Boletín de Luchas Obreras (7 de Diciembre de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • PROTESTAS DE LOS FORESTALES DE SARGA POR EL ADELANTO DE LA FINALIZACIÓN DE SUS CONTRATOS
  • SINDICATOS CIFRAN EN EL 65% LA HUELGA EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA VASCA Y LA PATRONAL EN 26%
  • AIR NOSTRUM ENCARA SU TERCERA JORNADA DE HUELGA Y CANCELA 48 VUELOS
  • NUEVA HUELGA DE LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN CÓRDOBA
  • SE CUMPLE UNA SEMANA DE HUELGA EN LAS RESIDENCIAS PRIVADAS DE PERSONAS MAYORES Y CENTROS DE DÍA DE GIPUZKOA
  • SINDICATOS MANTIENEN LA HUELGA INDEFINIDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VITORIA
  • LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO VOLVERÁN A LA HUELGA DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE
  • HUELGA EN CORREOS: ASÍ HA SIDO LA PRIMERA JORNADA DE PARO
  • COMIENZAN A NEGOCIAR UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) DE 14 MESES EN PLANTA DE TRÁPAGA DE TUBOS REUNIDOS
  • LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE PONTEVEDRA DESPEDIRÁN A UN TERCIO DE SUS TRABAJADORES
  • LOS TRABAJADORES DE ALCOA EN A CORUÑA INICIAN UNA HUELGA DE 24 HORAS
  • MÁS DEL 50 % DE LOS AFECTADOS DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) DE JUANEDA ES PERSONAL SANITARIO
  • HUELGA DE MÉDICOS RESIDENTES EN URGENCIAS DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
  • TRABAJADORES DE LA NAVAL SE MANIFIESTAN EN BILBAO PARA EVITAR EL CIERRE Y ADVIERTEN DE QUE “QUEDA POCO TIEMPO”
  • EL FINAL FELIZ DEL LARGO CALVARIO DE LOS EMPLEADOS DE VESTAS
  • LA MINERÍA ASTURIANA, EN LA ENCRUCIJADA A MENOS DE UN MES DE PERDER LAS AYUDAS

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PROTESTAS DE LOS FORESTALES DE SARGA POR EL ADELANTO DE LA FINALIZACIÓN DE SUS CONTRATOS

B. Travesí – Heraldo.es

El compromiso de la empresa era mantenerlos hasta el 31 de diciembre, según el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo aragonés y Podemos

Protesta de los bomberos forestales ->

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Los trabajadores del operativo de prevención y extinción de incendios de Aragón, adscritos a la empresa pública Sarga, han vuelto a salir a las calles de Zaragoza para protestar por el adelanto de sus despidos y para exigir condiciones dignas de trabajo.

Un centenar de forestales, pertenecientes a distintas cuadrillas, se han concentrado en el centro de la ciudad para trasladar el malestar de estos trabajadores ante el incumplimiento del acuerdo alcanzado por el Gobierno aragonés y Podemos.

En virtud de este pacto, el Ejecutivo de Lambán se comprometía a ampliar el periodo de contrato de estos operativos y para algunos equipos mantenerlo hasta el 31 de diciembre.

Los forestales, una treintena de los cuales han ido ataviados con sus equipos de extinción de incendios, han recorrido luego el centro de Zaragoza desde la Gran Vía hasta la plaza de España gritando consignas como ‘Olona despierta el fuego está en tu puerta’, ‘Estos son, aquí están los bomberos de extinción’, ‘Este presidente miente, miente, miente’ y pidiendo la dimisión del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Según fuentes sindicales, lo previsto para este año era que los forestales de parques naturales fueran contratados para diez meses; los operativos de los puestos fijos de vigilancia, para siete; los conductores de autobombas –camiones cisterna– y las cuadrillas terrestres, durante diez y medio y las cuadrillas helitransportadas, por doce meses.

Las quejas comenzaron ya desde principios de año porque los agentes de parques naturales y las cuadrillas terrestres fueron contratadas más tarde de lo previsto.

Las críticas sindicales se recrudecieron en el mes de septiembre porque una parte importante de los operativos de vigilancia de los puestos fijos vieron rescindidos sus contratos de trabajo a principios de septiembre.

Según fuentes sindicales, este adelanto de los despidos afectó a unos 100 de los 160 trabajadores que componen este servicio.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio hecho por Sarga a mediados de noviembre de la intención de rescindir antes de lo inicialmente previsto los contratos de las cuadrillas terrestres del operativo de prevención y extinción de incendios.

El presidente del comité de empresa de Sarga, José Ramón Cajal (CC. OO.) ha criticado, al comienzo de la protesta, el incumplimiento del compromiso adquirido por el Ejecutivo aragonés durante la firma del acuerdo de gobierno de PSOE, CHA y Podemos y ha lamentado la poca sensibilidad que demuestra tanto el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, como el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, por el mundo rural.

Cajal ha recordado que los 800 trabajadores que componen el operativo de prevención y extinción de incendios y espacios naturales de Sarga pertenecen y desempeñan su actividad en este ámbito.

Se ha referido también a las condiciones de trabajo de estos operativos, que llevan años reclamando la consideración de bomberos forestales y exigiendo mejoras laborales, como ser contratados durante todo el año.

Los sindicatos con representación en la empresa Sarga han puesto reiteradamente de manifiesto que la labor de estos trabajadores es “esencial” para el mundo rural, no solo para la prevención y extinción de incendios sino porque vigilan y conservan el monte y contribuyen a fijar población en los pueblos.

SINDICATOS CIFRAN EN EL 65% LA HUELGA EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA VASCA Y LA PATRONAL EN 26%

EFE – Vitoria

Participantes en la manifestación celebrada en Vitoria ->

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El cuarto y último día de huelga en los centros de iniciativa social de la enseñanza concertada vasca se ha saldado con un seguimiento del 60-65% según las estimaciones de los sindicatos, aunque la patronal Kristau Eskola ha rebajado la incidencia hasta el 26%.Alrededor de 9.000 trabajadores estaban llamados a la huelga por los sindicatos ELA, Steilas, CC.OO., LAB y UGT para exigir a las patronales del sector -Kristau Eskola y AICE-IZEI- un nuevo convenio que incluya mejoras salariales, de condiciones de trabajo y la garantía del empleo.

