Boletín de Luchas Obreras (9 de Julio de 2016)

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ÍNDICE:

  • EL TS DETERMINA QUE LA RETRIBUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES DEBE INCLUIR TODOS LOS CONCEPTOS ORDINARIOS
  • FRANCIA APRUEBA POR DECRETO LA POLÉMICA REFORMA LABORAL
  • LA SUIZA ABB PACTA CON LOS SINDICATOS EL QUINTO ERE EN LA COMPAÑÍA
  • UNIPAPEL DERIVARÁ A UN ERTE A TODA SU PLANTILLA A PARTIR DEL 11 DE JULIO
  • EL COLEGIO OFICIAL DE PERIODISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA DENUNCIA DESPIDOS Y UNA PRECARIA SITUACIÓN EN LA TELEVISIÓN MURCIANA
  • CCOO LLEVARÁ A LOS TRIBUNALES LOS SERVICIOS MÍNIMOS PARA LA HUELGA DE AGENTES FORESTALES
  • EMPRESARIOS CANARIOS INSTAN A EMPLEADOS ACCIDENTADOS A QUE NO VAYAN AL HOSPITAL
  • LA DIRECCIÓN DE ARCELOR Y COMITÉ DE ZUMÁRRAGA CIERRAN UN ACUERDO PARA LA JUBILACIÓN PARCIAL DE 21 TRABAJADORES
  • LA INDUSTRIA DEL CALZADO ‘PISOTEA’ DERECHOS LABORALES DE SUS PROVEEDORES, SEGÚN INFORME
  • EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, CONDENADO POR DISCRIMINAR A UNA TRABAJADORA EMBARAZADA
  • UGT MADRID VE «ABSURDO» QUE UNIPAPEL PLANTEE UN ERTE EN TRES CANTOS (MADRID) PARA MÁS DE 170 TRABAJADORES
  • ERTE UNÍSONO MADRID: CGT CONSIGUE PARARLO
  • ROCA PRESENTA UN ERTE PARA LA PLANTA DE ALCALÁ DE HENARES
  • PAROS PARCIALES EN UNIPOST MADRID EL 16 DE JULIO
  • EL SUPREMO ALARGA LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS DONUTS
  • EL COMITÉ DE COLUMBIA ANUNCIA MOVILIZACIONES SI LA EMPRESA NO NEGOCIA UN PLAN DE VIABILIDAD
  • EL EXPEDIENTE DE DISOLUCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC) LLEGARÁ A HACIENDA

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EL TS DETERMINA QUE LA RETRIBUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES DEBE INCLUIR TODOS LOS CONCEPTOS ORDINARIOS

rtve.es

– Debe incluir las comisiones y/o incentivos a la producción variables

El bonus debe quedarse fuera de la paga al ser un concepto extraordinario

El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que la retribución correspondiente al periodo de vacaciones anuales del trabajador debe incluir todos los conceptos retributivos ordinarios, de manera que sólo cabe excluir de la misma los conceptos extraordinarios o que supongan un doble pago.

Así lo ha acordado el pleno de la Sala de lo Social del TS en dos sentencias en las que rectifica su doctrina anterior al considerar que la retribución abonada a los trabajadores durante su período de descanso «no puede disuadir o desincentivar su disfrute».

En la primera de las sentencias, el alto tribunal estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por Telefónica Móviles España contra una sentencia de la Audiencia Nacional que, a instancias de CC.OO., UGT y CGT, establecía que el sueldo de los trabajadores aplicable a las vacaciones anuales debía incluir la remuneración normal o media anual de varios conceptos, entre ellos los correspondientes a las denominadas disponibilidades y las comisiones por ventas e incentivos comerciales, horas de disponibilidad y plus de disponibilidad.

Telefónica Móviles recurrió este fallo ante el Supremo y ahora el alto tribunal ha ratificado en parte la sentencia de la Audiencia Nacional, ordenando que en la retribución del periodo de vacaciones anuales se incluyan todos los conceptos ordinarios.

Ahora bien, el Supremo, en contra de lo dictado por la Audiencia, sí da la razón a la empresa en que el concepto de bonus debe quedarse fuera de la paga de vacaciones al considerarlo un concepto extraordinario. El fallo cuenta con dos votos particulares concurrentes con la sentencia, pero que discrepan sobre los fundamentos expuestos en la decisión mayoritaria.

En la segunda sentencia, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Contact Center Española contra una sentencia anterior de la Audiencia Nacional que le ordenaba incluir en la paga de vacaciones conceptos como las comisiones y/o incentivos a la producción variables. El TS avala el fallo de la Audiencia y establece que estos conceptos deben incluirse al ser percibidos con cierta habitualidad por los trabajadores de dicho sector.

FRANCIA APRUEBA POR DECRETO LA POLÉMICA REFORMA LABORAL

La Asamblea Nacional aprobó la reforma laboral a pesar del rechazo popular a la ley.

Francia recurre a decreto y se salta la votación de la reforma laboral en la AN

Continúan protestas contra polémica reforma laboral en Francia

A través del artículo 49.3 de la Constitución el Gobierno francés, se aprobó la reforma laboral impulsada por Hollande, cuyo rechazo colectivo ha convulsionado al país.

La Asamblea Nacional (AN) de Francia aprobó en segunda lectura la reforma laboral por vía del decreto, al no presentarse una moción de censura contra al Ejecutivo.

El Gobierno galo se valió del artículo 49.3 de la Constitución, que da la facultad de aprobar un texto de ley, sin necesidad de tener la aprobación de la Asamblea, donde debió ser debatido.

El primer ministro francés, Manuel Valls, denunció días anteriores que recurría a cualquier vía constitucional para lograr la aprobación de esta polémica reforma que ha desatado innumerables marchas y manifestaciones en contra.

