Boletín de Luchas Obreras (7 de Enero de 2016)

ÍNDICE:

  • TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE REGULACIÓN DE EMPLEO HASTA OCTUBRE
  • RECORTE DE EMPLEO EN LA TÉRMICA DE ANDORRA
  • EL PERSONAL DE SEMÁFOROS DE XIXON DESCONVOCA LA HUELGA AL CERRAR UN ACUERDO CON SICE
  • DECLARAN IMPROCEDENTE EL DESPIDO DE UNA TRABAJADORA DE (“LA EMPRESA”) CCOO-A, QUE DEBERÁ ABONARLE 45.000 EUROS MÁS SI DECIDE NO READMITIRLA
  • LA PLANTILLA DE TRAGSA SOPESA MOVILIZARSE POR LOS DESPIDOS
  • CSIF RECLAMA AL GOBIERNO EN FUNCIONES UNA MEDIDA DE GRACIA PARA FRENAR LOS 1.336 DESPIDOS EN TRAGSA
  • «QUEREMOS HACER RUIDO Y COMPROMETER A LOS PARTIDOS», AFIRMAN LOS AFECTADOS DE TRAGSA
  • LOS TRABAJADORES DE AUZSA DECIDEN SI RECRUDECEN LA HUELGA
  • LA HUELGA DE LOS INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS DE CANAL SUR TV CONTINÚA TRAS EL «FRACASO» DE LA REUNIÓN EN EL SERCLA
  • LA OPOSICIÓN PIDE AL PP DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA QUE NEGOCIE PARA ACABAR CON HUELGA DE BOMBEROS
  • SEAT COMPONENTES – MEDIACIÓN HUELGA INDEFINIDA
  • LA ‘LEY PARA HITEMASA’ EVITARÁ A LOS 17 INTRUSOS INVESTIGADOS POR LA JUEZ ALAYA

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TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE REGULACIÓN DE EMPLEO HASTA OCTUBRE

Repaso de los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El número de trabajadores afectados por despidos colectivos desciende un 34% hasta octubre

Desciende un 47,4% el número de empresas que recurren a regulaciones de empleo

Los procedimientos finalizados con acuerdo ascendieron al 92,3%

El número de trabajadores afectados por despidos colectivos hasta octubre de este año fueron 20.049, que representa un descenso de 10.403 personas, un 34,2 % menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Tal y como recoge la Estadística de Regulación de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo en el periodo enero-octubre de 2015 es de 81.856 personas, 50.004 trabajadores menos que en el mismo periodo de 2014, lo que supone un descenso del 37,9%.

Los trabajadores afectados por suspensiones de contrato en los diez primeros meses del año se situaron en 49.955, lo que representa una disminución del 33,1%, sobre el mismo periodo de 2014. Asimismo, los trabajadores que vieron reducida su jornada alcanzaron la cifra de 11.852, un 55,7% menos que en el mismo periodo de 2014.

El total de empresas que adoptaron medidas de regulación de empleo entre enero y octubre de este año fue de 4.828, 4.352 menos que en los mismos meses de 2014, lo que supone un descenso del 47,4% sobre el mismo periodo del ejercicio anterior.

El número total de procedimientos fue de 6.060, que representa un descenso del 47,2% respecto a los 10 primeros meses de 2014. Los procedimientos finalizados con acuerdo ascendieron al 92,3%, frente al 7,7% que lo hizo sin acuerdo.

El número de trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada ha bajado en 15 Comunidades Autónomas. Los mayores descensos se han producido en:

– Castilla-La Mancha (-75,6%)

– La Rioja (-63,6%)

– Comunidad Valenciana (-59,4%)

– Andalucía (-57,8%)

– País Vasco (-54,6%)

Por el contrario, aumentó en la Comunidad Autónoma de:

– Aragón (81%)

– Extremadura (8,7%).

Trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada y variación anual, por CC.AA. (Enero-Octubre 2015)

– Madrid: 13.464

– Aragón: 12.059

– Cataluña: 9.936

– Castilla y León: 8.939

– País Vasco: 7.060

– C. Valenciana: 6.783

– Andalucía: 5.230

– Galicia: 5.092

– Navarra: 3.325

– Asturias: 2.211

– Cantabria: 1.919

– Canarias: 1.784

– Extremadura: 1.481

– Castilla-La Mancha: 932

– Baleares: 679

– Murcia: 512

– La Rioja: 417

– Ceuta y Melilla: 33

RECORTE DE EMPLEO EN LA TÉRMICA DE ANDORRA

El comité de la térmica no apoyará el ajuste sin tener garantías de futuro

Los sindicatos no se opondrán a los 42 despidos si Endesa invierte en la central

El recorte de empleo anunciado recientemente por Endesa no ha ayudado a calmar los ánimos en la térmica de Andorra.

Más bien al contrario. Los 42 despidos, que no serán «traumáticos» al recurrir a prejubilaciones, han elevado aún más la incertidumbre entre una plantilla que lleva mucho tiempo esperando que la eléctrica tome una decisión definitiva sobre el futuro de la central.

Tanto es así que el comité ya advierte que su apoyo al ajuste laboral estará supeditado a que Endesa garantice que acometerá las inversiones medioambientales necesarias (de unos 230 millones de euros) para adaptar la planta a la normativa europea sobre emisiones industriales y alargar así su vida más allá del 2023.

«Son muchos años de marear la perdiz y la inquietud sigue ahí, así que si no nos dan garantías de que invertirán no estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo extra», subrayó a este diario el presidente del comité de la térmica, Hilario Mombiela (UGT).

La representación sindical sabe que gracias a la reforma laboral del 2012 la empresa puede ejecutar el recorte de manera unilateral, pero indica que en ese caso la «tensión laboral» iría en aumento. «No se descarta convocar movilizaciones», apuntó.

El ajuste, que se enmarca en un plan de optimización de costes de las cinco plantas de carbón que Endesa tiene en España, supondrá la salida anticipada de 42 de los 178 trabajadores (el 24%) de la térmica. «Los 136 que nos quedaríamos podríamos asumir la carga de trabajo porque Endesa quiere externalizar el servicio del parque de carbones», indicó Mombiela.

Las salidas, eso sí, no serían traumáticas, ya que se recurriría a la vía de las prejubilaciones. El actual convenio de la térmica estipula que los empleados que tengan al menos 50 años podrán acogerse a esta fórmula cobrando el 70% del salario, mientras que a partir de los 55 recibirían el 80% del sueldo. «En torno al 75% de la plantilla tiene 50 años o más», señaló Mombiela, que apuntó que la empresa quiere tener atado el recorte laboral en el mes de marzo. «La próxima reunión se celebrará en Madrid el 12 de enero», añadió.

El plan prevé un ahorro anual de 35,4 millones para lo cual, según Endesa, se necesita tomar una serie de medidas para reducir tres tipos de costes: el de personal, los contratos de servicios auxiliares y el combustible.

EL PERSONAL DE SEMÁFOROS DE XIXON DESCONVOCA LA HUELGA AL CERRAR UN ACUERDO CON SICE

Gijón

La empresa concesionaria del servicio hasta el 15 de enero se compromete por escrito a firmar el convenio para subir un 1% el salario a los trabajadores

El personal del servicio de mantenimiento semafórico de la ciudad, que trabajó con normalidad, ha decidido desconvocar las dos jornadas de huelga previstas después de aceptar como válido un acuerdo por escrito que la actual empresa concesionaria, SICE, hizo llegar vía correo electrónico al concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Esteban Aparicio.

Según explicó el delegado sindical de estos operarios, Marcelino Tejado, SICE se ha comprometido negro sobre blanco a firmar un convenio que les garantiza una subida salarial del 1% correspondiente a 2015, exactamente lo que reclamaban estos 22 trabajadores que serán subrogados a una nueva adjudicataria a mediados de mes.

