Boletín de Luchas Obreras (8 de Noviembre de 2015)

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ÍNDICE:

  • 6 PRÁCTICAS HABITUALES DE FRAUDE EN EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL
  • USO DENUNCIA DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN ECOPETROL
  • LOS TRABAJADORES DE EULEN TELEMARKETING INICIAN UNA HUELGA
  • EL SUMMA VA A LA HUELGA
  • [MADRID] CHARLA INFORMATIVA LIBERTAD HUELGUISTAS 29-M. LA HUELGA QUE QUEREMOS
  • SANTIAGO DÍAZ PRESENTA OTRO ERE EN ASCÁN QUE AFECTA A 92 TRABAJADORES
  • EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA (TSJA) CENSURA LA ‘FALTA DE CONTROL’ Y LOS ALTOS SUELDOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES
  • EL CSI-F DENUNCIA LOS DESPIDOS EN VIMIANZO Y EL ALCALDE LOS JUSTIFICA POR RACIONALIDAD
  • LA PRODUCTORA CENTRAL BROADCASTER MEDIA (CBM) EXPLICA LAS RAZONES DE LOS DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES DE TG7
  • TRABAJADORES DE AERNNOVA CORTAN LA CARRETERA PARA DENUNCIAR LOS DESPIDOS
  • CC.OO. DICE QUE EL GOBIERNO HA CREADO UNA COMISIÓN PARA REFORMAR LA REGULACIÓN DE LOS DESPIDOS
  • LA JUSTICIA ELEVA EL COSTE POR DESPIDO EN EL ERE DEL METRO DE MADRID
  • EL SOMA DENUNCIA LA «SITUACIÓN INSOSTENIBLE» DE LAS EMPRESAS MINERAS QUE PRESAGIA SU CIERRE
  • ASESORES DE EMPLEO PIDEN SU READMISIÓN EN EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)
  • LOS TRIBUNALES DECLARAN IMPROCEDENTES LOS DESPIDOS DEL ERE DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA

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6 PRÁCTICAS HABITUALES DE FRAUDE EN EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL

Alejandro García – Letrado Laboralista

Si bien es cierto que judicialmente se puede demandar ante dichos hechos y exigir compensación por los ilícitos mencionados, esta situación viene provocada por una defectuosa legislación sobre la materia.

Con la cuenta atrás previa a las elecciones generales de 2015, los políticos se apresuran a trabajar sus programas electorales, ofreciendo desde despidos libres, contratos únicos, rentas básicas… Todos aseguran conocer la solución al problema de trabajo en este país, estar perfectamente asesorados, y actuar en defensa de los intereses comunes.

Pero los resultados de los diferentes gobiernos hasta día de hoy no son esperanzadores. El Partido Popular que se anunciaba como un auténtico elixir “salva-patrias” ante la crisis, pero tras 4 años de legislatura solo ha consolidado una cifra de parados elevadísima, puestos de trabajo precarios y temporales, el abaratamiento del despido, etc. Con ello el PP asesta un duro golpe a las políticas de contratación indefinida y de calidad.

Mientras todos estos hechos se suceden, se viene cocinado un caldo de cultivo perfecto para la práctica de fraude en el mercado de trabajo. Nos encontramos ilícitos muy frecuentemente, y de muy diversa naturaleza:

– Falsos autónomos

– evicción de los convenios colectivos

– cesiones ilegales

– despidos amparados en la reforma laboral

– falsos contratos de temporalidad

– no reconocimiento de la categoría profesional

– falsas prácticas.

Seguidamente extendemos y ampliamos información de los fraudes mencionados:

1.- FALSO AUTÓNOMO

Son trabajadores por cuenta ajena forzados a hacerse autónomos para que el empleador fáctico se ahorre dinero en el pago salarios, evite riesgos derivados de tener un trabajador a cargo y las burocracias que se derivan.

Si un autónomo tiene un único pagador, utiliza materiales ajenos para desempeñar sus funciones, no tiene decisión sobre los frutos de su trabajo, no puede establecer sus honorarios, tiene un pago regular, y en definitiva tiene cierta dependencia, no merece la consideración de empresario autónomo, se trataría de un trabajador por cuenta ajena encuadrado en la figura de un falso autónomo. Este tipo de figura se suele encontrar en despachos profesionales, transportistas, vendedores, comerciales, etc.

2.-

  1. A) EVICCIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS:

Mediante la subrogación de servicios propios e inherentes a la actividad de una empresa, en muchos casos se ven burlados los convenios colectivos, habida cuenta que existen empresas de prestación de servicios con convenios colectivos propios y con condiciones más precarias, diseñadas exclusivamente para que las empresas principales externalicen sus servicios subcontratando a estas segundas, que a efectos prácticos ofrecen la evicción de ciertas responsabilidades empresariales, abaratamiento del coste. Ejemplos: Servicio de limpieza en un hotel.

  1. B) CESIÓN ILEGAL:

En España está prohibido contratar a un trabajador con el único objeto de que trabaje para otro empleador (a excepción de ETTs). Pues bien, existe un fino hilo ente la subcontratación y la cesión ilegal. Para que exista la cesión ilegal a día de hoy deben concurrir ciertas características. El trabajador perteneciente a una subcontrata que esté trabajando fuera de su centro de trabajo ha de hacerlo bajo órdenes directas y precisas de su empleador, con el material y normativa de la empresa que le contrató, debe existir una relación real con el empresario formal.

