Boletín de Luchas Obreras (5 de Agosto de 2018)

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ÍNDICE

  • DAVALOR CONTEMPLA UN ERE CON DESPIDOS
  • UNA JUEZ CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE CALP A PAGAR OTROS 200.000 EUROS A TRABAJADORES DESPEDIDOS Y YA VA CASI UN MILLÓN
  • 22 PROFESIONALES SANITARIOS DE LEÓN EN LA HUELGA DE SIMECAL
  • SUSPENDEN LA HUELGA DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES Y SE MANTIENE LA DE LOS FORESTALES, SIN EFECTOS PRÁCTICOS EN GALICIA
  • EL SECTOR DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID DECIDE IR A LA HUELGA
  • UGT DENUNCIA A DELIVEROO Y GLOVO POR FRAUDE LABORAL DE FALSOS AUTÓNOMOS
  • EL GOBIERNO LOCAL DE VIGO EXIGIRÁ A DORNIER LA READMISIÓN DE LOS 8 TRABAJADORES DESPEDIDOS
  • LAS PERFUMERÍAS JUTECO, BODYBELL E IF CERRARÁN 53 TIENDAS EN ESPAÑA Y DESPEDIRÁN A 266 PERSONAS
  • LA VENTA DE VIRGINIAS PROVOCA EL DESPIDO DE MÁS DE 120 TRABAJADORES
  • REPARTIDORES DE PRENSA DE MADRID FINALIZAN LA HUELGA INDEFINIDA TRAS ACERCAR POSTURAS CON EMPRESA DISTRIBUIDORA
  • LOS TRABAJADORES DE VESTAS DECIDEN CONTINUAR CON LA HUELGA INDEFINIDA, AL MENOS HASTA SEPTIEMBRE
  • PAROS DE DOS HORAS Y CONCENTRACIONES MARCAN EL PRIMER DÍA DE HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL 061
  • UNA EMPRESA CÁRNICA GALLEGA, OBLIGADA A REGULARIZAR A 1.350 FALSOS AUTÓNOMOS

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DAVALOR CONTEMPLA UN ERE CON DESPIDOS

Noticias de Navarra

Davalor, empresa dedicada al diseño y la fabricación de máquinas de análisis visual, contempla un ERE de rescisión de contratos dentro del plan de viabilidad presentado hace dos semanas para hacer frente a la delicadísima situación en la que se encuentra.

La compañía, que ha contado con el apoyo de Sodena y se ha embarcado en un concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas, cuenta ya con un administrador concursal que debe decidir su destino.

La firma se ha financiado mediante aportaciones de particulares a los que se prometió una elevada rentabilidad y no ha podido hacer frente a los pagos. Se encuentra a la espera de que un fondo de Letonia complete su inversión.

UNA JUEZ CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE CALP A PAGAR OTROS 200.000 EUROS A TRABAJADORES DESPEDIDOS Y YA VA CASI UN MILLÓN

eldiariocv – Denia

La magistrada obliga a compensar de nuevo a 9 de los funcionarios que fueron despedidos por el gobierno de César Sánchez en 2012, una decisión anulada el año pasado por el Tribunal Supremo y que ha supuesto una auténtica sangría para las arcas municipales

Suma y sigue. Últimamente, a las arcas municipales de Calp se les va el dinero en los tribunales. Ahora, la magistrada del juzgado número 1 de lo Social de Benidorm ha emitido un auto fechado el pasado 12 de julio en el que condena al ayuntamiento, gestionado por el PP, a pagar 208.400 euros más a nueve de los catorce trabajadores que fueron despedidos por el consistorio hace ya seis años en conceptos de indemnizaciones y salarios de tramitación.

En total, el municipio ha tenido que compensar a esos antiguos funcionarios con cerca de un millón de euros del dinero de todos los vecinos.

Es un caso que se arrastra desde hace una eternidad. Poco después de llegar al poder, en 2012, el actual alcalde, el popular César Sánchez, decretó el despido de 14 trabajadores con la excusa de que había que meterle mano al déficit municipal.

La oposición criticó que detrás de aquella decisión había argumentos políticos, una especie de caza de brujas. Lo cierto es que una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en enero de 2017 consideró que la decisión del gabinete de Sánchez no se ajustaba a derecho. Y obligaba a readmitir a los empleados tras declarar nulo aquellos despidos.

Después, se produjo una rocambolesca historia. En febrero del pasado año, el gobierno de Sánchez decidió readmitir a los funcionarios, pero un par de semanas más tarde, en marzo de 201, volvió a despedir a nueve de ellos tras comunicarles que sus servicios ya no eran necesarios.

