Boletín de Luchas Obreras (7 de Julio de 2016)

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ÍNDICE:

  • MÁS DE LA MITAD DE LOS CONTRATOS FIJOS DE APOYO A EMPRENDEDORES NO SUPERA EL AÑO DE DURACIÓN
  • REPORTAJE: NO TE LAVES LAS MANOS CON LO QUE PASA CON LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS
  • LOS TRABAJADORES PIDEN MEDIACIÓN PARA NEGOCIAR EL CIERRE DE FUENTECAPALA
  • EL PÓSITO DE MALPICA SOLICITARÁ EL CONCURSO DE ACREEDORES CON UNA DEUDA DE 300.000 EUROS
  • VISTO PARA SENTENCIA EL ERE DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA
  • DELEGADOS SINDICALES DEL BBVA PROTESTAN POR 14 DESPIDOS
  • ¿SERÁ EL 6 DE JULIO EL FINAL DE LOS DONUTS?
  • CGT CONVOCA HUELGA EN SERVICIOS AUXILIARES MARÍTIMOS (SAM), QUE ANUNCIA UN ERE DE 27 EMPLEADOS
  • CIERRA UN CENTRO DEPORTIVO EN MÓSTOLES Y DEJA A 40 TRABAJADORES EN LA CALLE
  • COMIENZA LA HUELGA INDEFINIDA DE LOS PORTAVEHÍCULOS DE RENAULT
  • LOS TRABAJADORES DE LA PISCINA DE EL TORCAL HACEN HUELGA PARA RECLAMAR EL COBRO DE SUS NÓMINAS
  • ELA DICE QUE PEDIR SERVICIOS MÍNIMOS ATENTA CONTRA EL DERECHO DE HUELGA
  • RETOMAN LA HUELGA LOS EMPLEADOS DE LIMPIEZA DE LA RESIDENCIA DE BURRIANA
  • EL COMITÉ DE EMPRESA DE LOS SUPERMERCADOS LIDL EN CANTABRIA CONVOCA UNA HUELGA GENERAL PARA EL 4 DE JULIO
  • CCOO INSTA A ATENTO-TOLEDO A PONER FIN AL «TERROR LABORAL» EN SU CENTRO DE TRABAJO
  • LA CGT DE CATALUNYA ANTE LA GRAVE Y DELIRANTE IMPUTACIÓN A 27 PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB), ENTRE ELLAS NUESTRO SECRETARIO GENERAL
  • ERTE EN UNISONO MADRID
  • EL SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA POLICÍA LOCAL (SIP) Y LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (CGT) ABANDONAN LA NEGOCIACIÓN DE HORARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE JEREZ

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MÁS DE LA MITAD DE LOS CONTRATOS FIJOS DE APOYO A EMPRENDEDORES NO SUPERA EL AÑO DE DURACIÓN

Madrid (Europa Press)

El 50,9% de los contratos indefinidos de apoyo a emprendedores, creado en la reforma laboral de 2012, no llega a superar el año de duración, cifra que se eleva al 56,9% cuando las empresas no se acogen a bonificaciones. En contraste, en la contratación indefinida ordinaria, el 62% de los contratos sí superan el año de duración.

UGT ha pedido en varias ocasiones la retirada de este contrato porque contribuye a la «precariedad» del mercado laboral al permitir el establecimiento de un periodo de prueba de un año sin indemnización por despido a su finalización.

UGT entiende que este periodo de prueba permite utilizar esta modalidad como sustituto de un contrato temporal sin coste, siempre que la empresa no se acoja a incentivos fiscales ni bonificaciones.

UGT ha denunciado en un comunicado que:

«Los diferentes comportamientos entre este contrato y los indefinidos ordinarios desenmascaran la naturaleza temporal de una modalidad que quiere hacerse pasar por indefinida».

Más del 15% de los contratos indefinidos actuales son de apoyo a emprendedores, un porcentaje que en 2013 era de 6,2%, por lo que su peso en la contratación se ha más que duplicado.

Ha subrayado que:

«En el último año su uso ha aumentado más del 38%, siendo el causante de los incrementos mostrados por la contratación indefinida. Esta figura estrella de la reforma laboral de 2012 es un fraude, por más que se empeñen en decir que es un contrato indefinido».

La utilización de este contrato ha aumentado en un año un 38,2% y que más del 96% de estos contratos no se ha acogido a incentivos fiscales, un síntoma de que puede estar utilizándose «de manera fraudulenta«.

REPORTAJE: NO TE LAVES LAS MANOS CON LO QUE PASA CON LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS

#Por loPúblico

https://youtu.be/fMqY9txMY6A

Los servicios 112, 061 y Salud Responde, somos servicios esenciales para la comunidad.

El primer eslabón en la cadena de emergencias.

No te laves las manos con lo que pasa en ellos.

No permitas que se haga negocio con las emergencias.

LOS TRABAJADORES PIDEN MEDIACIÓN PARA NEGOCIAR EL CIERRE DE FUENTECAPALA

Se agota el plazo para el cierre de la mayor empresa textil de la región «irrisorio», piden negociar y mantienen recurrir a la vía judicial

Trabajadores de Fuentecapala, en una concentración de junio

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Un mediador externo es la última salida para los 38 trabajadores de Fuentecapala y ya se han iniciado los trámites para solicitar su intervención.

La tercera reunión entre los sindicatos y los responsables de la empresa textil afincada en Navalmoral de la Mata tampoco logró acercar posiciones en el Expediente de Regulación de Empleo en marcha, y los sindicatos optaron por agotar el periodo de negociación que resta aún hasta el 10 de julio recurriendo a la figura de un negociador externo, en busca de mejorar las condiciones de los despidos de los trabajadores. Si no se consigue, tanto CCOO como UGT insisten en que impugnarán el ERE en el juzgado, según confirmaron.