Las movilizaciones se han trasladado a Vitoria donde una multitudinaria manifestación ha partido a media mañana de la Plaza Bilbao para finalizar en la Virgen Blanca con una pancarta con la leyenda en euskera “Por un nuevo acuerdo, negociación real ya”.

En declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la marcha, la representante de ELA Miren Zubizarreta ha felicitado a los trabajadores por su “persistencia” en las movilizaciones y por el “amplísimo” seguimiento en estas cuatro jornadas de huelga, que ha sido “bastante regular” y ha rondado el “60-65%” todos los días, también ahora.

Kristau Eskola ha rebajado sin embargo el porcentaje de trabajadores en huelga hasta el 26%: el 24% en Álava, el 34% en Bizkaia y el 17% en Gipuzkoa.

La patronal ha criticado además a los sindicatos por haber llevado la tensión a las aulas y los ha emplazado a retomar las negociaciones “cuanto antes para poder llegar a consenso, desde la responsabilidad, y con el esfuerzo y voluntad de todos; sin poner en peligro, ni la viabilidad del modelo concertado, ni la calidad del proyecto educativo”.

La representante de ELA ha asegurado por su parte que estas jornadas de huelga “no esconden ningún objetivo político ni de otra clase”, sino que únicamente buscan la mejora de las condiciones laborales tras diez años sin renovar el convenio.

“Las patronales no pueden eludir la responsabilidad que tienen y les interpelamos directamente para que hagan propuestas con contenidos reales que responsan a las reivindicaciones de los trabajadores” en lugar de las propuestas “escasas” que han planteado hasta la fecha, ha dicho.

Zubizarreta ha advertido además que las movilizaciones continuarán si las patronales no dan una “respuesta significativa” a las demandas de sus plantillas, que pasan por aliviar la carga de trabajo, recolocar a los trabajadores afectados por los posibles cierres de aulas y recuperar el poder adquisitivo perdido, entre otras cuestiones.

Las movilizaciones de los trabajadores de la enseñanza concertada son continuación de las dos jornadas de huelga llevadas a cabo los pasados 9 y 10 de octubre y de las tres secundadas el curso pasado en el sector.

La huelga afecta a 215 centros educativos de iniciativa social, que representan el 70% de la enseñanza concertada vasca y en los que estudian unos 120.000 alumnos vascos.

AIR NOSTRUM ENCARA SU TERCERA JORNADA DE HUELGA Y CANCELA 48 VUELOS

Servimedia

La reunión entre el sindicato de pilotos Sepla y la dirección de la aerolínea termina sin acuerdo, aunque se vuelven a citar el lunes

Air Nostrum afronta la tercera jornada de huelga convocada por el sindicato de pilotos Sepla en protesta por la política de la compañía de externalizar producción a través de otras sociedades, y por la que se han cancelado 48 vuelos. Todo después de haber concluido sin acuerdo la reunión entre Sepla y compañía, unas conversaciones que se reanudarán el lunes.

Ya hubo anteriormente otra huelga, con 48 cancelaciones, y el lunes con otras 52. Los servicios mínimos contemplan el 100% de los vuelos con origen o destino Baleares, Canarias y Melilla, así como los vuelos en Obligación de Servicio Público en territorios peninsulares (Almería-Sevilla, Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona).

También están protegidos el 28% de los vuelos entre ciudades españolas en las que la alternativa sea inferior a cinco horas y el 42% para los que superen las cinco horas y para ciudades extranjeras.

Los clientes afectados por estas cancelaciones pueden optar por el reembolso de los billetes o la reubicación en vuelos y fechas alternativas según disponibilidad. Los que hayan adquirido sus billetes a través de iberia.com; recibirán un mensaje de Iberia, compañía para la que Air Nostrum opera los vuelos afectados, sobre la incidencia que se haya producido. Si han adquirido los billetes a través de una agencia de viajes, será ésta quien contacte con los clientes.

NUEVA HUELGA DE LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN CÓRDOBA

Lourdes Chaparro – El Día de Córdoba

La Coordinadora ¡Basta Ya! nace en Córdoba y anuncia nuevas medidas de protesta, como la recogida de firmas

Médicos de atención primaria y pediatras han acordado una nueva serie de movilizaciones y protestas en las próximas semanas para reclamar, entre otras medidas, que la atención a los pacientes sea de diez minutos.

Agrupados bajo la Coordinadora de Médicos ¡Basta ya! -que se ha constituido-, los profesionales médicos han decidido convocar una nueva huelga en el mes de enero; una fecha que se bajara es la del día 8 de enero del año que viene.

Fuentes de la plataforma, que cuenta con el apoyo del Sindicato Médico de Córdoba (Simec) han asegurado que “la huelga será bastante larga” y han añadido que “no se descarta que sea indefinida, ya que tenemos que contar con los ciudadanos”.

Las mismas fuentes han destacado que “lo que es innegociable es atender a 28 pacientes al día” y una atención de diez minutos, al tiempo que han recordado que “en Cataluña piden 12 minutos y lo han conseguido”. “Aquí estamos muy retrasados”, han anotado.

Además de la convocatoria de huelga, otra de las medidas de presión que estudian los galenos es organizar “un encierro en los centros de salud”, si bien, han reconocido que antes de llevar a cabo esta medida “hay que decidir el momento adecuado”.

Junto a este anuncio, las mismas fuentes han avanzado que el martes 4 de diciembre van a iniciar una campaña de recogida de firmas, con el objetivo de “intentar implicar a la población”. “Pedimos algo mínimo y no entendemos cómo la Administración no nos atiende”, han subrayado. También han reconocido que lo de que se trata es “ofrecer calidad asistencial” a todos los pacientes.

Otra de las demandas de los galenos es la sustitución de todas las ausencias de profesionales “sea cual sea la causa”, es decir, desde vacaciones a enfermedades, y “desde el primer día”.