3.- DESPIDOS AMPARADOS EN LA REFORMA LABORAL:

Desde que se han difuminado las líneas de la improcedencia, de las causas objetivas, técnicas y de producción, eliminado salarios de trámite, y abaratado el despido, se ha desatado un espiral de posibilidades que han propiciado un incremento en el fraude habida cuenta de la falta de conocimiento de la ciudadanía sobre la legalidad vigente, se ha acontecido un verdadero coladero de nuevas tipologías de disfrazar los despidos.

4.- FALSOS CONTRATOS DE TEMPORALES:

Todo contrato debe tener debidamente justificada su temporalidad, si se trata de un puesto estructural y constante la empresa estaría quebrando esa justificación. A la práctica, y debido al tipo reducido de la indemnización, se realiza frecuentemente fraude en la contratación temporal.

5.- CATEGORÍA PROFESIONAL INFERIOR:

Esta práctica está muy generalizada. Se trata de asignar una categoría inferior al trabajador de la que realmente le es propia. Ejemplo: Un “cocinero” que cobra como “ayudante de cocina”, “camarero” que cobra como “ayudante de camarero”, etc.

6.-FALSAS PRÁCTICAS:

Las empresas contratan a estudiantes mediante convenios de colaboración bajo una apariencia de formación, todo ello a muy bajo coste. La realidad de este ilícito nace cuando la verdadera causa motivadora de la voluntad de celebrar un contrato de prácticas reside en cubrir un puesto estructural, y no el de formar a un estudiante.

Todo ello no es sino la punta del iceberg de una caótica legislación laboral. Si bien es cierto que judicialmente se puede demandar ante dichos hechos y exigir compensación por los ilícitos mencionados, no obstante esta situación viene provocada por una defectuosa legislación sobre la materia, y no se entiende como el debate sobre estas contingencias no se ha elevado todavía a las altas elites políticas, ni se están buscando soluciones eficaces a problemas tan habituales.

USO DENUNCIA DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN ECOPETROL

https://www.youtube.com/watch?v=SlKH6c_CdA4&feature=player_embedded

LOS TRABAJADORES DE EULEN TELEMARKETING INICIAN UNA HUELGA

Barcelona

La contrata despedirá a 362 personas tras perder el servicio de Endesa

Los trabajadores de Eulen Telemarketing han comenzado una huelga indefinida en protesta contra el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa de servicios para despedir a 362 personas. Los sindicatos han asegurado que el 80% de la plantilla sigue el paro, mientras que la compañía ha optado por no hacer declaraciones.

El ERE afecta a los empleados que prestaban servicios para Endesa a través de un contrato que acaba el 30 de noviembre y que no será renovado, ya que la eléctrica ha adjudicado la atención telefónica y gestión de nuevos suministros a Atento.

Más de 200 trabajadores se han manifestado ante el Departamento de Empresa y Empleo. La huelga ha sido convocada por los sindicatos Solidaridad Obrera y el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (STC), aunque cuenta con el apoyo del comité de empresa.

«Los profesionales del telemarketing y call centers viven permanentemente bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo y ligados a contratos de obra y servicio que no ofrecen ninguna estabilidad», ha lamentado Albert Vallribera, del bufete de abogados que representa a los sindicatos convocantes de la huelga, el Col•lectiu Ronda.

El contrato entre Eulen y Endesa no contempla la subrogación de los empleados, por lo que la primera ha ofrecido a algunos de los afectados plazas en otros servicios de la contrata. Pero fuentes sindicales denuncian que los puestos ofrecidos son muy diferentes y que requieren formación que no tienen, como la de jardineros o guardias de seguridad. El periodo de negociaciones acaba EN BREVE.

EL SUMMA VA A LA HUELGA

Tras esperar sin éxito una respuesta del consejero de Sanidad, convocan seis días de huelga en noviembre y diciembre

Hace un par de meses los trabajadores del SUMMA, que han creado su propio sindicato summAT, se reunieron con el consejero, Jesús Sánchez Martos, con el Director General de Recursos Humanos, Pablo Calvo, y con el gerente del SUMMA para explicarles las carencias con las que trabajan, que según advierten, afectan ya a la atención que dan a los pacientes con dolencias urgentes.

Sánchez Martos se comprometió a responderles en un plazo breve pero hasta el momento no lo ha hecho, por lo que los trabajadores han convocado esta huelga para los días 20, 21 y 22 de noviembre y 11, 12 y 13 de diciembre.

La Consejería defiende su posición al entender que SummAT no se presentó a las elecciones sindicales y que por tanto no son representantes del sindicato en la mesa sectorial. La razón fundamental es que hasta pasadas las elecciones sindicales, los 1.600 trabajadores del SUMMA no habían constituido el sindicato como tal.

Dicen que no pueden seguir trabajando en estas condiciones laborales, que afectan de forma directa a los pacientes que necesitan atención urgente, su portavoz, Nicolas Riera, advierte de que en algunos casos de dolencias agudas, el tiempo de atención es fundamental y que ahora mismo es algo que a ellos les falta ya que en ocasiones no tienen tiempo para revisar las ambulancias antes de salir a una emergencia.

