Boletín de Luchas Obreras (6 de Agosto de 2016)

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ÍNDICE:

  • ORANGE ACOSÓ A SU PLANTILLA EN FRANCIA DURANTE LA OLA DE SUICIDIOS
  • VULCANO PLANTEA A LA PLANTILLA UN NUEVO ERE TEMPORAL
  • LA CADENA CATALANA DE ELECTRODOMÉSTICOS MIRÓ VUELVE A LA QUIEBRA
  • EL GOVERN ACUSA A LOW COST TRAVEL GROUP DE ESPECULAR HASTA LA QUIEBRA
  • LOS MINEROS DE LA ASTUR LEONESA PROTESTAN EN EL PUERTO
  • YBARRA FABRICARÁ SUS MAYONESAS EN LA PLANTA DE DCOOP EN ALCOLEA
  • TRABAJADORES DE NYLSTAR APRUEBAN CAMBIAR EL ERE DE EXTINCIÓN POR UNO TEMPORAL PARA TODA LA PLANTILLA
  • ABENGOA NEGOCIA CIENTOS DE DESPIDOS TEMPORALES HASTA FINALES DE 2017
  • MÁS MOVILIZACIONES EN ATENTO CONTRA LA REPRESIÓN LABORAL Y POR LA RETIRADA DE LAS SANCIONES
  • CGT DEMANDA A INDRA BPO POR DESPEDIR A 400 TRABAJADORES/AS
  • LOS MONITORES DE COMEDOR TEMEN DESPIDOS POR LA IMPLANTACIÓN DE LA JORNADA CONTINUA
  • LA MINERÍA DEL CARBÓN SUFRE UN GOTEO DE DESPIDOS
  • EL SECTOR DE MEDIOS DE CC.OO. CRITICA AL SINDICATO EN MURCIA POR SUS DESPIDOS «INJUSTOS»
  • EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DICE QUE «NO CEJA EN SU EMPEÑO» DE REINCORPORAR A LOS DESPEDIDOS
  • CC.OO. DENUNCIA AL GOBIERNO DE ARAGÓN POR DESPEDIR A UNA TRABAJADORA “POR DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO”

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ORANGE ACOSÓ A SU PLANTILLA EN FRANCIA DURANTE LA OLA DE SUICIDIOS

economiadigital.es

Empleados de France Télécom se manifiestan ante una tienda de la compañía, en 2009

La fiscalía gala pide procesar a la cúpula directiva de la antigua France Télecom por «desestabilizar» a sus empleados. La teleco, participada por el estado, buscaba facilitar los despidos y la reorganización interna de la compañía

Al final de la década de los 2000, una oleada de suicidios sacudió a una de las grandes telecos europeas y buque insignia del empresariado francés.

France Télécom, rebautizada posteriormente como Orange, emprendió una reestructuración interna que contemplaba el despido de hasta 22.000 trabajadores. En este proceso, en concreto durante el periodo 2007-2010, hasta 60 empleados se quitaron la vida.

Ahora se ha desvelado que los métodos utilizados por la dirección de la compañía podrían ser motivo de delito. La fiscalía francesa pide el procesamiento de 7 ex directivos, entre ellos el antiguo presidente, Didier Lombard, por haber implantado una política de «desestabilización» en el seno de la plantilla.

La petición del ministerio público, fechada a 22 de junio y que ha sido desvelada por el diario Le Monde, ratifica las acusaciones del supuesto acoso moral al que fue sometida una parte de la plantilla.

Además de los despidos, France Télécom pretendía cambiar de puesto de trabajo a unos 14.000 empleados.

Métodos «brutales»

En 2010 la fiscalía de París abrió una investigación tras una inspección de trabajo en la que se apuntaba a los métodos, en ocasiones «brutales», utilizados por la empresa. Una política que, según el letrado, estaría relacionada con los suicidios acontecidos durante esos años entre la plantilla.

Por aquel entonces se hizo pública la contundente frase del por aquel entonces presidente, Didier Lombard:

«Conseguiré las salidas de una forma u otra, por la ventana o por la puerta».

El escrito ahora conocido alude a 39 víctimas, de las cuales 19 se suicidaron, doce tuvieron alguna tentativa y otras ocho sufrieron algún episodio de depresión, informa EFE.

VULCANO PLANTEA A LA PLANTILLA UN NUEVO ERE TEMPORAL

Europa Press

El presidente del comité de empresa del astillero vigués desconoce a cuántos empleados podría afectar

La dirección del astillero vigués Factorías Vulcano ha trasladado a los representantes de los trabajadores en una reunión mantenida su intención de solicitar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter temporal.