Al contrario que en las reuniones anteriores, la empresa vino con una propuesta, aunque no era la que los trabajadores esperaban. Fuentecapala ofreció «ayuda» para que los trabajadores constituyan una cooperativa textil a la que realizaría pedidos «en condiciones ventajosas».

Pero en esa oferta «solo hablan de asesoramiento para que se constituyan como cooperativa, pero no de un local ni de maquinaria para trabajar», explica Saturnino Lagar, responsable de Industria de CCOO que tilda de «irrisoria» la propuesta. En términos similares se expresa Leocadio Núñez, responsable de Industria de UGT, que habla de una «una tomadura de pelo».

Los sindicatos contestaron a esa propuesta con una contraoferta que fue rechazada por la empresa. En ella se incluía que se actualicen los salarios –congelados desde 2010–, que se abonen las cuatro nóminas pendientes –los trabajadores no cobran desde marzo–, que la empresa done los terrenos a los trabajadores para que puedan explotar la empresa como una cooperativa y que se consideren los despidos como improcedentes y por tanto que se abone una indemnización de 45 días hasta el 2012 y de 33 días hasta el 2016 a toda la plantilla.

«Lo que nos dice la empresa es que no tiene trabajo para que Fuentecapala siga funcionando, pero sí para que, si crean una cooperativa, os malpago y os exploto», resume Lagar. Una postura que comparte el responsable de UGT, para quien «la empresa está cerrada a cualquier propuesta que suponga mantener la actividad» y por tanto en las reuniones hasta ahora «solo han buscado cubrir el expediente y cumplir los tres encuentros que exige la ley en la negociación».

MAS DIALOGO

Los representantes de los trabajadores mantienen en todo caso la disposición a dialogar, aunque a partir de ahora será con la figura del negociador. «La empresa quería cerrar las conversaciones sin acuerdo, pero nosotros queremos negociar y le hemos comunicado que solicitaríamos la mediación», explica Saturnino Lagar.

Los trámites se realizaron para que comenzara cuanto antes a correr el plazo de 72 horas que tiene la Fundación de Relaciones Laborales para convocar el encuentro en el que se buscará el acuerdo entre Fuentecapala y los trabajadores, dentro del plazo de negociación que finaliza el próximo 10 de julio. «Queremos negociar y estamos dispuestos a hacer una propuesta más», afirma Lagar.

No se celebró la protesta en la puerta de Fuentecapala. Las reuniones han dejado de celebrarse en el centro de trabajo y se están desarrollando en las instalaciones de una estación de servicio de la A-5, un cambio de ubicación que los sindicatos atribuyen a que no hay luz en el edificio desde hace más de una semana.

EL PÓSITO DE MALPICA SOLICITARÁ EL CONCURSO DE ACREEDORES CON UNA DEUDA DE 300.000 EUROS

Los socios de la cofradía aprobaron esta medida – La entidad planea alquilar el espacio de su sede y trasladarse a la lonja para ahorrar costes y evitar un ERE

La Cofradía de Pescadores de Malpica iniciará este mes los trámites para solicitar el concurso de acreedores al ser incapaz de afrontar el pasivo de 300.000 euros que acumula. Los miembros del pósito se reunieron en asamblea y aprobaron la medida, con la que intentarán evitar la liquidación de la entidad pesquera, además de varios ajustes para reducir costes y eludir un posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El patrón mayor de Malpica, Pedro Pérez, explicó a este diario que la mayor parte de la deuda la tiene contraída con Portos de Galicia. Ambas partes se reunieron en junio para intentar llegar a una solución, pero no fue posible, por lo que la cofradía dejará su futuro en manos de la Justicia. «Portos de Galicia no tiene la capacidad de aplicar una quita, el juez es el único que puede», indicó Pérez.

El pósito también pretende aplicar varias medidas de ahorro para no ejecutar finalmente el ERE que amenaza a sus nueve empleados desde hace meses. Entre ellas, la entidad planea alquilar su sede, situada en la Casa do Pescador, y trasladarse a la lonja. «Los dos operarios que tenemos allí bajarán a la lonja y también podrán hacer trabajos como pesar pescado. Reduciremos gastos en cosas como luz e impresoras y, con un poco de suerte, también obtendremos ingresos», afirma el patrón mayor.

Malpica será el segundo pósito gallego en solicitar el concurso de acreedores, tras Cariño, que logró eludir la quiebra tras firmar un convenio de acreedores que fue validado por el juez en noviembre de 2015. El puerto cariñés tenía una deuda de 800.000 euros, también en su mayoría con Portos de Galicia, y consiguió una quita del 50%, además de un plazo de pago de diez años con los dos primeros de carencia -sin pagos de deuda ni de intereses-.

Sobre los miembros del pósito malpicán que exigen una auditoría del pasivo bajo amenaza de dejar la entidad, Pérez asegura que son una minoría -el «10%»- y advierte: «Vamos a plantear esa opción, pero costaría unos 4.000 euros por año, 40.000 si se hace una de 10 años. Ese gasto lo tendrán que asumir los que la pidan».

El patrón mayor defiende además los «importantes» retornos económicos que los cerqueros de Malpica -que descargan normalmente en A Coruña- aportan a la cofradía, pero negociará «con ellos» para que vendan en la lonja al menos el pescado que capturen en la zona y así elevar los ingresos.

En este sentido, Pérez espera que las campañas del pulpo y de la nécora, en curso, sean «positivas» y que el sector encuentre recurso cerca de Malpica. «Hablaremos con los compradores e intentaremos levantar esto», concluye el patrón mayor.

VISTO PARA SENTENCIA EL ERE DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

Ha quedado visto para sentencia el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el pasado mes de marzo presentó el equipo de Gobierno tripartito en el Ayuntamiento de Isla Cristina (PIF, PP y CxI), y que dejó en la calle a 80 trabajadores municipales.