A partir de entonces, los ya extrabajadores han pasado un largo calvario para poder percibir las indemnizaciones a las que tenían derecho según la sentencia del Supremo, que el ayuntamiento siempre ha sido reacio a cumplir. Aún así, desde mayo de 2017 el consistorio ya les ha tenido que abonar 600.000 euros, a los que hay que sumar 160.000 más por las cotizaciones a la Seguridad Social.

Pero todavía había cuentas pendientes entre el gobierno local y los trabajadores y en ese auto del 12 de julio, todavía recurrible, la magistrada ha fijado al fin la cantidad específica que deben percibir del consistorio calpino tras declarar definitivamente extinguida la relación laboral entre ambas partes: 72.200 euros en concepto de indemnizaciones y 136.200 en lo que respecta a los salarios de tramitación.

Ambas cifras suman los 208.400 euros que deberán ser abonados a los antiguos empleados municipales. Y si se suman a las cantidades anteriormente indicadas desde la sentencia del Supremo, resulta que la controvertida decisión asumida hace seis años por el ejecutivo del PP de echar a la calle a aquellos trabajadores le ha costado ya a la población cerca de un millón de euros. 960.000 para ser más exactos.

Segunda condena en apenas una semana. Es por cierto el segundo varapalo reciente que recibe Calp en los tribunales después de que otra sentencia condenara al ayuntamiento a una multa de diez mil euros, en este caso por un episodio de acoso laboral.

22 PROFESIONALES SANITARIOS DE LEÓN EN LA HUELGA DE SIMECAL

leonoticias.com

La Consejería de Sanidad destaca la «mínima incidencia» de la convocatoria y asegura que la actividad asistencial se desarrolló «con normalidad»

La Consejería de Sanidad informó que 139 médicos de familia secundaron en esta jornada la huelga indefinida convocada por el Sindicado Médico de Castilla y León (Simecal), lo que supone «una mínima incidencia».

En concreto, este dato implica un 12 por ciento de los médicos que tenían que incorporarse en dicho turno a su puesto de trabajo, que asciende a 2.007, teniendo en consideración que 716 profesionales se encontraban prestando servicios mínimos. La convocatoria estaba dirigida a 2.885 médicos de familia de Atención Primaria.

En este sentido, las mismas fuentes aseguraron que los centros de salud han llevado a cabo la actividad asistencial «con normalidad en la jornada, sin que se hayan registrado incidentes en ningún punto de la Comunidad».

En el cálculo del seguimiento se han tenido en cuenta exclusivamente los facultativos que podían ejercer su derecho a la huelga; no se incluyen, por lo tanto, los profesionales de servicios mínimos y tampoco los que se encuentran de vacaciones o permiso.

El número de profesionales que secundaron la huelga, distribuido por áreas de salud, ascendió a 18 en Ávila (21,18 por ciento); 17 en Burgos (13,28 por ciento); 22 en León (16,92 por ciento); tres en El Bierzo (4,76 por ciento); diez en Palencia (13,16 por ciento); 31 en Salamanca (15,9 por ciento); diez en Segovia (13,89 por ciento); tres en Soria (5,08 por ciento); otros tantos en Valladolid Este (3,23 por ciento); dos en Valladolid Oeste (1,48 por ciento); y 20 en Zamora (17,24 por ciento).

La Junta de Castilla y León destacó, a través de un comunicado, que garantiza la asistencia sanitaria en todos los centros de salud, tanto en el caso de urgencias como en los pacientes crónicos a los que no se les pueda demorar la asistencia.

Para ello, estableció servicios mínimos que afectan a 716 profesionales. Otros 1.013 médicos de familia no siguieron la convocatoria de huelga. En resumen, 1.729 médicos de familia han trabajado con normalidad y 139 han ejercido su derecho a la huelga.

El número de usuarios de Medora en el día de hoy, 3.940 a las 11 horas, era similar al que se produjo el miércoles pasado, también inferior a 4.000 usuarios.

SUSPENDEN LA HUELGA DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES Y SE MANTIENE LA DE LOS FORESTALES, SIN EFECTOS PRÁCTICOS EN GALICIA

Santiago de Compostela (Europa Press)

El comité de huelga de los agentes medioambientales ha suspendido el paro indefinido convocado por la «irresponsabilidad» que, a su juicio, supondría dejar que los servicios mínimos –establecidos en un 20% del personal– realizasen su trabajo en solitario.

La que se mantiene es la huelga a la que están llamados desde este 1 de agosto los agentes forestales, adscritos a la Consellería de Medio Rural, que, como contará con unos servicios mínimos del 100%, no tendrá efectos prácticos.