El corresponsal de teleSUR en Francia, Sergio Rodrigo, informó que el bloque socialista no alcanzó los 58 votos necesarios para frenar por medio de una moción de censura el proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno.

Rodrigo indicó que ahora la ley pasará al Senado a una segunda lectura. El ente legislativo es de mayoría conservadora por lo que se espera su aprobación sin mayores obstáculos.

Pero, de no ser aprobada la reforma, esta retornará nuevamente a la Asamblea para su votación definitiva, prevista para el 20 de julio. En ese caso, no se descarta que el Ejecutivo se valga nuevamente del artículo 49.3.

De acuerdo con el corresponsal, al saberse la aprobación de la reforma, los sectores sindicales, de trabajadores, estudiantes y movimientos sociales expresaron su indignación. Se reunirán para expresar su postura ante la nueva acción del Gobierno.

LA SUIZA ABB PACTA CON LOS SINDICATOS EL QUINTO ERE EN LA COMPAÑÍA

La plantilla de ABB en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) protestó por las condiciones del ERE.

http://www.cronicaglobal.com/es/img2/2016/07/abb-ere-protesta-sant-quirze-66424.jpg

La actividad en España quedará al mínimo, la multinacional reduce la afectación de la reestructuración, que

ABB, la multinacional suiza dedicad a la ingeniería eléctrica y la automatización, ha pactado con el comité de empresa del grupo las condiciones del quinto expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplica en los centros de trabajo de la compañía en España en los últimos siete años. La principal novedad es una rebaja en el número de trabajadores afectados por la medida, que pasan de los 120 previstos inicialmente a 110.

También se han reforzado las contraprestaciones económicas. Percibirán una indemnización de 48 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades o 150.000 euros, además de una paga lineal de 4.000 euros.

Plan de prejubilaciones

El acuerdo contempla, asimismo, poner en marcha un plan de prejubilaciones. A partir de los 55 años, los trabajadores de la compañía se verán afectados por esta medida, en la que se incluye un complemento para alcanzar hasta el 75% del salario.

La federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha anunciado en un comunicado que la multinacional se ha comprometido en constituir una bolsa de empleo vigente hasta finales de 2017.  Todos los sindicatos con presencia en el comité de empresa han aceptado la nueva reestructuración de la compañía.

UNIPAPEL DERIVARÁ A UN ERTE A TODA SU PLANTILLA A PARTIR DEL 11 DE JULIO

Logroño (EFECOM)

La dirección de Unipapel -con plantas en Logroño, Tres Cantos (Madrid) y Aduna (Guipúzcoa)- ha comunicado a los representantes de los trabajadores que derivará a toda la plantilla -316 trabajadores- a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) a partir del próximo día 11.

Así lo han confirmado el presidente del comité de empresa en la planta de Logroño, Víctor Aldonza (USO), y la representante por UGT en esta misma factoría, Ruth María Lázaro, tras recibir la notificación de los responsables de Unipapel, que plantea este ERTE para un período máximo de 12 meses.

Aldonza ha detallado que la previsión inicial era que esta media afectara a 329 empleados, aunque finalmente han quedado en 316 porque los 13 restantes han cesado su actividad con la empresa de una manera voluntaria, al ver la situación de la misma.

Ha subrayado que tiene la esperanza de que no se agoten los próximos doce meses sin que en este período haya un comprador de las plantas de Unipapel, aunque no se adquieran en bloque.

El próximo día 11, Unipapel notificará este ERTE ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, y se cerrarán las tres plantas, aunque su actividad en el último mes y medio o dos meses se ha mermado de forma considerable, ha detallado Aldonza.

La propuesta inicial de la empresa era prescindir de 109 trabajadores, de las que 79 salidas se concretarían en la planta de Tres Cantos; 17 en la de Aduna y 13 en la de Logroño, y, el resto, derivarlos al expediente de regulación de empleo.

Según sus datos, Unipapel adeuda a la plantilla las nóminas de abril, mayo y junio, la extra de este último mes y otra paga de marzo, además de los 10 primeros días del presente mes de julio, hasta el próximo 11.

EL COLEGIO OFICIAL DE PERIODISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA DENUNCIA DESPIDOS Y UNA PRECARIA SITUACIÓN EN LA TELEVISIÓN MURCIANA

El Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia quiere expresar su preocupación ante la denuncia efectuada por los trabajadores de Televisión Murciana (TVM), que han puesto de manifiesto que están sometidos a una situación laboral precaria e insostenible, que se ha visto ahora agravada por el despido de parte de la plantilla lo que a su juicio hace  “totalmente inviable la realización de la programación”. Podemos muestra su solidaridad con los profesionales despedidos.

Según han comunicado, todos los trabajadores venían realizando ya más horas de las estipuladas, sin recibir contraprestación económica o compensación en días libres, con unos salarios medios de entre 12.000 y 14.000€ anuales.

El Colegio de Periodistas ha venido insistiendo en numerosas ocasiones en la necesidad de que los medios de comunicación cuenten con una dotación suficiente, tanto técnica como profesional, para cumplir su función social, especialmente si está en juego el derecho fundamental a la información. Dicha exigencia es aún más determinante si nos referimos a los medios públicos.

Al optar por un modelo de gestión indirecta para ‘La 7’, la administración regional, a través del ente público Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), adquirió en paralelo la ineludible obligación de vigilar las condiciones en las que la empresa adjudicataria y las productoras por ella contratadas realizan su labor, no en vano es dinero público el que sostiene esta actividad.

Preocupa y mucho a esta Corporación, que al amparo de estos contratos se pudiera estar ofreciendo el espejismo de producciones a bajo coste, que en realidad estarían construidas a partir de situaciones de precarización laboral, colocando a los profesionales en el eslabón más débil de la cadena.