El juicio ha tenido lugar en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla, a la que acudieron en autobuses y coches particulares entre 80 y 90 afectados, algunos acompañados por sus familiares.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por el ERE de Isla Cristina, Isaac Rodríguez, ha mostrado a HuelvaCosta la enorme satisfacción de todos los afectados tras la vista ya que “todo se ha desarrollado con normalidad”, el tribunal “ha admitido como pruebas la cuantiosa documentación que se le ha aportado”, y por ello “creemos que ha quedado sobradamente demostrada la injusticia que se ha cometido con nosotros”.

Igualmente se ha mostrado confiado en poder lograr el principal objetivo de los afectados: la total nulidad del ERE y la reincorporación a sus puestos de todos los trabajadores despedidos el pasado mes de marzo. No obstante ha señalado que hay que ser “cautelosos pese a la euforia contenida que sentimos tras la vista”, y “esperar al pronunciamiento final del tribunal”. Un hecho que esperan se produzca el próximo mes de septiembre “dada la cuantiosa información, documentación y pruebas que se ha aportado”.

La demanda colectiva que presentó el sindicato USO es la que ha posibilitado la celebración de la vista oral en el TSJA, y con la misma los afectados tratan de defender los derechos laborales de los 80 despedidos.

En función del resultado del juicio, a lo largo del próximo mes de octubre están previstas las vistas individuales en el Juzgado de lo Social de Huelva, en respuesta a las demandas interpuestas por los trabajadores despedidos a título personal.

En concreto, a nivel individual han presentado más de 60 demandas, donde además de las circunstancias personales de cada uno como la antigüedad, señalan que se ha dado «una persecución política» puesto que «se ha despedido a afiliados del PSOE y PA», mientras que los de los partidos del equipo de Gobierno «no se han visto afectados». Por ello, han incidido en que esperan que por la vía judicial se consiga declarar nulo el ERE.

Los afectados por el ERE alegan «discriminación» hacia los despedidos, ya que «no se justificó porqué se despidió a unos sí y a otros no», incidiendo en que se vieron afectadas «personas por su vinculación política».

El portavoz de la Plataforma ha querido agradecer finalmente el apoyo de las personas que han testificado a su favor en el juicio, así como al sindicato USO por encabezar la demanda colectiva que ha dado lugar a esta vista, con la que “lo único que queremos es recuperar nuestros puestos de trabajo y que nuestras vidas regresen a la normalidad”.

DELEGADOS SINDICALES DEL BBVA PROTESTAN POR 14 DESPIDOS

Denuncian que el banco trata de «amedrentar para poder ganar más»

Concentración de trabajadores del BBVA

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Delegados de todos los sindicatos se han concentrado delante de la oficina principal del BBVA en Los Cantones en protesta por los catorce despidos que el banco ha realizado recientemente en todo el Estado.

Ninguno ha sido en Galicia. En todos los casos, el banco ha alegado una «bajada voluntaria de rendimiento»

Una excusa, en opinión de los sindicatos, para seguir subcontratando servicios a bajo coste y mantener las altas retribuciones que perciben los más de dos mil directivos de la entidad.

Las centrales sindicales denuncian que todos los despidos, dos por Territorial, se produjeron sin apertura de expediente disciplinario previo.

Concentración en Valencia contra los despidos del BBVA

Los sindicatos han salido a la calle para protestar ante las sedes territoriales del BBVA contra los despidos por “baja productividad”

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¿SERÁ EL 6 DE JULIO EL FINAL DE LOS DONUTS?

El Tribunal Supremo decidirá si avala el ajuste laboral acordado en noviembre de 2013 en Panrico, fabricante del popular producto. Si el Supremo tumba el ere, la empresa se declarará previsiblemente

Va a ser previsiblemente un día decisivo para Donuts en España. El Tribunal Supremo dictaminará sobre la legalidad del expediente de regulación de empleo que Panrico aplicó en 2013 como parte de un plan de ajuste que trajo de la mano el despido de más de 410 personas, una rebaja salarial media del 18% y el rediseño de la gama de productos y por ende de toda la actividad de la sociedad.

Según un comunicado difundido por UGT, la sala se reunirá para decidir sobre una plan firmado, hace tres años por la compañía y la comisión negociadora del comité de empresa (en ella están representados ampliamente tanto UGT como Comisiones Obreras). Sin embargo, el ERE fue recurrido por Comisiones Obreras posteriormente ante la Audiencia Nacional, que no le dio la razón, y en segunda instancia ante el Tribunal Supremo, que es ahora quien ha de decidir.

“Estamos muy preocupados, aseguran miembros de la alta dirección de Panrico. Pero lo que decida el Supremo tendremos que gestionarlo de la mejor forma posible”.

Bimbo no compraría

El primer efecto, en el caso de que el Supremo derribe el acuerdo, es que un total de 468 trabajadores que abandonaron la empresa con el ere tendrían un periodo de un mes para decidir si piden reincorporarse a la compañía o no. “El acuerdo de reducción de salarios no tendría efecto —explican— y, por tanto, habría que comenzar a pensar cómo pagar, con efecto retroactivo las cantidades que se deberían hacer pagado, como nómina, en el caso de que no hubiera habido ajuste.

“Esta situación nos llevaría de inmediato a solicitar un nuevo preconcurso de forma inmediata, ya que nos convertiríamos, en unas horas, en una empresa en el camino de ser viable y competitiva a tener pies de barro.

El impacto salarial que tendría declarar ilegal el ERE sería inasumible. Así en primera instancia, daría al traste con la operación de venta de Panrico a la multinacional Bimbo, que automáticamente activaría una de las salvedades recogidas en el contrato de compra y no formalizaría el compromiso de adquisición”.