A partir de ahora, indicó Tejado, queda rubricar el convenio redactado por las partes y publicar el acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para que tenga validez jurídica. El delegado sindical cree, aunque no lo sabe a ciencia cierta, que la actual concesionaria y la futura adjudicataria «se han arreglado entre ellas» para desbloquear la situación. Además, agradece al equipo de gobierno de Moriyón y a Xixón Sí Puede el apoyo brindado.

El preacuerdo alcanzado el pasado 30 de diciembre, gracias a la mediación del gobierno municipal de Foro con la alcaldesa a la cabeza, ya hizo presagiar una rápida resolución del conflicto. Todo ello tras protagonizar este personal de mantenimiento de los semáforos tres jornadas de paro los días 22, 29 y 30 de diciembre que, aún con el cumplimiento de servicios mínimos, pusieron en jaque el tráfico de la ciudad y obligaron a los agentes de la Policía Local a realizar muchas horas extra.

Petición de sanciones de IU

En este contexto, el grupo municipal de IU llevará al Pleno ordinario de enero una iniciativa para pedir una mayor mediación del gobierno local, al que reprocha su falta de previsión ante este conflicto, sobre todo, ante la incorporación, el próximo 15 de enero, de una nueva empresa adjudicataria, la UTE Esycsa-Etralux.

En este sentido, a Izquierda Unida le preocupan las posibles consecuencias que para los trabajadores pueda conllevar la rebaja de un 20% en el precio de licitación de la empresa. Un temor compartido por los operarios que consideran que esa baja en el contrato por dos años prorrogables acabe derivando en los mismos problemas que la empresa que se encarga del alumbrado público.

La proposición de Izquierda Unida plantea, además, según explicó la edil Ana Castaño, que el gobierno de Foro exija las responsabilidades pertinentes a la empresa del servicio por los perjuicios derivados por la no prestación o la prestación deficiente del servicio durante las jornadas de huelga. A juicio de Castaño, estos estragos deberían ser sancionados de acuerdo a las normas que marque la ley.

DECLARAN IMPROCEDENTE EL DESPIDO DE UNA TRABAJADORA DE (“LA EMPRESA”) CCOO-A, QUE DEBERÁ ABONARLE 45.000 EUROS MÁS SI DECIDE NO READMITIRLA

Antonio Salvador – elmundo.es

En casa del sindicalista, cuchara de palo

Los tribunales de Justicia vuelven a dar un nuevo revés a la política de despidos aplicada en los últimos años por CCOO en Andalucía tras el desplome de sus ingresos por la caída de la afiliación y el recorte de las ayudas públicas.

Un juzgado de lo Social de Jaén ha declarado improcedente el despido de una graduado social que trabajaba en la asesoría jurídica del sindicato en la capital jiennense y ha dado cinco días a CCOO a readmitirla o a pagarle 45.309,88 euros más de indemnización de lo que le abonó cuando la puso en la calle.

La secretaría de Organización y Finanzas de CC.OO. en Andalucía comunicó el 30 de julio de 2015 a Rosario P. Q. su despido -con fecha de efecto el 31 de agosto pasado- alegando causas económicas.

El sindicato (SERÁ LA EMPRESA) declaró pérdidas por 4,73 millones en 2013 y de 2 millones en 2014, a pesar de haber puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de haber modificado las condiciones de trabajo al colectivo de abogados y graduados sociales en 2013.

Pero «no consta acreditada» la situación económica de CCOO-A en 2015. En una sentencia dictada el pasado 22 de diciembre, el Juzgado de lo Social 4 de Jaén rechaza la nulidad del despido -como pretendía la trabajadora, al entenderlo discriminatorio y que debió tramitarse como colectivo- pero reconoce su improcedencia.

