Boletín de Luchas Obreras (8 de Julio de 2016)

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ÍNDICE:

  • PRODUCE ‘DAÑOS MORALES’ CAMBIAR DE PUESTO A LOS EMPLEADOS EN LA HUELGA
  • HUELGA DE TRANSPORTISTAS DE VEHÍCULOS PARA EXIGIR MEJORAS LABORALES Y SALARIALES
  • ARRANCA LA HUELGA POR LOS DESPIDOS EN HEWLETT PACKARD
  • CCOO Y UGT RECLAMAN LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE AGUABLANCA PESE A LOS DESPIDOS
  • UNIPAPEL APLICARA UN ERE TEMPORAL A TODA SU PLANTILLA EN ESPERA DE UN COMPRADOR PARA SUS PLANTAS
  • EL SUPREMO TIENE EN SUS MANOS EL FUTURO DE LOS DONUTS
  • ABB PACTA UN ERE PARA 110 TRABAJADORES EN ESPAÑA, 10 MENOS QUE LOS INICIALMENTE PREVISTOS
  • TRABAJADORES DE FUENTECAPALA SE REUNIRÁN CON UN MEDIADOR EN MÉRIDA PARA ABORDAR LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA
  • TRIBUNAL ENCARGA PERITAJE PARA RESOLVER DIFERENCIAS DE COCA-COLA Y SINDICATOS
  • UN JUZGADO DESESTIMA LA DEMANDA DEL ESTADO CONTRA LA CONVOCATORIA PÚBLICA EMPLEO OPE DE EUSKO IRRATIA
  • LA EMPRESA DE AUTOMOCIÓN BOSAL EN LUCHA
  • UGT-A TEME MÁS DESPIDOS EN ABENGOA Y PIDE MÁS CONTROL A LAS AYUDAS
  • LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID RECUPERAN LA JORNADA DE 35 HORAS
  • CCOO LLEVARÁ A LOS TRIBUNALES LOS SERVICIOS MÍNIMOS PARA LA HUELGA DE AGENTES FORESTALES
  • EMPRESARIOS CANARIOS INSTAN A EMPLEADOS ACCIDENTADOS A QUE NO VAYAN AL HOSPITAL
  • EL CIERRE SIN CONTROL DE LAS MINAS SUPONE UN ALTO RIESGO DE INCENDIOS, EXPLOSIONES Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

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PRODUCE ‘DAÑOS MORALES’ CAMBIAR DE PUESTO A LOS EMPLEADOS EN LA HUELGA

Xavier Gil Pecharromán – eleconomista.es

El empresario sólo puede reajustar el trabajo en situaciones de normalidad laboral

La sustitución interna de huelguistas durante la medida de conflicto constituye un ejercicio abusivo del derecho empresarial a modificar los puestos de trabajo unilateralmente -Ius variandi-, que, con los límites legalmente previstos, corresponde al empresario en otras situaciones.

Así lo establece el Tribunal Supremo (TS), en sentencia de 18 de marzo de 2016, en la que se determina que, en un contexto de huelga legítima, este derecho no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas

«Por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que, en tal caso, quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas».

Contexto de normalidad

El ponente, el magistrado Luelmo Millán, razona su decisión basada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -sentencias de 28 de septiembre de 1992 y 28 de marzo de 2011– en que estos aspectos de la potestad directiva del empresario están imaginados para situaciones corrientes o excepcionales, incluso como medidas de emergencia, «pero siempre en un contexto de normalidad con un desarrollo pacífico de la relación laboral, al margen de cualquier conflicto». «Están en la fisiología de esa relación jurídica, no en su patología», manifiesta.

Por ello, determina que la existencia de normas que, en principio, parecen configurar el reverso del rechazo de la sustitución externa en caso de huelga, tampoco ofrecen una solución inequívoca, para cuyo hallazgo es necesaria la ponderación de los intereses en pugna a la luz de los principios constitucionales respectivos.

Explica Luelmo Millán que el daño producido por la conducta empresarial ilícita es esencialmente un daño de naturaleza moral, por la vulneración en sí misma del derecho y no por las consecuencias concretas de la vulneración.

Además, indica el magistrado también, que el hecho de que se llegase finalmente a un acuerdo, tras la huelga, no significa que la conducta empresarial sea correcta y no suponga un atentado al derecho de huelga, sino tan sólo que no ha tenido éxito en tal objetivo, que es cosa distinta, porque no quiere decir que no se haya incidido en tal comportamiento, que es lo reprochable.

El TS en sentencia de 11 de junio de 2012 ya dejó sentado, que no existe ningún precepto que prohíba al empresario usar los medios técnicos de los que habitualmente dispone en la empresa, para atenuar las consecuencias de la huelga y que si las emisiones preprogramadas se realizan sin ser interrumpidas, pero «sin que los huelguistas fueran sustituidos por otros trabajadores, ni extraños a la empresa, ni de su propia plantilla, se habrá respetado el derecho fundamental».

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VER SENTENCIA DEL TS DE 18-03-2016 ->

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7654077&links=&optimize=20160429&publicinterface=true

VER SENTENCIA DEL TS DE 11-06-2012 ->

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6462298&links=sin%20que%20los%20huelguistas%20fueran%20sustituidos%20por%20otros%20trabajadores&optimize=20120808&publicinterface=true

HUELGA DE TRANSPORTISTAS DE VEHÍCULOS PARA EXIGIR MEJORAS LABORALES Y SALARIALES

Una docena de empresas de transporte de vehículos de las provincias de Valladolid y Palencia han iniciado una huelga indefinida para exigir mejoras laborales y salarios dignos. La convocatoria de la huelga fue ratificada en una asamblea.