A ella se suma otra reivindicación: la mejora del acceso a las pruebas complementarias necesarias y en tiempo razonable, además de que “no se asignen a los médicos cupos de más de 1.500 pacientes”.

La igualación del gasto por habitante que Andalucía decida a la Sanidad a la media nacional y también el sueldo, además de que sean los profesionales quienes elijan a los directores de los centros de salud son el resto de demandas.

SE CUMPLE UNA SEMANA DE HUELGA EN LAS RESIDENCIAS PRIVADAS DE PERSONAS MAYORES Y CENTROS DE DÍA DE GIPUZKOA

Arantxa Aldaz – Diario Vasco

Usuarios y allegados desean la vuelta a la normalidad en el sector, que encadena cinco días de paros, pero también entienden el derecho del colectivo a la protesta

Son las manos que cuidan día y noche de sus familiares, y como es entendible, quieren lo mejor para ellas. Allegados de usuarios de residencias tienen todavía reservas de paciencia ante la que se presume una larga protesta sindical para lograr un convenio sectorial en el sector. «Nuestros familiares están bien atendidos con los servicios mínimos.

Se nota que las trabajadoras están más agobiadas para llegar a cubrir el servicio, pero ponen todo de su parte para que los usuarios estén bien. Son personas y procuran su bienestar», defendía a las puertas de la residencia Txara del barrio donostiarra de Intxaurrondo Cristina Honrado, junto a su madre Conchita Lorente.

Los usuarios consultados manifestaban su deseo de que vuelva la normalidad en el sector, pero a la vez se mostraban comprensivos con el colectivo. «Tienen derecho a reclamar mejoras», decían María Luisa, María Juani y Jesús Mari, de visita a su hermana Alberta Arsuaga.

Se cumple una semana de huelga en las residencias privadas de personas mayores y centros de día de Gipuzkoa, la convocatoria más larga efectuada hasta la fecha, que se suma a los cuatro días anteriores de movilizaciones en septiembre y octubre. El calendario de ELA, sindicato con mayoría en el sector, se extiende a ocho días más en plenas navidades. LAB también ha endurecido su posición y convoca, por separado, dos jornadas de protesta a finales de diciembre, que se añaden a las dos jornadas de movilizaciones ya celebradas.

«Es muy duro el trabajo que hacen», se ponía en la piel de las trabajadoras Cristina Honrado. «Las entiendo perfectamente. Yo he estado de huelga en la clínica de La Asunción de Tolosa -la plantilla encadenó cinco meses de lucha hasta ver satisfechas sus reivindicaciones-», se solidarizaba e insistía en que el derecho a la huelga es «compatible con atender bien a los usuarios. Mi madre está bien atendida. ¿A qué sí ama?», le lanza. Conchita se limita a sonreír. «Es que ella ya no sabe que soy su hija. Lo que sabe es que me quiere mucho, porque los sentimientos no se olvidan. ¿Me quieres?», le pregunta. «Claro, cómo no te voy a querer», le corresponde Conchita.

«Su habitación está limpia y su planta también. Con los servicios mínimos -que fueron aumentados al 70% en horario habitual y al 80% en las horas de más actividad tras detectarse irregularidades en la primera jornada de huelga- están bien atendidos», corroboraban los hermanos de Alberta Arsuaga, gran dependiente, mientras la paseaban en silla por los alrededores de Txara.

Valentina, de 95 años, da buena cuenta de una ración de patatas bravas junto a sus hijas Manuela y Susana, en un bar junto a Txara. «Quizá estén tardando más porque están de servicios mínimos. Pero la ama está limpia y bien atendida», comentaban. «En su planta está todo bien, como siempre», constataba en una mesa cercana Clara, que cuida de Raisa, una mujer de 91 años nacida en Rusia. «Se casó con un español», cuenta.

El paseo por los alrededores de la residencia también permite conocer a Victoria Montolivo. «Soy de la Patagonia», dice con inconfundible acento argentino. «Soy artista, pintora», se arranca con ganas de conversar mientras fuma un pitillo. Defiende a las trabajadoras. «Las apoyo totalmente».

SINDICATOS MANTIENEN LA HUELGA INDEFINIDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VITORIA

Agencia EFE

Los sindicatos que forman el comité de empresa de la UTE que gestiona el servicio de limpieza de Vitoria han decidido mantener la convocatoria de huelga indefinida prevista tras el fracaso de la reunión mantenida con la empresa para intentar llegar a un acuerdo.

El presidente del comité, Juan Carlos Mateos, ha confirmado que no hay novedades en la negociación, por lo que “la huelga sigue para adelante” después de que concluyera el plazo límite que la plantilla había dado a las empresas FCC y GMSM, que gestionan el servicio, para cumplir con los acuerdos que permitieron cancelar otra huelga en septiembre.

Pese a los avances de esa negociación, en la que la UTE aceptó las reivindicaciones de la plantilla, los sindicatos se han encontrado con “un nuevo incumplimiento” que, en esta ocasión, la empresa ha justificado en la incertidumbre sobre el proceso que mantiene con el Ayuntamiento de Vitoria para rescindir el contrato, tal como desean las empresas.

Por ello, tras la reunión y y pese al llamamiento del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, para que se intentara evitar la huelga, se mantiene el paro de los trabajadores a partir de las 22.00 horas del domingo (el horario de entrada del turno de noche), aunque la plantilla tendrá que cumplir los servicios mínimos que ha marcado el Gobierno Vasco y que se han conocido.

Así, se deberá respetar la recogida de residuos en un 40 % y realizar el 25 % de la limpieza viaria, con especial atención a parques infantiles, y dando prioridad a las alcantarillas y a las papeleras.

Se trata de la tercera convocatoria de huelga en este servicio que la ciudad afronta este año, aunque las dos anteriores se pararon tras alcanzarse acuerdos entre la UTE y los trabajadores y el compromiso del Ayuntamiento de hacer todo lo posible para rescindir el contrato.

La obligación de asumir el coste del absentismo laboral, que supera el millón de euros cada año, ha hecho que FCC y GMSM argumenten que pierden dinero con el contrato, por lo que solicitaron al consistorio la rescisión, aunque los procesos legales obligan a un largo trámite que, en estos momentos, busca un acuerdo entre ambas partes atendiendo al interés público, como marca la ley.

