Publicado en: 6 octubre, 2018

Boletín de Luchas Obreras (6 de Octubre de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • CC.OO. Y UGT SE CONCENTRARÁN POR UN PLAN DE CHOQUE CONTRA MUERTES EN EL TRABAJO
  • MILITARES DE TROPA LLEVAN A LOS TRIBUNALES LOS ‘DESPIDOS’ DE SOLDADOS DE MÁS DE 45 AÑOS
  • EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA RATIFICA QUE FUE NULO EL DESPIDO DE LAS TRABAJADORAS DEL HOSPITAL DE CALAHORRA
  • LOS TRANSPORTISTAS ADVIERTEN DE QUE CERRAR LAS TÉRMICAS PROVOCARÁ CIENTOS DE DESPIDOS EN SU SECTOR
  • LACOSTE DESPEDIRÁ A 100 TRABAJADORES DE LA ANTIGUA BASI
  • LOS EMPLEADOS DE LA JUNTA DE CASTILLA-LEON INICIAN EL CAMINO DE LOS RECURSOS POR LOS CAMBIOS EN LAS PLANTILLAS
  • LLADRÓ APLICARÁ EL NUEVO EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL SIN ACUERDO CON LOS TRABAJADORES
  • LA PRIMERA JORNADA DE LA HUELGA DE MÉDICOS DE FAMILIA EN CASTILLA Y LEÓN REGISTRA UN SEGUIMIENTO DEL 5,88%
  • PROTESTA A LA PUERTAS DEL CONSELL POR LOS DESPIDOS DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO DE RAIXA
  • LOS DESPEDIDOS DE MONTRASA PIDEN SOLUCIONES AL PRINCIPADO
  • LOS TRABAJADORES PLANTEAN PREJUBILACIONES SI VESTAS CEDE SU PLANTA A OTRA EMPRESA
  • LOS TRABAJADORES SE RESISTEN A DEJAR LA RESIDENCIA DE A BOLA EN OURENSE
  • LOS SINDICATOS ANUNCIAN TRES JORNADAS DE HUELGA EN CORREOS ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
  • LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE LA BASE DE ROTA INICIAN UNA HUELGA INDEFINIDA
  • LOS SINDICATOS DE PRISIONES SE UNEN Y CONVOCAN SEIS DÍAS DE HUELGA GENERAL
  • LOS PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA (PAC) DEN GALICIA VIVIRÁN 12 DÍAS DE HUELGA «TESTIMONIAL» PARA EXIGIR MEJORAS EN LAS URGENCIAS DE PRIMARIA

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CC.OO. Y UGT SE CONCENTRARÁN POR UN PLAN DE CHOQUE CONTRA MUERTES EN EL TRABAJO

Madrid (EFE)

CC.OO. y UGT reclaman a la Comunidad de Madrid “un Plan de choque” contra los accidentes laborales que causaron 56 muertes este año en la región, casi “un trabajador cada semana”, y convocan una concentración el domingo, 7 de octubre, en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

“En el siglo XXI no se puede permitir que la gente muera por ir al trabajo”, han dicho los secretarios generales de CC.OO., Jaime Cedrún, y de UGT, Luis López Reillo, en la presentación de un informe sobre siniestralidad en la región.

“Hay que denunciar y perseguir el delito de riesgo laboral” por parte de las empresas, que pese a haber “recuperado los beneficios empresariales que tenían en 2007, antes de la crisis, no invierten en prevención de riesgos ni en crear empleo”, según López Reillo.

Madrid tiene 105 inspectores de Trabajo y 103 subinspectores, lo que supone “un inspector para cada 15.000 trabajadores, un tercio de la media europea que fija uno para cada 5.000”, ha añadido.

La Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Madrid “tenía tres fiscales y ahora solo dos, ambas mujeres”, una cifra claramente insuficiente para personarse en cada caso, según Cedrún.

Los sindicatos también piden “un Delegado Territorial para vigilar las medidas de prevención en las pymes”, la gran mayoría con menos de 6 trabajadores y sin representación sindical, y que “se niegan a permitir que los técnicos sindicales entren a comprobar las condiciones laborales”, aseguraron ambos secretarios.

“La única comunidad que tiene un Delegado Territorial es Navarra, con potestad para entrar en las empresas con el respaldo del Gobierno regional”, según UGT.

De ahí que pedirán al gobierno de Ángel Garrido una reunión del Consejo de Diálogo Social de la Comunidad de Madrid con participación de “la Fiscalía, la Delegación del Gobierno, la Federación Madrileña de Municipios (FMM), la Inspección de Trabajo”, además de la patronal CEIM y otros sectores implicados, como la Policía Municipal, el Summa 112 y la Consejería de Sanidad.

“Necesitamos un Plan de choque, con más inspectores, un delegado territorial y más fiscales”, así como “más coordinación entre la Fiscalía y la Policía Municipal” para perseguir “el delito de riesgo laboral, que está en el Código Penal”, manifestaron los sindicatos.

También piden “un teléfono de denuncia” para que cualquier ciudadano que vea un obrero trabajando sin condiciones de seguridad pueda llamar y que la Policía “pueda actuar con rapidez”, agregaron.

Reclaman, asimismo, que se haga público “un listado de empresas con altos niveles de siniestralidad”, con el fin de “inhabilitarlas para contratar con la Administración”.

La concentración, a las 12 horas del domingo en la plaza del Museo Reina Sofía, bajo el lema ‘No más muertes en el trabajo’, se celebrará simultáneamente en varias capitales de regiones europeas, convocada por la Confederación Sindical Internacional en el undécimo aniversario de la declaración del 7 de octubre como Día del Trabajo Decente.

“No hay trabajo decente sin garantía de la vida”, según los secretarios madrileños, que reclaman “una campaña de sensibilización para crear una cultura de prevención de riesgos en el tajo”, y recuperar los derechos que la Reforma Laboral “arrebató a los trabajadores, que han perdido la capacidad de reivindicar porque todo el poder lo tiene el empresario”.

