Boletín de Luchas Obreras (8 de Agosto de 2018)

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ÍNDICE

  • LOS 8 SECTORES CON LOS EMPLEOS MÁS PRECARIOS DE ESPAÑA
  • DENUNCIAN EL DESMANTELAMIENTO DE UNA INDUSTRIA PIZARRERA EN PÁRAMO DEL SIL
  • UGT: “EL ERE DE EGESUR MOTRIL, ES UN FRAUDE”
  • BOMBEROS DE INFOCA SE ENCIERRAN CONTRA EL PRE-ACUERDO FIRMADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y CC.OO. Y UGT
  • BOMBEROS FORESTALES DE MADRID EXPLICAN LOS MOTIVOS DE LA HUELGA
  • LA PERFUMERÍA DOUGLAS CIERRA DOS DE SUS TRES TIENDAS EN AVILES Y DESPIDE A SUS EMPLEADAS
  • HUELGA INDEFINIDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTACIONAMIENTO EN ZONA AZUL EN VIGO
  • EL COLEGIO MAYOR MAESE RODRIGO DE MAIRENA DEL ALJARAFE SE LIQUIDA CON UN COSTE MUNICIPAL DE UN MILLÓN DE EUROS
  • LA PLANTILLA SUSPENDE LA HUELGA DE AMBULANCIAS EN ASM
  • LOS PILOTOS PRESENTAN UNA DEMANDA CONTRA RYANAIR ANTE LA AUDIENCIA

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LOS 8 SECTORES CON LOS EMPLEOS MÁS PRECARIOS DE ESPAÑA

Ana Belén Ramos – elindependiente.com

Repartidores de comida a domicilio, vigilantes de seguridad o consultores informáticos se encuentran entre los oficios en la cuerda floja

Jornadas extenuantes, salarios que rozan la miseria, inestabilidad y conflictos laborales, horas extras no remuneradas, contratos por horas, parciales o temporales, externalización de servicios o bajas cotizaciones son sólo algunos de los problemas estructurales que arrastran los sectores con los empleos más precarios del país.

A tenor de la reforma laboral de 2012, la precariedad laboral se ha agudizado a pasos agigantados en diferentes sectores. Con ella, el convenio laboral de la empresa comenzó a tener prevalencia sobre el sectorial, con el consiguiente auge de la tendencia a externalizar los servicios por parte de las grandes compañías con el objetivo de abaratar costes pasando, eso sí, por la devaluación de los salarios y condiciones de sus trabajadores y fomentando, además, la figura de los trabajadores multiservicio que pueden llegar a cobrar un 60% menos.

Así, hoy en día el hecho de encontrar un trabajo, especialmente entre los jóvenes, ya no implica que puedan dejar de depender económicamente de sus familias. Según un informe de CCOO, en 2017 uno de cada cuatro asalariados en España tenía contrato temporal, una situación que se agrava para los menores de 29 años, cuya temporalidad llega al 57%. Además, la renta media de los menores de 35 ha descendido un 25% entre 2008 y 2014. De estas cifras también se desprende que el mayor porcentaje de temporalidad recae sobre ellas, con un 80%.

La situación es especialmente delicada en determinados sectores laborales del panorama nacional, donde tanto trabajadores con años de experiencia como jóvenes que acceden por primera vez al mundo laboral se encuentran en la cuerda floja, enfrentándose a salarios precarios, escasos derechos laborales, libranzas insuficientes o a la conocida como polivalencia funcional.

Vigilante de seguridad

Según cifras de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), en España hay un total de 79.175 vigilantes de seguridad privada, un 87% de los cuales son hombres. Nos encontramos en un sector en el que los profesionales asumen la competencia desleal, el intrusismo laboral o la inseguridad jurídica como el pan de cada día.

Se trata de uno de los sectores donde más se ha notado la devaluación salarial derivada de la externalización, con un sueldo base que en 2018 se sitúa, en el mejor de los casos, en los 1.145 euros para los vigilantes sin arma, y de 1.269 con ella, cantidades en las que se incluye el prorrateo de las pagas extra.

Por esta remuneración, los profesionales se enfrentan a jornadas que en muchos casos sobrepasan las 12 horas diarias; fuertes riesgos laborales, ya que los casos de agresión en esta profesión son muy frecuentes; prohibición del derecho a huelga; nivel cero de conciliación; obligación a ejercer tareas diferentes a las asignadas por contrato; y, en muchos casos facilitación de los despidos y bajadas salariales derivadas de la reforma de 2012. Además, el sector público acapara un 16% del trabajo del gremio, y las asociaciones denuncian una constante “corrupción” por los problemas de contratación pública.

Auxiliar de ayuda a domicilio

Ayudar y atender a personas dependientes en su propia casa es una labor esencial para la supervivencia de la sociedad que, sin embargo, es ninguneado por un convenio que no reconoce plenamente sus derechos, convirtiéndolo en uno de los oficios más precarios en España. Por convenio, se estipula un salario en torno a los 880 euros mensuales por la jornada completa.

