicio, sino únicamente los transcurridos desde que la Junta de Comunidades asumiera las competencias en el año 2000. En algún caso hasta 10 años que no fueron tenidos en cuenta a la hora de baremar los méritos, y que hicieron que estas mujeres se quedaran en la calle tras más de 20 años limpiando colegios para Educación.
Sobre el caso de una de ellas se pronunciaba el pasado mes de enero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), confirmando la sentencia a su favor emitida por el Juzgado en 2014, aunque no ha sido hasta hace unos días, con el inicio del nuevo curso, cuando esta trabajadora se encuentra de nuevo incorporada a su puesto en el colegio de Toledo que le ha sido asignado.
Un paréntesis de 5o años tras el que vuelve a desarrollar el trabajo con el que empezó en enero de 1990, primero como empleada del Ministerio de Educación y Ciencia, y después, a partir de julio de 2000, cuando se producen las transferencias de Educación a la Junta, como personal laboral de la Consejería de Educación.
Con ambas administraciones esta trabajadora estuvo limpiando colegios toledanos hasta quedar fuera del listado de aspirantes aprobados en el proceso de consolidación de empleo de la Junta, pese a haber superado con solvencia la primera fase, consistente en responder un cuestionario de respuestas alternativas. Sin embargo, en la fase de valoración de méritos, la Administración regional no le computó los años en los que estuvo limpiando colegios para el Ministerio, sino únicamente los trabajados tras pasar las competencias a manos de la Junta. De este modo, en la suma total de puntos, no obtuvo los suficientes para consolidar la plaza. Otros aspirantes quedaron por delante de ella, y esta trabajadora fue despedida.
Ahora, con sentencia firme del TSJ de Castilla-La Mancha, esta trabajadora ha conseguido que se le reconocieran y computaran los años trabajados para el Ministerio, de modo que una vez rebaremados los méritos, se le ha adjudicado la plaza como personal laboral fijo de la Consejería de Educación que debió ocupar desde marzo de 2012.
3 años con sentencia a su favor
Desde CC.OO. recuerdan que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya dio la razón a esta trabajadora hace 3 años, señalando entonces que la decisión de no valorarle los años trabajados para el Ministerio de Educación y Ciencia no era ajustada a derecho, debiendo la Administración proceder a otorgarle la puntuación correspondiente, y en caso de haber podido obtener plaza por delante de otros participantes en el proceso selectivo al que concurrió, le deberían haber sido repuestos «cuantos derechos económicos y administrativos se le hubiesen dejado de otorgar, y con efectos desde el día en que le hubiese correspondido».
Sin embargo, la Administración regional del Partido Popular recurrió en apelación al alto tribunal castellano‑manchego, alegando que una de las bases de la convocatoria del proceso selectivo disponía que en la fase de concurso se valorarían «los servicios prestados en la Administración de la Junta de Comunidades», pero no los prestados en el Ministerio de Educación. Argumentos que no han sido tenidos en cuenta, y ha sido considerada injusta la interpretación realizada por el departamento que entonces dirigía Marcial Marín.
En su sentencia, el TSJ DE Castilla-La Mancha es tajante, al subrayar la «sustancial identidad» del trabajo realizado por esta trabajadora para ambas administraciones. De hecho, cuando el Gobierno regional asumió las competencias de Educación, se subrogaron los contratos de las personas que, como esta empleada, venían trabajando hasta entonces para el Ministerio. Por ello, que no se valorara el periodo que esta limpiadora trabajó para el Ministerio de Educación vulnera el principio constitucional de igualdad.
Entre las alegaciones planteadas por la Junta en 2014, también se argumentaba que las bases no fueron recurridas, y que, por tanto, era «la ley del concurso». Una cuestión sobre la que también se pronunciaba el TSJCLM, señalando que las bases son tales «en la medida en que sean conformes al ordenamiento jurídico» y añade que «la falta de impugnación de las bases no subsana las ilegalidades que puedan contener».
De este modo, el alto tribunal castellano‑manchego ratificaba el pasado mes de enero la sentencia dictada al respecto por el Juzgado en el año 2014.