Y es improcedente, en opinión de la magistrada María de los Dolores Martín Cabrera, porque la comunicación del despido no justificaba la causa de tal decisión.

El fallo detalla:

«No contiene especificación de hecho o dato fáctico alguno que sirva de apoyo al despido de la actora, pues, si bien en la carta se especifican los datos económicos de la Confederación Sindical de CC.OO. de Andalucía, no se contiene dato económico alguno, ni relativo a los expedientes tramitados, de la asesoría jurídica de CCOO en Jaén».

Y añade:

«Luego la actora desconoce cuál es la situación que justifica que en la Unión Provincial de Jaén de la Confederación Sindical de CC.OO. se proceda al despido, primero de un trabajador, por qué sobra un trabajador y, además, que sea elegido un técnico y no un administrativo, por ejemplo. Y, desde luego, el momento adecuado para realizar esa explicación no es el acto de juicio, pues priva de toda posibilidad de defensa a la actora».

La juez también afea al sindicato (SERÁ A LA EMPRESA) que no notificara a la delegada de personal ni el despido ni el preaviso de esta trabajadora.

Con anterioridad a esta sentencia, otro juzgado de lo Social -en ese caso el nº 3 de Cádiz- declaró nulos los despidos de dos trabajadores de CCOO-A y condenó al sindicato (SERÁ A LA EMPRESA) a readmitirlos y a pagarles los salarios de tramitación acumulados durante 28 meses.

La organización que lidera Francisco Carbonero ha recurrido dicho fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

LA PLANTILLA DE TRAGSA SOPESA MOVILIZARSE POR LOS DESPIDOS

El sindicato UGT Aragón convocó a los trabajadores de la empresa pública Tragsa, dependiente de la SEPI, a una reunión para estudiar posibles movilizaciones en protesta por la aplicación en la comunidad autónoma del cien por cien del expediente de regulación de empleo (ERE) que se tradujo en el despido de catorce empleados el pasado 31 de diciembre.

El sindicato denunció a través de un comunicado la «mala fe» de la dirección de Tragsa por esta decisión, llevada a cabo «prácticamente de improviso» y «sin negociación previa y anunciando que aplicará la reforma laboral».

El pasado 29 de diciembre la dirección dio a conocer al comité intercentros la aplicación del ERE solicitado en el 2013, que incluye la ejecución de 726 extinciones laborales en toda España. De ellos, 14 eran en Aragón.

En Aragón se hizo efectiva la totalidad de ellos: 8 en Zaragoza, 3 en Huesca y 3 en Teruel. Y en un momento, aseguró UGT, con elevada carga de trabajo.

Por eso el sindicato consideró «inaceptable» la forma en la que se han producido estos despidos, sin comunicación previa por escrito y sorprendidos por el hecho de encontrar la indemnización en sus cuentas corrientes.

En opinión del sindicato, la dirección ha descartado la opción de negociar y posibilitar que se produjeran extinciones no voluntarias, negándose a retomar el plan de viabilidad planteado antes por la propia empresa.

CSIF RECLAMA AL GOBIERNO EN FUNCIONES UNA MEDIDA DE GRACIA PARA FRENAR LOS 1.336 DESPIDOS EN TRAGSA

La empresa materializa los primeros despidos, pese a que las cifras vuelven a estar en positivo, como antes de la crisis

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha solicitado al Gobierno en funciones una medida de gracia para frenar los 1.336 despidos en el Grupo Tragsa. Esta solicitud se enviará también a los diferentes grupos parlamentarios cuando se constituyan las Cortes.

La empresa ingresó los finiquitos en las cuentas de los trabajadores en vísperas de Nochevieja, cuando muchos de los afectados se encontraban disfrutando de las vacaciones y ya se han empezado a materializar los primeros despidos (en torno a 500 en toda España), con la entrega de las cartas y la salida de las oficinas.

El grueso de los despidos (fundamentalmente trabajadores de entre 40 y 50 años, con una media de 20 años de servicio en la empresa) se materializará, previsiblemente antes de finalizar enero.

