Boletín de Luchas Obreras (5 de Enero de 2016)

ÍNDICE:

  • EL GOBIERNO ENDURECE LAS BAJAS LABORALES
  • LA JUNTA DE ANDALUCÍA INSTA A LAS PARTES A NEGOCIAR PARA EVITAR LA HUELGA DE LIMPIEZA
  • PROTESTA EN MÉRIDA DE EMPLEADOS DEL GRUPO TRAGSA POR EL ERE
  • TRABAJADORES DE TRAGSA SE ENCIERRAN EN VALLADOLID EN PROTESTA POR EL ERE PLANTEADO POR LA EMPRESA
  • LOS PAROS EN AUTOBUSES URBANOS DE ZARAGOZA (AUZSA) PODRÍAN AUMENTAR SI NO HAY ACUERDO EL DÍA 5
  • LOS NUEVOS DESPIDOS DE ‘EL MUNDO’ Y UNIDAD EDITORIAL AFECTARÁN AL ÁREA CORPORATIVA
  • DENUNCIAN INCUMPLIMIENTOS Y DESPIDOS DE LA ADJUDICATARIA DEL BUS TURÍSTICO DE TOLEDO
  • DESPIDOS MASIVOS EN PLENA NAVIDAD EN EL ANTIGUO BROKER DE BANKIA BOLSA
  • FORO EXIGE AL PRINCIPADO QUE FRENE LA HUELGA DE LIMPIEZA EN EL HOSPITAL CANGUÉS
  • LA HUELGA DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS EN GIJÓN, PENDIENTE DE CERRAR EL ACUERDO
  • BOMBEROS DE MURCIA LLEVARÁN SU PROTESTA A LA CABALGATA DE REYES
  • CARMENA AMENAZA A LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA CON “LAS SANCIONES MÁS ALTAS” SI NO RETIRAN EL ERTE

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EL GOBIERNO ENDURECE LAS BAJAS LABORALES

Laura Fonseca – Gijón – elcomercio.es

El control se intensifica sobre todo a partir del tercer mes, cuando interviene la Inspección. Los médicos exigen la retirada de la normativa

Un decreto que entra en vigor el 1 de diciembre cambia los criterios para recortar la duración

El sistema de bajas laborales por enfermedad común ha experimentado un cambio de calado en España desde el 1 de diciembre. Ese día, entró en vigor en todo el país el nuevo decreto del Ministerio de Empleo con el que el Gobierno busca endurecer el sistema que regula los procesos de incapacidad temporal (IT) en España.

La intención era adaptar la normativa a la sociedad actual y dar las bajas en la función de la enfermedad «porque no es lo mismo una gripe que un cáncer», detallan diversas fuentes consultadas.

Hasta ahora todo tenía el mismo tratamiento administrativo, desde lo más leve a lo más complejo.

El decreto cambiará los criterios y la calificación de las bajas e intensificará el control, tanto sobre los trabajadores como, y ahí estriba la principal novedad, sobre los médicos que firman los partes de IT.

Los facultativos, que se consideran señalados como «los que supuestamente engañamos al sistema», han puesto el grito en el cielo.

Lo han hecho desde diferentes plataformas. Una de ellas es el Foro de Atención Primaria que engloba a profesionales de diversos ámbitos y que lleva semanas exigiendo la retirada de la polémica normativa.

Francisco José Sáez, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y coordinador del Grupo de IT en el Foro de Médicos de Atención Primaria asegura:

«Es una locura. Ni los médicos ni el sistema informático de los centros de salud y de los hospitales están preparados para asumir un vuelco de tal calibre, del que, además, no se ha informado»

Y el cambio, o más bien, los cambios afectarán a la forma en que se tramitan las conocidas como bajas médicas, así como a su duración y seguimiento.

Es la primera vez en 49 años que el sistema de incapacidad temporal se modifica. El mismo fue implantado en 1966, en pleno franquismo, y desde entonces «no fue tocado». Es por eso, explica Sáez, que cuando un trabajador está de baja debe acudir al médico

«Una vez a la semana por su parte, porque en los años en que fue aprobado el sistema de IT las empresas pagaban semana a semana».