Este es el cuarto caso que gana CC.OO., desde el que se asumió la batalla legal ante esta injusticia, por los mismos hechos, motivos y fundamentos. Según explica la responsable de personal laboral de CCOO-Enseñanza, Ana Delgado, «en todos los casos las trabajadoras fueron injustamente privadas de sus plazas como personal laboral fijo de la Consejería de Educación, tal y como han sentenciado los tribunales, dando la razón a los servicios jurídicos del sindicato«.
2 de estas mujeres, ambas de Toledo, han vuelto ya por mandatos judiciales firmes a los empleos que debían ser suyos desde hace años, y han recuperado también los derechos económicos dejados de percibir desde entonces.
Las otras 2, trabajadoras de la limpieza de la Delegación de Educación en Cuenca, también tienen ya ganadas sus sentencias en primera instancia. Así, a la vista de la respuesta del TSJCLM a su recurso de apelación en el caso de una de las trabajadoras de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha decidido no recurrir estas sentencias, por lo que también ya son firmes. Queda únicamente pendiente la adjudicación de sus plazas.
FALLO DE LA SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA-LA MANCHA DE 30-1-2017
Desestimar los recursos de apelación formulados por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por la representación procesal de Dª Aida, Dª Begoña, Dª. Constanza y Dª. Encarnación contra la Sentencia de 20-11-2014, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Toledo, confirmando la misma y con imposición de las costas procesales a cargo de las partes apelantes.
FALLO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE TOLEDO DE 20-11-2014
«Estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Gracia contra la Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de 20-3-2012 por la que se publican las propuestas de contratación de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos de consolidación de empleo de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, anulando la resolución impugnada por no ser ajustada a derecho; debiendo la Administración proceder a otorgarle la puntuación que le corresponde y habiendo podido obtener una plaza por delante de otros participantes en el proceso selectivo al que concurrió le deberá serle repuestos cuantos derechos económicos y administrativos se le hubiesen dejado de otorgar incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y con efectos desde el día en que le hubiese correspondido y a cualquier otra a que hubiese dado lugar una puntuación correcta en el tiempo; con expresa condena en costas a la Administración demandada y parte codemandada».
VER SENTENCIA COMPLETA DEL TSJ DE CASTILLA-LA MANCHA DE 30-1-2017 ->
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7969558
ABENGOA EJECUTA 32 ERE PARA 800 PERSONAS Y DELOITTE DUDA DE SU FUTURO
Carlos Pizá – andaluciainformacion.es
El director financiero, Víctor Pastor, no acepta preguntas tras presentar los resultados pero desvela que se retrasa la venta del 41% de Yield
1,8 millones es el dinero que ha cobrado el equipo directivo de Abengoa en el primer semestre del año, un 26% más
Abengoa ha concluido una semana horribilis en la que tuvo que retrasar la presentación de sus resultados tras la sentencia que da la razón parcialmente a inversores opuestos a su rescate financiero de marzo pasado, lo que afecta a 72 millones de euros que la empresa aún no sabe si tendrá que devolver íntegros y por eso ha pedido aclaraciones al juez de lo Mercantil de Sevilla.
La documentación de los resultados del primer semestre enviados a la bolsa incluyen también un detalle del efecto que esta crisis está teniendo sobre la plantilla, algo que hasta ahora no había facilitado el grupo.
La empresa sitúa en 16 los ERE (extintivos) y en otros 16 los Erte (ajuste temporal) que tiene en ejecución, y que afectan a un total de 800 personas durante el primer semestre del año.
A final de 2015, justo un mes de presentar preconcurso, la plantilla media era de 28.100 personas. Desde allí se ha pasado a 16.237 personas en promedio a junio pasado. Una pérdida de 11.863 empleos, o el 42% del total.
Los últimos expedientes aprobados en los últimos meses, que relevaban a los puestos en marcha ya en 2016, han afectado a las sociedades de ingeniería y construcción (Abengoa EPC y Abengoa Engineering) y de desarrollo de negocio (Abengoa BD), entre otras como la de I+D (Research) o la de líneas y equipamientos eléctricos (Inabensa).