Según las fuentes citadas, Panrico está previsto que logre en 2016 el punto de equilibrio y pueda empezar a ganar dinero. Cerró el ejercicio de 2015 con unas pérdidas de casi seis millones de euros. “Meter 50 millones más de coste laboral a la empresa, en el caso de que el Supremo hiciera un ‘Coca-Cola’ —el alto tribunal declaró ilegal el ERE que puso en marcha la embotelladora de la marca estadounidense en España, y obligó a reformular todo el plan de reestructuración— nos llevaría la foto fija de la empresa a situarse muy cerca de los 75 millones de euros que perdimos en 2013”.

“Meter 50 millones más de coste laboral llevaría a la empresa a números de 2013: 75 millones de pérdidas”

Tras tres años de reestructuración la sociedad factura por encima de los 260,7 millones de euros, después de haber llevado a cabo una profunda revisión de sus productos y haber aplicado una fuerte rebaja de precios.

De hecho el pacto que la dirección de la empresa, liderada por Carlos Gila, cerró con el comité de empresa, se basó en su día en que todas las medidas; despidos, recorte salarial, y ajuste en los repartidores autónomos, que llenaron una bolsa de ahorro de 49 millones de euros, se dedicaría íntegramente a aumentar el nivel competitivo de la sociedad, bajando precios, con el objetivo de intentar darle la vuelta a la cuenta de resultados en cuatro años.

“El esfuerzo no ha sido nada despreciable, fue un sacrificio enorme y ha servido para que a través de una nueva gestión de precios de las marcas y de una nueva estructura industrial, todos, empresa y trabajadores se compraran un nuevo futuro”, explicaban entonces los representantes sindicales de la firma.

Presente y futuro en cuestión

UGT mostró su preocupación por la eventual decisión que pueda adoptar el Supremo. El sindicato aseguró estar seguro de que de ésta decisión “dependerá el presente y el futuro de todos los trabajadores y trabajadoras que conforman la empresa”.

Cuando UGT firmó dicho ere —continuaba el sindicato— “lo hizo pensando en la continuidad de la compañía, pues a pesar de su dureza, todos conocíamos la situación de la empresa y estábamos convencidos de que de esta manera, los trabajadores tendrían posibilidades de mantener el máximo número de puestos de trabajo”.

“Los hechos así lo demuestran —explicaba UGT—, la compañía está en una situación bastante mejor que en el año 2013 y los trabajadores que ya no están y los que conforman actualmente la plantilla han contribuido a ello con muchísimos esfuerzos y sacrificios asumidos por la plantilla y sus familias, realizados durante estos últimos tres años y que ahora puede culminar con la compra de Panrico por parte de un nuevo inversor industrial como es Bimbo. No un fondo de inversiones-buitres”.

“Ello convertiría a la nueva empresa en la primera compañía del sector de bollería-pastelería y del pan de molde de España, dándole una progresión de futuro más sólida y segura”, aseguraba el sindicato UGT en su comunicado.

CGT CONVOCA HUELGA EN SERVICIOS AUXILIARES MARÍTIMOS (SAM), QUE ANUNCIA UN ERE DE 27 EMPLEADOS

El sindicato mantendrá la medida hasta el viernes

Acusa al grupo empresarial de «chantajear» a los trabajadores

El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó una nueva huelga en la empresa Servicios Auxiliares Marítimos (SAM), perteneciente al Grupo Alonso, coincidiendo con el anuncio realizado por la patronal para la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 27 trabajadores.

La medida de protesta tendrá continuidad hasta el viernes y será la quinta que la sección sindical lleva a cabo desde que el citado grupo empresarial se asentó en Algeciras.

Desde CGT se acusa directamente de la situación al consejero delegado y principal responsable del grupo empresarial, Jorge Alonso, cuya actitud tilda de «impresentable», criticando además «el apoyo que recibe desde la Junta de Andalucía».

«La intransigencia del empresario Jorge Alonso y su despotismo para el cumplimiento de la legalidad vigente no tiene límites», insistieron los responsables de CGT en la comarca a través de un comunicado en el que también arremetieron contra el Gobierno autonómico, al que acusan de «pasotismo a la hora de abordar el problema».

Por ello, la fórmula de la huelga ha sido la elegida una vez más para protestar contra el citado ERE y las condiciones que soporta la plantilla de la empresa, que según el sindicato resultan «indignas» y no se ajustan a la legalidad vigente, algo que ya han denunciado en numerosas ocasiones ante la Inspección de Trabajo.

En este sentido, los sindicalistas explicaron que a los trabajadores que desempeñan funciones de conductor para SAM se les encargan desplazamientos que les obligan «a utilizar dinero de sus familias para hacer el trabajo», ya que deben adelantar los importes para cubrir los gastos derivados de las dietas y pernoctaciones necesarias para desarrollar su labor.

Pero la situación se complica aún más para estos trabajadores cuando se oponen a esta decisión empresarial, ya que aquellos que se niegan a adelantar el dinero son «amenazados con el despido», según se desvela en el comunicado, que también confirma que luego la empresa abona estos gastos «con un mínimo de dos meses de retraso».

Como prueba de sus argumentos relatan el caso vivido por Francisco Bou, uno de los afectados por esta medida y que «ante la negativa inicial de la empresa de adelantarle los importes necesarios» fue despedido pese a argumentar que no podía hacer frente a esos gastos por falta de liquidez.

Desde CGT también se destacan otros aspectos que han contribuido a la decisión de iniciar la huelga, tales como «el impago puntual de la nómina a la plantilla de Servicios Auxiliares Marítimos (SAM), la ausencia de numerosas medidas de seguridad y salud laboral y el incumplimiento permanente del convenio colectivo».

