Boletín de Luchas Obreras (9 de Julio de 2015)

ÍNDICE:

  • LOS ENCAUSADOS Y ENCAUSADAS DEL CASO EXPERT SALEN SIN ACUERDO DE LA VISTA PREVIA
  • MODULTEC ELEVA A 52 SU PROPUESTA DE DESPIDOS CON LA INDEMNIZACIÓN MÍNIMA LEGAL
  • EL SANTANDER RETIRA 100 DESPIDOS DEL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE TARJETAS
  • INDRA PLANTEA DESPEDIR A 1.850 EMPLEADOS EN ESPAÑA
  • RYANAIR CONTRATA EVENTUALES EN MADRID PARA “REVENTAR” LA HUELGA DE HANDLING
  • LOS BRIGADISTAS FORESTALES IRÁN A LA HUELGA SI NO SE MEJORAN SUS CONDICIONES
  • UGT CONVOCA UNA HUELGA EN PORT AVENTURA
  • LOS BOMBEROS DE GRAN CANARIA VALORAN «POSITIVAMENTE» LAS PROPUESTAS DEL CONSEJERO PARA DESCONVOCAR LA HUELGA
  • HUELGA DE SUBCONTRATAS DE MOVISTAR
  • LA HUELGA DE LAS ITV HA AFECTADO YA A 9.000 SALMANTINOS
  • LOS TRABAJADORES DE LAS BRIGADAS DE REFUERZO CONTRA INCENDIOS FORESTALES (BRIF) CONVOCAN 3 JORNADAS DE HUELGA PARA RECLAMAR MEJORES CONDICIONES LABORALES
  • BONNYSA REDUCE A 50 LOS DESPIDOS EN EL ERE PACTADO TRAS DESLIGARSE DE MERCADONA
  • EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES ANUNCIA QUE NO PODRÁ PAGAR LAS NÓMINAS DE JUNIO Y JULIO
  • SEGUNDO DESPIDO NULO DE UN AFECTADO POR EL ERE MUNICIPAL EN JEREZ
  • CONSTITUIDA LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL ERE EN ADIF
  • LAS HUELGUISTAS DEL LICEO Y EL AUDITORIO CIERRAN UN ACUERDO Y DESCONVOCAN LA HUELGA
  • CUATRO DESPIDOS MÁS EN EL AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS
  • GANEMOS SALAMANCA MUESTRA SU APOYO A LOS TRABAJADORES DE ITEVELESA
  • UNIÓN SINDICAL BARREÑA (USB) SE CONCENTRA EN LOS BARRIOS TRAS 58 NÓMINAS PENDIENTES DE ABONO

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LOS ENCAUSADOS Y ENCAUSADAS DEL CASO EXPERT SALEN SIN ACUERDO DE LA VISTA PREVIA

Nota de Prensa

Hoy, 9 de julio, las encausadas del Caso Expert estaban citadas, al Juzgado Penal número 2 de Tarragona, a la vista previa del mencionado caso. Mientras ellas asistían, en la calle había más de 200 personas convocadas por la CGT y venidas de varios lugares de Cataluña, apoyándolos y esperando el resultado.

Después de dos horas aproximadamente, las encausadas han salido y han explicado que la vista judicial será el día 2 de diciembre. A pesar de que había la posibilidad de llegar a un acuerdo, no se ha valorado porque tenían que reconocer los delitos que se los acusa y no son ciertos.

Por eso la fiscalía mantiene los cargos y las encausadas piden el archivo de la causa. El día 2 de diciembre será cuando se decida si se archiva o no el caso.

Recordamos que esta causa se remonta al año 2004, el veinte de julio de este año, las trabajadoras de Expert Polymere, estaban reunidas dentro de los recinto de la fábrica, pues los estaban informando sobre el punto en que se encontraban las negociaciones entre la empresa y el Comité acompañado de dos asesores de la CGT, dado que ésta había presentado un ERE de extinción.

En este momento, la Guardia Civil, sin provocación previa, entró y cargó contra las trabajadoras de manera indiscriminada y brutal. Seis personas, cuatro trabajadoras y los dos asesores de la CGT, presentaron denuncias por lesiones.

Posteriormente la Guardia Civil los denunció. Después de once años, les piden entre tres años y dos meses y cuatro años y seis meses de prisión, así como multas alrededor de los 3.000 EUR, por presuntos delitos de “atentado contra la autoridad” y “contra el derecho al trabajo”.

A raíz de estos hechos, de la prolongación del caso en el tiempo y de las lógicas consecuencias emocionales y vitales que tiene sobre las encausadas, la campaña de apoyo y difusión seguirá adelante hasta el final de la causa y el archivo  de ésta, o la absolución de las encausadas.

Os seguiremos informando sobre la evolución del caso, así como de los actos que se puedan convocar.

Agradecemos la solidaridad recibida, así como el apoyo y la difusión por parte de los diferentes medios.

MODULTEC ELEVA A 52 SU PROPUESTA DE DESPIDOS CON LA INDEMNIZACIÓN MÍNIMA LEGAL

La empresa garantiza el pago de los finiquitos sin necesidad de ir al Fogasa

La dirección de la fábrica gijonesa Modultec elevó de 48 a 52 el número total de despidos que negocia dentro del ERE de extinción, que está en periodo de consultas con los representantes sindicales.

Este planteamiento tuvo lugar en la primera reunión entre los dirigentes sindicales y el nuevo gerente de Modultec, Bienvenido Martínez Álvarez.

Modultec se encuentra en concurso de acreedores, con una deuda de más de 13 millones de euros, fundamentalmente por dificultades para cobrar trabajos realizados.

La empresa cuenta con 90 empleados y quiere prescindir de más de la mitad, al considerar que esa es la única fórmula para evitar la liquidación de la sociedad.

