Publicado en: 4 diciembre, 2018

Boletín de Luchas Obreras (4 de Diciembre de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de los trabajadores en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • VODAFONE ESPAÑA PODRÍA PRESENTAR UN NUEVO ERE
  • LOS SINDICATOS SE MOVILIZAN EN PROTESTA POR EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) DE JUANEDA
  • PSA VIGO APRUEBA EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) QUE LE SALVA HASTA LA LLEGADA DEL NUEVO VEHÍCULO
  • VARIAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS DE SABADELL RECHAZAN EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) DE SMATSA
  • CC.OO., UGT Y USO DENUNCIAN “REPRESALIAS” DE AMPROS A LOS TRABAJADORES POR LA ÚLTIMA PROTESTA
  • CEMEX ECHA EL CIERRE EN ALMERÍA Y BALEARES: “SERÁ LA RUINA PARA LA COMARCA”
  • UGT RECHAZA EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) EN LA EMPRESA BRITÁNICA AHORRO CORPORACIÓN
  • LA PLANTILLA DE FUNDINORTE SE CONCENTRA FRENTE AL PARLAMENTO ANTE EL “OLVIDO Y MALTRATO” DEL GOBIERNO
  • EL MAPA DE LOS AJUSTES EN LAS FÁBRICAS DE AUTOMOCIÓN
  • ACUERDO EN EL ERTE DEL HOTEL NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ
  • EL SEGUNDO DÍA DE HUELGA EN LOS COLEGIOS CONCERTADOS VASCOS DEJA A MILES DE ALUMNOS SIN CLASE
  • ELA DICE QUE EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) DE MIASA “OCULTA UNA DESLOCALIZACIÓN COSTEADA CON DINERO PÚBLICO”
  • ALCOA AMPLÍA EL PLAZO DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) Y BUSCARÁ ALTERNATIVAS AL CIERRE DE AVILÉS Y LA CORUÑA
  • SINDICATOS Y PATRONAL DIFIEREN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DE LIMPÌEZA
  • LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA VUELVEN A LA HUELGA

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VODAFONE ESPAÑA PODRÍA PRESENTAR UN NUEVO ERE

NetWorkWorld

El nuevo Expediente de Regulación de Empleo de la teleco afectaría hasta a un millar de trabajadores, aproximadamente el 20% de la plantilla.

Vodafone-FACUA-denuncia

Vodafone no pasa últimamente por la mejor de las situaciones, y su estado podría complicarse —o, al menos, sufrir un nuevo sobresalto—. La teleco británica está evaluando la posibilidad de presentar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo.

Aunque todavía es una posibilidad sin concretar, las fuentes apuntan a que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se aplicaría sobre todo en los departamentos de sistemas y en el área comercial y podría llegar a afectar a un máximo de 1.000 trabajadores, lo que supone la quinta parte de su plantilla en España. En total, sumando a estos empleos directos los trabajos indirectos, Vodafone ha generado un total de 33.534 posiciones.

Los últimos tiempos han sido complicados para la teleco en nuestro país. En verano decidía no comprar a Telefónica los derechos de emisión de todos los partidos de fútbol, alegando que no les resultaba rentable, y la decisión está ahora empezando a notarse en los resultados de la empresa, tanto a nivel económico como de usuarios.

En concreto, en la presentación del balance de cuentas de los meses de julio a septiembre, la compañía oficializaba una caída del 7,2% interanual en la partida de ingresos por servicios, sumando 1.091 millones de euros del total de 1.206 millones entrados por esta vía.

En total, Vodafone facturaba un 4,8% menos que en el mismo trimestre de 2017, y desde la empresa advertían entonces que el mayor impacto derivado de la guerra del fútbol se notará en las cuentas a partir de septiembre de 2019. A nivel de clientes, la compañía ha perdido 106.000 usuarios de móvil en este periodo y 5.000 de fibra, además de 66.000 contratos menos de su servicio Vodafone TV.

De confirmarse la realización del ERE, se abriría en las próximas semanas una mesa de negociación con los representantes sindicales para acordar los despidos. Desde la filial española de Vodafone no se ha realizado ninguna comunicación oficial sobre el tema. En diciembre, el actual presidente de la compañía, Francisco Román, dejará su cargo. Le sucederá Antonio Coimbra, quien compaginará esta posición con la de consejero delegado de Vodafone España.