A esto se le suma otro factor, la consejería sigue realizando contratos por días, algo poco lógico, teniendo en cuenta que es personal que debería contar con cierta especialización.

[MADRID] CHARLA INFORMATIVA LIBERTAD HUELGUISTAS 29-M. LA HUELGA QUE QUEREMOS

El pasado 29 de marzo de 2012 tuvo lugar una huelga general en todo el estado español en respuesta a la reforma laboral impulsada ese mismo año por el gobierno y la patronal.

En Barcelona se organizaron numerosos piquetes al margen de los sindicatos pactistas (CCOO y UGT) que prácticamente paralizaron algunos barrios, así como una gran manifestación por la tarde, en la que confluyeron multitud de luchas y asambleas libertarias, y que mantuvo un tono especialmente contundente.

El resultado fue una jornada de lucha que desbordó el inmovilismo de los sindicatos oficiales y que puso de manifiesto la capacidad de respuesta de la Barcelona anticapitalista y revolucionaria.

Sin embargo, en el propio transcurso de la huelga, los políticos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, de la mano de los grandes medios de comunicación, se afanaron en condenar y criminalizar las protestas.

Tildaron de violentos y antisistema a los participantes que optaron por mantenerse al margen de CCOO, UGT y otros sindicatos que, recordemos, utilizaban ese día como excusa para legitimar su estatus de subvenciones y privilegios dentro del movimiento obrero. En esta línea, la represión no se hizo esperar, y a las personas detenidas el propio día 29 se sumaron a posteriori muchas más, resultado de las investigaciones de la Brigada de Información de los Mossos d’Esquadra.

Uno de los detenidos es miembro de Acció Llibertària de Sants y de la CNT-AIT de Barcelona. Está acusado de daños y desórdenes públicos, y se le pide una pena de prisión de cinco años, más el pago conjunto, con otro compañero detenido, de 8500 euros a El Corte Inglés en concepto de responsabilidad civil. Desde ambas organizaciones hemos decidido lanzar una campaña a raíz de este caso con los siguientes objetivos:

  1. Evidenciar la represión y persecución a las personas que participaron de forma activa en la huelga general, las cuales están siendo sometidas a juicios penales con peticiones de prisión y multas desorbitadas.

En esta persecución tomaron especial parte la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de sus representantes políticos y sus cuerpos policiales, que llegaron a decir que los huelguistas éramos “ratas que nos escondíamos en cuevas y en cloacas”. Queremos evidenciar la función represiva de estas instituciones, independientemente de quien las gobierne.

  1. Señalar empresas como El Corte Inglés, que no contentos con generar condiciones laborales miserables, pretenden participar en el castigo a los que se rebelan contra ellas. En el caso de nuestro compañero junto a otro detenido se les exige el pago de 8500 euros, como reparación del supuesto daño que causaron a la empresa.

Por supuesto nos hemos negado a pagar tal concepto. En este sentido, hemos elaborado una campaña de boicot a El Corte Inglés para que se conozca la realidad laboral de esta empresa así como para exigirles que renuncien al cobro de la responsabilidad civil impuesta a los huelguistas.

  1. Generar un debate sobre el modo en que los movimientos revolucionarios afrontamos los procesos penales. Desde nuestro punto de vista debemos apostar más por asumir las consecuencias represivas de nuestra acción de una forma colectiva, no generando grupos de apoyo individuales.

En esta línea, creemos que son las organizaciones y asambleas quienes deben marcar la línea política de las acciones antirrepresivas, y como consecuencia debemos mantener unos mínimos de coherencia a la hora de enfrentarnos a un juzgado al cual, como anarquistas que somos, no otorgamos ningún tipo de legitimidad.

  1. Por último, nos gustaría reivindicar la huelga como herramienta de lucha esencialmente confrontativa. Ante la criminalización, la represión y los intentos por parte de algunas organizaciones de convertir la huelga en una mera reivindicación pacífica e inocua, nosotros queremos reivindicar los piquetes, los sabotajes, los cortes de carretera, la paralización de las ciudades, y, a fin de cuentas, la lucha, como el verdadero sentido irrenunciable de cualquier día de huelga.

Sin más que añadir, desear que la campaña que estamos realizando sea de provecho a las personas dignas y luchadoras, y anime a más gente a salir a la calle y a organizarse en el trabajo. A ver si para la próxima huelga general conseguimos que el capitalismo tiemble.

SANTIAGO DÍAZ PRESENTA OTRO ERE EN ASCÁN QUE AFECTA A 92 TRABAJADORES

De los 92 trabajadores afectados por esta medida, a 78 se les aplica un expediente de extinción de su puesto de trabajo y a 14 un ERE de suspensión

La empresa Ascan -integrada en el grupo Sadisa que preside el empresario-constructor, Santiago Díaz Díaz- ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 92 de sus casi 400 trabajadores ante la «falta de obra» que tiene la firma, según han explicado fuentes de la constructora.

