Boletín de Luchas Obreras (6 de Julio de 2016)

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ÍNDICE:

  • LOS DESCUELGUES SALARIALES SE MANTIENEN EN LAS EMPRESAS PESE A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
  • LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE FG SE CONVIERTE EN BATALLA LABORAL EN EL BBVA
  • LOS TRABAJADORES DE FCC DECLARAN LA HUELGA INDEFINIDA
  • EL BALLET NACIONAL MANTIENE LA HUELGA EL 25 Y 26 DE JUNIO, Y 2 Y 3 DE JULIO
  • LOS EMPLEADOS PAGAN LA FACTURA DE DÉCADAS DE DERROCHE EN LA PATRONAL GALLEGA
  • TRABAJADORES SE CONCENTRAN EN LA BASE DE MORÓN EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS
  • CGT CONVOCA CONCENTRACIÓN CONTRA LOS DESPIDOS DE HP EN LA SEDE DE SU CLIENTE CAIXA
  • CO.BAS REANUDA LA LUCHA POR LA READMISIÓN DE LA COMPAÑERA DESPEDIDA EN BLAUMAR DE SALOU
  • COMIENZAN LOS DESPIDOS EN LA MINA DE AGUABLANCA
  • EL BLOQUEO DE INDUSTRIA OBLIGA A LA HULLERA A REDUCIR A 90 SU PLANTILLA Y APLICAR UN ERE EXTINTIVO PARA 86
  • CCOO RECLAMA QUE LOS TRABAJADORES DE CAMPOFRÍO ACCEDAN A LA AYUDA DE 655 EUROS
  • LA PLANTILLA DE ABB SALE A LA CALLE CONTRA EL QUINTO ERE QUE APLICA LA MULTINACIONAL SUIZA
  • LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA JUZGA EL ERE DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA
  • IU PEDIRÁ A LA JUNTA SU INTERVENCIÓN ANTE EL «DETERIORO DEL EMPLEO» EN SAM ALGECIRAS

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LOS DESCUELGUES SALARIALES SE MANTIENEN EN LAS EMPRESAS PESE A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Hoy, con la economía en recuperación y el empleo creciendo al 3%, las empresas siguen recortando sueldos

Desde 2012 más de 7.000 compañías se han desmarcado de los convenios para modificar las condiciones laborales de 309.537 trabajadores

Los descuelgues de convenio se concibieron en 2012 como una medida de flexibilidad interna en plena crisis, cuyo fin último fue esquivar los despidos, que llegaron a superar los 3 millones.

La idea era permitir que una empresa que se encuentra en situación de dificultad tuviera la opción de dejar de aplicar el convenio colectivo, incluidas las subidas salariales previstas en pactos de ámbito sectorial, y dar preferencia a los acuerdos firmados en las empresas.

La opción fue utilizada por muchas compañías durante los peores años de la crisis y hoy, con la economía en recuperación y el empleo creciendo al 3% siguen haciéndolo, aunque con menor intensidad. La fórmula que creó la reforma laboral se ha generalizado en España.

A través de un descuelgue, una empresa puede incumplir las condiciones pactadas en convenio alegando causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción. Si estas son económicas, basta con que el empresario demuestre una disminución persistente en los ingresos de la compañía, para poder acogerse a la medida. Y esta fue una situación muy habitual en tiempos de crisis.

La inaplicación de convenios colectivos o descuelgues era residual en las relaciones laborales hasta que en el año 2012 se aprobó la reforma laboral. Con esta norma se dispararon hasta convertirse en un instrumento clave para salvar la situación económica de una empresa y esquivar las extinciones de empleo.

Si entre marzo y diciembre de 2012 (la reforma laboral se aprobó en febrero de ese año) fueron 748 sociedades las que no aplicaron el convenio por razones económicas —lo que afectó a 29.352 trabajadores—, en todo 2013 la cifra ascendió a 2.512 con 159.550 afectados.

Y en los cuatro primeros meses del 2016 ya se han depositado en los registros de las distintas autoridades laborales 600 inaplicaciones de convenios, que afectan a un total de 11.259 trabajadores.

La práctica se ha generalizado en el mercado laboral, según los datos de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios. Desde 2012, un total de 7.370 empresas se han descolgado del convenio, lo que ha afectado a 309.537 trabajadores. Eso sí, en el 91,7% de los casos, esos descuelgues se han resuelto como acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores durante el periodo de consultas.

Sector servicios, a la cabeza

La mayoría de los trabajadores afectados por las inaplicaciones depositadas hasta abril en las autoridades laborales, se concentraron en el sector servicios, un 76,8%. Y la mayoría fueron pymes. Los datos que maneja el Ministerio de Empleo apuntan a que el 41,8% de los trabajadores afectados y el 87,9% de las empresas que se acogieron a este modelo de flexibilidad, tienen plantillas entre 1 y 49 trabajadores.

De los datos también se desprende que el 97,5% de las inaplicaciones se refiere a un convenio o varios de ámbito superior a la empresa y que en el 92,7% de los casos se han producido descuelgues de la cuantía salarial pactada. El 63,3% de las empresas solo han dejado de aplicar la cuantía salarial recogida en convenio y el 10,7% todo el sistema de remuneraciones.

Las sucesivas reformas del mercado laboral han propiciado que las compañías puedan ajustarse más al contexto económico, aunque la descentralización de la negociación colectiva ha dejado cada vez más a los sindicatos en un segundo plano.

