Boletín de Luchas Obreras (4 de Junio de 2016)

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ÍNDICE:

  • ESTADÍSTICA DE CONVENIOS COLECTIVOS
  • LOS SINDICATOS DENUNCIAN EN GINEBRA EL «ATAQUE» Y LA «CRIMINALIZACIÓN» DEL GOBIERNO AL DERECHO DE HUELGA
  • VARIOS CIENTOS DE EMPLEADOS DEL METRO SE MANIFIESTAN EN BARCELONA POR EL CONVENIO
  • 30 EMPLEADOS DE LIBRERÍAS BETA VAN AL JUZGADO POR IMPAGO DE NÓMINAS
  • EDITORIAL OCÉANO PLANTEA UN ERE PARA EL 50% DE LA PLANTILLA
  • LA DIRECCIÓN DE SNIACE ALCANZA UN PREACUERDO LABORAL CON LOS SINDICATOS
  • LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA REABRE EL ‘CASO CACAOLAT’
  • CONDENADO A 6 MESES DE CÁRCEL UN TRABAJADOR DE COCA COLA DETENIDO EN UNA PROTESTA
  • TRABAJADORES DE CENTROS PARA PERSONAS SIN HOGAR DENUNCIAN “REPRESIÓN” Y DESPIDOS EN MADRID
  • HUELGA EN SEAT
  • ARRANCA LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE EASYJET HANDLING SPAIN EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA
  • #HUELGAHAMBRESAT 16 DÍAS DE HUELGA Y LUCHA POR LA LIBERTAD DE ANDRÉS BÓDALO
  • HUELGA DE AUTOBUSES EN BARCELONA DE 10 A 18 HORAS
  • «EL ESTRÉS LABORAL ESTÁ DETRÁS DE MUCHOS TIPOS DE CÁNCER»
  • EL ASTILLERO VIGUÉS VULCANO ACTIVA UN ERE QUE PROLONGA TRES MESES SU LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA

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ESTADÍSTICA DE CONVENIOS COLECTIVOS

Repaso de los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social

– La variación salarial media pactada en convenio hasta abril se sitúa en el 1,11%

– En los 4 primeros meses del 2016 se han depositado 600 inaplicaciones de convenios, la práctica totalidad con acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores

VARIACIÓN SALARIAL MEDIA PACTADA

La variación salarial media pactada para los convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta el 30 de abril asciende a 1,11%, incremento que se sitúa en el 0,72% para los convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior a éstas se sitúa en el 1,13%.

JORNADA MEDIA PACTADA

La jornada media pactada para el total de los convenios se sitúa en 1.759,1 horas al año por trabajador.

Para los convenios de empresa es de 1.716,0 horas, mientras que para los de ámbito superior a la empresa asciende hasta las 1.761,3 horas.

Del total de convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta abril, 1.015, el 73,3%, son de empresa, y afectan al 4,9% del total de trabajadores (217.900). El 26,7% restante corresponde a convenios de ámbito superior al empresarial, e integran al 95,1% de los trabajadores (4,19 millones).

NÚMERO DE CONVENIOS COLECTIVOS

El número de convenios colectivos con efectos económicos registrados hasta el 30 de abril de 2016 ascendió a 1.385. Estos convenios tienen efectos sobre 4,40 millones de trabajadores.

INAPLICACIONES DE CONVENIOS

En los cuatro primeros meses del 2016 se han depositado en los registros de las distintas Autoridades Laborales un total de 600 inaplicaciones de convenios, que afectan a 11.259 trabajadores.

El 91,7% de las inaplicaciones se han resuelto con acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores durante el período de consultas.

La mayoría de los trabajadores afectados por las inaplicaciones depositadas hasta el mes de abril de este año, se concentra en el sector servicios, un 65,3%.

Respecto del tamaño de las empresas, el 41,8% de los trabajadores afectados y el 87,9% de las empresas que presentan inaplicaciones, tienen plantillas entre 1 y 49 trabajadores.

El 97,5 % de las inaplicaciones se refiere a un convenio o varios de ámbito superior a la empresa.

En el 92,7% de los casos se han producido descuelgues de la cuantía salarial pactada en convenio.

El 63,3% indica que solo se han inaplicado de la cuantía salarial recogida en convenio y el 10,7% además, han inaplicado el sistema de remuneración.

En términos acumulados desde marzo de 2012 hasta abril de 2016, se han producido un total de 7.370 inaplicaciones de convenios que afectan a un total de 309.537 trabajadores.

LOS SINDICATOS DENUNCIAN EN GINEBRA EL «ATAQUE» Y LA «CRIMINALIZACIÓN» DEL GOBIERNO AL DERECHO DE HUELGA

Madrid (Europa Press)

UGT y CC.OO. han celebrado en Ginebra un acto, en el marco de la 105 Conferencia Internacional del Trabajo, para denunciar la «criminalización» del derecho de huelga en España.

Así lo han señalado los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, que han denunciado el recorte del derecho fundamental de huelga en España, en base a la utilización del artículo 315.3 del Código Penal.

A su juicio, se trata de «un artículo preconstitucional, que no se utilizaba desde hacía 35 años, salvo excepciones, y que es rescatado coincidiendo con la puesta en marcha de la política de recortes laborales y sociales llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, desde 2012».

Desde entonces, aseguran que se ha iniciado una «guerra sin cuartel» contra los piquetes informativos y cerca de 300 trabajadores, «representantes legales, afiliados a los sindicatos, simpatizantes y personas comprometidas están siendo procesados por haber ejercido su derecho fundamental a la huelga».

Además, en base a este denostado artículo, el 315.2 del Código Penal, se les imponen sanciones «desproporcionadas, injustas y ejemplarizantes», denuncian.