Con ello, el gasto de personal ha descendido hasta 183,3 millones de euros, frente a 227,4 millones a junio de 2016. Tres de cada cuatro empleados de Abengoa a 30 de junio trabajaban fuera de España. Sin embargo, ha crecido un 26% la remuneración conjunta del equipo directivo, hasta 1,8 millones.
Sobresale además que, pese a la ejecución en marzo del rescate financiero y la entrada de los 1.170 millones de nuevos fondos, Deloitte sigue alertando sobre la viabilidad futura de Abengoa. La auditora llama la atención sobre la evolución negativa financiera y operativa en los dos últimos ejercicios y en el periodo de seis meses cerrado el pasado 30 de junio, que “ha motivado que el patrimonio neto consolidado a dicha fecha sea negativo aun después de la reestructuración financiera y societaria llevada a cabo”.
Autorizaciones
En efecto, el volumen de ese patrimonio negativo asciende a 1.637 millones, frente a la cifra de negativa de 6.779 millones a cierre del año 2016 antes de la reestructuración. La capacidad de la empresa de seguir funcionando dependerá de que sea capaz de cumplir el plan de reestructuración y del impacto final de la citada sentencia que da la razón a inversores.
Junto a todo ello, Víctor Pastor, director financiero de la empresa, ha ofrecido finalmente una conferencia en la que no aceptó preguntas y en la que comentó la evolución de la empresa.
Lo más jugoso de ella fue que retrasó al último trimestre del año la venta del 41% de su filial clave, Atlantica Yield, que se iba a cerrar este mes de septiembre. Pastor aludió a autorizaciones aún pendientes, sin dar detalles sobre el comprador. Yield aglutina los mejores activos.
SINDICATOS ANUNCIAN CONCENTRACIONES PREVIAS A UNA HUELGA GENERAL EN LA SEGURIDAD PRIVADA
Europa Press
CC.OO., UGT y USO han anunciado concentraciones por todo el territorio nacional en el sector de la seguridad privada que culminarán en la convocatoria de una huelga general en este ámbito, según han informado las organizaciones sindicales.
En concreto, esta campaña de movilizaciones viene motivada por «el inmovilismo» de la patronal en la mesa negociadora sobre abandonar «propuestas de retroceso» para el conjunto de vigilantes de seguridad privada.
Los sindicatos han apuntado que tras nueve meses de negociación del convenio sectorial, las patronales del sector «siguen planteando» abiertamente congelación de antigüedad, modificación de parámetros de incapacidad temporal, así como flexibilizar la jornada en el ámbito de transporte de fondos.
En esta línea, creen que el comportamiento de las empresas de seguridad privada en los últimos años se deriva de la «competencia de precios a la baja» y que merma las condiciones laborales, que «para nada coinciden con el planteamiento expuesto en la mesa por la parte social».
Las organizaciones sindicales consideran que abordar el incremento salarial, avanzar en políticas de empleabilidad, jubilación anticipada, carrera profesional, acceso a la profesión y la especialización son elementos de «vital importancia» para el presente y el futuro de la profesión.
Las tres organizaciones piensan que la solución a la situación del sector debe ser negociada con «seriedad y rigor lejos del ruido», pero «nunca debe ser situada en el retroceso».
EL CONGRESO, A FAVOR DE ‘ROMPER’ LA TASA DE REPOSICIÓN EN LOS PRESUPUESTOS
Madrid (Europa Press)
La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado una iniciativa en la que reclama al Gobierno que en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado permita ciertos supuestos para que las administraciones públicas puedan superar su tasa de reposición en sus plantillas de empleados.
La iniciativa, llevada a la comisión por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha sido respaldada además por el PSOE, PNV y Compromís. El PP y Ciudadanos han rechazado la propuesta.
La proposición no de ley insta al Gobierno a definir los supuestos concretos que permitan la excepción de la aplicación de la tasa de reposición, «muy especialmente en las administraciones locales».
Asimismo, también llama a implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público y favorecer incrementos salariales en este sector «suficientes para poder recuperar a medio plazo el poder adquisitivo que tenían con anterioridad a la crisis».