De los 92 trabajadores afectados por esta medida, a 78 se les aplica un expediente de extinción de su puesto de trabajo y a 14 un ERE de suspensión, lo que supone que su empleo depende de si vuelve a haber obra contratada.

Este es el segundo expediente de regulación de empleo que presenta Ascan, que en diciembre de 2012 también registró en la Dirección General de Trabajo un expediente de suspensión de contratos, por un máximo de 240 días, que afectaba a 102 trabajadores.

Ascan es la constructora del grupo Sadisa que preside uno de los hijos de Santiago Díaz, dedicada a la construcción y a los servicios.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA (TSJA) CENSURA LA ‘FALTA DE CONTROL’ Y LOS ALTOS SUELDOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES

María Rionegro – Sevilla

En una sentencia sobre Sevilla Global

Trabajadores de Sevilla Global protestan a las puertas del Ayuntamiento en 2012 ->

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El Ayuntamiento ‘permite’ convenios con salarios superiores a los del personal público y ‘elude’ los límites presupuestarios

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto bajo la lupa la gestión de las empresas del Ayuntamiento de Sevilla y la conclusión es desoladora: falta de control y nóminas abultadas.

Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Sevilla Global, que una vez desaparecida y tras la aplicación de dos expedientes de regulación de empleo (ERE) va a dejar una cuantiosa factura por las indemnizaciones que hay que pagar a los trabajadores despedidos en el primer ERE, que fue anulado por los tribunales.

Los magistrados de la Sala de lo Social del TSJA señalan al Ayuntamiento como responsable del descontrol, en general, en las empresas municipales. En sus críticas, los jueces no apuntan a los posibles ‘culpables’ de esta situación, pero lo cierto es que los últimos años del gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) en coalición con IU se caracterizaron por los excesos en sociedades como Sevilla Global y la Fundación DeSevilla -ambas liquidadas-, que contaban con plantillas desproporcionadas y generaban un alto coste de personal.

La sentencia que anuló el primer ERE de Sevilla Global declaraba el derecho de sus empleados afectados a reincorporarse a su puesto de trabajo y condenaba al Ayuntamiento de Sevilla a abonar los salarios de tramitación.

Los servicios jurídicos municipales recurrieron este fallo judicial con el fin de que estos trabajadores despedidos cobraran esas indemnizaciones en función del convenio colectivo del personal laboral del Consistorio y no del suscrito en la propia sociedad pública. El TSJA, sin embargo, ha rechazado este argumento.

En una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico que resuelve el caso concreto de una ex trabajadora de Sevilla Global, los jueces sostienen que «la actora debe ser compensada con el abono de los salarios en el importe que percibía en la fecha del despido». Esto es a razón de 70,05 euros diarios, frente a los 63,90 euros diarios que recoge el convenio colectivo del Ayuntamiento.

A este respecto, el Alto Tribunal explica que si esta empleada tenía un salario superior a los que pagaba el Consistorio a una trabajadora de similar categoría profesional, «es debido a la falta de control del ente municipal sobre las sociedades y empresas que creaba y financiaba pagando en última instancia la mayor parte del salario de los trabajadores, permitiéndoles pactar convenios colectivos en los que se fijaba salario superiores al del personal municipal y eludiendo los límites presupuestarios de carácter general».

Este fallo judicial supone el primer pronunciamiento del TSJA entre todos los recursos presentados por las cantidades a pagar a cada uno de los 43 despedidos de Sevilla Global. Si el resto de sentencias fueran en la misma línea, la factura en salarios de tramitación se disparará, ya que a día de hoy no se ha pagado ni un solo euro y se les adeuda los sueldos de doce meses.

El recorrido judicial de Sevilla Global dura ya tres años. El primer ERE, que afectó a 43 empleados, se materializó en noviembre de 2012, pero meses después fue anulado por el TSJA ante el «cúmulo de irregularidades en el proceso negociador».

El Alto Tribunal andaluz censuraba, por ejemplo, que la empresa reservase 1,44 millones de euros para las indemnizaciones por despido y, al mismo tiempo, contabilizase esta detracción económica para defender el deterioro de sus cuentas de cara a la causa de disolución. El TSJA, además, atribuyó a Sevilla Global y al Ayuntamiento «mala fe».

Ante esta sentencia, de mayo de 2013, los empleados fueron readmitidos -aunque se les obligó a coger vacaciones- mientras el gobierno de Juan Ignacio Zoido tramitaba el segundo ERE subsanando todos esas cuestiones. Y así ocurrió: Sevilla Global ejecutó ese segundo expediente de regulación de empleo y el TSJA lo ha avalado.

En esta segunda ocasión, los magistrados reconocieron, entre otros aspectos, que la empresa municipal «no cumplía con la estabilidad presupuestaria, era deficitaria» y necesitaba de «financiación externa» para poder subsistir.

El fallo desmontó la teoría de los trabajadores de que Sevilla Global actuó con «abuso de derecho» y «fraude» durante el periodo de consultas previo a la aplicación del ERE. Dice el TSJA que «no se aprecia» nada de ello, pues se celebraron siete reuniones en las que se «negoció de buena fe (…), habiéndose presentado medidas de acompañamiento y propuestas de acuerdo y, en modo alguno, se ha producido una conducta abusiva ni fraudulenta por las entidades demandadas».