Por ello, exigen la retirada de este artículo que «atenta contra el derecho fundamental de huelga y la propia libertad sindical», y afirman seguir recabando apoyos «en contra de esta política de represión para obstaculizar la legítima protesta de los trabajadores y sus representantes, las organizaciones sindicales».

En esta línea, critican que, aunque el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se comprometió a derogar el 315.3 aprovechando la reforma del Código Penal e incluso a tramitar los indultos para los sindicalistas procesados, el Gobierno del PP, ahora en funciones, «sigue sin actuar».

Los sindicatos han denunciado ya esta situación ante distintos organismos nacionales e internacionales y en distintos foros, con  movilizaciones y concentraciones en la calle, en jornadas específicas con juristas, así como en reuniones con todos los portavoces parlamentarios de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

«CAMPAÑA ORQUESTADA POR EL GOBIERNO»

La «nota común», añaden es que desde la Fiscalía «se observa una acción coordinada con instrucciones precisas, acompañada de un proceso involutivo que se traduce en la criminalización del sindicalismos y en una durísima ofensiva penal contra el derecho de huelga».

UGT y CC.OO. ya remitieron cartas al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado y se debatió en una cumbre del propio Consejo Europeo Social. Asimismo, denunciaron este asunto ante la OIT, por vulneración de la convención que garantía la libertad sindical y el derecho a la huelga y ante el Comité de Derecho Humanos del Consejo de Europa, garante de los derechos sociales.

Para Álvarez, la condena de los llamados «cinco sindicalistas de ArcelorMittal’ forma parte de «una campaña orquestada por el Gobierno del Partido Popular, a través de la Fiscalía General del Estado y mediante medidas legislativas, contra las libertades ciudadanas, así como un ataque continuo y sistemático a todo el movimiento sindical.

VARIOS CIENTOS DE EMPLEADOS DEL METRO SE MANIFIESTAN EN BARCELONA POR EL CONVENIO

EFE – Barcelona

Varios cientos de empleados del metro de Barcelona se manifiestan a esta hora por el centro de Barcelona para presionar a TMB y al Ayuntamiento de Barcelona por la negociación del convenio colectivo.

Los manifestantes, que han arrancado la manifestación en la plaza Urquinaona de Barcelona, cortan a esta hora el tramo central de la Gran Vía, en su camino hacia la plaza Sant Jaume, donde está previsto que concluya la movilización.

«No a la precariedad. No a la congelación salarial. Contra la reforma laboral. Trabajadores del metro», asegura la pancarta que encabeza la manifestación, a la que se ha sumado el concejal de la CUP Josep Garganté.

La manifestación coincide con la última jornada de paros parciales convocada por el comité de empresa del metro de Barcelona con el fin de forzar a TMB a mejorar su oferta para el convenio colectivo.

La última oferta, rechazada por la plantilla, preveía garantizar la ultraactividad del actual convenio, aumentar un 1 % el sueldo a la plantilla, pasar 60 contratos a tiempo parcial a tiempo completo y no acometer ningún cambio organizativo si no se había pactado con los sindicatos, entre otras medidas.

30 EMPLEADOS DE LIBRERÍAS BETA VAN AL JUZGADO POR IMPAGO DE NÓMINAS

Más de 30 empleados de la cadena de librerías Beta han presentado reclamaciones de cantidad ante los juzgados de lo Social, toda vez que aseguran que se le adeudan cuatro nóminas, motivo por el que en algunos casos además de la reclamación de cantidad han pedido la rescisión de sus contratos.

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que esos 30 trabajadores suponen la mayor parte de la plantilla de la cadena de librerías.

Han precisado que a estos trabajadores «se les debe varios meses de nóminas, esto es, marzo, abril y mayo, la paga extra de la primera parte de este año, y en algunos casos alguna paga extra del año pasado».

Ante esta situación estos trabajadores han presentado reclamaciones de cantidad en algunos casos, y en otros casos han presentado reclamaciones de cantidad pero también rescisión de contratos.

Las fuentes han recordado que «la mayor parte del personal tiene sueldos muy ajustados y encima llevan varios meses sin cobrar, por lo que la situación se ha vuelto muy complicada». Han apuntado que a cada trabajador «se le puede deber de media entre 4.000 y 5.000 euros».

Asimismo, estas mismas fuentes desconocen que la empresa haya presentado o haya tomado alguna medida tendente a la presentación de un expediente de regulación de empleo o a regularizar la situación laboral.

De esta forma, estos trabajadores están en trámite de presentación de sus reclamaciones, y en algunos casos ya se han celebrado algunos actos de conciliación, que concluyeron sin avenencia entre trabajador y empresa, por lo que ya pasarían a juicio.

Han precisado que las reclamaciones «se basan en el principio de que estas personas tienen un contrato de trabajo, prestan su servicio pero la empresa no les paga». Esa misma idea se repite en el caso de las extinciones de contrato, toda vez que «en todo contrato hay dos obligaciones, que los empleados trabajen y que la empresa les pague, pero cuando lleva más de un año cobrando con retrasos y en algunos casos se registran cuatro mensualidades de impagos, existe un claro incumplimiento».

LO QUE DIJO LA EMPRESA

La cadena de librerías Beta aseguraba hace varias semanas que está negociando un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a la totalidad de su plantilla de tiendas, entre nueve y 15 personas, después de haber registrado en 2015 pérdidas por valor de 350.000 euros, según han indicado fuentes de la empresa, que precisa que actualmente se está estudiando el futuro de la tienda de la calle Sierpes, para ver si continúa abierta o no, en función de su viabilidad.

EDITORIAL OCÉANO PLANTEA UN ERE PARA EL 50% DE LA PLANTILLA

La medida afectaría a 40 trabajadores, que temen una reorientación del grupo

La dirección de Editorial Océano ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 40 personas, prácticamente a la mitad de la plantilla, según anunció UGT. La empresa tiene 88 trabajadores en sus oficinas de Barcelona y ya había presentado otro expediente similar hace dos años.