Dada esta situación, desde el Colegio queremos ponernos a disposición de los profesionales de la comunicación para ayudar y asesorar en la defensa y dignidad de nuestra profesión. Al mismo tiempo, demandamos de la dirección de RTRM y de su consejo de Administración, así como de las autoridades laborales, una pronta respuesta, mediante la inspección y evaluación de las condiciones en las que, Grupo Secuoya y las productoras por ella contratadas, realizan los programas financiados con dinero público.

Solicitamos además que, dentro de la necesaria transparencia que debe operar en estas relaciones, dichos datos sean puestos a disposición tanto del Colegio como del conjunto de la sociedad, para que sean debidamente evaluados y puedan ponerse en marcha las medidas que pudieran resultar precisas.

Comunicado de Podemos

Desde Podemos Región de Murcia queremos manifestar nuestro apoyo a los  profesionales de la comunicación que  han sido despedidos de TVM así como al resto de sus compañeros que trabajan en este ámbito para llevar a cabo la realización de contenidos audiovisuales a modo de contrato con el grupo SECUOYA.

En Podemos Región de Murcia denunciamos las condiciones de precariedad laboral y  las que se ven sometidos estos profesionales, y que se concreta en una carga laboral excesiva, salarios bajos dada la alta cualificación de los trabajadores, así como la continua inestabilidad laboral que se ha convertido en un problema endémico en los medios de comunicación.

Desde Podemos Región manifestamos que es necesario respaldar a los profesionales de la comunicación garantizándoles las condiciones laborales oportunas. Somos conscientes de la labor y el valor de estos profesionales para la libertad de expresión y para el derecho a la información de la ciudadanía.

CCOO LLEVARÁ A LOS TRIBUNALES LOS SERVICIOS MÍNIMOS PARA LA HUELGA DE AGENTES FORESTALES

CC.OO. ha criticado la decisión del Ejecutivo regional de establecer un decreto de servicios mínimos «del 100%».

«Ha sido imposible evitar» que los 310 trabajadores estén, desde el viernes, incorporados a los servicios mínimos

CC.OO.llevará a los tribunales el decreto de servicios mínimos «del 100%» establecido por el Gobierno de Cantabria ante la huelga indefinida que los agentes forestales y cuadrillas comienzan esta noche debido, entre otros asuntos, al impago de las guardias.

Así lo ha informado el responsable de la sección sindical de CC.OO. del Gobierno de Cantabria, Javier González, quien ha expresado su desacuerdo y ha considerado «una auténtica barbaridad» que el Gobierno regional PSOE-PRC, «que se supone que es progresista», haya decretado «imponer» unos servicios mínimos del cien por cien.

González ha criticado la decisión del Ejecutivo tras mantener una reunión con director general del Medio Natural y con la directora general de la Función Pública en la que «ha sido imposible evitar» que los 310 trabajadores de Cantabria, entre agentes y cuadrillas forestales, estén, desde el viernes, incorporados a los servicios mínimos, «que por lo que se ve, de mínimos no tienen nada».

Por lo que se ve, de mínimos no tienen nada

En este sentido, CC.OO. recurrirá esta orden de servicios mínimos «en cuanto se publique» en el Boletín Oficial de Cantabria.

Por otra parte, González ha descartado que se pueda producir una reunión de última hora con el Ejecutivo que cara a evitar la huelga. «No veo ganas al Gobierno de reunirse otra vez para intentar paralizarla», ha comentado, asegurado que, por su parte, los sindicatos «tendemos la mano» a la Administración para desconvocar los paros.

El sindicalista ha explicado que «la única condición» que pone el comité de empresa para «empezar a negociar» y evitar la huelga indefinida es que el Gobierno «ponga al día las nóminas de las cuadrillas» porque «técnicos y agentes forestales han cobrado pero no las cuadrillas». El comité registrará el lunes 4 la propuesta para «empezar» la negociación.

En este sentido, ha rechazado la propuesta del Gobierno de rebajas las guardias de los agentes forestales un 70% y, aunque están de acuerdo con el calendario para cubrir vacantes, de 2017 a 2019, no aceptan el número de puestos que la Administración, que ha incluido interinos en las 90 plazas, cuando los sindicatos piden cubrir las 45 vacantes de agentes forestales como las 45 de operarios de montes.

EMPRESARIOS CANARIOS INSTAN A EMPLEADOS ACCIDENTADOS A QUE NO VAYAN AL HOSPITAL

La secretaria de Salud Laboral de CC.OO. Canarias, Ana González, alerta de esta práctica tras la normativa que incentiva a aquellas organizaciones que registran menor siniestralidad laboral

La secretaria de Salud Laboral de CC.OO.Canarias, Ana González, ha alertado en la Cadena SER de los efectos que el RD 1630 de 2011 que regula la prestación de servicios de las mutuas. En este sentido, expone que «se están dando caso de empresas que envían a sus trabajadores que han sufrido un accidente laboral a casa».

Añade que les dicen que «no vayan al hospital» y también, «que no vayan a trabajar en unos días», lo que produce un efecto sobre los datos de siniestralidad laboral evidente y que, según la normativa en vigor, repercute positiva y económicamente sobre aquellas empresas con menor tasa de accidentados.

González asegura que están «muy preocupados» porque se están maquillando los datos y «si en algún caso hay un golpe interno puede producirse una desgracia».

Además, González ha expuesto que se han detectado también casos de empresas que disponen de «varios planes de prevención». La razón es clara y contundente: «Como el empresario paga, si ve que la mutua le hace un plan de prevención muy restrictivo y que le dice que tiene que contratar personal, le dice que le haga otro más barato»; lo cual está repercutiendo «gravemente» en la seguridad de los empleados.