A partir del 1 de diciembre, el facultativo tendrá que determinar desde el primer día cuánto durará la baja. El decreto agrupa a las IT en cuatro tipos, en función de la enfermedad y del tiempo que el médico estima que el paciente/trabajador deberá quedarse en casa. El enfermo no tendrá que acudir, como ocurre ahora, por el parte de confirmación a los 3 días. Esa obligación desaparece.

LA ‘LETRA PEQUEÑA’

La primera de las cuatro bajas médicas es la «muy corta», la de menos de 5 días. El enfermo saldrá de la consulta o del hospital con una indicación de baja, pero también con la fecha del día en que deberá reincorporares al trabajo.

La segunda, la «corta», está pensada para procesos de entre 5 y 30 días. En ese caso, el primer parte de confirmación se dará a los 7 días y los siguientes, cada dos semanas.

Si la baja oscila entre 30 y 60 días, «la mediana», el primer parte será también a la semana, pero los siguientes cada 28 días.

Finalmente, para las bajas superiores a los dos meses, «las largas», el parte inicial se dará a los 14 días y los siguientes, cada 35.

En principio, «parece que beneficia al paciente porque tiene que ir menos veces al médico», detalla Sáez. Pero no es así, porque lo que recoge la ‘letra pequeña’ del decreto es que «nos obliga a hacer un informe cada mes, y repetirlo al día 35 en el caso de bajas de 2 meses. A la postre, el paciente irá más veces. Además, endurece los criterios a partir de los 3 meses», cuando interviene la Inspección, organismo que ahora solo entraba en juego a partir del año de la baja.

La burocracia, advierten los profesionales de la medicina, «será mucho mayor». Además, hasta ahora la tramitación de los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común, es decir, no por accidente o dolencia profesional, se hacían siempre desde Primaria. Pero ahora, alerta Sáez

«Si el paciente acude a Urgencias o está ingresado, el parte lo deberá emitir el facultativo del hospital. Los médicos de Primaria no podremos activar la baja hasta que veamos nosotros al paciente, por lo que podrá perder días de trabajo ya que habrá jornadas de ausencia que no podrá justificar».

LAS MUTUAS TENDRÁN MÁS PODER

Estas entidades podrán hacer propuestas de alta para acelerar la reincorporación del trabajador. El médico tendrá 5 días para emitir un informe y la Inspección, otros 6. Si pasados 11 días la mutua no recibiera respuesta, el trabajador estaría obligado a reincorporarse a su actividad laboral.

LOS CAMBIOS

Baja de 5 días naturales. El paciente no tendrá que ir a renovarla pues el parte de alta y baja se realizará en el mismo acto médico.

De 5 a 30 días. El primer parte de confirmación se dará a los 7 días y los siguientes cada 14 días.

De 30 a 60 días. El primer parte será también a los 7 días y los sucesivos cada 28.

De más de 60 días. El primero será a los 14 días y los posteriores, cada 35. En este caso, al llegar a los 90 días interviene la Inspección, que deberá hacer un informe de cada caso y situación.

Urgencias y hospitales. Si el paciente acude a un servicio hospitalario es éste el que debe emitir el parte inicial de baja.

Mutuas. Podrán hacer propuestas de alta médica. El médico tendrá 5 días para emitir informe contrario y la Inspección otros 6. Si a los 11 días no existe respuesta, el trabajador dejará de estar de baja.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA INSTA A LAS PARTES A NEGOCIAR PARA EVITAR LA HUELGA DE LIMPIEZA

La situación entre trabajadores y empresa se va tensando cada vez más

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha instado a la empresa de limpieza Limasa, al Ayuntamiento de la capital y a los trabajadores a sentarse y negociar para llegar a un acuerdo que evite una nueva convocatoria de huelga. Un paro que, aunque no se produzca en Navidad, «dañaría muchos intereses y la imagen de la ciudad», ha advertido.