La editorial forma parte de un conglomerado más grande, el Grupo Océano, presente en 21 países a ambos lados del Atlántico. Ahora cuenta con 14 sellos editoriales. El ERE afectará a los empleados de la delegación catalana.

“La dirección justifica la decisión asegurando que los malos resultados son a nivel de todo el grupo”, explica Pilar González, presidenta del comité de empresa. Este diario intentó en varias ocasiones contactar con la dirección de la editorial para conocer su versión, sin éxito.

La representante sindical aseguró que la editorial presenta “números rojos”, aunque no especifica a cuánto ascienden las pérdidas.

La presentación del ERE, agrega González, forma parte de un plan de viabilidad encargado a la consultora Deloitte. “Se quiere reconvertir la empresa en otra cosa, se acaba con la creación y producción dentro de la editorial. Terminaremos siendo meros distribuidores”, critica.

Este es el segundo ERE que sufre la empresa, propiedad de Josep Lluis Monreal. En 2014, la editorial presentó otro ERE que entonces supuso 27 despidos de una plantilla de 115 personas. El ejercicio anterior a la medida, la empresa reportó pérdidas de ocho millones de euros.

El Grupo Océano es un nombre señero de la edición en Cataluña. Si bien nació en 1972 alrededor de Ediciones Océano, tiene sus raíces en 1959, con el sello Danae creado por un hombre de gran personalidad, José Luis Monreal (desestimó el  doctor Zhivago y El viejo y el mar porque, a pesar de sus autores, no tenían “suficiente calidad”).

Formado a rebufo del mítico Josep Janés, ahí aprendió a editar libros y en Vergara, a venderlos: por ella conoció el mercado de América Latina, base del éxito del futuro grupo (Océano llegó a tener filiales en casi todo el continente).

El grupo arrancó con la compra de Ediciones Éxito (1977) y el Instituto Gallach, creado en (1899). En 1986 creó el sello Circe (biografías) y en 1994, Océano multimedia, entre otros. Con las obras a plazos de divulgación y enciclopedias, su fuerte, formó una cartera de 300.000 clientes. Monreal presidió a los editores catalanes (1981-1984) y a los españoles (1999-2000).

LA DIRECCIÓN DE SNIACE ALCANZA UN PREACUERDO LABORAL CON LOS SINDICATOS

Madrid (Europa Press)

La dirección de Sniace ha alcanzado un preacuerdo laboral con los sindicatos, sujeto a ratificación por parte de los trabajadores y a la negociación del contenido del texto definitivo, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una vez el texto sea definitivo y refrendado, este preacuerdo sustituirá al acuerdo laboral que se alcanzó en la fase de concurso el 7 de octubre de 2014 y que ha sido readaptado a las necesidades y la situación actual del grupo.

Es necesario que este preacuerdo sea aprobado y presentado ante el Tribunal Supremo antes de que éste falle sobre la legalidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de la plantilla de SNIACE (SNC.MC) ejecutado en septiembre de 2013, y posibilitar así la reversión de los despidos de 533 trabajadores.

Por ello, Sniace ha subrayado que las partes presentarán «a la mayor brevedad» el acuerdo transaccional definitivo para su homologación. Una vez que se firme, añade, «dejará sin efecto el conflicto colectivo planteado ante dicho órgano judicial».

Sniace y los sindicatos de la compañía llevan tiempo negociando la readaptación del acuerdo laboral de 2014 porque algunos de sus puntos no eran legales y estaban desactualizados.

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA REABRE EL ‘CASO CACAOLAT’

El traumático cierre de una agroindustria aragonesa

El tribunal insta por segunda vez a la jueza a continuar con la instrucción. Ve «claro» que el grupo comprador no invirtió y pide investigar la estafa procesal

El caso Cacaolat resucita. Por segunda vez, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha ordenado reabrir la instrucción a la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital aragonesa, que la archivó después de tomar declaración a los adjudicatarios de la planta láctea de Utebo: Cobega (concesionaria en España de Coca-Cola), la cervecera Damm y Victory Turnaround, consultora especializada en reestructuraciones empresariales.

El pasado 24 de mayo, el tribunal emitía un auto en el que da por probado que «no se produjo la inversión de 4 millones de euros comprometida en el plan industrial, ni se utilizaron las vías de distribución de las adquirientes, ni se mantuvieron los puestos de trabajo para reactivar la actividad», condiciones «determinantes» para su adjudicación.

Por eso, exige «dilucidar si los compradores tenían o no la intención de cerrar la planta de Utebo al participar en la adjudicación, lo que en caso afirmativo sería un delito de estafa procesal al haber engañado al juez de lo Mercantil invocando un plan empresarial que sabía que no se iba a desarrollar».

El inicio de todo este proceso es fruto de la demanda que 56 exempleados de la planta presentaron en diciembre del 2014 tras el cierre de la factoría y que inicialmente no fue admitida a trámite. Los afectados recurrieron a la audiencia provincial y esta obligó a abrir el caso.

«SOLO QUERÍAN LA MARCA»

Los trabajadores siguen defendiendo que la planta de Utebo «se gestionó mal deliberadamente» y que lo único que querían los compradores era cerrarla y «quedarse con la marca de batidos», desvinculándola de Aragón y centrándola en Cataluña.

Sus argumentos son de peso: las instalaciones de Barcelona necesitaban una inversión de 60 millones «que ha salido adelante» y en los planos de la nueva fábrica allí «ya había espacio reservado para maquinaria de las líneas de brik que estaba en Zaragoza», desveló el portavoz de la plantilla, Pablo Sanz. Según estimó, la marca Cacaolat está valorada en 161 millones de euros, por lo que «con una buena gestión, en un plazo determinado hubiera generado esa cantidad».