Los jueces de la Sala de lo Social tampoco consideraron que desde la administración local se vulnerara el principio de igualdad de los empleados de Sevilla Global y, a su juicio, éstos «no han acreditado la existencia de ningún indicio de discriminación».

Los ex empleados no se dieron por vencidos y recurrieron ante el Tribunal Supremo, aunque, una vez más, sus expectativas se han visto frustradas. El Supremo también avala en ERE.

Dos ERE, dos sentencias

El primero, anulado. El primer expediente de regulación de empleo (ERE) fue declarado nulo por el TSJA en mayo de 2013 y condenó al Ayuntamiento a readmitir a los 43 despedidos y a pagarles los salarios de tramitación. El segundo, legal.

El entonces gobierno de Juan Ignacio Zoido dio vacaciones a estos empleados mientras preparaba el segundo ERE que ya afectó a la toda la plantilla (52 personas). Ha sido avalado por el TSJA y por el Tribunal Supremo Cierre de Sevilla Global. La empresa, que fue creada en 2005, se vio abocada a su desaparición como un requisito obligatorio para que el Ayuntamiento pudiera acogerse al plan de pago a proveedores. También cerró Giralda Televisión.

EL CSI-F DENUNCIA LOS DESPIDOS EN VIMIANZO Y EL ALCALDE LOS JUSTIFICA POR RACIONALIDAD

Para el sindicato, no hay ni motivos organizativos ni económicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) denuncia que en el plazo de un mes el Concello de Vimianzo ha despedido a una animadora cultural que llevaba trabajando alrededor de 15 años, una psicóloga que llevaba casi ocho y ha externalizado el servicio de deportes en el que había personal municipal trabajando al que «no se le respetaron sus derechos».

El sindicato asegura que estos despidos no están justificados ni por «causas organizativas ni económicas» más cuando los afectados llevan muchos años ejerciendo su labor sin que este alcalde ni el anterior «hubieran manifestado la más mínima queja sobre los mismos».

Desde la CSI-F se pregunta «cómo es posible que algunos partidos que siempre han reivindicado el empleo público […] hagan todo lo contrario y se aprovechen de la legislación laboral que tanto critican».

Por contra, el alcalde, Manuel Antelo, destaca que se trata de profesionales que accedieron a sus puestos con el anterior gobierno de manera «irregular» y en «desigualdades de oportunidades». De ahí que, «aínda que non sexan decisión fáciles no persoal e no sentimental», él se declara obligado a hacer «un uso racional dos recursos» y no despilfarrar el dinero público. Más en puestos que no tienen carga de trabajo, que hay que buscársela para justificar un salario o que se solapan con otros.

De ahí que califique de «falsedades» lo que dice el sindicado y lo califique como «un brazo político máis» al servicio de los opositores.

LA PRODUCTORA CENTRAL BROADCASTER MEDIA (CBM) EXPLICA LAS RAZONES DE LOS DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES DE TG7

Dirección de Comunicación de CBM

CBM explica las razones de los despidos de los trabajadores de TG7 Francisco Ledesma y Jorge Rodriguez, actuales responsables de TG7

La compañía emite un comunicado en el que reconoce que se ha visto obligada a extinguir los puestos de trabajo, toda vez que el Ayuntamiento habría rechazado «un periodo de transición hasta la nueva licitación, con objeto de darle continuidad a los puestos de trabajo hasta esa fecha», prevista dentro de cuatro meses

La productora CBM ha enviado un comunicado donde da su versión de los hechos denunciados por los trabajadores despedidos que prestaban servicio en TG7, que se reproduce íntegro a continuación:

Central Broadcaster Media (CBM) quiere manifestar que, a partir del 6 de noviembre de 2015, queda fijada la extinción del contrato del Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada para la prestación de servicios a la televisión municipal TG7 (producción de eventos informativos y programas especiales).

CBM hizo una propuesta formal al consistorio para establecer un periodo de transición hasta la nueva licitación con el objetivo de darle continuidad a los puestos de trabajo hasta esa fecha. Una vez tomada la decisión por el Ayuntamiento de rechazar esta propuesta y en base a lo aprobado por la Junta de Gobierno local sobre la intención por parte del Ayuntamiento de subrogación del personal afecto al mismo, CBM solo puede proceder a la liquidación del personal en los términos estrictamente legales aplicables y conforme al Estatuto de los Trabajadores.

CBM se ha regido en todo momento por el principio de estabilidad en el empleo, consagrado en el Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y en abundantes pronunciamientos judiciales. La forma de actuar de la compañía ha sido la adecuada y habitual que se da en los casos de sucesión de contratas de esta naturaleza, respaldada más aun cuando por parte del órgano contratante se hace mención expresa de la voluntad de que exista una subrogación de personal.

CBM ha actuado con escrupuloso respeto de la normativa laboral y cumpliendo con las obligaciones que se deducen de su obligación de empleador y de empresa prestadora de servicios CBM, en la última reunión que mantuvo con los trabajadores, les comunicó la posibilidad de integrarse de forma prioritaria en la bolsa de trabajo de la compañía para que, según vayan surgiendo vacantes laborales de la compañía en todo el territorio nacional, puedan optar a las mismas.