Así, ha hecho un llamamiento a las partes para que «puedan consensuar un acuerdo que permita desbloquear la situación y no llegar de nuevo a una convocatoria de huelga», una medida que «al final conllevaría un perjuicio para la ciudad».

El máximo representante de la Administración autonómica en la provincia ha insistido, precisamente, en que «lo mejor es llegar a un acuerdo que evite cualquier perjuicio a los trabajadores de Limasa y también a los intereses de la ciudad».

Ante este conflicto laboral, Ruiz Espejo ha mostrado su «preocupación», ya que «cualquier problema en un servicio esencial como es el de la limpieza provocaría daños en la imagen y en el sector comercial, turístico y de ocio de la ciudad, pudiendo perjudicar sus expectativas».

Conciliación

En todo caso, la Junta, como Autoridad Laboral competente, «actuará en todo lo que sea necesario»: facilitar la conciliación para tratar de llegar a acuerdos que eviten la huelga, y, en caso de que no fuera posible, decretar los servicios mínimos que garanticen la recogida, el tratamiento y el transporte de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria.

La situación entre trabajadores y empresa se va tensando cada vez más pese a que la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Málaga, que da la razón a los trabajadores, estableciendo como único convenio colectivo vigente el de 2010-2012, prorrogado hasta la adopción de uno nuevo, derivó en la desconvocatoria por parte de la plantilla del paro indefinido que había previsto a partir del 14 de diciembre.

El problema radica en que cada parte hace una interpretación de esa sentencia. Para la empresa y el Ayuntamiento –propietario del 49 por ciento del accionariado de Limasa–, al establecer el juez que el convenio está prorrogado, da a entender que tiene en cuenta las modificaciones llevadas a cabo posteriormente, lo que evitaría, por tanto, la recuperación exigida por los trabajadores de todos los recortes de los últimos años.

Para los sindicatos, sin embargo, esa frase significa que desde este 1 de enero tenían que empezar a recuperar todos esos derechos y que el punto de partida para negociar un nuevo marco laboral ha de ser el convenio original firmado en 2010.

Ante las diferentes interpretaciones, Limasa solicitó, incluso, al magistrado una aclaración de la sentencia; una petición que, sin embargo, fue desestimada.

Tras esto, la empresa mixta ha interpuesto un recurso de suplicación contra dicha sentencia y, además, ha presentado una demanda de conflicto colectivo. Todo ello con el objetivo, según argumenta, de determinar si se debe aplicar el convenio tal como se firmó en 2010 o con las modificaciones posteriores.

Los trabajadores, por su parte, han anunciado que solicitarán al juzgado la ejecución de la sentencia y el cumplimiento, por tanto, por parte de Limasa del convenio colectivo suscrito en 2010, al tiempo que han vuelto a advertir, tanto a la empresa como al Ayuntamiento, de que si no es así, convocarán de nuevo una huelga indefinida.

PROTESTA EN MÉRIDA DE EMPLEADOS DEL GRUPO TRAGSA POR EL ERE

Tragsatec comienza a mandar cartas de despido a 59 empleados en la región

La empresa pública aún no ha comunicado si piensa echar a otros 24 trabajadores que le permite el ERE legalizado

El año nuevo llega con despedidos en la plantilla extremeña del grupo público Tragsa. Su filial Tragsatec ha empezado a ejecutar el ERE validado por el Tribunal Supremo.

Ya han empezado a llegar a sus domicilios las cartas de despido de 59 trabajadores. Esos 59 despidos pueden no ser los únicos. Hay otros 27 que pueden salir.

El grupo público tiene a la Junta de Extremadura como uno de sus grandes clientes en España al encargarse de las campañas de saneamiento ganadero y la lucha contra la tuberculosis bovina. Para este año, 14,5 millones por ambos conceptos.

Tras año y medio de pleito, el Supremo validó el ERE presentado por el grupo Tragsa (compuesto por Tragsa y Tragsatec). En Extremadura ese expediente de regulación de empleo afecta a 93 personas (86 de Tragsatec y 7 de Tragsa), pero, de momento, la confirmación de salida afecta a 59. Todas de la filial del grupo empresarial público.