En las dos jornadas de huelga secundadas los días 25 y 26 de julio, los sindicatos convocantes, CIG y UGT, cifraron en un 100% el seguimiento en el colectivo de agentes forestales, circunscrito a aquellos que estaban «de guardia».

Esta decisión ha sido tomada después de la reunión entre sindicatos, el comité de huelga y el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, que estuvo acompañado por representantes de las consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente.

En este encuentro, los representantes de los trabajadores y la Xunta no han acercado posturas y, según informaron las centrales sindicales, la Administración autonómica se comprometió a enviar una nueva propuesta.

Con todo, las organizaciones sindicales están convencidas de que el documento que envíe Barreiro será «completamente insatisfactorio», ya que, según vaticinan, no contemplará la subida salarial vinculada al complemento específico que los profesionales reclaman.

«Intención impositora»

Además, la portavoz de la CIG Zeltia Burgos ha acusado a la Xunta de «mala fe negociadora» y ha criticado también una «intención impositora» ante las medidas propuestas por los sindicatos, que buscan «mejorar las condiciones laborales» de los agentes forestales y medioambientales.

Asimismo, Burgos ha censurado que las consellerías pretenden «desmontar el marco actual» de trabajo e «imponer» determinadas medidas para cubrir ciertas necesidades que acaban por «desvirtuar la capacidad de negociación» entre ambas partes.

Servicios Mínimos

En este sentido, el delegado de UGT Carlos Sanmiguel ha calificado de «pésima» esta reunión y ha reprobado la «irresponsabilidad» de la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, al establecer unos servicios mínimos de agentes medioambientales del 20% de la plantilla.

Estos servicios mínimos, ha explicado, se traducen en que un agente medioambiental «se ocupe de un distrito entero», lo que significa «20, 25 o 30 ayuntamientos para un trabajador», algo que los sindicatos no tolerarán, ya que «lo primordial es garantizar la seguridad de los trabajadores».

En el otro lado, los agentes forestales tienen establecidos unos servicios mínimos del 100% de la plantilla, algo que la Burgos tacha de «discriminatorio» con respecto al colectivo medioambiental.

El comité de huelga y los sindicatos reclaman, entre otras cuestiones, la modificación de su jornada laboral, una subida económica que no esté vinculada a la realización de guardias, sino que se plasme en el complemento específico, una segunda actividad que garantice no estar en primera línea de fuego a los agentes forestales de más edad y modificar los coeficientes reductores de cara a la jubilación.»

EL SECTOR DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID DECIDE IR A LA HUELGA

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

Los trabajadores y trabajadoras del sector de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid pertenecientes a las dos únicas empresas, Ingeniería Forestal S.A., Matinsa, Mantenimiento de Infraestructura S.A. (del grupo FCC), que prestan el servicio para la Comunidad de Madrid, han decido movilizarse durante el mes de Agosto.

El día 20 de Julio de 2018, se celebró acto de mediación previa a la huelga sin que la patronal y las empresas adjudicatarias hayan intentado acercar posturas, manteniendo el inmovilismo, lo que ha hecho inviable un acercamiento entre las partes.

Por ello, y debido al bloqueo total en las negociaciones del convenio colectivos sectorial de Prevención de incendios, ha llevado a todas las secciones sindicales presentes en la negociación del convenio colectivo convocar huelga de 24 horas que se llevará a efectos todos los fines de semana del mes de Agosto de 2018 (4, 5, 11,12, 18, 19, 25, 26).

Así, la principal causa de la huelga es la no aceptación por la asociación patronal ASEPEIF de la práctica totalidad de las propuestas hechas por la parte social al objeto de alcanzar un acuerdo en cuanto al convenio colectivo del sector. Las reivindicaciones fundamentales de la parte social son, entre otras:

– Incremento y revisión salarial

– Pluses

– Jornada laboral

– Salud laboral

– Ingresos

– Clasificación profesional: categoría bombero forestal.

– Tiempo de trabajo

– Turno 2×2

– Conciliación de la vida laboral

Así, las negociaciones del convenio colectivo vienen alargándose más de 8 meses, con más de 15 reuniones, sin que exista una posición por parte de la asociación patronal ASEPEIF que vislumbre un acercamiento a los planteamientos de la parte social.

Su última propuesta salarial no se acercaba al 2% de media en los 4 años que han ofrecido como duración del convenio, cuando la pérdida de poder adquisitivo en estos últimos años, más el incremento salarial pactado en el AENC evidencian que la subida que al menos debería acometer la patronal en el primer año de convenio sería del 10 %.

