Boletín de Luchas Obreras (5 de Junio de 2016)

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ÍNDICE:

  • ¡VICTORIA ROTUNDA! LA EMPRESA RIUSA DESISTE DE LA DEMANDA CONTRA EL FSOC Y EL COMITÉ DE EMPRESA DEL HOTEL RIU OASIS MASPALOMAS
  • DIRECCIÓN Y COMITÉ MATIZAN UN PREACUERDO QUE PARALIZA LA EXTINCIÓN DE LAUKI
  • CIG SE CONCENTRAN CONTRA LA PÉRDIDA DE EMPLEOS EN CENTROS DE TELEFÓNICA
  • EL CONSISTORIO DE COLMENAR SE SOLIDARIZA CON EMPLEADOS DE UNIPAPEL POR EL ERE
  • CC OO RETIRA SU APOYO AL PLAN DE BAJAS DE LIBERBANK, QUE RESPALDAN TRES SINDICATOS
  • SEGUIMIENTO MASIVO A LA CUARTA HUELGA DEL METRO DE BARCELONA
  • LA DIVISIÓN SINDICAL EN EL METRO DE BARCELONA COMPLICA LA RESOLUCIÓN DE LA HUELGA
  • SNIACE FIRMA UN ACUERDO LABORAL QUE PERMITIRÁ REABRIR LA FÁBRICA DE CELULOSA DE TORRELAVEGA
  • UNIÓ ADEUDA DOS MESES DE SUELDO A SUS 21 TRABAJADORES
  • BETA SIERPES ECHA EL CIERRE Y LA EMPRESA NEGOCIA SALIDAS VOLUNTARIAS DE SUS TRABAJADORES
  • ALCOHOLERAS REUNIDAS ANUNCIA UN ERE
  • SINDICATOS PIDEN REUNIONES CON AYUNTAMIENTO, PUERTO VIGO Y XUNTA POR VULCANO
  • CCOO CONSIDERA «INSUFICIENTE» EL PLAN INDUSTRIAL QUE GENERAL ELECTRIC ALSTOM HA PUESTO SOBRE LA MESA Y CREE QUE ES «INACEPTABLE» EL PLAN SOCIAL
  • EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SORIA, LUIS REY ASEGURA QUE SI HAY TRASLADOS HABRÁ DESPIDOS
  • BOMBEROS INTERINOS RECLAMAN AL AYUNTAMIENTO DE JAÉN LA NULIDAD DE SUS DESPIDOS
  • ABENGOA ELEVA DE 75 A 350 LA CIFRA DE AFECTADOS POR EL ERTE EN INABENSA
  • LOS PROFESORES DE RELIGIÓN SE SIENTEN VÍCTIMAS DE UN «ERE IDEOLÓGICO»
  • EL ALCALDE DE LA LÍNEA PRETENDE INICIAR LA NEGOCIACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CON LOS SINDICATOS EL 10 DE JUNIO
  • TRABAJADORES DE CENTROS PARA PERSONAS SIN HOGAR DENUNCIAN “REPRESIÓN” Y DESPIDOS EN MADRID

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¡VICTORIA ROTUNDA! LA EMPRESA RIUSA DESISTE DE LA DEMANDA CONTRA EL FSOC Y EL COMITÉ DE EMPRESA DEL HOTEL RIU OASIS MASPALOMAS

Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC)

La presión obrera contra la agresión patronal (RIU) en el centro de trabajo Hotel Oasis, ha logrado un éxito sin precedentes en la lucha de los trabajadores/as. La empresa se ha visto obligada a retirar la demanda interpuesta contra el FSOC

La unidad de acción y la organización de los trabajadores/as, ha conseguido mellar la fuerza de este emporio del capital.

Los trabajadores expresan el agradecimiento y la solidaridad internacionalista.

DIRECCIÓN Y COMITÉ MATIZAN UN PREACUERDO QUE PARALIZA LA EXTINCIÓN DE LAUKI

EFE – Valladolid

La dirección de Lauki y el comité de empresa se encuentran reunidos para hacer matizaciones y concretar el preacuerdo que paraliza el expediente de extinción de empleo y abre un periodo de cuatro meses para negociar la venta de la factoría vallisoletana.

Según fuentes sindicales, la dirección y la representación de los trabajadores comenzaron una nueva reunión que tenía como objetivo aportar las matizaciones legales al preacuerdo.

Este preacuerdo suscrito compromete al Grupo Lactalis, propietario de la planta en la que se elabora la marca de leche Lauki en Valladolid, a negociar la venta de la factoría durante un plazo de cuatro meses, periodo en el que no se ejecutará el expediente de regulación de empleo que conlleva el cierre de la instalación.

El acuerdo, una vez incluidas las matizaciones legales que decidan las dos partes, será sometido a la asamblea de trabajadores, de la que dependerá su aprobación definitiva.

Al parecer, dos empresas que no pertenecen al sector lácteo se han interesado por la adquisición de la planta de Lauki en Valladolid.

CIG SE CONCENTRAN CONTRA LA PÉRDIDA DE EMPLEOS EN CENTROS DE TELEFÓNICA

Europa Press

El sindicato denuncia la destrucción de 55.000 empleos entre 1993 y 2013, además de medidas de flexibilización interna y externalización

Concentración bajo el lema ´Empleo en Telefónica en Galicia´.

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Representantes de la CIG en Telefónica se han concentrado ante su sede en A Coruña contra la «pérdida de empleos» en los centros de la multinacional en Galicia, según han denunciado.

‘Empleo en Telefónica en Galicia’ ha sido el lema de la pancarta desplegada por los participantes en una protesta convocada contra el nuevo modelo de relación laboral en la compañía.

En un comunicado, la central sindical denuncia que «tras destruir 55.000 empleos entre 1993 y 2013», en 2016 la compañía pretende «la transformación radical del contrato colectivo de empleo y la imposición de unas condiciones laborales y salariales con medidas de flexibilización interna y externalización del servicio de telecomunicaciones».