MILITARES DE TROPA LLEVAN A LOS TRIBUNALES LOS ‘DESPIDOS’ DE SOLDADOS DE MÁS DE 45 AÑOS

Público

La Asociación Española de Tropa y Marinería ha presentado una demanda contra los compromisos de larga duración contemplada en la ley ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La Asociación Española de Tropa y Marinería (ATME), muy crítica con los intentos del Ministerio de Defensa y del Congreso por paliar los problemas de los militares de base, ya no aguanta más.

Ahora, tras haber manifestado su decepción por las últimas medidas sugeridas sobre reinserción de los militares mayores de 45 años que han de abandonar los Ejércitos, han llevado su protesta ante la Justicia.

Así, esta asociación ha anunciado que ha presentado una demanda contra los compromisos de larga duración contemplada en la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Justifican esta decisión ante el “varapalo” de la decisión de la Subcomisión de la Ley de Tropa y Marinería del Congreso, encargada de hallar soluciones a los problemas de dicha ley, y cuyas conclusiones no gustaron a algunas asociaciones de militares.

En ese informe —aprobado con los votos del PP, PSOE y PNV— se proponen, entre otras medidas, ayudas para que los militares mayores de 45 años que obligatoriamente tienen que dejar el Ejército puedan cursar estudios dirigidos a su reinserción laboral.

Sin embargo, no recoge las principales peticiones de esta asociación, entre ellas que se reconozca que la ley “se ha incumplido”. Los políticos “debían haberse preocupado desde hace años en haber tomado medidas de reincorporación laboral adecuadas para que todos estos militares no se vean abocados al desempleo o un empleo precario después de haber dado sus mejores años a las Fuerzas Armadas”, afirma la ATME en una nota.

Así, en nombre de más de 300 militares de tropa y marinería, un equipo de abogados dirigidos por el letrado Ignacio Hebrero han interpuesto una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM en la que exponen una batería de supuestos ilícitos derivados de la propia ley, como parte de su estrategia de protesta contra la precariedad de los militares de base.

La demanda señala, entre otros motivos, la posible inconstitucionalidad de la Ley 8/2006 por una supuesta vulneración del principio de igualdad.

En concreto, el párrafo 1 del artículo 10, que dice que “el compromiso de larga duración finalizará cuando el militar profesional de tropa y marinería cumpla 45 años de edad”.

Además, acusa al Misterio de Defensa de un posible incumplimiento de lo previsto en los artículos 12, 15 y 16 de la misma ley, que prevén las condiciones de permanencia en el Ejército, promoción y formación, respectivamente. La demanda define esos supuestos “incumplimientos” como “fraude de ley”.

El texto, al que ha tenido acceso Público, detalla cómo antes de la interposición de esta demanda se ha intentado que “estos derechos se reconocieran por el Ministerio de Defensa lo que, obviamente, ha sido imposible”.

La asociación sostiene que “los partidos políticos mayoritarios han demostrado su pasividad ante el incumplimiento de una Ley que está dejando a cientos de compañeros y, en breve será a miles, en una situación de desamparo por parte de la administración”.

Y preguntan, en definitiva, “si una persona de 45 años es apta para continuar prestando servicios en las Fuerzas Amadas”.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA RATIFICA QUE FUE NULO EL DESPIDO DE LAS TRABAJADORAS DEL HOSPITAL DE CALAHORRA

I. Á. – larioja.com

El comité de empresa pide el «cese inmediato» del responsable del centro calagurritano y una investigación de la «conducta gerencial»

La Justicia ha vuelto a dar la razón a las dos coordinadoras de Mantenimiento y Logística y Compras despedidas de la Fundación Hospital de Calahorra (ahora readmitidas en sus puestos) que denunciaron supuestas irregularidades en la gestión del director-gerente del centro.

Así, según dio a conocer el comité de empresa del hospital, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha ratificado que la gerencia «vulneró derechos fundamentales de las dos trabajadoras despedidas en septiembre del 2017».

Si bien en un principio el Juzgado de lo Social número 3 de Logroño dictó sendas sentencias el pasado 4 de mayo a favor de las trabajadoras, el patronato de la Fundación Hospital de Calahorra recurrió ambos fallos.

El fundamento de la nulidad de los despidos fue «la vulneración por la Fundación Hospital de Calahorra del derecho fundamental a la libertad de expresión e información», recoge el comité.

De hecho, el «juzgado reconoció que en ningún caso las profesionales despedidas desobedecieron ninguna orden legítima concreta, ni existió comportamiento desleal alguno», continúan los representantes de los trabajadores en el escrito remitido a la prensa.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en una sentencia fechada el pasado 13 de septiembre, confirma las resoluciones recurridas por la gerencia del hospital calagurritano, «ratificando la nulidad de los despidos por vulneración de derechos fundamentales, el abono de los salarios dejados de percibir y el pago de una indemnización compensatoria por los daños morales causadas a las trabajadoras», señala el comité de empresa.

Depuración de responsabilidades

Por todo ello, los representantes de los trabajadores sostienen que «es el momento de depurar responsabilidades». En este sentido, consideran que en primer lugar debe hacerse «investigando, de una vez, la conducta gerencial en su día denunciada y que fue la causa real de los despidos» y, en segundo lugar, con «el cese inmediato» del gerente.

«No debe seguir en su puesto ni un día más tras haber sido condenado por vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que debe servir», afirma el comité de empresa en el comunicado.

LOS TRANSPORTISTAS ADVIERTEN DE QUE CERRAR LAS TÉRMICAS PROVOCARÁ CIENTOS DE DESPIDOS EN SU SECTOR

leonoticias.com

En torno a mil camiones trabajan a diario en este campo en las cuatro autonomías

Las asociaciones del transporte de mercancías por carretera de Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia, integrantes de la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), expresan su profunda preocupación ante la posición favorable, por parte de miembros del Gobierno central, a la descarbonización del sector energético y la supresión de las plantas térmicas en España.