La convocatoria es como consecuencia de la falta de acuerdo en varias de las reivindicaciones, como el abono de 30 euros por cada reparto, la petición de recogidas con cargas y destinos razonables o que la empresa entregue a los trabajadores la ropa de trabajo. Por otra parte los trabajadores piden compensaciones económicas por viajar al extranjero, por trabajar los fines de semana, por lo que piden un complemento de 350 euros por cada fin de semana que pasen fuera de casa, 75 euros por cada sábado, domingo o festivo que no se trabaje como un fin de semana completo.

También piden tiempos de espera para cargar y que se les abonen los trabajos extras que realizan de forma continuada y por los que no tienen remuneración. Además exigen mejoras en las condiciones de higiene de los cuartos de baño, ropa adecuada para su trabajo profesional, junto a otras cuestiones menores para poder realizar su trabajo en condiciones dignas.

ARRANCA LA HUELGA POR LOS DESPIDOS EN HEWLETT PACKARD

La huelga, convocada en Aragón y en el Estado español, arranca el viernes 1 de julio como protesta por los despidos en HP. Las secciones sindicales de CGT en Zaragoza, han organizado una concentración en las puertas de la Oficina Principal de Caixa en la capital aragonesa, ese mismo a las 12.00 horas

El sindicato CGT ha convocado huelga en Aragón y en el Estado español en las tres empresas del grupo, Outsourcing, Procesos y Aplicaciones, que dan servicios a clientes como Caixa, Renfe, Banco Sabadell o Bankia. Para CGT Zaragoza, “Caixa”, socio comercial de HP, “es corresponsable de la política de despidos que sigue la multinacional americana, basada en despidos periódicos cada tres meses, precarización y subcontratación”.

Y no sólo eso, “la externalización de servicios informáticos y telefónicos por parte de Caixa a través de HP centra su forma de trabajar en exprimir las capacidades de los trabajadores de HP, mediante la amenaza permanente de ser despedidos, en lugar de apostar por planes formativos ambiciosos, recolocaciones o reubicaciones, que tendrían un efecto positivo en la calidad de servicio percibida por los y las clientes de Caixa”.

La empresa lleva acumulados 1.200 despidos de trabajadores y trabajadoras en cuatro años, y según CGT, “entre ellos 200 que fueron parte de un ERE en Zaragoza en 2014 y 84 despidos en el último cuatrimestre de 2016. Esto ha supuesto progresivamente la sustitución de un 44% de la plantilla indefinida en estos últimos años por personal subcontratado y ETT en precarias condiciones laborales”.

Cabe destacar, que tal política de despidos no está relacionada “en absoluto” con los resultados económicos que la empresa presenta en el Estado español. “De hecho, en los 30 años que HP lleva implantada, jamás se ha dado un resultado negativo, y dentro de Europa, HPE dio la mejor cifra de resultados el pasado cuatrimestre.

No en vano, cada vez que se realizan despidos, es habitual que se realicen nuevas contrataciones precarias por ETT o subcontratas en plazos cortos de tiempo, lo que acredita la viabilidad del negocio”, destacan desde CGT.

Una de las acciones que desde la sección sindical de CGT se va a poner en marcha, dentro de la movilización, consiste en “informar de primera mano a los clientes de Caixa de las políticas que sigue su banco, priorizando sus márgenes y beneficios por encima de la calidad de servicio a sus clientes, a pesar de las múltiples comisiones y gastos que aplica por ellos”.

No hay que olvidar, que ya han transcurrido cuatro años desde que comenzaron las movilizaciones, acciones sindicales y huelgas ante el inmovilismo de la empresa. Desde CGT apuestan, “por un acuerdo con la empresa que acabe con los despidos forzosos, apostando por un modelo de reubicaciones, recolocaciones y formación y salidas voluntarias”.

“También creemos que el reciente anuncio de la fusión entre CSC y HP a nivel mundial puede tener importantes afectaciones en el empleo y la propia empresa no quiere asumir ningún compromiso de empleo, ya que todavía no saben si afectará al empleo”, añaden desde el sindicato. Y advierten, “esperamos que HP cambie su actitud negociadora respecto a la política de despidos de los últimos años. Mientras tanto, CGT seguirá combatiendo los despidos”.

IU respalda las movilizaciones

Por su parte, Izquierda Unida Aragón apoya la huelga convocada por CGT en HP y participará en la concentración este próximo 1 de julio en defensa del empleo. Además, “respalda las reivindicaciones para que HP asuma los compromisos en materia de empleo de cara a la fusión con CSC y paralice la política de despidos indiscriminados”.

Una delegación de IU Aragón encabezada por su Coordinador General, Adolfo Barrena, el responsable de Organización, Álvaro Sanz, y la responsable de Políticas Sociales, Paloma Lafuente, será la encargada de acudir a la movilización a las 12.00 horas.

En opinión de IU Aragón, “la actividad de HP es clave para la economía, el empleo y el sector de la innovación y la tecnología en Aragón”. Por ello, considera necesaria la implicación del Gobierno de Aragón, “porque no es de recibo que el Ejecutivo PSOE-CHA mire para otro lado, mientras se destruye empleo en este sector”, denuncia Barrena para reiterar que Izquierda Unida continuará apoyando a estas trabajadoras y trabajadores en la calle y en las instituciones.

La concentración tendrá lugar el viernes 1 de julio en la Oficina Principal de Caixa, esquina calle Don Jaime, en la antigua oficina de Barclays a las 12.00 horas.

CCOO Y UGT RECLAMAN LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE AGUABLANCA PESE A LOS DESPIDOS

Mérida (Europa Press)

CCOO y UGT de Extremadura han lamentado la «falta de voluntad» del Gobierno de Mariano Rajoy para aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Mina de Aguablanca antes de que se cumpliera el plazo máximo acordado por la empresa para firmar los despidos de los trabajadores.

En concreto, este 30 de junio se cumple el plazo fijado entre los trabajadores de la explotación minera de Monesterio (Badajoz) y la empresa Río Narcea, filial de la internacional canadiense Lundin Mining, para hacer efectivos los despidos planteados en el Expediente de Regulación de Empleo.