Así lo ha comunicado el presidente del comité de empresa, Nicolás Sangabriel (CC.OO.), que ha indicado que únicamente se les ha trasladado que van a arrancar las rondas de negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo sobre dicho ERE.

De esta forma, ha aclarado que, de momento, no les han dado una fecha para la primera reunión ni les han concretado por cuánto tiempo será de aplicación el expediente o a cuántos trabajadores afectará, si bien sobre esto último ha apuntado que creen que será al total de los 87 empleados del astillero.

Actualmente, en Vulcano hay un ERE que permanecerá en vigor hasta el próximo 31 de agosto. Sangabriel ha considerado que este nuevo expediente permitirá a la dirección «ganar tiempo» para tratar de cerrar el contrato que está negociando por el ferry, aunque ha afirmado que de momento no hay «novedades» sobre el mismo.

El astillero lleva tres años buscando armador para un ferry a medio hacer, para el que, ha comentado Sangabriel, hubo «un montón de posibles compradores» y se llegaron a «algunos acuerdos» que por problemas en la financiación «no han podido cerrarse». Así, en este tiempo, la única ocupación de Vulcano han sido pequeños trabajos de calderería y la construcción de una rampa para el Puerto.

«Inquietud e intranquilidad»

El presidente del comité ha recapitulado que la empresa lleva casi cinco años de práctica inactividad –con tan sólo algunas temporadas trabajando– y 13 expedientes de regulación de empleo encadenados, y ha incidido en que la plantilla que está a punto de agotar sus prestaciones.

Así, ha manifestado que los trabajadores ven «con mucha inquietud e intranquilidad» el planteamiento de este nuevo ERE, aunque ha reconocido que entienden que si se firmase el contrato del ferry harán falta unos meses para poder ponerlo en vigor e iniciar los trabajos.

«Si el ERE actual acaba el 31 tenemos muy poco margen, querrán ganar tiempo hasta que entre en vigor, si es que acaba firmándose», ha explicado Sangabriel, que al ser preguntado sobre si ve factible la venta del ferry ha apuntado: «Queremos verlo y creerlo, no nos queda otra».

En los últimos meses, trabajadores del naval y especialmente del astillero Vulcano se han movilizado y han hecho llamamientos a las distintas administraciones, y en concreto de la Xunta, para pedir su apoyo y su «implicación» para solventar los problemas de financiación de cara a favorecer la contratación de barcos.

LA CADENA CATALANA DE ELECTRODOMÉSTICOS MIRÓ VUELVE A LA QUIEBRA

Miró despedirá a 119 empleados y centrará su actividad en Cataluña y Baleares (8/06)

La cadena de electrodomésticos Miró ha vuelto a la quiebra. El fondo suizo Springwater, propietario de la firma desde 2014, ha presentado en los juzgados de Barcelona el concurso de acreedores, tras dos años tratando de salvar la compañía, tal y como ha recogido La Vanguardia y han confirmado fuentes del sector.

Kabaena Directorship, la sociedad controlada por el fondo de capital privado suizo, se adjudicó la unidad productiva de Miró tras una subasta judicial a finales de 2014 y que le permitió salvar casi 70 establecimientos y 476 puestos de trabajo.

Sin embargo, los problemas de la firma se remontan a 2011, cuando tuvo que suspender sus pagos al arrastrar una deuda de 280 millones de euros.

La escasa capitalización de la compañía, la escasez de financiación bancaria, unido a la exigencia de los proveedores de cobrar al contado sus facturas (que, a su vez, ha conllevado una falta de suministro en las tiendas) han imposibilitado que la compañía siga adelante pese a los intentos del fondo controlado por Martin Grushka de salvarla.

En este sentido, hace apenas unos meses, Springwater planteó una nueva estrategia que conllevó el cierre de 15 establecimientos -para centrarse especialmente en Cataluña y Baleares- y la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 120 trabajadores, el 25% de la plantilla.

Con todo, tras año y medio en la gestión, Springwater ha enviado a la cadena de electrodomésticos a liquidación. El juez tendrá que valorar entonces si hay responsabilidad de los administradores (en este caso, de Martin Grushka) en lo ocurrido.

La única esperanza que queda a Miró es la posibilidad de que, como pasó en 2014, algún inversor se interese por la unidad productiva y la adquiera en una nueva subasta.

En la actualidad, Miró cuenta con 45 establecimientos y más de 300 empleados en su plantilla, que están al corriente de pago. El año pasado, su facturación ascendió a unos 95 millones de euros, mientras que el beneficio fue negativo.