Pero teniendo en cuenta la parcialidad de este empleo, lo cierto es que esa cifra se reduce hasta los 400 euros por jornadas de 20 horas semanales, si bien varía en función de la empresa o de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos.

Sin embargo, más allá de lo recogido en un contrato, la realidad es que en el oficio -donde predominan las mujeres- las horas reales de trabajo son muchas más, sin contar la cantidad de trabajos en negro. Desde UGT denuncian que, además de la mayor tendencia a aumentar la eventualidad y la reducción de horas en los contratos, el hecho de que el domicilio privado no se considere lugar de trabajo desprotege a las auxiliares en caso de abuso o maltrato. Además, carecen de un mecanismo de actuación por los posibles riesgos laborales asociados a su oficio.

Repartidor de comida a domicilio

Esta profesión, que cada vez cuenta con más presencia gracias a la aparición y desarrollo de aplicaciones móviles de comida a domicilio, no podía faltar en esta lista. Los vemos maniobrar peligrosamente con sus motos o pedalear con la bicicleta por las ciudades con una enorme bolsa colgada en la espalda. De día o de noche, con un sol de justicia o a temperaturas bajo cero, los conocidos como riders desempeñan un duro trabajo que, sin embargo, no se ve lo suficientemente recompensado.

Se trata de los trabajadores que menos salario perciben dentro del sector de la hostelería. A la parcialidad del 90% de los contratos (muchos de ellos fraudulentos); horas extra no pagadas; escasa conciliación; salarios próximos al Mínimo Interprofesional; y a un trabajo a contrarreloj llegando incluso a arriesgar su propia vida, se suma la obligación a darse de alta como autónomos. La realidad es que compañías como Deliveroo, dedicadas al reparto a domicilio, no tienen en su plantilla a ningún repartidor a efectos prácticos.

Desde UGT denuncian que recae sobre ellos el pago de la cotización de autónomo, el IRPF, un IVA (del 21%), seguros y mantenimiento del vehículo por su carácter de, a su juicio, “falsos autónomos”, ya que es la compañía la que controla y determina, en cierta medida, sus condiciones laborales. El rider no tiene libertad para controlar sus horarios, servicios y precios, y, sin embargo, deben cotizar por cuenta propia.

Empleadas de hogar

Estas trabajadoras han hecho de la lucha contra la precariedad, una auténtica rutina. El sector, que ocupa a 637.700 personas en España (de las cuales sólo 420.288 están dadas de alta) lleva años reivindicando públicamente sus derechos. Mientras que el sueldo medio por convenio de jornada completa es de 858,55 euros, la eventualidad y parcialidad de los contratos lleva a más de 260.000 de ellas contar con unos sueldos que apenas superan los 343 euros mensuales.

Al no estar inscritas al régimen general de la Seguridad Social, están sometidas a duras desigualdades y condiciones. Por ejemplo, no tienen derecho a prestación por desempleo ni acceso a la ley de riesgos laborales; pueden despedirlas sin preavisos ni indemnizaciones; se les excluye la posibilidad de cotización real en función de sus salarios y no hay obligación de readmisión por embarazo o baja, algo que sí existe en el resto de sectores. Además, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerca del 30% trabajan en negro, lo que supone aún más precariedad, con tiempos de trabajo no reglados ni derechos a días de baja o vacaciones.

Trabajador en las embajadas españolas

El personal laboral de embajadas, consulados, oficinas ministeriales, del Instituto Cervantes o de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) entre otras instituciones, es otro sector diezmado por las congelaciones salariales desde 2009, así como por los recortes y la constante postergación de sus derechos y reivindicaciones que afecta a 7.000 de los 10.000 empleados que la Administración General del Estado tiene en el exterior (los 3.000 restantes son funcionarios).

Se trata de chóferes, personal de servicio, vigilantes de seguridad, jardineros o administrativos. Estos trabajadores se enfrentan a una constante pérdida de poder adquisitivo derivado de estar ubicados en países donde la inflación se ha ido multiplicando con el paso de los años, como Argentina o Uruguay.

Es decir, mientras el precio de la vida asciende sin control, sus salarios continúan al mismo nivel que en los últimos 9 años, situándose incluso por debajo del Salario Mínimo Interprofesional del país en el que se encuentran, como ocurre con el personal asentado en Sidney. Esta realidad ha llevado a que muchos de estos empleados deban pluriemplearse para llegar a final de mes.

Desde el sector denuncian que no se ha respetado el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal de revisar subidas salariales periódicas para evitar dicha pérdida de poder adquisitivo y que no se ha aplicado la subida salarial recogida en los Presupuestos Generales de 2018. Su situación continúa, por el momento, a la espera de una solución.

Corresponsal de guerra freelance.

Pagar por ir a la guerra es una profesión que se compensa con tarifas irrisorias si las comparamos con el peligro que suponen. Los periodistas freelance que van a cubrir conflictos por cuenta propia sin contar con el paraguas de protección de un medio de comunicación surgen, según los propios periodistas, por la desaparición de los corresponsales de guerra en las redacciones españolas, una figura fagocitada por la de colaborador, lo que permite ahorrarse nóminas y costes asociados.