Tanto el descuelgue salarial como la inaplicación del convenio ya estaban definidos en el acuerdo marco interconfederal para la negociación colectiva de 5-1-1980, aunque se incorporaron al ordenamiento jurídico en 1994. Desde entonces todos los convenios colectivos incorporaban cláusulas de descuelgue salarial, aunque con condiciones de aplicación muy estrictas.

Fue en 2010 cuando el Gobierno de Zapatero pretendió hacer más viable esta opción aunque sin mucho éxito; apenas tuvo repercusión, pese a que en 2011 el Ejecutivo socialista abrió más el abanico de posibilidades para las empresas.

No fue hasta 2012 cuando en la práctica se facilitó para las empresas. La reforma laboral del Partido Popular dio vía libre a la empresa para regular directamente cuándo y cómo no aplicar el convenio sin acudir a la negociación colectiva. Ahora, basta con que el empresario justifique las causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción citadas, lo que se traduce en que en un contexto de recesión económica cualquier compañía cuya viabilidad esté mínimamente afectada tiene capacidad para acogerse al descuelgue o no aplicarlo y evitar medidas más drásticas.

Moderación salarial

Lo singular en este caso es que este intenso incremento del número de inaplicaciones ha coincidido en el tiempo con crecimientos salariales de poco más de medio punto en los años de crisis, en los que la moderación salarial se convirtió, en muchos casos, en moneda de cambio frente a las extinciones de empleo.

Ahora, con la economía española creciendo por encima del 3% y los precios en negativo (-1,1% en el último año) la subida de los sueldos pactada en la negociación colectiva alcanza el 1,11% hasta abril, por debajo del dato de febrero (1,12%) y 4 décimas superior al contabilizado un año antes (0,71%), según las cifras provisionales del Ministerio de Empleo.

Las subidas salariales pactadas están en línea con el acuerdo alcanzado entre la CEOE y CC.OO. y UGT, que establecía una subida salarial de hasta el 1% este año y hasta un 1,5% en 2016. El pacto también incluyó una cláusula de garantía salarial para los 2 años que tendrá en cuenta la inflación. Si los precios suben por encima del 2,5% entre 2015 y 2016, se activaría esta cláusula para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE FG SE CONVIERTE EN BATALLA LABORAL EN EL BBVA

Todos los sindicatos convocan movilizaciones para el lunes 27 de junio por los 14 despidos disciplinarios efectuados por el banco argumentando baja productividad.

Pero esto es el chocolate del loro. Lo que se temen es una fortísima reducción de oficinas y personal para el otoño.

Y esta vez no es una cuestión meramente sindical: la red está que estalla.

¿Recuerdan el papel de George Clooney en la película Up in the air? Igualito que Donna DeAngelis, la responsable de Talento y Cultura del banco.

Mientras, prosigue el pulso entre la antigua banca que da dinero, y la moderna banca digital que no aporta ni un euro.

Hablar hoy del BBVA es hablar de digitalización, no cabe duda, aunque sólo sea por las millonarias inversiones realizadas en los últimos años o por los más de 3.500 empleados dedicados sólo a la digitalización del grupo. Pero hablar hoy del BBVA también es hablar de batalla laboral. Batalla que tiene como trasfondo, precisamente, la transformación digital.

En este contexto, la Asociación Cuadros Banca (ACB) y todos los sindicatos presentes en el banco han convocado movilizaciones para el lunes 27 de junio. El motivo, los 14 despidos disciplinarios efectuados por la entidad argumentando baja productividad.

En la nota remitida, los sindicatos denuncian tanto el fondo como la forma. Por un lado, los propios despidos -los expulsados no eran los últimos de los rankings internos del banco- y, por otro, que la entidad haya tomado la decisión sin la apertura previa de un expediente disciplinario y sin comunicárselo a los representantes de los trabajadores. Esto último, además, después de que el propio Fracisco González asegurase en la última Junta de Accionistas, que cualquier decisión laboral sería previamente comunicada a los sindicatos.

En cualquier caso, esto es el chocolate del loro. Lo que realmente se temen los sindicatos es una fortísima reducción de oficinas y de plantilla a la vuelta del verano. Y esta vez no es una cuestión meramente sindical. La red entera está que estalla. Nadie olvida la metedura de pata digital, y sideral, del consejero delegado, Carlos Torres, cuando aseguró que el banco podría funcionar con 1.000 oficinas, esto es, con sólo un tercio de la red actual.

Como se pueden imaginar, el papel de la responsable de RRHH -ahora Cultura y Talento-, la norteamericana Donna DeAngelis, está siendo fundamenta y a algunos les evoca el papel de George Clooney en la película Up in the air. ¿Recuerdan? Ryan Bingham (Clooney) trabaja en una empresa de despidos y viaja por todo EEUU despidiendo trabajadores sin inmutarse lo más mínimo.

La trayectoria profesional de DeAngelis se parece mucho. No permanece más de cuatro o cinco años en una misma empresa, el tiempo que tarda en ejecutar el ajuste laboral previsto. De hecho, ni siquiera se ha molestado en aprender español, aunque trabaje en el segundo banco de nuestro país. ¿Para qué el esfuerzo, si voy a estar el tiempo justo? Y, como ya hemos contado en Hispanidad, su manera de despedir deja mucho que desear. Lo hace, incluso, por los pasillos y sin  pestañear.

– Buenos días, menganito. Encantada de haberte conocido, estás despedido. Recoge tus cosas y no vuelvas.

A todo esto, prosigue el pulso entre la antigua banca que, miren por dónde, es la que da dinero, y la modernísima banca digital, a la que se dedican más de 3.500 empleados, que no aporta ni un euro a la cuenta de resultados. La cosa promete.