UGT defiende la labor que realizan las empresas públicas

Son las 59 personas que se les despidió en 2014 y se les readmitió tras la primera sentencia contra el ERE. Esos 59 trabajadores, han estado cobrando parte del último año sin tener tarea asignada por parte de la empresa pública.

Los empleados afectados han estado cobrando el último año sin que se les encargaran trabajos

A partir del 1 de enero, definitivamente ya no volverán a sus puestos de trabajo. Todos eran trabajadores indefinidos y buena parte de ellos, veterinarios. En el ERE aprobado se incluía la salida de 37 veterinarios extremeños. Según ha informado Pedro Gómez, presidente del comité de empresa de Tragsatec en la región y miembro de CSI-F, a esas 59 personas que dejarán de trabajar se les puede sumar otras 27 más. La justicia se lo permite.

Trato injustificable

«La empresa ha dicho que no saben si ejecutará o no esos despidos, que están pendientes de las necesidades de trabajo», dice Gómez a este periódico. Tampoco se sabe qué va a pasar con los 7 empleados de Tragsa en la región incluidos en el ERE. El grupo Tragsa ha dicho que antes de final de enero se clarificará la decisión que tomará.

Gómez considera inaceptable e incomprensible que Tragsatec despida a casi una cuarta parte de la plantilla que tiene en Extremadura. «Como tienen trabajo y no es explicable que se eche a tantas personas teniendo encargos de la Junta, van a despedir a tanta gente por una cuestión de precariedad laboral.

Lo hacen para tener una plantilla en Extremadura con más eventuales en lugar de indefinidos, más baratos y más fáciles de despedir y, si me apuras, de manejar», recalca Gómez.

«Ningún gobierno autonómico sea del color que sea, ni partido político en Extremadura puede permitir que haya despidos en Tragsatec Extremadura. Y que no haya consecuencia posterior», critican desde la plataforma de afectados por los despidos en Tragsatec.

Cantero incide en que «Extremadura está recibiendo un castigo injustificado e inmerecido como buen cliente que es y ha sido a lo largo de muchísimos años de Tragsatec. La región aporta el mayor porcentaje de despidos en su ERE sin aportar causas económicas ni productivas» que lo justifique.

TRABAJADORES DE TRAGSA SE ENCIERRAN EN VALLADOLID EN PROTESTA POR EL ERE PLANTEADO POR LA EMPRESA

El Comité de Castilla y León, junto a trabajadores afectados por los despidos en Tragsa se encerraron en las instalaciones de la capital vallisoletana desde las 20,00 horas del 31 de diciembre, como signo de protesta por el Expediente de Regulación de Empleo planteado por la empresa que afecta a 300 trabajadores, 140 de los cuales son de Castilla y León.

La dirección de la empresa pública comunicó oficialmente a los sindicatos su intención de seguir adelante con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el día de Nochevieja, que ya tiene el triste de honor de ser el mayor ajuste de plantilla en una empresa pública española.

El presidente del Comité de Empresa, Ángel Hernández, explicó a Ical que la situación de la empresa no es la misma que hace dos años y este ERE, a su juicio, está «injustificado» y es «innecesario», al tiempo que los despidos se están llevando a cabo «con nocturnidad y alevosía».

Por estos motivos que han señalado, permanecerán encerrados en señal de total apoyo hasta el lunes, 4 de enero, que se celebrará una nueva reunión del Comité de Empresa con el fin de buscar una solución a esta situación.

Tragsa es una empresa pública dependiente de SEPI, que hace dos años decidió ejecutar un ERE de 726 trabajadores. Los representantes de los trabajadores, añadió, siempre le ofrecieron a la Dirección alternativas económicas para que no se produjeran despidos traumáticos, pero aquélla nunca los aceptó.

Actualmente, Tragsa tiene un beneficio de casi dos millones de euros, que si no fuera por la aventura internacional (ocho millones) y otros pagos pendientes, ascenderían a más de 20 millones de euros. La plantilla actual de la empresa es de 3.800 trabajadores fijos y 2.900 trabajadores eventuales.