Cabe recordar que Springwater desembolsó tres millones de euros en la subasta para hacerse con Miró en noviembre de 2014. Un año después, logró que la firma de financiación alternativa Gordon Brothers le prestara cinco millones.

Y este año, Springwater aumentó el capital de Kabaena, que era de 3.000 euros, hasta los 2,2 millones. Sin embargo, esta cifra se aleja de los 23 millones de euros comprometidos tras la subasta pública de la compañía.

Miró es la segunda participada de Springwater que va a la quiebra en tan sólo dos meses. A principios del mes de junio, Unipapel presentaba el preconcurso de acreedores tras no poder renegociar las condiciones de deuda con Adveo, el anterior propietario de la firma.

EL GOVERN ACUSA A LOW COST TRAVEL GROUP DE ESPECULAR HASTA LA QUIEBRA

EFE – Palma

El vicepresidente del Govern balear, Biel Barceló, ha afirmado que la quiebra del touroperador británico Lowcostravelgroup es un «caso de especulación» y de «mala praxis» en la gestión empresarial, y le ha acusado de continuar vendiendo paquetes turísticos cuando conocía su crítica situación financiera.

El conseller de Innovación, Investigación y Turismo ha comparecido en el Parlament balear para explicar la gestión del Govern respecto al cierre de esta empresa, que ha dejado deudas por valor de 50 millones de euros y que «hasta el último momento» continuaba vendiendo paquetes de vacaciones «cuando sabía que no iban a ser atendidas».

El vicepresidente se ha centrado en la rama española del touroperador británico, en la empresa Lowcostravelgroup Spain SL, con sede en el Parc BIT de Palma, que ha dejado sin trabajo a unos 80 empleados.

A día de hoy, ha informado el conseller, aún no se ha iniciado el correspondiente Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para que estas personas puedan cobrar sus indemnizaciones y la prestación por desempleo, por lo que el Govern ha instado a la empresa a que lo ponga en marcha.

La quiebra del touroperador británico Lowcostravelgroup el pasado 15 de julio afectó a las vacaciones de 30.428 turistas en las Islas Baleares, que han interpuesto 2.487 reclamaciones ante la administración autonómica balear, ha detallado el conseller durante su intervención.

Los sindicatos anuncian protestas ante el Gobierno y la Junta para pedir compensaciones por el ERTE que afectará a 80 trabajadores.

LOS MINEROS DE LA ASTUR LEONESA PROTESTAN EN EL PUERTO

Los trabajadores quieren frenar las importaciones del mineral y «concienciar a los políticos» del problema del carbón

Evitar la entrada de carbón de importación. Es la intención de los mineros de la Compañía Astur Leonesa, que cuenta con una explotación en Cerredo, en el Suroccidente de Asturias, que se concentrarán en el puerto en señal de protesta por las grandes cantidades de mineral foráneo que entra por el estuario avilesino. «Hace unos días llegó a Avilés la mayor cantidad de combustible fósil de la historia, mientras que las minas nacionales están paradas», aseguró Luis María Fernández, coordinador de Industria de USO, sindicato promotor de esta protesta a la que están convocados «más de 300 trabajadores» de la empresa minera, que actualmente se encuentra en un Expediente de Regulación de Empleo Temporal, que se prolongará «hasta diciembre».

La intención de los trabajadores es «concienciar a los políticos del problema con el carbón asturiano». «Entendemos que éste es un tema político, y queremos que se desbloquee. No puede ser que todas las mineras estén sin actividad y que algunas centrales energéticas estén comprando todo el carbón fuera, en vez de adquirir el de extracción nacional», apuntó Fernández.

La protesta organizada por USO, para la que no está previsto que se fleten autobuses ni otros medios de transporte, se celebrará entre las 11.00 y las 13.00 horas.

La firma Distribuidora Eléctrica del Sil amenazó recientemente con cortar el suministro eléctrico a la compañía Astur Leonesa, debido al impago de las facturas de abril, mayo y junio, que acumulan un montante de unos 250.000 euros.

YBARRA FABRICARÁ SUS MAYONESAS EN LA PLANTA DE DCOOP EN ALCOLEA

Trabajadores y vecinos el día 18 de julio ante la fábrica de Ybarra quemada ->

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Ybarra: el enésimo revés para Sevilla

Uno de los principales problemas de Ybarra, dónde fabricar sus mayonesas y salsas tras el incendio que calcinó sus instalaciones en Dos Hermanas, está solventado. La empresa agroalimentaria las producirá en la fábrica de Dcoop en Alcolea (Córdoba).