Por todo ello, y ante la postura empresarial de mantener como plataforma y línea de negociación el convenio colectivo vencido, de no ceder en ningún punto planteado por la parte social, el inmovilismo en los puntos críticos y ante la pasividad de la administración, todo ello ha confluido para que los trabajadores y trabajadoras del sector hayan decidido iniciar un verano caliente en base a reclamar el reconocimiento de la profesión de Bombero forestal, mejoras sociales, laborales, de salud laboral, de turnos, de vacaciones, y económicas en pro de conseguir un nuevo convenio colectivo.

UGT DENUNCIA A DELIVEROO Y GLOVO POR FRAUDE LABORAL DE FALSOS AUTÓNOMOS

Cecilia Guzmán – elplural.com

«Se ofrece contratos precarios y abusivos, que rozan el umbral de la pobreza, propios del siglo XIX»

UGT ha anunciado acciones legales contra plataformas digitales, como Deliveroo y Glovo, por fraude laboral al sustentarse en falsos autónomos y someter a los trabajadores a «una realidad del siglo XIX».

En rueda de prensa, el sindicado ha denunciado la precariedad que padecen estos trabajadores en un negocio que consiste en «explotar a las personas, no respetar la legislación vigente» amparados en «la reforma laboral» del anterior Gobierno de Mariano Rajoy y «la desregulación».

«Se ofrece trabajos precarios, abusivos e insalubres, que fomentan el empleo involuntario y que vulneran claramente la legalidad laboral vigente al considerar a sus empleados como autónomos cuando son, a todas luces, asalariados. Plataformas camaleónicas que están en continua adaptación para vulnerar la ley eludir sus responsabilidades», ha explicado el sindicato.

UGT creó una plataforma digital para denuncias

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha explicado que el sindicato ha podido conocer la realidad del sector gracias a la plataforma digital «Tu Respuesta Sindical Ya», donde estos trabajadores han podido denunciar su situación.

Hasta el momento, han recibido 1.047 preguntas por este medio. «Al principio rehuían el contacto con el sindicado por miedo a represalias, la plataforma nos permitió llegar a ellos».

Según ha constatado el sindicato, empresas como Deliveroo, Glovo, Ubereats y Stuart asumen un papel de simple «intermediador» entre los trabajadores, a los que ellos llaman «colaboradores, y el cliente final, sin asumir ninguna responsabilidad, aunque sí los beneficios».

La UE constató la precariedad laboral en estas plataformas

El dirigente sindical ha criticado que estas empresas actúen amparadas en la reforma laboral, sin regirse por convenios sectoriales, una realidad que ha considerado «que difícilmente podrá cambiar sin la presencia sindical». Según datos de la Unión Europea, en su informe Joint Research Centre, más de dos millones de trabajadores en España «obtienen de estas plataformas una cantidad significativa de sus ingresos y otros 700.000 tienen en este tipo de actividades precarias su empleo principal».

Estas personas, según ha subrayado Gonzalo Pino, «dependen de un salario que roza el umbral de la pobreza», y a veces no llega ni al Salario Mínimo Interprofesional.

De acuerdo con el citado estudio, España es el segundo país de Europa con mayor número de trabajadores de plataformas.

Las compañías pagan para no llegar a juicio

El sindicato ya ha interpuesto varias denuncias individuales por despidos improcedentes, que no han llegado hasta la sala porque se llegaron a acuerdos económicos.

Las compañías ofrecen al trabajador hasta el triple del valor de las indemnizaciones que obtendrían para no llegar a juicio. Ante esto, UGT ha cambiado la estrategia y ha iniciado procesos de conflicto colectivo.

El sindicado ha informado que el 20 de diciembre pasado interpuso una denuncia ante la Dirección General de Trabajo por fraude laboral de falsos autónomos a estas empresas, y en febrero se denunció, también, en la Inspección de Madrid, las condiciones de trabajo peligrosas para la salud sobre carga y transporte con bicicleta. llegan a transportar 40 kilos, en jornadas largas de stress para que les llamen o entregar a tiempo un pedido».

«Las nuevas tecnologías no pueden significar precariedad laboral, que los trabajadores vivan una realidad del siglo XIX», ha dicho el dirigente sindical.

El asunto llega a la Audiencia Nacional

UGT ha desvelado que Deliveroo está exigiendo «un acuerdo profesional» a sus trabajadores para intentar «darle un aspecto legal» a la relación laboral, y está obligándoles a afiliarse, si no, pierden su continuidad en la plataforma.

Actualmente esta compañía «tiene una deuda con la Seguridad Social de 3 millones de euros en cuotas no satisfechas, más el 20% de incremento mensual por demora, según se detectó en cuatro actos de inspección de Trabajo», según ha señalado Gonzalo Pino.