La CIG sostiene que esta nueva política de gestión de los recursos humanos «incluye la redistribución del cuadro de personal y una nueva organización de trabajo que excluye a Galicia del empleo de calidad».

En concreto, señala que esta política empezó a «acelerarse» entre los años 2011 y 2013 «con la aplicación del último expediente de regulación de empleo que redujo un 32% el cuadro de personal en Galicia, pese a que el plan social comprometía la reposición del 7% de las bajas», añade.

EL CONSISTORIO DE COLMENAR SE SOLIDARIZA CON EMPLEADOS DE UNIPAPEL POR EL ERE

Colmenar Viejo (EFE)

El Pleno de Colmenar Viejo ha aprobado por unanimidad una moción con la que la corporación se «solidariza» con los trabajadores de la empresa Unipapel, ante su decisión de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) que reducirá en un tercio su plantilla en España, con 109 despidos.

La compañía ya ha informado a los trabajadores de que tiene la intención de reducir su plantilla en un tercio, prescindiendo de 109 empleados, de los que 77 salidas se concretarían en la planta de Tres Cantos (Madrid), 17 en Aduna (Gipuzkoa) y 13 en Logroño.

Está previsto que el próximo 7 de junio se celebrará una reunión entre los responsables del fondo de inversión Springwater y los representantes de los trabajadores de Unipapel en la que se negociará el ERE planteado por la empresa.

La corporación de Colmenar Viejo ha reprobado esta reducción de plantilla, apuntando que en la planta de Tres Cantos también trabajan numerosos vecinos de Colmenar.

En el texto de la moción se critica que esta decisión empresarial ha sido adoptada «sin tener en cuenta» a los trabajadores, por lo que se solicita a Springwater Capital que «reflexione y recapacite» sobre las medidas que va a tomar y «apueste por la viabilidad y la continuidad del empleo en Unipapel».

Del mismo modo, la corporación de Colmenar Viejo ha instado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que medie ante la empresa para paliar los efectos de esta reestructuración y «garantizar su continuidad y viabilidad».

El acuerdo también incluye dar traslado de esta moción a Unipapel, a su comité de empresa, a Springwater Capital y a la consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid.

CC OO RETIRA SU APOYO AL PLAN DE BAJAS DE LIBERBANK, QUE RESPALDAN TRES SINDICATOS

CCOO, el sindicato con más representantes (5) en la mesa negociadora del plan de bajas mediante excedencias voluntarias pagadas que pactó el miércoles Liberbank con cuatro de los sindicatos del banco, retiró sus firmas del documento tras decidirlo así la comisión ejecutiva de su sección sindical en el Grupo Liberbank.

La renuncia de CC OO a apoyar el plan de bajas voluntarias mediante excedencias renovables año a año hasta la prejubilación deja el documento con el respaldo de sólo tres de los ocho grupos sindicales de la entidad (CSIF, CSICA y UGT), aunque los tres suman mayoría absoluta en el grupo bancario (53,29%), en Liberbank -banco matriz- (51,48%) y en su filial CCM (55,55%).

CC OO no ratificó el acuerdo (el plazo finalizó a las 48 horas de la firma) porque, a su juicio, «no ha habido negociación real al mantenerse inalterable la posición de la empresa en las condiciones de salida» y porque se trata de «una reestructuración, como las que se están acometiendo en el resto del sector y obligada por la situación de los balances» sin que, pese a ello, se haya explicado o justificado, afirma, la «necesidad ni económica ni organizativa de prescindir de cientos de personas, ni se informa de lo que viene detrás: cierre de oficinas y de servicios centrales».

CC OO alega que el ajuste y cierre conllevarán movilidad de personal «sin garantías» y que tampoco se han modificado las medidas del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) vigente y que entraña importantes reducciones de jornada y de salarios.

Prejubilaciones

CC OO aduce que las excedencias pactadas renovables son en realidad prejubilaciones y que éstas entrañan «más incertidumbres para el trabajador». Y argumenta que un plan así sólo «se puede sostener como un depósito de confianza» en la empresa que va a gestionarlo, lo que no es posible -asevera- por su «reiterado incumplimiento de la legislación laboral y la ausencia de negociación».

Además de las medidas ya desveladas, el plan pactado el miércoles incorpora dos añadidos: el compromiso del banco de abonar en tres meses las ayudas de 2013 para guardería y para la formación de hijos de empleados, y extender a todos los trabajadores -hayan recurrido o no a los tribunales- lo que éstos decidan sobre las cuantías y criterio de ejecución.

SEGUIMIENTO MASIVO A LA CUARTA HUELGA DEL METRO DE BARCELONA

CGT metro Barcelona

A pesar de los fuertes servicios mínimos impuestos por Barcelona en Comú, la primera jornada de huelga del Metro arrancó con alto seguimiento.

Tras la masiva asamblea de trabajadores y trabajadoras de Metro de Barcelona, en la que rechazaron la «paz social» propuesta por la empresa, ha comenzado con fuerza el primer día de huelga por mejores condiciones laborales y contra la precariedad laboral.

Después de la asamblea la Sección Sindical del Metro de Barcelona sacó un comunicado desmintiendo los anuncios falsos de Mercedes Vidal, presidenta de TMB por Barcelona en Comú, de que se había llegado a un preacuerdo.

Contrariamente, los trabajadores rechazaron cualquier acuerdo bajo la condición de mantener un período de «paz social», además de que denunciaron la negativa de la empresa a negociar sus reclamos.

La huelga, que se extenderá hasta el jueves 2 de junio, comenzó con paros en diferentes horarios, con un alto acatamiento de parte de las trabajadoras y los trabajadores. Esto, a pesar de que los servicios mínimos llegan hasta un 40% en algunos horarios.

Esta es la cuarta jornada de huelga cuya bandera es «No a la precariedad. No a la congelación salarial. Contra la reforma laboral».

Unos reclamos que se enfrentan directamente al gobierno municipal de Ada Colau, cuya presidenta de Movilidad, Mercedes Vidal, responde fielmente a los intereses de la empresa.