En los últimos años, la teleco ha realizado dos Expedientes de Regulación de Empleo. El último, en 2015, obedecía a la integración de las estructuras de Vodafone y Ono, tras la compra de la segunda por parte de la británica, y obligaba a la salida de cerca de 1.500 trabajadores.

Previamente, en 2013, la compañía había despedido a 620 trabajadores, mediante un proceso similar en el que además externalizaba a 130 empleados y cambiaba las condiciones de 150.

LOS SINDICATOS SE MOVILIZAN ES EN PROTESTA POR EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) DE JUANEDA

20minutos.es

Los sindicatos CC.OO., UGT, Satse, Simebal y SAE se manifestarán para protestar por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por el Grupo Juaneda.

La manifestación comenzará a las 17.00 horas en la Clínica Juaneda y terminará en la Policlínica Miramar. Según las previsiones del Grupo, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afectará a un 20 por ciento de la plantilla -231 empleados- de Servicios

integrales de sanidad, Agrupación médica balear y Juaneda servicios y Procedimientos. Al anunciar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) el pasado 31 de octubre, Juaneda aseguró en que el expediente es para “reconducir la viabilidad de la compañía y posicionarla en condiciones adecuadas para competir en un mercado tan exigente como el balear”. La empresa indicó que el periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores podría durar hasta el mes de diciembre.

Para los sindicatos es “un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo” sin “opción de negociar”

El pasado 16 de noviembre, la delegada de UGT de Clínica Juaneda, Teresa Sánchez, explicaba que convocan la movilización porque entienden que este expediente es “un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo” que no les deja “ninguna opción de negociar”. Desde la asesoría jurídica de UGT ven probable que este proceso termine con una impugnación del ERE.

En concreto, desde UGT cuestionaban que Juaneda base el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en “causas de carácter económico y organizativo” argumentando que se trata de “un grupo patológico”, pero que afecte solamente a tres empresas y no a todas las sociedades del Grupo.

Por ello, defendieron que el argumento esgrimido por Juaneda es “artificial”. Por su parte, la secretaria general de la Federación de Sanidad de CC.OO., Isabel Bernardo, animó a los ciudadanos a “salir a la calle e intentar que sea una gran manifestación”.

Desde CC.OO. han apelado expresamente a los usuarios de las clínicas del Grupo, haciendo hincapié en los efectos que pueda tener la disminución de la plantilla sobre la calidad asistencial. Paralelamente, el Sindicato de Técnicos de Enfermería expresó sus “sospechas de que hay balances intergrupo que no se han facilitado para maquillar un poco las cuentas”.

En la misma línea, Satse apuntaba que el experto externo contratado ya había constatado “toda la falta de documentación, básica para considerar si este Expediente de Regulación de Empleo (ERE) está justificado o no”. “No vamos a aceptar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), no es nuestra intención que la empresa se vaya de rositas porque no es un Expediente de Regulación de Empleo de extinción, ya que la empresa no deja de tener actividad, sino que van a despedir a los trabajadores y la actividad seguirá”, declaraba el vocal de SAE, Alejandro Juan.

Mesa de Negociación

Hasta el momento se han celebrado dos reuniones de la Mesa de Negociación, si bien todavía no se han comenzado a debatir las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) porque todavía están en fase de análisis de la documentación. En la primera reunión, los sindicatos pidieron paralizar o ampliar los plazos para poder examinar detenidamente los documentos aportados, además de solicitar documentación adicional que se les entregó una semana después.

Si bien en este primer encuentro los sindicatos entendieron que la empresa estaba dispuesta a alargar los plazos de la negociación, tal predisposición no quedó plasmada en acuerdos concretos en la siguiente reunión, hecho que provocó “disgusto” en la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. Baleares.

Según CC.OO., incluso se mostraron “reticencias” a este alargamiento por parte del Grupo. Así, de momento la fecha de finalización del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se mantendría en el 12 de diciembre, como estaba inicialmente previsto, aunque llegado el momento no se descarta ampliarlo en función de cómo prosperen las negociaciones.