En la reunión, la dirección también señaló a los sindicatos que su propuesta pasa por pagar el mínimo legal de indemnización a los despedidos, que es de un máximo de 20 días de salario.

Lo único que ofrece a mayores es hacerse cargo de las indemnizaciones, lo que evitaría a los trabajadores despedidos el tener que reclamarlas al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Contratos

La empresa también indicó al comité que está tratando de cerrar contratos con clientes, pero que hasta la fecha no hay ningún nuevo pedido en firme, si no sólo negociaciones que pueden fructificar o no.

El comité de empresa ha convocado una asamblea de trabajadores, para decidir qué postura mantendrán en la negociación del ERE.

EL SANTANDER RETIRA 100 DESPIDOS DEL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE TARJETAS

EFECOM

La empresa Konecta, participada por el Santander, ha retirado el despido de 100 trabajadores del servicio de activación de tarjetas de la entidad y se ha comprometido a reubicar a estos empleados tras la automatización de estas labores, según ha informado CGT.

Tras este «gesto», el sindicato ha desconvocado la huelga indefinida prevista, aunque manifiesta que sigue sin entender que otros 57 trabajadores puedan perder su puesto de empleo.

Por eso CGT mantiene sus denuncias a la Inspección de Trabajo, tanto en Madrid como en Sevilla, después de conocer que Konecta había planteado inicialmente despedir a 157 empleados -94 en Sevilla y 63 en Madrid- del servicio de activación de tarjetas del Banco Santander.

Desde la entidad que preside Ana Patricia Botín aclararon a Efe en su momento que no se trata de trabajadores del banco, sino de un servicio que el grupo tiene concertado con la empresas Konecta, cuyos trabajadores estaban temporalmente vinculados mediante un contrato por obra o servicio.

INDRA PLANTEA DESPEDIR A 1.850 EMPLEADOS EN ESPAÑA

Justifica el ERE, que afecta al 10% de su división de Sistemas, por las pérdidas acumuladas

Indra ha comunicado a los sindicatos su decisión de iniciar de un procedimiento de despido colectivo por causas económicas y productivas que afectará a 1.850 puestos de su filial Indra Sistemas de España, según señaló la compañía en un comunicado. Supone más del 10% de los empleados de esta división.

La compañía tecnológica cuenta en total con una plantilla de 39.155 personas, de las que 21.746 trabajan en España, y la división de Sistemas, que engloba las áreas de tecnologías de la información y de seguridad, defensa, tráfico y transportes y da empleo a unos 18.000 empleados.

El expediente de regulación de empleo anunciado afecta solo a la plantilla en España, aunque la empresa ya tiene en marcha otros ajustes de empleo en Latinoamérica, especialmente en Brasil, donde planea despedir a 1.000 trabajadores.

Fuentes sindicales han explicado que la empresa les ha comunicado que de estos despidos un 80% afectarán al sector de consultorías y, en menor medida, al área de Defensa. Entre un 70% y un 80% de los recortes se aplicarán en Madrid. La compañía ha indicado además que los despidos repercutirán sobre el área corporativa, que incluye, entre otros negocios, informática interna y servicios generales, si bien no ha aportado datos precisos del impacto.

Entre un 70% y un 80% de los despidos se aplicarán en Madrid

La firma justifica estos despidos con el objeto de revertir la situación provocada por las pérdidas registradas tanto en el ejercicio de 2014 (92 millones de euros) como en el primer trimestre de 2015 (19,6 millones), lo que le lleva a la necesidad de “reducir costes y simplificar estructuras, mejorar los procedimientos y formas de hacer, al mismo tiempo que seguir invirtiendo para mejorar y ampliar su oferta, de acuerdo a las exigencias del mercado”, como ya adelantó el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, en la junta de accionistas celebrada el 25 de junio.

Se ha celebrado la primera reunión de la mesa negociadora en la que están representados los sindicatos y la dirección, y ahora se abre un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo tras la concreción del número de despidos que ha comunicado la compañía. Los sindicatos han acusado a la dirección de querer desmantelar la empresa en España, según plantearon alguno de sus representantes en la Junta de Accionistas.

La empresa recuerda que en los últimos meses ha implementado diferentes medidas para reducir costes y tratar de contrarrestar los resultados negativos, pero aunque se han producido ahorros muy significativos, en todas las áreas de gasto (gestión de inmuebles, servicios generales, compras, suministros, eficiencia energética, etcétera) y pese a la decisión de no repartir dividendo con cargo al ejercicio 2014, éstos no han sido suficientes.

También recuerda la decisión adoptada por Abril-Martorell de rebajar la retribución tanto presidente ejecutivo como del Consejo de Administración, y de implementar un nuevo esquema retributivo de la alta dirección.

La compañía presentará el miércoles, día 8, su nuevo plan estratégico orientado a mejorar su competitividad y generar un crecimiento rentable y sostenible, con el foco en proyectos de mayor valor añadido, y transformando el origen de ventas en las diferentes geografías en las que está presente, tras la caída de ventas continuada en el mercado nacional.

El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es el principal accionista de Indra con el 20,1%, tras adquirir en 2013 la participación que poseía la rescatada Bankia. El segundo accionista estable es Corporación Financiera Alba, con un 10% y el tercero Telefónica, con un 6% que tomó a comienzos de 2015.

RYANAIR CONTRATA EVENTUALES EN MADRID PARA “REVENTAR” LA HUELGA DE HANDLING

CTA apela al juez y pide intervenir a la Guardia Civil

“Esto es algo alucinante”. “Nunca habíamos vivido una situación así”. Son algunas de las reacciones de los empleados de Ryanair que, después de un mes y un día de huelga, han visto que la aerolínea irlandesa ha contratado personal eventual que empezaba a las seis de la mañana a realizar las labores de handling en los aviones de la compañía en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid – Barajas.