LOS TRABAJADORES DE FCC DECLARAN LA HUELGA INDEFINIDA

Los trabajadores de la empresa de limpieza FCC han decidido ir a la huelga indefinida a partir del mes de julio.

Según ello, las negociaciones con la empresa han fracasado hasta tal punto de que ésta les ha ofrecido salarios aún más bajos que en la primera reunión.

Por ello, estos trabajadores han decidido realizar esta huelga que no tiene fecha de caducidad, pero que sí tendrá consecuencias en la ciudad de Mérida ya que debido a las altas temperaturas y la falta de limpieza, se generarán olores e incluso plagas.

El alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Osuna, indicó que “él no podía interponerse entre unas negociaciones de una empresa privada con sus trabajadores”. Aun así señaló que si llegase el momento, “se tomarían cartas en el asunto”.

EL BALLET NACIONAL MANTIENE LA HUELGA EL 25 Y 26 DE JUNIO, Y 2 Y 3 DE JULIO

El comité de huelga del Ballet Nacional de España (BNE) ha decidido seguir adelante con los paros previstos para los próximos 25 y 26 de junio, y 2 y 3 de julio, coincidiendo con varias funciones de su espectáculo “Homenaje a Antonio Ruiz Soler”, según han informado a través de un comunicado de prensa.

Estos paros, un total de cuatro, se llevarán a cabo el 25 de junio, de 19:45 a 22:15 horas; el 26 de junio, de 17:45 a 19:15 horas; el 2 de julio, de 19:45 a 22:15 horas y el 3 de julio, de 17:45 a 19:15 horas.

Pero, según añade el comité, los artistas implicados (un grupo de 35 bailarines, músicos y cantaores, de los 42 que componen el BNE) “barajan” la posibilidad de extender la convocatoria de huelga con “futuros paros”, aunque no han concretado a qué espectáculos se refieren ya que el 3 de julio es la última función de esta obra.

Para este comité el punto central de estas convocatorias de huelga es reivindicar que se le dé “naturaleza indefinida” a sus contratos, algo que rechaza el Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música). “No hay obstáculo legal alguno para acceder a nuestras reivindicaciones”, asegura el comité en esta misma nota.

Asimismo, el BNE niega la convocatoria de huelga de los días 18 y 19 de junio “sea ilegal”, por lo que contradice el escrito que, según han asegurado, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música colgó en la puerta del Teatro de la Zarzuela estos días.

También han lamentado el “claro desinterés” de la directora general del Inaem, Montserrat Iglesias, hacia los problemas que están “sufriendo tanto artistas como el público” ya que, según explican, no estuvo presente en las reuniones que ambas partes mantuvieron el 22 y 23 de junio.

El “Homenaje a Antonio Ruiz Soler” se estrenó finalmente el 22 de junio y con el anuncio de estos paros las únicas funciones que se llevarán a escena serán las del 29 y 30 de junio y la del 1 de julio.

El Inaem “siempre ha estado abierto al diálogo y a la negociación, como lo demuestran las reuniones a las que ha convocado a los representantes de los bailarines firmantes, tanto antes como después del anuncio de la convocatoria de paros parciales”, ha comunicado en una nota de prensa este organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Además, indica que la “única condición” que pusieron para aceptar la mediación de la Inspección del Trabajo era que se suspendieran los paros mientras se producía dicha mediación. “A lo que se han negado los convocantes de la huelga”, destaca.

“La vía para contratar personal mediante contrato indefinido en los organismos autónomos del Estado es a través de la Oferta de Empleo Público, que aprueba el Gobierno en el primer trimestre de cada año”, señala la nota.

Además, el Inaem recuerda su ofrecimiento de una “hoja de ruta” para la sustitución del actual modelo de contratación temporal por cupo, lo que supone la intervención de distintos ministerios de la Administración del Estado y de las centrales sindicales.

LOS EMPLEADOS PAGAN LA FACTURA DE DÉCADAS DE DERROCHE EN LA PATRONAL GALLEGA

Pablo López – elconfidencial.com

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) pone en la calle a casi la mitad de la plantilla mientras mantiene un sueldo de más de 75.000 euros a su secretario general

La aristocracia económica de Galicia atraviesa momentos delicados. Décadas de despilfarro, mantenido incluso en tiempos de crisis, han llevado a la CEG al borde del abismo. Ya lo eludió al aprobar ‘in extremis’ un plan de viabilidad que deja en la calle a más de la mitad de la plantilla y  rebaja el sueldo al resto de los empleados. Es un balón de oxígeno solo provisional, el primer paso de los muchos que debe dar la patronal para solucionar un futuro empañado por su abultada deuda.

Estaba en riesgo hasta el pago de las nóminas de junio. Antonio Dieter Moure, que tomó las riendas de la entidad en enero, tuvo que pedir a los socios que adelantaran la cuota anual para abonar la última letra trimestral que estaba pendiente de la hipoteca, de unos 82.000 euros.

Ha salvado una bola de partido, pero el siguiente punto se lo juega con los bancos, con los que quiere renegociar la hipoteca. Y sobre todo tiene pendiente una difícil negociación con la Xunta por una deuda de más de 600.000 euros por el intento de colar facturas no subvencionables a un programa de oficinas en el extranjero.

Esa deuda, que llegó a ascender a 833.000 euros, da una idea de la ligereza con que se ha afrontado desde la CEG la gestión de los fondos públicos.