Los trabajadores despedidos se están enterando de que están fuera de la empresa por los ingresos del finiquito recibido en el banco, sin que se les haya  notificado  nada de manera escrita o verbal, lo que refleja la falta de consideración en las formas.

CSIF reclama esta medida ‘de gracia’ al Gobierno (responsable último de la empresa, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI), teniendo en cuenta que la actual situación económica de la empresa refleja una previsión de beneficios de 2 millones de euros en el ejercicio 2015 y un incremento de la producción del 63 por ciento, respecto al año pasado (660 millones de euros).

Por tanto, las circunstancias económicas que lo motivaron han cambiado de manera sustancial respecto a 2013, cuando se registraban pérdidas.

En los beneficios presentados, va incluida la previsión del 50 por ciento de la paga extraordinaria correspondiente a 2012, que tiene que abonarse el año que viene. Si no fuera así, estos beneficios se podrían situar en torno a los 8 millones. En todo caso, después de varios años de balances negativos, por fin vuelve a estar en positivo, en números de 2011, y por tanto previos a la crisis económica.

Tal y como ha manifestado la compañía, TRAGSA no tiene un problema con el número de trabajadores en plantilla, sino con su coste.

Por ello, aprovechándose de la actual reforma laboral, pretenden cambiar puestos de trabajo fijos  por otros eventuales y precarios. Por eso se pueden producir nuevas contrataciones de trabajadores recientemente despedidos.

Desde CSIF, apelan al sentido común y a la voluntad política del Gobierno en funciones para evitar esta situación.

«QUEREMOS HACER RUIDO Y COMPROMETER A LOS PARTIDOS», AFIRMAN LOS AFECTADOS DE TRAGSA

Oviedo

La plantilla asturiana de la empresa pública Tragsa inició, en su sede ovetense, un encierro indefinido para paralizar los despidos «cobardes» de 34 trabajadores.

La dirección de la compañía, dedicada principalmente al sector medioambiental, no esperó a que terminase el año para poner en la calle a 560 empleados de toda España, tras recibir el aval del Tribunal Supremo.

El Expediente de Regulación de Empleo, que afecta ahora a 1.336 personas, fue denunciado primero por los sindicatos y declarado nulo después por la Audiencia Nacional.

En concreto, el ERE pone en peligro 47 puestos de trabajo en la región, aunque de momento son 34 los despedidos. «Nos han echado con alevosía.

La jefatura está desaparecida, no dan la cara», denuncia el portavoz de los trabajadores, Tomás Fernández, quien advierte que el cese de una parte de la plantilla perjudicará de forma notable al saneamiento ganadero de la región y retrasará las obras de ampliación en el colegio público Carmen Ruiz- Tilve, en La Corredoria (Oviedo).

La campaña de saneamiento comenzó precisamente en el oriente asturiano. Tragsa, que contaba en el Principado con 52 veterinarios, ha expulsado a un total de 18. Tragsa es un grupo de empresas públicas integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y realiza servicios de diferente tipo para las administraciones públicas, incluyendo el mantenimiento en áreas como medio ambiente, infraestructuras, edificación y arquitectura, agua, sanidad y salud, pesca, en los trabajos de ingeniería, consultoría y asistencias técnicas.

Todos los veterinarios del Principado fueron subrogados en 2005 a Tragsatec -filial del grupo Tragsa- por parte de la consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Esto quiere decir que «la empresa está incumpliendo el acuerdo suscrito con la Administración regional y que por tanto los despidos son improcedentes», comenta un portavoz del comité.