TRABAJADORES DE AERNNOVA CORTAN LA CARRETERA PARA DENUNCIAR LOS DESPIDOS

https://www.youtube.com/watch?v=MHri9Orv1uo&feature=player_embedded

Trabajadores de Aernnova han cortado con una pancarta la carretera N124, que une Vitoria con La Rioja Alavesa. El corte se ha producido en Berantevilla poco después de las 8 de la mañana, y apenas ha tenido incidencia en el tráfico.

La actuación buscaba denunciar los más de 130 despidos que Aernnova pretende realizar en la planta ubicada junto a esta carretera. Precisamente ahora la empresa ha notificado oficialmente el ERE que contempla la extinción de 133 puestos de trabajo. Ahora arranca el periodo de consultas, aunque los trabajadores no están de acuerdo en unos despidos que, aseguran, sólo buscan la deslocalización de la producción.

En cuanto al corte de la vía el mensaje de la pancarta era claro: “Aernnovan despidorik ez”. Junto a la pancarta había también un muñeco vestido con ropa de trabajo.

El momento ha sido recogido por la emisora Hala Bedi y ha provocado una interrupción momentánea de la vía, pero que no ha causado problemas. La vía soporta un tráfico de 15.000 vehículos al día.

CC.OO. DICE QUE EL GOBIERNO HA CREADO UNA COMISIÓN PARA REFORMAR LA REGULACIÓN DE LOS DESPIDOS

Madrid (Europa Press)

CC.OO. asegura que el Ministerio de Justicia ha creado una comisión para reformar la regulación de los despidos individuales y colectivos, que estará presidida por Juan Antonio Sagardoy, presidente de honor del bufete de abogados homónimo desde el que se dio forma al corpus de la reforma laboral de 2012.

Fuentes del Ministerio de Empleo consultadas por Europa Press desmienten la creación de dicha Comisión, mientras que el sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo apunta que esta revisión legislativa irá acompañada de una modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

El secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, ha indicado a Europa Press que esta comisión persigue clarificar, antes de la llegada de un nuevo Gobierno, la normativa sobre despidos, a la vista de que los tribunales han venido frenando en múltiples ocasiones, en muchos casos por cuestiones formales, procesos de despidos que se amparaban en la última reforma laboral. «Lo quieren dejar bien atado», ha dicho.

«Estamos ante un golpe de mano institucional para reformar la reforma y someter el derecho laboral y la jurisdicción social a los intereses de ‘lobbys’ y despachos privados, no ya ajenos, sino hostiles a los derechos de los trabajadores», ha añadido en un comunicado.

Para CC.OO., la decisión del Ministerio de Justicia supone de hecho «la privatización del método de elaboración de los cambios normativos, ignorando el debate público y la concertación social y poniendo procesos tan sensibles como los que afectan a los despidos individuales y colectivos al servicio de intereses privados y empresariales, abiertamente contrarios al derecho del trabajo».

Finalmente, Górriz señala que de ponerse en marcha esta comisión, el Gobierno habrá dado «un paso irreversible hacia la quiebra del diálogo social».

LA JUSTICIA ELEVA EL COSTE POR DESPIDO EN EL ERE DEL METRO DE MADRID

Seguridad Integral Canaria señala que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no anula los despidos, como así había anunciado CC.OO. de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado el coste por despidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado por Seguridad Integral Canaria (SIC) en sus trabajadores del Metro de Madrid, según señala la empresa canaria.

Así lo ha explicado la compañía después de que CC.OO. de Madrid asegurara en un comunidad que el TSJM había anulado el ERE y declaraba «no ajustado a derecho» el despido colectivo de 96 personas que la empresa presentó en mayo pasado y que justificaba por «causas organizativas y productivas» derivadas de su servicio de seguridad en Metro de Madrid.

Desde SIC aseguran que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el ERE no anula los despidos, sino que «sólo» eleva las indemnizaciones que corresponden a los afectados.

La compañía señala que la sentencia avala que «cumplió escrupulosamente con todos los requisitos formales del expediente y, además, acreditó en el procedimiento judicial su buena fe negociadora durante la tramitación del ERE».

Según la empresa, el fallo afecta a las indemnizaciones que corresponden a los despedidos, que pasan de ser de 20 días por año trabajado a 33 días por año de trabajo.

Además, anuncia que recurrirá ante el Tribunal Supremo, por entender que la Sala de lo Social del TSJM ha cometido «errores de apreciación en cuanto al número de efectivos necesario para la ejecución del servicio de seguridad en Metro de Madrid».

La compañía recalca que en caso de no estimarse sus argumentos, «el único efecto material de la resolución judicial sería el pago de la diferencia de indemnización de los 20 días por año de servicio ya abonados a los 33 días» e insiste en que «en absoluto el ERE ha sido anulado, sino que, por el contrario, han sido rechazadas todas las demandas de nulidad instadas por los sindicatos».