La situación se recrudece aún más por las tarifas que se pagan por pieza: entre 35 y 50 euros. Estos profesionales deben, además de arriesgar su propia vida, pagar de su bolsillo el viaje, material, seguros, alojamiento, traductores y demás gastos para tratar de contar historias que compren los medios.

Consultores informáticos

Profesionales muy calificados en un sector muy rentable que, sin embargo, se enfrentan a sueldos bajos, subcontratación, presión constante y jornadas interminables. Cuentan con salarios de entrada de entre 10.500 y 13.500 euros anuales, una suma por la que se enfrentan a problemas estructurales como la cesión ilegal de trabajadores, es decir, que el empleado trabaja en la oficina del cliente, pero su salario lo paga otra empresa, una remuneración que suele ser bastante más baja.

El estrés derivado de plazos imposibles de cumplir es otra de las grandes problemáticas del sector, ya que la subcontratación provoca que se vaya devaluando el salario de la persona que se debe contratar para cumplir con una determinada tarea, una suma por la que se suele contratar a personal menos cualificado para afrontar el proyecto, dando lugar a desastres como el de LexNet.

Veterinarios

Se trata de un sector duramente castigado por la temporalidad de los contratos. Según datos del Ministerio de Empleo, en 2018 se han firmado 2.350 contratos, de los cuales tan sólo el 17,6% fueron indefinidos. La Confederación Empresarial Veterinaria Española (Ceve) achaca la precariedad del sector al mantenimiento del IVA al 21% en los servicios veterinarios de animales de compañía, lo que motiva un decrecimiento de la demanda, una circunstancia que empeora por la gran cantidad de graduados anuales en la materia, lo que genera una cola de contratos precarios. Pero los problemas no acaban aquí, ya que más del 50% de los trabajadores cobra parte de su sueldo en negro, sin contar si quiera con un convenio colectivo que les proteja.

El trabajo ilegal es uno de las grandes problemáticas que arrastra el sector, así como la precariedad de los salarios, al menos de los que figuran por escrito. Esto provoca inevitablemente que, cuando son despedidos, estos trabajadores reciban un paro muy inferior al deberían percibir.

Además, estos profesionales denuncian que trabajan, en muchos casos, por encima de las 40 e incluso de las 45 horas semanales por las guardias fuera de su lugar de trabajo y las presenciales, unas horas extra raramente retribuidas.

DENUNCIAN EL DESMANTELAMIENTO DE UNA INDUSTRIA PIZARRERA EN PÁRAMO DEL SIL

Información de León

Los empleados habrían anticipado sus vacaciones para buscar una alternativa al cierre anunciado y «dar margen a la empresa» para ponerse al día de las nóminas adeudadas desde mayo, además de la paga extra de verano, y se han encontrado con que se han llevado la maquinaria.

Vecinos del municipio berciano de Páramo del Sil denunciaron ante la Guardia Civil el desmantelamiento de la maquinaria en las instalaciones de la empresa Pizarras Páramo, según informaron fuentes de CC.OO.. «No sabemos si entraron a expoliar o si eran responsables de la empresa los que se llevaban las máquinas», explicó el responsable del sector en el sindicato en la provincia de León, Felipe Fernández.

Al respecto, Fernández recordó que los trabajadores celebraron una asamblea para informarse de los planes de la empresa para aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a los 35 trabajadores de la compañía.

Los empleados habrían anticipado sus vacaciones para buscar una alternativa al cierre y «dar margen a la empresa» para ponerse al día de las nóminas adeudadas correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, además de la paga extra de verano.

En ese sentido, el dirigente sindical lamentó que «si está desapareciendo la maquinaria, la empresa no podrá asumir esas deudas» y reclamó a los responsables de la compañía que sean «más claros con los trabajadores» y que no lleven a cabo «acciones poco éticas sin conocimiento de los representantes de los trabajadores».

Las dificultades económicas que atraviesa la compañía mantienen paralizada tanto la nave de elaboración como la cantera de extracción. La situación se suma al cierre anunciado de la central térmica de Anllares, otro de los polos de concentración de empleo en el municipio. «Es un drama para un pueblo que tenía mucha vida», lamentó Fernández.

UGT: “EL ERE DE EGESUR MOTRIL, ES UN FRAUDE”

motrildigital.com

La empresa EGESUR, filial de Hermanos García Motril (HGM) que hace un año estaba encargada de las obras del TH1 en Salobreña, y de una obra para Aguas y Servicios y el Ayuntamiento de Motril, en la zona del Huerto Capitán y Barranco de la Higuera, ha dejado provisionalmente en la calle a 35 trabajadores, tras un concurso de acreedores y un ERE extintivo. “Y sin que se les haya abonado ni un solo euro a los empleados de esta mercantil, de las deudas por conceptos de nóminas e indemnización por despido”, según denuncia UGT en nota informativa.