LOS PAROS EN AUTOBUSES URBANOS DE ZARAGOZA (AUZSA) PODRÍAN AUMENTAR SI NO HAY ACUERDO EL DÍA 5

El 2016 sigue como acabó el 2015 para la dirección de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA), la plantilla y los ciudadanos: con una dura huelga que está alterando la rutina de aquellos que utilizan el bus como transporte.

Se van a retomar las negociaciones, más que enquistadas, sobre el convenio colectivo. La empresa y el comité llevan meses reuniéndose sin éxito alguno, lo que motivó iniciar la huelga y que, dependiente del resultado del próximo día, se podría endurecer todavía más.

El comité de empresa ya ha anunciado en más de una ocasión que están dispuestos a realizar más actuaciones a modo de presión con el objetivo de que AUZSA flexibilice su postura y se produzcan acercamiento.

Ambas partes han presentado sendas ofertas que no han convencido. Desde el comité consideran que AUZSA está «bloqueando» las negociaciones para poder seguir aplicando el laudo, con mayores beneficios económicos para la empresa en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Es posible que en el encuentro se debata sobre la última propuesta que ambas partes presentaron, aunque, será la asamblea la que decida finalmente si se endurece o no la huelga.

LOS NUEVOS DESPIDOS DE ‘EL MUNDO’ Y UNIDAD EDITORIAL AFECTARÁN AL ÁREA CORPORATIVA

RCS Mediagruop, editor de Unidad Editorial –El Mundo, Marca y Expansión- presentó un ambicioso Plan de Negocios con recortes para los próximos tres años. El plan prevé ajustes por valor de 60 millones de euros, de los cuales 15 millones serán sólo costes laborales.

De ellos, según ha indicado la nueva consejera delegada Laura Cioli, cinco millones se aplicarán en España principalmente en el área corporativa por la integración de muchos departamentos con sus homólogos italianos. Esto significa algunos despidos y recortes salariales si son necesarios.

Los directivos de Unidad Editorial se niegan a reconocer los nuevos despidos y siguen insistiendo en que ya han hecho los deberes durante los últimos siete años.

No obstante, la redacción del nuevo plan dice lo contrario. En total, 60 millones de ajustes -45 millones en costes estructurales y 15 millones en costes laborales- lo que mayoritariamente afectarán a Italia pero también tendrán una importante repercusión en España donde las estructuras corporativas de El Mundo, Marca y Expansión se verán afectadas.

La consejera delegada Laura Cioli ha reconocido recortes de cinco millones de euros en España, sólo en costes laborales lo que necesariamente significa ajustes de salarios o despidos.

El área corporativa será la más afectada ya que desde Italia se ha anunciado una integración entre departamentos corporativos como comercial, administración o dirección. Y es que en el Plan de ha explicado que se ficharán a nuevas personas pero a cambio de prescindir de otros tantos.

En España este último punto no está del todo claro, pero los directivos de Unidad Editorial ya han asumido que deberán realizar nuevos despidos en los próximos tres años, de lo contrario no llegarán a la meta de cinco millones de euros de recortes laborales que se les ha exigido desde Italia.

Pero no serán los únicos recortes. La compañía también impulsará ajustes en campañas de marketing, recortes costes de intermediación con agencias, optimización de costes logísticos, costes de transportes y de material de oficina.

Unidad Editorial es una de las empresas que ha sufrido con mayor dureza la crisis y que más empleo ha reducido con dos EREs y bajas individuales que han recortado la plantilla total en más de 900 puestos de trabajo. En 2007 el Grupo -que además incluye Marca y Expansión- empleaba a 2.300 personas y actualmente sólo mantiene a 1.400.

En El Mundo contando el papel, internet y delegaciones quedan poco más de 300 personas. Las últimas trece salidas se produjeron en las delegaciones de Andalucía y Valencia entre diciembre y noviembre del año pasado.

En los nueve primeros meses del año Unidad Editorial ha perdido 2,3 millones de euros (EBITDA) con una caída de ingresos del 8,7%. Por áreas, la circulación –ingresos por venta de ejemplares y suscripciones- se redujo un 12,9% y la Publicidad un 4%.