Por último, el sindicato aprovechó para recordar que ya ha denunciado este tipo de situaciones en multitud de ocasiones ante la Inspección de Trabajo y la Junta de Andalucía, ya que considera que se trata de «un chantaje de la empresa a los conductores» al tratarse de una situación contemplada en el convenio colectivo, que recoge que es la empresa la que debe adelantar el dinero.

CIERRA UN CENTRO DEPORTIVO EN MÓSTOLES Y DEJA A 40 TRABAJADORES EN LA CALLE

Virgin Active propone a sus 2.500 socios que se trasladen a unas instalaciones de Alcorcón

La multinacional británica de centros deportivos y de ocio Virgin Active ha anunciado el cierre de su centro de La Fuensanta en Móstoles, según ha informado el sindicato CC OO.

Esta medida supondrá el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre los 40 trabajadores del centro por “razones económicas objetivas”, según la empresa.

Cuando se aplique el ERE, el centro mostoleño dejará a unos 2.500 socios “sin poder hacer uso de las instalaciones deportivas y con contratos pendientes de finalizar”, pese a que se les ha propuesto trasladarse al centro de Tres Aguas en Alcorcón.

Por su lado, el Comité de Empresa considera que las razones argumentadas para justificar el ERE “no se sostiene” ni por los resultados económicos de la compañía ni del centro afectado.

La multinacional -esgrime CC OO- cerró 2015 con una facturación de 658 millones de libras, unos 829,6 millones de euros, un 3 % más respecto a 2014.

COMIENZA LA HUELGA INDEFINIDA DE LOS PORTAVEHÍCULOS DE RENAULT

Afecta a más de 100 trabajadores de trece empresas

Comienza la huelga indefinida del sector

A las 08:00 de la mañana comenzaba la huelga indefinida convocada por el sector del transporte de mercancías por carretera de los portavehículos de Renault que afecta a más de 100 trabajadores de 13 empresas de Valladolid y Palencia.

La convocatoria de huelga viene motivada, según el sindicato CCOO, por la falta de negociación de la empresa cargadora de los vehículos, CAT España, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Las principales reivindicaciones pasan por las condiciones laborales durante la carga y descarga de los vehículos y las condiciones económicas y de desarraigo que los trabajadores sufren.

LOS TRABAJADORES DE LA PISCINA DE EL TORCAL HACEN HUELGA PARA RECLAMAR EL COBRO DE SUS NÓMINAS

Concentración a las puertas del Ayuntamiento.

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La empresa gestora del centro supedita los pagos pendientes a que el Ayuntamiento le ingrese una indemnización

Trabajadores del centro deportivo de El Torcal han protagonizado una concentración de protesta ante el Ayuntamiento dentro de la jornada de huelga que han convocado para exigir el cobro de las nóminas que les adeuda la empresa Gaia, la gestora de esta instalación deportiva, que permanece cerrada. José Gutiérrez, portavoz de los empleados del centro, ha explicado que no han cobrado parte de la nómina de abril, la de mayo y lo más probable es que tampoco puedan percibir la de julio, y ha manifestado que la empresa no ha retirado todavía el expediente de regulación de empleo que pesa sobre la plantilla, de 24 trabajadores, y que sigue adelante con sus planes de cerrar el viernes, día 1 de julio.

Todo ello pese a que el equipo de gobierno municipal había llegado a un principio de acuerdo para resolver el contrato con Gaia y que esta sociedad se haga cargo en precario de la instalación durante un máximo de seis meses, mientras se adjudica a otra sociedad la explotación del servicio.

“Esperamos que haya algún movimiento por parte del Ayuntamiento”, ha expuesto José Gutiérrez, quien ha expresado su preocupación por la lentitud con la que el Consistorio está tramitando el proceso para abonar a Gaia el déficit por la explotación en precario durante dos años del centro deportivo de la Trinidad, que también ha estado en manos de esta empresa, mientras se ha resuelto su adjudicación a otro concesionario.

Este déficit está cifrado en unos 142.000 euros pero el Ayuntamiento no ha podido pagarlo aún a Gaia porque ha requerido una complicada labor de trámites internos que, según ha explicado la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, requiere aún del visto bueno del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, por lo que podría demorarse varias semanas.

Pérez de Siles ha señalado que han pedido a la empresa que pague lo que debe a sus trabajadores porque “tienen la certeza absoluta” del cobro del déficit por la explotación en precario de la Trinidad, aunque los trámites no hayan acabado aún. La Junta de Gobierno Local aprobó el acuerdo para iniciar el expediente de resolución del contrato de explotación del centro deportivo de El Torcal con Gaia.

Responsables de esta empresa gallega dedicada a la explotación de centros deportivos han asegurado a este periódico que, tras tener conocimiento oficial del paso dado por la Junta de Gobierno Local, han iniciado los trámites para anular el expediente de regulación de empleo que pesa sobre la plantilla de El Torcal.

Eso sí, han recalcado que actualmente «es imposible» abonar las nóminas pendientes a sus trabajadores y a los del centro de la Trinidad porque «no tenemos posibilidad» de hacer frente a estos pagos, que supeditan a que el Ayuntamiento les ingrese la compensación por el déficit de la Trinidad.

Por ello, todo apunta a que los empleados del centro de El Torcal se verán forzados a seguir trabajando sin cobrar hasta que el Consistorio salde su deuda con Gaia, que mantiene el compromiso de hacerse cargo de la explotación de las instalaciones en precario hasta final de año.

La concejala de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha solicitado una comparecencia de la concejala de Deportes en el pleno para que informe sobre la situación actual de los centros deportivos de El Torcal y de la Trinidad.

Los trabajadores de la instalación de la calle Malasaña tampoco han cobrado aún la nómina de mayo. “En mayo se aprobó un acuerdo plenario para exigir a la empresa que pagara a sus trabajadores, pero vemos que la espada de Damocles del ERTE sigue sobre ellos”, ha subrayado Ramos.