De acuerdo con el expediente abierto por la Consellería de Economía, la patronal incumplió de manera reiterada el Plan Pexga –las oficinas en el exterior para ayudar a la internacionalización de empresas gallegas–, al imputar gastos con cargo al proyecto que no se utilizaron para los fines estipulados en el convenio. Entre las facturas imputadas a la Xunta hay un viaje a Brasil para 24 personas que costó más de 80.000 euros.

La patronal imputó gastos que no se utilizaron para los fines estipulados como un viaje a Brasil para 24 personas que costó más de 80.000 euros

La víspera de la crucial asamblea del martes, Moure y su equipo se reunieron con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y con el ‘conselleiro’ de Economía, Francisco Conde, que se negaron a la condonación de la deuda, que la CEG se plantea impugnar por la vía judicial. No obstante, una vez aprobado el plan de viabilidad, Conde se mostró dispuesto a prorrogar el Pexga, un proyecto polémico firmado en 2010 y que supuso en la práctica la privatización de las oficinas comerciales que gestionaba la Xunta. Gracias a él, la CEG puede contratar el personal y gestionar los alquileres de los 13 locales que tenía el Gobierno gallego en 12 países, que pasaron a costarle a la Xunta 4,5 millones de euros al año.

El nuevo programa de ajuste conlleva el despido de ocho trabajadores, lo que reducirá la plantilla de 20 a 12 empleados, con un gasto en indemnizaciones por despido de unos 130.000 euros, más otros 135.000 ya consignados en previsión de reclamaciones judiciales.  Si finalmente el Pexga no se renueva, otros cuatro trabajadores más abandonarán la CEG el 1 de enero. Además de los despidos, el plan incluye una reducción salarial de entre el 5% y el 30%, que supondrá un ahorro en nóminas de 22.000 euros mensuales.

El plan de viabilidad ha permitido conocer las enormes desigualdades de las retribuciones en el seno de la patronal gallega, una entidad en la que, como ahora ha trascendido, su secretario general, Fausto Santamaría, cobra 107.000 euros anuales, casi un 60% que el presidente de la Xunta. El dato provocó la indignación de algunas de las organizaciones que integran la CEG, como la Federación Gallega de Inmobiliarias, que tachó ese sueldo de “aberrante” y pidió el despido de Santamaría. De acuerdo con el plan aprobado, Santamaría rebajará su sueldo un 30%, con lo que mantendrá un salario anual de 75.000 euros, mientras que a los que ingresan más de 4.000 euros mensuales se les rebaja la retribución un 20% y a los de más de 3.000 euros, un 10%

TRABAJADORES SE CONCENTRAN EN LA BASE DE MORÓN EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS

Trabajadores de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos (EEUU) en Europa se han congregado, convocados por el comité de empresa de Vectrus, la sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea, ante la puerta principal del recinto militar cuyo uso comparten España y Estados Unidos, en defensa del empleo y en demanda de la readmisión de los trabajadores despedidos en los últimos años.

José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa de la base de Morón, ha informado de que la concentración ha recibido «la afluencia esperada del colectivo afectado por el último Expediente de Regulación de Empleo (ERE)».

De este modo, Armando ha subrayado que «lo que se defiende es que readmitan a los trabajadores civiles que han despedido desde finales de 2010». Y es que a lo largo de los últimos años, la plantilla española de la base de Morón, primero a manos de Vinnel-Brown & Root Spain (VBR) y después a manos de Vectrus, ha sufrido un total de 250 despidos, mientras que el despliegue militar de Estados Unidos en las instalaciones, y por ende la actividad de la base, no ha hecho otra cosa que crecer.

Asimismo, el portavoz de trabajadores ha indicado que «también demandamos la equiparación de las condiciones de la plantilla de los trabajadores de Rota, que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, así como del resto de bases estadounidenses en Europa». «Nosotros también queremos tener esa protección del Gobierno español, y esto no le supone ningún coste económico, ya que lo que se reclama es que haya personal laboral local adscrito al Ministerio de Defensa, tal y como sucede en Rota», ha explicado.

En esta misma línea, el presidente del comité ha matizado que «independientemente del Gobierno que salga de las elecciones del domingo 26 de junio, queremos que se acometa una revisión del tratado bilateral que tiene el Gobierno de Estados Unidos con España, en materia de defensa militar, y se produzca una nueva enmienda del tratado para que puedan readmitir a los trabajadores despedidos».

LA BASE DE MORÓN

Cabe recordar que mediante la última enmienda el convenio de cooperación de 1988 entre España y EEUU en materia de defensa, la base de Morón fue convertida en sede permanente de las fuerzas militares estadounidenses de intervención en África. En consecuencia, el contingente estadounidense radicado en la base de Morón pasaba de los aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves que acogía mediante prórrogas anuales, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.

Además, la enmienda aumentaba hasta los 800 efectivos y 14 aeronaves el límite adicional para despliegues temporales, de modo que la base sevillana puede acoger hasta 3.000 militares estadounidenses en momentos puntuales.

Este notable incremento de la presencia militar estadounidense llegaba después de que entre 2010 y 2014, VBR, como anterior concesionaria del contrato de las Fuerzas Aéreas de EEUU en Europa para la gestión de los servicios civiles de la base de Morón, acometiese 240 despidos entre los trabajadores españoles del recinto militar, desencadenando el conocido conflicto laboral.

Ya en 2015, la empresa estadounidense Vectrus, que ha sucedido a VBR en este contrato de las Fuerzas Aéreas de EEUU en Europa, ha acometido otros diez despidos, por lo que la plantilla española de la base de Morón suma ya 250 despidos desde finales de 2010.