Para UGT “estos procedimientos, según el Sindicato, no han sido de forma fortuita o por circunstancias del mercado si no que han sido provocados de forma artificial, y solo pretendían, como finalmente se ha comprobado, el despido de toda la plantilla a coste cero”.

Francisco Ruiz-Ruano, Secretario de Organización de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada,  tras señalar que estos hechos están denunciados en los juzgados laboral y mercantil, y ante la jurisdicción penal, por posible delito contra los derechos de los trabajadores, informa además, que incluso los trabajadores despedidos no han podido ni tan siquiera cobrar los mínimos que cubre el Fondo de Garantía Salarial, puesto que la empresa se ha negado a reconocer y certificar la antigüedad real de muchos de los que fueran sus empleados, y en consecuencia la cuantía real de los créditos adeudados.

Hace año y medio, apunta el ugetista, esta empresa tenía varios proyectos en ejecución y se encontraba trabajando en varias obras en la zona de la Costa, con un presupuesto de cinco millones de euros; sin embargo, recuerda el representante sindical, de pronto y sin justificación, se pasó de la noche a la mañana de una situación de solvencia a la declaración de un concurso de acreedores e imponer de forma unilateral un expediente de regulación de empleo.

Como señala Ruiz-Ruano (UGT); el grupo empresarial HGM al que pertenece EGESUR, no parece haber dejado nada al azar, y se ha valido de uniones temporales de empresas (UTE), usando otras empresas del grupo (incluso creando alguna nueva como “Adania Obra Civil S.L.”), con las que sigue trabajando, mientras que EGESUR declara su insolvencia económica, todo ello acompañada de una actitud jocosa y prepotente, por parte de los representantes de dicha empresa, que no se molestan en disimular.

El representante de UGT entiende que tanto el ERE como el concurso de acreedores nacieron viciados y, por tanto, los considera nulos de pleno derecho, por lo que espera que la acción judicial demuestre finalmente que la empresa hizo un uso fraudulento de la legislación, con una actuación deliberada, para extinguir sin coste alguno la relación laboral de todos los trabajadores.

BOMBEROS DE INFOCA SE ENCIERRAN CONTRA EL PRE-ACUERDO FIRMADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y CC.OO. Y UGT

Co.bas – Sevilla

Desde la sección sindical de Co.bas, consideramos que estamos viviendo un momento crucial para el devenir de la plantilla. Es por esto, que, tras meditarlo, hemos decidido sumarnos a la propuesta de encierros en los centros de trabajo. Coincidimos en el absoluto rechazo al preacuerdo de convenio firmado por CC.OO. y UGT, así como en la siguiente tabla de reivindicaciones:

– Subida salarial acorde a las características del trabajo.

– Antigüedad con carácter retroactivo.

– Dispositivo INFOCA al 100% todo el año y aumento de la plantilla.

– Jubilación anticipada digna y coeficientes reductores.

– Estabilidad laboral a todos los colectivos precarios (indefinidos no fijos, no fijos discontinuos, relevistas, eventuales e interinos).

– RPT (Relación de Puestos de Trabajo).

– Categoría profesional de Bombero Forestal con todos los derechos que esta conlleva; enfermedades profesionales, coeficientes reductores, mejores pluses, etc.

– CNAE (Clasificación Nacional de Actividad Económica) acorde a nuestra profesión.

– Adhesión al VI convenio de laborales de la Junta de Andalucía.

– NO! a las ofertas de empleo público que pongan en peligro la continuidad laboral de los que ya están trabando.

– Plan de formación completo de emergencias ambientales.

Dicho todo lo anterior, es nuestro deber como sección sindical, dirigirnos al resto de organizaciones sindicales, plataformas y sobre todo a la totalidad de trabajadores/as de la plantilla, con total sinceridad y honestidad:

Consideramos que los encierros en los centros de trabajo no son la mejor opción para conseguir nuestros propósitos y además creemos que un movimiento tan importante debería de haberse planeado conjuntamente con el resto de secciones sindicales y discutido en asamblea de trabajadores/as. Recordad que llevamos años sabiendo que esto pasaría, por lo que tiempo hemos tenido.

Por lo cual, desde Co.bas, volvemos a hacer un llamamiento a la unidad para organizar asambleas generales provinciales, conjuntamente con las secciones sindicales que se opongan a la firma del convenio AMAYA, para que sean los trabajadores/as los que elijan la tabla reivindicativa y el plan de lucha para conquistar los derechos que nos pertenecen.

BOMBEROS FORESTALES DE MADRID EXPLICAN LOS MOTIVOS DE LA HUELGA

Europa Press

Imágenes de los trabajadores del sector de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid que se encuentran en huelga y han explicado, a las puertas del complejo Las Berceas, el motivo de sus movilizaciones.