Para estas organizaciones, que representan a en torno a 1.000 camiones que trabajan a diario en el sector del carbón y las térmicas -Aragón, 150; Asturias, 300; Castilla y León, 350; y Galicia, 150-, la supresión de las térmicas en España generaría, además, graves consecuencias indirectas para el sector del transporte de mercancías por carretera en estas Comunidades Autónomas.

Así, la desaparición de una rama especializada del transporte de carbón, con unos vehículos muy específicos y de difícil reconversión, hará que se pierdan cerca de 1.000 puestos de trabajo en Comunidades Autónomas con graves problemas laborales, con escasas salidas de trabajo y ya desindustrializadas.

Por ello, las cuatro asociaciones representativas del sector del Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León exigen al Gobierno que antes de tomar medidas que impliquen el cierre de las centrales térmicas valores todas las consecuencias para todos los sectores afectados, que se tengan en cuenta los miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, que se perderían y el daño social y económico que provocaría en unas Comunidades Autónomas con problemas laborales.

Además, estas organizaciones empresariales reclaman al Gobierno que si decide continuar con esa medida tenga previstas fórmulas para posibilitar la reconversión de estos vehículos, con unas características muy específicas que imposibilitan su función en otros sectores.

Las cuatro asociaciones del transporte de mercancías por carretera también consideran que no se encuentran en una situación de igualdad con otros modos de transporte, a los que se subvencionan sus pérdidas, lo que supone una grave injusticia para el sector del transporte de mercancías por carretera, que aporta más de 12.000 millones de euros al año a las arcas del Estado, sin obtener una respuesta adecuada a su potencial, lo que lleva a un deterioro del sector que no se puede consentir.

LACOSTE DESPEDIRÁ A 100 TRABAJADORES DE LA ANTIGUA BASI

El Periódico

El grupo francés presenta un expediente de regulación de empleo que afectará al 23% de la plantilla

El grupo francés Lacoste Operations ha presentado un expediente de regulación de empleo en su filial española, Lacoste Ibérica, la antigua Basi, para despedir a 100 personas de las 436 de su plantilla en España, lo que supone el 23% del total.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el plan de reestructuración afectará a 58 personas del almacén de Barberà del Vallès (Barcelona), a siete personas de la tienda de la calle de Balcells de Barcelona y a 35 de las oficinas centrales de Badalona (fuentes sindicales elevan esa cifra a 78).

El comunicado señala que la reestructuración está motivada por “causas económico-financieras, organizativas, tecnológicas y productivas”.

Fuentes sindicales han explicado que Lacoste ha comunicado esta operación al comité de empresa y les ha avanzado que a partir de ahora el grupo distribuirá sus prendas en el mercado español directamente desde Francia.

En septiembre del año pasado, Lacoste anunció que había tomado el control de su negocio en España al adquirir a la familia Basi el 100% de la sociedad Basi SA, que gestionaba la distribución de la marca del cocodrilo en España. “Nos complace adquirir esta filial en España para prolongar y acelerar nuestras inversiones ya iniciadas por Basi Group”, aseguró el presidente de Lacoste Holding, Thierry Guibert, al anunciar aquel acuerdo con la familia Basi.

La relación entre Lacoste y la familia Basi se remonta a 1962, cuando la compañía catalana logró la licencia de Lacoste para fabricar y distribuir en España las prendas textiles de la marca francesa, aunque ya en 2013 el grupo francés decidió dejar de fabricar en España para unificar sus colecciones en todo el mundo.

Lacoste no ha dado detalles acerca de las condiciones económicas propuestas para los despidos, que se van a empezar a negociar. Los sindicatos esperan que pueda haber prejubilaciones, dado que la media de edad de la plantilla es elevada.

LOS EMPLEADOS DE LA JUNTA DE CASTILLA-LEON INICIAN EL CAMINO DE LOS RECURSOS POR LOS CAMBIOS EN LAS PLANTILLAS

S. Escribano – El Norte de Castilla

La reforma de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha provocado los primeros despidos de interinos que ocupaban plazas que se han suprimido

El Gobierno de Juan Vicente Herrera ha aprobado una reforma del ‘esqueleto’ de plazas que conforma el entramado de la plantilla de la Administración autonómica (sin docentes ni sanitarios) y los empleados públicos que se consideran perjudicados por esas nuevas RPT (relaciones de puestos de trabajo de casi 17.000 plazas) empiezan a desfilar hacia los juzgados de lo contencioso-administrativo. Hay puestos que se amortizan y otros cuyo acceso se acota a perfiles más concretos.

Un grupo de unos noventa trabajadores que desarrolla su labor en la Gerencia Regional de Salud, en el antiguo Hospital Militar de Valladolid que sirve de sede a la Consejería de Sanidad, prepara un recurso conjunto. Se ocupan de labores de intendencia para el funcionamiento de hospitales y centros de salud y, una vez que se active el concurso de traslados, deberán volver a plazas que ocupaban anteriormente. «Somos personal del área de administración que hemos superado una oposición con temas sanitarios, con su especialización y ahora se pueden quedar aquí personal que viene de Defensa o de la Administración Local y nosotros no», explica una de las afectadas. Los promotores del recurso han contratado ya abogado.

Los servicios jurídicos de sindicatos con amplia representación en la Función Pública como son CC.OO., UGT y CSIF están analizando las nuevas RPT para valorar si hay base para recurrirlas de forma general, según explicaron responsables de las tres organizaciones. Además, reconocen que están atendiendo un goteo de consultas de asesoramiento de trabajadores afectados a título particular.