De esta forma, la firma sevillana se garantiza la fabricación de sus productos estrella, asegurando la confidencialidad de su receta, algo que preocupaba a sus responsables, según fuentes de la empresa que confirmaron que, tras analizar diversas instalaciones de diferentes empresas, Ybarra cerró un acuerdo con Dcoop para fabricar allí las mayonesas y salsas, de forma que esperan poder empezar la producción «cuanto antes y de forma inminente».

Es decir, que se podría retomar la fabricación este mismo mes «una vez concretado todo el packaging, con la adecuación para acoger los nuevos envases, el etiquetado y los ingredientes».

Fuentes de la empresa indicaron que la idea es intentar mantener el volumen actual de producción en mayonesas y salsas, donde Ybarra produce el 25 por ciento de mayonesas en España. Se quiere «romper el stock lo menos posible tras el suceso».

Lo que aún no está cuantificado es el coste de la producción. En cuanto al aceite de oliva, Ybarra estudia dónde envasarlo, si bien las instalaciones de Migasa y Deoleo asumirán «sin problemas» esta producción.

Por otro lado, los sindicatos UGT y CC.OO. anunciaron que convocarán protestas ante las sedes del Gobierno central y la Junta de Andalucía para reclamar compensaciones al expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que presentó la empresa.

La Junta le dio el visto bueno y finalmente este ERTE afectará a 80 de los 136 trabajadores fijos que tiene la empresa, mientras que el resto (comerciales, técnicos, etcétera…) seguirá realizando sus labores y funciones en otros centros.

José Manuel Sánchez, en representación de CC.OO., aseguró tras la reunión de la dirección de la empresa con el comité que se avanzó en la negociación, si bien quedan «flecos» y el gran escollo: las ayudas para los afectados por el ERTE.

De hecho, los sindicatos han convocado una concentración ante la sede de la Consejería de Empleo y ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para reivindicar que se apliquen las mismas medidas que en Campofrío. «No puede existir un agravio comparativo entre el norte y el sur, entre Andalucía y Castilla y León.

La ministra vino a hacerse la foto y ahora ya no le interesa esto», lamentó Sánchez, quien añadió que el modelo de Campofrío recoge ayudas de 250 euros para empleados con prestaciones sociales y de más de 400 euros para los que no tienen prestaciones como la ayuda familiar.

Por ahora, lo que está claro es que el ERTE, con fecha de 1 de agosto, tiene un plazo de 24 meses, si bien el «objetivo» es que se desarrolle entre 12 y 18 meses. Además, la empresa se ha comprometido a que «los 73 eventuales se incorporen como indefinidos en cuanto se retome la actividad normal en la empresa reconociéndoles la antigüedad».

Los sindicatos celebrarán una asamblea para explicar a los trabajadores cómo van las reuniones, los desacuerdos y los acuerdos.

Estos, sobre todo, en materia de recolocaciones, formación, alojamiento, manutención y desplazamiento a otro centro de trabajo fuera de la provincia (que pagará la empresa), según explicó José Berjano secretario general de FITAG-UGT Sevilla.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, apuntó que la Junta esperará a conocer «cuál es el plan y el documento que presente» la dirección de la empresa Ybarra a sus trabajadores, para que, una vez que lo conozcan, «tomar las medidas que sean oportunas y que sean competencia de la Junta». Vázquez aseguró que la el Ejecutivo andaluz «está cumpliendo».

TRABAJADORES DE NYLSTAR APRUEBAN CAMBIAR EL ERE DE EXTINCIÓN POR UNO TEMPORAL PARA TODA LA PLANTILLA

Girona (Europa Press)

Los trabajadores de Nylstar han aprobado un cambio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción –que afectaba a 155 de los 216 trabajadores– por uno temporal de toda la plantilla hasta el 31 de diciembre de 2016.

Según ha informado UGT en un comunicado, de los 159 votos emitidos, 132 han estado a favor del preacuerdo al que llegaron los empleados con la dirección de la empresa y el sindicato con la mediación de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat.

UGT ha defendido que esta medida «dará tiempo a la dirección para buscar soluciones, liquidez y poner en marcha de nuevo la actividad productiva», aunque han alertado que si el 31 de octubre no se ha logrado la inyección de capital necesario o se ha retomado la producción, se instará a un concurso de acreedores.

Este acuerdo hace que la empresa tenga hasta el día 31 de octubre para conseguir una inyección de capital que consiga salvar la planta de Blanes, y en caso de no ser así la dirección hará un concurso de acreedores para encontrar comprador.