A finales de año se celebrará un juicio en la Audiencia Nacional por falsos autónomos en Glovo, tras una demanda presentada por UGT contra la compañía. El 5 de julio se celebró un acto de mediación previo, pero no hubo acuerdo.

El Gobierno crea la figura de un fiscal laboral

El sindicato, que llamará a movilizarse, en noviembre próximo, a todos los trabajadores de estas plataformas, ha conseguido que el Gobierno respondiera favorablemente con la creación de la figura de un fiscal en materia de derechos laborales, acordado en el Consejo de Ministros, ha anunciado con satisfacción los representantes de UGT.

Plataformas de abogados, médicos, empleados domésticos

El coordinador de la plataforma «Tu Respuesta Sindical Ya», Rubén Ranz, ha destacado que estas plataformas «afectan a todas las actividades económicas», y no sólo las mencionadas, «desde empleados domésticos a abogados, médicos o terapeutas» y contribuyen a la «desprofesionalización de actividades que deben estar regulados para beneficio de toda la sociedad».

En cuanto al funcionamiento de las plataformas denunciadas, Ranz ha denunciado que «ocultan parámetros» en sus web para que «no se pueda probar la relación laboral con sus trabajadores».

EL GOBIERNO LOCAL DE VIGO EXIGIRÁ A DORNIER LA READMISIÓN DE LOS 8 TRABAJADORES DESPEDIDOS

Mauro Picatoste – Cadena SER – Vigo

La delegación sindical convocará huelga indefinida del servicio si no se soluciona la situación

El gobierno local exigirá a Dornier la readmisión inmediata de los ocho trabajadores del XER (Xestión de Estacionamiento Regulado) despedidos en la reunión que van a mantener.

Desde el Concello, aseguran que las cartas de despido no se ajustan en su argumentación al pliego de condiciones.

Las razones que esgrime Dornier para los despidos son el número de plazas, donde hacen referencia a la cantidad de la anterior concesión, 2850, y no al actual, 2132; y la ratio trabajador-plaza de aparcamiento, que es de 1 vigilante por un máximo de 150 plazas.

Desde el gobierno local, aseguran que ninguna de las dos razones se ajusta a lo reflejado en el pliego y que, en caso de que la empresa no dé marcha atrás en su decisión, llegarán, si es necesario, a la consecuencia más extrema, es decir, la revocación de la concesión.

El Partido Popular se ha reunido con los trabajadores del XER para conocer de primera mano el problema. Después de la reunión, los populares han ofrecido todo su apoyo al gobierno local en la negociación con la empresa.

Si en lo que resta de semana no se soluciona la situación de los ocho trabajadores, la delegación sindical ha anunciado huelga indefinida del servicio.

LAS PERFUMERÍAS JUTECO, BODYBELL E IF CERRARÁN 53 TIENDAS EN ESPAÑA Y DESPEDIRÁN A 266 PERSONAS

Agencia EFE

Supone una rebaja sobre el hachazo inicial, pero sigue siendo duro: recorta el 20% de su plantilla en nuestro país.

El Grupo Douglas, propietario de las marcas Juteco, Bodybell e If ha anunciado que ha reducido el número de despidos planteados inicialmente a los sindicatos de 334 trabajadores a 226 en España (el 20% de la plantilla en nuestro país), al tiempo que cerrará 53 tiendas frente a las 60 anunciadas, ha informado USO, sindicato mayoritario en la cadena de perfumerías.

El grupo alemán, que engloba las marcas Douglas, Juteco, Bodybell e If, presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) alegando causas económicas y productivas. La mayoría de los cierres se centrarán en Madrid (25), seguida de Castilla-La Mancha (6), Andalucía (4), Aragón (4) Asturias (3), Castilla y León (3), La Rioja (2), País Vasco (2), y una en Cantabria, Extremadura, Galicia y Navarra.

Según la misma fuente, se ha conseguido que no echen el cierre establecimientos de Bodybell, Douglas e If ubicados en Málaga, L’Entregu, Las Palmas de Gran Canaria, Barakaldo, Antequera, León y Calahorra.

El año pasado, Bodybell se vio inmerso en otro ERE (que afectó a 255 personas y 60 tiendas) tras ser comprado en marzo por el grupo germano Douglas al fondo HIG Capital, aunque el recorte de plantilla formaba parte, no obstante, del proceso de reestructuración que se inició en 2015 para sanear la compañía.