EL SOMA DENUNCIA LA «SITUACIÓN INSOSTENIBLE» DE LAS EMPRESAS MINERAS QUE PRESAGIA SU CIERRE

Delegados del sindicato en el suroccidente se reunieron con el eurodiputado Jonás Fernández y el alcalde de Cangas del Narcea

El secretario general del Soma-Fitag-UGT en el suroccidente, José Manuel Pedraza, advirtió de que la situación que atraviesa la minería en la región ha provocado ya despidos en las subcontratas que trabajan en las empresas de la comarca. Los miembros del sindicato se reunían en Cangas del Narcea con el eurodiputado socialista Jonás Fernández y el alcalde, el también socialista José Víctor Rodríguez, para analizar el contexto actual del sector.

«Estamos viviendo una situación crítica», apuntó Pedraza, quien señaló que el carbón que las centrales térmicas están comprando es «insuficiente para la supervivencia de las empresas». De no fijar un nuevo mecanismo de garantía de suministro, «nos podemos encontrar a principios del año que viene con empresas que van a ir al cierre inmediato».

1.200 trabajadores

Desde el sindicato explicaron que las tres empresas que operan en la comarca -Asturleonesa, Uminsa y Carbonar- «deben ir mirándolo todo mes a mes, subsistiendo como pueden con los cupos que las térmicas van cogiendo». Las ayudas a la minería, que están haciendo efectivas estos días, «son un balón de oxígeno» pero la situación «es insostenible sin un mecanismo que incentive el consumo de carbón nacional».

Sobre los despidos, que ya les constan en algunas subcontratas, apuntó que «es una sangría que irá a más si no hay solución en los próximos meses» y recordó que en el suroccidente hay unos 1.200 trabajadores de la minería, entre plantilla y subcontratas, «un volumen lo suficientemente importante como para que se tomen en serio los problemas del sector».

Por su parte, el eurodiputado Jonás Fernández indicó que en su recorrido por el suroccidente no podía faltar conocer de primera mano la situación de la minería. Así, explicó que están trabajando para desplazar el límite temporal de 2018 en el que la regulación europea permite las ayudas, «pero para eso necesitamos resolver los problemas a corto plazo».

Si no, añadió, «mi trabajo intentando buscar alianzas tanto en el Parlamento como en el Consejo para ver la manera de cambiar ese límite, puede ser infructuoso si, en 2018, no tenemos sector que defender». Por eso, exigió al Gobierno de España «que saque ya el real decreto y que asuma los compromisos que ha firmado».

También el alcalde cangués, José Víctor Rodríguez, destacó que la minería « supone una parte muy importante del PIB y del empleo del concejo». Desde el Ayuntamiento, «estamos con las familias mineras, apoyando sus reivindicaciones para que el sector esté vivo, y ya no en 2018, porque corre el riesgo de cierre en 2016».

ASESORES DE EMPLEO PIDEN SU READMISIÓN EN EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)

Europa Press

Un centenar de asesores de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de toda Andalucía se ha concentrado en las puertas del Parlamento de la Junta de Andalucía en Sevilla para pedir su reincorporación al SAE, ante lo que seguirán con las movilizaciones y remitirán a los partidos políticos una serie de documentación para «probar la desigualdad en el trato» al colectivo por parte de la Junta.

Fuentes del colectivo han indicado a Europa Press que a esta movilización acudieron asesores de todas las provincias, los cuales «siendo todos empleados públicos, están recibiendo un trato desigual entre sí, con resoluciones judiciales dispersas y diferentes unas de otras, y en relación con otros colectivos, que, sin ser empleados públicos, están siendo readmitidos en la Junta». «La Junta podría dar orden a sus servicios jurídicos y no recurrir, pero en unos casos lo hacen y en otros no», se lamentan.

Esta concentración se ha desarrollado sin incidentes y durante la misma, donde han estado apoyados por CCOO o CSIF, se han reunido con IU y con Podemos, para pedirles su apoyo. Los asesores remitirán la documentación «donde demostramos con datos todo lo que venimos denunciando».

Así, han criticado que «para otros colectivos, sin ser personal de la Junta, el Gobierno andaluz se está movilizando paras meterlos dentro, modificando el presupuesto con créditos extraordinarios para que colectivos destinados a la orientación entren en la Junta; pero a nosotros, que estábamos dentro, nos despidieron alegando que no había presupuesto y han contratado a personal sin formación; eso es un trato desigual y una injusticia laboral».

Considera que la situación de los asesores responde a una «decisión política», toda vez que «nosotros estamos en la misma situación que otros colectivos, incluso nosotros estábamos dentro, tras pasar el concurso de méritos, y todo eso lo podemos probar, con estadísticas incluso provincia a provincia».

Este colectivo pretende volver a concentrarse ante el Parlamento andaluz, al menos con la presencia de los asesores de Sevilla.

La Situación

El colectivo de asesores de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se concentrarán en las puertas del Parlamento de la Junta de Andalucía en Sevilla para pedir su reincorporación al SAE e «igualdad en el trato» al colectivo.

Este colectivo ha recordado que fueron despedidos en 2012 y con esta movilización reivindican «la igualdad de trato y, por tanto, la reincorporación de los asesores de empleo al SAE, ya que la Junta ha recurrido unas sentencias y otras no y por ello estamos unos en la calle y otros trabajando».