Además, el acuerdo también contempla que si la empresa se vendiera algún activo, éste sería siempre con el consentimiento del comité de empresa y en cualquier caso serviría para pagar los atrasos a trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de acción sindical de la UGT, Miguel Prados, ha asegurado que «se trata del mejor acuerdo posible» para los trabajadores de la planta de Nylstar de Blanes.

ABENGOA NEGOCIA CIENTOS DE DESPIDOS TEMPORALES HASTA FINALES DE 2017

Sin el acuerdo definitivo de reestructuración que sigue negociando la dirección de la empresa con los acreedores, a Abengoa no le queda otra que tomar medidas para paliar la acuciante falta de liquidez.

Tras quedar impagada la paga extra de julio y cobrada solo por el 60% de la plantilla la nómina de ese mes, se han conocido nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) planteados sobre seis filiales, y que afectaría a unos 500 empleados durante 15 meses, hasta finales de 2017.

Ya en junio, más de 220 empleados de otra filial, Inabensa, se vieron afectados con una medida similar.

La comunicación de estos expedientes a los representantes sindicales se ha hecho coincidir con la intención, por parte de la empresa, de pagar las nóminas de julio al 40% restante de la plantilla en una semana.

Por lo que respecta al abono de la extra, está prevista una reunión en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), para tratar de avanzar en la solución a este asunto. En cuanto a los ERTE, en Abengoa Research afectaría a unos 50 trabajadores.

En Abeinsa EPC los trabajadores afectados son 205 empleados, mientras que serían unos 100 en Abeinsa BD. Los sindicatos también han adelantado que se están preparando otros expedientes en Abengoa Solar, Abengoa Solar España y Abengoa Solar NT.

MÁS MOVILIZACIONES EN ATENTO CONTRA LA REPRESIÓN LABORAL Y POR LA RETIRADA DE LAS SANCIONES

CGT-Atento A Coruña

Se ha celebrado el acto de conciliación previo a los juicios por las salvajes sanciones impuestas por Atento. La empresa ofreció rebajar de 60 a 43 días la suspensión de empleo y sueldo, a cambio de que los trabajadores y trabajadoras asumiesen que la sanción muy grave estaba correctamente impuesta.

Los trabajadores no aceptaron ese acuerdo, ya que los hechos de los que les acusa la empresa son falsos y los trabajadores realizaron su trabajo con absoluta normalidad y siguen adelante con las correspondientes demandas judiciales.

También continúan las movilizaciones y la CGT convoca a todos los trabajadores y trabajadoras de Atento a una nueva concentración delante del centro de trabajo (Juan Flórez 89) el jueves, día 4 de agosto, a las 20:00 horas

CGT DEMANDA A INDRA BPO POR DESPEDIR A 400 TRABAJADORES/AS

Rojo y Negro

El pasado 29 de julio la CGT interpuso en solitario ante la Audiencia Nacional la pertinente demanda contra semejante atropello laboral, pactado con los demás sindicatos presentes en la mesa de negociación, CC.OO., UGT y USO, que tuvieron la mano demasiado ligera a la hora de firmar un acuerdo, con la ya típica coartada de un referéndum que se celebró en las peores condiciones posibles para que los trabajadores/as pudieran pronunciarse de forma objetiva.

Ya lo veníamos diciendo desde el mes de junio, cuando Indra BPO emprendió, de la mano de Marktel y Konecta y con Telefónica como espectador al fondo del escenario, el camino del despido fácil y fraudulento de 400 trabajadores/as de la campaña de telemarketing de Vodafone, a quienes habría en realidad que sumar más de 100 que se produjeron en dos tandas, una de ellas en pleno período de consultas del despido colectivo, por mor del nefasto Artículo 17 del Convenio de Contact Center.

El 29 de julio la CGT interpuso en solitario ante la Audiencia Nacional la pertinente demanda contra semejante atropello laboral, pactado con los demás sindicatos presentes en la mesa de negociación, CC.OO., UGT y USO, que tuvieron la mano demasiado ligera a la hora de firmar un acuerdo, con la ya típica coartada de un referéndum que se celebró en las peores condiciones posibles para que los trabajadores/as pudieran pronunciarse de forma objetiva.

De hecho, en el momento de celebrarse esa consulta ya se había cerrado el período establecido por la empresa para optar a recolocaciones dentro del grupo, con lo cual la pregunta latente era prácticamente si los trabajadores/as querían ser despedidos/as con mayor o menor indemnización.

En esta demanda el Sector Federal de Telemarketing de CGT argumenta que Indra BPO no hizo prácticamente ningún esfuerzo para recolocar a la plantilla afectada, perteneciendo como pertenece a un gigantesco grupo empresarial y tratándose de trabajadores/as de una alta cualificación.