CGT PIDE QUE SE INVESTIGUE UN SUPUESTO FRAUDE EN LOS CRITERIOS DEL ERE DE LA ANTIGUA RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA
EFE – València
El sindicato CGT, que actúa como acusación popular en la causa abierta en los juzgados de Paterna por supuestas irregularidades cometidas en la antigua Radiotelevisión Valenciana, ha pedido que se investigue también un supuesto fraude en el establecimiento de los criterios que regularon las indemnizaciones tras el cierre de la empresa.
El sindicato cita parte del contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declaró la nulidad del ERE de extinción de empleos, concretamente el fundamento noveno que expone que «se produjeron alteraciones en los criterios» o se aplicaron otros distintos a los aprobados.
Esta supuesta aplicación arbitraria de los criterios del ERE a un colectivo de trabajadores representa, a juicio de este sindicato, «un posible trato de favor» y una «penalización» a quienes accedieron a los entes públicos a través de pruebas selectivas.
«Así, quienes accedieron a un contrato de trabajo que se convirtió en indefinido de forma buscada, han estado al mismo nivel de derechos que el resto de trabajadores», según CGT, que cita concretamente un listado de 16 asesores técnicos contratados bajo la dirección de José López Jaraba y que, según advirtió la Sindicatura de Comptes en su informe correspondiente a la cuenta general de 2012, debieron abandonar el cargo en el momento del cese de Jaraba, en diciembre de 2012.
CGT entiende que, a pesar de que la Sindicatura advirtió de esta irregularidad, nadie corrigió esta situación y provocó la conversión «buscada» de estos contratos en indefinidos para, con posterioridad, «lavar esa irregularidad manifiesta y advertida, generando unas indemnizaciones fraudulentas en el ERE».
Por todo ello, el sindicato reclama que se investigue sobre quién tomó esas decisiones o dejó de tomar la decisión de rescindir los contratos de estos 16 asesores.
«Entendemos que el daño a la hacienda pública de la Generalitat es evidente y debe ser reparado a través de la exigencia de responsabilidad civil derivada del delito cometido, puesto que se han pagado indemnizaciones con dinero público que no correspondían».
Asimismo, este sindicato expone que «algunos de los contratos de personal afectado por el ERE fueron elaborados en evidente fraude, y la dirección de RTVV forzó su inclusión en dicho proceso de extinción sin antes analizar y depurar la situación jurídica de sus contratos».
Por otra parte, este sindicato ha presentado recursos en los que insiste sobre la necesidad de investigar las facturas de los gastos de representación de López Jaraba y los contratos con una productora vinculada a José Luis Moreno.
Actualmente, el juzgado de Instrucción número 6 de Paterna investiga diversas actuaciones de la extinta RTVV, como los contratos de cesión de derechos deportivos y colaboración comercial con el Villarreal CF, o la compra a la productora Triskel de tres documentales en julio de 2011 por cerca de 650.000 euros.
En relación a este último contrato, la Audiencia Provincial de Valencia dio el visto bueno en noviembre de 2015 al precio de dichos documentales y condenó al ente público a abonar 325.680 euros (precio reducido que fue pactado en diciembre de 2011), más 96.000 euros en intereses.
La Audiencia confirmaba así una sentencia anterior del juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, que tuvo su origen en una demanda de la productora Triskel ante el impago de dicha cantidad.
EL COMITÉ DENUNCIA QUE CANAL GESTIÓN LANZAROTE COMIENZA CON LOS DESPIDOS Y PONE “EN RIESGO” EL SERVICIO
Diario de Lanzarote
Alerta de “coacciones” a los empleados
El comité de empresa denuncia que Canal Gestión Lanzarote ha comenzado a comunicar despidos y pone “en riesgo” la prestación del servicio del ciclo integral del agua en la Isla. La plantilla ha comenzado una huelga con paros parciales ante la intención de la empresa de despedir a 69 trabajadores.
Esos trabajadores fueron contratados “en fraude de ley”, bajo la modalidad de obras y servicios, a pesar que de Canal Gestión tiene la concesión del servicio en Lanzarote durante 30 años.
La Inspección de Trabajo ha instado a Canal Gestión a convierta esos contratos en indefinidos, mientras que la compañía ha ofrecido que se transformen en interinos, una fórmula que el comité de empresa también considera irregular.