En el marco de dicha reestructuración, Bodybell dio por finalizado en febrero de 2016 el ERE que abrió un año antes con 315 afectados y el cierre de 22 establecimientos. HIG, presente en la compañía desde 2009, compró Bodybell en 2015, cuando era su principal acreedor a través de Bayside Capital.

de Perfumería y Cosmética Multimarca en España, recientemente publicado por Alimarket Revista. Tras el cierre de las 53 tiendas acordadas, su red comercial estará integrada por 325 establecimientos, ya todos ellos con el anagrama ‘Douglas’, cuyas direcciones exactas puede conocer utilizando el Buscador de Establecimientos de la Base de Datos Alimarket.

LA VENTA DE VIRGINIAS PROVOCA EL DESPIDO DE MÁS DE 120 TRABAJADORES

Marc Càmara – Diari de Tarragona

37 personas mantendrán el lugar de trabajo. Los sindicatos se reúnen este mediodía para abordar la situación

El juzgado mercantil de Tarragona emitió el auto de adjudicación de la unidad productiva y las marcas de Virginias. Acrimont Investment y Risi hicieron la mejor oferta, de algo más de 5 millones de euros, en la subasta celebrada y se repartirán los activos y los pasivos de la emblemática marca reusense.

Una de las derivadas del proceso concursal era la afectación que podría conllevar la venta de Virginias para la masa de trabajadores. Según el auto del juez, una de las empresas que hicieron la oferta ganadora, Acrimont, subrogará 37 trabajadores, 17 de fijos, y 20 de fijos discontinuos.

Todo ello sobre un total de más de 160 personas que trabajaron, de media, en la compañía a lo largo de 2017. Todo ello implica, pues, el despido de más de 120 personas. Virginias gestiona dos plantas, una en Reus y otra en Pardinyes, en Lleida.

Reunión de los trabajadores

El grueso de los despidos se centraría en la capital del Baix Camp, dónde trabajan alrededor de 150 personas, un centenar de fijas, y el resto fijas discontinuas.

En la fábrica de Pardinyes también se prevé un expediente de regulación de empleo (ERE) para aquellos trabajadores que no quisiera asumir Acrimont. Actualmente trabajan en la fábrica ilerdense alrededor de quince personas.

Los trabajadores de Virginias no quieren hacer ninguna valoración al respecto de la situación de la compañía y su futuro inminente. Fuentes del comité de empresa aseguran que este mediodía se celebrará una asamblea para informar a los trabajadores.

Algunas fuentes sindicales no descartan movilizaciones, aunque asumen que la situación es irreversible. El mismo auto del juez dictamina el coste de los despidos: alrededor de un millón y medio de euros.

Fuentes de la compañía explican al Diari que durante el proceso concursal la totalidad de la plantilla estuvo en peligro. Finalmente, la oferta ganadora permitirá garantizar un mínimo de 37 puestos de trabajo, aunque falta determinar en qué medida afectará a las dos plantas.

Más teniendo en cuenta que la empresa se prepara para una campaña de navidad donde los turrones tendrán un importante protagonismo. De hecho, se espera que Virginias lance al mercado nuevos productos en el sector para consolidar la campaña del pasado invierno.

El hecho de que sea Acrimont Investment, una empresa ubicada en Agramunt, en el que existe una indicación geográfica protegida para este tradicional dulce navideño, da alas a los responsables de Virginias que podrá cumplimentarse la oferta y dotarla de mayor calidad.

La maquinaria y las marcas

Acrimont Investment y Risi han pagado alrededor de 1,8 millones de euros para gestionar la marca Virginias y algunas de las submarcas de Industrias Rodríguez, como B-San o Glassmins.  Según el auto del juez, la empresa de Agramunt se quedará con aquellos productos relacionados con el turrón y el chocolate, mientras que Risi, empresa especializada en aperitivos, gestionará aquellos productos del sector de las galletas y los caramelos. Risi tendrá la potestad de utilizar la marca Virginias durante los próximos cinco años.

El resto del dinero de la oferta hasta alcanzar los 5,1 millones de euros se destina a los activos de la unidad productiva. Risi, empresa con prácticamente 50 años de historia, se quedará con la maquinaria de confitería de Industrias Rodríguez, además de dos millones de euros en stock de productos.

REPARTIDORES DE PRENSA DE MADRID FINALIZAN LA HUELGA INDEFINIDA TRAS ACERCAR POSTURAS CON EMPRESA DISTRIBUIDORA

Madrid (Europa Press)

Los repartidores de prensa han puesto fin a la huelga indefinida que mantienen desde el 20 de julio y realizarán el reparto «con normalidad» tras acercar posturas con la empresa distribuidora Boyacá, según ha informado la unión de autónomos UATAE en un comunicado.