Los objetivos generales del Plan presentado hace dos semanas prevén el crecimiento de 1,5% en los ingresos de RCS en tres años, el recorte de costes de 60 millones de euros y un EBITDA excluyendo no recurrentes negativo en un 13%. Esperan además que el flujo neto de caja crezca de 95 a 100 millones en estos tres años.

DENUNCIAN INCUMPLIMIENTOS Y DESPIDOS DE LA ADJUDICATARIA DEL BUS TURÍSTICO DE TOLEDO

CCOO ha denunciado los incumplimientos por parte de la nueva empresa adjudicataria del servicio de bus turístico en la capital regional, City Sightseein Toledo, que tiene la concesión desde el 1 de enero de 2016, y que según ha denunciado el sindicato no ha subrogado al personal de la concesión, despidiendo a cuatro trabajadores.

En nota de prensa, CCOO ha pedido al Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias y exija a la empresa adjudicataria que cumpla con los requisitos a los que se comprometió para prestar este servicio, o que definitivamente se le retire la adjudicación por no cumplir con ellos.

Según el sindicato, la empresa ha despedido a cuatro trabajadores y ha incumplido de esta forma el Estatuto de los Trabajadores y el Acuerdo Nacional de Transportes de Viajeros aplicable a servicios turísticos municipales con estas características.

CCOO denuncia, además, que los autobuses utilizados no cumplen los requisitos y que se ha dejado de prestar el servicio al poco de comenzar la concesión, lo que «evidencia que en la manera de concurrir a la adjudicación no se garantice transparencia ni igualdad con otras empresas cumplidoras».

El sindicato ha insistido en reclamar medidas que permitan paliar la situación de los cuatro trabajadores que han sido despedidos y que garanticen el restablecimiento de la prestación de este servicio en unas condiciones de calidad para las y los usuarios, y más en un momento en el que Toledo quiere potenciar su imagen y el sector turístico con la capitalidad gastronómica.

DESPIDOS MASIVOS EN PLENA NAVIDAD EN EL ANTIGUO BROKER DE BANKIA BOLSA

Ajuste del 30% de la Plantilla en Beka Finance

Carlos Stilianopoulos, ex alto directivo del banco nacionalizado, ha anunciado un ajuste del personal en Beka Finance que afecta a un tercio de la plantilla tras duplicar el número de directivos

La Navidad y el fin de año no están siendo precisamente muy dulces para los empleados de Bankia Bolsa, rebautizada como Beka Finance después de que el broker catalán General de Valores y Cambios (GVC) comprase justo hace dos años el intermediario bursátil que en su día fue Caja Madrid Bolsa. Según fuentes del sector, la sociedad de valores ha anunciado la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un tercio de la plantilla de 71 trabajadores.

Ni un día hábil quieren dejar pasar los dueños de Beka Finance para aplicar un duro ajuste de costes recortes después de expirar el plazo de dos años al que se comprometieron con Bankia para mantener a la plantilla durante los dos años posteriores al traspaso de Bankia Bolsa.

La operación, que se firmó el 30 de diciembre de 2013, incluía varias condiciones, una de las cuales era la continuidad laboral de los ex trabajadores de la caja nacionalizada por al menos 24 meses.

La sociedad de valores ha anunciado la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un tercio de la plantilla de 71 trabajadores

Una vez llegada la fecha límite, Beka Finance, dirigida por Carlos Stilianopoulos Ridruejo, ex director de banca mayorista de Bankia y alto ejecutivo de Caja Madrid durante cerca de quince años, ha abierto un periodo voluntario de bajas, al que apenas se han apuntado siete personas.

Las bajas condiciones ofrecidas apenas han atraído a los empleados del broker, muchos de los cuales acumulaban más de 20 años de antigüedad en Bankia.

Por este motivo, la dirección de la sociedad de valores, el cuarto broker de España tan solo por detrás de BBVA, Sabadell y Santander Investment, está procediendo a ejecutar despidos forzosos, pese a que la firma vive principalmente de las operaciones de compra y venta de acciones y fondos que le traspasa la propia Bankia.