De esta forma, se firmarán los despidos de 110 trabajadores. Otros 21 ya se han rubricado, de modo que tan solo mantendrán su puesto 33 empleados en labores de mantenimiento hasta que se conozca una solución definitiva sobre la continuidad o cierre de la mina.

Cabe recordar que la empresa solicitó hace un año una nueva DIA para poder continuar su actividad en el subsuelo del yacimiento de Aguablanca. Los sindicatos esperaban que ésta se aprobara antes de la fecha fijada para que las empresas interesadas pudieran hacerse cargo de la actividad sin necesidad de hacer efectivos los despidos.

En una rueda de prensa en Mérida, los secretarios generales de UGT y CCOO en la región, Patrocinio Sánchez y Julián Carretero, han expuesto su malestar con la actuación del Gobierno central con respecto a este asunto, pero también reclaman un mayor interés por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para que la situación se resuelva lo antes posible, pese a que finalmente se hayan producido los despidos.

«Menos platós y más movilización para que la DIA esté cuanto antes», ha espetado Julián Carretero, en referencia a Fernández Vara, sobre quien además ha dicho que hay «muchos frentes abiertos» en la región «para estar pendiente de quién va a ser el próximo presidente del Gobierno».

«Eso –la investidura del presidente– que lo resuelva quien realmente tiene esa responsabilidad y ha sido elegido para ello», ha subrayado Carretero, quien considera que Vara debe dedicarse a «gobernar los designios de Extremadura, que para eso ha sido elegido. Si no, que se dedique a otra cosa».

LA DIA TIENE QUE ESTAR YA

Carretero espera que no se produzca un «impass» en el tiempo «eterno» hasta que se resuelva la DIA. «La declaración tiene que estar ya», por lo que ha pedido al presidente de la Junta, a quien «tanto le gusta ponerse al frente de la comunidad política para pedir a Madrid, que lo haga», y en este sentido ha recordado que cuenta para ello con el apoyo de todos los grupos expresado en la Asamblea de Extremadura.

En cualquier caso, ha remarcado que «los únicos responsables» de que no haya DIA son Rajoy y Monago. Fundamentalmente, el presidente del Gobierno, que es quien tiene las competencias sobre los derechos de explotación de la mina, y por haber sido «incapaz» de sacar adelante la declaración ambiental.

Sobre el líder regional del PP, ha señalado que es «inaudito» que «la persona que durante sus cuatro años de mandato ha destruido más empleo y tejido productivo» en la región salga «ahora» como «si no fuera responsable de nada».

Asimismo, ha destacado que además de buscar fórmulas para garantizar la continuidad de la explotación, también es «importante» plantear «alternativas» a la actividad minera, que aunque se retome tiene fecha de caducidad, y que en todo caso no recuperará de forma «inmediata» los 400 empleos que sostenía ni los 17 millones de euros de impacto anual que dejaba en la comarca.

Sobre el despido de los trabajadores, Carretero ha subrayado que, «gracias a la movilización de los trabajadores» y tras un «duro conflicto», se han producido en unas «buenas condiciones».

Pese a ello, ha asegurado que los trabajadores son los únicos que han «pagado», porque la empresa «se lo ha llevado calentito», con «grandes beneficios» durante los años en los que la mina era rentable, así como el Gobierno, que ha cobrado un canon de explotación, e incluso los ayuntamientos que se han beneficiado de esta actividad por la vía de impuestos.

Por su parte, la secretaria general de UGT ha señalado que no encuentra «una explicación razonable» a que el Gobierno haya dejado pasar el plazo marcado para hacer efectivos los despidos de los trabajadores sin resolver una DIA que hubiera permitido la transferencia de derechos mineros y la compra por parte de otra empresa interesada en continuar con la actividad.

Así, Patrocinio Sánchez ha criticado la «falta de voluntad total y absoluta» de un Gobierno al que «Extremadura no les interesa absolutamente nada», cuando además, ha apuntado, los indicios con los que cuentan es que la DIA será finalmente favorable, por lo que no encuentra una explicación al retraso. «Si hubiera sido en otra comunidad que da más la lata con otro tipo de historias, hubiera salido».

PRESIONAR A FUENTECAPALA

Con respecto a la situación de la planta textil de Fuentecapala en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Carretero también ha pedido mayor implicación parte de la Administración regional. «La Junta, como responsable de la política industrial de la región, debe hacer más en este caso.

No he oído declaraciones políticas de envergadura ni de nivel planteando la solución», ha dicho el líder regional de CCOO, quien espera una mayor «presión» de la Administración regional hacia la propiedad de Fuentecapala.

Una empresa que atraviesa por un conflicto que según ha dicho empezó en 2010, y que ya entonces «apuntaba a deslocalización, destrucción de empleo y especulación de los terrenos». Hace seis años «se logró parar» gracias, según ha dicho, a la movilización de los trabajadores y a la intervención entonces de la Junta como autoridad laboral.

Un conflicto que volvió a abrirse en 2013, pero que la «inacción» del entonces presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, además de su «impericia, la permanente escondimiento de los problemas y conflictos laborales», provocaron el despido de 109 trabajadores y que 37 se quedarán en «peores condiciones».

«Ahora volvemos de nuevo a la carga con el cierre definitivo, con una alteración contable de la empresa elevando ficticiamente en sus balances el precio de los terrenos para especular con ellos». «Esta es la realidad de Fuentecapala», ha espetado Carretero.

UNIPAPEL APLICARA UN ERE TEMPORAL A TODA SU PLANTILLA EN ESPERA DE UN COMPRADOR PARA SUS PLANTAS

La dirección de Unipapel – con plantas en Logroño, Tres Cantos (Madrid) y Aduna (Guipúzcoa)- ha comunicado a los representantes de los trabajadores que derivará a toda la plantilla -316 trabajadores- a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) a partir del próximo día 11.