Representantes de los repartidores en huelga y de la empresa distribuidora han mantenido una primera reunión de negociación en la sede de UATAE, donde se ha «desbloqueado» la situación de paros en el servicio y se ha acordado que los repartidores «se reincorporarán» a sus puestos de trabajo y » el reparto se realizará con normalidad».

Para la secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha expresado su optimismo por la apertura del diálogo y pide «cautela sobre el avance de las negociaciones». «La negociación se reanudará y debe ser ágil para permitir la normalidad en el reparto de prensa, garantizando el derecho a la información de la ciudadanía y los derechos de los trabajadores», ha anunciado.

El 20 de julio, los repartidores comenzaron la huelga indefinida para reclamar que la empresa distribuidora no despidiese a 130 de estos trabajadores autónomos y que no redujesen la retribución diaria por la prestación del servicio. Así, durante las primeras jornadas de paros, además de cesar el reparto, se produjeron algunos incidentes con intimidación, pero sin violencia en algunos puntos de distribución de prensa.

Por su parte, los repartidores encontraron el apoyo de los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, mientras que suscitaron críticas de la Asociación de Medios de Información (AMI). Boyacá y repartidores acordaron, a través de UATAE, la celebración de este primer encuentro.

LOS TRABAJADORES DE VESTAS DECIDEN CONTINUAR CON LA HUELGA INDEFINIDA, AL MENOS HASTA SEPTIEMBRE

S. Fernández – leonoticias.com

Corte de carretera, realizado en la nacional León-Astorga a su paso por Villadangos

Viajaran a Madrid para movilizarse a las puertas de la sede que la compañía danesa tiene en la capital madrileña

Comienza un mes caliente para los trabajadores de Vestas en León. Los empleados de esta empresa a los que no se les garantiza la producción más años de 2019, llevan tres semanas de huelga indefinida y ya han decido por unanimidad continuar, al menos hasta septiembre.

Parones, encierro de tres compañeros en la sede provincial de Trabajo o manifestaciones han sido una constante estas últimas semanas. El jueves, 2 de agosto, tienen previsto una concentración a las puertas de la sede de Vestas en Madrid.

Los trabajadores de la fábrica de León se desplazarán en autobús para elevar la protesta más allá de la provincia de León trasladándose a la sede central en España de Vestas.

Durante la mañana, han realizado un corte de carretera en la nacional León-Astorga a su paso por Villadangos. Una quema de neumáticos ejemplarizó la lucha que están llevando a cabo los trabajadores de Vestas para revertir la actual situación de incertidumbre laboral en la que se encuentran.

La plantilla, 180 temporales que acaban ahora su relación y más de 380 fijos, siguen reivindicando que el centro leonés de Vestas no se cierre, y tal y como exponen sus empleados, «ahora de una manera más contundente». Los empleados han tomado como referencia las movilizaciones mineras, «una forma de lucha aprendida durante años, que igual que en aquella época, lo que está en juego es el futuro de la provincia», sostiene la plantilla.

Los trabajadores ya han decidido por mayoría absoluta en asamblea continuar en septiembre con la huelga indefinida. «La unidad y la combatividad de la plantilla está más clara que nunca y entran en agosto continuando la huelga indefinida y con certeza de continuar en septiembre con todo tipo de movilizaciones para evitar el cierre de su centro de trabajo», afirman desde el interior de la plantilla.

PAROS DE DOS HORAS Y CONCENTRACIONES MARCAN EL PRIMER DÍA DE HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL 061

Diario de Pontevedra

Denuncian unos servicios mínimos «abusivos» para el personal sanitario

Los trabajadores del 061 han iniciado, con paros de dos horas y concentraciones, la huelga indefinida contra el traslado de su centro de trabajo desde Santiago de Compostela a unas nuevas dependencias en A Estrada, un cambio que la Xunta prevé realizar en el mes de octubre.

En esta primera jornada de huelga el personal estatutario ha parado desde las 12,00 hasta las 14,00 horas, tiempo durante el que varios trabajadores han celebrado una concentración en la entrada del edificio de San Marcos en el que se ubican las instalaciones del servicio. Además, está convocado otro paro entre las 19,00 y las 21,00 horas.

Según ha explicado a Europa Press el presidente de la junta de personal del 061, Mario Otero, el seguimiento es «mayoritario» aunque ha reconocido que deben cumplir «los servicios mínimos abusivos» del «100% marcados para el personal sanitario y del «20%» para el resto de empleados.

Precisamente, esta cifra el «100%» llevó a los representantes de los trabajadores a presentar un recurso de amparo en el juzgado en protesta contra estos servicios mínimos.