El comité de huelga de sindicato CTA ha informado al juzgado de lo laboral que tramita el expediente solicitando medidas cautelares. Esperan que el juez evite que el personal eventual pueda “reventar la huelga” mediante una práctica de la compañía que “está en contra del derecho de huelga”, afirman desde el comité.

En concreto, son 30 los nuevos trabajadores contratados que han acudido al aeropuerto a trabajar. Los huelguistas han solicitado a la Guardia Civil que identificase a estos eventuales para tomarles la filiación e informar a la autoridad judicial.

La compañía, que acumulaba una media de retrasos de dos horas en sus rutas con Madrid, había puesto un anuncio en un conocido portal online de empleo, un anuncio al que ya se habían apuntado más de setecientas personas.

Los huelguistas centran sus reivindicaciones en las condiciones de la subrogación aplicada por Ryanair “que supone una merma media de nuestras retribuciones entre un 20 y un 30%”. “Todos nosotros trabajábamos antes en otras aerolíneas, con una media de antigüedad de 10 años de trabajo y, ahora, no se están respetando nuestras condiciones”.

El tema económico es el meollo de la huelga, si bien hay otros factores como “las condiciones pésimas de trabajo, ya que nos hacen cargar o descargar todo el equipaje de un avión en diez minutos a sólo dos trabajadores. Lo lógico es que sea un mínimo de tres las personas que hacen esta tarea y hay compañías que utilizan a cuatro o cinco personas para hacer este trabajo”.

A lo largo del mes y un día de huelga, el comité ha venido denunciando que “Ryanair no ha dejado de violar las leyes que regulan el derecho a huelga en España”, citando entre las presuntas irregularidades que “la empresa no respeta los servicios mínimos, impone los que le da la gana” o la “presencia de esquiroles traídos de otras bases”.

También han denunciado “alrededor de 60 sanciones a trabajadores –la plantilla es de 103- y dos despidos para ejercer presión y coacción”, “actitudes de mal trato verbal” o la “imposición de servicios mínimos al comité de huelga bajo amenaza de incumplimiento muy grave si no los cumple”.

LOS BRIGADISTAS FORESTALES IRÁN A LA HUELGA SI NO SE MEJORAN SUS CONDICIONES

Los días 15, 16 y 17 de julio habrá paros, y la huelga indefinida comenzará a partir del día 27 de julio

En plena temporada de incendios, huelga. Así lo han anunciado los brigadistas forestales quienes, al no obtener respuesta por parte de las empresas contratistas, han decidido parar en su actividad en este mes de julio.

En un comunicado, los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) han anunciado la huelga, «si no se obtiene un compromiso firmado por parte de la empresa que satisfaga las reivindicaciones mínimas que hemos expresado en repetidas ocasiones».

En esas reivindicaciones se encuentra «la categoría profesional de bombero forestal, condiciones laborales adecuadas al puesto que se desempeña, y una segunda actividad para cuando, ya sea por accidente, por salud, o por edad, el trabajador no pueda seguir con la gran exigencia física que supone este trabajo».

«Se necesitan respuestas»

Además los brigadistas aseguran que, tal y como se han expresado a la empresa y al ministerio, «se necesitan respuestas, compromisos que se cumplan y cambios sustanciales en sus vergonzosas condiciones».

Por este motivo, de acuerdo con la decisión tomada en el último plenario realizado en el mes de Junio, la representación legal de los trabajadores ha convocado tres jornadas de huelga los días 15, 16 y 17 de julio, y la huelga indefinida a partir del día 27 del mismo mes (está en proceso de convocatoria actualmente).

Ambas convocatorias se hallan, como es lógico, supeditadas al diálogo, pero el colectivo ha expresado claramente «que no son suficientes las buenas palabras, necesita compromisos escritos y firmados».

UGT CONVOCA UNA HUELGA EN PORT AVENTURA

Barcelona

El sindicato rechaza al nuevo convenio colectivo pactado entre la dirección y CC OO

El sindicato UGT ha convocado huelga en Port Aventura para mostrar su rechazo al nuevo convenio colectivo firmado el 22 de mayo por la dirección de la empresa y CC OO, el sindicato mayoritario en la compañía, con 13 delegados, frente a los 12 de UGT.

En su blog personal, el secretario general de UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez, ha reprochado a CC OO haber firmado una «barbaridad» de convenio sin haberlo consultado antes con los trabajadores, y ha alertado de que la compañía sustituirá este verano a 1.300 empleados fijos discontinuos con un sueldo digno por jóvenes mal pagados y sin derechos.

Asimismo, ha avisado a la dirección de Port Aventura de que en poco tiempo deberá contabilizar conflictos, ya que «la avaricia de incrementar sus ganancias a cambio de los sacrificios de los trabajadores, a cambio de la explotación y la injusticia, perjudicará la imagen del parque y por tanto del negocio».

LOS BOMBEROS DE GRAN CANARIA VALORAN «POSITIVAMENTE» LAS PROPUESTAS DEL CONSEJERO PARA DESCONVOCAR LA HUELGA

La Consejería de Medioambiente se comprometió a tratar la dotación de los parques de bomberos del personal mínimo necesario y a la reapertura del parque de Tejeda

El comité de huelga llevará las propuestas de la Consejería a la asamblea de trabajadores para decidir si desconvocan la protesta

Los miembros del comité de huelga del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han valorado «positivamente» las propuestas realizadas por el consejero de Medioambiente, Emergencias y Participación y vicepresidente 2º del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, para desconvocar la huelga que mantienen desde el mes de abril.