Así lo han confirmado a Efe el presidente del comité de empresa en la planta de Logroño, Víctor Aldonza (USO), y la representante por UGT en esta misma factoría, Ruth María Lázaro, tras recibir la notificación de los responsables de Unipapel, que plantea este ERTE para un período máximo de 12 meses.

Aldonza ha detallado que la previsión inicial era que esta media afectara a 329 empleados, aunque finalmente han quedado en 316 porque los 13 restantes han cesado su actividad con la empresa de una manera voluntaria, al ver la situación de la misma.

Ha subrayado que tiene la esperanza de que no se agoten los próximos doce meses sin que en este período haya un comprador de las plantas de Unipapel, aunque no se adquieran en bloque.

El próximo día 11, Unipapel notificará este ERTE ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, y se cerrarán las tres plantas, aunque su actividad en el último mes y medio o dos meses se ha mermado de forma considerable, ha detallado Aldonza.

La propuesta inicial de la empresa era prescindir de 109 trabajadores, de las que 79 salidas se concretarían en la planta de Tres Cantos; 17 en la de Aduna y 13 en la de Logroño, y, el resto, derivarlos al expediente de regulación de empleo.

Según sus datos, Unipapel adeuda a la plantilla las nóminas de abril, mayo y junio, la extra de este último mes y otra paga de marzo, además de los 10 primeros días del presente mes de julio, hasta el próximo 11.

Deuda con proveedores

Ha añadido que Springwater, que en marzo de 2014 compró a Adveo la maquinaria, el capital humano, las marcas y el fondo de negocio de Unipapel, tiene una deuda de unos 22 millones de euros con proveedores (unos 6 millones) y con Adveo (unos 16 millones), que sigue siendo propietaria de los terrenos, pabellones y maquinaria, que ha sido, de nuevo, hipotecada a este fondo.

Ha lamentado que fondos de inversión como Springwater, que es un fondo «buitre», estén «hundiendo» el tejido empresarial de España» porque Unipapel ha sido «rentable» hasta la llegada de este fondo, que «no ha tenido un plan de viabilidad».

En este contexto, ha recordado que los representantes de los trabajadores denunciaron ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad a Springwater en marzo de 2015, un año después de adquirir Unipapel a Adveo, ya que «no tenía un plan de viabilidad y se estaban perdiendo clientes».

EL SUPREMO TIENE EN SUS MANOS EL FUTURO DE LOS DONUTS

El Tribunal tiene previsto fallar sobre el ERE de Panrico, que podría llevar a la desaparición de la compañía

El Tribunal Supremo tiene previsto fallar sobre la legalidad del ERE que la empresa de alimentación Panrico aplicó en el año 2013. De confirmarse que el Expediente de Regulación de Empleo de la compañía no se ajustó a derecho, podría suponer el fin de la misma. Panrico ha sido la fabricante y comercializadora en España de los populares donuts.

Los donuts llegaron a España en el año 1962. El empresario Andreu Costafreda, hijo de una familia de panaderos, trajo la fórmula a España después de alcanzar un acuerdo con el fabricante estadounidense. Varias generaciones de niños españoles han crecido con los donuts, que también se hicieron populares gracias a campañas de publicidad.

Panrico está en trámites para ser adquirida por Bimbo. Si el Supremo no avala el ajuste de empleo y salarios en Panrico, la operación de venta podría ser cancelada y podría suponer la desaparición de la empresa. Hace un año, Bimbo pactó la adquisición por 190 millones de euros, pero un pronunciamiento judicial contrario podría dar marcha atrás a la operación.

Panrico acordó en 2013 con los sindicatos UGT y CCOO un ERE que incluía 745 despidos en cinco fábricas a lo largo de cuatro años. CC OO recurrió con posterioridad el ERE ante la justicia y en el año 2014, la Audiencia Nacional anuló parcialmente la validez del ERE porque consideraba que 156 despidos no se ajustaban a derecho.

ABB PACTA UN ERE PARA 110 TRABAJADORES EN ESPAÑA, 10 MENOS QUE LOS INICIALMENTE PREVISTOS

Madrid (Europa Press)

ABB ha alcanzado un acuerdo con sus sindicatos para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 110 trabajadores de la multinacional suiza en España, diez menos respecto a los 120 inicialmente previstos.

Los empleados afectados por el recorte percibirán una indemnización de 48 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades o 150.000 euros, además de una paga lineal de 4.000 euros.

El acuerdo entre ABB España y sus sindicatos también contempla articular un plan de prejubilaciones a partir de los 55 años de edad en el que se complemente hasta un 76% del salario regulador.

Además, en virtud del pacto, también se constituye una bolsa de empleo, que estará vigente hasta la conclusión del año 2017, según informó la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA).

Este sindicato destacó que el acuerdo, que fue aceptado por todos los sindicatos con representación en la empresa, arroja una «pequeña reducción» de los despidos propuestos por la empresa y una «sensible mejora» de las indemnizaciones para los trabajadores que finalmente se han visto afectados.

TRABAJADORES DE FUENTECAPALA SE REUNIRÁN CON UN MEDIADOR EN MÉRIDA PARA ABORDAR LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA

Desde CCOO Extremadura, critican que la empresa no haya hecho «ningún movimiento» desde la última reunión y explican que se ha solicitado la mediación al estar ambas partes -empresa y trabajadores- «muy distanciados» en sus posiciones.

Trabajadores de la industria textil Fuentecapala, con sede en Navalmoral de la Mata (Cáceres), se reunirán el viernes, 8 de julio, con un mediador en Mérida para abordar la situación de la empresa, que se enfrenta a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO Extremadura, Saturnino Lagar, ha informado de que esta reunión tendrá lugar en la sede de la Fundación de Relaciones Laborales en la capital extremeña.