Mariano Prieto, responsable del sector autonómico de CSIF, señaló que desde la Junta «se ha procedido a despedir a 70 funcionarios interinos con la aplicación de las plazas que son bajas». El dirigente hacía esta valoración mientras en su organización atendían a dos técnicos de laboratorio, «de los que hacen el análisis de aguas», cuyos puestos se han suprimido y lamentando la «oportunidad perdida por parte de la Junta para mejorar los servicios públicos».

Juan Carlos Hernández, representante de los funcionarios del sector autonómico de CC.OO., explicó que las RPT son el fruto de una «negociación acelerada» que afecta a casi 17.000 empleados y auguró un aumento de la conflictividad en los centros de trabajo de la Junta. «Hay un elevado porcentaje de plazas en las que no se dejan claras las funciones que se desempeñan», precisó Hernández.

A eso añadió que hay «amortizaciones de plazas que no compartimos, con destrucción de empleo en el medio rural y pérdida de especialización de servicios concretos» al poder estar los empleados públicos «un día en un sitio y otro en otro».

Tomás Pérez Urueña, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Público de UGT, fundamenta el voto en contra del nuevo armazón de plantillas en que se han amortizado plazas necesarias, más allá de las de auxiliar administrativo que han quedado superadas por la informatización del trabajo, y que los empleados quedan expuestos a la discrecionalidad del jefe que organice el servicio.

El personal que se considera perjudicado es en muchos casos de perfil especializado, como ingenieros, o economistas y abogados que antes podían acceder a algunos puestos de forma indistinta y ahora se restringen para uno y otro perfil.

Desde la Junta destacan que la reorganización de plantilla diseñada desde la Consejería de la Presidencia mejora las retribuciones de 1.460 puestos, elimina figuras obsoletas (empleados de silos), reduce el número de auxiliares administrativos que respondía a una época en la que se trabajaba con máquina de escribir y amplía las plazas de trabajadores sociales o inspectores de consumo, además de hacer posible la convocatoria de un concurso de traslados abierto y permanente.

Argumentan que permite flexibilizar la distribución de los recursos humanos para atenuar la compartimentación actual en servicios, secciones y negociados. Esta estructura es la apropiada para una carga de trabajo constante, pero resulta ineficaz cuando se produce un exceso o una aminoración del volumen de tareas, algo que ha sucedido durante la crisis en los departamentos que atienden las demandas de empleo o de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que vieron incrementarse su trabajo, al contrario de otros, como los que tramitaban ayudas que no salieron.

LLADRÓ APLICARÁ EL NUEVO EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL SIN ACUERDO CON LOS TRABAJADORES

Álvaro Mohorte – Las Provincias

La empresa dejará de producir los viernes a partir de 19 de octubre hasta 2020

El expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para 270 trabajadores en Lladró saldrá sin el acuerdo de la plantilla. Una vez concluido el periodo de consultas, la votación sobre la última propuesta de la compañía ha sido rechazada ampliamente en la mercantil Porcelanas Lladró y de forma más ajustada en las filiales Arte y Porcelana y Daisa.

Aunque la propuesta votada incluía rebajar de 128 a 123 los días recortados desde el 19 de octubre y hasta el primer trimestre de 2020, (principalmente los viernes) y que la empresa aportara cinco euros por jornada del ERTE, la dirección se plantea volver a la propuesta inicial.

El próximo viertes se saldrá de dudas, ya que e es esa jornada, o lo más tardar el miércoles 10 de octubre cuando se dé a conocer desde la dirección el alcance definitivo de la medida.

Desde hace diez años, la plantilla de Lladró ha sido afectada por prejubilaciones, reducciones de jornada y despidos, los últimos de los cuales se realizaron hace apenas dos años, justo antes de la venta por parte de la familia fundadora al Grupo PHI Industrial.

En 2016, el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social se comprometió a aportar ayudas por valor de 1,8 millones de euros al «plan de rentas» (prejubilaciones) que estaban negociando la dirección y los sindicatos de las cuatro empresas que forman Lladró. La plantilla de redujo en 292 personas, un 40% del personal.

En este caso, los afectados son el personal que produce la figuras, en su mayoría mujeres: «personal altamente cualificado que con su saber hacer garantiza la diferenciación y el valor del producto que ofrecemos», como reconoce la dirección.

LA PRIMERA JORNADA DE LA HUELGA DE MÉDICOS DE FAMILIA EN CASTILLA Y LEÓN REGISTRA UN SEGUIMIENTO DEL 5,88%

Astorga Digital

En la provincia se sumaron a esta huelga nueve médicos de familia en el área de León y tres profesionales del Bierzo

La primera jornada de huelga de médicos de familia en Atención Primaria convocada por el sindicato Simecal ha contado con un seguimiento “muy reducido” de 72 profesionales, el 5,88 por ciento.

La repercusión de la huelga ha resultado “mucho menor” que la registrada el 1 de agosto, cuando fueron 139 los profesionales que se sumaron a los paros, según informaron fuentes de la Consejería de Sanidad.

En el turno de la mañana, han sido 71 los profesionales que han secundado la jornada de huelga de los 1.144 que se tenían que, incorporado a su puesto de trabajo, teniendo en cuenta que 574 formaban parte de los servicios mínimos.

En el cálculo del seguimiento se han tenido en cuenta exclusivamente los facultativos que podían ejercer su derecho a la huelga y, por lo tanto, no se han incluido los de servicios mínimos ni tampoco aquellos que están de vacaciones o permiso.

De esta manera, los centros de salud de Castilla y León han desarrollado su actividad asistencial “con normalidad” y sin que se haya registrado incidente alguno en ningún punto del territorio autonómico.

Por provincias, el mayor seguimiento se ha registrado en Zamora, con un 14,29 por ciento (17 profesionales), seguida de Ávila, con un 10,64 por ciento (diez profesionales) y de Soria, con un 9,38 por ciento (seis médicos).