ELA DICE QUE PEDIR SERVICIOS MÍNIMOS ATENTA CONTRA EL DERECHO DE HUELGA

Agencia EFE

El sindicato ELA ha considerado que la intención del Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao de pedir que se implanten servicios mínimos en la huelga indefinida que llevan a cabo sus trabajadores subcontratados de atención al público «atenta contra el derecho fundamental a la huelga».

ELA, que junto con el sindicato LAB mantienen una huelga indefinida de los empleados de la contrata Manpower Gropu Services que prestan los servicios de atención a los visitantes de la centenaria pinacoteca bilbaína desde el pasado 7 de junio, ha opinado de esta manera sobre la decisión del Patronato del viernes, 24 de junio.

Ese día el comité ejecutivo del Patronato, formado por las tres instituciones propietarias del Museo (Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Bizkaia y Gobierno Vasco) y la Fundación Bancaria BBK, como patrocinadora principal, decidieron pedir servicios mínimos al considerar que la huelga afecta a «un servicio público que debe ser protegido», informa el centro expositivo en un comunicado.

ELA ha señalado, en un comunicado, que detrás de esta petición «se encuentra el propio Ayuntamiento de Bilbao», que al mismo tiempo que manifiesta su negativa a intervenir en este conflicto, a pesar de las reiteradas solicitudes de huelguistas, presiona al Departamento de Empleo para que imponga un decreto de servicios mínimos con el fin de evitar que se visualice el efecto de esta huelga».

«Estamos ante una propuesta claramente abusiva, que atenta contra el derecho fundamental a la huelga de este colectivo», sentencia la central vasca.

Para ELA, las instituciones propietarias del Museo «lejos asumir su responsabilidad y buscar un acuerdo negociado ante un conflicto laboral que han generado imponiendo la miseria laboral», optan por presionar para «impedir el ejercicio de un derecho fundamental, actuando como juez y parte».

«No quieren que la sociedad tome conciencia del brutal impacto que sobre las condiciones de trabajo está teniendo un modelo de gestión basado en la licitación a la baja de los servicios y pésimas condiciones laborales del personal subcontratado», concluye la nota.

Los 34 empleados de los servicios de atención al público y actividades didácticas de Manpower Group llevan casi tres semanas de huelga para exigir un salario y una jornada de trabajo «decentes» y que se introduzca la cláusula de subrogación de sus puestos en el caso de cambiar la contrata.

RETOMAN LA HUELGA LOS EMPLEADOS DE LIMPIEZA DE LA RESIDENCIA DE BURRIANA

Europa Press – Castellón

Manifestación de los afectados juntos a la propia residencia

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Los trabajadores de la empresa Acister, S.A., encargada de la limpieza y mantenimiento de la Residencia de la Tercera Edad de Burriana (Castellón), han decidido retomar la jornada de huelga ante la «reincidencia» en el impago de salarios, según ha informado UGT en un comunicado. Con jornadas de huelga intermitentes, que están previstas para el lunes, martes y miércoles y 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de julio, los trabajadores reclaman la estabilidad en el abono de salarios.

El sindicato ha recordado que son «muchos» los meses que llevan arrastrando una situación de retrasos en el abono de salarios, «de forma reiterada e injustificada» por parte de la empresa adjudicataria del servicio. Después de celebrarse el Tribunal de Arbitraje Laboral, la empresa abonó la nómina del mes de junio, dejando a deber la paga extra.

EL COMITÉ DE EMPRESA DE LOS SUPERMERCADOS LIDL EN CANTABRIA CONVOCA UNA HUELGA GENERAL PARA EL 4 DE JULIO

EFE – Santander

Imagen de la protesta de finales del mes de mayo de los trabajadores del hipermercado Lidl situado en la calle Primero de Mayo de Santander.

Rechazan la aplicación del convenio estatal porque supone abrir obligatoriamente todos los domingos o la eliminación del plus de antigüedad

El comité de empresa de los supermercados Lidl en Cantabria ha convocado una huelga general en sus tiendas de Santander, Astillero, Torrelavega, Reinosa, Laredo y Castro Urdiales, para el próximo 4 de julio, ante la negativa de la empresa de llegar a ningún acuerdo.

El presidente del comité, Carlos Fernández, ha explicado que tras mantener cuatro reuniones con la empresa, la dirección ha perseverado en su decisión de «mantener» todos los aspectos del nuevo convenio estatal de Lidl, «a pesar de que perjudican claramente a los trabajadores de Cantabria», como la apertura obligatoria de todos los domingos o la eliminación del plus de antigüedad.

Además de la «intransigencia» que ha mostrado la empresa se dan «nuevas circunstancias que agravan más el problema», ha aseverado Fernández. «Hemos averiguado que la empresa no va a aplicar el recién rubricado convenio estatal en el País Vasco», señala el sindicalista y añade que «para colmo, en los últimos días la empresa está negociando otro convenio aparte, que solo va a afectar a los empleados de Llodio (Álava)».

Para Fernández es «paradójico e indignante» que la dirección de Lidl defienda un único convenio para todo el territorio nacional, a pesar de que «se empeoran» las condiciones laborales de muchos trabajadores, no acepte rebajar ninguna de sus pretensiones, a pesar de que los empleados ceden en bastantes aspectos, y a la vez negocie acuerdos puntuales con algunas provincias o municipios.

Ante este escenario, el comité de empresa ha advertido que el 4 de julio «solo va a ser la primera de las muchas movilizaciones» que se convocarán para resolver el futuro laboral de los trabajadores de Cantabria.

CCOO INSTA A ATENTO-TOLEDO A PONER FIN AL «TERROR LABORAL» EN SU CENTRO DE TRABAJO

El sindicato CCOO ha instado a la empresa Atento-Toledo a «poner fin al terror laboral en los centros de trabajo» y ha destacado que esperan reunirse con esta «antes de las tres nuevas jornadas de huelga», convocadas para los días 2, 3 y 4 de julio.