Incidente

En su intervención, Mario Otero ha censurado que la dirección del 061 obligase a retirar unos carteles con información sobre la huelga que tenían colgados en las dependencias del 061 de San Marcos. Al respecto, ha asegurado que puede suponer un «quebranto» de la «obligación» que los representantes de los trabajadores tienen de «informar» sobre el paro. Con todo, ha explicado que no se han producido incidencias para los usuarios.

En concreto, los trabajadores reivindican una compensación económica de los gastos que supone el desplazamiento hasta el municipio de A Estrada, así como que se tenga en cuenta la duración del traslado, toda vez que tienen que realizar «30 kilómetros de ida y otros 30 de vuelta» hasta su nuevo centro.

Además, critican que la Xunta estuviese «aplazando» las negociaciones pese a tener constancia de las peticiones del personal de este servicio desde mayo de 2017.

UNA EMPRESA CÁRNICA GALLEGA, OBLIGADA A REGULARIZAR A 1.350 FALSOS AUTÓNOMOS

Marcos Pérez Pena – eldiario.es

Coren acepta contratar a los trabajadores que operaban en la compañía a través de Servicarne, gracias a la presión sindical y a la actuación de Inspección de Trabajo

Manifestación en Ourense en demanda de la regularización de los trabajadores de Servicarne ->

https://www.eldiario.es/fotos/Manifestacion-Ourense-regularizacion-trabajadores-Servicarne_EDIIMA20180731_0757_4.jpg

La empresa cárnica Coren, con sede en Ourense, incorporará como personal fijo a 1.350 empleados que hasta ahora venían desarrollando sus funciones como falsos autónomos, realizando su trabajo de manera permanente, pero sin estar contratados.

La incorporación se producirá este 1 de agosto, cumpliendo una orden de la Tesorería General de la Seguridad Social que en un primero momento a empresa se negó a aplicar. La decisión, que llega después de años de denuncias sindicales (sobre todo CCOO, CIG y CNT) y de la más reciente acción de la Inspección de Trabajo, beneficia a cerca de 250 trabajadores y trabajadoras en la provincia de Pontevedra, 300 en Lugo y unos 800 en la de Ourense.

Hace unos meses CCOO elevó una denuncia a Inspección de Trabajo en toda España, exigiendo que se investigase la actuación de Servicarne (entre otras empresas), una falsa cooperativa que recibe encargos de mataderos y empresas de procesado de carne de todo el país.

Inspección de Trabajo buscó confirmar en primer lugar si en efecto se trataba de una falsa cooperativa y, segundo, si existía relación laboral entre las personas socias de la cooperativa y la empresa cárnica, lo que convertiría estos trabajadores en falsos autónomos.

«Llevábamos varios años luchando contra esta figura del falso autónomo en el sector cárnico, primero con denuncias individuales y en los últimos tiempos yendo un paso más allá, con una denuncia colectiva en la Dirección General de Trabajo», explica Víctor Ledo, secretario general de CC OO-Industria de Galicia. «Hace dos meses la Tesorería General de la Seguridad Social publicó un oficio que obligaba a todas las empresas que estaban usando Servicarne y a estos falsos autónomos a incorporarlos a sus plantillas de forma indefinida, aplicando el convenio existente en el sector», dice. «En un primero momento, las empresas se negaron a aceptar esta resolución, algunas de forma muy rotunda, como Coren», añade.

CCOO denunciaba que más que la industria cárnica gallega operaba con 1.500 falsos autónomos, destacando por encima de todas las compañías la ourensana Coren, una de las mayores de toda España, con 1.350 trabajadores en situación irregular.

En Galicia existía hasta ahora un gran fraude en la contratación en este sector pues los y las falsas autónomas llegaban al 40% del total de trabajadores, cuatro veces más que lo habitual en el conjunto de España.

Además, en los últimos años se estaba produciendo en el sector cárnico gallego «el relevo de personas con contratos indefinidos por otras subcontratadas mediante estas figuras fraudulentas», destaca Ledo, «Trabajadoras y trabajadores totalmente desprotegidos», añade.

«Aún nos queda trabajo» -señala- «pues ahora hay que garantizar que además de estar al amparo del convenio estatal de cárnicas, vean respetada su antigüedad y sean encuadradas en la categoría correspondiente a sus funciones». «Estaban en una situación de precariedad total.

Ahora vamos a vigilar que se les reconozcan todos sus derechos: categoría laboral, antigüedad en la empresa y las propias cotizaciones pasadas», destaca. «Estos empleados deben ahora reclamar las cotizaciones de los últimos cuatro años como trabajadores del régimen general, como ordena el oficio de la Seguridad Social, pues tienen derecho a recuperar las cuotas pagadas en este tiempo», dice.

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