Le siguieron León (7,89 por ciento y nueve médicos): 7,26 por ciento en Burgos y nueve médicos; en Salamanca los paros ascendieron al 6,03 por ciento (12 profesionales); seguida de la comarca del Bierzo, con un 4,69 por ciento (tres profesionales); un 3,16 por ciento de seguimiento en Palencia (tres médicos); un 1,39 por ciento en Segovia (un médico); y un 1,06 por ciento en Valladolid Oeste (un médico). El seguimiento ha sido nulo en el Área de Salud de Valladolid Este.

En esta primera jornada, la consejería de Sanidad ha hecho un llamamiento “a la reflexión y la sensatez” ante esta convocatoria, en especial teniendo en cuenta el “mínimo” seguimiento que ha tenido, y recordó que la reclamación de “estabilidad laboral” mediante un cambio legislativo no cuenta con el apoyo de ninguno de los sindicatos de la Mesa Sectorial ni de los cinco grupos parlamentarios presentes en las Cortes.

Por ello, desde la Junta se pidió la desconvocatoria de la huelga y a la negociación dentro de una mesa sectorial de las condiciones del concurso oposición que permitan “dentro de los límites legales” reconocer los servicios respetando “los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

En el turno de tarde sólo un facultativo de Zamora se sumó al paro.

PROTESTA A LA PUERTAS DEL CONSELL POR LOS DESPIDOS DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO DE RAIXA

Última hora

Unas treinta personas se manifiestan frente a las puertas del Consell de Mallorca para protestar por los despidos de los auxiliares de servicio de la finca pública Raixa.

Según ha manifestado CC.OO., la institución insular ha «explotado y despedido» a los tres auxiliares «sin garantizar el derecho a la subrogación». También se han visto afectados 12 trabajadores en Inca.

Desde CC.OO. piden al Govern y al Consell la readmisión de los trabajadores que se han quedado sin trabajo porque la nueva empresa externa que se ha hecho cargo del servicio no los ha subrogado.

A las puertas de la institución insular, han solicitado la intervención del conseller de Treball, Iago Negueruela, para resolver el conflicto y que se apruebe un convenio provincial para los auxiliares, algo que ahora no existe.

En este sentido, acusan al Consell y al Govern de contratar empresas externas a la baja.

Desde CC.OO., Miguel Ángel Pardo, secretario general de construcción y servicios, ha expuesto que estos trabajadores son contratados por empresas privadas que «se pelean por los contratos a costa de sus salarios y aun así, obtienen un fabuloso beneficio a costa de sus condiciones de trabajo y de todos los contribuyentes».

Recuerdan que esta situación ya se produjo con los auxiliares del Cementerio de Palma, los del Hospital de Manacor y «si nadie lo remedia, volverá a repetirse con los compañeros del Edificio de la Misericordia y del propio Consell».

José Garrido, uno de los auxiliares afectados del PAC de Inca, ha explicado que después de cinco años «me dicen que ya no cuentan conmigo. Desde hace siete meses no tengo derecho a nada. Tengo 60 años y no puedo trabajar ni tengo derecho a cobrar el paro.

Estas empresas me han cortado la vida a pedazos y no se resolverá hasta que no tenga lugar el juicio, que no sabemos cuándo será».

Por su parte, Ricardo de la Morena, auxiliar de Raixa, ha comentado que ha trabajado durante siete meses y de un día para otro le notificaron que estaban subrogados. «No queremos que empresas privadas estén contratando a la baja, aumentando la precariedad. No puede ser que nos despidan así.

Es una vergüenza que un gobierno nos esté haciendo esto». De la Morena recuerda que el derecho de subrogación está recogido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. «Somos trabajadores que queremos seguir trabajando y pedimos nuestra readmisión».

LOS DESPEDIDOS DE MONTRASA PIDEN SOLUCIONES AL PRINCIPADO

R. A. Avilés – El Comercio Digital (Asturias)

El colectivo de trabajadores despedidos de Montrasa ha solicitado una reunión al consejero de Empleo e Industria, Isaac Pola, para abordar con el conflicto que se mantiene desde hace ya más de dos años así como las posibles soluciones al mismo.

Los cinco miembros que formaban el comité de empresa en el momento de los despidos, que consideran que siguen teniendo «la legitimación necesaria tanto judicial como sindical» para representar a los trabajadores, plantean el encuentro después de que el consejero, en una respuesta escrita al diputado de Podemos Enrique López, asegurase que no cabía «ninguna gestión» por parte del Principado con la empresa Alcoa para plantear la readmisión de los trabajadores.

En el escrito, Pola también argumentaba que «la existencia de un procedimiento judicial obliga, tanto por razones de legalidad como también por motivos de oportunidad, a aplazar cualquier tipo de acción de naturaleza mediadora desde la administración regional orientada a tratar de alcanzar una salida negociada entre las partes».

Los afectados, no satisfechos con esta explicación, piden reunirse con el consejero «a la mayor brevedad posible», para hacerle llegar de primera mano sus consideraciones sobre su situación. Pese a que varias sentencias judiciales obligaban a su readmisión, la empresa ejecutó un expediente de regulación de empleo que les ha dejado de nuevo en la calle.

LOS TRABAJADORES PLANTEAN PREJUBILACIONES SI VESTAS CEDE SU PLANTA A OTRA EMPRESA

A. G. P. – Diario de León

Presentan su propuesta con la exigencia de que la plantilla pueda sumarse a la nueva sociedad.

Tras la primera propuesta lanzada por la multinacional, los trabajadores llevaron a la mesa de negociación la suya en un proceso que se prevé largo e intenso y tiene como horizonte final próxima semana.

Con la premisa de salida de que Vestas debe seguir con su actividad industrial en su factoría de Villadangos e incorporar la tecnología más moderna y que, en caso de irse, tiene que ceder sus terrenos a otra sociedad para que pueda instalarse allí y mantener hasta entonces las instalaciones en perfectas condiciones, el comité está dispuesto a hablar de prejubilaciones e indemnizaciones.