Para el extrabajador, hay otro dato que despierta suspicacias: un mes antes del primer expediente de regulación de empleo (en el verano del 2012), los nuevos propietarios segregaron la unidad productiva de Utebo del resto. Asimismo, Sanz destacó que, paradójicamente, «una compañía como Coca-Cola que factura 11.000 millones de euros no ha querido invertir solo cuatro en Zaragoza».

De Nueva Rumasa a la Terna

La histórica planta de Leche Sali en Utebo pasa a ser propiedad de Nueva Rumasa en el 2007. En marzo del 2011 se declara en concurso de acreedores y se determina vender la unidad productiva, que se adjudica la terna formada por Cobega, Damm y Victory por un precio de 75 millones de euros. Otras compañías que también optaron a la compra de Cacaolat fueron Vichy Catalán o Capsa (controlada por Lechera Asturiana).

Los principales responsables de las adjudicatarias tuvieron que declarar en Zaragoza. Algunos de ellos fueron Sol Daurella, entre otros cargos presidenta del consejo de administración de Coca-Cola European Partners, que sale a bolsa en España y que cotiza en Nueva York, Londres y Ámsterdam; Demetrio Carceller, presidente de Damm y copresidente del grupo Cacaolat; o Luis Victory, administrador único de Victory Corporate Turnaround, que dirigió el proceso de compra. Después, la jueza decidió archivar la causa en lugar de que se celebrara juicio. Ahora, por segunda vez, el tribunal le vuelve a dar un tirón de orejas.

CONDENADO A 6 MESES DE CÁRCEL UN TRABAJADOR DE COCA COLA DETENIDO EN UNA PROTESTA

Trabajadores de Coca Cola, en los juzgados de Fuenlabrada, para apoyar a otro compañero en juicio

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CC OO recurrirá la sentencia, por estar “cargada de contradicciones”

El Juzgado de lo Penal número 6 de Móstoles ha condenado a seis meses de cárcel a un trabajador de la fábrica de Coca Coca de Fuenlabrada por un delito de atentado después de que fuera detenido el 15 de enero de 2015 en una concentración de protesta por el Expediente de Regulación de Empleo.

El juez condena a José Manuel Fernández Galán como autor de un delito de atentado a la autoridad, pero le absuelve del resto de las acusaciones que se formularon contra él al no estar acreditadas. Galán deberá indemnizar con 4.800 euros a dos agentes.

La sentencia da por acreditado que el condenado fue una de las personas que participaron en la embestida a los agentes durante la concentración frente a la fábrica.

En un momento determinado logró pasar la barrera y cogió a uno de los agentes, a quien agarró fuertemente por la cintura. Sus compañeros acudieron a su auxilio.

El trabajador negó la agresión en el juicio y dijo que se limitó a defender su puesto de trabajo ante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) “ilógico”.

Por su lado, el sindicato de CC OO ha anunciado que recurrirá la sentencia, dado que a su juicio incurre en multitud de contradicciones y esta “cargada de un marcado sesgo

TRABAJADORES DE CENTROS PARA PERSONAS SIN HOGAR DENUNCIAN “REPRESIÓN” Y DESPIDOS EN MADRID

CCOO registra incumplimientos de pliegos y «sueldos de subsistencia». Los afectados reclaman a Carmena la remunicipalización del servicio.

Las plantillas del Centro Abierto La Rosa y del Centro de Acogida Juan Luis Vives, de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar de Madrid, han decidido rebelarse ante lo que consideran “años de precariedad laboral y de medios materiales” en estos centros de titularidad pública.

La empresa adjudicataria de ambos centros es ASISPA, para los denunciantes una de las firmas del sector de la intervención social que “disfrazada de entidad sin ánimo de lucro lleva décadas actuando como si los Servicios Sociales fueran su cortijo”.

Los empleados denuncian que la empresa no se atiene a los pliegos de adjudicación, que incumple el Convenio de Acción en Intervención Social en vigor desde julio, y que “la prevención de Riesgos Laborales es un paripé”. Acusan a ASISPA de perseguir solo “el lucro económico”, y recaban algunos ejemplos sobre la mala praxis de la adjudicataria: “Abusa de la contratación temporal o parcial”, denuncia CCOO asegurando que aproximadamente la mitad de la plantilla tiene un contrato temporal y más de la mitad un contrato a tiempo parcial.

El incumplimiento del convenio se traduce, según los trabajadores, en sueldos “de mera subsistencia”, y denuncian que su gestión es “profundamente autoritaria”: “extremos como negarse a abonar los festivos trabajados o a reconocer el permiso por hospitalización de familiar”, reclama el colectivo de trabajadores. Y lamenta que ante la reclamación de sus derechos, la respuesta de la adjudicataria haya sido “la represión, despidiendo a seis compañeras del CA La Rosa con la forma de no renovación, a pesar de que el Convenio dice, textualmente, que ‘en caso de que el contrato eventual sea rescindido al finalizar su duración, no se podrá contratar ningún otro trabajador o trabajadora eventual para ocupar el mismo puesto hasta que transcurran 5 meses’”, denuncia CCOO.

Por otro lado, la plantilla del CA Juan Luis Vives denuncia “persecución sindical” con la apertura, por parte de ASISPA, de expedientes sancionadores al miembros del Comité de Empresa. “La empresa ha intentado silenciar a trabajadores y usuarios, arrancando con sus propias manos una directiva de ASISPA pancartas y carteles contra los despidos en el CA La Rosa, en un patético acto de soberbia”, denuncian los empleados.

Los afectados se manifestarán a las puertas del CA La Rosa y pedirán amparo “frente a la patronal” al Ayuntamiento de la capital. La plantilla denunciante de ambos centros quiere recordar a Ahora Madrid que “la municipalización de servicios públicos va en su programa electoral”, por lo que también se unirá a la manifestación que el próximo 9 de junio hay convocada ante la sede del consistorio que gobierna Manuela Carmena.