Han precisado que se trata de 413 personas contratadas el día 6 de octubre de 2008 como orientadores laborales, son denominados asesores de empleo del Plan Memta, que fueron seleccionados a nivel provincial a través de una oferta genérica de empleo que se realizó en 2008 en toda Andalucía.

Han explicado que la selección «se basó en la experiencia laboral, la formación académica y la complementaria que aportamos». Posteriormente fueron asignados a las distintas Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, siendo contratados con la categoría laboral de ‘titulados de Grado Medio’, dentro del VI convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía.

Han asegurado asimismo que «en las sucesivas prórrogas de nuestros contratos con un total de cuatro, hasta el 31 de diciembre de 2012, hemos estado realizando funciones y tareas estructurales del organismo al que pertenecemos».

Este colectivo ha explicado que «durante todo este proceso y ante los visos de encontrarse los contratos en fraude de ley, se interpusieron numerosas demandas para que se nos reconociera como indefinidos no fijos, en vez de trabajadores temporales». En ese punto, han aludido a la sentencia del juzgado número 1 de Córdoba en enero de 2012 con sentencia firme, la cual «los propios servicios jurídicos de la Junta renunciaron a recurrir la sentencia».

Han añadido que tras este pronunciamiento «vinieron muchos más, manifestándose por ultimo el Tribunal Supremo durante el mes de junio de 2014 reiterando nuestros contratos como indefinidos y declarando nuestros despidos improcedentes». Así, ha precisado que se han producido 88 despidos nulos, ya firmes.

De esta forma, consideran que «es la Junta de Andalucía quien tendrá la opción de decidir nuestra readmisión en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido».

Han asegurado que tras su despido, la situación en las oficinas de empleo era «insostenible» por la falta de personal, por lo que, según explican, «a los cuatro meses, en abril de 2013, y ante la ausencia de trabajadores en las oficinas, se llevó a cabo una nueva oferta de empleo mediante la cual se seleccionó a 370 nuevos trabajadores para realizar nuestras funciones en la que se estableció como requisito la falta de

Experiencia en el puesto».

Asimismo, han reiterado su denuncia «en el trato diferencial por parte de la Junta de Andalucía al que estamos sometidos como extrabajadores del SAE, que fuimos contratados a través de una misma convocatoria y que en la actualidad existen situaciones tan discriminatorias como que haya asesores que están trabajando porque sus sentencias con despido nulo no han sido recurridas por parte de la Junta y se han hecho firmes; o asesores que han sido reincorporados porque sus sentencias con despido improcedente no han sido igualmente recurridas por parte de la Junta; o asesores que no están trabajando porque sus sentencias con despido improcedente sí han sido recurridas por parte de la Junta».

Por ello, han exigido «la igualdad de trato ante la Justicia y ante la Administración autonómica» y ha solicitado la reincorporación del colectivo de asesores de empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

LOS TRIBUNALES DECLARAN IMPROCEDENTES LOS DESPIDOS DEL ERE DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado no ajustado a derecho el despido colectivo de 96 personas, al que se opuso toda la parte social, y que la empresa Seguridad Integral Canaria realizó argumentado causas organizativas y productivas derivadas de su servicio de seguridad en Metro de Madrid

El pasado mes de mayo la empresa comunico a la representación de los trabajadores su decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo para 106 personas argumentando causas organizativas y productivas derivadas de las exigencias de su cliente Metro de Madrid.

CCOO se opuso en todo momento a la medida y exigió más documentación, que la empresa no aporto, al entender que concurrían causas económicas y no productivas y organizativas como argumentaba la empresa.

CCOO elaboro un plan alternativo para que no se produjeran despidos, a base de elaborar un calendario vacacional, recolocaciones y jubilaciones parciales, pero fue rechazado por la empresa.

Por tanto, CCOO y los demás sindicatos presentes en la empresa han tenido que recurrir a los tribunales, que finalmente les hadado la razón.

En la sentencia ha quedado probado, que la empresa conocía los recortes en el servicio propuesto por Metro de Madrid cuando se presentó al concurso, por tanto no hay una causa sobrevenida como alegaba, máxime cuando tenía por contrato 2 años de plazo para adaptarse a la nueva situación.

En la misma también queda demostrado que el excedente planteado por la empresa no se ajusta a la realidad del servicio de metro de Madrid, donde además en el mismo se producen un alto número de descubiertos.

También la medida resulta del todo incongruente con   la realización horas extraordinarias en la totalidad de la empresa. Que cuanta con una plantilla de 1314 personas en la comunidad y que en los primeros 5 meses del año ya se habían realizado 2282 horas extras.

Y lo que resulta inexplicable y hasta sangrante es que la empresa haya contratado 104 en los últimos dos años personas siendo conocedora de las reducidores impuestas por Metro.

El Tribunal por tanto ha considerado la relación de causalidad de los despidos entre la medida extintiva y la casusa que lo provoca de inexplicable y no respetuosa.

CCOO de construcción y servicios de Madrid se congratula de la sentencia que restablece el sentido común en un despido colectivo a todas luces inadmisible, y que nace al calor de la última reforma laboral del Gobierno, que permite que se den este tipo de situaciones y que si no hubiera sido por la intervención de los sindicatos se hubiese traducido en despidos.

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