En este sentido, la responsable de ganadería de Izquierda Unida, María José Miranda, exigió que se respetase el pacto, tras mantener una reunión con los trabajadores rescindidos. Para Fernández, Tragsa está incumpliendo el pliego de condiciones que tiene con el Principado para la realización de la campaña de saneamiento. «Pedimos a la Consejera de Desarrollo Rural (María Jesús Álvarez) que tome cartas en el asunto: o bien que obligue a Tragsa a readmitir a los trabajadores o bien que cese el contrato con esta empresa y lo realice a través de la empresa pública Serpa».

Tanto los veterinarios como los jefes de obras, maquinistas, peones y demás profesionales afectados por el ERE, se enteraron de su nueva situación entre el 29 y el 30 de diciembre a través del ingreso en el banco del finiquito. «Todos los despidos son malos, pero éste es todavía peor.

No hemos tenido ni la dignidad de estar delante de la personas que nos ha dejado en el paro», critica Tomás Fernández.

Las primeras cartas de despido llegaron todavía por burofax. «Nos han humillado, nos han machacado», agrega Fernández.

Aunque la dirección sólo ha comunicado el despido de 34 asturianos, los trabajadores cuentan con que en los próximos días se ejecuten más bajas. La empresa tiene hasta el 31 de enero para aplicar al cien por cien el ERE. «Lo que quieren es acabar con la compañía, eso está claro.

Porque no es normal que después de 35 años de beneficios, intenten echar a 1.336 personas por un año de pérdidas. Creo que no nos lo merecemos y más que nos lo comuniquen de esa forma y en plenas vacaciones de Navidad», dice Tomás Fernández.

LOS TRABAJADORES DE AUZSA DECIDEN SI RECRUDECEN LA HUELGA

Zaragoza

Los trabajadores de Auzsa llevan 26 días con paros parciales

El comité de huelga de Auzsa preparará nuevas medidas movilizadoras en el servicio de autobús si no se alcanza un acuerdo con la dirección de la empresa. La plantilla informará sobre los nuevos pasos a seguir a partir de las 18.15 horas, que podrían pasar por alargar los paros y acciones reivindicativas en la calle.

El comité de huelga de Auzsa ha anunciado que preparará nuevas medidas movilizadoras en el servicio de autobús si el día 5 de enero no se alcanza un acuerdo con la dirección de la empresa.

La plantilla informará sobre los nuevos pasos a seguir, que podrían pasar por alargar los paros y acciones reivindicativas en la calle.

Los trabajadores de Autobuses Urbanos de Zaragoza, Auzsa, siguen en huelga desde el 10 de diciembre y van a celebrar asamblea tras la reunión que tendrán por la mañana con la dirección de la empresa. Allí decidirán los pasos a dar en función del resultado de ese nuevo encuentro.

Los trabajadores han presentado a la empresa una nueva propuesta en la que renuncian a que se les retribuya los atrasos correspondientes a las cantidades que han dejado de percibir desde el 10 de octubre de 2013 y la consiguiente congelación salarial.

El presidente del comité de empresa, Javier Anadón, ha explicado que en la asamblea se decide qué medidas se toman, si se mantienen los paros o van más allá, o si hay motivos para desconvocar la huelga. “Todo dependerá de lo que pasé en la reunión de la comisión negociadora”, ha recalcado.

En el paro que se ha realizado de 9.00 a 11.30 horas, y las dos primeras horas y media en taller, el seguimiento ha sido un 100% en el de trabajadores de mantenimiento y un 95% en el de conductores sobre los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

LA HUELGA DE LOS INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS DE CANAL SUR TV CONTINÚA TRAS EL «FRACASO» DE LA REUNIÓN EN EL SERCLA

Europa Press – Sevilla

El colectivo de intérpretes de lengua de signos de Canal Sur TV continuará con la huelga indefinida, que comenzó hace 68 días, tras el «fracasado» intento de CCOO de Sevilla de buscar la mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) al no asistir Seprotec, empresa con la que la cadena pública tiene externalizado dicho servicio.