El comité ha acusado al gerente de Canal en Lanzarote, David González, de empezar a “comunicar los despidos a los trabajadores que se han negado a firmar el documento presentado por la empresa para reconvertir sus contratos en temporales interinos”.
En ese sentido, la plantilla ha acusado al directivo de actuar de esa forma como “represalia” hacia los trabajadores, además de insistir en que la conversión propuesta de los contratos en interinos “no es más que reiterar la ilegalidad en el tipo de contratación”.
En un comunicado, los representantes de la plantilla denuncian “coacciones de la dirección” hacia los trabajadores, a los que se les insta a firmar sus nuevos contratos “o a la calle”. “Contradictoriamente”, critican, “se siguen realizando contrataciones con objeto de cubrir las bajas causadas”.
La plantilla ha advertido que “la irresponsabilidad y la falta de capacidad negociadora” por parte de la dirección de Canal hace peligrar la prestación del servicio de abastecimiento de agua y abre la puerta a “que se recrudezcan las condiciones de la huelga que han planteado los trabajadores”.
“Seguimos en disposición y con voluntad negociadora dado que no de no resolverse esta situación los mayores perjudicados serán aquellos a los que se les presta un servicio público de primera necesidad”, concluye el comité de empresa.
NORMALIDAD EN LA PRIMERA JORNADA DE PAROS DE LOS MAQUINISTAS DE METRO DE MADRID
Madrid (EFE)
La primera jornada de paros parciales del nuevo calendario de movilizaciones de los maquinistas de Metro de Madrid para exigir una clasificación profesional ha transcurrido con normalidad y con el cumplimiento de los servicios mínimos fijados, incluso por encima de lo establecido.
Durante los paros de la mañana, entre las 5.30 y las 9.30, no se ha producido ninguna incidencia y, aunque los servicios mínimos, considerados «abusivos» por el Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid (SCMM), estaban fijados en el 68 %, ha circulado el 75 % de los trenes.
La tónica ha sido la misma por la tarde, con paros entre las 17.00 y las 21.00, al circular el 62 % de los trenes, cuando los servicios mínimos eran del 59 %, es decir, por encima de lo impuesto, han indicado a Efe fuentes de Metro de Madrid.
Los conductores han secundado los paros «al 100 % tanto por la mañana como por la tarde, según ha indicado el Sindicato de Maquinistas en dos breves comunicados.
Tras destacar que el suburbano ha sido utilizado por un número similar de viajeros que el jueves anterior (un 1 % menos), Metro de Madrid considera que los usuarios «apenas» han percibido los paros.
Sobre los servicios mínimos, el Sindicato de Maquinistas dice que han solicitado los paros siguientes (durante diez fechas de diciembre y enero) con tiempo suficiente para que «sea el juez quien decida» unos servicios mínimos «más equitativos».
El sindicato señala además que se ha puesto en contacto con la nueva consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, para darle la bienvenida y acercar posturas, lo que, en su opinión, no quiso su antecesor en el cargo, Pedro Rollán.
De la nueva consejera, los maquinistas esperan «una mayor comprensión» y la convocatoria de una reunión para «poder poner las cartas sobre la mesa».
La reivindicación de los maquinistas, es «el reconocimiento de la categoría profesional como maquinistas de tracción eléctrica. Ni más vacaciones, ni más remuneración, ni jubilarse antes ni los paros se hacen por los despidos injustos de los maquinistas», aseguran desde el sindicato.
Los maquinistas, que en lo que va de año ya han llevado a cabo otras diez jornadas de paros parciales, han comenzado una nueva serie de paros que se extenderán a los días 18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre, y 8, 9, 10, 11 y 12 de enero.
LOS TRABAJADORES PIDEN JUSTICIA UN AÑO DESPUÉS DEL CIERRE DE LA FÁBRICA DE LAUKI EN VALLADOLID
Mario Alejandre – Valladolid
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Aseguran que exigirán responsabilidades a la empresa en todas las instancias judiciales posibles para que acepte de verdad un proceso de compra
Se cumple un año desde Lactalis hizo efectivo el cierre de su fábrica de Lauki en Valladolid. Hemos regresado a las puertas de las instalaciones de la avenida de Santander para conocer cómo han vivido los ex trabajadores estos 365 días.