En esta línea, fuentes de UGT señalaban que la empresa sí ha accedido a mantener más reuniones y que de hecho la reunión prevista será de mañana y de tarde, con posibilidad de volver a citarse.

Explicaciones Económicas “Escuetas”

En el segundo encuentro de la Mesa Negociadora, un experto traído por el Grupo Juaneda expuso a los sindicatos las explicaciones de la empresa acerca las causas económicas del expediente de regulación de empleo, que no convencieron a CC.OO..

Fuentes del sindicato consideraron que las argumentaciones fueron “muy escuetas” y que se centraron en hablar de “números negativos” en las tres empresas afectadas “sin más explicación” y sin ser “muy explícitos”. Los sindicatos no pudieron trabajar con la nueva documentación durante la reunión porque se les entregó en formato digital momentos antes de comenzar.

PSA VIGO APRUEBA EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) QUE LE SALVA HASTA LA LLEGADA DEL NUEVO VEHÍCULO

  1. Estévez – Diario Atlántico

La factoría de PSA aprobó el expediente de regulación para 400 trabajadores con el que pretende paliar la bajada de producción en la línea de sedanes. SIT y UGT lo apoyaron, pero el resto de sindicatos no. PÁG. 25

Sólo SIT y UGT, que representan al 75% de la plantilla de la factoría automovilística de Balaídos, firmaron el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y la CUT estudia impugnarlo.

La factoría viguesa de PSA Peugeot-Citroën ha aprobado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 400 trabajadores con el que pretende paliar la bajada de producción en la línea de los sedanes, que será muy acusada en 2019 (caída de, al menos, un 40%). No hubo consenso social ya que solo SIT y UGT, que representan al 75% de la plantilla, lo suscribieron, mientras que CC.OO., CIG y CUT no lo apoyaron y este último sindicato está estudiando impugnarlo.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) empezará a aplicarse el próximo día 1, en diciembre se aplicará durante 10 días y hasta el mes de marzo no se volvería a echar mano de él ya que hasta entonces se aplicarán 9 días de adecuación de jornada, salvo que la demanda de los C-Elysée y 301 baje más de lo previsto.

Estará en vigor hasta finales de 2019, cuando comenzará la producción en serie del nuevo todocamino V20 (nombre industrial) con el que se recuperará el turno que ahora desaparece en la línea M1 (hay dos y uno deja de funcionar) y se pondrá en marcha un tercero, nocturno.

La empresa destaca que este acuerdo “va a permitir afrontar el periodo de transición hasta la llegada del V20″ y destaca el carácter constructivo de la negociación”, señalan fuentes de la dirección.

El SIT, que tiene mayoría absoluta, valora que “haya herramientas para no ir al ERE, recolocaciones y voluntariedad para trabajar los fines de semana” y destaca la ampliación de 100 a 140 los empleos fijos que se van a hacer este año, señala el presidente del comité, Juan José Muñoz.

UGT ve positivo que se retirara del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a colectivos vulnerables como los contratos a tiempo parcial, los eventuales, la gente de mayor edad y los que ya se vieron afectados en el último ERE. “Una regulación de empleo nunca es agradable, pero entendemos que es transitorio y productivo ya que vemos un horizonte con la llegada del V20”, indica Ana Belén Valiño.

La CUT está estudiando impugnarlo porque considera que incluye una “distribución irregular de la jornada” y lamenta que se aplique teniendo unos elevados índices de precariedad y medio millar de trabajadores de empresas externas prestando servicio en la planta de Balaídos.

Por su parte, CC.OO. critica que “cuando a la empresa la interesa, hay recursos económicos”, en referencia a los 2.000 euros que abonará a los operarios que quieran trabajar voluntariamente en el turno de fin de semana de la línea 2, la de las furgonetas, que está saturada de actividad.

VARIAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS DE SABADELL RECHAZAN EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) DE SMATSA

Una plataforma vecinal apoya al Ayuntamiento que ha anunciado la intervención de la empresa para evitar los 43 despidos

La plataforma Stop despidos y corrupción en Smatsa, integrada por varias organizaciones ciudadanas de Sabadell, emite un comunicado de apoyo a los trabajadores de la empresa y al Ayuntamiento de Sabadell.