Además, y a través de un comunicado, CCOO ha lamentado que la RTVA haya enviado al acto a un abogado de su gabinete jurídico «sin ninguna propuesta para salir del conflicto», toda vez que ha criticado la «inacción» de la subdirección general de la cadena en todos estos días de huelga, ya que durante «este largo periodo no ha habido ni una sola reunión de la empresa pública andaluza con las trabajadoras en huelga».

«Estamos sorprendido ante el desprecio de una empresa como Sepotrec hacia un órgano de mediación como el Sercla», señala el secretario general de FSC CCOO de Sevilla, Javier Pino, quien asegura que «es una empresa sin ninguna experiencia en interpretación de lenguas de signos en empresas de televisión».

«No han venido al Sercla porque no conocen de lo que hay que hablar. Han hecho una oferta a Canal Sur, que ahora resulta que no les cuadra económicamente.

Lo llamativo es que Joaquín Durán siga mirando para otro lado y Susana Díaz no ponga orden en este desaguisado», ha señalado el responsable sindical al término de la reunión.

LA OPOSICIÓN PIDE AL PP DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA QUE NEGOCIE PARA ACABAR CON HUELGA DE BOMBEROS

EFE

Consideran «incomprensible» el cambio ordenado en los turnos de guardia de los bomberos de Murcia, «promovido por actuaciones totalitarias del Gobierno del Partido Popular

Los portavoces de los grupos municipales del ayuntamiento de Murcia Ciudadanos, Mario Gómez; PSOE, José Ignacio Gras; Ahora, Alicia Morales, y Cambiemos, Nacho Tornel, toda la oposición al equipo de Gobierno del PP, han pedido al alcalde, José Ballesta, que negocie para acabar con la huelga de bomberos.

En un comunicado conjunto emitido en el quinto día de una protesta indefinida que no afecta a los usuarios, solicitan al primer edil que convoque urgentemente una junta de portavoces extraordinaria en la que exigirán «soluciones inmediatas a la crisis generada».

Consideran «incomprensible» el cambio ordenado en los turnos de guardia de los bomberos de Murcia, «promovido por actuaciones totalitarias del Gobierno del PP, que lo ha decidido de manera unilateral, sin posibilidad de acuerdos, sin convocar mesa de negociación y sin el más mínimo diálogo con los trabajadores».

«Apoyamos las reivindicaciones de los bomberos, puesto que no tiene sentido realizar un cuadrante a 6 años vista que perjudica el servicio de salvamento y emergencias, teniendo en cuenta la próxima entrada de 30 bomberos y la reestructuración por promoción interna de los mandos del cuerpo, que motivaría otra nueva revisión» en la asignación de efectivos en los turnos de trabajo, señalan.

Por último, entienden que esos cambios «modifican sus condiciones de trabajo y afectan de manera directa a la conciliación con su vida familiar y laboral».

Por su parte, el comité de huelga, que tenía prevista una «marcha informativa» durante la Cabalgata de Reyes de esta tarde para repartir a los niños golosinas y globos y a los padres folletos sobre su situación, ha informado de que la Delegación del Gobierno la ha prohibido porque podría haber supuesto «problemas de seguridad y orden público», según los sindicatos CCOO, Sime y CSIF.

Los 180 huelguistas, cuya protesta no afecta al servicio que ofrecen, indican que la Delegación les ha ofrecido a las 10 de la mañana realizar esa misma marcha de 9 a 11 en otro recorrido, por lo que entienden que ha actuado «de forma autoritaria» anulando su derecho de manifestación sin darles opción de poder informar a los ciudadanos de su problemática «ante la indiferencia y la falta de voluntad mostrada por el alcalde en la resolución del conflicto».

SEAT COMPONENTES – MEDIACIÓN HUELGA INDEFINIDA

En la reunión realizada en el Departament de Treball, para la mediación de la huelga indefinida, estaban convocados miembros del Comité de Empresa y la representación de la empresa para buscar una salida a la situación creada por la empresa, en relación a la comunicación de traslados de compañeros al centro de SEAT Martorell.