En declaraciones a Europa Press, Lagar ha criticado que la empresa no haya hecho «ningún movimiento» desde la última reunión y ha explicado que se ha solicitado la mediación al estar ambas partes –empresa y trabajadores– «muy distanciados» en sus posiciones.

En esta línea, Saturnino Lagar ha tachado de «irrisorio» la última oferta que ha hecho Fuentecapala a los trabajadores, consistente en ayudarles a que se constituyan en cooperativa.

«Les ayuda pero sin ningún tipo de compensación económica», ha criticado, al tiempo que ha añadido que «si tantas ganas tiene de que los trabajadores se monten en cooperativa pues que le done los terrenos y las fábricas».

Ante dicha propuesta, como ha informado Lagar, la parte de los trabajadores hizo una «contraoferta» en la que mantenía que la pretensión de cierre era «improcedente».

Por ello reclamaba las indemnizaciones de despido improcedente (45 días hasta que entró en vigor la reforma laboral y 33 a partir de entonces), además del pago de las nóminas atrasadas y de los «atrasos de convenios que les debe a los trabajadores, porque no les actualiza los salarios desde 2010».

TRIBUNAL ENCARGA PERITAJE PARA RESOLVER DIFERENCIAS DE COCA-COLA Y SINDICATOS

Madrid (EFE)

La Audiencia Nacional ha decidido encargar a un perito un informe que ayude a dirimir las diferencias entre Coca-Cola Iberian Partners y los sindicatos sobre el pago de intereses a los trabajadores de su planta en Fuenlabrada, donde la empresa aplicó un ERE que fue declarado nulo.

El escrito del tribunal, con fecha de uno de julio y al que ha tenido acceso Efeagro, especifica que acepta «la prueba pericial solicitada por el letrado» de la compañía, debido a la existencia de «discrepancias entre las partes en relación al importe de los intereses procesales».

Por este motivo, reclama al Colegio de Economistas que le envíe una lista con los peritos disponibles para hacerse cargo de esta petición.

El caso se remonta al pasado mes de mayo, cuando Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) solicitó a la Audiencia Nacional que esclareciese cuál era su postura sobre asuntos como el cálculo de intereses de los salarios de tramitación, el pago de pluses de nocturnidad y cambios de funciones o la devolución de las indemnizaciones cobradas tras las reincorporaciones.

Un portavoz de la firma ha precisado que por el momento el tribunal ha suspendido su toma de decisión sobre el resto de las cuestiones planteadas y que esperará primero al peritaje sobre el cálculo de los intereses.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) han acusado a los responsables de la empresa de intentar, con esta estrategia, modificar las condiciones para reducir las indemnizaciones a pagar.

Fuentes sindicales han destacado que la Audiencia Nacional les da la razón a la hora de reconocer que la compañía adeuda una serie de intereses -derivados de la inflación- a los trabajadores, y que cuantifican en torno a los 1.500 euros de media por empleado.

No obstante, han mostrado su sorpresa porque el tribunal no haya desestimado ya las intenciones de la compañía de forma taxativa y se mantendrán a la espera del criterio establecido por el perito.

CCIP aprobó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en 2014 que acabó afectando a 821 trabajadores de los 1.190 previstos, pero un año después el Supremo lo declaró nulo y le obligó a readmitir a los empleados.

Desde los sindicatos se denuncia que la empresa no tiene voluntad de dar cumplimiento a la resolución judicial.

UN JUZGADO DESESTIMA LA DEMANDA DEL ESTADO CONTRA LA CONVOCATORIA PÚBLICA EMPLEO OPE DE EUSKO IRRATIA

EFE

La convocatoria tenía por objeto regularizar la situación laboral del personal «indefinido no fijo»

El juzgado de lo Social número 1 de Bilbao ha desestimado la demanda del Abogado del Estado contra la convocatoria pública empleo (OPE) realizada en Eusko Irratia, las emisoras de radio del grupo público vasco EiTB.

El Abogado del Estado presentó una demanda contra la OPE de las radios de EiTB por entender que incumplía la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 que impedía a las sociedades mercantiles públicas contratar nuevo personal.

La sentencia del juzgado bilbaíno, a la que ha tenido acceso Efe, ha rechazado la demanda porque que esa OPE tenía por objeto regularizar la situación laboral del personal «indefinido no fijo», una «tipología de contrato atípica» según la dirección de EiTB, y no la contratación de nuevo personal.

De hecho, recalca la sentencia, la plantilla no sólo no aumentó, sino que disminuyó, ya que la OPE de 49 plazas fue acompañada de la amortización de otras 30 plazas de indefinidos no fijos (24 por un despido colectivo y 25 en despidos individuales).

De hecho, el juzgado de lo Social destaca que Eusko Irratia ahorra desde que hizo la OPE un millón y medio de euros al año respecto a lo que le costaban anteriormente los 79 indefinidos no fijos.

Por lo tanto, esta actuación cumplía con los objetivos de la ley de Estabilidad Presupuestaria y con los fines que perseguía la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2014.

Fuentes de la dirección de EiTB han destacado que esta sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, «respalda» la OPE y «complementa» la que la declaró procedente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado junto a la OPE.

«Se confirma que se ha respetado la legalidad, que la fundamentación económica de las decisiones ha sido correcta y que obedece a la necesidad de preservar la sostenibilidad de la empresa», ha señalado la citadas fuentes.

LA EMPRESA DE AUTOMOCIÓN BOSAL EN LUCHA

La empresa belga cierra en Sagunto dejando en la calle a 222 trabajadores

Se trata de un proceso estratégico de deslocalización, de ir trasladando sus producciones de manera premeditada a países donde los costes salariales son menores y las ayudas de fondos estructurales, europeos y/o de desarrollo mayores.