CGT CONVOCA CONCENTRACIÓN CONTRA LOS DESPIDOS DE HP EN LA SEDE DE SU CLIENTE CAIXA

CGT-HP Zaragoza

Coincidiendo con la huelga convocada en toda España el 1 de julio como protesta por los despidos en HP, las Secciones Sindicales de CGT en Zaragoza convocan concentración en la sede de Caixa de Zaragoza

Como socio comercial de HP, Caixa es corresponsable de la política de despidos que sigue la multinacional americana, basada en despidos periódicos cada 3 meses, precarización y subcontratación. La externalización de servicios informáticos y telefónicos por parte de Caixa a través de HP centra su forma de trabajar en exprimir las capacidades de los trabajadores de HP, mediante la amenaza permanente de ser despedidos, en lugar de apostar por planes formativos ambiciosos, recolocaciones o reubicaciones, que tendrían un efecto positivo en la calidad de servicio percibida por los clientes Caixa.

Por ese motivo, desde CGT se ha decidido informar de primera mano a los clientes de Caixa de las políticas que sigue su banco, priorizando sus márgenes y beneficios por encima de la calidad de servicio a sus clientes, a pesar de las múltiples comisiones y gastos que aplica por ellos. Esta acción se suma a 4 años de diferentes acciones sindicales, movilizaciones y huelgas: http://cgtinformatica.org/category/temas/despidos-hewlett-packard

Desde CGT apostamos por un acuerdo con la empresa que acabe con los despidos forzosos, apostando por un modelo de reubicaciones, recolocaciones y formación y salidas voluntarias. Sin embargo, la postura inmovilista de la empresa nos ha llevado a convocar HUELGA en toda España para defender nuestros derechos laborales.

También creemos que el reciente anuncio de la fusión entre CSC y HP a nivel mundial puede tener importantes afectaciones en el empleo y la propia empresa no quiere asumir ningún compromiso de empleo, ya que todavía no saben si afectará al empleo. Más información:

http://finance.yahoo.com/news/worst-companies-130656663.html

Esperamos que HP cambie su actitud negociadora respecto a la política de despidos de los últimos años. Mientras tanto, CGT seguirá combatiendo los despidos.

Día: 1 de Julio

Lugar: C/Coso 53, O.P. Caixa, esq. c/D. Jaime I, antigua oficina de Barclays

Hora: 12:00 h

CO.BAS REANUDA LA LUCHA POR LA READMISIÓN DE LA COMPAÑERA DESPEDIDA EN BLAUMAR DE SALOU

Co.bas Tarragona

Co.bas de Tarragona continúa luchando en Salou para que se readmita a una afiliada que fue despedida el 2 de diciembre del 2015.

De nuevo co.bas, reanuda los actos de protesta exigiendo la readmisión de la compañera despedida en el Hotel Blaumar de Salou

Co.bas de Tarragona continúa luchando en Salou para que se readmita a una afiliada que fue despedida el 2 de diciembre del 2015. Tres meses después de que acabara la temporada. La idea era quitársela de la empresa antes de que comenzara la actividad de este año, o sea, antes de que comenzara la faena en Semana Santa. Por eso, durante las fiestas, un grupo de 20 personas del Sindicato, junto con la compañera despedida, estuvo cuatro días alternativos frente al Hotel Exigiendo su readmisión.

Este Hotel es el  Blaumar cuyo dueño es el Señor J. Miarnau Banús, que pertenece a una familia de la gran burguesía de Catalunya, dueña de varios hoteles en Salou y de la constructora COMSA. A primeros de junio salto a los medios por encontrarse entre los defraudadores en las listas de los Papeles de Panamá. A los Miarnau se les calcula una fortuna de más de 1.000 millones de euros.

María, la trabajadora despedida, venía desempeñando funciones de limpiadora de habitaciones, y lleva nueve años trabajando en esta empresa. Descaradamente ha sido despedida por estar afiliada a nuestra organización sindical y por hacer uso de sus derechos, habiendo reclamado en su día, categoría y remuneración superior, cosa que la empresa tras ser denunciada hubo de reconocerle y aumentarle el salario.

Así mismo, posteriormente, por medio de la información de nuestra afiliada María, CO.BAS, nuestro Sindicato, junto con ella, tramita nuevas denuncias por exceso de jornadas de trabajo, por no respetársele los descansos semanales y también por algunas otras cuestiones relacionadas con abusos e incumplimiento de esta empresa, cuyas denuncias tienen constancia en la Inspección de Trabajo, desde donde se le levantó acta de infracción.

Se interpuso la demanda contra el despido, y en el Departament de Treball de la Generalitat, la empresa reconoció la improcedencia del mismo, ofreciéndole dinero para que abandonara su puesto de trabajo.

Trabajadora y Sindicato exigimos la readmisión por ser un despido, no sólo improcedente, como así mismo la empresa ha reconocido, sino porque  además es un despido arbitrario que persigue quitarse de encima una trabajadora que se atreve a exigir sus derechos laborales.

La trabajadora no quiere el dinero que la empresa le ofrece sino su puesto de trabajo y, para ello el Sindicato está desarrollando una campaña, no sólo por su readmisión, sino también por los abusos laborales y económicos que en la hostelería se vienen cometiendo sobre el conjunto de los y las trabajadoras.

Nuestra organización sindical COBAS, está dispuesta a emprender una campaña de denuncia de la situación de acoso y explotación que se está produciendo en la hostelería de Salou y estamos estudiando las formas para dar una respuesta de lucha unitaria y masiva para exigir que se respecte el convenio.