Smatsa es la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos. La dirección está presuntamente implicada, junto con su matriz corporativa Vendez, antiguos miembros de la dirección del PSC de Sabadell y ex altos cargos municipales, en el caso Mercuri, según la juez que instruye el caso.

En medio de todo esto, Smatsa quiere presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 43 trabajadores y modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de otros 36 empleados más.

El Ayuntamiento de Sabadell, de cara a poder resolver el conflicto, ha abierto un proceso de intervención municipal de la empresa concesionaria, que podría finalizar el 21 de diciembre con la intervención pública de Smatsa y de la gestión del servicio de limpieza y recogida de residuos.

El actual gobierno municipal encargó en 2017 una auditoría externa sobre el estado de prestación de este servicio. El resultado de la auditoria detectó “el incumplimiento por parte de los servicios que debe prestar la empresa concesionaria y la facturación de unos servicios que no se prestan”.

Servicios no prestados por valor de 35 millones

El Ayuntamiento de Sabadell calcula que el valor de los servicios no prestados por Smatsa supera los 3,5 millones de euros de un contrato agregado por valor de unos 20 millones. Ante esta actuación del actual equipo municipal, la empresa no solo no ha cumplido los requerimientos municipales, sino que ha interpuesto varios contenciosos contra los acuerdos del Consistorio y varias querellas criminales contra el alcalde, otros responsables municipales y representantes sindicales.

La dirección de la empresa se defiende diciendo que para poder cumplir con los requerimientos del Ayuntamiento hace falta que la corporación municipal “modifique al alza” la concesión municipal en 1,2 millones de euros más.

Presionar al Ayuntamiento

Smatsa responde a la presión del Ayuntamiento con la amenaza de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 43 trabajadores y la modificación sustancial de las condiciones laborales de 36 personas más.

El Ayuntamiento acusa a la dirección de Smatsa de incumplir la letra de la concesión que, en el pliego presentado, la empresa se comprometía a un progresivo aumento de la plantilla de trabajadores para hacer frente a las necesidades del servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad. El Consistorio denuncia que no solo la plantilla no se ha ampliado, sino que se ha reducido en 50 personas.

La plataforma Stop despidos y corrupción en Smatsa se posiciona a favor de los trabajadores, rechazando el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que quiere presentar la empresa concesionaria y a favor del equipo municipal, al que pide que no ceda en las pretensiones y chantajes de la dirección.

La plataforma también da apoyo al Ayuntamiento en su actuación de abrir un proceso de intervención municipal a Smatsa, que podría acabar en manos del equipo municipal el próximo 21 de diciembre.

CC.OO., UGT Y USO DENUNCIAN “REPRESALIAS” DE AMPROS A LOS TRABAJADORES POR LA ÚLTIMA PROTESTA

eldiario.es – Cantabria

Convocan otra concentración a las puertas del Ayuntamiento de Santander, para exigir respeto a los derechos laborales

Trabajadores de AMPROS se concentran para reclamar un nuevo convenio colectivo ->

https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Trabajadores-AMPROS-concentran-reclamar-colectivo_EDIIMA20180530_0988_19.jpg

Los sindicatos CC.OO., UGT y USO han denunciado “represalias” de la dirección de AMPROS contra los trabajadores por la concentración del pasado 5 de noviembre para exigir el respeto a los derechos laborales y, por ello, han convocado otra concentración para el lunes, 26 de noviembre, a las 18.45 horas, a las puertas del Ayuntamiento de Santander.

Según ha indicado la Federación de Enseñanza de CC.OO. en un comunicado, a raíz de la última concentración “la empresa ha retrasado el pago de las nóminas este mes de noviembre sin ofrecerles ningún tipo de explicación”.

Además, ha lamentado que la dirección de AMPROS “no ha cumplido con el pago de complementos a las empleadas y empleados con discapacidad, recortando su salario entre un 4 y un 8%, siendo este colectivo el de menor poder adquisitivo”.

Todo ello, ha criticado, “como represalia a la denuncia por parte del personal del recorte de los derechos laborales que sufren sus 400 trabajadores y trabajadoras desde 2012 y de la falta de diálogo que está retrasando de forma intencional la negociación de los convenios colectivos que rigen su actividad”.