Tras reunirse las dos partes para buscar vías de solución al conflicto laboral, El consejero de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito les trasladó a los trabajadores su voluntad de abrir una nueva etapa caracterizada por «el diálogo y la concertación entre las partes». Por su parte, los bomberos le expusieron su visión de los problemas por los que atraviesa la entidad y las causas que motivaron el inicio de la huelga.

Después de una hora de reunión, el consejero les propuso una serie de medidas urgentes para desconvocar la huelga y tener el operativo a plena disposición para la campaña de incendios de verano. Entre estas medidas están estudiar la dotación mínima de los parques de bomberos, la reapertura del parque de bomberos de Tejeda o la paralización de aquellos expedientes disciplinarios abiertos a raíz de la convocatoria de la huelga.

Estas iniciativas, valoradas positivamente por el comité de huelga, serán llevadas a una asamblea de trabajadores que será la encargada de decidir si se desconvoca o no la huelga.

Ambas partes se emplazaron a mantener un diálogo fluido tanto para concretar las medidas propuestas en el encuentro como para abordar cuestiones referentes a la organización del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

Juan Manuel Brito aseguró que su objetivo es «abrir una nueva etapa de diálogo con todos los sectores en la que el Consorcio deje de ser noticia por el conflicto y se garantice la seguridad de la ciudadanía de Gran Canaria y se ponga en valor la importante labor del colectivo de bomberos».

HUELGA DE SUBCONTRATAS DE MOVISTAR

ARAINFO Redacción

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En una nueva jornada de paro, los trabajadores se concentrarán en la puerta tienda de Telefónica Movistar en Pº Independencia 35 de Zaragoza de 19.00 a 20.00 horas

Las subcontratas de Movistar continúan teniendo conflictos con sus trabajadores, prueba de ello son los numerosos paros, huelgas de una jornada como la que se realizó el 5 de junio por los operadores de Extel a nivel nacional y Atento Coruña, junto con los instaladores que llevaban más de 50 días de huelga indefinida.

Desde que Movistar decidió traer la atención al cliente al Estado español, algo que realizó mediante subcontratas, las condiciones de los trabajadores han empeorado paulatinamente.

Desde el colectivo de trabajadores de estas subcontratas de Movistar aseguran que se sienten “exprimidos y agotados”. Además, advierten que una gran parte de la plantilla está bajo tratamiento de ansiedad y el porcentaje de bajas médicas por este motivo va en aumento. “La empresa Extel en lugar de tomar medidas preventivas, ha respondido despidiendo a trabajadores en baja, haciendo uso de la nueva ley de absentismo”, declaran.

“Los teleoperadores y teleoperadoras sufren una presión excesiva por la obligación de vender”, declaran desde estas subcontratas. Aseguran que la mayoría de las sanciones han llegado por realizar su trabajo, que es también atender quejas y reclamaciones, no solamente vender. “Las últimas sanciones han sido desmesuradas y excesivas llegando hasta los 47 días de suspensión de empleo y sueldo”.

Todas estas cuestiones han llevado a las subcontratas de Movistar a plantear una nueva jornada de huelga de 24 horas.

“Los teleoperadores han decidido que callar es colaborar con el trato inhumano que la política empresarial de Adecco les hace sufrir”, lo que unido al trato que vienen denunciando los trabajadores de las otras subcontratas y de la propia Movistar, han impulsado este nuevo paro.

LA HUELGA DE LAS ITV HA AFECTADO YA A 9.000 SALMANTINOS

Ganemos denuncia las consecuencias de las privatizaciones del PP

En torno a 9.000 vehículos podrían estar circulando de manera ilegal en la provincia por no tener pasada la ITV debido a los paros que han protagonizado los trabajadores de Itevelesa, la empresa concesionaria del servicio, a quienes se les quiere rebajar el sueldo para compensar el recorte del 20% en las tarifas que la Junta le ha impuesto a la compañía australiana, por tener la ITV más cara de España.

Ganemos Salamanca asegura que esta situación, es “conocida y permitida por nuestra administración local encabezada por el Partido Popular”.

Esta formación considera que un servicio de carácter público, como es la inspección técnica de vehículos, “debe ser garantizado por las administraciones y que el papel de estas es mediar para solucionar el conflicto cuanto antes”.

Afirma, además, que este conflicto es consecuencia de la política “radical” de privatización de los servicios públicos llevada a cabo por el gobierno del PP en la Junta de Castilla y León, poniendo, en este caso, “en grave riesgo la seguridad vial de la ciudadanía. Ganemos Salamanca seguiremos defendiendo lo común y la gestión pública de los servicios públicos”, señala.

El gobierno del Partido Popular de Salamanca, prosigue Ganemos, “no debería lavarse las manos. Proponemos que el Ayuntamiento de Salamanca, en su papel institucional y el equipo de Gobierno debe exigir que se resuelva el conflicto inmediatamente en beneficio de los salmantinos y también en apoyo a los trabajadores y trabajadoras adscritos a los centros de trabajo de Salamanca”.

LOS TRABAJADORES DE LAS BRIGADAS DE REFUERZO CONTRA INCENDIOS FORESTALES (BRIF) CONVOCAN 3 JORNADAS DE HUELGA PARA RECLAMAR MEJORES CONDICIONES LABORALES

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La huelga podría convertirse en indefinida si Tragsa no mejora la situación de la plantilla

Los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales están convocados a tres jornadas de huelga para los próximos días 15,16 y 17 de julio si Tragsa no atiende la mejora de las condiciones laborales que reclama una plantilla que en el caso de Castilla y León está formada por 127 efectivos repartidos en las bases que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene en Lubia (Soria), Tabuyo del Monte (León) y el Puerto del Pico (Ávila).

Además, fuentes de la asociación de trabajadores de estas brigadas aseguraron que en el caso de que la negociación con la empresa no avance la huelga podría convertirse en indefinida a partir del 27 de julio.