Fuentes de la empresa ASISPA afirman a ElBoletin.com que la empresa no puede asumir las condiciones del convenio, que entró en vigor el pasado mes de julio después de que se renovara el contrato de adjudicación por los servicios de gestión de ambos centros.

La empresa afirma ser consciente del conflicto con los trabajadores pero niega despidos ni represalias, y defiende que solo se han dado casos de extinción de contratos.

ASISPA explica que el convenio incluye unos aumentos salariales de hasta el 25%, una condición que la empresa no puede afrontar con los actuales pliegos de contratación y el presupuesto firmado con la administración.

No obstante, afirma tener cauces de diálogo abiertos con los representantes de los trabajadores y haber mostrado disposición para desbloquear el conflicto mediante la negociación con los empleados.

Desde el consistorio apuntan que “es un tema que afecta a la relación laboral entre la empresa y los trabajadores en la que el Ayuntamiento no tiene competencias”.

HUELGA EN SEAT

La marca española de Volkswagen tuvo un beneficio operativo de 54 millones en el primer trimestre

Los sindicatos exigen mejoras con un coste de 21 millones de euros

El comité de empresa convoca 12 días de paros en la fábrica de Martorell los fines de semana hasta julio por el bloqueo del convenio colectivo

La negociación del convenio colectivo de Seat se va calentando. El bloqueo que sufren algunos temas sensibles que están sobre la mesa ha llevado al comité de empresa a anunciar la convocatoria de huelgas en la fábrica de Martorell por primera vez desde un conflicto del 2010.

Los paros afectarán de momento las jornadas de trabajo adicionales convocadas por la dirección de Seat durante casi todos los fines de semana de junio y julio. El anuncio coincide con la publicación del resultado de Seat en el primer trimestre, en el que logró un beneficio operativo de 54 millones, lo que mejora el margen hasta el 2,6%.

La convocatoria de huelga registrada en el departamento de Treball incluye paros de 24 horas durante 12 días, correspondientes a dos fines de semana de junio (11, 12, 18 y 19) y ocho jornadas en cuatro fines de semana de julio (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24). Los sindicatos piden, en el escrito de convocatoria, la mediación de la Generalitat en el conflicto.

SIN EFECTO EN EL SUELDO ORDINARIO

Los sindicatos UGT y CCOO, que tienen la mayoría del comité de empresa, consideran que los avances que se han producido durante los cinco meses de negociación del convenio colectivo son del todo «insuficientes», por lo que habían comunicado a la dirección y a la plantilla la decisión de convocar huelga para paralizar la factoría en los turnos extraordinarios de los sábados y los domingos por la noche de junio y julio «como primera medida de presión».

Uno de los argumentos de los convocantes para que los trabajadores secunden los paros es que esta medida «no repercute en el salario ordinario de los trabajadores» ya que al ser jornadas extraordinarias se cobran a parte.

Los puntos más conflictivos de la negociación se centran en lo que los sindicatos califican del reconocimiento y el compromiso de la plantilla. Se trata de algunos ascensos automáticos previstos en el convenio que la dirección de Seat quiere retrasar exigiendo más años de antigüedad para reducir costes laborales.

Los saltos de categoría más sensibles son los que afectan a los que lleven 25 años trabajando, y a los más veteranos, para los que la dirección plantea una dedicación de 35 años a la compañía. Los sindicatos exigen que el salto de categoría, que puede costar unos 11 millones de euros a la firma, se dé con menos antigüedad. Además, reclaman una prima de producción que puede suponer un coste de cinco millones.

Los sindicatos y la dirección de Seat intentarán aproximar sus posiciones en nuevas reuniones previstas y, especialmente, en un encuentro con el presidente de la marca, Luca de Meo, que se llevará a cabo en los próximos días como último cartucho para evitar unos paros que provocarán demoras en la entrega de miles de coches a los concesionarios.

CUATRO SÁBADOS EN JULIO

El comité considera que «el contexto de mejora de producciones, ventas y cuenta de resultados, justifica sobradamente» que la empresa sea más generosa en la oferta a la plantilla para recuperar poder adquisitivo cedido durante los años previos para conseguir la asignación de nuevos modelos, entre los que destaca el Audi Q3.

El presidente del comité de empresa y dirigente de UGT, Matías Carnero, ha destacado que «la única posibilidad para desconvocar las huelgas es un gesto del presidente para tener un convenio que sea realmente de recuperación y de reparto de los beneficios».

CCOO ha subrayado también la necesidad de que el convenio se vincule a «un plan industrial que garantice la estabilidad en el empleo», en referencia a la necesidad de adjudicar un modelo adicional para evitar un excedente de plantilla.

Paralelamente a la negociación bloqueada del convenio colectivo, el comité y la dirección han acordado la convocatoria de turnos adicionales de trabajo durante cuatro fines de semana de julio.

La medida afecta las líneas de montaje del Audi Q3 y del Ibiza, en los que la producción a final de año superará en 11.600 y 12.949 unidades las previsiones que se hicieron al inicio del ejercicio. En cambio, la del León no tendrá días extras de producción.

LAS CLAVES DE LA NOTICIA

12.753 trabajadores era la plantilla de la matriz de Seat a final del 2015

718,7 millones de euros fueron los costes laborales totales el año pasado

6 millones de euros ganó Seat en el 2015 después de años de pérdidas

ARRANCA LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE EASYJET HANDLING SPAIN EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA

Europa Press – Málaga

El Sindicato Federal Aeroportuario de la CGT, en la empresa Easyjet Handling Spain, en el aeropuerto de Málaga finalmente llama a la huelga a los trabajadores del servicio de tierra de dicha compañía, tras no haber alcanzado un acuerdo en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla)

Así, la huelga indefinida comenzará a las 00.00 horas del miércoles, y están convocados a la misma unos 70 trabajadores, según ha informado a Europa Press el secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro. A pesar de que la huelga estaba convocada, el parón se aplazó a la espera de la negociación que en el mismo día iba a tener lugar en el Sercla, que ha terminado sin avenencia.