Sin embargo tenemos una muestra más del papel sumiso de CC.OO. y UGT, en base a los intereses de la patronal de hostelería. Los dos principales sindicatos, con una representatividad sindical mayoritaria, pero ficticia en el sector en la mayoría de los casos, pues en las elecciones sindicales, los representantes suelen ser designados por las propias empresas.

De modo que cuando hay motivos para convocar una huelga general en el sector, para exigir que se respecte el convenio sin que se viole ni una sola de sus medidas, estas dos organizaciones sindicales, una vez más, muestran su naturaleza de colaboración con las empresas, dedicándose a mirar para otro lado, mientras acontecen abusos laborales  de escándalo:  están desmantelando las plantillas de las limpiadoras de empresa y se están sustituyendo por trabajadoras de empresas subcontratistas del ramo de la limpieza.

A estas les obligan a trabajar jornadas superiores a las jornadas contratadas, sin que se les abone las horas extraordinarias que hacen demás, no se les respectan los descansos semanales, los cuadros de horarios no existen o se hacen de un día para otro, Cada vez, cada año, se reduce personal, no ya con la misma faena, sino incluso siendo superior, con los hoteles más llenos de clientes, incrementándose las habitaciones que han de limpiar y preparar.  La explotación escandalosa, sin límite, ha puesto de moda el destajo en la limpieza y arreglo de habitaciones, pagándose la habitación de un cliente a 2 euros y a menos.

Por todo ello COBAS, desde el día 14 de este mes de junio ha comenzado las  jornadas de protesta y denuncia, en el Paseo Jaime I, frente al hotel Blaumar, donde se coloca una pancarta que denuncia el despido y exige la readmisión; se reparten cientos de octavillas en Castellá y en inglés, se explica constantemente con megafonía él conflicto y se gritan consignas continuamente para su readmisión. Unos turistas belgas aplaudían nuestra denuncia y nos manifestaban su indignación por cómo estaban viendo que se trataba a los trabajadores por parte de los responsables de los hoteles.

A partir del mes de julio se le dará más continuidad a los actos de protesta.

Todo y así, el día 13 de julio en que se celebrará el juicio, estamos seguros de que se resolverá con la nulidad del despido y la obligatoriedad de la empresa a tener que readmitir a María. Si no fuera así, continuaríamos la lucha hasta lograr su readmisión.

COMIENZAN LOS DESPIDOS EN LA MINA DE AGUABLANCA

CCOO y UGT consideran responsables de la situación al presidente del Gobierno Mariano Rajoy y a José Antonio Monago, presidente de los populares extremeños, por no haber exigido la DIA a un gobierno de su mismo partido

El secretario regional de CCOO, Julián Carretero, pide al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, «que deje de zascandilear por los platós (de televisión)» para hablar del PSOE y se centre en los problemas de la región, como los cierres de la mina de níquel de Aguablanca o la empresa textil Fuentecapala.

Junto con la secretaria regional de UGT, Patrocinio Sánchez, han abordado  la situación de la mina de níquel de Monesterio, en la que se ha comenzado a ejecutar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afecta de manera directa a unos 170 trabajadores, aunque indirectamente a unos 400.

Tanto Carretero como Patrocinio Sánchez ha incidido en que esta situación es consecuencia de no haber recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación subterránea de la mina, de la que consideran como únicos responsables al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente del PP extremeño, José Antonio Monago.

La dirigente ugetista ha reprochado «la desvergüenza» de Monago en este asunto, por no exigir «a un gobierno de su partido» la DIA, lo que pone de manifiesto que le importa «poco o nada» la región, y señala que no encuentra «una explicación razonable» más allá de la falta de voluntad política para esta situación.

También Carretero ha lamentado que ahora el presidente del PP exija a la Junta que le informe de las cuales son las empresas interesadas en continuar con la explotación de la mina de níquel tras la marcha de Lunding Mining, pero ha criticado que Vara no aproveche «su capacidad» para aparecer en medios nacionales para exponer las necesidades de empleo y futuro de Extremadura.

«Extremadura tiene muchos frentes abiertos como para estar pendiente de quien va a ser el presidente del Gobierno», ha dicho Carretero, que ha insistido en que a partir de ahora hay que intensificar las acciones para que se dé luz verde a la DIA.

En este sentido, Patrocinio Sánchez ha señalado que a partir de ahora deberán ser los trabajadores, con el apoyo de los sindicatos, los que decidan las movilizaciones a emprender «y si hay que hacer encierros o cualquier otra acción, se harán».

Por su parte, Carretero ha explicado que la dirección de la mina está entregando a los trabajadores las cartas de despido a 109 trabajadores, que se unen a la veintena que ya la habían recibido, y solo quedarán unos 30 dedicados a las labores de mantenimiento y a la espera de que pueda llegar la DIA.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha afirmado que el cierre de la mina de Aguablanca de Monesterio (Badajoz) «no tiene nada que ver» con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pendiente.

La Delegada del Gobierno desvincula la DIA al cierre de la mina

Cristina Herrera dice que está esperando un informe de la empresa actual, que dará a conocer cuando lo reciba, sobre las causas argumentadas para llevar a cabo este cierre, aunque ha dicho conocerlos ya, pues se lo han transmitido vía telefónica.

Por otra parte está la DIA, que es un tema «técnico», una autorización medioambiental, y en su opinión, la DIA, que se prevé que será positiva, no supone hoy ningún «obstáculo» para las nuevas empresas interesadas en seguir explotando el yacimiento, ahora en el subsuelo.