Stilianopoulos ha decidido aplicar la tijera a los empleados que están en la mesa de operaciones, pese a que en 2014 duplicó el número de ejecutivos

Cuando se firmó la adquisición de Bankia Bolsa por GVC, el banco dirigido por José Ignacio Goirigolzarri rubricó un acuerdo de colaboración con la nueva Beka Finance para que las órdenes bursátiles de los clientes del banco nacionalizado siguieran ejecutándose a través de su antiguo bróker.

Una forma de darle garantías del mantenimiento del negocio por un periodo de cinco años, pese a que el compromiso sobre la plantilla tan solo era de 24 meses.

Transcurrido este plazo, Carlos Stilianopoulos ha decidido aplicar la tijera a los empleados que están en la mesa de operaciones, pese a que en 2014 duplicó el número de ejecutivos, los cuales pasaron de cuatro a ocho.

Estos miembros del comité de dirección se repartían un salario de 1,5 millones de euros, sobre un total de 6,23 millones que Beka Finance destina al pago de sueldos y salarios de toda la plantilla.

La sociedad de valores ganó algo más de 500.000 euros en 2014, último año cerrado oficialmente y primero bajo la gestión de Stilianopoulos y GVC. En el ejercicio precedente, Beka Finance registró un beneficio de 7,3 millones.

FORO EXIGE AL PRINCIPADO QUE FRENE LA HUELGA DE LIMPIEZA EN EL HOSPITAL CANGUÉS

Cangas del Narcea

La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, reclama la intervención del Principado para frenar la huelga indefinida convocada en el servicio de limpieza del hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea a partir del jueves, 7 de enero.

El partido considera que el paro convocado obedece a razones poderosas de los sindicatos y exige al gobierno asturiano que no consienta «la explotación laboral en un centro sanitario público». Para Coto, la huelga «supone una grave amenaza para la prestación del servicio.

Foro considera que el paro se debe «a varios incumplimientos del pliego de condiciones del contrato, ante la falta de cobertura de las plazas vacantes, que provoca un aumento del trabajo del personal, de forma ilógica e injustificada, a lo que se suman otras cuestiones como el retraso en el abono de las pagas extras de junio y diciembre por parte de la empresa adjudicataria».

Según Coto, las condiciones de adjudicación obligan a la empresa a adecuar el número de trabajadores a las necesidades.

Foro añade que «un gobierno supuestamente socialista y obrero no debería consentir la explotación laboral en un centro sanitario público» y anuncia que tomará iniciativas parlamentarias para «esclarecer la situación y evitar las indeseables consecuencias de una huelga anunciada y más que razonable».

LA HUELGA DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS EN GIJÓN, PENDIENTE DE CERRAR EL ACUERDO

Los trabajadores de mantenimiento de los semáforos municipales trabajarán con normalidad, a pesar de la huelga convocada, tras el preacuerdo alcanzado el pasado 30 de diciembre para poner fin al conflicto. En caso de que se ratifique el preacuerdo, tampoco habrá un siguiente paro.

Los trabajadores hicieron huelga el 22, 20 y 30 de diciembre para que les garantizaran el cobro del 1% de subida salarial en 2015.

El motivo es el cambio en la concesión del servicio, que pasará de Sice a la UTE Esycsa-Etralux el próximo 15 de enero. Esta UTE subrogará a los 22 trabajadores y garantizará el pago de ese aumento del año pasado, que Sice se negó a asumir.

El delegado sindical, Marcelino Tejado, mostró sus temores a que la baja cercana al 20% que hizo Esycsa-Etralux para conseguir el contrato por dos años prorrogables, acabe derivando «en los mismos problemas que la empresa que se encarga del alumbrado».