Urtaran se ha referido en rueda de prensa al avance de ese proceso, “que cuenta con tres meses de plazo y en el que se han mantenido numerosos contactos”, aunque “todavía hay posiciones encontradas” que no han permitido alcanzar “todavía” un punto de consenso.

Respecto a la convocatoria de huelga, el alcalde ha advertido a la empresa de que el Ayuntamiento “va a defender el interés de los ciudadanos” y “no va a tolerar que afecten a la calidad de vida de los vitorianos”, por lo que ha asegurado que no aceptará “el chantaje y la presión” de la empresa al forzar la huelga y no abonará “lo que no se limpie”.

“Si alguien pretende utilizar esta situación de conflicto como una manera de presionar o chantajear al Ayuntamiento, se equivoca de forma rotunda. No voy a aceptar ni una media presión ni un medio chantaje, y si alguien piensa llevar a las últimas consecuencias una situación que perjudica de forma sensible a los vitorianos tomaré las medidas oportunas para que eso no ocurra”, ha agregado Urtaran.

LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO VOLVERÁN A LA HUELGA DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE

A. Maluenda – Heraldo.es

Protestan por no ingresar mensualmente el complemento salarial prometido por el Gobierno central.

Los examinadores de Tráfico han convocado una nueva huelga para reivindicar que se refleje en sus nóminas el incremento en 250 euros del complemento salarial específico aprobado e incluido en los Presupuestos Generales del Estado. Los trabajadores están llamados a parar desde el 10 de diciembre hasta el 21 del mismo mes. Doce días, en total, en los que el servicio que prestan se verá muy afectado.

Desde la asociación mayoritaria de examinadores, Asextra, recuerdan que “el 29 de noviembre de 2017 se firmó un acuerdo entre los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a excepción del grupo popular, y Asextra, en el que los diputados se comprometieron públicamente a alcanzar los acuerdos necesarios o impulsar las iniciativas parlamentarias correspondientes para que en los PGE de 2018 se incluyese un aumento del complemento específico del colectivo examinador de tráfico”.

El citado acuerdo llevó a desconvocar, a mediados de diciembre, una huelga que se había prolongado durante casi seis meses. Posteriormente, en mayo, se aprobó una enmienda por la que se destinarían “los fondos para cumplir con lo acordado en la desconvocatoria de huelga y ejecutar el acuerdo firmado para aumentar en 250 euros mensuales el complemento específico al colectivo funcionario examinador de Tráfico”.

En julio se aprobaron los presupuestos, en los que se incluía el incremento pactado. Sin embargo, los examinadores no han visto reflejado en sus nóminas el aumento, lo que les ha conducido a una nueva movilización. “El colectivo examinador ha demostrado paciencia, honestidad, profesionalidad y lealtad para con la Administración, así como respeto y sensibilización para los profesores de formación vial, el sector empresarial de autoescuelas y con el ciudadano en general”, aseveran desde Asextra.

Servicios mínimos

Por su parte, la Confederación Nacional de Autoescuelas ha iniciado los trámites para pedir que se establezcan unos servicios mínimos. “Aunque la situación no es la misma que el año pasado y esperamos que resuelva con mayor celeridad, sí vemos oportuno que al menos se preste el servicio a personas que lo necesiten por una situación especial”, explica Sergio Olivera, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza (APAZ), que agrupa a 55 centros.

Olivera recuerda que “en algunas oposiciones se exigen carnets de conducir”, lo que lleva a algunas personas a tener cierta premura para examinarse. También hay quien “requiere un carnet especial para acceder a un trabajo o progresar en una empresa”.

En cualquier caso, desde la APAZ se muestran “preocupados” a la par que “comprensivos” con las reivindicaciones de los examinadores, pese a la “pérdida de ingresos” que puede generarles una huelga de este tipo.

HUELGA EN CORREOS: ASÍ HA SIDO LA PRIMERA JORNADA DE PARO

La Vanguardia

Ver Video -> https://youtu.be/IqND20vq4a4

CC.OO., UGT y CSIF han cifrado en hasta el 80% el seguimiento de la primera jornada de huelga en Correos, tanto en el turno de noche como en el de mañana, después de que los sindicatos consideraran “irrisoria” la propuesta de la compañía que contempla unos fondos adicionales de un 0,2 %.

UGT ha adelantado que los sindicatos desconvocarán las huelgas generales del 21 y el 26 de diciembre, en plena campaña navideña, si el Gobierno y la dirección de la empresa incluyen 15.000 empleos fijos para restaurar los puestos eliminados e incorporan fondos adicionales para incrementar las nóminas “mileuristas”, entre otras medidas.

COMIENZAN A NEGOCIAR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) DE 14 MESES EN PLANTA DE TRÁPAGA DE TUBOS REUNIDOS

Agencia EFE

La dirección y el comité de empresa de Productos Tubulares, la filial de Tubos Reunidos en Trápaga, va a comenzar el período de consultas de un Expediente de Regulación de Empleo temporal de 14 meses para los trabajadores de la planta vizcaína.

Según han explicado a Efe fuentes sindicales, el expediente presentado incluye a la práctica totalidad de la plantilla, compuesta por 407 trabajadores -quedaría excluido personal de comercial, médico o de recursos humanos- y afectaría al 45 % de su jornada laboral.

La medida se aplicaría a partir del próximo mes de enero y su desarrollo se prolongaría hasta febrero de 2020.

Sindicatos y dirección tienen previsto tratar del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en cinco reuniones durante el período de consultas. El comité de empresa estudia la documentación, las cuentas y los informes presentados por la empresa para afrontar la negociación.

En la planta vizcaína la dirección retiró en abril pasado un expediente que había presentado para despedir a 157 trabajadores después de numerosas movilizaciones de la plantilla.

El Expediente de Regulación de Empleo temporal ahora planteado se suma al anunciado también para la planta de Tubos Reunidos Industrial de Amurrio (Álava) por la dirección de la empresa, que ha declarado unas pérdidas de 15,7 millones en los nueve primeros meses del año.