EL BLOQUEO DE INDUSTRIA OBLIGA A LA HULLERA A REDUCIR A 90 SU PLANTILLA Y APLICAR UN ERE EXTINTIVO PARA 86

El administrador concursal presenta la documentación del expediente de extinción del que se salvarían los miembros del comité, 15 trabajadores “imprescindibles”, 30 prejubilados de aquí a final de año y los 15 del Lavadero que estarán sujetos a un ERTE hasta octubre

La cruda realidad toma forma. La administración concursal ha presentado el Expediente de Regulación de Empleo extintivo para 86 trabajadores que se aplicará, si nadie lo remedia, al término del vigente Expediente de Regulación Temporal, ERTE, que expira el próximo 31 de julio.

El objetivo, amoldar la plantilla de la empresa al nuevo escenario que se dibujaría si el Ministerio de Industria no da luz verde a las ayudas al cierre de la unidad de interior. De esta forma, la Vasco pasaría de tener 280 trabajadores a 90.

Concretamente, a los 86 trabajadores que se verían abocados al ERE se sumarían los 61 que el pasado 20 de junio solicitaron la baja incentivada así como los 58 que, de aquí a mediados del mes de julio, se podrán acoger a las prejubilaciones.

De esta forma, la empresa se quedaría con 90 trabajadores, 30 entre el comité de empresa y delegados de personal, 15 que considera “imprescindibles”, otra treintena que se prejubilarían antes de que finalice el 2016 y los 15 del Lavadero de la Vasco.

Para estos últimos, los administradores han planteado un ERE temporal de agosto a octubre dado que en la actualidad el Lavadero tiene opción de compra junto con el cielo abierto. Ello, conllevaría a que al cierre del 2016 la plantilla de la Vasco estaría en apenas 45 trabajadores.

Es, según denunciaron desde el comité, el resultado de la negativa del Gobierno a dar cumplimiento al Plan del Carbón y liberar las ayudas para el cierre de la unidad de interior que permitiría, según estimaciones del administrador, empelar a un centenar de mineros al menos durante 36 meses.

Un supuesto que, por el momento, ven inviable tanto administración concursal que ha trasladado a los representantes de los trabajadores “que la situación actual es muy preocupante y complicada”. De ahí la necesidad de acometer una reestructuración en la plantilla de la Hullera.

Está previsto que en los próximos días se inicie el periodo de consultas y se abra la mesa negociadora.

CCOO RECLAMA QUE LOS TRABAJADORES DE CAMPOFRÍO ACCEDAN A LA AYUDA DE 655 EUROS

Una orden de 26 de abril aprobó esta nueva medida y ha sido denegada cuando «cumplen los requisitos»

CCOO presentará en la oficina territorial de trabajo de la Junta una petición por escrito para que la plantilla de la empresa cárnica, afectados por el Expediente de Regulación de Empleo, tengan acceso a la nueva ayuda de 625 euros mensuales brutos. Según explican desde la sección sindical de CCOO en Campofrío y la Federación Agroalimentaria de Burgos, «nuestros compañeros de la multinacional lo han solicitado a las autoridades laborales del Gobierno regional en varias ocasiones y se lo han denegado». En este sentido, aseguran no entender las razones puesto que estos trabajadores «cumplen con todos los requisitos que exige esta ayuda de seis meses de duración», ratifica Vicente Ramón Marijuán Hernando, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en Campofrío Burgos.

El origen de esta demanda se basa en la Orden del 26 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo de la Junta, por la que se convoca para 2016 una línea de ayudas destinadas, en el ámbito de la Comunidad, a empleados afectados por un ERE de suspensión de contratos de trabajo que, a su vez, hayan agotado el derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo.

Esta normativa tiene su origen en elDiálogo Social entre los agentes sociales (CCOO y UGT), económicos (Cecale) y la propia Junta, con la finalidad de subsanar las mermas económicas producidas al dejar de percibir la prestación contributiva por desempleo hasta la incorporación de nuevo a su anterior puesto de trabajo.

CCOO solicita que esta orden se haga extensible a toda la plantilla de afectados por el ERE de Campofrío tras el incendio que sufrió la factoría en noviembre de 2014. Tras el suceso, y en seno de la negociación del ERE, se acordó una línea de ayuda para 774 trabajadores contratados en este centro e trabajo con el objetivo de subsanar la pérdida de poder adquisitivo.

Recuerdan desde CCOO que aquel acuerdo recoge «claramente» la posibilidad de que si se agota la prestación contributiva por desempleo o alguna ayuda pública de naturaleza similar, de cuantía igual o superior a los 426 euros brutos mensuales, «como es este caso», el empleado afectado podría acogerse a ella. «Pues bien, la Junta, que en un primer momento dijo que sí, luego ha dado marcha atrás. Lo que pedimos ahora es simplemente que se cumpla la norma», sostiene Marijuán.

LA PLANTILLA DE ABB SALE A LA CALLE CONTRA EL QUINTO ERE QUE APLICA LA MULTINACIONAL SUIZA

La plantilla de ABB en Sant Quirze del Vallès protesta frente a la factoría contra el nuevo ERE presentado en el grupo.

El comité de empresa convoca paros hasta el 8 de julio para rechazar el despido de 120 personas en España

El conflicto laboral ha estallado de nuevo en la filial española de Asea Brown Boveri (ABB). Los trabajadores del grupo suizo dedicado a la ingeniería eléctrica y a la automatización han salido a la calle para rechazar el quinto expediente de regulación de empleo (ERE) que se quiere aplicar en la compañía en los últimos siete años.