LA DIRECCIÓN DE ARCELOR Y COMITÉ DE ZUMÁRRAGA CIERRAN UN ACUERDO PARA LA JUBILACIÓN PARCIAL DE 21 TRABAJADORES

San Sebastián (Europa Press)

La dirección de ArcelorMittal Zumárraga y el Comité de Empresa han alcanzado un acuerdo para la prejubilación o jubilación parcial de 21 personas, que abarca a trabajadores nacidos entre los años 1955 y 1959.

Sin embargo, la representación sindical no ha aceptado oferta de salida voluntaria con la indemnización legal por despido improcedente de la compañía, a la que los trabajadores únicamente podrán acogerse hasta el viernes, 15 de julio.

Tras la reunión mantenida entre la compañía y el Comité de Empresa, fuentes de Arcelor han explicado a Europa Press que el único acuerdo alcanzado «por unanimidad» en esta nueva cita negociadora ha sido en el ámbito de las jubilaciones parciales, que afectarán a un total de 21 personas «nacidos entre los años 55 y 59».

La compañía ha señalado que el comité de empresa, que reclamaba un acuerdo en este ámbito en su lucha por lograr que el máximo de trabajadores se queden en las plantas vascas y evitar los traslados a Asturias, se ha mostrado de acuerdo en este asunto para que los empleados «puedan obtener las ayudas correspondientes por parte de la Administración».

BAJAS VOLUNTARIAS

Sin embargo, el consenso no ha sido posible en materia de bajas. Arcelor ha explicado que la oferta que hace la empresa es «una salida voluntaria ofreciendo la indemnización legal por despido improcedente que establece la normativa, de 45 días hasta el 2012, y de 33 días desde febrero de ese año».

Todos aquellos trabajadores de la planta de Zumárraga que quieran acogerse a esta baja voluntaria deberán hacerlo antes del 15 de julio y, si no ejercitan esa opción antes de la fecha citada, Arcelor «iniciaría el proceso de recolocación en Asturias».

«Si una vez que se comunica el puesto de destino para aquellos que no hayan optado por la baja voluntaria, estos no quisieran trasladarse al mismo se les daría la indemnización que se establece en los casos de traslados colectivos, que es de 20 días con el tope de un año», ha precisado.

Las fuentes de la empresa han destacado que el Comité, probablemente, ha rechazado esta oferta en la reunión para poder someterla a la Asamblea antes de tomar una decisión al respecto. «En todo caso, después tiene la posibilidad de impugnar judicialmente el tema», han señalado.

Finalmente, han explicado que el periodo de consultas se cerrará oficialmente el domingo 9 de julio, porque «la pieza separada que habíamos abierto para las bajas voluntarias se había abierto el 9 de junio». En ese sentido, han avanzado que el lunes 11 tendrá lugar una nueva reunión para «dar por cerrado definitivamente» el citado periodo de consultas.

LA INDUSTRIA DEL CALZADO ‘PISOTEA’ DERECHOS LABORALES DE SUS PROVEEDORES, SEGÚN INFORME

Madrid (Europa Press)

Incumplimiento en el pago de salarios dignos, la salud y la seguridad laboral, la transparencia o la rendición de cuentas, entre otros aspectos

La industria del calzado vulnera los derechos laborales de sus proveedores, según se desprende de las conclusiones de un informe realizado por la campaña ‘Cambia Tus Zapatos’, que evalúa a 23 empresas europeas y las medidas que adoptan para garantizar el respeto de los derechos humanos en sus cadenas de producción.

Los datos de la investigación demuestran que las empresas de calzado tienen que «esforzarse más» para evaluar sistemáticamente los riesgos de su actividad empresarial y poder garantizar que se respetan los derechos laborales y humanos a escala mundial.

Desde la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), han adelantado a Europa Press que el tema se está valorando desde Confederación Europea del Calzado, que presumiblemente lo debatirá en su próxima reunión, que tendrá lugar después del verano, para el mes de octubre.

Por su parte, los autores del documento consideran que «queda mucho por hacer» en el sector, sobre todo respecto a cuestiones como el pago de salarios dignos, la salud y la seguridad laboral, la libertad sindical, la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía por lo que reclaman a las empresas del sector que «se pongan al día con su responsabilidad social y que dejen de pisotear los derechos humanos y laborales».

‘Cambia Tus Zapatos’ es una campaña internacional que trabaja para mejorar las condiciones sociales y ambientales en las curtidurías, fábricas, talleres y hogares en los que la producción de calzado de cuero se lleva a cabo. El consorcio de esta campaña está formado por 15 organizaciones de Europa y tres de Asia; y defiende que los trabajadores de la industria del calzado tienen derecho a un salario digno y a la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, al tiempo que reclama para los consumidores productos seguros.

Así, el informe demuestra que los fabricantes de calzado «no están cumpliendo con su obligación de aplicar la debida diligencia en derechos humanos (DDDH) a lo largo de la cadena de suministro» y añade que el sector «no puede quedarse al margen», por lo que pide que evolucione «al mismo ritmo que la sociedad y la demanda de productos sostenibles».

El documento aboga por identificar los impactos negativos sobre los derechos humanos y destaca que la estructura de la cadena de suministro de la mayoría de empresas analizadas permite la aplicación de medidas efectivas de debida diligencia. Asimismo, indica que es responsabilidad de todas las empresas –grandes y pequeñas– ya que depende de las características de su cadena de suministro y no de su tamaño.

En este sentido, ve «preocupante» que ninguna empresa disponga de procesos y prácticas empresariales de carácter integral que permitan detectar los impactos negativos (existentes y potenciales) sobre los derechos humanos ya que, a su juicio, para poder prevenir y corregir un problema, primero hay que detectarlo.