Según relata el sindicato, todo se remonta a 2012, cuando AMPROS promovió un Expediente de Regulación de Empleo que afectó a 97 trabajadores y que continuó con “un descuelgue salarial que afectó a la mayoría de la plantilla, con la congelación de los sueldos en AMPROS Servicios Sociales y en AMPROS Centro Especial de Empleo”.

Desde entonces, ha alertado que “el asunto no ha hecho más que empeorar”. “En 2018, la dirección de AMPROS decidió reducir y hasta eliminar los complementos salariales establecidos en convenio colectivo en vigor para los trabajadores y trabajadoras de su Centro Especial de Empleo ante el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que cada año fija el Gobierno”, ha indicado.

En 2018, ese SMI está establecido en 735,90 euros, “superando el salario base de los empleados y empleadas afectados ahora por esta medida unilateral de la empresa”. Ante esta situación, CC.OO. impulsó una demanda judicial que derivó en la condena a AMPROS-Centro Especial de Empleo el pasado mes de agosto por parte del Juzgado de lo Social nº4.

“El juez declaró que la subida del SMI nada tiene que ver con el pago de complementos salariales, a los que siguen teniendo derecho los trabajadores. La represalia de AMPROS de no reconocer esos complementos ahora va en contra de la resolución judicial”, ha concluido CC.OO..

CEMEX ECHA EL CIERRE EN ALMERÍA Y BALEARES: “SERÁ LA RUINA PARA LA COMARCA”

Carlos Frías – Vozpópuli

La empresa despedirá a comienzos de 2019 a más de 200 personas en dos zonas donde las alternativas industriales escasean

La industria española ha sufrido un revés en las últimas semanas. La empresa mexicana dedicada a la producción de cemento, Cemex, ha anunciado el cierre de dos de las siete plantas de producción que tiene en nuestro país: la de Gádor, en Almería, y la de Lloseta, en Baleares.

Trabajadores de Alcoa se manifiestan a la espera de la decisión de Europa sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ->

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Trabajadores-Alcoa-Coruna-Europa-ERE_0_1191781356.html

La compañía llevará a cabo una “importante” reducción de su estructura a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a más de 200 trabajadores de los 1.000 que tiene la empresa en España.

¿Por qué cierra Cemex? La mexicana ha explicado que el despido de parte de la plantilla responde a la situación del sector y a las perspectivas de la industria frente a la nueva regulación europea sobre los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) a partir de 2020.

La empresa explica que los despidos responden a las perspectivas de la industria frente a la regulación europea sobre la emisión de CO2

Los trabajos en el mundo cementero son estables y duraderos, por lo que la mayoría de los trabajadores que se irán a la calle lo harán acumulando más de 15 años en el sector. ¿Qué hacer con esas 200 personas que se quedan sin empleo?

El secretario general de la sección sindical de CC.OO. en la empresa, José Lafuente, explica a Vozpópuli que uno de los logros que han alcanzado es la de implicar a las distintas administraciones en la creación de planes de empleo enfocados en los despedidos.

“La empresa se mantiene en que es necesario cerrar, aunque nosotros vemos razones para que se puedan mantener abiertas. La última reunión la tendremos el 26 de diciembre y a partir de enero se negociarán las salidas de los trabajadores”, dice Lafuente explicando el calendario que les queda por delante.

Gádor

“Hemos conseguido aplazar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) hasta enero gracias a las manifestaciones”, explica Antonio Orta, responsable del sindicato en la planta de Cémex en Gádor, Almería. Los despidos estaban establecidos para noviembre, pero este tiempo ganado es un balón de oxígeno para que los trabajadores encuentren un nuevo empleo en una zona deprimida industrialmente.

En la región sólo queda otra cementera en Carboneras y una planta de Endesa. Ahora se convierten en posibles destinos laborales cerca de casa. “Nosotros defendemos que la planta es rentable, y lo vamos a hacer hasta el último día del año. Los ánimos están por los suelos”, añade.

El sindicato calcula que se perderán unos 100 puestos de trabajo directos y 200 indirectos. “El tejido industrial es prácticamente nulo”

En las mesas de negociaciones se han establecido la posibilidad de crear empleos en la zona con “alternativas de industrialización”, pero Orta apunta que serían a “medio y largo plazo”, lo que no solucionaría el aumento de paro a partir del primer mes de 2019.