Mientras se da la aparente buena noticia de la reapertura de Galmed, donde 166 trabajadores perdieron sus trabajos tras anunciar el cese de la actividad, dejando además secuelas en algunas empresas proveedoras de ésta como Arcelor Mittal, la lucha de los trabajadores de automoción Bosal se mantiene a día de hoy tras algo más de un año de lucha, desde que su cúpula directiva anunciara el concurso de acreedores y solicitara al juzgado de lo mercantil la extinción de los contratos de sus 222 empleados.

El cierre de Bosal, una empresa situada en la localidad valenciana de Sagunto, supone un drama para estas familias. La compañía, de capital belga y dedicada a la fabricación de componentes para el automóvil, ha echado el cierre tras treinta años de actividad ininterrumpida.

Debido a las características que presentaba el concurso de acreedores, registrado en un juzgado de Valencia el pasado mes de diciembre de 2015, CCOO percibe una estrategia del Grupo de ir trasladando sus producciones de manera premeditada a países donde los costes salariales son menores y las ayudas de fondos estructurales, europeos y/o de desarrollo mayores, produciéndose de facto en caso de que esto se probara, un proceso estratégico de deslocalización.

«Progresivamente iban quitando carga de trabajo, reduciendo clientes, provocaban operaciones internas como la de transferir al grupo el importe de la deuda hipotecaria solicitada de su planta en España a través de una inmobiliaria propiedad del grupo que no de la filial española. Mientras la planta se quedaba sin nada y con una gran deuda en el fisco, en la seguridad social, a proveedores, a empresas satélites de Bosal España y el impago y final despido a los trabajadores; todo ello bien articulado bajo una estrategia de transferencia de la producción y con la clara intención de coste cero», nos indica Begoña Cortijo, sindicalista de CCOO de Sagunto, secretaria general de la Unión Intercomarcal del Camp de Morvedre-Alto Palancia, y dicho sea de paso militante del PCPV en Sagunto.

En reuniones en la Dirección General del Trabajo, ya en septiembre de 2015, se barruntaba la idea que pudiera tratarse de una operación fraudulenta cuyo desenlace final orquestado fuera la quiebra con el pertinente intento de evitar responsabilidades.

Una vez presentado el concurso de acreedores, en diciembre de 2015, el juzgado Nº 3 entendió que había que indagar más e iniciaron un procedimiento ordinario en vez de uno abreviado que era el que solicitaba Bosal, y nombró a dos administradores concursales, elementos imprescindibles en la resolución, puesto que ambas personas decidieron desarrollar un análisis en profundidad de las maniobras financieras dentro del grupo.

De manera que en el informe de la administración concursal, de unos 3000 folios de extensión, se demuestra cómo Bosal Internacional y Bosal Nederland actúan como únicas organizadoras de las empresas del grupo a nivel mundial, y cómo a través de operaciones financieras, de manera regular todas las empresas del grupo reportaban el estado de cuentas a la matriz, dónde ésta a través de unas figuras desviaban definitivamente los beneficios a los paraísos fiscales de Liechtenstein y Las Antillas Holandesas a nombre de la familia.

Se demostró en el informe de la administración concursal y en el propio juicio del expediente de regulación de empleo, que existe un grupo de empresas y que por lo tanto no podía haber causa de despido de los trabajadores porque el grupo no se personó en el ERE, aunque había que extinguir los contratos laborales porque no había actividad, por lo cual el juez estima el despido a 45 días por año trabajado, el máximo de indemnización por ley.

Esto crea a su vez un problema legal, porque en la vía mercantil sólo se puede reclamar a la empresa que está concursada, por lo tanto se ha tenido que ir por la vía de lo social a reclamar al grupo esas indemnizaciones, proceso en el que se está en este momento.

El administrador único, el director general del Grupo Bosal y los directivos de la empresa en Sagunto declararán como investigados los próximos 23, 25 y 27 de mayo por el anuncio de quiebra de la factoría.

Esta querella criminal se presentó para denunciar «el presunto delito que ha podido cometer la multinacional Bosal al declarar la quiebra de su factoría en Sagunto y la vulneración de derechos de los trabajadores que ese proceso ha conllevado», según afirma el sindicato CCOO.

Las acciones de protesta de los trabajadores de esta empresa metalúrgica han sido especialmente activas desde un punto de vista político. Entre otras acciones que realizaron se cuenta la entrega de una camiseta reivindicativa de la empresa al presidente del Gobierno Mariano Rajoy por parte del portavoz del Izquierda Unida, Cayo Lara, en plena sesión del Congreso de los Diputados.

Este hecho es el reconocimiento de que la lucha obrera sigue siendo fundamental para poner trabas a las empresas, en especial a las multinacionales que, con ayuda de las reformas laborales sufridas en los últimos años, intentan escapar de su responsabilidad con los trabajadores, solo preocupadas en lograr beneficios a costa de todo.

Tanto la lucha de los trabajadores en permanente protesta, y de diversas formas y la entrega de Begoña, sindicalista de CCOO, único sindicato presente en el asesoramiento legal, tienen todavía mucho trabajo por delante para conseguir que se cumpla con los derechos de los trabajadores, en el marco de una comarca especialmente castigada por la crisis de su industria.

UGT-A TEME MÁS DESPIDOS EN ABENGOA Y PIDE MÁS CONTROL A LAS AYUDAS

Castilla considera que la Junta y el Gobierno central deben fiscalizar el destino de las subvenciones otorgadas a la firma

Los sindicatos temen que se produzcan más expedientes de regulación de empleo (ERE) en otras filiales de Abengoa. Además, solicitan al Gobierno y la Junta que vigilen la gestión de las ayudas concedidas a la multinacional andaluza y exijan su devolución en el caso de que se demuestre que ha habido fallos en la gestión de la empresa.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, precisó que ya se alcanzó un acuerdo sobre el ERE de Inabensa, que fue refrendado por el 90% de la plantilla. Pero existe «preocupación» en el sentido de que «la situación preconcursal no derive en el concurso de la empresa y en la descapitalización de esta multinacional andaluza».