También considera «arriesgado» que las marcas se centren en la relación contractual con un proveedor directo en lugar de analizar las vulneraciones existentes o potenciales más importantes de los derechos laborales y humanos en los países productores y estima «problemático» que las empresas no sean capaces de detectar a los grupos más vulnerables, como migrantes y personas que trabajan en su domicilio, con el objetivo de darles la protección necesaria.

El documento añade que algunas marcas desconocen las empresas que integran las cadenas de subcontratación y no saben qué curtidurías producen el cuero necesario para el calzado, y precisa que la mayoría de empresas no dispone de mecanismos independientes y eficaces para gestionar las denuncias de incumplimiento con los criterios sociales.

Además, aunque todas las empresas evaluadas reconocieron en cierta medida el empleo de sustancias peligrosas, se centran en proteger el medio ambiente y a las personas consumidoras, y no a las trabajadoras, al tiempo que alerta de un riesgo muy elevado de no detectar las vulneraciones de la salud y seguridad laboral en las curtidurías.

ADAPTAR PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y RENDIR CUENTAS

Por todo ello, pide adaptar las prácticas empresariales para poder prevenir y reducir las vulneraciones de los derechos humanos pues califica de preocupante que para la mayoría de empresas las auditorías sean el único método para garantizar el cumplimiento de los criterios de responsabilidad social y recuerda que la experiencia de la industria de la confección demuestra que estas auditorías no bastan para evaluar globalmente a las fábricas.

Los autores del documento también han detectado que las marcas casi no colaboran con otras partes interesadas en estas cuestiones, requisito previo para poder introducir cambios estructurales que beneficien a las personas que trabajan en la cadena de suministro y afirman que para promover cambios a largo plazo, las empresas deben incluir la participación de colectivos locales en las acciones de monitoreo en las fábricas (personal, sindicatos y ONG).

Asimismo, considera que la externalización de la responsabilidad social a los proveedores es preocupante ya que «para lograr cambios estructurales es necesario que las marcas colaboren con sus socios comerciales y, sobre todo, que asuman parte de los gastos». El estudio revela que, a menudo, las auditorías se complementan con planes de acción correctiva y que, en general, la responsabilidad de ejecutar estos planes recae sobre los proveedores.

Otro fenómeno «preocupante» es que las marcas de calzado no promueven activamente ni la libertad sindical ni los convenios colectivos y denuncian que no se han realizado «acciones creíbles» para garantizar que las personas trabajadoras perciben un salario digno: no hay ninguna empresa que se haya comprometido públicamente a implementar un plan de acción que exija a todos los proveedores el pago de salarios dignos.

El informe hace hincapié en la importancia de rendir cuentas sobre cómo se han abordado los impactos negativos sobre los derechos humanos y lamenta el escaso nivel de transparencia del sector pues sólo 12 de las 23 empresas analizadas han respondido al cuestionario.

En 2014, se produjeron un total de 24.000 millones de pares de zapatos. Ese mismo año, esta industria creció un 8%. El 88% de la producción mundial procede de Asia, con China como líder destacado (el 64,6% de los zapatos del mundo se fabrican en este país). En cuanto al consumo mundial, el mercado del continente europeo representa el 17%, lo que lo convierte en el segundo más importante.

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, CONDENADO POR DISCRIMINAR A UNA TRABAJADORA EMBARAZADA

SOMOS sindicalistas

Un juzgado de lo social de Valencia ha condenado al Instituto Nacional de Estadística (INE) por discriminar a una trabajadora por razón de sexo. A pesar de que fue ella quien obtuvo la máxima puntuación para incorporarse a una plaza de sustitución, el organismo público no la contrató porque había dado a luz recientemente.

El INE adujo que necesitaba que la incorporación fuera inmediata y que por eso contrató a la siguiente persona de la lista, pero la sentencia constata la discriminación: el único motivo por el que no contaron con ella fue su reciente maternidad, a pesar de que ella comunicó su intención de aceptar el puesto en cuanto pudiera incorporarse.

La sentencia condena al INE, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a abonar 12.791 euros a la trabajadora en concepto del salario y de las cotizaciones sociales dejadas de percibir y a otros 25.000 euros por daños morales.

A finales de junio de 2015, el Instituto Nacional de Estadística convocó un proceso de selección para cubrir una plaza laboral con un contrato de interinidad. A comienzos de agosto publicó la lista con los aspirantes que habían aprobado el proceso de selección. Esta trabajadora quedó en primera posición con la puntuación más alta.

El 4 de agosto presentó ante el INE un escrito en el que comunicaba que no podía incorporarse al trabajo porque hacía solo unos días que había dado a luz. Sin embargo, tal y como recoge la sentencia, manifestaba explícitamente que no renunciaba a la plaza y solicitó que se la reservaran hasta que pudiera incorporarse y que, por tanto, no la adjudicaran al siguiente candidato.

Sin embargo, el INE hizo lo contrario y decidió contratar a la segunda persona de la lista. Como manifestó a la trabajadora en un escrito, formalizaba el contrato «con la persona, que encontrándose en la mejor posición pueda realizar el trabajo de manera inmediata, siendo esta inmediatez y urgencia en la prestación de servicios la que ha motivado que la Dirección General de la Función Pública haya autorizado de manera excepcional el proceso de selección».

La trabajadora, denunció los hechos, primero administrativamente. Entonces, la Unidad de Igualdad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hizo un informe en el que no apreció discriminación. Aunque admitía que la Ley de Igualdad considera discriminación por razón de sexo todo trato desfavorable que tenga que ver con el embarazo y la maternidad y que así lo respalda el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aseguraba que este no era el caso. La Unidad decía que la administración no se negaba a contratarla por haber sido madre sino por «necesidades de gestión».