Araceli González, de la Sección Sindical de CCOO en Atento-Toledo, ha comentado que «alrededor de la mitad de la plantilla» de Atento-Toledo secundó la huelga convocada durante el fin de semana en todos los centros de trabajo de la compañía en España, donde el impacto del paro se situó en el 33 por ciento, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Mientras, el domingo, la segunda jornada de huelga registró un seguimiento menor de «en torno al 20 por ciento tanto a nivel estatal como en Toledo».

González ha explicado que los motivos de la convocatoria de los paros «son inacabables», alegando que «las condiciones laborales son insoportables, los abusos patronales y la vulneración de derechos atentan contra la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores e incluso contra su salud física y psíquica».

«Esperamos reunirnos con la empresa a lo largo de la semana, antes de las tres nuevas jornadas de huelga, para ver si es posible alcanzar un acuerdo con nuestra empresa para acabar con el clima de terror laboral que se vive en todos los centros de trabajo de Atento y que no puede prolongarse más», ha continuado.

El sindicato ha asegurado que los representantes de los trabajadores de Atento denuncian «la presión a la que están sometidas las plantillas, los objetivos desmesurados que marca la empresa, la reiterada imposición de sanciones por cualquier motivo, los constantes cambios en las condiciones laborales y la falta de garantías en el mantenimiento de los puestos de trabajo», entre otras situaciones.

Por ello, Araceli González ha señalado que los trabajadores decidieron ir a la huelga «porque estamos hartos de que pisoteen nuestra dignidad». «No hay ningún trabajador ni ninguna trabajadora de Atento que no sufra alguna de las muchas prácticas abusivas de nuestra empresa», ha subrayado, advirtiendo que «si no hay un acuerdo, mantendremos y reforzaremos la convocatoria de huelgas».

LA CGT DE CATALUNYA ANTE LA GRAVE Y DELIRANTE IMPUTACIÓN A 27 PERSONAS DE LA UAB (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA), ENTRE ELLAS NUESTRO SECRETARIO GENERAL

Queremos informar que nos ha llegado el escrito de acusación de la fiscalía por las protestas estudiantiles y sindicales en la UAB durante la primavera del 2013, en las mismas se ocupó el edificio del rectorado de la UAB en 2013. En una sucesión de imputaciones que calificamos de delirantes y aberrantes, se acumulan peticiones de prisión que llegan hasta los 11 años y 5 meses para nuestro secretario general, el profesor Ermengol Gassiot, y peticiones parecidas para 25 estudiantes y un trabajador del PAS (personal de administración y servicios), delegado en el comité de empresa del PAS por el sindicato CAU-IAC.

Ermengol, como delegado de la Confederación General del Trabajo en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro del Comité de empresa, apoyó a los estudiantes que ocuparon el rectorado en 2013, que posteriormente se convirtió en una ocupación de todos los colectivos en lucha de la UAB, así como también a las movilizaciones universitarias que se realizaron durante el curso 2012-2013.

En todas las ocasiones, mantuvo una firme lucha sindical contra el anterior equipo de rectorado. En la mencionada ocupación, algunos profesores y personal de administración y servicios (PAS) mostraron su solidaridad con su presencia al edificio, y haciendo sus clases en el propio rectorado.

La Universitat Autònoma de Barcelona se ha personado como acusación particular del presente procedimiento. Se trata de la primera vez desde el franquismo que una universidad pública denuncia penalmente a un profesor y un miembro del PAS por su práctica político-sindical. Y también es una situación casi inédita el hecho que una universidad pública haya denunciado penalmente sus propios estudiantes.

La UAB no sólo se ha personado como acusación particular, sino que también ha redactado informes para la policía y ha perseguido claramente a aquellas personas que fueron contrarias a la candidatura del anterior rector, Ferran Sancho. Todo ello ha hecho que el presente procedimiento conforme una persecución indiscriminada de la lucha sindical y, por lo tanto, en una clara vulneración del ejercicio de derechos fundamentales.

Esta brutal represión y peticiones fiscales basadas en la revancha ideológica tienen como objetivo amedrentar al estudiantado, la comunidad universitaria y la población en general.

Denunciamos la persecución ideológica en la UAB contra toda oposición a la política de recortes y agresiones a la universidad pública. Denunciamos la responsabilidad e instigación del equipo de Ferran Sancho en esta denuncia. Denunciamos las mentiras y venganzas de la ex-vicerrectora Sílvia Carrasco, personada como acusación particular en la causa.

Y recordamos que a la CGT de Catalunya cuando nos tocan a una nos tocan a todas, por lo tanto, no nos quedaremos de brazos cruzados mirando cómo actitudes fascistas pretenden enjaular a nuestro secretario general y a 26 personas que simplemente hacían una ocupación en defensa de los derechos de todas y todos a una universidad pública, social y de calidad.

ERTE UNISONO MADRID

Comunicado del Sector Federal de Telemarketing de CGT

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En primer lugar queremos dar las gracias a todas las personas que el día 27 de junio secundamos la huelga convocada en la empresa y que consiguió paralizar completamente servicios como Iberdrola, Mapfre, Yoigo, Gas Natural, Vodafone Boat o Marketing Particulares entre otras.

Gracias por vuestro esfuerzo y solidaridad, especialmente a quienes un número de más de 300 nos acompañasteis con vuestras voces en la concentración convocada frente a la empresa.

Dicho esto, queremos contaros la reunión, en la que la empresa ha intentado torearnos en todo momento, negándonos información y documentación que hemos solicitado todos los sindicatos reiteradamente.

Pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino diciendo que el trabajo de FT Activaciones que se hace en Evoluciona no tiene nada que ver con lo que se prestaba en Unisono, cuando resulta que en los contratos de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa dice que están ligados al contrato mercantil de Orange con Unisono.