«Estamos pendientes, toda vez que hemos conseguido estar presentes en todos los comités de las principales empresas», resaltó Castilla, quien reclamó a la empresa que dé más información sobre la situación de cada una de las sociedades y del grupo.

La líder de UGT-A pidió a la Junta y al Gobierno central que estén «más proactivos» hacia una solución en Abengoa. Castilla explicó que «en la situación de Abengoa hay varias patas, una las entidades financieras y acreedores, que tendrán que entender que el impacto de las medidas no es lo mismo que en otras empresas, pues aquí hay mucha gente que puede ir a la calle; y otra es la relación con el Gobierno central y autonómico».

En su opinión, ambas administraciones «deben ser más proactivas». «Habrá que ver cómo han gestionado las subvenciones públicas que sabemos que han sido depositarias, pues a lo mejor se detectan que hay fallos de gestión y habrá que tomar medidas y reclamar importes de las subvenciones», cuestionó Castilla, que insistió en que «se pongan de acuerdo las administraciones».

«El dinero público debe tener ser fiscalizado desde el minuto uno, para saber al final en qué se ha invertido el dinero de todos los andaluces, en este caso se debería investigar por el carácter público de la subvención; hay que cumplir con la norma», aseveró Castilla, quien reiteró que la principal preocupación es la conservación de los puestos de trabajo.

LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID RECUPERAN LA JORNADA DE 35 HORAS

Un acuerdo de la Junta de Gobierno de 2012 establecía una jornada laboral de 37,5 horas semanales

Esta medida se ha enmarcado en un proceso municipal de restitución de derechos que fueron limitados o suprimidos en el contexto de una situación de crisis económica general

Este acuerdo supone una mejora importante de las condiciones de trabajo y garantiza, en todo caso, la calidad del servicio

El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el 30 de junio, la restauración de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, gracias al acuerdo alcanzado el pasado 15 de junio en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos sobre jornada y horarios de trabajo.

El pasado 25 de mayo el Pleno aprobó una proposición, en la que se instaba “a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento a que adopte las medidas necesarias para reponer la jornada laboral de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual en todos los servicios, organismos y empresas municipales, sin prejuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso se establezcan, que experimentarán los cambios que fueran necesarios para adecuarse a la modificación general de la jornada ordinaria”.

La negociación se había iniciado ya el día 31 de marzo y se ha alargado hasta el 15 de junio por la necesidad de llevar a cabo los ajustes necesarios para garantizar la calidad de la prestación de los servicios, convencidas ambas partes de que, la restitución del horario que se venía disfrutando en el Ayuntamiento de Madrid desde 1991, no podía suponer una merma de los servicios públicos.

De este modo, el personal al servicio de Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos recuperan la jornada de 35 horas, frente a la establecida de 37,5  horas semanales aprobada por un Acuerdo de Junta de Gobierno en septiembre de 2012.

Esta medida se ha enmarcado en un proceso de restitución de derechos que fueron limitados o suprimidos en el contexto de una situación de crisis económica general, y que ya había dado lugar a la recuperación de las ayudas de acción social, a tres días más de asuntos particulares y días por antigüedad.

EL CIERRE SIN CONTROL DE LAS MINAS SUPONE UN ALTO RIESGO DE INCENDIOS, EXPLOSIONES Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

El bloqueo de las ayudas al cierre del carbón asesina el empleo y el medio ambiente de las cuencas mineras

No podemos dejar en la cuneta a comarcas a las que nuestro país y nuestro sistema económico obligó a depender de un solo sector, y que ahora contemplan con las manos vacías la muerte de toda la zona.

Pocas realidades sociales y antropológicas son tan incomprendidas y peculiares como la existente en las Cuencas Mineras de nuestro país desde hace siglo y medio. Ligada a la sociedad industrial desde su mismísimo origen, la Era del Carbón marcó la era contemporánea, creando dialécticamente riqueza y explotación, que dieron pie respectivamente tanto a la alimentación energética que precisaron las grandes sociedades industriales para su desarrollo, como al épico movimiento obrero minero, ligado a la entraña misma de la tradición socialista.

No en vano, la literatura del realismo social ha estado ligada estrechamente al complejo y duro mundo de la minería (no sólo de carbón, aunque sí es la dominante en la literatura minera), desde Germinal de Zola hasta La Mina de nuestro López Salinas, pasando por El Tungsteno de Vallejo, o autoras como María Teresa León, Dolores Medio o Concha Espina. Josefina Samper y Dolores Ibárruri, por poner los dos primeros nombres que se me vienen a la cabeza, son hija y pareja de mineros, respectivamente. Podríamos seguir la lista indefinidamente.

En Castilla y León, las provincias de Palencia y León han sido las principales protagonistas de esta actividad. Son las llamadas Comarcas Mineras, que en nuestra Comunidad representan más de 110.000 personas, un peso nada desdeñable aunque pequeño en comparación con el que posee en nuestra vecina Asturias, la comunidad minera por excelencia.

Se trata de comarcas que están marcadas de manera radical por lo que algunos han llamado el «monocultivo» del carbón. Nunca se les permitió otra forma de economía. Se recuerda por ejemplo cómo el Obispo de León, en sintonía con el empresariado minero, impidió la instalación de la factoría Renault en León hace décadas. Desde que la minería del carbón se implantó en la zona a finales del siglo XIX para alimentar la siderurgia vizcaína, ésta ha sido su única forma de subsistencia. Lo que explica la dureza de la lucha minera, que más allá de una reivindicación de un colectivo concreto, encarna siempre el futuro del conjunto de sus comarcas.