Discriminación acreditada

La demanda llegó entonces a los tribunales, que ahora dan la razón a la trabajadora. Tiene «derecho legítimo», dice la sentencia, a ser contratada en un proceso selectivo en el que quedó en primer puesto. La jueza considera acreditado que la trabajadora no tuvo nunca la intención de renunciar a la plaza «y se limitó a manifestar los motivos por los que no podía incorporarse de manera inmediata y que le asisten para su derecho de incapacidad temporal». Puntualiza, además, que esos motivos no estaban incluidos en las bases del proceso de selección para poder pasar al siguiente de la lista y ofrecerle la plaza.

«La vulneración de derechos y discriminación por razón de sexo en base a la maternidad queda acreditado por cuanto el único motivo que opone la actora [el INE] para su no incorporación a su puesto de trabajo es la reciente maternidad», reza la sentencia.

El sindicato denunciante se ha felicitado por la sentencia, que, considera, pone en evidencia «la mediocridad, la necedad y la irresponsabilidad de las políticas laborales que en términos de igualdad se desarrollan no solo en el INE, sino también por aquellos que ostentan la representación de los recursos humanos en los ministerio de Economía así como de Hacienda y Administraciones Públicas».

El INE, cuyo presidente desde diciembre de 2011 es Gregorio Izquierdo, ex director de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (el ‘think tank’ de la CEOE), ha declinado, por el momento, hacer declaraciones porque no le ha sido comunicada la sentencia. Un portavoz del organismo mostró su sorpresa porque la sentencia fuera primero conocida por terceros que por una de las partes interesadas.

UGT MADRID VE «ABSURDO» QUE UNIPAPEL PLANTEE UN ERTE EN TRES CANTOS (MADRID) PARA MÁS DE 170 TRABAJADORES

Madrid (Europa Press)

UGT Madrid ha calificado de «absurdo» que la empresa Unipapel plantee un ERTE de un año de duración para el cien por la cien de los más de 170 empleados de la plantilla de la fábrica de Tres Cantos (Madrid) cuando «el trabajo en la fábrica está ya paralizado».

Según ha informado el responsable de la Federación de Servicios de UGT, Roberto Tornamira, con el ERTE se pretende «ahorrar los salarios». «El trabajo está paralizado y no porque no haya pedidos, ya que hay cartera de clientes», sino que desde que se hizo cargo un fondo de inversión de la empresa, este «no ha invertido en materia prima; el inversor no invierte».

Para UGT, esta decisión «kafkiana» supondría la pérdida de 300 puestos de trabajo en España, y más de 170 en la madrileña fábrica de Tres Cantos. «Se intenta ganar un año para no pagar los salarios y asistimos a una ruina; no entendemos el negocio que ha hecho esta empresa».

Por ello, el sindicato pone el foco de atención en la necesidad de invertir, ya que la empresa, que es «viable», tiene pedidos «y no llegan porque no se invierte en materias primas». «Lo que hay que hacer es comprar papel y pegamento para transformarlo en papel de papelería», afirman.

Desde UGT Madrid están valorando con servicios jurídicos «la mejor opción para los trabajadores». «Llevan cuatro meses sin cobrar, y la empresa ha declarado un concurso de acreedores», afirman, además de desconocer su detrás de este ERTE hay «una operación para comprar la empresa y luego reflotarla».

El sindicato se ha reunido con los grupos asamblearios de PSOE y Podemos para que «se intervenga con el fin de impedir que unos especuladores lleguen a una fábrica y la arruinen».

ERTE UNÍSONO MADRID: CGT CONSIGUE PARARLO

CGT-Telemarketing

La empresa acaba de comunicarnos que desiste de seguir adelante con el ERTE anunciado y por tanto ningún compañero tendrá que ir al paro por este motivo.

Para que la empresa haya tomado la decisión de no llevar a cabo la medida que había anunciado sin duda han sido fundamentales dos cosas, la primera, el masivo apoyo de los trabajadores y trabajadoras de la empresa a la convocatoria de huelga realizada por CGT (la única que lo era para TODA la empresa) y la segunda el trabajo serio y riguroso que han realizado tanto los delegados de CGT como la Asesoría Jurídica de nuestro sindicato, desmontando una a una las teorías y ocurrencias de la empresa. Le hemos dedicado mucho tiempo, pero ha merecido la pena.

Es en situaciones como estas cuando se ve la importancia de que la mayoría del Comité de Empresa corresponda a un sindicato de verdad, que lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, olvidándose de otros intereses… Hemos de señalar que mientras CGT se dejaba la piel intentando y consiguiendo tumbar este ERTE, el resto de sindicatos estaban “conspirando” para conseguir que se repitan las elecciones. Parece ser que vuestra opinión del día 23 de mayo no les ha servido.

Nosotros seguiremos trabajando e informado con rigor y transparencia y dese luego NUNCA firmaremos NADA que signifique que las personas que trabajan en Unísono pierdan ni un solo derecho y mucho menos su puesto de trabajo.

ROCA PRESENTA UN ERTE PARA LA PLANTA DE ALCALÁ DE HENARES

Roca Sanitario anunció a los sindicatos con representación en la planta de Alcalá de Henares el inicio del periodo de consultas para negociar un expediente de suspensión temporal de empleo

El ERTE, que tendría una duración de cinco meses según la empresa, afectaría a casi toda la plantilla.

CC.OO. de Industria intentará que la factoría madrileña no pare la actividad y que el expediente afecte a un reducido número de trabajadores y trabajadoras, según informa el sindicato en una nota.