Trabajadores de la planta alavesa han denunciado la aplicación de esta medida en una concentración ante las oficinas de la empresa en Bilbao.

El expediente en esta planta, una vez concluido el período de consultas, cuenta con el rechazo mayoritario del comité de empresa.

La medida planteada afecta en Amurrio a 660 trabajadores de una plantilla de más de 700 empleados, cuya jornada se vería afectada en un 50 % durante los próximos 16 meses.

Los concentrados en Bilbao han acusado a la dirección de mala gestión y han reclamado un plan industrial que garantice la viabilidad del grupo.

LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE PONTEVEDRA DESPEDIRÁN A UN TERCIO DE SUS TRABAJADORES

La Voz de Galicia

Supondrá la extinción de 12 de los 36 puestos de trabajo actuales. Entre los afectados, mayores de 55

La situación era ya insostenible desde hace meses por falta de ingresos, y el temido expediente de regulación de empleo (ERE) se ha confirmado finalmente.

Las tres cámaras territoriales de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, integradas en el año 2015 bajo el paraguas del organismo cameral vigués para poder subsistir, activarán un ajuste que supondrá la extinción de 12 de los 36 puestos de trabajo actuales.

Este recorte se produce después de que hace tres años las tres cámaras fusionadas se comprometieran a mantener tanto los servicios como el empleo, pero el desplome de los ingresos de asociados ha hecho inviable el objetivo. Ahora, la entidad ha considerado imprescindible el ajuste para sostener su actividad. «No ha sido una decisión ni fácil ni agradable, pero hemos tratado de hacerlo lo mejor posible», declaró José García Costas, presidente del organismo en crisis.

Los despidos permitirán a la Cámara recortar un 40 % los gastos de personal. Entre los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se encuentran mayores de 55 años, para los que se han aprobado medidas de acompañamiento hasta la jubilación.

LOS TRABAJADORES DE ALCOA EN A CORUÑA INICIAN UNA HUELGA DE 24 HORAS

Natalia Sequeiro – ABC.es

Parte de la plantilla coruñesa se van a desplazar hasta la planta de San Cibrao para protestar por el cierre de la factoría de aluminio

Los trabajadores de la planta de Alcoa en A Coruña han anunciado que van a comenzar una huelga de 24 horas y que se van a desplazar a la planta de San Cibrao (Lugo) para protestar contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa contra sus trabajadores en la ciudad gallega y Avilés (Asturias).

El pasado 17 de octubre la multinacional estadounidense comunicaba la decisión de cerrar sus dos plantas de producción de aluminio en La Coruña y Avilés, que emplean a casi 700 trabajadores. Desde entonces los trabajadores decidieron seguir produciendo, pero bloquearon la salida del material de la factoría coruñesa. Pero no habían convocado ningún paro. Ahora los 369 empleados de Alcoa en La Coruña realizarán una huelga desde las 22.00 horas del jueves hasta la misma hora del viernes, según han anunciado a través de un comunicado.

El comité de empresa informa, además, que una parte de plantilla se desplazará «a primera hora de la mañana» hasta la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo), para «protestar contra Alcoa». La multinacional ha decidido mantener activas estas instalaciones, que producen tanto aluminio, como alúmina (la materia prima para elaborarlo). Desde allí «se gestiona toda la producción» de la multinacional americana, «así como toda la producción de Alcoa Ma’Aden (Arabia Saudí)», apunta el comunicado.

Los trabajadores de Alcoa en A Coruña continúan de este modo con su calendario de movilizaciones después de haber participado por primera vez en la mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con la multinacional aluminera, que ha prolongado el período de negociación en 30 días e incluso hasta el 15 de enero si fuese necesario.

Se sentaron a negociar tres días antes de que acabase el primer plazo de consultas para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y después de cinco plantones anteriores a la empresa.

El comité considera que de este modo lograron ganar tiempo. «Lo importante es que nuestra resistencia dio frutos», asegura el presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho, quien resalta que también consiguieron por escrito el compromiso de Alcoa de participar en la mesa impulsada por las distintas administraciones públicas para buscar alternativas de venta a las plantas.

MÁS DEL 50 % DE LOS AFECTADOS DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) DE JUANEDA ES PERSONAL SANITARIO

S. Carbonell – Última hora – Palma

Trabajadoras de Juaneda, en la manifestación ->

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Más de la mitad de los profesionales afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Grupo Juaneda podrían ser profesionales sanitarios.

El Grupo Juaneda sigue sin desvelar cuál es su estrategia final sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)E que ha puesto en marcha para 231 trabajadores. Los sindicatos piden que el recorte se limite a un máximo de 116 trabajadores.

Representantes de Juaneda y de las organizaciones sindicales se reunieron en un grupo de trabajo. La empresa se comprometió a evaluar la propuesta presentada por UGT, con el respaldo del resto de organizaciones sindicales, en la que plantea el pago de 33 días de indemnización por despido con un mínimo de 18 meses de salario, frente a los 25 días con un máximo de 12 mensualidades que propone la empresa.

Jorge Rivas, asesor jurídico de UGT, afirmó que «la empresa ha presentado en líneas muy generales los números del plan de viabilidad con un horizonte de beneficios en 2019, sin entrar en excesivos detalles» por lo que la organización sindical entiende que «las medidas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) deben acompañarse a ese plan de empresa».

Por su parte Juan Pons, de CC.OO., aseguró que «lo único que tenemos claro a día de hoy es que «la mitad del personal afectado por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) son sanitarios», lo que «nos hace reflexionar sobre qué tipo de asistencia sanitaria quiere prestar el Grupo a sus pacientes».

HUELGA DE MÉDICOS RESIDENTES EN URGENCIAS DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

ABC.es

Denuncian «falta de formación y supervisión» y temen «posibles errores en diagnósticos»

Los médicos internos residentes (MIR) del servicio de Urgencias del Hospital Doce de Octubre empiezan una huelga indefinida en protesta por la «falta de formación y supervisión» que están viviendo durante sus guardias, en las que deberían estar apoyados por médicos experimentados a la hora de tomar decisiones sobre el diagnóstico de los pacientes.