Ver Video ->

https://video.microcontenidos.com/EPPlayerTV.aspx?iframeid=8p2lYk2akE&videoid=403216

EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA DESPIDIÓ A 70 TRABAJADORES Y CONTRATÓ A FAMILIARES DE CIUDADANOS Y PP

elplural.com

La Fiscalía investiga si el Ayuntamiento actuó como una “oficina de empleo” para cuñados y yernos de políticos

El Ayuntamiento de Almería está gobernado desde hace casi veinte años por el Partido Popular. Tras los comicios de 2015 perdió la mayoría y quedó a merced del voto de Ciudadanos.

Durante el periodo de pactos poselectorales y de constitución del nuevo Consistorio la formación naranja parecía que iba a pactar con la actual un gobierno de regeneración con un alcalde socialista al frente. Las presiones fueron tan tremendas e intensas que a última hora el grupo municipal de Ciudadanos decidió perpetuar el mandato del PP y apoyó su investidura.

Cabe recordar que, aunque poco a poco se desmorona, Almería y la provincia es un feudo del Partido Popular y del todopoderoso e investigado por la justicia, Gabriel Amat, amigo de Javier Arenas y ahora, cambiando de posición, afín de Pablo Casado.

Denuncia grave de Fiscalía por contratación de familiares del PP y C’s

Pues en este feudo del PP la Fiscalía de Almería ha denunciado al Juzgado Decano posibles delitos de prevaricación y de actividades prohibidas a funcionarios tras la denuncia presentada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) por contratación de familiares de representantes políticos del Ayuntamiento de la capital.

El Ministerio Público recuerda en un decreto que el pasado 14 de mayo la Fiscalía Superior de Andalucía incoó diligencias de investigación penal tras la denuncia de AMAyT por una posible serie de irregularidades en la tramitación y aprobación de la cesión del contrato de concesión del servicio municipal de limpieza de Almería para 2014 y siguientes años.

El 18 de mayo se presentó una ampliación de la denuncia y que ese mismo da la junta directiva de la Asociación de Trabajadores de Limpieza despedidos ratificaron parte de la misma.

«Los hechos denunciados, si se acreditan pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación y un delito actividades prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior y más depurada calificación jurídica», apunta la Fiscalía.

Contrato a la cuñada del alcalde

La denuncia de AMAyT señala que, en 2013, cuando aún era concejal, el alcalde almeriense, Ramón Fernández-Pacheco (PP), votó a favor de adjudicar el contrato del servicio de limpieza urbana y playas por 110 millones de euros a la UTE Acciona-La Generala, que había contratado un mes antes de la confección de los pliegos de condiciones a la cuñada del regidor.

AMAyT cree que la cuñada del alcalde fue contratada, «previamente y ex profeso (…) para obtener este concurso» y señala la existencia de un «ambiente propicio para los intereses personales» de otros cargos sindicales, técnicos municipales y políticos como, según los denunciantes, los del portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla.

Una suerte de “oficina de empleo”

Considera que esta UTE se ha convertido en una suerte de «oficina de empleo» y asegura que hubo una serie de familiares contratados tras el despido de 70 trabajadores que figuraban como eventuales en la bolsa de trabajo, entre ellos supuestamente el cuñado de Cazorla o el yerno del diputado provincial de C’s Roberto Baca.

Se incrementó el presupuesto por encima de la ley a instancias de Ciudadanos

También se denuncia que, siendo ya alcalde, Fernández Pacheco amplió el contrato de la UTE en dos ocasiones en menos de tres años, con una repercusión en los siete años que restan de concesión por importe de más 11 millones de euros y que a petición de C’s incrementó estas subidas con la inclusión de una partida de 800.000 euros para 2018. Según esta asociación, este incremento supera el 20 % del coste anual adjudicado y permitido por ley.

Grabaciones con acuerdos para los contratos

AMAyT incluye en los anexos de su denuncia una serie de transcripciones de grabaciones, también aportadas a la Fiscalía, que pretenden demostrar que hubo una negociación en la que participaron miembros del comité de empresa, de las secciones sindicales, técnicos municipales e incluso el concejal de Servicios, para negociar de forma previa a la concesión el pliego de condiciones.

LA PERFUMERÍA DOUGLAS CIERRA DOS DE SUS TRES TIENDAS EN AVILES Y DESPIDE A SUS EMPLEADAS

Fernando del Busto – El Comercio Digital (Asturias) – Avilés

En mayo cesó la actividad en el local del centro comercial ParqueAstur y ha amanecido sin actividad uno de sus comercios en La Cámara

La comarca ha recibido la mayor parte del impacto del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la cadena Douglas después de que se confirmarse el cierre del comercio situado en la calle de La Cámara. A ello se une el cese de la actividad en el local de ParqueAstur del pasado mes de mayo.

Aunque no ha trascendido el número de afectadas, en Avilés trabajaban cuatro mujeres y, como mínimo, otras tantas se encontraban en la ubicación corverana. Algunas de las afectadas aseguraron que se encontraban al día en el cobro de sus salarios y que su inclusión en el ERE había sido comunicada con antelación.