Tan solo recolocó a unas 50 personas, casi todas de solo dos de los centros afectados, Madrid y Barcelona, y casi ninguna de Valencia, y además con un elevado coste para los trabajadores/as en forma de movilidad geográfica.

El permanente oscurantismo de la dirección de Indra BPO en el período de consultas, negando información básica como los contratos mercantiles, su total despreocupación por el cumplimiento de las obligaciones de contratación de las empresas beneficiarias del servicio, Marktel y Konecta, en virtud del propio Convenio de Contact Center, el fraude que supuso la aplicación del Art. 17 cuando no se había producido una disminución del volumen de llamadas sino una pérdida del servicio e incluso el desvío deliberado de llamadas en jornadas de paros para minimizar el efecto de los mismos sobre el proceso, constituyen argumentos de peso para poder impugnar este despido que se ha buscado como solución prioritaria y no como último recurso.

Lamentable que ante semejante aluvión de indicios de fraude los sindicatos “abajofirmantes” hayan vuelto a traicionar los intereses de la clase trabajadora escudándose en la hipocresía de una consulta virtualmente amañada.

LOS MONITORES DE COMEDOR TEMEN DESPIDOS POR LA IMPLANTACIÓN DE LA JORNADA CONTINUA

Los trabajadores se muestran preocupados por la posibilidad de que muchas familias del municipio se den de baja de este servicio escolar

Tras la aprobación por parte de la Conselleria de Educación de los proyectos presentados por los tres colegios públicos de Mutxamel –Arbre Blanc, El Salvador y Manuel Antón- para la implantación de la jornada continua, los padres serán los encargados de votar el15 de septiembre si quieren o no modificar el horario lectivo de los próximos tres cursos académicos. Una situación que mantiene preocupados a los monitores de comedor de los centros educativos.

Con la jornada continua, la normativa establece que el horario de apertura de los colegios debe de ser de 9.00 a 17.30 horas y la distribución de las horas lectivas hasta las 14.00 horas. Una modificación que puede acarrear que muchos alumnos se den de baja del comedor escolar. «Estamos preocupados porque vemos complicado que sigamos trabajando todos los que estamos», manifestó Geni, coordinadora del comedor del colegio Arbre Blanc, que cuenta con un total de 16 monitores.

«Tuvimos una reunión con los directivos de la empresa y nos dijeron que iban a hacer lo imprescindible para no despedir a nadie», aseguró la trabajadora de la gestora de comedores escolares, que también da servicio al centro Manuel Antón. «Una de las soluciones que nos dieron fue emplear a los monitores en otros colegios cercanos a Mutxamel», añadió la coordinadora del comedor del Arbre Blanc.

Según la normativa, los centros tendrán que permanecer abiertos hasta las 17.30 horas para ofrecer actividades extraescolares, por lo que aquellos alumnos que opten por comer en sus casas podrán volver a los centros. Y es que los monitores de comedor serán unos de los encargados de llevar a cabo varios de estos talleres extraescolares, entre los que se encuentran el teatro, la música, varias modalidades deportivas o la cocina. Una posibilidad que según los afectados tampoco asegura la permanencia de todos los puestos de trabajo porque «es muy raro que un niño que esté en su casa vuelva».

Según el concejal de Educación de Mutxamel «hay que ver la incidencia que va a haber» una vez que comience el curso escolar, que es cuando se podrá conocer si muchas de las familias que apuntaron a sus hijos al comedor escolar deciden continuar o darse de baja por la implantación de la jornada continua». Hasta entonces, el futuro de los monitores de comedor es incierto.

LA MINERÍA DEL CARBÓN SUFRE UN GOTEO DE DESPIDOS

Un sector en apuros

La decisión de Enel de no comprar mineral eleva la incertidumbre

El verano ha elevado la alerta (más si cabe) en el sector del carbón aragonés. La decisión de Enel, propietaria del 70% de Endesa, de no comprar carbón nacional durante julio y agosto ha acentuado la inquietud entre las empresas que proveen a la central térmica de Andorra, que ya han comenzado a sufrir un goteo de despidos, según denunció la Mesa por el futuro y la reindustrialización de las Cuencas Mineras de Aragón. Para este año se había establecido la compra de 40.000 toneladas de carbón cada mes, pero Enel comunicó recientemente a Samca, a la Compañía General Minera y a las subcontratas que viven de la actividad minera que en julio y agosto no se comprará nada.

Esta situación se ha traducido en cinco despidos en la firma Villajos Jiménez, otros seis en Maesa y cuatro en Bailón, ejemplificó el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, que auguró que, de seguir así, las subcontratas «irán cayendo poco a poco».