«Ahora mismo el servicio de Urgencias lo atienden 21-22 MIR que pueden llegar a trabajar más de 20 horas seguidas, con la única supervisión de 2 médicos adjuntos en una de las áreas, estando el resto de áreas sin supervisión directa», resumen desde el comité de huelga.

«Esta ratio de MIR por médico adjunto es la más alta de todos los hospitales madrileños», ha dicho a Efe un portavoz del grupo. «Las guardias en Urgencias son de 17 horas en días laborables y de 24 horas el fin de semana», y por ellas se van turnando todos los residentes del hospital, ya que les toca al menos una vez a la semana.

«La falta de formación y supervisión implica un incremento en los tiempos de espera, la realización de pruebas innecesarias y posibles errores en el diagnóstico y los tratamientos», aseguran los convocantes de la huelga. «No es razonable que recaiga sobre nosotros gran parte de la responsabilidad, dejando en manos de personal en formación la salud y la vida de los pacientes», enfatizan en un comunicado.

Incremento insuficiente de plantilla

El inicio de la huelga está previsto a partir de las 14.30 horas, según el portavoz que ha lamentado que la «única reunión mantenida con el viceconsejero de Sanidad y la gerencia del hospital terminó sin acuerdo», ya que la propuesta de incrementar los médicos adjuntos era «claramente insuficiente y en parte era una promesa a futuro que tampoco fueron capaces de concretar».

Cada noche, atienden la urgencia de este hospital de referencia «ocho residentes de primer año; cuatro de segundo año; 2-3 de tercer año; otros 2-3 de cuarto o quinto año en las áreas de atención médica, y 4-5 en traumatología. En esta área, hay ocasiones en que ninguno de los médicos que atiende tiene más de un año de experiencia», explican en un comunicado.

Esta situación «nos genera inseguridad y mucho estrés, asumiendo la responsabilidad de tomar decisiones sin supervisión. En otros hospitales hay ciertas situaciones que pueden parecerse, pero tenemos la peor ratio de adjuntos por residentes en guardias, no hay ninguno con una desproporción tan grande». De ahí que «vendrán MIR de otros hospitales a apoyarnos con pancartas».

TRABAJADORES DE LA NAVAL SE MANIFIESTAN EN BILBAO PARA EVITAR EL CIERRE Y ADVIERTEN DE QUE “QUEDA POCO TIEMPO”

Cientos de personas han apoyado en las calles de Bilbao a los trabajadores de La Naval de Sestao para evitar el cierre del astillero, con una movilización en la que el comité de empresa ha reiterado la necesidad de que se impliquen las administraciones públicas y ha advertido de que “queda poco tiempo”. Además, han pedido a los Gobiernos vasco y central que “compren el astillero, como lo haría cualquier inversor privado”.

Bajo el lema ‘Contra el cierre de La Naval. Ez Itxi. Por el futuro de Ezkerraldea’, la marcha ha arrancado pasadas las 18.00 horas desde las inmediaciones de la plaza del Sagrado Corazón y, tras recorrer las principales vías de la capital vizcaína, ha finalizado en el Teatro Arriaga.

Entre gritos de “Ayer Euskalduna, hoy La Naval”, “menos inversores, más soluciones” o “lehendakari, vete tú a Cádiz”, la manifestación se ha enmarcado en las movilizaciones que desarrolla la plantilla ante la compleja situación del astillero, que se encuentra en fase de liquidación y que ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para toda la plantilla.

En la marcha han tomado parte representantes de EH Bildu, encabezados por el coordinador general, Arnaldo Otegi, así como de Podemos, con el diputado en el Congreso de los Diputados Rafa Mayoral, del PSE-EE (José Antonio Pastor), y una amplia representación del PP, encabezada por la secretaria general, Amaya Fernández. También han participado los alcaldes de Portugalete y Sestao, Mikel Torres (PSE) y Josu Bergara (PNV), respectivamente.

El comité, que ha vuelto a reclamar una mayor implicación de los Ejecutivos central y vasco, ha denunciado que “la mala gestión” de la dirección del astillero y los accionistas mayoritarios -Ingeteam y Murueta- han llevado a La Naval “a la ruina”.

En este sentido, han recordado que, tras un año en concurso de acreedores, el administrador concursal ha entregado un Expediente de Regulación de Empleo de extinción con el despido de toda la plantilla. A la finalización de la marcha, han leído un comunicado en el que el comité de empresa ha recordado que La Naval siempre fue un astillero público hasta la privatización de 2006. “Todo el mundo reconoce que aquella privatización ha sido un profundo fracaso. Nos prometieron trabajo y futuro, y recogemos cierres y despidos”, han denunciado.

En este sentido, han reprobado que el Gobierno central “privatizara el astillero”, mientras el Gobierno vasco, “con su pasividad y silencio, es responsable de este atropello político, económico y social”. Además, han criticado que el Ejecutivo liderado por Iñigo Urkullu lleve un año y medio “diciendo que hay inversores, mientras seguimos sin verlos”. “¿Hasta cuándo piensa seguir escondiéndose?”, han cuestionado.

Tras advertir de que no son los trabajadores los responsables de la situación de la empresa, han defendido que La Naval tiene “reconocimiento mundial en el sector y nichos de mercado donde poder competir”. “Se les llena la boca diciendo que la UE prohíbe dar ayudas, pero aquí no estamos pidiendo ayudas, pedimos que compren el astillero como lo haría cualquier inversor privado y esto no lo prohíbe la UE”, han considerado. Asimismo, han incidido en que, si los Ejecutivos quieren salvar el astillero, “tendrían que estar buscando carga de trabajo”.

Críticas a Maroto

El comité ha recordado, además, la reunión mantenida hace tres semanas en Bilbao con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y han criticado que se comprometiera a crear una mesa de negociación, pero, “a día de hoy, no sabemos qué ha hecho, lo que demuestra muy poco interés”. “Engañan a la opinión pública cuando dicen que están codo con codo con el comité y los trabajadores, cuando ocurre todo lo contrario.