Cuando uno se desplaza hacia Pola de Gordón desde León, la primera ironía que se contempla es la presencia de la Central Térmica en la comarca vecina de La Robla, escupiendo humo a las caras de los mineros en paro. Quema lo que en las Cuencas se conoce como «carbón manchado de sangre»: el negro mineral procedente de países como Indonesia, Colombia o Sudáfrica, donde no se han logrado las condiciones laborales que el sindicalismo minero logró en Europa.

Es carbón procedente de explotación laboral, en ocasiones incluso de mano de obra infantil y/o semiesclava. Mientras el minero lacianiego, gordonés o berciano contempla la despoblación completa de sus pueblos debido al paro masivo, se le sigue escupiendo en la cara carbón del otro lado del mundo. El minero ha visto cómo se condena a sus hijos al paro para salvarles de contaminación y el cambio climático, y al final sufre las dos cosas.

La crisis del carbón, creada gracias a la liberalización del sector propiciada por PSOE y PP (sector que desde principios del siglo XX tuvo que ser protegido arancelariamente), fue respondida con unos Fondos MINER que se convirtieron en el mejor de los casos en un parche temporal, y en el peor de los casos en un despilfarro. IU (especialmente la de las comarcas mineras) lleva años exigiendo una fiscalización de dichos fondos, que en lugar de destinarse a reconvertir dichas

Comarcas, permitiendo así una transición justa hacia un modelo económico no dependiente del carbón, se gastaron en la mayor parte de los casos en inversiones no productivas, en ocasiones sirviendo para aliviar los presupuestos de Ayuntamientos o Diputaciones.

Es preciso entender estas circunstancias, tan lejanas para el militante político capitalino o para los intelectuales de torre de marfil. Es en este marco en el que se produce el cierre de la Hullera Vasco-Leonesa, empresa fundada en 1893, y cuya explotación centenaria en Pola de Gordón es uno de esos ejemplos de «monocultivo» del que hablábamos antes.

Si uno transita por los pueblos de la zona, encontrará auténticas aldeas mineras, como el caso de Ciñera, donde las familias habitan en las casas propiedad de la empresa (lo que da lugar a que, al entrar HVL en Concurso de Acreedores, se vaya a asistir a un desahucio masivo de más de 100 familias, si no somos capaces de evitarlo).

El Municipio de Pola de Gordón ha perdido más de un 15% de presupuesto municipal de un día para otro solamente por la caída de ingresos por los impuestos municipales que pagaba la empresa. Dudo que existan en España muchos ejemplos de municipios que sufran restricciones tan dramáticas y repentinas.

En este marco surge un problema añadido, que viene a darle la puntilla al drama descrito. Una mina no puede cerrarse de un día para otro, poniéndole el candado. 120 años de minería de interior solo puede cerrarse de manera controlada, ya que lo contrario supone un alto riesgo de incendios, explosiones y contaminación de aguas subterráneas que afectarían a la salud, la seguridad y el medio ambiente de la zona.

Además, dicho cierre controlado permitiría mantener una parte importante de los puestos de trabajo, lo cual podría aliviar tímidamente el inmenso drama social de las cuencas, permitiendo a una parte de los trabajadores alcanzar las prejubilaciones y salvar el inminente ERE.

El Gobierno emitió la Orden IET/594/2014, de 10 de abril, en la cual se establecen las bases reguladoras del Plan de Cierre para la minería de carbón no competitiva, que ahora está incumpliendo. Las ayudas al cierre se encuentran bloqueadas.

Dicho bloqueo de las ayudas al cierre ha motivado movilizaciones en la zona, así como el encierro de cuatro mineros durante 20 días, así como una huelga de hambre. Como hemos explicado antes, los problemas generados por el bloqueo a las ayudas al cierre no sólo acarrean importantes problemas para garantizar los derechos de los actuales trabajadores de HVL, sino que conllevan un riesgo muy elevado para la población del municipio y de los pueblos colindantes, además del impacto medioambiental que puede suponer que no se haga con los medios y las condiciones adecuadas.

Riesgos como hundimientos, inundaciones, contaminación de acuíferos o explosiones incontroladas. Hablamos de túneles con abundante acumulación de agua y de grisú, lo que hace imprescindible que se deban tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para los trabajadores y la población, así como la posibilidad de daños medioambientales. Para que el lector se haga una idea, existe carbón en combustión permanente desde hace décadas, que se mantiene controlado a través de la inyección de nitrógeno. Abandonar las instalaciones daría lugar al descontrol de dichos procesos de combustión que serían catastróficos para la zona.

De igual modo, una rápida liberación de las ayudas ya previstas podría evitar en un principio el expediente de regulación de empleo total en HVL, previsto para finales de julio, que afectaría a cerca de 200 trabajadores. El cierre organizado podría permitir la prolongación de un número significativo de los puestos de trabajo al menos durante tres años más, sin contar posibles prórrogas, lo que llevaría también a que haya operarios que puedan acceder de esta manera a prejubilaciones, algo que no tendrían de darse situaciones más rápidas.

Por todos estos motivos, desde IU se están desarrollando todo tipo de acciones, en los planos municipal, provincial, autonómico, estatal y europeo. Hemos impulsado todo tipo de iniciativas parlamentarias y reuniones entre el Ayuntamiento y el Gobierno Autonómico, incluyendo una Resolución en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, un comunicado federal y una pregunta en el Parlamento Europeo a cargo de Marina Albiol, exigiendo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo liberar las ayudas al cierre aprobadas por la Comisión Europea para el cese de la actividad minera.

No podemos dejar en la cuneta a comarcas a las que nuestro país y nuestro sistema económico obligó a depender de un solo sector, y que ahora contemplan con las manos vacías la muerte de toda la zona. Tras destruir su economía, hipotecar ahora su medio ambiente es el golpe definitivo para unas comarcas que llevan años observando día a día la crónica de su muerte anunciada.

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