Noé denunció que Enel apuesta por el carbón de importación por su bajo coste, mientras que el nacional «es el último que entra en el mix energético». Además, criticó el incumplimiento del Plan del Carbón, que fijaba que un 7,5% del mix procedería del carbón nacional, algo «que se incumple», subrayó.

Por otro lado, la Mesa por el futuro y la reindustrialización, integrada por asociaciones, sindicatos, patronal y partido políticos, reclama a Endesa y a su matriz Enel que se pronuncien ya sobre las inversiones que deben acometer en la central de Andorra para garantizar la pervivencia de la actividad minero-eléctrica hasta el 2040.

Proposición en el congreso

Por otro lado, el PSOE presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados –apoyada por Asturias, Aragón y Castilla y León– que está orientada a hacer más competitivo el carbón nacional y recoge la necesidad de aplicar una bonificación tributaria a este mineral que cumpla con requisitos medioambientales y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

También incide la necesidad de que el Gobierno y Enel se impliquen en que se realicen las inversiones necesarias en las centrales del grupo.

EL SECTOR DE MEDIOS DE CC.OO. CRITICA AL SINDICATO EN MURCIA POR SUS DESPIDOS «INJUSTOS»

La Verdad | Murcia

El sector de Medios de Comunicación, Ocio, Cultura y Deportes de CC.OO.-Región de Murcia expresó, a través de un comunicado, su «solidaridad con los compañeros injustamente despedidos por la dirección del sindicato (SERÁ DE LA EMPRESA), tanto por las consecuencias personales y organizativas que conlleva esa decisión, como por el modo de llevarla a cabo».

Desde este sector del sindicato explicaron que:

«los despidos se producen al desaparecer los programas y subvenciones que los sostenían, en unos casos, y al rebajarse cierta carga de trabajo en otros. Es absolutamente rechazable esa solución simplista por parte de la dirección del sindicato, que no ha tenido en cuenta la experiencia, la reutilización de la formación acumulada, la posibilidad de aplicar movilidad o de compartir temporalmente reducciones de jornadas y salarios».

Así, denunciaron que:

«practicar estos despidos supone renunciar a utilizar activos cuya conexión con el mundo del trabajo es imprescindible para atender necesidades de una realidad que tiende a ser cada vez menos integradora. Hace falta cercanía geográfica, hace falta información inmediata y adecuada para cada caso, es necesario estar presente en las empresas, pequeñas, medianas y grandes de ciudades, de pueblos, de localidades en las que cada día aumentan las diferencias económicas, educativas, religiosas y sexistas».

Por este motivo, el sector de Medios de Comunicación, Ocio, Cultura y Deportes del sindicato criticó que:

«reducir gastos tachando personas, sin tomarse el trabajo de buscar los recursos en la propia organización, constituye una contradicción imposible para un sindicato de clase, cuya única y potente razón de existir es la defensa de la clase trabajadora».

Finalmente, propusieron a la dirección del sindicato (SERÁ DE LA EMPRESA) en la Región:

«repensar a fondo la situación estructural de la organización teniendo en cuenta a los representantes de los trabajadores, y exigimos la paralización inmediata de las medidas aplicadas».

EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DICE QUE «NO CEJA EN SU EMPEÑO» DE REINCORPORAR A LOS DESPEDIDOS

EFE

El Ayuntamiento de Jerez ha asegurado que «no ceja en su empeño» para lograr la reincorporación de los afectados por el ERE promovido hace cuatro años, una vez que un grupo de extrabajadores haya iniciado un encierro en dependencias municipales.

Este hecho se produce tras el encierro de una docena de extrabajadores del Ayuntamiento que según tienen la intención de mantener el encierro hasta que al menos se celebre un pleno municipal en el que se aprueben una serie de informes que avalen la reincorporación de los afectados.

El ERE afectó a 260 trabajadores, aunque aproximadamente la mitad de los despidos fueron considerados improcedentes.

El anterior Gobierno municipal, presidido por María José García-Pelayo (PP), optó por la indemnización en lugar de la readmisión.

Sin embargo, 118 extrabajadores cuyos despidos han sido declarados improcedentes han expresado su voluntad de reincorporarse a la plantilla municipal, acogiéndose de este modo al compromiso que les trasladó la actual alcaldesa, Mamen Sánchez (PSOE).

A través de una nota de prensa, la teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Alvarez, ha recordado que fue el Gobierno del PP quien realizó «un ERE arbitrario e injusto, dejando muy pocas opciones a los trabajadores que con sentencias improcedentes querían volver a trabajar».