En 20 días estaremos todos despedidos”, han advertido. Por último, han instado a los Gobiernos central y vasco a que reflexionen sobre el daño que “pueden terminar haciendo”, si no se dan “pasos en firme y se ponen al frente de un proyecto nuevo”.

la solución”

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario del comité de empresa, Juanjo Llordén, ha afirmado que queda “muy poco tiempo para intentar solucionar el problema de La Naval”, y ha advertido de que la solución la tienen los Ejecutivos central y vasco. “Urgimos a ambos a solucionar el problema. Con un plan de viabilidad, carga de trabajo y un inversor de acompañamiento puede tener solución el astillero por ser totalmente viable”, ha indicado.

Asimismo, ha advertido de que cualquiera de los dos gobiernos puede hacer una oferta y “salvar así alrededor de 3.000 puestos de trabajo”. En lo que respecta a la carga de trabajo, ha señalado que hay astilleros franceses con mucho trabajo, de tal forma que ambos Gobiernos “tienen que moverse para solucionar el problema”.

EL FINAL FELIZ DEL LARGO CALVARIO DE LOS EMPLEADOS DE VESTAS

Iván Tomé – ABC.es

Tras 122 días, el desembarco de la madrileña Network Steel zanjó el traumático episodio de deslocalización

Tras muchos meses de calvario para los trabajadores de la planta de Vestas de Villadangos del Páramo (León), la resolución llegó el pasado 26 de noviembre con el pacto alcanzado entre la empresa danesa y el grupo nacional Network Steel.

La rúbrica plasmada en el acuerdo marcaba el fin de 122 días de trabajo codo con codo entre el Ministerio de Industria, la Junta de Castilla y León, sindicatos y los empleados de la planta leonesa, todo para evitar el cierre y, como ha sido el caso, encontrar un inversor que se hiciese cargo de las instalaciones y los representantes de los trabajadores que operaban en ella.

Las primeras alarmas saltaban incluso antes de que se anunciase el cierre de la planta. El pasado 6 de junio Vestas opta por suprimir cuatro de sus siete líneas de producción en la sede de León, que empezó con su actividad en 2006.

La decisión supuso la no renovación de casi 200 eventuales y las primeras movilizaciones por la pérdida de puestos de trabajo. Y las sospechas de un posible cierre no cesaron en los días siguientes, más todavía cuando el 12 de julio la compañía danesa procedía a la eliminación otra de las líneas que todavía se mantenían activas. El «olor» a cierre completo de la planta ya estaba impregnado en el ambiente.

Y llegó. El 27 de agosto, la multinacional presenta un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción laboral para la totalidad de la plantilla, cerca de 370 trabajadores. Así, las «amenazas» se convertían en hechos y aseguraron que trasladaban su producción a las fábricas de Argentina, China, Rusia e India.

Todo un verdadero varapalo para los empleados de la fábrica, para la provincia de León y para la comunidad castellano y leonesa en general. Sin embargo, ni la sociedad ni las administraciones se quedarían de brazos cruzados para ver cómo Vestas seguía adelante con sus planes de extinción.

La llegada de la compañía a Villadangos produjo en su momento una «ilusión inmensa» que se tornó en una «decepción absoluta» tras el anuncio del cese definitivo, situación que provocó constantes concentraciones en León y en la sede de Vestas en Madrid, así como el corte del tráfico de la N-120 y la instalación de un campamento permanente frente a las instalaciones del municipio leonés.

Por aquel entonces, el alcalde de la localidad afirmaba que no podía ser que «les demos grandes ayudas a las empresas y luego nos dejen tirados. No entendemos que Vestas pueda hacer esto. Las administraciones tienen que tomar medidas para que esto cambie».

Un enfado que compartía la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, instituciones que tacharon de «desleal» a la eólica por una sencilla razón: la decisión llegaba en un momento en el que el plazo para reclamar las ayudas públicas recibidas por la empresa danesa por parte de las administraciones (12,5 millones de euros) ya había finalizado, sin poder optar al reembolso económico.

Con lo cual, la situación obligaba a la premura y se envió una carta firmada por el Ministerio de Industria, con Reyes Maroto a la cabeza, y el gobierno castellano y leonés para una reunión «urgente» entre los protagonistas.

Con este «cara a cara», los trabajadores confiaban su «único hilo de esperanza» a las gestiones que pudiesen llevarse a cabo y evitar el cierre de la planta y la desaparición de los empleos, más si cabe cuando días más tarde, exactamente el 7 de septiembre, Vestas notificaba el despido de la plantilla al comité de empresa, algo que rechazaron de manera rotunda.

El trabajo de las administraciones ya estaba en marcha, pero parecía que los pactos no acababan de aclararse. El 19 de septiembre esto se hacía patente cuando tanto el Ministerio de Industria, tras conversaciones con la firma danesa, aseguraba haber llegado a «un principio de acuerdo» que desde los sindicatos y la Junta de Castilla y León negaban, porque no se garantizaba que la planta siguiese funcionando, ya fuese por su parte u otro proyecto alternativo.

LA MINERÍA ASTURIANA, EN LA ENCRUCIJADA A MENOS DE UN MES DE PERDER LAS AYUDAS

Paloma Lamadrid – El Comercio Digital (Asturias)

Astur Leonesa, Uminsa, Carbonar y Hunosa afrontan el cambio de modelo energético con perspectivas de futuro bastante diferentes

Más de 24.000 personas trabajaban en la minería del carbón asturiana a principios de los noventa. Ahora son poco más de 1.700. El panorama, aunque previsible, es desalentador. Si bien es cierto que no todas las empresas mineras están en la misma situación.

Mientras que Hunosa negocia con los sindicatos la hoja de ruta a seguir durante los próximos años -marcada por el proceso de transición energética-, las compañías privadas afrontan dificultades que parecen insalvables. No obstante, las exigencias de Bruselas para caminar hacia una economía ‘verde’ han hecho mella en las explotaciones de ambas titularidades.