Esta postergación, según Montenegro, ha mostrado la «buena voluntad absoluta» de los trabajadores. «Sin embargo, la empresa ha intentado asegurarnos que no va a haber más despidos, pero cuando le hemos dicho que nos lo firme, ha dicho que no piensa firmarlo», por lo que, ha agregado, «se ha decidido seguir con el parón».

Además de la huelga, el sindicato ha convocado concentraciones todos los lunes de 10.00 horas a 12.00 horas en la puerta giratoria de la terminal tres del aeropuerto malagueño, donde ya han tenido lugar tres lunes consecutivos.

Estos trabajadores del servicio de tierra de Easyjet Handling Spain son los que atienden la carga y descarga de los aviones, «las que mueven a las aeronaves dentro del aeropuerto para colocarlas en las puertas de embarque, en definitiva, los trabajadores de operaciones de tierra», ha apuntado Montenegro.

Por otro lado, ha señalado que CGT-A va a «denunciar públicamente y por la vía contencioso-administrativa los servicios mínimos que ha implantado el Ministerio de Fomento», ya que los consideran «absolutamente abusivos», lo que además «ha servido de balón de oxígeno a la empresa para no mostrarse más dispuesta a negociar».

El motivo de la huelga ha sido los despidos a principios de mayo de tres trabajadores «con una antigüedad que oscila entre los 20 y 30 años», según Montenegro, y que han sido sustituidos «por cinco contratos temporales, absolutamente esclavistas y en unas condiciones terribles».

Con esto, CGT entiende que se están cambiando «unas condiciones laborales dignas, unos derechos consolidados que vienen de la antigua Iberia» por «compañeros sin una experiencia básica y sin los mínimos conocimiento en el manejo de útiles, herramientas y vehículos», con lo que «se está poniendo en riesgo la propia seguridad del transporte aéreo». Con respecto a la repercusión de la huelga en el aeropuerto, el comité de huelga no puede «garantizar que el servicio se preste con total normalidad, aunque el Ministerio de Fomento con la empresa está intentando que no afecte».

En este sentido, ha dicho, «vamos a ser implacables con todo lo que sea vulneración de derecho de huelga y vamos a tratar de que no se produzca». «Pedimos el cese de esa política disciplinaria que está llevando a la eliminación de puestos de trabajo estables y con derechos para cambiarlos por esclavos», ha subrayado, «porque la palabra sería esclavismo puro y duro, que es a lo que está llevando Easyjet a su plantilla de Málaga». Asimismo, CGT espera que la huelga tenga un «seguimiento amplio» por parte de los trabajadores afiliados al otro sindicato del colectivo afectado, que no ha secundado la misma.

APOYO

Por otro lado, el candidato número uno de Unidos Podemos por Málaga al Congreso, Alberto Montero, ha mostrado su apoyo a los trabajadores despedidos por EasyJet en su manifestación delante de la Consejería de Empleo reclamando una solución para los compañeros despedidos.

En el acto de protesta, Montero ha señalado que «está totalmente injustificado que las grandes empresas que operan en el territorio español y disfrutan de enormes beneficios fiscales y económicos, cuando puedan y sin ninguna necesidad económica real, despedir trabajadores y precaricen aún más las condiciones laborales de éstos para poder aumentar su margen de beneficio». «El caso de los trabajadores despedidos por EasyJet es un ejemplo más de los dramáticos efectos de las dos últimas reformas laborales del PSOE y del PP -ha señalado-.

Desde el punto de vista del derecho laboral es un retroceso estar despidiendo a trabajadores con condiciones dignas y sustituirlos por otros que no tienen las mismas condiciones ni están protegidos por los convenios colectivos».

Desde Unidos Podemos, así, abogan por «un cambio de modelo en el sector turístico que ponga en el medio los derechos sociales y laborales», así como «por la derogación inmediata de ambas reformas laborales», ya que «fomentan unas relaciones laborales asimétricas que dan demasiado poder a los grandes grupos empresariales».

#HUELGAHAMBRESAT 16 DÍAS DE HUELGA Y LUCHA POR LA LIBERTAD DE ANDRÉS BÓDALO

El martes 31 de mayo, l@s activistas del SAT cumplen 16 días en huelga de hambre, de momento el ánimo sigue alto y manifiestan confianza en su cometido aunque la salud de l@s compañer@s sufre el lógico deterioro a medida que avanza la huelga.

La huelga sigue teniendo su epicentro estos días en la plaza de Jacinto Benavente, en el centro de Madrid, tras haber pasado por la puerta del Sol y por la Plaza de Lavapiés en las anteriores semanas.

Un autobús del SAMUR recogió a l@s activistas, para llevarlos a una clínica municipal, donde les practicaron un análisis de sangre más exhaustivo, además de recoger muestras de sus líquidos corporales para su análisis también.

Tras el examen médico, los y las huelguistas se dirigieron al Ministerio de Justicia, donde fueron recibidos por la Subsecretaria de Justicia, quien comunicó que el Ministro estaba recopilando información sobre Andrés para estudiar el indulto. También dijo que solicitaría un encuentro con el Ministro de Justicia.

A las 20:00 horas, Néstor Salvador tomó la voz en la asamblea informativa para contar a los y las presentes las novedades del día en el Campamento de la Libertad.

Una delegación del SAT, compuesta por Diego Cañamero, Mª Victoria Bódalo, hija de Andrés y Diego Martín, se han desplazado a Bruselas para exponer el caso de Andrés ante el Parlamento europeo.