Ahora los sindicatos están centrados en librar una batalla judicial que obligue a Lactalis a abrir un nuevo proceso en el que ahora sí escuche ofertas de compra. El próximo 26 de octubre están de nuevo citados en los Juzgados de Valladolid.
Juan Manuel Ramos, de la Federación de Industria de CC.OO., ha señalado en ‘Hoy por Hoy Valladolid’ que es «fundamental» que en ese proceso sea escuchada la voz, como testigo, del alcalde de la ciudad, Óscar Puente, debido al papel que jugó durante los meses previos al cierre y por los contactos que mantuvo con posibles compradores.
De la plantilla que tenía Lauki en el momento del cierre, 19 trabajadores fueron despidos, 11 se prejubilaron y el resto hasta 82 fueron trasladados. De ellos el 60% ha regresado a Valladolid por diferentes motivos.
Existe preocupación entre la plantilla ante las repercusiones que pueda tener en el futuro la anunciada alianza entre el Grupo ThyssenKrupp y la siderúrgica india TATA
CCOO ESTUDIA MOVILIZACIONES EN GALMED ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS LABORALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
eleconomico.es
Fuentes sindicales han indicado que en la nueva etapa de Galmed, algunos aspectos del convenio están por debajo del provincial, que es el que sienta la base mínima
En el transcurso de la asamblea de trabajadores de TK Galmed celebrada en la sede de CCOO, la secretaria general de la unión comarcal, Begoña Cortijo, ha trasladado la información de la que dispone el sindicato, concerniente a la Comisión de Seguimiento del ERE.
En este sentido cabría destacar que, según informó la empresa, la reincorporación de extrabajadores ya había finalizado y que no se prevén nuevos reingresos. La plantilla actual es de 124 trabajadores, y se tiene previsto celebrar elecciones sindicales en el mes de noviembre para ampliar el comité de 5 a 9 delegados, tras este último aumento de plantilla que se ha producido por la internalización de la parte de logística y expediciones.
Por otro lado, Begoña Cortijo puso de relieve que por parte de los servicios jurídicos de CCOO se están estudiando las acciones legales para defender el derecho de reingreso de los extrabajadores excluidos en el proceso de contratación por parte de TK Galmed.
Asimismo, se están valorando también las acciones en contra de la renegociación de las condiciones del ERE a los trabajadores retornados de Alemania, que, según el sindicato, ha sido realizada de manera unilateral por la compañía.
La asamblea también tenía como objetivo explicar por parte de la representación social, los diferentes incumplimientos en materia laboral y de aplicación del convenio en los que está incurriendo la dirección local y establecer la hoja de ruta para regularizar dichos incumplimientos.
En este sentido, se puso de relieve que se está realizando un seguimiento por parte del comité de empresa en materia de seguridad y salud laboral, dado que tras la puesta en marcha se están produciendo bastantes irregularidades que se deben ajustar a la legislación actual en estas materias.
También se ha emplazado a la empresa a que regularice las diferentes tareas que realizan las industrias auxiliares, puesto que tras la internalización de actividades, aún quedan irregularidades en cuanto a la asignación de tareas. Además, se pretenden aclarar los despidos en una de estas compañías auxiliares, tras la subrogación que establecía el convenio de referencia en esta empresa.
Uno de los aspectos más importantes de los tratados en esta asamblea, es que el sindicato no descarta movilizaciones, que se emprenderían en el caso de que no se alcanzan acuerdos que permitan la recuperación de derechos perdidos tras la reapertura de la planta, que, como se recordará, se hizo sin respetar el anterior convenio colectivo que regulaba las relaciones laborales en TK Galmed antes de que se tomara la decisión del cierre por parte del Grupo ThyssenKrupp.
Señalar por último que la alianza entre el Grupo ThyssenKrupp y la multinacional india TATA preocupa a la plantilla de Galmed, ya que, tal y como han señalado fuentes del sindicato, se desconoce la repercusión que pueda tener el anuncio de la dirección del Grupo ThyssenKrupp de aliarse con la siderúrgica TATA.