Después de intensas negociaciones no ha habido acuerdo que consiga desconvocar la huelga.

La empresa continúa con su postura de realizar los traslados al centro de SEAT Martorell y la parte social con la convocatoria de huelga indefinida debido al inmovilismo de la empresa.

El día 5 de enero están convocados en el mismo lugar, la parte social y la empresa donde continuará la mediación para intentar llegar a una solución

LA ‘LEY PARA HITEMASA’ EVITARÁ A LOS 17 INTRUSOS INVESTIGADOS POR LA JUEZ ALAYA

Se aprobará en el próximo pleno parlamentario

Una manifestante de Hitemasa ante las puertas de la delegación del Gobierno andaluz

El Parlamento andaluz llevará al próximo pleno de febrero la ley diseñada para Hitemasa (extinta fábrica textil malagueña) para restituir los 13 millones de euros que se le deben a 191 prejubilados del segundo Expediente de Regulación de Empleo y definitivo que vivió esta empresa en 2004.

La Proposición de Ley ha sido diseñada por los servicios jurídicos de la Junta, y ha quedado ‘bendecida’ por todos los partidos -con pocas salvedades-, para devolver a la normalidad a un colectivo que se ha visto demasiados meses, en numerosos casos, en situación de precariedad por estos impagos.

En el mismo texto de la ley pergeñada se hace especial hincapié en que quedarán excluidos de la condición de beneficiarios aquellos sobre los que haya recaído resolución por existencia de alguna irregularidad, de lo que se deriva que no podrán beneficiarse los 17 investigados por la juez Mercedes Alaya dentro del caso ‘ERE’.

Esta empresa se habría llevado la palma en cuanto al número de ‘intrusos’ detectados del total de 70 casos. La cuantía que se les adeuda, en base al general de sus respectivas mensualidades de prejubilación, es la que venían reclamando que no cobraban desde el pasado mes de febrero y que les ha llevado a consecutivos actos de protesta durante estos meses, incluido un ‘escrache’ al secretario general del PSOE en España, Pedro Sánchez en una de sus últimas visitas a Málaga.

De seguirse el cronograma natural de estas tramitaciones parlamentarias la ley contemplaría cobros a partir del 1 de marzo de 2016, toda vez que en la próxima sesión plenaria de febrero no se esperan obstáculos de última hora para su aprobación ya que todos los partidos del arco han participado en su elaboración, incluidos Ciudadanos y Podemos.

Sería entonces cuando estos prejubilados volverían a cobrar de nuevo las retribuciones que se perdieron por el camino de tantas irregularidades, incluidas dos quiebras de aseguradoras donde tenían depositadas estas cantidades (Personal Life y Apra Leven), en una empresa que llegó a ser referente internacional.

Y es que el caso del segundo expediente de 2004 de Hitemasa es especialmente paradigmático en los ERE andaluces, en el mismo se reconoció la intrusión del llamado ‘conseguidor’ de la trama, Juan Lanzas, ex dirigente de la UGT de Jaén, que también ‘coló’ a su mujer en el mismo, según lo investigado.

Los trabajadores siempre han manifestado haber sufrido una de las más cicateras y oscuras liquidaciones que se hayan producido en tiempos del tristemente célebre ex director de Empleo de la Junta, Javier Guerrero, cabecilla de la trama de los ERE, si bien ahora mismo esta noticia es todo un golpe de optimismo para la mayoría.

Según marcará esta ley los afectados de menos de 60 años recibirán el 88% del salario neto que cobraban a fecha de 2003, con un mínimo de 1.000 euros.

Igual lo harían los mayores no mutualistas. Los mutualistas percibirán una cantidad fija y vitalicia, equivalente a la diferencia entre el salario de garantía y la pensión de jubilación anticipada del trabajador. Después percibirán un complemento mensual vitalicio fijo que se corresponderá con la diferencia entre el 88% de su salario neto actualizado y su pensión.

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