En su cuenta de Twitter anunció que: «Debido a la huelga de metro recomendamos transportes alternativos. Lamentamos mucho las molestias a los vecinos y vecinas».

Para la presidenta de TMB una huelga «causa molestias», siendo que, como los propios trabajadores de Metro denuncian, es ella la principal responsable de que los directivos le den la espalda a sus reclamos.

Esta cuarta huelga se da en el marco de una semana de crisis para la alcaldesa del «cambio». No sólo está demostrando su cara más «antihuelga» con los trabajadores y las trabajadoras del Metro.

Sino también con la juventud que lucha en las calles diariamente contra el desalojo del banco ocupado sufriendo una brutal represión, mientras continúan la persecución racista contra los trabajadores manteros.

LA DIVISIÓN SINDICAL EN EL METRO DE BARCELONA COMPLICA LA RESOLUCIÓN DE LA HUELGA

La radicalización de parte de la plantilla y las votaciones a mano alzada ralentizan el pacto

Años de desencuentros entre la plantilla del metro y la empresa pública Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) han provocado una desconfianza entre las partes que no ayuda a la resolución del actual conflicto por la negociación del convenio, que ha provocado cuatro huelgas en lo que va de año.

Pero no es el único problema. También los seis sindicatos están divididos, un enfrentamiento que complica el conflicto. Con 27 representantes en total, la mayoría del comité la tiene CGT (9 representantes), seguidos de UGT (7), CC OO (3), CPTC (Colectivo del Personal de Trenes, 3), SU (Sindicato Unitario, 2) y CIM (Colectivo Independiente de Metro, 2).

El pasado día 20, durante una reunión que se interpretó como un gran avance, todos los representantes firmaron una propuesta de la mediadora que tanto la empresa como la plantilla se comprometieron a “someter a consideración”. Varios sindicalistas presentes en la reunión salieron satisfechos y esperanzados, incluidos los de CGT, el sindicato mayoritario.

La propuesta avanzaba en cuestiones como la contratación de eventuales y en ampliación de jornada los que la tienen parcial, y mejoraba también la oferta en cuanto a salarios. También fijaba una tregua de un año en la convocatoria de huelgas para seguir negociando, un extremo que algunas fuentes consideran inaceptable mientras otras mantienen que se podía romper si no se avanzaba.

Tras la firma del acta comienzan las distintas versiones del desenlace. Según algunas fuentes, los seis sindicatos acordaron llevar la propuesta a la asamblea, sin posicionarse, y que decidieran los trabajadores. Según otras, no hubo tal acuerdo.

El hecho es que los sindicatos CPTC y CIM se desmarcaron (o no), se posicionaron públicamente por el no e incluso escribieron a toda la plantilla. El jueves 26, las dos asambleas de trabajadores votaron mantener la convocatoria de huelga.

Durante las asambleas, a las que acudió un 30% de la plantilla, y en las que se vota a mano alzada, CPTC y CIM fueron los únicos sindicatos en posicionarse.

“Soberanamente, la asamblea decidió votar en contra”, declaran varios representantes sindicales cuando se les pregunta si se les puede citar con nombre y apellido. Solo desde el anonimato acusan a los dos sindicatos corporativos de “reventar la propuesta antes de la asamblea”.

Las mismas fuentes señalan que una parte de la plantilla muestra posturas muy radicales, y que “cualquier intento de explicar detenidamente las propuestas es tachado de pactismo”. “Acaba ganando el que más grita” o “las asambleas parecen una competición a ver quién es el más radical”, aseguran dos fuentes consultadas.

Por parte de CPTC, Martín Villanueva, considera que la propuesta de la mediadora “se deja por el camino demasiadas reivindicaciones” y asegura que durante las conversaciones mantenidas en antes de la huelga del Mobile hubo borradores encima de la mesa con más mejoras que las de la propuesta del día 20. Desde CIM, David Vázquez, insiste en que es la asamblea quien decide si se convocan o desconvocan las huelgas. Niega que se acordara no posicionarse y argumenta el no de su sindicato porque no responde a las reivindicaciones en contratación de personal eventual y por la exigencia de paz social durante un año.

SNIACE FIRMA UN ACUERDO LABORAL QUE PERMITIRÁ REABRIR LA FÁBRICA DE CELULOSA DE TORRELAVEGA

El pacto laboral ha sido ya remitido al Tribunal Supremo para la reversión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Sniace se «reinventa» con la firma, de un acuerdo laboral entre la Dirección y el comité de empresa que permitirá abrir la fábrica de celulosa de Torrelavega en dos meses.

Así lo han señalado el presidente del Consejo de Administración, Blas Mezquita, y el secretario del comité de empresa, Antonio Pérez Portilla, tras rubricar en Santander el acuerdo con UGT, CCOO y Sindicato Unitario de Cantabria –USO, el tercero por representación, no ha acudido– en la sede del Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (ORECLA).

Cerrada desde 2013

El acuerdo laboral ha sido inmediatamente remitido al Tribunal Supremo para la reversión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que «lo aceptará», ha aseverado Mezquita, quien ha reconocido la labor de los sindicatos, «excepto alguno», en la reapertura de la factoría de Torrelavega, que lleva cerrada desde 2013.

La intención de las partes es que la fábrica de celulosa retome su actividad en septiembre y de hecho ya han comenzado los trabajos previos para la puesta a punto de la factoría, ha confirmado el presidente del Consejo de Administración.

Tras una reunión que se ha prolongado cerca de dos horas, Blas Mezquita ha realizado una valoración «muy positiva» del acuerdo, superado un proceso que se ha prolongado en el tiempo «más de lo que nos hubiera gustado», por «retrasos» en la sentencia del concurso por ejemplo, si bien se ha llegado al «final del camino» en cuestión laboral y la ampliación de capital ha sido «un éxito».