TRABAJADORES, TRABAJADORAS Y EMPRESA DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA CONCLUYEN SIN ACUERDO SU SEGUNDA RONDA NEGOCIADORA
Trabajadores, trabajadoras y directivos de la empresa del tranvía han concluido en la tarde noche del jueves 28 de septiembre la segunda ronda negociadora para tratar de evitar los paros parciales convocados por la plantilla para el mes de octubre, con algunos avances en los temas objeto de discrepancia entre ambas partes, pero sin alcanzar todavía un acuerdo que ponga fin a la amenaza de huelga que se cierne sobre los días de Fiestas del Pilar.
Según señalaron fuentes laborales, algunas de las principales discrepancias entre empresa y trabajadores y trabajadoras se refieren al pago de pluses que los conductores y conductoras reclaman por la realización de labores que, según ellos, no les corresponden, de acuerdo con el articulado del convenio colectivo de la empresa.
No obstante, será la plantilla quien tenga la última palabra sobre las propuestas empresariales en la asamblea que se tiene previsto realizar.
Nueva reunión
La reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) era la segunda desde que los empleados y empleadas del tranvía convocaron la huelga para los martes, jueves y sábados del mes de octubre, a partir del martes, día 3, lo que significa que la huelga afectaría de lleno a los días de Fiestas del Pilar, que se celebran del 7 al 15 de octubre.
La próxima reunión, que se desarrollará igualmente en el SAMA, está prevista para el lunes 2 de octubre, sólo un día antes de que se inicie la movilización prevista por los conductores y conductoras.
Los paros parciales están programados de 9.00 a 11.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas los martes y jueves, y de 10.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas los sábados.
LOS PAROS CONVOCADOS POR LA PLANTILLA DEL 010 TENDRÁN LUGAR ENTRE EL 2 Y EL 15 DE OCTUBRE Y SE VERÁ AFECTADO EL SERVICIO DURANTE TODO SU HORARIO.
Carmen Ramos – Ponferrada
Los mineros de Uminsa y HBG endurecerán sus protestas si Endesa no confirma la reanudación del suministro de carbón a térmica
Concentración de los trabajadores de Uminsa y HBG ante la central de Compostilla en Cubillos del Sil ->
Los trabajadores entienden que la eléctrica debería autorizar la entrada de al menos 25.000 toneladas de mineral para garantizar los empleos
Los trabajadores de las empresas Uminsa e Hijos de Baldomero García están dispuestos a endurecer sus medidas de protesta si Endesa no confirma la reanudación del suministro de carbón nacional a la central de Compostilla.
Un anuncio que se produce, precisamente, en la segunda jornada consecutiva de protestas de los mineros a las puerta de la térmica ubicada en la localidad de Cubillos del Sil.
«Vamos a dejar un margen para que los administradores concursales analicen la situación, pero si el jueves o el viernes no está subsanado el problema volvemos a Compostilla y trataremos de hacer otro tipo de actuaciones», explicó el responsable autonómico de minería en el sindicato UGT y presidente del comité de empresa de Uminsa, Jorge Díaz.
Los mineros se mantienen a la expectativa y confían en que la solución llegue «cuanto antes» para poder recuperar la actividad laboral en ambas compañías, máxime cuando la eléctrica se ha mostrado receptiva a retomar la entrada de mineral. De no ser así vaticinan un otoño caliente. «Si la solución no llega vamos a seguir con lo nuestro hasta el final», subrayó Díaz.
Los representantes de los trabajadores entienden que como mínimo Endesa debería autorizar la entrada de unas 25.000 toneladas de carbón al mes para garantizar el mantenimiento de los empleos de los trabajadores que en este momento están afectados por un Expediente de Regulación de Empleo y con un plan de liquidación presentado ya en el Juzgado de lo Mercantil por parte de la administración concursal.
«Entendemos que unas 25.000 toneladas de carbón sería el mínimo pero, por supuesto, que si se le dieran más mejor porque tendría opción más gente a entrar a la mina», indicó el presidente del comité de Uminsa.