Los trabajadores de Tragsa vienen reivindicando desde el pasado año el reconocimiento de la categoría laboral de bombero forestal, saliendo de la categoría de peón de obra, así como la posibilidad de acceso a una segunda actividad cuando las condiciones físicas no permita al trabajador situarse en primera línea de un incendio.

Además también piden un «salario digno» y aseguran que las reivindicaciones no son excesivas pues se trata de un empleo que les obliga a exponerse a situaciones altamente peligrosas y que en la actualidad realizan por un sueldo de menos de 900 euros mensuales, a los que se les suma «cantidades ridículas de pluses de peligrosidad por subirnos a un helicóptero», resaltaron las citadas fuentes.

Desde la asociación de trabajadores también se critica que la falta de respuesta por parte del Magrama y se asegura en un comunicado que “ya no están dispuestos a seguir expresando sus problemas sin obtener respuestas concretas y cambios sustanciales en sus vergonzosas condiciones”.

Además, también denunciaron que a pesar de que la campaña de incendios arrancó el pasado 1 de julio, en ninguna de las diez bases que el Magrama tiene repartidas por España están operativos los helicópteros por un problema en la contratación del servicio.

BONNYSA REDUCE A 50 LOS DESPIDOS EN EL ERE PACTADO TRAS DESLIGARSE DE MERCADONA

Alicante

La mayor tomatera de España acuerda con los principales sindicatos el ajuste laboral y prima la suspensión temporal y las recolocaciones

Bonnysa Agroalimentaria SA, la mayor empresa productora y comercializadora de tomates en España, ha reducido a cincuenta los despidos de trabajadores que inicialmente había fijado en 150 en el expediente de regulación de empleo extintivo que anunció a finales de mayo y que tenían que afectar al 5% de su plantilla de 3.000 trabajadores en los centros de trabajo de Alicante, Murcia, Almería y Canarias. La compañía que dirige Jorge Brotons, presidente de la patronal hortofrutícola provincial y estatal, anunció que el ERE se ha cerrado «de modo constructivo» y que se ha primado la suspensión temporal de empleo y las recolocaciones, lo que ha salvado finalmente cien puestos de trabajo.

La directora de Recursos Humanos de Bonnysa, Esther Blat, explicó a este diario que el acuerdo laboral pactado con los sindicatos mayoritarios UGT, CC OO, USO e Intersindical Canaria (todos excepto UGT que se ha descolgado), «se ha cerrado sin problemas ni presiones y garantiza al máximo la estabilidad laboral, como habías propuesto en un principio».

Este ERE es consecuencia de la adaptación del nuevo modelo productivo de Bonnysa, tras dejar de ser interproveedor de Mercadona hace dos años y apuntalar nuevos mercados exteriores y abrir otros nuevos en España. «Dicho proceso ha provocado un cambio de elementos importantes de la actividad de la empresa, que ha hecho necesario abordar una reordenación de su plantilla», añade Blat, para quien este acuerdo «permite sentar las bases para asegurar el futuro de la empresa, su fortalecimiento y la continuidad de su liderazgo en el sector».

La empresa ya tenía claro que el cambio de estrategia iba a ser complejo. El pasado año Bonnysa cerró con un 18% menos de facturación hasta quedar en 103,8 millones, pese a sumar una decena de nuevas cadenas de supermercados para garantizar la distribución.

El mayor escollo de la compañía que dirige Brotons ha sido la adaptación a los nuevos nichos de mercado. Se ha pasado de una continuidad del suministro en Mercadona durante todo el año, a la exportación, concentrada sobre todo de octubre a marzo, cuando los países europeos no tienen producción local de tomates por el frío. Bonnysa cree que crecerá a la larga más y mejorará su rentabilidad sin estar ligada a Mercadona.

Para ello, potenciará la cuarta y quinta gama de productos elaborados como fruta pelada, tomate rallado, gazpacho o zumo de granada.

La empresa insiste en que el ajuste de plantilla era «inevitable» y que el pago de nóminas se produce con normalidad, pese a las «importantes tensiones» en la tesorería propias de estos tiempos.

EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES ANUNCIA QUE NO PODRÁ PAGAR LAS NÓMINAS DE JUNIO Y JULIO

El Estado retiene ingresos por no presentar las cuentas de las sociedades y sólo se podrá abonar parte de la paga atrasada de Navidad

El nuevo gobierno local socialista en el Ayuntamiento de Gelves ha anunciado a su plantilla que, de momento, no podrá afrontar el pago de las nóminas de los meses de junio y julio, debido a que el Gobierno central mantiene bloqueados los ingresos que le corresponden de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), porque el anterior equipo del PP no presentó en tiempo y forma las cuentas correspondientes a los años 2013 y 2014 de dos sociedades municipales del Consistorio.

La nueva regidora, Isabel Herrera (PSOE), y varios miembros de su gobierno municipal, entre ellos el delegado de Economía y Hacienda, Ricardo Villalobos, reunieron al personal en el Salón del plenos, y les trasladó que ya se han tomado medidas importantes para intentar que la situación se desbloquee lo antes posible.

Pero, por el momento, los trabajadores tendrán que afrontar el verano únicamente con el dinero que le corresponde de las tres partes de la paga de Navidad que ya se les adeudaban y que sí que se harán efectivas en los próximos días.

En un comunicado, el Ayuntamiento explica que la normativa exige que la convocatoria de las juntas generales de ambas sociedades municipales, Puerto Gelves, S.L. y Promoción Local de Gelves, S.L., se haga con 15 días de antelación.

Pero va a haber una reunión extraordinaria de los portavoces de los grupos municipales para intentar «agilizar al máximo» los plazos para poder aprobar las cuentas pendientes y enviar la documentación al Ministerio de Hacienda u Administraciones Públicas.