Inversiones

Al hilo, ha remarcado lo «importante» de que se inviertan 16 millones de euros en Cantabria «dada la situación industrial» y ocho millones sean para el reinicio de la actividad de Viscocel. «Estamos muy esperanzados de adelantarlo, poder solucionar los problemas técnicos cuanto antes y arrancar la fábrica y reincorporar a toda la plantilla», ha dicho.

En este sentido, la intención de la dirección es que la reapertura de ambas fábricas se lleve a cabo «lo más pronto posible». Según recoge el acuerdo laboral, en dos meses arrancaría la de celulosa y «nueve o diez meses después» la de fibras (Viscocel).

Mezquita ha reconocido que Sniace es «una empresa complicada». Ha recordado las inversiones «de los últimos años» en la planta de cogeneración de «8.000 millones de pesetas» (48,1 millones de euros), las dos ampliaciones de capital por 100 millones de euros y la actual inversión de 16 millones de euros.

Superados procesos «difíciles» como el de la reforma energética, ahora, de cara al futuro, el presidente del Consejo de Administración se ha mostrado optimista. «Tener un producto homologable, que se puede utilizar y a unos costes competitivos» le hacen pensar en «ciertas dificultades al principio» que se «superarán. «No prevemos que haya mucha dificultad», ha asegurado.

Por su parte, el representante del comité de empresa ha destacado que han firmado el acuerdo desde la perspectiva de que la fábrica de celulosa abrirá «en las próximas semanas».

Ha recordado que Sniace lleva parada «tres años y medio» y ha asegurado que será «complicada» la vuelta a la actividad, aunque ha insistido en que «lo importante» es que los trabajadores regresen tras un proceso que ha producido «muchas heridas».

«Reinventar Sniace»

Preguntado si todo este proceso de más de tres años desde que se cerró la fábrica hasta su reapetura se podía haber evitado, Mezquita ha recordado que se han producido cambios legislativos muy importantes y «hubo que reinventar Sniace». «La situación fue la que fue; entre todos hemos intentando solucionar el problema y salir hacia adelante y lo importante es que Sniace se vuelva a abrir y vuelva a funcionar».

Una opinión con la que ha coincidido Pérez Portilla, que ha afirmado que para el comité es «el mejor acuerdo posible», y que «lo importante», pasadas las dificultades y retrasos que ha sufrido el proceso, es que «hemos sabido readaptarnos» y la fábrica «va a abrir y los compañeros tendrán un puesto de trabajo».

UNIÓ ADEUDA DOS MESES DE SUELDO A SUS 21 TRABAJADORES

Europa Press – Barcelona

La dirección del partido, ya sin representación parlamentaria, confía en pagar las indemnizaciones del ERE con la venta de su local

Los 21 trabajadores de Unió no cobran su sueldo hace dos meses y la dirección del partido les ha comunicado que desconoce cuándo podrán hacerlo, han explicado fuentes de la plantilla.

Según ellos, la dirección les ha dicho que no podrá pagar hasta que el partido venda la sede de la calle Nàpols de Barcelona, mientras se está reuniendo con bancos para negociar una quita de la deuda.

El partido democristiano, sin representación parlamentaria, ha trasladado a sus trabajadores que confía en pagar las indemnizaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con la venta del local.

Los trabajadores consultados han lamentado que los dirigentes han «desaparecido» de la sede, con la excepción del secretario general, Ramón Espadaler, y aseguran que no les ha ofrecido ninguna ayuda para sortear el impago de los dos meses.

El Tribunal de Cuentas tuvo que aceptar que un partido político entrara en preconcurso de acreedores porque nunca antes había ocurrido, creando un precedente.

Fuentes del partido han asegurado que el retraso en las nóminas está causado por el preconcurso, pero aseguran que tienen el «compromiso» de abonarlas.

En marzo, Espadaler cifró la deuda por la que el partido presentó solicitud de preconcurso de acreedores en 19 millones de euros, que atribuyó a «deuda fundamentalmente bancaria» y no a la Seguridad Social.

BETA SIERPES ECHA EL CIERRE Y LA EMPRESA NEGOCIA SALIDAS VOLUNTARIAS DE SUS TRABAJADORES

La cadena de librerías está llevando a cabo una reestructuración del grupo tras perder 350.000 euros en el pasado ejercicio

La tienda de librerías Beta en la calle Sierpes de Sevilla ha cerrado sus puertas para «poder ajustar el resultado operativo de la compañía», y se ha llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato de alquiler entre la cadena de librerías y los arrendadores de este inmueble, a los que se ha entregado la llave del edificio, según han indicado a Europa Press fuentes de la empresa.

Estas fuentes han asegurado que la empresa está negociando los abogados del conjunto de la plantilla salidas voluntarias «no traumática» para los trabajadores.

Sobre la tienda de la calle Sierpes en Sevilla, se estaba terminando el inventario para ver su viabilidad, y en función del resultado se tomarían decisiones sobre si la tienda continúa abierta o no, ante lo que finalmente se ha optado por cerrarla.

Las fuentes han indicado que la tienda de Sierpes, abierta en 2014 y denominada ‘Beta Boockcafe Sierpes’, llegó a ser el establecimiento emblemático, y su cierre se inscribe dentro del proceso de reestructuración acometido por la empresa, de forma que «para poder ajustar bien el resultado operativo de la compañía se ha decidido el cierre del establecimiento de Sierpes, mientras que el resto de la red se mantiene abierta».

De esta forma, se ha firmado la rescisión de mutuo acuerdo del contrato de alquiler del inmueble, que se entrega «sin saldos ni pagos pendientes» y ya se han entregado las llaves al propietario.

Asimismo, fuentes de la empresa han asegurado que se ha celebrado una reunión entre la empresa y los representantes jurídicos de los trabajadores «para intentar llegar a un acuerdo con vistas a que haya salidas voluntarias de personal y que no haya un expediente de regulación de empleo (ERE) traumático».