Basta con echar un vistazo a las cifras de extracción de carbón de los últimos años. Según las estadísticas recopiladas por la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), en 2011 se extrajeron en Asturias 1.994.000 toneladas, cantidad que descendió de forma drástica en 2013, cuando llegó a 967.000.

La explicación a este declive está en «los recortes unilaterales aplicados por el Gobierno en 2012, que llevaron a esa situación», explica el responsable de Minería de CC.OO. de Industria en Asturias, Jaime Martínez Caliero.

Aunque en los dos años siguientes se recuperó ligeramente el volumen de carbón arrancado de las entrañas asturianas, en 2016 volvió a bajar, con 838.000 toneladas cuantificadas. Pero mayor fue el desplome un año después, cuando solo se obtuvieron 431.000 toneladas.

Desde hace un lustro, este retroceso se debe «fundamentalmente al incumplimiento del 7,5% de consumo de carbón autóctono y a la liquidación de empresas del sector», apunta Martínez Caliero. Así las cosas, en el periodo 2011-2017, la extracción de carbón cayó más de un 78% en la región.

En la actualidad, solo quedan seis pozos con actividad en Asturias, aunque no significa que de todos ellos se saque mineral. En este sentido, tienen dificultades más acusadas los yacimientos de Carbonar, Uminsa y Astur Leonesa, las empresas propietarias de las minas privadas, todas ellas ubicadas en el suroccidente.

Su situación es muy complicada, ya que las dos primeras están en concurso de acreedores y el pozo asturiano de la tercera se encuentra a la venta para evitar la liquidación.

La más perjudicada por la senda tomada por Europa hacia las energías limpias es la Compañía Minera Astur Leonesa, propietaria del pozo Cerredo, en Degaña. A finales de septiembre, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo aprobó la propuesta de la administración concursal de poner en venta la mina como última opción antes de proceder a la liquidación de la sociedad por falta de actividad que permita obtener recursos. La fecha límite para proceder al desmantelamiento de la explotación es el 15 de enero. Según los acuerdos del sector para el fin de los yacimientos, los 170 trabajadores de Astur Leonesa pueden solicitar bajas incentivadas. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se hizo efectivo en octubre. Por el momento, un retén de 30 empleados se encarga de realizar labores de vigilancia y mantenimiento para evitar que la mina se inunde, pues continúa sin suministro eléctrico, suspendido por la compañía suministradora por impago.

Con esta fórmula, al menos, los mineros podrán cobrar el paro, pues ya llevan casi un año sin recibir el sueldo. No obstante, el comité de empresa advierte de que, si nadie compra la empresa, entonces habrá un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción.

Por su parte, Unión Minera del Norte (Uminsa), con 48 trabajadores entre los de plantilla y los de contratas, explota el pozo de Pilotuerto, en Tineo, y, además, cuenta con yacimientos en Castilla y León. La empresa, del Grupo Victorino Alonso, logró cerrar un acuerdo para suministrar carbón autóctono a la térmica de Compostilla, en El Bierzo, hasta final de 2018. Aunque la alegría ha durado poco, puesto que Endesa acaba de anunciar su intención de cerrar esta central.

Para colmo de males, el juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo condenó a Uminsa a pagar a Hunosa diez millones por la pérdida de calidad del carbón acumulado en las instalaciones del grupo en el Almacén Estratégico Temporal (AETC). Respecto a Carbonar, también está en concurso de acreedores desde este año. En el pozo que posee en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) trabajan 47 personas, de las cuales cerca del 80% están afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) abierto a raíz de los incendios ocurridos a principios de año en la mina.

Entre el 22 y el 23 de enero se declaró un fuego en la planta sexta, lo que obligó a detener la extracción de mineral. Las labores de extinción se prolongaron durante más de un mes y la dirección de Carbonar prescindió entonces de los 120 trabajadores de las tres empresas auxiliares. En marzo, gracias a la inyección de nitrógeno gaseoso, se dio por extinguido el fuego, que volvería a reavivarse unos días más tarde. Esta realidad obligó a la minera a plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a una treintena de trabajadores. Hay que recordar que, en 2016, las empresas mineras privadas firmaron la autorización del plan de cierre, que era condición indispensable para recibir la ayuda de diez euros por tonelada de carbón facturada.

La realidad de la hullera pública es bastante distinta, aunque tiene ante sí un camino lleno de retos. De hecho, la dirección de Hunosa está en plena negociación del nuevo plan de empresa con los sindicatos. En noviembre analizaron el cumplimiento del iniciado en 2013 y que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre y el balance fue negativo. Había dejado de invertir trece millones de euros presupuestados en su plan de promoción industrial, entre otros quebrantamientos relacionados con la diversificación de su actividad.

El secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, reconoce que Hunosa está «muy lejos» del objetivo marcado en ese documento, que no es otro que «eliminar la incertidumbre sobre el futuro de las explotaciones mineras, mediante un plan industrial concreto, a la vez que se articulan medidas sociales y se plantean actividades empresariales alternativas rentables y sostenibles en el tiempo, que permitan minimizar el impacto sobre el personal de Hunosa».

También apunta Alperi «una desviación importante en la producción de carbón» por parte de la hullera pública. El pasado año, la producción bruta fue de 358.000 toneladas, una cifra muy alejada de las 542.000 previstas. De modo que el cumplimiento de los objetivos se quedó en el 66%. A pesar de las dificultades, Hunosa encara una nueva etapa decidida a no perder ni una batalla más. Tiene el aval del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció que situará a la empresa «a la vanguardia». Aunque de una manera muy diferente de como lo hizo en la década de los setenta.

Es decir, con actividades económicas alternativas a la extracción del carbón. Un camino que ya emprendió años atrás con la venta de energía producida en su térmica de La Pereda, en Mieres, y con el impulso a proyectos de geotermia, entre otras iniciativas. Alperi tiene claro que Hunosa alcanzará las metas fijadas. «Entre nuestros objetivos está mantener la actividad extractiva del carbón y profundizar en una diversificación que transforme a Hunosa en un grupo industrial energético», subraya el líder de SOMA-Fitag-UGT. Para ello, cuenta con un nuevo equipo directivo desde julio, encabezado por Gregorio Rabanal.

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