En primer lugar han ofrecido una rueda de prensa junto a Marina Albiol (parlamentaria europea por Izquierda Unida) y Miguel Urbán (parlamentario europeo por Podemos). Posteriormente ha tenido lugar un debate público sobre la situación de Andrés Bódalo con la participación de Diego Cañamero. Noelia Vera (diputada por podemos de Cádiz) Marina Albiol y Miguel Urban.

Los huelguistas denuncian que los medios hegemónicos como Antena3, Tele5, Cuatro o la Sexta siguen haciendo caso omiso de la huelga: «permanecen mudos y obedientes a sus amos».

HUELGA DE AUTOBUSES EN BARCELONA DE 10 A 18 HORAS

CatalunyaPress

Los sindicatos CGT, ACTUB, COS, USOC, CNT y BS han convocado para el próximo 3 de junio un parón de ocho horas en autobuses de TMB, de 10.00h a 18.00h, y una manifestación a las 12.00 horas en la plaza de Urquinaona de Barcelona, para ir hasta el Ayuntamiento con la intención de que los reciba la alcaldesa Ada Colau.

Esta huelga se sumará a la de Metro de estos días y a la tensa situación vivida por los disturbios alrededor del ‘Banc Expropiat’.

Los sindicatos llevan 16 meses negociando, según ellos, «sin que se haya producido un mínimo avance». «Todo lo contrario –dicen en un comunicado–: el rechazo de la plantilla a los dos preacuerdos de convenio alcanzados entre la Dirección y los sindicatos CC.OO., UGT y SIT ha provocado un endurecimiento de las posiciones de la Dirección de TMB que hacen imposible cualquier avance en la Mesa de negociación».

Las principales reivindicaciones de la plantilla de TMB, aprobadas en Asamblea General, son la defensa del transporte público; la conversión a indefinidos y jornada completa de todos los contratos precarios; la recuperación del poder adquisitivo de nuestros sueldos; y el rechazo a la «injerencia» de la Dirección en la acción sindical en la empresa.

En la asamblea que se celebrará en la plaza de Sant Jaume el día de la manifestación se decidirá qué posición toma la plantilla sobre los paros convocados por CCOO, UGT y SIT, y sobre los pasos que seguirán para lograr sus objetivos.

Trabajadores de Amaya alertan de movilizaciones y una posible huelga

Sevilla (Europa Press)

La sección sindical de CGT en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha alertado del inicio de un calendario de movilizaciones e incluso una posible huelga, coincidiendo con el periodo de alto riesgo de incendios forestales, si no se confirman pasos «fehacientes» en el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y un cambio en sus posturas «inflexibles» respecto a la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público y la discriminación laboral, acabando con las situaciones de ‘fraude de ley’.

El secretario general de CGT en la Amaya, Javier Sánchez, ha precisado a Europa Press que, ante el compromiso público del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, sobre la inclusión de la categoría de bombero forestal en el nuevo convenio colectivo de la Agencia de Medio Ambiente y Agua –siempre a expensas del transcurrir de las negociaciones–, el sindicato exige «el cumplimiento de su palabra».

Según explica Sánchez, «el nuevo convenio está aún en fase de negociación y por el momento no hay absolutamente nada recogido del compromiso del consejero». Además, la dirección de la Amaya «está muy lejos de alcanzar ningún acuerdo global en las negociaciones».

Ello se hace patente en que se presentan propuestas que «empeoran» las condiciones laborales existentes en los últimos convenios para la mayoría de sus trabajadores, «dilatan en el tiempo» las reuniones de la mesa de negociación, se niegan a cualquier propuesta amparándose en las directrices de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y no dejan negociar en suspensión mejoras para aplicar.

«Se cierra a cualquier posible avenencia en cualquier proceso, obligando a judicializar las relaciones laborales», ha añadido el portavoz sindical, que pide a la Dirección de la agencia y al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que demuestren su «voluntad» y reconozcan la categoría de bombero forestal, atendiendo así una proposición no de ley aprobada en Parlamento.

Añade que «nos preocupa, y mucho, que todo esto sea una estrategia electoral, ya que están próximas las elecciones generales, y que todo lo prometido se lo lleve el viento pasado el 26-J y se quede en eso, en mera campaña electoral».

Otra «prueba palpable» del estancamiento de la negociación es que se ha solicitado reiteradamente que el nuevo convenio colectivo parta de la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, pues, hasta ahora, la dirección de la Amaya «lo viene aplicando arbitrariamente, sólo en su beneficio, como en materia disciplinaria: somos empleados públicos para todo, y por lo tanto debe aplicarse en su totalidad».

«EL ESTRÉS LABORAL ESTÁ DETRÁS DE MUCHOS TIPOS DE CÁNCER»

La junta balear de la AECC presenta su nuevo comité ejecutivo en el que su presidente, Javier Cortés, promete más autonomía para Menorca y las Pitiüses

Nuevos aires en la junta balear de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de la mano de su nuevo presidente, el ginecólogo Javier Cortés, que se presentó en sociedad tras sustituir al frente del comité ejecutivo a otra histórica, Teresa Martorell, que llevaba dieciséis años al frente de la junta provincial.

Arropado por su nueva ejecutiva y por la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, el doctor Cortés, reveló que la junta provincial que ahora preside está apoyada por más de once mil socios y cuenta con unas cincuenta juntas locales, cifras que, en proporción con su población, «dan un detalle de la gran solidaridad de esta comunidad autónoma», resaltó.

Para escenificar el cambio de directiva, el doctor Cortés se comprometió a dotar de más autonomía de funcionamiento y acción a las juntas de Menorca y las Pitiüses, islas de las que dijo que tienen realidades diferentes a las de Mallorca que hay que atender.

Y es que el facultativo abogó por la equidad y una cartera de servicios mínimos común a toda la junta provincial. «Una vez que estén cubiertas todas las necesidades mínimas, los recursos sobrantes podrán dedicarse a problemáticas más locales que surjan, por ejemplo, en Sóller», se comprometió el nuevo presidente.