Nuevo encuentro
Los administradores concursales tienen previsto reunirse con responsables de Endesa para seguir avanzando en las negociaciones que permitan seguir dando pasos para lograr un acuerdo que de entrada de nuevo en Compostilla al carbón procedente de las minas de la provincia.
Por otro lado, las plantilla de Uminsa y HBG confían en el respaldo unánime de los grupos políticos que debatirán en las Cortes regionales una moción de respaldo al mantenimiento de las empresas mineras.
Una propuesta que ha recibido ya el visto bueno de la Diputación Provincial de León. «Esperemos que se apruebe también en las Cortes porque todo el mundo conoce la situación y está remando en la misma dirección», concluyó Jorge Díaz.
PODEMOS MUESTRA SU APOYO A LA LUCHA DE LOS 60 TRABAJADORES DE IMTECH QUE HAN QUEDADO SIN EMPLEO
La formación lamenta el modelo de subcontratación que utilizan las grandes industrias de la comarca para precarizar las condiciones de trabajo.
Podemos Algeciras quiere trasladar todo su apoyo y solidaridad a la lucha que están manteniendo los sesenta trabajadores que se han quedado sin empleo de Imtech, después de que esta empresa fuera absorbida por Masa y esta última tomara la determinación de no subrogar a la totalidad de la plantilla.
La formación morada muestra su desacuerdo con la forma en la que se ha llevado a cabo el paso de los trabajadores de una empresa a otra. La representante de Algeciras Sí Se Puede (ASSP) en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Leonor Rodríguez, afirma al respecto que “no entendemos los criterios que ha seguido Masa, más cuando hay carga de trabajo y recurren a mano de obra de otros puntos de España”.
Rodríguez reclama a la Asociación de Grandes Industrias (AGI) de la Bahía de Algeciras que interceda para salvar estos empleos tan necesarios para el Campo de Gibraltar, ya que “no podemos permitirnos que siga aumentando la lista de desempleados”.
Del mismo modo, Podemos pide “la máxima implicación de todos los sindicatos en este tema. Este problema no es algo puntual. Las prácticas de estas empresas están destruyendo y precarizando empleos de los sectores del metal y químicas”.
En este sentido, ha lamentado el modelo de subcontratación que utilizan las grandes industrias de la comarca para precarizar condiciones de trabajo, no apostar por la estabilidad laboral y promover la contratación de empresas auxiliares a bajos costes que acaban por repercutir en las condiciones laborales de los trabajadores, “lo que viene a demostrar el pésimo resultado que han tenido las dos reformas laborales, tanto la del PSOE como la del PP”.
Además, ahonda en que se trata de empresas que están presentes en el Ibex 35 y que trimestralmente presentan cuentas que no paran de generar millones de beneficios, que van a parar a kilómetros del Campo de Gibraltar, por lo que no acaban repercutiendo nunca en unas condiciones dignas de trabajo ni en el poder adquisitivo de los campogibraltareños.
“Todo esto, sumado a la pésima calidad ambiental que tenemos que soportar, evidencia que el modelo industrial que tenemos instalado en la zona ni funciona ni es rentable para la comarca, ya que hablamos de una de las zonas con las tasas más altas de desempleo de España”.
Moción
Por otro lado, el grupo de ASSP en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha presentado una moción para su debate en la próxima Junta de Comarca instando a la Junta de Andalucía a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del Pacto por la Industria y por la recuperación del empleo en el territorio del Campo de Gibraltar.
Igualmente, la moción pide mostrar el apoyo unánime de los miembros de la Junta de Comarca a los trabajadores despedidos de Imtech, haciéndolo extensivo a los despedidos de Euroresa. También se pide instar a las empresas Cepsa y Acerinox a que se exija a las contratas que cumplan en sus instalaciones con la legalidad laboral, como entidades responsables del centro de trabajo. En el caso de los trabajadores despedidos de Imtech, también que la empresa Masa proceda a la subrogación de los trabajadores que así lo soliciten.
Por último, la moción pide instar al Gobierno de la nación a adoptar medidas necesarias para derogar la actual reforma laboral.
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