La cadena de librerías Beta está acometiendo una reestructuración del negocio después de haber registrado en 2015 pérdidas por valor de 350.000 euros, que contempla el cierre del establecimiento de Sierpes por falta de viabilidad, aunque el resto de la red de establecimientos «sigue igual y no se van a cerrar establecimientos, de manera que se mantienen las tiendas de Luis Montoto, Viapol, República Argentina y Asunción, todas en Sevilla; además de Huelva, Jerez, Córdoba, Algeciras, y Bahía Plaza, también en Algeciras; todas seguirán abiertas».

ALCOHOLERAS REUNIDAS ANUNCIA UN ERE

Efe

El Ayuntamiento ha instado a los propietarios a reconsiderar esta decisión, estudiar otras vías que permitan mantener la empresa y una mayor sensibilidad con las familias afectadas, para las que esta decisión «es un auténtico drama».

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba se ha solidarizado con los 42 trabajadores de Alcoholeras Reunidas afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la empresa y que supondría el cierre definitivo de sus instalaciones en la localidad. De seguir adelante, el Consistorio «hará todo lo que esté en su mano para salvaguardar el derecho de los trabajadores».

SINDICATOS PIDEN REUNIONES CON AYUNTAMIENTO, PUERTO VIGO Y XUNTA POR VULCANO

Agencia EFE

Los sindicatos CCOO, CIG y UGT han remitido sendos escritos al alcalde y el presidente del puerto de Vigo, Abel Caballero y Enrique López Veiga, respectivamente, y al conselleiro de Industria, Francisco Conde, para abordar la situación del astillero Vulcano.

Esta petición surgió de la reunión que el comité de empresa del astillero de Teis mantuvo con los responsables de Industria de los tres sindicatos, en la que les trasladó su preocupación por el futuro laboral e industrial de la factoría naval.

La dirección de Vulcano acaba de ampliar tres meses un expediente de regulación de empleo tras más de cinco años sin construir barcos en sus gradas.

Caballero ya reclamó a la Xunta y al Ministerio de Industria «que se muevan un poquito» para conseguir carga de trabajo para Vulcano.

CCOO CONSIDERA «INSUFICIENTE» EL PLAN INDUSTRIAL QUE GENERAL ELECTRIC ALSTOM HA PUESTO SOBRE LA MESA Y CREE QUE ES «INACEPTABLE» EL PLAN SOCIAL

El sindicato emplaza a la multinacional a presentar una nueva oferta en la próxima ronda de negociación

El 30 y el 31 de mayo se reunió, una semana antes de que finalice el periodo legal, la mesa que se encarga de negociar el expediente de regulación de empleo de General Electric/Alstom. La situación es compleja y difícil para alcanzar un acuerdo satisfactorio para las plantillas, a pesar de las movilizaciones que los trabajadores y trabajadoras han realizado.

A CCOO de Industria le parece claramente insuficiente el plan industrial que presentó la empresa y cree que es inaceptable el plan social que puso sobre la mesa. Por eso emplazó a la multinacional a ofrecer nuevas propuestas en la reunión del 6 y 7 de junio.

En el transcurso de las reuniones que la mesa de negociación del expediente de regulación de empleo de General Electric Alstom ha mantenido hasta el 30 de mayo se abordó el plan industrial y CCOO se mantuvo fiel a su objetivo de salvar centros y puestos de trabajo. No fue hasta la sesión del día 31 cuando se inició la negociación del plan social, que incluiría las condiciones de salida.

A la representación social le parecen claramente insuficientes las propuestas que realiza la empresa en el plan industrial. CCOO denuncia que la multinacional ha modificado muy poco sus intenciones en este terreno, a pesar de las movilizaciones y de la presión institucional.

En el caso de Wind Buñuel General Electric mantiene su inevitable cierre. Acepta mantener abierto el centro hasta 31 de diciembre para dar plazo (insuficiente) a los intentos de reindustrialización del Gobierno de Navarra y todavía no ha contestado a la solicitud de mantener la totalidad de la plantilla durante esta «prorroga». Tampoco modifica su propuesta de cerrar Hydro Cornellá. Mantiene

En cuanto a Wind Barcelona, General Electric asegura que ha hecho un gran esfuerzo y que ha pasado a 105 afectados, que es la mitad de la cifra inicial. En Wind Parques e instalaciones mantiene las cifras iniciales, asegura que mantiene toda la plantilla de técnicos salvo los parques perdidos y reduce el personal de soporte por innecesario. Mantiene la cifra de 16 traslados a Bilbao y no contempla continuar con la actividad en Barcelona en las oficinas de Wind. Tampoco cambia sus planes en el caso de Thermal Alcobendas.

Absolutamente insuficiente

En lo que se refiere al plan social, la empresa entregó una propuesta que recoge empleo alternativo con recolocaciones internas entre el 8 y el 15 de junio en el Estado español y en otros países. Si no se acepta, la indemnización es de 25 días/año y máximo 12 meses con un plan de recolocación externa.

Se cumple con la obligación de establecer un convenio especial con la Seguridad Social para las personas con 55 años o más.

Al sindicato le parece absolutamente insuficiente esta oferta. Cree que debería centrarse en el mismo esquema del anterior Acuerdo de ERE en Alstom: voluntariedades, recolocaciones internas y externas, bolsa de empleo, plan de rentas y prejubilaciones, intercambiabilidad, ayudas a la reindustrialización si es el caso, e indemnizaciones. CCOO de Industria confía en que en la próxima ronda de negociación la empresa aporte una nueva propuesta.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SORIA, LUIS REY ASEGURA QUE SI HAY TRASLADOS HABRÁ DESPIDOS

El presidente de la Diputación, Luis Rey, solicitó a los sindicatos que forman el comité de empresa a alcanzar un acuerdo sobre el concurso de traslados en el que se eviten los despidos. Con la propuesta que hay en la actualidad encima de la mesa se ocasionaría una veintena de despidos de personal laboral con antigüedades de ocho años, al menos, en sus respectivos empleos.

Rey dejó claro que la política del actual equipo de Gobierno de la Diputación es la de evitar los despidos y también la de evitar posibles y futuras reclamaciones laborales de los trabajadores en los juzgados.