Alvarez advierte además de que el caso es «muy complejo» porque «no existe jurisprudencia» sobre este tipo de despidos en las administraciones públicas, subrayando el hecho de que el PP «lo dejó todo atado para impedir la reincorporación» de los afectados.

A pesar de ello, el Gobierno local «sigue trabajando para solucionar todos los escollos que se van planteando» mientras que se entienda que existen «vías de solución» para esa reincorporación, pero dejando claro que esas soluciones «tienen que estar garantizadas jurídicamente».

En este sentido, Alvarez admite que los informes técnicos que tienen sobre la mesa no determinan «de forma concluyente» que los acuerdos transaccionales para la reincorporación entre el Ayuntamiento y los afectados sean conformes a Derecho.

Incluso, Intervención Municipal ha emitido un nuevo informe pronunciándose sobre el asunto y advirtiendo de que en los informes que avalarían la reincorporación de esos trabajadores «existen insuficiencias y omisiones» que deben ser subsanadas antes de cumplir el compromiso adquirido con los despedidos.

La reacción del Ayuntamiento se produce coincidiendo con el encierro de una docena de afectados por el ERE que ha dado comienzo en dependencias municipales.

CC.OO. DENUNCIA AL GOBIERNO DE ARAGÓN POR DESPEDIR A UNA TRABAJADORA “POR DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO”

Óscar F. Civieta – Zaragoza – eldiario.es

La trabajadora ocupaba una plaza interina en la Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y, según el sindicato, fue cesada el día que terminaba su permiso de maternidad

Desde CC.OO. señalan que el IASS trasladó a otra funcionaria de carrera, que tiene otro puesto reservado, para justificar el cese

El Gobierno de Aragón apunta que la plaza se cubrió con una comisión de servicios, que es un procedimiento “completamente ordinario”

La sección sindical de CC.OO. ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al Gobierno de Aragón por despido ilegal. Concretamente, aducen que una funcionaria interina que ejercía en la Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) fue cesada, el pasado 26 de julio, “por discriminación por razón de sexo”.

Los hechos, tal y como los relatan desde el sindicato, son los siguientes: la trabajadora, quince días antes de que terminara su permiso de maternidad, solicitó la concesión del permiso de lactancia.

Este, según el Estatuto de los Trabajadores, establece que las trabajadoras tendrán derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo; sin embargo, en el convenio colectivo que afectaba a esta persona en cuestión, esa hora diaria se convierte en cuatro semanas de permiso.

Al no recibir respuesta, siempre según la información proporcionada por CC.OO., se puso en contacto con el IASS y le informaron de que iba a ser despedida. Algo que se hizo efectivo el mismo día que debía reincorporarse a su puesto.

En CC.OO. explican que las únicas causas de cese legal de una funcionaria interina son que “el puesto sea ocupado por otra funcionaria o funcionaria en concurso de traslados, o que sea ocupada por alguien que acabe de aprobar la correspondiente oposición».

En este caso, señala el secretario general de la Sección Sindical de CC.OO. Aragón, Francisco José González, lo que han hecho es trasladar a otra funcionaria de carrera (fija) de un destino provisional al puesto que ocupaba la trabajadora despedida.

Pero se da la circunstancia, dice, de que esta funcionaria fija tiene, “en realidad, otro puesto reservado, que, en la actualidad, está ocupado por otra funcionaria interina”. Eso sí, “esta no se encuentra en situación de especial protección por maternidad”.

Para más inri, indica, “hace un mes hubo un concurso de traslado y esa plaza quedó vacante porque nadie la quería”.

Desde CC.OO. califican el hecho de “flagrante ilegalidad” y de “gravísima infracción laboral a sabiendas, y con el único objetivo, de despedir a una trabajadora por ejercer sus derechos derivados de la maternidad”. Creen que el despido ha de ser declarado nulo por “tratarse de un supuesto de discriminación por razón de sexo”.

La otra parte, el Gobierno de Aragón, sostiene la absoluta legalidad de su actuación. Lo que se hizo, han informado fuentes del Ejecutivo, es cubrir la plaza con una comisión de servicios, que es un “procedimiento completamente ordinario”.

Plan de Igualdad

Francisco José González tiene claro que el hecho de que esta persona tenga dos niños pequeños, uno menor de tres años y otro con pocos meses, es lo que provocó su cese.

Defienden, además, que lo sucedido no es una excepción y que hechos similares “se han podido producir y podrán seguir produciéndose al carecer el Gobierno de Aragón de un Plan de Igualdad, obligatorio y preceptivo desde hace más de nueve años, y que, a fecha de hoy, sigue sin ser aprobado”.

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