Ahora dicen que es un error. Tampoco saben nada de los trabajadores de Evoluciona que han estado formándose en Unísono, ni de los manuales idénticos… Y menos aún aclaran por qué motivo las filiales de Chile y Colombia facturan a Unísono por servicios de clientes de España subcontratados en estos países.

De eso no sabían nada y después de un receso de media hora seguían sin tener conocimiento y eso que en la reunión estaba presente la plana mayor de recursos humanos. Lo que si ha quedado claro es que las llamadas de Iberdrola se atienden indistintamente en Madrid, Valencia y Chile, pero el ERTE solo afecta a Madrid por una decisión de la empresa que no ha explicado razonablemente.

Desde CGT tenemos muy claro como ya os anunciábamos en nuestro anterior comunicado que el único motivo por el que la empresa quiere aplicar el ERTE es para ahorrarse nuestro salario durante siete meses para en este tiempo contratar a personas de la calle más baratos al ser todos teleoperadores y no gestores, turnos partidos y jornadas más cortas.

Las únicas ofertas que ha realizado la empresa son irrisorias, suponen en la mayoría de los casos cambio de turno o reducción de jornada y reubicaciones temporales mínimas y en otros casos son directamente ilegales, peor incluso que el propio ERTE y suponen siempre una pérdida de derechos por parte de las personas afectadas. La banca siempre gana.

EL SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA POLICÍA LOCAL (SIP) Y LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (CGT) ABANDONAN LA NEGOCIACIÓN DE HORARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE JEREZ

El gobierno local dice que pretendían trabajar sólo cinco horas y media desde el 1 de junio al 30 de septiembre de 2016

El Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP) y la Confederación General de Trabajadores (CGT) se levantaron de la Mesa General de Negociación en la que se intentaba pactar con el gobierno local el cuadro horario de la Policía Local para el año 2016.

Según ambos sindicatos, «al haber recuperado tres días de asuntos propios de los que se perdieron en el año 2012, según el artículo 8 del reglamento de la Mesa General de Negociación (Reglamento en vigor y publicado en el BOP con fecha 4/01/2013), el número de horas de trabajo efectivo que deberemos realizar se ha reducido a 1.642 horas en el cómputo anual».

Por ello, SIP y CGT presentaron «una propuesta de cuadro horario en el que realizamos las 1.642 anuales, pero reflejando que la reducción horaria de verano se ampliase desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre con una jornada de cinco horas y media, única forma de conseguir trabajar las 1.642 horas establecidas por la resolución de 16 de septiembre».

El gobierno municipal, por su parte, presentó, según SIP y CGT, «una propuesta de cuadro horario igual a la de los años anteriores para 2016, sin contemplar la reducción de horas establecida por la citada resolución, decisión que perjudica a toda la plantilla vulnerando su derecho a realizar las horas legalmente establecidas».

La delegada de Recursos Humanos y presidenta de la Mesa, Laura Álvarez, «con una actitud déspota y dictatorial -según el SIP-, impidió que se votara la propuesta sindical y sometió a votación únicamente la propuesta de la empresa (el gobierno local), vetando el turno de palabra y manifestando que ella es la presidenta y que lo hace en virtud de sus funciones».

Por este motivo, los representantes del SIP y de CGT, que conforman la mayoría sindical en la Mesa, abandonaron la sala, quedando en la misma el resto de secciones sindicales y los responsables del gobierno local.

CGT dice que el gobierno local «se negó a debatir nuestra propuesta basándose en la existencia de un hipotético informe jurídico que la declara contraria a la legalidad. Informe jurídico que no es más que un escrito de un folio sin antecedentes de hecho, sin fundamentos de derecho y sin firma».

«Esta actuación ha sido puesta en conocimiento de nuestra asesoría jurídica para emprender las actuaciones legales oportunas ante un ataque tan directo al derecho a la negociación», concluye CGT.

El gobierno municipal, por su parte, afirma en un comunicado que ha presentado «una propuesta de cuadro horario para el próximo año que cumple la legislación vigente y el convenio por el que se rige actualmente la plantilla municipal».

El gobierno aclara que la propuesta presentada por los sindicatos SIP y CGT no ha llegado a debatirse «al no cumplir la legislación vigente ya que contemplaba un cómputo anual de horas muy por debajo de lo que establece la ley para los empleados públicos».

«La propuesta presentada por el SIP recogía que desde el 1 de junio al 30 de septiembre, los trabajadores municipales trabajaran sólo 5.30 horas diarias. De esta propuesta se desmarcó a última hora el sindicato CGT, que presentó su propia propuesta elevando el cómputo de horas hasta las 6.30 horas diarias. Es decir, proponen entrar a las 8 y salir a las 13, 30 horas o 14,30 horas en la segunda propuesta, durante cuatro meses al año».

El gobierno considera que si se llevara a cabo este cómputo horario «supondría una importante merma de la calidad de los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento.

Asimismo, supondría que, para poder prestar esos servicios de calidad, los trabajadores municipales tendrían que recurrir a realizar horas extraordinarias y compras de libranzas, lo que supondría un importante incremento de los gastos de Personal para el año 2016 que, sin embargo, por ley tienen que reducirse en un 5 por ciento».

La propuesta municipal, rechazada por ambos sindicatos, «cumple el Real Decreto de 18 de septiembre vigente actualmente, así como el convenio municipal aún en vigor y aprobado por las centrales sindicales, recogiendo tanto los periodos vacacionales como los asuntos propios establecidos por ley para los empleados públicos».

El gobierno realiza igualmente un «llamamiento a la cordura» a los sindicatos para que se puedan «volver a sentar para negociar unas condiciones laborales dignas para la plantilla y que no supongan una merma de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y un encarecimiento del capítulo de Personal».

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