En este sentido indicó que la Diputación no había aceptado la convocatoria del concurso de traslados porque no había unanimidad en el seno del comité, mientras UGT y CSIF reclaman este concurso, CCOO solicita una consolidación de empleo.

Esta falta de unanimidad fue la razón por la que el equipo de Gobierno frenó el concurso de traslados entre los laborales que sí convocó y celebró entre los funcionarios, dado que en el seno de la Junta de Personal hubo unanimidad entre los sindicatos. Rey insistió en que «si aceptamos la propuesta de los sindicatos tal y como está se irían a la calle unos cuantos trabajadores», por ese motivo insistió en buscar un acuerdo en el marco de la negociación para evitar a toda costa los despidos.

Tras la reclamación de los sindicatos mayoritarios en el comité, CSIF y UGT, ante la Inspección de Trabajo se ha obligado a la Diputación a aplicar el convenio colectivo que marca un periodo para convocar los concursos de traslados y este plazo ya se había pasado.

Trabajo dio la razón a los dos sindicatos denunciantes que argumentaron tener la mayoría en la comisión paritaria y que es suficiente para solicitar este concurso de traslados y aprobar los asuntos que se abordan en el seno de la misma, en la que también están representados SAE y CCOO.

Trabajo ha concedido un plazo de tres meses a la Diputación para realizar la convocatoria.

Los sindicatos denunciantes reconocen que se trata de un problema heredado de la anterior legislatura, dado que el concurso de traslados se tenían que haber convocado desde hace tres años y no se ha hecho. De esta manera se hubiesen respetado los plazos que marca el convenio colectivo de la casa. Además, desde UGT se subrayó que existe un antecedente claro judicial cuando se reorganizó el personal de las residencias de la tercera edad. Entonces el TSJ obligó a la Diputación a realizar un concurso de traslados antes de aprobar una consolidación de empleo.

Por otro lado, la mesa de negociación del convenio colectivo. Se denunció a finales del año pasado y hace unos meses arrancaron las negociaciones, pero todavía no se han cerrado los acuerdos y, por lo tanto, no se ha cerrado por ambas partes.

Las negociaciones siguen abiertas tanto para el colectivo de funcionarios como de laborales. Los representantes de los trabajadores reclaman una subida salarial, sobre todo para el personal de las residencias que perdieron poder adquisitivo.

BOMBEROS INTERINOS RECLAMAN AL AYUNTAMIENTO DE JAÉN LA NULIDAD DE SUS DESPIDOS

Estiman en 30.000 euros el sobrecoste de las comisiones de servicios

Desde hace un par de años, la relación del Ayuntamiento con los profesionales del Cuerpo de Bomberos está mediada por un profesional con toga. Un juez les dio la razón cuando reclamaban a la Administración local deudas de en torno a los 30.000 euros de media por agente por servicios extraordinarios que no se les pagaban.

Otro dictaminó la nulidad de la convocatoria de plazas de interinos con la que el equipo de Gobierno local pretendía resolver el déficit estructural que acusa la plantilla.

Y, ahora, que ya se ha lanzado el “aviso de que el Parque necesita seis bomberos” para la temporada estival que está en puertas, la decena de interinos que estuvieron contratados hasta diciembre reivindican la nulidad de sus despidos.

Lo hacen con el refrendo de la sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento, que, dejando claro que no se opone a las comisiones de servicios para cubrir vacantes “en caso de urgente e inaplazable necesidad”, como ocurre aquí, estima en 30.000 euros el sobrecoste que está teniendo sobre las arcas municipales. “Los bomberos que han llegado en comisión de servicios son veteranos. Llevan años en el Cuerpo —en algunos casos, hasta más de 16— y, aunque tienen el mismo sueldo que los interinos, han solicitado que se les paguen los trienios y se les ha aprobado”, expone el abogado Andrés Afán.

En realidad, el equipo de Gobierno local se está rigiendo por lo que establece la Ley: “A los funcionarios en comisión de servicios se les reservará el puesto de trabajo y percibirán la totalidad de sus retribuciones”. Sin embargo, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, esta situación ha provocado “discrepancias” en forma de reparos de legalidad entre el área de Personal y la Intervención de Fondos del Ayuntamiento que, después, el alcalde, Javier Márquez, ha terminado levantando.

Las razones que la Concejalía de Personal esgrimió para no renovar los contratos de los bomberos interinos fueron legales.

El Estatuto de los Trabajadores establece que la contratación temporal “podrá tener una duración máxima de seis meses, dentro de un periodo de doce”. Y avisa, además, de que una eventual prórroga de esos contratos “podría dar lugar a que los trabajadores, de acudir a la vía judicial, fuesen considerados como personal indefinido no fijo”.

Sin embargo, aun haciéndose eco de la normativa, en un escrito dirigido al Ayuntamiento a raíz de una consulta sobre el personal del servicio de Bomberos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respondió en noviembre: “A la vista de las circunstancias del caso, no se considera procedente acudir a otro tipo de contratación laboral temporal”.

Eso sí, apuntaba que debía indicarse que el cese de los funcionarios interinos tendría lugar cuando finalizara el proceso de selección de funcionarios de carrera al que el equipo de Gobierno local se comprometió a finales del año pasado sin que, a día de hoy, haya novedad alguna.

Los interinos que fueron cesados en diciembre se aferran a este escrito del Ministerio como a un clavo ardiendo para reivindicar, por lo social, la nulidad de sus despidos y denunciar, por la vía contencioso-administrativa, la vulneración de la garantía de indemnidad.

Que nadie puede resultar perjudicado por haber reclamado en juicio lo que considera su derecho y, en este caso, se sienten víctimas de “represalias” por parte del equipo de Gobierno local. Si, el próximo día 27, el juez les diera las comisiones de servicios —aventura Afán— podrían tener los días contados.