Según fuentes del comité de empresa, otra de las premisas de salida para negociar las condiciones de estos términos ha de garantizar la creación de una bolsa de trabajo para que en el supuesto de que llegue una nueva empresa, la plantilla de Vestas tenga allí un empleo.

De cumplirse todas estas condiciones, ya han puesto sobre la mesa prejubilaciones para prácticamente medio centenar de trabajadores por encima de los 54 años e indemnizaciones de 87 días por año trabajado.

La empresa, mientras tanto, sigue con su plan de recolocaciones en un planteamiento que prevé un nuevo empleo en León para entre el 80 y el 100% de los despedidos, en un plazo entre los 9 y 24 meses. Y en cuanto a las indemnizaciones, ofrecen por ahora 33 días por año trabajado.

En la segunda semana de octubre, la empresa pretende que los trabajadores vuelvan a la planta para finalizar la producción pendiente antes del cierre. Los despidos comenzarían entonces y continuarán hasta final de año.

LOS TRABAJADORES SE RESISTEN A DEJAR LA RESIDENCIA DE A BOLA EN OURENSE

Laura Fernández – laregion.es

El Concello prevé completar el traslado de los usuarios en plena protesta de los empleados

Trabajadores observan el paso de una de las ambulancias que participó en los traslados ->

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Con un gesto serio y alguna que otra lágrima, los trabajadores que hasta hace dos días atendían a los mayores de la residencia de A Bola asistían incrédulos al traslado de algunos de los usuarios a las puertas del centro.

Tras ser “expulsados” de su puesto de trabajo, se han personado nuevamente en las instalaciones para tratar sin éxito de desarrollar su trabajo. En el interior, los usuarios pendientes del traslado eran atendidos por personal contratado por el Concello.

La decisión municipal, con el respaldo judicial, de desalojar el edificio para hacer frente a diferentes reparaciones en el edificio ha dejado a los 14 empleados en tierra de nadie. “A la vista está que el Concello ha asumido la gestión del centro y no nos ha subrogado. No se está respetando ningún derecho”, declaraba Alberto Fraguas, exdirector del centro.

Entre los que protestaban a la puerta de la residencia al paso de la regidora, Teresa Barge, hay madres con hijos pequeños, familias con personas a su cargo y “en algunos casos este era el único sueldo que entraba en casa”, relata Fraguas, quien no confía en que el Concello cuente con ellos para trabajar cuando se reabran las instalaciones. “Tendremos que buscarnos la vida, pero el tema irá al juzgado”, dijo. “Una vez más, la política y el dinero aplastan a los más débiles.

En el Día de los Mayores, la alcaldesa hizo llorar a 24 mayores y sus familias”, apuntaba la exencargada del centro, de nombre Cristina, quien duda de los problemas estructurales esgrimidos por el Concello para efectuar el cierre. “Es un edificio con pocos años y donde se invirtió mucho dinero, ¿cómo puede decir que está al borde de la catástrofe?”.

Los familiares consultados por este periódico solo tenían buenas palabras para las personas que en estos años han cuidado de sus mayores, de los “abuelos” como cariñosamente se refieren a ellos. Además, expresaban su malestar por la gestión de este conflicto, señalando directamente a la alcaldesa y al administrador de Carbatari -concesionaria de la residencia- como culpables de un “despropósito”, donde han echado en falta la mediación de autoridades superiores en un conflicto que tenía que haberse solucionado lejos de las cuatro paredes llamadas hogar por los mayores, así como el desarraigo que este traslado pueda crear en algunos de ellos. “Los abuelos estaban trastornadísimos, muy nerviosos; una hasta se quiso escapar”, aseguraba Fraguas tras hablar con familiares que accedieron al edificio.

Inspección de trabajo

Para corroborar la situación laboral de estos trabajadores y conocer la gestión en el interior del inmueble, la CIG confirmaba la visita de la Inspección de Trabajo. “Nós estamos estudando xuridicamente a estratexia a seguir para acadar que se recoñezan os dereitos destes traballadores”, afirmaba Anxo Pérez Carballo, secretario provincial de CIG, quien tildó de “temeraria” la actuación liderada por el Concello, “ao que facemos co-responsable desta situación, xunto coa empresa”.

La oposición nacionalista, testigo directo de las intensas jornadas vividas en Podentes, también mostraba su disconformidad por el proceder del grupo de gobierno. “Que a CIG e as dúas concelleiras do BNG se pregunten a quen defenden porque o 40% dos traballadores son da Patronal”, rebatía Barge en alusión a la relación familiar de varios empleados con el administrador, al tiempo que cifró en 140.000 euros la deuda de Carbatari con el Concello y aludió a supuestos despidos improcedentes realizados a extrabajadores de A Bola. “Eu quero crear emprego estable e de calidade”, dijo, al tiempo que insistió en que “cando se volva abrir o edificio, recoñeceremos aos verdadeiros traballadores os dereitos que teñan”.

LOS SINDICATOS ANUNCIAN TRES JORNADAS DE HUELGA EN CORREOS ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

M. H. – laopiniondezamora.es

Las organizaciones advierten de la llegada de “un otoño postal caliente” ->

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Los sindicatos han anunciado la reanudación e intensificación de las movilizaciones en Correos ante la falta de respuestas a sus peticiones.

Las organizaciones con representación, que ya iniciaron las protestas en junio, han denunciado que la situación de la empresa postal pública es insostenible, al presentar unas cuentas en números rojos motivadas por el brutal recorte en su financiación.

El Servicio Postal Público ha visto reducidos sus ingresos en 180 millones de euros en los dos últimos años, un déficit en sus cuentas de 230 millones de euros y “carece un Plan de Empresa que permita incrementar la entrada de dinero”.

Todo ello, “con una severa reducción de 15.000 trabajadores y trabajadoras menos en los últimos ocho años, en el marco de una regulación colectiva bloqueada desde hace cinco años, en la que la plantilla no sólo se ha visto mermada, sino que ha sufrido recorte de salario y desregulación de las condiciones laborales”.