Por otro lado, se han mantenido conversaciones con varias entidades bancarias para que adelanten la cuantía necesaria y poder asumir el coste de las nóminas, a la espera de recibir los ingresos que «se prevén para finales de agosto y ascienden a 560.000 euros». También se ha pedido ayuda, según han explicado, a la Delegación del Gobierno para que adelante los pagos que tuviera pendientes con el Consistorio y «mejorar la situación de su Tesorería».

Esta situación se produce en un Ayuntamiento que, en 2012, ya se vio afectado por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se plasmó en 22 despidos. La situación de la empresa municipal Puerto Gelves, que gestiona el puerto deportivo, ha sido además uno de los temas recurrentes de la campaña, por la compleja situación administrativa que arrastra (todavía están inscritos los consejeros que lo eran en el año 1999) y económica (con importantes deudas, entre otras, a la Seguridad Social).

SEGUNDO DESPIDO NULO DE UN AFECTADO POR EL ERE MUNICIPAL EN JEREZ

El juez considera probado que fue seleccionado por su minusvalía y deberá ser readmitido.

Afectados por el ERE, en la Audiencia a principios de año

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El Juzgado de lo Social número 2 de Jerez ha declarado nulo el despido de J.P.B.S, un trabajador municipal del área de Medio Ambiente de 47 años, incluido en el expediente de regulación de empleo (ERE) que el Ayuntamiento formalizó en septiembre de 2012 para 260 empleados.

En la sentencia, la juez estima la demanda formulada por el denunciante -que llevaba 14 años trabajando para la Administración local- y, tras declarar la nulidad de la extinción de la relación laboral, condena al Ayuntamiento jerezano a readmitir al trabajador con el abono de los salarios de tramitación desde el despido hasta la fecha de la notificación de la sentencia.

Asimismo, la magistrada considera «probado» que la entonces delegada de Medio Ambiente, Felisa Rosado (PP), eligió a este empleado «que tenía reconocida una discapacidad y adaptó su puesto de trabajo a su minusvalía» frente a otros trabajadores «por su menor eficacia y eficiencia».

De igual manera, la sentencia se refiere también a las manifestaciones del director del área del Servicio de Medio Ambiente durante el juicio, en el que indicó que «no efectuó ningún informe ni evaluación por escrito para el despido del actor, aunque mantenía reuniones periódicas con la delegada, conocía su discapacidad y no fue consultado para el despido». En este sentido, la juez concluye que despedir una persona discapacitada con el puesto de trabajo adaptado -era vigilante de Medio Ambiente- por tener menos eficacia o eficiencia «puede ser un indicio de discriminación por discapacidad».

Por esta razón, estima que «hay indicios suficientes» de «vulneración de derechos fundamentales» en cuanto a la discriminación del denunciante por su discapacidad. Contra la sentencia, que no es firme, cabe recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el cual deberá anunciarse en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de la resolución.

El abogado del denunciante, Rodrigo Tejero, que ha llevado el caso a otros 37 trabajadores despedidos por el ERE municipal, ha resaltado que la «circunstancia particular» de la minusvalía de este trabajador, que en su caso es de un 33%, ya ha sido alegada en otros seis casos más sin que hasta ahora hubieran prosperado.

Por ello, el letrado cree que los argumentos esgrimidos por la juez «les puede servir» a los demás afectados con una minusvalía reconocida superior a la de este trabajador municipal de cara a la resolución de los recursos de suplicación interpuestos ante TSJA.

Hasta ahora los juzgados de lo social de Jerez que han juzgado las demandas individuales de los afectados por el ERE solo habían declarado la nulidad del despido de una trabajadora que se encontraba de baja materna cuando el Ayuntamiento procedió a la extinción de la relación laboral.

No obstante, en el resto de demandas individuales cabe recordar que los trabajadores menores de 59 años están recibiendo sentencias favorables en sus demandas según los criterios de «arbitrariedad» empleados en la selección para su inclusión en el ERE, mientras que en el caso de colectivo de mayores de 59 años -134 afectados- las resoluciones están siendo desfavorables, al haberse seguido el criterio de la edad.

El nuevo gobierno municipal del PSOE ya ha mostrado su disposición a que los afectados por el ERE municipal que tengan sentencias favorables puedan volver al Ayuntamiento si así lo desean.

CONSTITUIDA LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL ERE EN ADIF

Se ha celebrado la reunión de constitución de la Comisión Negociadora del ERE propuesto por ADIF. En ella, se ha fijado la representación correspondiente a las diferentes organizaciones sindicales, quedando de la siguiente manera: 4 UGT, 4 CCOO, 2 CGT, 2 SCF y 1 SF. Además, cada organización podrá asistir con un asesor/a.

Del mismo modo, se ha acordado un calendario de reuniones dentro del periodo de consultas, para los días 9, 16, 23 y 29 de julio a las 11:00 h. en las oficinas de Paseo del Rey.

La empresa ha entregado la documentación necesaria para la negociación, junto a sus propuestas que podemos resumir en los siguientes puntos:

  • El ERE tendrá una afectación de 354 trabajadores/as para lo cual se procederá a la apertura de un plazo de adhesión voluntaria comprendido entre el final de las negociaciones y el 15 de septiembre.
  • Las bajas se harán efectivas de forma progresiva desde finales de septiembre hasta el 30 de noviembre.
  • Proponen unas indemnizaciones de 20 días por año trabajado hasta el límite de 12 mensualidades.
  • Establecimiento de un Plan de Recolocación, que básicamente es el mismo que el propuesto en el último ERE.

Desde UGT consideran estas propuestas insuficientes, principalmente en lo relativo a las cuantías ofrecidas para la indemnización, siendo éstas incluso más bajas que las negociadas en el anterior expediente. Además, entendemos que hay una necesidad urgente de empleo y que se está poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa. Ambas cuestiones dificultan en gran medida la posibilidad de finalizar la negociación con acuerdo.