El cese de actividad en ParqueAstur se produjo el pasado mes de mayo, coincidiendo con el fin del arrendamiento del local comercial que la compañía decidió no renovar.

Desde la empresa no se realizó ningún comentario sobre este proceso de reorganización. De esa manera no se puede saber si incluye el cierre de ParqueAstur dentro de estos planes o no. Sin embargo, todo apunta que la actividad en la comarca se mantendrá en el comercio que permanece abierto en Avilés, también en la calle de La Cámara, ya que lo contrario supondría perder su único punto de venta en la tercera ciudad de Asturias.

Douglas es una empresa de perfumería de capital alemán y cuyo mercado se reparte en diecinueve países.

Desarrollo en España

En 1995, inició su implantación en España, con un crecimiento progresivo que llegó a superar el medio centenar de tiendas en 2017. En ese año, realizó una doble operación como fue la adquisición de la cadena Bodybell, con 223 locales, y, posteriormente, la red de If (102 comercios), con lo que incorporaba a su negocio 325 nuevos puntos de venta, junto con sus plataforma web.

Junto con las pérdidas económicas que venía arrastrando (de 101,5 millones en 2016 y 161,9 en 2017), la dirección de la multinacional presentó el pasado junio una propuesta de ERE en el que planteaba el cierre de 60 tiendas y el despido de algo más de trescientos trabajadores.

Finalmente, tras un proceso de negociación a lo largo de julio, se redujo el número de comercios afectados a 53 tiendas, tres de ellas en Asturias, una menos de las previstas inicialmente. El número de despidos disminuyó hasta 266, incluyendo personal de los departamentos centrales.

El comercio de la calle de La Cámara atendió al público hasta que una nota manuscrita advertía del inminente cierre. El cartel ya fue sustituido por uno impreso. El local permanecía cerrado, mientras personal de la empresa recogía los productos de empresa.

El acuerdo fue ratificado por el 89% de los trabajadores e incluye el pago de 30 días por año trabajado, con un máximo de diecinueve mensualidades. Además, se incorporan condiciones de salvaguarda para personas en situaciones especiales y el compromiso de la dirección de mantener estas mismas condiciones si se producen despedidos en el próximo año.

CC.OO., UGT y USO han defendido el acuerdo como la forma de asegurar la viabilidad de la compañía a pesar del sacrificio que implicaba los cierres. En sus comunicados destacaron como lograron reducir en cerca de 40 los despidos previstos inicialmente, además de salvaguardar varias tiendas para las que se planteaba el cierre, como es el caso de la ubicada en El Entrego.

HUELGA INDEFINIDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTACIONAMIENTO EN ZONA AZUL EN VIGO

María Jesús Fuente – La Voz de Galicia

Los trabajadores respaldan la medida por el despido de ocho compañeros.

Los tres grupos del Concello exigen a la empresa la readmisión inmediata

Los trabajadores del estacionamiento en zona azul irán a la huelga una semana después de producirse el despedido de ocho compañeros. Una baza a favor de la plantilla es que cuenta con el apoyo unánime de toda la corporación de Vigo, no porque coincida en sus apreciaciones sobre lo sucedido, sino por evitar perjuicios. Los tres partidos con representación en el Concello han cerrado filas en torno a los despedidos y exigen la readmisión inmediata.

Una vez subsanado este aspecto, pondrán sobre la mesa la posibilidad de rescatar la concesión y sus distintos puntos de vista. Los propios vigilantes, que en su día advirtieron del peligro que suponía contratar a una empresa que ofrecía un descuento del 30 % en el servicio, prefieren centrarse ahora en la recuperación del empleo de las ocho personas. Seis son afiliadas al sindicato que representa a los trabajadores. Es más, uno de ellos hace año y medio que había sido delegado sindical.

Al propio gobierno municipal no le temblará la mano a la hora de adoptar una decisión drástica como el rescate de la concesión, si no se retiran de inmediato las cartas de despido, según insistió el concejal Carlos López Font. En la reunión que mantendrá con directivos de la empresa le hará llegar la necesidad de «cumplir estrictamente con el pliego de condiciones» y le trasladará el mensaje del alcalde, Abel Caballero, de que el empleo «es intocable».

A la hora de justificar los despidos, Dornier alude a la reducción del número de plazas en la anterior concesión, casualmente en sus manos. Entonces eran 2.850, que se fueron reduciendo como consecuencia de las humanizaciones, por lo que la empresa reclamaba una compensación. Sin embargo, el gobierno municipal le recuerda que aquel concurso era del 2007 y que nada tiene que ver con el firmado el 1 de junio de este año.

En este caso el número de plazas que figuraba en el concurso era de 2.132. «No puede invocar a las reglas de juego de antes, no tiene que ver que sea la misma empresa», advirtió Font, quien reconoció la «gran preocupación» que se les ha venido encima, más que nada por los despidos de los vigilantes. Otro aspecto alegado por Dornier se refiere a la ratio de vigilante por plaza, algo en lo que, según el Concello, tampoco tiene razón al no corresponderse con el pliego de condiciones.