La cúpula de la multinacional manifestó a principios de junio su intención de reducir al mínimo la actividad en España con el despido de 120 personas, 50 de ellas en la factoría de Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

Se sentó en ese momento con el comité de empresa para pactar las condiciones de salida y varias medidas para que fuera lo menos traumática posible, pero la plantilla asegura que la negociación ha encallado cuando faltan nueve días para que venza el plazo legal para alcanzar un acuerdo.

Por ello han dado un golpe sobre la mesa. El comité de empresa ha convocado paros hasta el viernes día 8 de julio. Se espera que con las protestas se desencalle el ritmo de trabajo en la mesa de debate entre empresa y trabajadores.

LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA JUZGA EL ERE DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla acoge el jueves, 30 de junio, el juicio por el despido colectivo de 80 empleados del Ayuntamiento de Isla Cristina efectuado tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado por el equipo de gobierno (PIF, PP y Ciudadanos por Isla) a principios de este año, una vista oral que estaba prevista inicialmente para el pasado día 9 de junio, pero que finalmente fue pospuesta por motivos técnicos.

Así lo ha señalado a huelvacosta.com el portavoz de la Plataforma de Afectados por el ERE, Isaac Rodríguez, quien ha añadido que esta demanda colectiva trata de defender los derechos laborales de los 80 despedidos, y que la misma fue interpuesta por Unión Sindical Obrera (USO), a cuyos representantes en la localidad agradecen el seguir hacia adelante.

Según Rodríguez los despedidos, que se desplazarán a Sevilla en autobús, acuden a la vista con “mucho ánimo” y con “la mayor de las ilusiones” porque “culmina un proceso de muchos meses”, durante los que han aportado mucha información y documentación a su representante legal, la cual a juicio del letrado “demuestra los numerosos errores que el equipo de Gobierno ha cometido en la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo”. Un hecho que les lleva a pensar que están “más cerca” de lograr la nulidad total del ERE.

No obstante ha señalado que “hay que ser cautos”, ya que según sus palabras “no habrá nada definitivo hasta que no se pronuncien los jueces”.

Por otra parte ha recalcado que su principal objetivo es que se “restablezcan” los derechos de los trabajadores “injustamente despedidos”, así como ha querido dejar claro que “a pesar de que no ha sido posible por la negativa de los tres representantes del tripartito a sentarse con los representantes de los despedidos”, han buscado durante estos meses “con insistencia” un acuerdo o una vía pactada que evitase llegar a esta situación y que hiciese que el equipo de Gobierno desistiese de su actitud, también con el objeto de “hacer el menor daño posible a la situación económica del Ayuntamiento”.

Finalmente ha señalado que tras enjuiciarse el ERE de forma colectiva a través de esta demanda, y en función del resultado, a lo largo del próximo mes de octubre están previstas las vistas individuales en respuesta a las demandas interpuestas por los trabajadores despedidos a título personal.

Los afectados por el ERE también han recordado que alegan “discriminación” hacia los despedidos, ya que “no se justificó porqué se despidió a unos sí y a otros no”, incidiendo en que se vieron afectados “personas por su vinculación política”.

Asimismo, han indicado que los afectados interpusieron a nivel individual una demanda en el juzgado de lo Social en Huelva en esa misma línea. Las demandas persiguen que el ERE se declare nulo y los afectados puedan ser readmitidos en sus puestos de trabajo.

En concreto, a nivel individual han presentado más de 60 demandas, donde además de las circunstancias personales de cada uno como la antigüedad, señalan que se ha dado “una persecución política” puesto que “se ha despedido a afiliados del PSOE y PA”, mientras que los de los partidos del equipo de Gobierno “no se han visto afectados”. Por ello, han incidido en que esperan que por la vía judicial se consiga declarar nulo el ERE.

IU PEDIRÁ A LA JUNTA SU INTERVENCIÓN ANTE EL «DETERIORO DEL EMPLEO» EN SAM ALGECIRAS

Europa Press

El Grupo de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía ha anunciado que pondrá en marcha una serie de iniciativas parlamentarias para impulsar un posicionamiento del Gobierno andaluz en relación con el «deterioro progresivo del empleo» que se está viviendo en el seno de la empresa SAM Algeciras de esta localidad gaditana

En una nota, la diputada autonómica Inmaculada Nieto ha indicado que, «incapaz de normalizar sus relaciones laborales con la plantilla», la dirección de dicha empresa «sorprende ahora con su intención de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo que suponga la pérdida de 27 puestos de trabajo».

A juicio de Nieto, la Junta «no puede permanecer por más tiempo al margen de la realidad de una empresa que ha recibido suculentas ayudas de dinero público en un escenario en el que las relaciones laborales resultan inaceptables», agregando que «se produce una competencia desleal en el sector auxiliar del puerto y, no contenta con todo ello, ahora anuncia su intención de poner en marcha un expediente de regulación de empleo».

Ha subrayado que desde Izquierda Unida consideran «urgente y necesario» que el Gobierno andaluz ponga en marcha un proceso en el que «se audite hasta el último euro de recursos públicos que ha recibido SAM Algeciras; su destino, su inversión y su correcta justificación de gasto». Y en este sentido, van a instar al Ejecutivo andaluz a «no permanecer por más tiempo ajeno a la realidad de este colectivo de trabajadores».

IU ha manifestado su «total apoyo a la lucha que vienen protagonizando desde hace meses este colectivo de trabajadores y el resto de empleado del Grupo Alonso»; a la vez que ha reiterado su disposición para cuanto puedan necesitar en la consecución de sus «justas reivindicaciones».

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