No obstante, se va a analizar convenientemente la documentación aportada por la empresa, con el fin de acometer la negociación con las mayores garantías para los trabajadores/as, y de cuyo desarrollo os iremos informando puntualmente.

LAS HUELGUISTAS DEL LICEO Y EL AUDITORIO CIERRAN UN ACUERDO Y DESCONVOCAN LA HUELGA

El pacto supone un incremento salarial del 27% y un aumento del servicio mínimo para espectáculo, pero no la contratación como personal propio

La plantilla de 38 acomodadores del Auditorio y las 42 trabajadoras de sala del Gran Teatro del Liceo firmaron un acuerdo el miércoles 1 de julio que puso fin a la huelga que mantenían desde hacía 63 y 27 días respectivamente.

Con este pacto, que se firmó en el Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat, ambas instituciones culturales y Manpower Group Solutions, la empresa subcontratada para gestionar el servicio, ceden a buena parte de las demandas que planteaban las trabajadoras: el aumento del 27% del precio por hora -una mejora que se ajusta a lo estipulado en el convenio de locales y espectáculos-; un incremento del número de efectivos para cada servicio, y el aumento de las horas mínimas para espectáculo (cinco, cuatro o tres dependiendo del tipo de concierto).

También ha sido vuelta a contratar la trabajadora del Auditorio que había sido despedida poco antes del inicio de la huelga. El acuerdo implica el compromiso de mantener estas condiciones al menos las próximas cuatro licitaciones del servicio.

En el caso del personal de sala del Liceo, el acuerdo marca un aumento de su salario a 9,20 euros por hora (dos euros más que antes) y han pasado a tener un contrato fijo-discontinuo con Manpower, que sustituye el contrato de obra y servicio anterior.

«No tenía ningún sentido la situación anterior, ya que éramos personas que trabajábamos durante años en el teatro de manera fija», explica Marta Martín, una de las acomodadores del teatro, «Es un acuerdo muy positivo, nos aceptan casi todas nuestras propuestas», añade.

Una de las propuestas, sin embargo, no fue aceptada: las trabajadoras seguirán manteniendo contrato con Manpower y no pasarán a ser personal propio del centro, una de las reivindicaciones principales que se ponían en la mesa de negociación.

«No hemos conseguido esta demanda, pero no por haber llegado a este acuerdo dejaremos de trabajar para reivindicarla», afirma Esther Fernández, una de las acomodadores, hasta hace poco en huelga, del Auditorio.

«Nos gustaría seguir movilizadas denunciando la práctica de la subcontratación a los equipamientos culturales y esperamos que más adelante subimos conseguir ser contratadas como personal propio. Quizás si todas las trabajadoras de los equipamientos culturales tomamos conciencia col • lectiva y trabajamos juntas podemos

El Ayuntamiento de Barcelona no se presenta en la negociación

Las trabajadoras habían pedido públicamente y formalmente por carta al nuevo gobierno municipal de Barcelona y la alcaldesa Ada Colau que interviniera en la negociación para desatascarla.

Finalmente, ningún miembro del consistorio acudió a la mesa de negociación, ni envió ningún comunicado a las trabajadoras.

Sí reunirse con las direcciones del Auditorio y el Liceo una semana antes del pacto, una reunión que algunas de las trabajadoras creen que puede haber influido en el contenido de la propuesta final del acuerdo.

El Ayuntamiento también ha ratificado en su cargo al gerente del Auditorio, Valentín Oviedo.

Las huelguistas pedían su dimisión por ser el responsable de que el Auditorio vulnerara durante semanas su derecho a huelga contratando personal extra de seguridad para realizar sus tareas, lo que propició que el Juzgado Social número 9 de Barcelona obligara a cerrar el centro y cancelar la programación como medida cautelar.

La mayoría de acomodadores de ambos centros incorporarán la próxima temporada en el trabajo. «Veremos cómo se inicia el nuevo curso, esperamos que sin problemas ni represalias», afirma Fernández. «Este era uno de los puntos que estaban marcados en el acuerdo, pero tendremos que estar alerta», añade.

Contagio a otros equipamientos

La huelga de # incomodados (así se auto-denominaban) ha tenido un fuerte eco social y mediático y ha propiciado que otras trabajadoras de otros centros culturales de Barcelona subcontratadas en condiciones precarias empiecen a movilizarse ya tejer redes.

Se ha celebrado una primera reunión con trabajadoras de diversos equipamientos culturales de la ciudad para conocerse y poner en común sus situaciones laborales. Más adelante, plantean trazar líneas de actuación comunes.

Un proyecto aún embrionario pero que, según una de las trabajadoras que participan, «puede servir para luchar juntas, empoderarnos y denunciar la precariedad laboral que sufrimos las trabajadoras de estos

CUATRO DESPIDOS MÁS EN EL AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS

Un electricista, un fontanero, un maquinista y el encargado del cementerio se suman a las seis limpiadoras despedidas el primer día de la nueva corporación

La exalcaldesa de Campillo de Arenas, Lourdes Chica (IU), denuncia cuatro despidos más en el Ayuntamiento, «padres de familia» que han perdido su trabajo tras el cambio de Corporación.

Se trata de un electricista, un fontanero, un encargado del cementerio y un maquinista, que se suman a las seis limpiadoras que fueron despedidas en el primer día laboral de mandato de la nueva Corporación municipal.

El alcalde ya explicó que había encontrado contratos firmados tras las elecciones

El nuevo alcalde, Juan Francisco Figueroa (PSOE) ya indicó a poco de llegar al cargo que se había encontrado contratos firmados por la anterior alcaldesa en el mes de junio, cuando ya estaba en funciones, tras perder las elecciones.