La dirección de Roca esperó a que los sindicatos firmaran el convenio colectivo que han negociado durante año y medio para anunciarles su intención de iniciar la negociación de un expediente de suspensión temporal de empleo para la planta de Alcalá de Henares, denuncia CC.OO..

El sindicato informa que la empresa pretende que la negociación finalice el 30 de julio. ¨De la poca información que ha trasladado a los sindicatos hasta el momento se deduce que pretende empezar aplicar el ERTE a finales de agosto, tras las vacaciones de la plantilla¨. Tendría una duración de cinco meses y afectaría a casi todos los trabajadores y trabajadoras.

La mesa que negociará el expediente se constituirá en los próximos días. ¨CC.OO. de Industria hará todo lo posible para que la actividad de la planta alcalaína no se pare y para que el número de afectados por la suspensión temporal sea el mínimo¨, señalan.

Manifestación contra el ERE que Roca presentó en el año 2009

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PAROS PARCIALES EN UNIPOST MADRID EL 16 DE JULIO

CGT-Unipost Madrid

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El, 6 de julio de 2016, se ha entrado en la tercera semana de paros tras cumplirse 16 jornadas de lucha en los centros de reparto de la Comunidad de Madrid afectados desde el 1 de junio de 2016 por el ERTE de reducción de jornada del 20%, l@s huelguistas continúan los paros parciales de 2 horas pues la empresa sigue sin retirar el ERTE en los centros donde la huelga está convocada, y a pesar de la disposición del comité de huelga -volvemos a reiterarlo- de sentarse a buscar una salida al conflicto con la dirección de Unipost, pero la empresa prefiere no hacerlo aunque los paros están trayendo consecuencias en el servicio y en la facturación.

Por tanto, a l@s huelguistas no les queda otra opción que la de seguir con las movilizaciones, y por eso pedimos a l@s trabajadores/as de los centros afectados por la huelga que se unan a los paros en defensa de sus condiciones laborales y para que nos retiren el ERTE, y más aún tras haber recibido las nóminas de junio y HABERNOS SIDO INGRESADO SÓLO EL 50% DE LAS MISMAS, tod@s habréis comprobado el tijeretazo -uno de los tantos que llevamos- que nos han aplicado en este primer mes de aplicación -recordamos que la empresa tiene intención de aplicar el ERTE hasta marzo de 2017-, así que hacer cuentas porque si bien unos paros suponen un sacrificio económico (toda lucha supone tener que perder para luego poder ganar), uno mayor va ser el que tendríamos que hacer en los próximos meses, pero si l@s trabajadores/as despertamos de este letargo, en el que parece que estamos sumid@s, y luchamos con dignidad, se podrá conseguir que finalmente la empresa retire el ERTE que tanto daño nos hace y nos hará.

EL SUPREMO ALARGA LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS DONUTS

Aplaza una semana el fallo sobre la legalidad del ERE aplicado por Panrico

El futuro de los Donuts (y de otras marcas históricas de la bollería nacional, como La Bella Easo o Bollycao) sigue en mano de los quince magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Los jueces, que empezaron a deliberar sobre la legalidad del expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por Panrico, fabricante de los populares dulces, en el año 2013, no llegaron aún a ninguna conclusión, por lo que se reunirán de nuevo para retomar el debate, según informó Efe.

Aplazan así al menos una semana una decisión que se antoja crucial para el futuro de la compañía. Y es que Panrico, propiedad del fondo de capital riesgo estadounidense Oaktree, llegó en junio del año pasado a un acuerdo con la mexicana Bimbo, por el que esta se hacía con el 100 % del capital de la empresa, sus marcas y fábricas por 190 millones de euros (cifra que puede subir porque en el paquete se ha incluido el negocio del plan de molde).

Pero el acuerdo estaba condicionado a obtener el visto bueno de las autoridades de Competencia en España y Portugal (que ya han recibido) y, sobre todo, a la ratificación judicial del ERE en Panrico, que supuso el despido de 468 trabajadores y que, al mismo tiempo, autorizaba una rebaja salarial media del 18 % al personal que permaneciera en plantilla. Expediente que ya recibió el primer revés en la Audiencia Nacional, que declaró injustificados 156 ceses previstos en el ERE y aún pendientes de realizar.

Un eventual revolcón en el Supremo no solo podría acabar dinamitando el acuerdo con Bimbo, sino que pondría contra las cuerdas a Panrico que, a punto de dejar atrás los números rojos, se podría ver obligada a readmitir a los empleados que ya han abandonado la firma y a afrontar la restitución de los salarios del resto.

EL COMITÉ DE COLUMBIA ANUNCIA MOVILIZACIONES SI LA EMPRESA NO NEGOCIA UN PLAN DE VIABILIDAD

Santander (Europa Press)

El comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión, centro especial de empleo para la inclusión de personas con discapacidad de la Fundación ONCE, ha advertido que se está planteando la convocatoria de movilizaciones en la fábrica de Reinosa si la dirección no se sienta a negociar «de una vez por todas» un plan de viabilidad de futuro».

En un comunicado, el comité de empresa de la planta productiva de Columbia en la capital campurriana ha rechazado los dos últimos despidos decretados recientemente por la empresa, tras precisar que en los últimos años la plantilla se ha reducido de 87 a 59 trabajadores y ya se han aplicado dos expedientes de regulación de empleo «con una significativa reducción de la jornada laboral (entre un 20 y un 50%) y de un 17% de los salarios».

Los sindicatos han recordado que la dirección de Columbia aplicó un primer expediente de regulación de empleo en 2014 y al año siguiente «volvió a implantar otro sin causa alguna que lo justificase con más reducciones de jornada y suspensiones de empleo, que ya ha sido rechazado por los tribunales de justicia». «No se entiende bajo ningún concepto la situación actual de la empresa ni que se tenga que despedir a dos trabajadores, y más, después de todas las medidas implantadas hasta la fecha y el abaratamiento de costes laborales y salariales que han implicado, a lo que se suma que Columbia es un centro especial de empleo que recibe subvenciones y bonificaciones en la Seguridad Social», han señalado en el comunicado.