En cualquier caso, para los responsables municipales la subrogación de los 40 trabajadores no tiene ninguna duda, tal como se especificaba de forma detallada en el contrato, por lo que detectan «un incumplimiento grave».

La portavoz del PP, Elena Muñoz, expresó su apoyo a los trabajadores despedidos, «que en algunos casos llevan 27 años prestando un servicio público a todos los vigueses» y también al Concello para exigir su readmisión inmediata. Calificó el trato dado por la empresa a los vigilantes de «inhumano».

Marea de Vigo, a través de su portavoz Rubén Pérez, reiteró el total apoyo, como ya lo hizo el día anterior.

PLAYAS GIPUZKOANAS: HUELGA INDEFINIDA DE LOS SOCORRISTAS A PARTIR DEL 14 DE AGOSTO

Anuncio de huelga de ELA el pasado día 18 con los socorristas ->

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Los paros de los días 29, 30 y 31 para mejorar la situación laboral del colectivo chocaron con dos extremos: no fueron días de gran afluencia en los arenales y los servicios mínimos del 80% «reventaron» la protesta

No ha habido acercamientos en los últimos encuentros destinados a dirimir las asperezas entre el centenar de socorristas que vela por la seguridad de los bañistas en las ocho playas gipuzkoanas, los ayuntamientos, Cruz Roja (que gestiona el servicio) y ELA.

Pese a los tres días de paro realizados a finales de mes las posiciones continúan enconadas y no hay avances en la reivindicación laboral, así que ELA anunciará que a partir del 14 de agosto comienza una huelga indefinida.

Los paros de los días 29, 30 y 31 chocaron con dos extremos: no fueron días de gran afluencia en las playas gipuzkoanas porque el tiempo no era soleado y, sobre todo, los servicios mínimos fijados en un 80% fueron calificados de “excesivos” por los socorristas y “reventaron” la protesta.

Estos reivindican básicamente mejores condiciones salariales: protestan por sueldos que apenas llegan a los mil euros (no ocurre así en las piscinas), por jornadas de hasta diez horas con veinte minutos de descanso y también por el tipo de contrato que pese al trabajo año tras año no es de fijo discontinuo.

EL COLEGIO MAYOR MAESE RODRIGO DE MAIRENA DEL ALJARAFE SE LIQUIDA CON UN COSTE MUNICIPAL DE UN MILLÓN DE EUROS

Trinidad Perdiguero – diariodesevilla.es

El Ayuntamiento quiere sacar a concurso la gestión de las instalaciones una vez recuperadas

El complejo cuenta con 156 apartamentos

El acuerdo plenario contempla la posibilidad de reclamar una parte a la Universidad

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha aprobado en julio la liquidación y extinción definitiva del colegio mayor Maese Rodrigo, que funcionó más de 20 años hasta que, con la caída de la demanda de alumnos e ingresos con la crisis, el anterior gobierno local decidió cerrarlo. Los trámites para extinguir la fundación sin ánimo de lucro que lo gestionaba (en la que participaba el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla) culminarán en estos meses, con el registro ante los distintos organismos –como Hacienda o los servicios de empleo– de la nueva situación. Una vez hecho eso, las instalaciones cedidas para la residencia universitaria revertirán en el Consistorio, que podrá disponer de ellas.

De forma previa, ha tenido que desembolsar cerca de un millón de euros. De ellos, 750.000 euros se corresponden con la valoración de los edificios construidos en estos años y que no estaban cuando el Ayuntamiento cedió las instalaciones: un complejo hotelero de apartamentos hecho para la Expo 92 y que adquirió a una sociedad del Estado. Entre otras cosas, se ha levantado un nuevo aulario, el aula magna o la de música.

Con ese fondo, los liquidadores de la empresa Ernst & Young (contratados después de que el juzgado rechazara el concurso de acreedores) han hecho frente a las deudas con proveedores. Fuentes del gobierno socialista han destacado que se han logrado quitas por más de 322.000 euros, llegando a acuerdos en procesos que estaban ya en los tribunales.

Lo restante, hasta el millón de euros, es por los salarios de tramitación e indemnizaciones a los nueve trabajadores cuyos despidos fueron declarados nulos. El Ayuntamiento tuvo que readmitirlos y están trabajando en la actualidad en el Instituto de Dinamización Ciudadana.

El alcalde, Antonio Conde (PSOE), ha destacado que el Ayuntamiento ha asumido en solitario este proceso de liquidación y sus costes, pero que en el acuerdo de extinción del colegio mayor se ha dejado la puerta abierta a reclamar más adelante una parte a la Universidad, aunque será algo que deberán aclarar y cuantificar en su momento los servicios jurídicos municipales. El acuerdo se aprobó en el Pleno de julio con el voto favorable del PSOE, el PP y C’s, la abstención de IU y el voto en contra de Sí Se Puede.