Así, tras declarar que él y su gente trabajan porque los enfermos de cáncer y sus familiares estén bien atendidos, recalcó la importancia de trabajar por la prevención de esta enfermedad, la formación, el apoyo y el acompañamiento de quienes la padecen y la investigación para avanzar en su curación.

El 15% para investigación

Así, Cortés aseguró que la AECC destina cada año 32 millones de euros a la investigación erigiéndose de esta manera en la entidad pública o privada que más fondos invierte en este concepto, «el 15% de su presupuesto por mandato estatutario», detalló antes de lamentar que «la investigación en España está muy tocada y está provocando una fuga de nuestros cerebros».

Este ginecólogo especializado en cáncer de cuello de útero reveló que su compañero Hernán Gioseffi, jefe del servicio de oncología del hospital de Manacor que también trabaja en el sector privado, presidirá a su vez el comité técnico de la junta provincial. «Entre dos y tres cánceres de cada diez diagnosticados en esta comunidad se tratan en la sanidad privada», señaló para justificar la elección de Gioseffi, un profesional a caballo entre las dos sanidades.

Aprovechando la presencia de la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, también se fijó como objetivo el doctor Cortés trabajar con el tejido empresarial de las islas para ofrecerle asesoramiento para prevenir estas enfermedades entre sus trabajadores –»que causan largas bajas laborales», recordó– y fomentar entre ellos hábitos de vida saludables.

Así, el nuevo presidente se refirió en concreto al cáncer de pulmón, del que dijo que se evita previniendo el tabaquismo, de erradicar la cultura del sol todavía extendida para sustraerse a los cánceres cutáneos, muy prevalentes en esta comunidad, y, por último, de evitar en la medida de lo posible el estrés laboral, circunstancia de la que aseguró que «favorece la aparición de neoplasias (cánceres) de todo tipo».

También se marcó Cortés el objetivo de mejorar los tres programas de detección precoz actualmente en vigor: El de mama, sobre el que abogó hacer un control de calidad y resultados; el colorrectal, actualmente en fase piloto y para el que instó a la conselleria de Salud a hacerlo poblacional lo más pronto posible, y el de cáncer de cérvix, su especialidad médica para la que postuló un «rediseño del programa para evitar su oportunismo, que no se centre tan solo en la mujer que acude a su centro de salud».

Por último, el oncólogo abogó también por reunirse con la conselleria de Martí March para promover la creación de una asignatura de Educación para la Salud que se impartiría a los nueve años con el objetivo de prevenir la obesidad infantil y los malos hábitos, incluidos los de tipo sexual.

EL ASTILLERO VIGUÉS VULCANO ACTIVA UN ERE QUE PROLONGA TRES MESES SU LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA

Solo la venta de un ferri a medio construir evitará su cierre

Factorías Vulcano lleva meses reviviendo la pesadilla que la llevó en enero del 2011 al concurso de acreedores. La diferencia es que ahora no son las deudas las que ahoga al astillero vigués, sino la falta de trabajo.

No entran barcos nuevos desde hace más de 2 años, pero tampoco otros pedidos, como estructuras metálicas, que le han permitido ir tirando en los últimos meses, como una rampa para la terminal de vehículos de la Autopista del Mar, en el puerto de Vigo.

La empresa se aferró como a un clavo ardiendo a las palabras de la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, que situaba a Vulcano como favorito para la adjudicación de los panales de la obra de ampliación del puente de Rande.

A día de hoy, ese pedido parece tener otros destinatarios (Dizmar, Emesa, GMetal), aunque nadie lo confirma, y esa situación de incertidumbre acelera el corazón de la dirección y de los trabajadores del astillero. Ambas partes, de mutuo acuerdo, acaban de aprobar un expediente de regulación de empleo temporal por un período de tres meses que es, en el peor escenario, el tiempo que le queda de vida a Vulcano.

Queda un último cartucho, encontrar un armador para un ferri, propiedad del Santander, que lleva casi dos años en las gradas de Teis (Vigo) a medio construir. Vender el buque no debería de ser una tarea muy difícil, pero la suerte no parece acompañar al astillero, para el que las puertas a nuevas contrataciones parecen cerradas con silicona.

José Luis Méndez, director general de Vulcano, trata de manifestar una actitud positiva, ante la adversidad. «El astillero no va a cerrar dentro de tres meses. Tenemos un ferri en las gradas que vamos a vender, porque hay varios armadores internacionales. Es verdad que se negocia desde hace tiempo, pero estas cosas no son fáciles», afirma.

Todos en el mismo barco

Méndez tampoco da por perdida del todo la obra de Rande, pero de sus palabras se deduce que no hay mucho que hacer ahí. «Nosotros presentamos una oferta y, oficialmente no tenemos confirmación de que ya haya sido adjudicada», dice. «Es cierto que es un contrato que nos venía bien, y en el que teníamos mucho interés porque nos activaba el trabajo de manera inmediata.

Pero si no sale, aún tenemos la opción del ferri», explica. Méndez y su equipo de dirección se reunirán con los trabajadores (87 en nómina, 30 de ellos mayores de 55 año) para hablar de presente y de futuro.

Un futuro que el comité de empresa no alcanza a ver. «Si es verdad que la obra de Rande ya está adjudicada, lo vemos negro, porque lo que nos permitía esa obra era ganar tiempo para conseguir vender el ferri», afirma José Antonio Fernández, máximo representante de los trabajadores de Vulcano. «Llega un momento en que al comité de empresa ya le cuesta que la plantilla confíe en él», afirma preocupado.

Factorías Vulcano, propiedad de la familia Domínguez, fue condenado por la Audiencia Provincial de Oviedo, en julio del 2015, a pagar 25 millones por la quiebra de su filial en Asturias, Astilleros Juliana, hoy propiedad de Armón.

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