El comité ha defendido que el plan de viabilidad de la fábrica «no puede basarse exclusivamente en regulaciones de empleo, en despidos y en el sometimiento de los trabajadores a unas duras condiciones laborales y salariales, sin plantearse en ningún momento otras alternativas de futuro», y ha manifestado su preocupación por «la sostenibilidad» de la planta reinosana por una «mala gestión».

En este sentido, ha criticado que en los últimos meses se está apreciando una «notable disminución de la carga de trabajo» en las áreas de producción y logística porque la empresa «ha reorientado» la línea de negocio, apostando por otras que requieren de menor personal, e incluso ha cerrado determinadas tiendas «que estaban lejos de no ser rentables».

Los sindicatos de la fábrica de Columbia Cintas de Impresión en Reinosa han insistido en que la empresa «tiene que negociar forzosamente un nuevo plan de futuro porque, de lo contrario, nos veremos obligados a iniciar movilizaciones hasta cuando sea necesario».

EL EXPEDIENTE DE DISOLUCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC) LLEGARÁ A HACIENDA

Ortega afirma que las actividades de investigación «no se abandonarán» Los trabajadores critican a la empresa pública por tomar la medida «en medio de una negociación».

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) puede tener las horas contadas. El consejero de Economía del Gobierno regional, Pedro Ortega, también presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, avanzó que el expediente de disolución «ya está hecho» y se enviará a la Consejería de Hacienda para que esta certifique que, tal y como plantea la dirección del centro, el ITC es «inviable» en las actuales circunstancias.

El Consejo de Administración acordó iniciar el proceso de disolución del instituto al constatar, desde su punto de vista, que no tiene posibilidades de sobrevivir «a corto, medio y largo plazo» si los representantes de los trabajadores no aceptan alguna de las seis propuestas, además de un plan de viabilidad, que les ha presentado la dirección.

La última propuesta formulada por la Administración consiste en una mejora del 7,6% en las retribuciones de la plantilla respecto a las que se pagaban en 2015. Los trabajadores sufrieron un recorte salarial del 14% durante los dos últimos años. Una vez vencido el acuerdo que recogía esta medida, han vuelto a sus sueldos originales, lo que, a juicio de la empresa, conduce al ITC a un déficit que a final de 2016 alcanzará los 4,5 millones de euros.

En declaraciones a los medios en Las Palmas de Gran Canaria, Ortega garantizó que las actividades de investigación y desarrollo que realiza el instituto «no se abandonarán». En este sentido, avanzó que «hay áreas del ITC que son rentables» y que «tendrán su destino de cualquiera de las formas», aunque con una «reorganización» que permita «ser eficientes con los recursos». En la misma línea se manifestó el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, quien aseguró durante una visita a la Universidad de La Laguna que el presupuesto para I+D+i no se reducirá, informa Efe.

Antonio Ortegón, portavoz del comité de huelga del ITC, se mostró sorprendido por que la sociedad pública haya decidido iniciar los trámites de disolución «en medio de un proceso negociador». Así, precisó que hay fijada una reunión en el Tribunal Laboral Canario para el 22 de julio. Pese a su escepticismo sobre las posibilidades de reconducir la situación -la desaparición de la entidad debe ser aprobada por el Gobierno, cuyo consejero de Economía, como presidente del Consejo de Administración, la ha propuesto-, los representantes del personal han solicitado una nueva reunión con el gerente.

Ortegón achacó a los recortes del Ejecutivo la situación del instituto y recordó que pese al anterior acuerdo «se han perdido plantilla y recursos». «Estamos dispuestos a poner dinero de nuestros salarios, pero con garantías de viabilidad», algo que, a su juicio, no ofrece el plan de reestructuración planteado por la dirección.

De 220 a 148 puestos de trabajo

La plantilla del Instituto Tecnológico de Canarias está formada en la actualidad por 148 trabajadores -en rigor, por 151, aunque tres se encuentran en periodo de excedencia-, pero llegó a alcanzar los 220, recordó Antonio Ortegón, portavoz del comité de huelga.

El conflicto que ha llevado al centro público de investigación hasta las puertas del cierre comenzó a fraguarse en los primeros compases de la crisis económica, cuando empezó a menguar la financiación proveniente del Gobierno regional. En la pasada legislatura se llegó a plantear un expediente de regulación de empleo (ERE) que finalmente no se llevó a cabo gracias a la decisión de la plantilla de asumir una bajada salarial de alrededor de un 14% durante los años 2014 y 2015.

Este acuerdo ya ha finalizado, por lo que los empleados del instituto han recuperado sus retribuciones íntegras. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico entiende que esta mejora de los sueldos repercute en un aumento del déficit que convierte a la sociedad en «inviable».

Los sindicatos consideran, en cambio, que detrás de los sucesivos recortes que ha experimentado el ITC -refieren el cierre de las sedes de El Hierro y La Palma y del estudio de supercomputación- se esconde una «estrategia» destinada a «desmantelar» el centro. «El Gobierno de Canarias se ha quitado la careta», sostiene Ortegón.

Durante los dos ejercicios en que los trabajadores han mantenido reducidos sus salarios, añade el portavoz de la plantilla, el Ejecutivo «no ha cumplido con su cometido»: reestructurar la empresa y hacerla viable. Convencidos de que el plan propuesto por la Administración no garantiza esta viabilidad, los empleados del instituto han anunciado la elaboración de su propio plan.

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