El plan de ajuste impide una gestión municipal directa

En cuanto al futuro de estas instalaciones, situadas estratégicamente en el Aljarafe y muy cerca de la parada del Metro de Ciudad Expo, el regidor ha avanzado que la intención es sacarlas a concurso público para que una empresa privada presente algún proyecto, con el que se pueda hacer frente a la inversión para ponerlas a punto después de años de cierre y que esa misma empresa asuma su gestión. El gobierno local se ha comprometido a volver a reunir a los grupos de la oposición en septiembre para tratar todo esto.

Dadas las características del complejo, se podría deducir un uso para alguna actividad relacionada con el alojamiento u hotelera, como la que tuvo en su origen. En las instalaciones hay 56 apartamentos individuales y un centenar dobles, todos con cocina, aunque fuentes municipales descartan que haya un enfoque cerrado o que vaya a ir en esa línea.

Conde ha aclarado que, con el plan de ajuste y las limitaciones que impone Hacienda, el Ayuntamiento no puede asumir directamente la gestión de unas instalaciones de este tipo ni la inversión necesaria para adecuarlas. En cualquier caso, se pretende que el futuro proyecto también revierta de alguna forma en la ciudad y los vecinos de Mairena.

LA PLANTILLA SUSPENDE LA HUELGA DE AMBULANCIAS EN ASM

malagahoy.es

La huelga indefinida en ambulancias ASM se suspende después del preacuerdo alcanzado con la empresa y que fue ratificado por la plantilla en asamblea. Así, se han establecido los meses de agosto y septiembre para llevar a cabo las nuevas condiciones laborales pactadas.

En caso contrario, la huelga continuaría adelante, según informaron desde CCOO en un comunicado. Entre las nuevas condiciones destaca, según precisaron, el cumplimiento del convenio colectivo del sector, cuyos importes salariales deben hacerse efectivos con la nómina de septiembre, que será abonada a primeros de octubre, y con las tablas salariales de 2012 a partir del mes de agosto.

También incidieron en el mantenimiento de los turnos actuales, «que la empresa pretendía modificar, empeorando las condiciones», y la conversión de los contratos en prácticas en indefinidos de jornada completa.

CCOO confió en que se cumplan las condiciones pactadas y evitar así la huelga. «Los usuarios no merecen que las empresas del sector del servicio de asistencia sanitaria no apliquen las normas laborales y mantengan en la precariedad a sus trabajadores, con excesos de horarios de trabajo y salarios reducidos mediante contratos en prácticas, lo que inevitablemente redunda en la calidad del servicio», apuntaron.

LOS PILOTOS PRESENTAN UNA DEMANDA CONTRA RYANAIR ANTE LA AUDIENCIA

La Opinión de Tenerife

El Sepla exige que la aerolínea irlandesa aplique la legislación laboral española

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha demanda a Ryanair ante la Audiencia Nacional por irregularidad en los contratos de los pilotos que tienen base en España. El colectivo tomó la decisión tras un año de negociaciones y ante la negativa de Ryanair a reconocer al sindicato y aplicar la legislación laboral española a los pilotos que operan en España.

«Lo único que queremos es que nuestros pilotos tengan los mismos derechos y obligaciones que establece la normativa española, así como la negociación de un convenio colectivo estatutario como tienen otras aerolíneas del mismo sector de la competencia», señaló la organización de representación de los trabajadores en un comunicado. El colectivo profesional aseguró que en las condiciones actuales se encuentran ante una «inseguridad jurídica» en caso de fallecimiento de un familiar, nacimiento de un hijo, baja por enfermedad, o conciliación de la vida familiar respecto a figuras como la guarda legal por el cuidado de menores, entre otros.

Además, Sepla señaló que el reconocimiento de los sindicatos y la regularización de la situación de los pilotos no son incompatibles con una gestión eficiente en una compañía de bajo coste. «Tenemos ejemplos como el de Norwegian o el de Easyjet, empresas que contratan a sus pilotos basados en España bajo la legislación del país», señalaron en el comunicado.

Además, aseguraron que la compañía «está amenazando con traslados de bases y despidos a sus trabajadores en Irlanda, así como al colectivo de tripulantes de cabina (TCP) en España, por ejercer derechos fundamentales». En este último caso, se refirieron a la huelga protagonizada por este colectivo en España, Portugal y Bélgica y que, con respecto al Archipiélago, se saldó con la cancelación de 56 vuelos a lo largo de las dos jornadas de paro.

La compañía propuso una subida salarial. Sin embargo, Sepla aseguró que aceptarla pasaba por la renuncia a una representación sindical libre. «El sistema de representación, que la compañía lleva años imponiendo en España, consiste en una designación unilateral por parte de la compañía de un representante de los pilotos en cada una de las bases de Ryanair en España», sostienen los pilotos.

El sindicato expuso que dicha fórmula es una violación de la libertad sindical. De esa manera, explicó su negativa ante el incremento de sueldo propuesto por la compañía. «No pedimos subidas salariales ni trabajar menos, sino un trato humano y que entiendan que las personas somos un activo importante», enfatizaron.

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