ABENGOA ELEVA DE 75 A 350 LA CIFRA DE AFECTADOS POR EL ERTE EN INABENSA

Acaba el plazo de negociación de las medidas temporales; el martes se abordarán los despidos

Concluyen los quince días del periodo de consultas obligatorio para la negociación del expediente temporal de empleo (ERTE) que la dirección de Abengoa propugna en su filial Inabensa. Y lo hacen sin acuerdo con los sindicatos, que se levantaron de la mesa tras conocer la última propuesta de la empresa, que prácticamente quintuplica la cifra de afectados por el ERTE respecto al último encuentro mantenido. Recursos Humanos planteó así una suspensión temporal de contrato para 375 trabajadores del millar que compone su plantilla frente a la anterior propuesta de 75 afectados.

El secretario de la Federación de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, explicó tras el encuentro que Abengoa rechazó la petición de las organizaciones sindicales que pretendían conseguir una prórroga de otros quince días para «acompasar» la negociación de los dos procesos de ajuste laboral que promueve la matriz en Inabensa, un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y otro expediente extintivo (ERE).

La próxima cita está fijada para el martes 7 de junio y en ella se abordarán los despidos que contempla el ERE, que tiene un plazo legal de negociación de 30 días. La compañía, que puso sobre la mesa en un primer momento 395 despidos en la filial de construcción industrial, rebajó las salidas hasta 280 en un segundo encuentro. Sin embargo, también dibujó un escenario que de primeras contemplaba la suspensión de contrato por un periodo de ocho meses para 25 trabajadores, que en un segundo momento se vieron ampliados a 75. La cifra se disparó hasta los 375.

Los representantes sindicales mostraron además su rechazo a los criterios de baremación –que analizarán unos ocho o nueve aspectos, entre los que se encuentra la antigüedad– y que serán los que utilizará la empresa para decidir qué trabajadores deben acogerse a estas medidas forzosas. «Es una manera de hacer la lista a dedo incluyendo a todo aquel que quieran».

Este periódico intentó recabar sin éxito la valoración de la empresa para calibrar si el incremento de suspensiones de contrato implicará un recorte en la cifra de despidos o por contra mantendrá las estimaciones iniciales.

Eso es lo que consideran al menos los representantes sindicales, que se quejaron de no haber recibido toda la información solicitada y abundaron en que han apreciado «anomalías» en las cuentas. ¿Cómo cuáles? Desde que los gastos de personal han subido a pesar de que se ha registrado una caída de actividad, hasta el incremento en 12 millones del gasto en servicios profesionales independientes o los siete millones de más que se recogen en el capítulo de tributos, arrendamientos y cánones en 2015, precisaron.

En el ejercicio pasado, Inabensa cosechó unas pérdidas de 19 millones de euros –«la misma cantidad que suman los gastos extra»–, mientras que en el primer trimestre de este año los números rojos se elevan hasta los 23 millones, según Moreno Cerrejón.

Además, el plan de viabilidad aportado recoge, según abundó, unos niveles de costes similares a los actuales hasta 2020, con lo que, en su opinión, no tiene ni reflejo ni sentido el reajuste laboral.

Los sindicatos, que valoraron la reunión como «una patada al proceso de negociación», lamentaron que la dirección no haya querido sentarse y abordar el ERE y el ERTE en un mismo proceso y ahora valorarán con los servicios jurídicos los pasos a adoptar.

Las centrales sindicales CCOO y UGT han convocado una movilización de protesta para el próximo día 15 de junio. La convocatoria se desarrollará tanto en Sevilla como en Madrid.

En el primer caso, está convocada una concentración ante la sede de la multinacional en Palmas Altas a las 17.00 horas, mientras que dos horas más tarde, a las 19.00 horas, la movilización tendrá lugar ante la sede de la compañía en la capital española, localizada en el Paseo de la Castellana.

El objetivo no es otro que «expresar nuestro rechazo al planteamiento» de la empresa andaluza porque defienden que «no parece razonable que se implementen esas medidas de ajuste en la situación preconcursal actual».

LOS PROFESORES DE RELIGIÓN SE SIENTEN VÍCTIMAS DE UN «ERE IDEOLÓGICO»

Exigen a la Junta que busque una solución para evitar «una debacle laboral». Vara asegura que se hará «todo lo posible» para evitar que haya despidos

Los profesores de Religión extremeños no quieren dar la batalla por perdida y continúan exigiendo que se resuelva un conflicto laboral que, si no se remedia, les convertirá en víctimas de un «ERE ideológico».

Así lo denunció Angel Marín, profesor de Religión del instituto Zurbarán de Badajoz y vocal de la Asociación de Profesores de Religión de Centros Públicos de Extremadura, quien lamentó que esta asignatura se vea afectada por la ideología de quien gobierne en cada momento. «Eso no da estabilidad al sistema y nosotros no somos responsables de esta situación, somos sufridores».

Marín recordó que la reducción de horas lectivas de esta asignatura que prevé el nuevo Decreto de Currículo de Secundaria y Bachillerato, que entrará en vigor el próximo curso, hace peligrar los puestos de trabajo de medio centenar de docentes y se va a reducir «drásticamente» el salario de los que conserven su empleo, pues cobran en función de las horas trabajadas. Además, el colectivo teme que si en el futuro se aplica el criterio «de llevar la Religión al mínimo» en Primaria, serán 150 los afectados (de un total de 500).

La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, sin embargo, les aseguró que no habrá despidos y que las horas que impartan de clase dependerán del número de alumnos que se matriculen. Pero estos argumentos no convencen a los afectados, que mantienen que, incluso, con las mismas matriculaciones, se pierde entre un tercio y un 40% de la jornada laboral con la reducción de horas, por lo que piden que se busque acomodo a una hora más en la ESO o medidas como la creación de departamentos de Religión, contratos por tramos horarios o la posibilidad de que asuman tareas de coordinación en los centros.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con quien mantendrán una reunión, afirmó que la Junta hará «todo lo posible» para que no se produzcan despidos entre el profesorado de Religión. Vara, según informa Efe, señaló que en el encuentro mantendrá el mismo planteamiento que ha defendido la consejería para reducir horas de esta asignatura en beneficio de otras como Filosofía y añadió que la decisión no se ha tomado «contra nadie».