Según indican los sindicatos, “la ciudadanía es otra de las grandes afectadas por los recortes a los que se está sometiendo a Correos, deteriorando el servicio postal público prestado en numerosos municipios y localidades de toda España, con retrasos en la entrega de cartas, paquetes y notificaciones”.

Por todo ello, “ante la falta de respuesta del Gobierno y considerando que las decisiones sobre la empresa pública Correos no admiten más demoras, CC.OO., UGT, CSIF y Sindicato Libre han intensificado el calendario de movilizaciones” que se concreta en:

– Concentraciones en las capitales autonómicas en las Subdelegaciones del Gobierno, entre el 5 y el 16 de noviembre.

– Tres huelgas generales: el 30 de noviembre, 21 y 26 de diciembre.

Además, han advertido que, si el Gobierno no abre el proceso de diálogo y negociación para dar soluciones concretas a las reivindicaciones planteadas para dotar a Correos de un Plan de Prestación con suficiente financiación, un plan que permita la diversificación y el aumento de los ingresos, así como un Convenio y Acuerdo Colectivos que recojan más empleo, salario y regulación de derechos, la movilización no sólo se intensificará este otoño, sino que se prolongará a lo largo de 2019.

LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE LA BASE DE ROTA INICIAN UNA HUELGA INDEFINIDA

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Los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota (Cádiz) inician una huelga indefinida en protesta por las “irregularidades” laborales en las que ha incurrido Louis Berger Aircraft Services (LBAS), la empresa adjudicataria que gestiona este aeródromo.

El coordinador provincial de IU, Fernando Macías, en una protesta IU Según han informado fuentes de CC.OO., el comité de empresa ha convocado a partir una huelga indefinida con tres turnos de paros programados. De esta manera habrá recesos de 12,00 a 16,00 horas, de 16,00 a 20,00 horas y de 4,00 a 8,00 horas.

De otra parte, tal y como ha indicado IU en un comunicado, esta convocatoria de huelga comienza y cuenta con “el total respaldo” de la dirección provincial de esta formación. “Como ya saben los trabajadores del aeropuerto, nos tienen a su lado para todo aquello que necesiten, seguiremos con atención el transcurso de esta nueva protesta y confiamos en que, en esta ocasión, el Gobierno español haga cumplir el derecho a la huelga recogido en la legislación española y no permita trampas y subterfugios de la empresa para hacer inoperativa la protesta”, ha señalado el coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías.

En este sentido, el coordinador provincial ha señalado que “el Gobierno central debe tomar cartas en el asunto de una vez por todas, es demasiado tiempo el que lleva este conflicto y numerosas las irregularidades laborales en las que ha incurrido la empresa adjudicataria”.

Para Macías, “el PSOE no tiene ahora excusas para no afrontar este conflicto con valentía, puesto que está al mando de los gobiernos central y autonómico, y, por tanto, cuenta con capacidad de maniobra para convocar a la otra parte del convenio bilateral firmado entre España y Estados Unidos”.

Continuando esa línea, el dirigente provincial ha alabado la propuesta aprobada a instancias del diputado provincial de IU, Antonio Alba, en el último Pleno de Diputación, consistente en la creación de una comisión provincial presidida por la presidencia y compuesta por todos los grupos políticos y una representación de los trabajadores, de cara a mantener un encuentro con el Gobierno central para abordar este conflicto.

“Este consenso se hace ahora más importante que nunca porque está en juego, no sólo el futuro de la plantilla del aeropuerto y de todas sus familias, sino el mantenimiento de la soberanía española y el cumplimiento de nuestra legislación laboral”, ha subrayado Macías.

Por todo ello, la dirección provincial de IU comparte “todas y cada una de las reivindicaciones” que han motivado la huelga indefinida y que pasan, fundamentalmente, “por la readmisión de los 30 trabajadores despedidos por Louis Berger, la negociación de un nuevo convenio colectivo de empresa y la anulación de sanciones y cambios de puestos de trabajo”.

LOS SINDICATOS DE PRISIONES SE UNEN Y CONVOCAN SEIS DÍAS DE HUELGA GENERAL

Belén Tobalina – La Razon

Se han unido para convocar una huelga general en todas las prisiones del país dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

Los sindicatos Acaip, UGT, CSIF, CC.OO., CIG y APFP han dejado atrás sus diferencias y se han unido para convocar una huelga general en todas las prisiones del país dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que tendrán lugar los próximos 24 y 26 de octubre, así como 6, 8, 13 y 15 de noviembre.

Los sindicatos llevan años denunciando la desigualdad salarial, así como la falta de personal, la inseguridad e impunidad que se vive en el interior de las prisiones sin que se les dé una respuesta concreta por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ni del Ministerio del Interior.

El pasado 25 de septiembre “nos citaron en una reunión con Administración Penitenciaria a la que acudieron Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, y Eugenio Arribas, subdirector general de RR HH, nos prometieron una gratificación de 125 euros al mes de subida en 14 pagas durante 2019, 2020 y 2021, así como que las nueve categorías actuales se iban a reducir a tres”, explica a este periódico Antonio González, responsable general de UGT Prisiones. En concreto, una cuantía de 122.646.399,67 millones de euros a tres años.

Sin embargo, “tres días después nos volvieron a reunir para decirnos el propio Ortiz que, debido a su buena fe, pero poca experiencia el compromiso de subida salarial no había sido ratificado por función pública”. Es ahí cuando ya cansados de tantas promesas todos los sindicatos, salvo ELA, deciden unirse y convocar una huelga general.

“El PSOE nos está faltando al respeto a nuestro colectivo. Tuvimos diversas reuniones con ellos cuando estaban en la oposición y durante las mismas se prometieron ciertas medidas que no se han visto refrendadas una vez en el Gobierno. Hacemos un llamamiento a los socios del Gobierno para que tomen en consideración el engaño al que se nos está sometiendo”, precisa Nacho Gutiérrez, portavoz de Acaip.