IU PIDE AL GOBIERNO LOCAL UN PAPEL «MÁS ACTIVO» EN EL CONFLICTO LABORAL DE LA REGULACIÓN SEMAFÓRICA

La concejala de IU en el Ayuntamiento de Gijón Ana Castaño ha presentado una iniciativa que llevará al próximo Pleno encaminada a instar al Gobierno local que asuma un papel «más activo» con relación al conflicto laboral de la empresa del servicio de regulación semafórica, cuyos trabajadores, a pocos días de ser subrogados a la nueva UTE adjudicataria, han suspendido la huelga prevista para este día para facilitar la negociación, así como que se valoren posibles sanciones.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio, en la que ha recordado que los trabajadores tienen pendiente negociar un nuevo convenio colectivo que incorpore las subidas salariales de 2015, ya con carácter retroactivo, y de 2016, y todo ello teniendo en cuenta que la nueva adjudicataria comenzará a prestar el servicio el próximo 15 de este mes.

Castaño, que ha matizado que la iniciativa plenaria la presentó IU antes de que se anunciara la suspensión de la huelga, quiere también que el Gobierno local exija responsabilidades pertinentes a la empresa del servicio por los perjuicios derivados por la no prestación o la prestación deficiente del servicio durante las jornadas de huelga. A su juicio, esta debería ser sancionada de acuerdo las normas que marque la ley.

La edil ha remarcado que el Gobierno local llegó «tarde» a intermediar en este conflicto; solo cuando pasaron dos o tres días de huelga y las consecuencias en la ciudad eran «notables», a su parecer.

Por este motivo, le ha conminado a estar vigilante con la nueva empresa y que no llegue tarde, tanto con el cumplimiento de las condiciones laborales como, a mayores y aunque no esté incluido en la iniciativa, con el precio de adjudicación del contrato, un 20 por ciento aproximadamente por debajo del de la licitación.

BOMBEROS DE MURCIA LLEVARÁN SU PROTESTA A LA CABALGATA DE REYES

Repartirán globos y caramelos a los niños e informarán a sus padres de sus reivindicaciones – Están en huelga desde el 1 de enero

Imagen de las protestas de los bomberos ante la concejalía de Seguridad

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Los bomberos de Murcia, que están de huelga desde el pasado 1 de enero, han decidido llevar su protesta a la Cabalgata de Reyes del 5 de enero.

Según explica el Comité de Huelga en un comunicado, han tomado la decisión «ante la indiferencia y la falta de voluntad mostrada por alcalde», que no ha atendido por el momento sus peticiones de mediación.

Los bomberos explican que asistirán a la Cabalgata, en la que darán caramelos y globos a los niños y, de paso, aprovecharán la ocasión para explicar a los adultos que encuentren en su recorrido las reivindicaciones que tienen y los motivos que les han llevado a convocar este paro.

Desde que decidieron convocar la huelga, los bomberos han llevado a cabo varios actos reivindicativos en la calle, con el principal objetivo de informar a los ciudadanos de sus motivos.

Según explica el comité de huelga, toda la plantilla operativa, excepto la jefatura de Servicio, está en huelga desde el comienzo del año.

CARMENA AMENAZA A LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA CON “LAS SANCIONES MÁS ALTAS” SI NO RETIRAN EL ERTE

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, ha mostrado su ‘mano dura’ después de que dos de las concesionarias de limpieza de la capital, OHL y Valoriza, anunciaran la reactivación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) –por el que sus trabajadores se quedan sin trabajo 45 días al año.

El Consistorio ha amenazado a las empresas con aplicar “las sanciones más altas contempladas en los respectivos contratos” si no retiraban de manera “definitiva” los ERTE, según han señalado a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, Carmena ha subrayado la necesidad de que todo el personal esté disponible durante la campaña de Navidad y de recogida de hojas, ya que en caso contrario se estarían incumpliendo las condiciones acordadas entre ambas partes –lo que justificaría las sanciones anunciadas.

“La Concejalía de Medioambiente y Movilidad ha demostrado en todo momento voluntad de diálogo para mejorar el funcionamiento de los servicios de limpieza, siempre con la condición evidente de contar con más trabajadores en los diferentes servicios y como primer paso hacia la retirada definitiva de todos los ERTE”, han señalado.

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