Por su parte, la marea amarilla, como se autodenominan los profesores de Religión por el color de las camisetas que llevan en sus protestas, exigirá a Vara «soluciones concretas», así como que se elimine el «paralelismo» que el nuevo decreto de currículo establece entre Religión y Ética y Ciudadanía, pues los alumnos se verán obligados a matricularse en ambas lo que, a su juicio, ejercerá un efecto «disuasorio» a la hora de elegirlas, ya que tendrán «una asignatura más».

EL ALCALDE DE LA LÍNEA PRETENDE INICIAR LA NEGOCIACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CON LOS SINDICATOS EL 10 DE JUNIO

Implicará la retirada de los 408 euros de las nóminas

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El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha presentado la Relación de Puestos de Trabajo que, de forma definitiva, ha elaborado ‘Consultaría Integral de la Empresa y el Municipio’ (CIEM). La RPT sigue, no obstante, contando con 1.500 páginas y debe entrar en vigor, según sentencia judicial, el próximo 8 de agosto.

Comienza, por lo tanto ahora, el intenso trabajo de negociación con los sindicatos del Ayuntamiento, habida cuenta de que su puesta en marcha va a llevar consigo, la eliminación del famoso complemento de los 408 euros mensuales, en las nóminas de los trabajadores municipales.

Será ese el único aspecto económico de la negociación, porque el alcalde ha dejado claro que la RPT «no lleva consigo ningún otro acuerdo salarial ni despidos», puesto que Franco insiste en que la plantilla del Ayuntamiento, que cuenta con 670 efectivos, «no está sobredimensionada», sino más bien «todo lo contrario». A los sindicatos, con los que quiere comenzar a negociar el documento el 10 de junio, les ha pedido «buena voluntad».

Franco, advierte, que «con el consenso o no de los sindicatos», no le queda otra que poner en vigor la RPT a primeros de agosto y ha desvelado que la eliminación de los 408 euros de las nóminas, «originará un remanente positivo de algo más de un millón de euros», que destinará «a mejorar la prestación de los servicios públicos» que reciben los linenses.

Actualmente, el Ayuntamiento gasta 27 millones de euros en nóminas del personal. Tras la eliminación de los 408 euros, el coste en nóminas se quedará en algo más de 25 millones de euros.

LA EMPRESA

En la presentación del documento ha estado presente uno de los representantes de la empresa, Eduardo De Linares, quien cuestionado por la plantilla del Ayuntamiento, ha concluido que la misma, a criterio de la RPT elaborada, «no está sobredimensionada».

Tras la presentación a los medios de la Relación de Puestos de Trabajo, el alcalde ha entregado una copia del documento a los sindicatos, a los que va a citar el 10 de junio, para iniciar la negociación.

TRABAJADORES DE CENTROS PARA PERSONAS SIN HOGAR DENUNCIAN “REPRESIÓN” Y DESPIDOS EN MADRID

Las plantillas del Centro Abierto La Rosa y del Centro de Acogida Juan Luis Vives, de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar de Madrid, han decidido rebelarse ante lo que consideran “años de precariedad laboral y de medios materiales” en estos centros de titularidad pública.

La empresa adjudicataria de ambos centros es ASISPA, para los denunciantes una de las firmas del sector de la intervención social que “disfrazada de entidad sin ánimo de lucro lleva décadas actuando como si los Servicios Sociales fueran su cortijo”.

Los empleados denuncian que la empresa no se atiene a los pliegos de adjudicación, que incumple el Convenio de Acción en Intervención Social en vigor desde julio, y que “la prevención de Riesgos Laborales es un paripé”. Acusan a ASISPA de perseguir solo “el lucro económico”, y recaban algunos ejemplos sobre la mala praxis de la adjudicataria: “Abusa de la contratación temporal o parcial”, denuncia CCOO asegurando que aproximadamente la mitad de la plantilla tiene un contrato temporal y más de la mitad un contrato a tiempo parcial.

El incumplimiento del convenio se traduce, según los trabajadores, en sueldos “de mera subsistencia”, y denuncian que su gestión es “profundamente autoritaria”: “extremos como negarse a abonar los festivos trabajados o a reconocer el permiso por hospitalización de familiar”, reclama el colectivo de trabajadores.

Y lamenta que ante la reclamación de sus derechos, la respuesta de la adjudicataria haya sido “la represión, despidiendo a seis compañeras del CA La Rosa con la forma de no renovación, a pesar de que el Convenio dice, textualmente, que ‘en caso de que el contrato eventual sea rescindido al finalizar su duración, no se podrá contratar ningún otro trabajador o trabajadora eventual para ocupar el mismo puesto hasta que transcurran 5 meses’”, denuncia CCOO.

Por otro lado, la plantilla del CA Juan Luis Vives denuncia “persecución sindical” con la apertura, por parte de ASISPA, de expedientes sancionadores al miembros del Comité de Empresa. “La empresa ha intentado silenciar a trabajadores y usuarios, arrancando con sus propias manos una directiva de ASISPA pancartas y carteles contra los despidos en el CA La Rosa, en un patético acto de soberbia”, denuncian los empleados.

Los afectados se manifestarán a las puertas del CA La Rosa y pedirán amparo “frente a la patronal” al Ayuntamiento de la capital.

La plantilla denunciante de ambos centros quiere recordar a Ahora Madrid que “la municipalización de servicios públicos va en su programa electoral”, por lo que también se unirá a la manifestación que el próximo 9 de junio hay convocada ante la sede del consistorio que gobierna Manuela Carmena.

El Ayuntamiento aún no tiene constancia de las demandas de este colectivo, según aclaran fuentes municipales, aunque afirman estar recabando información desde el área de Servicios Sociales. Este medio también ha tratado de ponerse en contacto con la empresa adjudicataria, sin que por el momento haya sido posible obtener una versión de ASISPA.

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