Contratos de seis meses.

Ocurría que se había doblado prácticamente la plantilla de limpiadoras, de 7 a 13, «un número excesivo para una población de 1.900 habitantes».

Figueroa explicó que al llegar a la alcaldía encontró que el 1 de junio se habían firmado además de los contratos de las limpiadoras otros, entre los que citó músicos para una escuela, y otro de un técnico electricista, «aparentemente sin proceso selectivo». Se anunció entonces que se iban a revisar las contrataciones efectuadas.

El alcalde aseguraba que se ha encontrado un ayuntamiento en quiebra técnica, con los empleados sin cobrar tres meses ya, y que se hará una auditoría para conocer las cuentas reales y dónde ha ido el dinero. Y afirma que el ayuntamiento no puede estar más endeudado, por lo que no considera lógico el aumento de la masa salarial que se había detectado.

GANEMOS SALAMANCA MUESTRA SU APOYO A LOS TRABAJADORES DE ITEVELESA

Exigen a la Junta y el Ayuntamiento de Salamanca que medien en el conflicto.

Los representantes de los trabajadores de la empresa Itevelesa, después de una reunión mantenida con la Dirección de Industria y Empleo de Junta de Castilla y León, y una vez observada la pasividad de la Administración en este conflicto, se han  encerrado en  la Agencia de Desarrollo Económico  de la Junta de Castilla y León.

La situación  de los trabajadores de Itevelsa «es crítica», según Ganemos Salamanca. «Se han producido cuatro despidos y la empresa anuncia la posibilidad de otros 21 despidos más. El bloqueo en la negociación del convenio  es el motivo principal del conflicto.

La empresa ha querido utilizar la negociación del nuevo convenio colectivo para recortar derechos laborales a las y los trabajadores sin justificación reconocida», añaden desde la agrupación de electores.

«La pasividad de la empresa y de la Administración supone un perjuicio grave  para los  usuarios. Podemos afirmar, que en la actualidad en nuestra provincia hay en torno  a  9.000 vehículos que podrían estar circulando de manera ilegal por no tener pasada la ITV.

Esta situación, es conocida y permitida por  nuestra administración local, encabezada por el Partido Popular», aseguran.

Ganemos Salamanca considera que un servicio «de carácter público, como es la inspección técnica de vehículos, debe ser garantizado por las administraciones y que  el papel de estas es mediar para solucionar el conflicto cuanto antes».

Añade, además, «que este conflicto es consecuencia de la política radical de privatización de los servicios públicos llevada a cabo por el gobierno del PP en la Junta de Castilla y León, poniendo, en este caso, en grave riesgo la seguridad vial de la ciudadanía. Ganemos Salamanca seguiremos defendiendo lo común y la gestión pública de los servicios públicos».

«El gobierno del Partido Popular de Salamanca no debería lavarse las manos. Proponemos que el Ayuntamiento de Salamanca, en su papel institucional y el equipo de Gobierno debe exigir que se resuelva el conflicto inmediatamente en beneficio de las y los salmantinos de nuestra ciudad y también en apoyo a los trabajadores y trabajadoras  adscritos a los centros de trabajo de Salamanca», piden.

UNIÓN SINDICAL BARREÑA (USB) SE CONCENTRA EN LOS BARRIOS TRAS 58 NÓMINAS PENDIENTES DE ABONO

Unión Sindical Barreña se ha concentrado como medida de protesta por el impago de 58 nóminas a los empleados que trabajan a turnos.

«Es un escándalo que el alcalde y concejales se aprueben una subida salarial de un 33% y un 36% y que no se pague a los empleados que trabajan a turnos.

La deuda sigue subiendo y se han acumulado alrededor de 16.000 euros brutos por trabajador, dado que son más de cuatro años los que han pasado sin abonarse el factor de turnicidad a los trabajadores, a pesar de la condena firme que ha impuesto al Ayuntamiento el poder judicial.

No hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague, por lo que no entendemos la tozudez del alcalde el cual sigue empecinado en “echar balones fuera”, a sabiendas de que más pronto que tarde tendrá que obedecer a la justicia, argumenta Pérez, presidente de Unión Sindical Barreña», indicaron en una nota.

Las privatizaciones y los despidos ilegales es otro de los asuntos que USB ha explicado a los vecinos del pueblo. En cuanto a las privatizaciones existen estudios que demuestran que son mucho más caras que prestar el servicio directamente desde el Ayuntamiento.

Respecto a los despidos ilegales «son un tremendo error que pesa sobre la gestión del Alcalde andalucista Jorge Romero (PA), un grave error que se llama: “diez millones de euros” y que el autor de los hechos eludirá sus responsabilidad y “se irá de rositas”, dado que el coste se pagará de las arcas municipales».

Advierten que «os ciudadanos barreños pagarán el doble por la prestación de los servicios públicos. Una vez que se ejecuten las sentencias de los trabajadores despedidos ilegalmente, el Ayuntamiento tendrá que pagar por los salarios de tramitación y además por los gastos de los servicios que se llevan a cabo por empresas privadas».

Raimundo Pérez afirma que: “Respecto a la subida desproporcionada de los sueldos del alcalde y los concejales, desde USB entendemos que contraviene las medidas recogidas en el plan de ajuste aprobado en la sesión plenaria del 24 de marzo de 2014, ya que en el apartado de gastos, respecto de las medidas recogidas para el año 2015, se contempla una reducción del Capítulo I (Gastos de Personal) y con el aumento del gasto político se ha hecho todo lo contrario, aumentarlo.

Estudiaremos si se ajusta a derecho la subida desproporcionada de los emolumentos del Alcalde y los concejales de la corporación y si estos hechos se han puesto en conocimiento del Ministerio de Hacienda”.

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