“Los sindicatos de prisiones exigimos una reunión urgente con el ministro Marlaska para salvar la negociación de conflicto laboral”, recuerdan desde el CSIF, que piden “resolver el conflicto salarial en el colectivo de prisiones, una negociación real sobre mejoras retributivas y un protocolo ante el aumento de las agresiones”.

APFP va a “solicitar una reunión con el ministro Marlaska para que nos explique lo sucedido y se posicione al respecto como máximo responsable de prisiones”.

Y es que, según nos explican los sindicatos, están cansados de que a los funcionarios de prisiones se les trate como el “patito feo” de Interior.

LOS PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA (PAC) DEN GALICIA VIVIRÁN 12 DÍAS DE HUELGA «TESTIMONIAL» PARA EXIGIR MEJORAS EN LAS URGENCIAS DE PRIMARIA

R. Lizcano – ABCenGalicia

Los trabajadores de Atención Continuada denuncian la precariedad de sus jornadas por la falta de un plan riguroso para asegurar los relevos y su discriminación salarial en el cómputo de permisos. La Consellería reafirma su voluntad de diálogo y su compromiso en ir recuperando incrementos retributivos

Saben que será una «huelga testimonial» puesto que el 100% de servicios mínimos requerido en el caso de dispositivos de urgencias invalidará en la práctica el impacto directo de sus movilizaciones, pero los trabajadores de los Puntos de Atención Continuada (PAC), agrupados en la Plataforma PACS en Pé de Guerra, se han plantado ante la falta de avances en sus negociaciones con Sanidade.

Con el respaldo unánime de las organizaciones sindicales representadas en la mesa sectorial, irán a la huelga los martes, viernes y domingos comprendidos entre el 16 de octubre y el 11 de noviembre; doce días en los que, si bien el funcionamiento de los centros estará garantizado por la alta exigencia de los servicios mínimos, sindicatos y trabajadores se emplearán a fondo, afirman, en un trabajo de información y sensibilización a la ciudadanía sobre las necesidades de las urgencias de Atención Primaria, organizadas en 90 PAC asistidos por unos 900 trabajadores.

La convocatoria de huelga, registrada por CIG, CC.OO., UGT, C-SIF, CESM, O’Mega y Satse, obedece, según han expresado las organizaciones sindicales en rueda de prensa, a la falta de voluntad de negociación real demostrada por la Consellería en seis meses de conversaciones.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo figura la clarificación de su jornada, estructurada desde el acuerdo de 2008 en 1.451 horas ordinarias, y reforzada por la insuficiencia de personal con 230-600 horas complementarias de adscripción voluntaria.

Por efecto de la mala gestión de los recursos humanos, sostienen, las dificultades de encontrar profesionales para los relevos limitan en la práctica la voluntariedad de estas horas complementarias y fuerza a las plantillas a trabajar con jornadas imprevistas y prolongaciones forzosas.

Por ello, reclaman a la Consellería un plan de contingencias consensuado, que ordene y aporte claridad sobre los procedimientos de coberturas de ausencias, reduciendo las posibilidades de sucesos lamentables como el reciente fallecimiento en el PAC de A Estrada de un paciente cuando en el centro no se encontraba ningún médico.

El facultativo había sido requerido para una urgencia exterior y el refuerzo previsto no había podido ser cubierto ante la imposibilidad de localizar a un médico disponible.

El cómputo de las incapacidades temporales y días de permiso es otra de las demandas en liza: en lo que consideran una aplicación «torticera», estos días se descuentan en sus retribuciones por jornada complementaria, a diferencia del resto de personal, donde se convalidan como 7 horas de actividad dentro de la jornada ordinaria.

También demandan que se completen sus pluses por trabajo en noches y festivos, que tras la congelación de mejoras retributivas aplicada en 2010 se mantienen en el 80% de las cuantías firmadas en 2008.

La tabla de reivindicaciones incluye otras cuestiones referidas a la seguridad laboral, como la demanda de equipos de protección específicos para las urgencias en accidentes o catástrofes, o de práctica asistencial, como la revisión de criterios que condicionan sus retribuciones variables: entre ellos, la supresión del porcentaje de derivaciones a hospitales de cada médico de PAC como elemento a tener en cuenta en el salario.

Las condiciones de estrés e imprevisibilidad de jornada, apuntó Elisa Ausín, portavoz de la Plataforma PACS en Pé de Guerra, están convirtiendo a las urgencias de Atención Primaria en un sector en el que «la mayor parte de la gente está de paso». «Los que quedamos somos los que protestamos y lo hacemos porque creemos en este servicio, que es muy necesario, muy bonito, y que soluciona muchos problemas», sostuvo.

En respuesta a la convocatoria de huelga, la Consellería de Sanidade ha reiterado su disposición permanente al diálogo y su voluntad de llegar a acuerdos «que permitan continuar avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo del personal de los PAC».

Así, afirma, ya ha transmitido en reuniones previas con los representantes de los trabajadores su disposición a atender peticiones concretas de las organizaciones como el pago de la doble dieta por domingo/festivo o la revisión del criterio de derivaciones hospitalarias señalado más arriba.

En un comunicado de prensa, la Consellería incide en otras mejoras de carácter general abordadas en los últimos tiempos, como la implantación de la carrera profesional ordinaria (con un incremento retributivo del 6% para 22.000 profesionales de la sanidad pública), el aumento sostenido de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria en las ofertas de formación sanitaria especializada o la apuesta por la Atención Primaria en las ofertas públicas de empleo, con 1.358 plazas de médicos de familia y enfermería en el periodo 2012-2017, expone.

En paralelo, el departamento que encabeza Jesús Vázquez Almuíña, incide en su voluntad de «ir recuperando otros incrementos retributivos conforme a lo que determinen las leyes de presupuestos».

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