El sindicato calcula que se perderán unos 100 puestos de trabajo directos y 200 indirector. “El tejido industrial es prácticamente nulo”, apunta Orta. En la planta, asegura, se cumple con la cuota de mujeres trabajando. La media de edad no baja de los 45 años, y la experiencia acumulada supera ampliamente la década. Avisa que van a pelear hasta el último momento. “Si cierra la empresa será la ruina para la comarca”.

Lloseta

Lloseta es un pequeño pueblo a 30 minutos en coche de Palma de Mallorca. A penas viven 5.000 personas. Más de 80 perderán su puesto de trabajo cuando Cemex haga las maletas a partir de 2019. “La gente está abatida. Sabíamos que iba a pasar algo, pero no de manera tan repentina”, afirma Vicenç Villalonga, el delgado de CC.OO. en la fábrica.

La reducción de plantilla afectará a todas las secciones menos a la parte comercial. “Los trabajadores afirman que nunca más volverán a trabajar para Cemex, ni si quiera si los reubican”, afirma tajante.

En la zona sólo queda una planta incineradora y otra de Enel (empresa matriz de Endesa). “Hace 10 años se hacía mucho calzado, pero ahora sólo quedan dos fábricas”. En la isla hay cuatro plantas de hormigón, pero Villalonga duda de que puedan absorber todos los despidos.

Además del desempleo, el desabastecimiento podría ser un problema. “La construcción genera 44.000 empleos en la isla. No entendemos el cierre”

Además del desempleo, se podrían sumar problemas de desabastecimiento. “La construcción genera 44.000 empleos en la isla y subiendo. No entendemos el cierre. Va a ser complicado traer cemento cuando haya temporal o los puertos estén cerrados”, subraya Villalonga.

Tendremos que estar trabajando hasta el último día. Hay que catalogar e indicar bien cada uno de los productos que tenemos aquí porque son muy contaminantes y peligrosos”. Villalonga se refiere a los aditivos que se le echan al cemento para que sea más fluido o al sufato ferroso que elimina el SO3, el elemento que agrieta las manos de los obreros cuando tocan el producto con las manos.

UGT RECHAZA EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) EN LA EMPRESA BRITÁNICA AHORRO CORPORACIÓN

FeSMC-UGT | Madrid

La empresa pretende despedir a 23 trabajadores de su delegación en Madrid.

La empresa Ahorro Corporación, de titularidad británica junto a otros accionistas, y domiciliada en Madrid, ha informado al Comité de Empresa su intención de realizar un Expediente de Regulación de Empleo que afectaría a 23 trabajadores y trabajadoras de la empresa, el 24 % del total de la plantilla, formada por 98 trabajadores.

UGT rechaza este nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Ahorro Corporación, que se suma a los cuatro EREs realizados en los últimos cinco años, el último de ellos hace tan sólo once meses.

El Comité de Empresa de UGT rechaza los despidos planteados –que afectan a profesionales de una especial cualificación–, y está explorando todas las acciones legales a su alcance para impedir este nuevo expediente de regulación de empleo en Ahorro Corporación.

LA PLANTILLA DE FUNDINORTE SE CONCENTRA FRENTE AL PARLAMENTO ANTE EL “OLVIDO Y MALTRATO” DEL GOBIERNO

IU muestra su apoyo a este colectivo de trabajadores

La Plantilla de Fundinorte –antigua Greyco- se ha concentrado frente al Parlamento de Cantabria con el fin de mostrar “el olvido y maltrato” del Gobierno ante su situación laboral.

Minutos antes del comienzo de la sesión del pleno en la que se debatían las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Cantabria de Presupuestos Generales, varias decenas de trabajadores mostraban su indignación “contra los distintos gobiernos que no han hecho lo adecuado para que los empleos se mantuvieran y ahora no dan una respuesta digna a quienes se van a la calle”.

En un comunicado, el candidato de IU a la presidencia del Gobierno de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha mostrado el apoyo de su formación a los trabajadores junto a los que se ha concentrado y que “están siendo ninguneados por la Administración”.

Ruiz Salmón ha conocido de primera mano las condiciones de los trabajadores –limpiadoras, fundidores, personal de oficina- que actualmente están en un proceso abierto de Expediente de Regulación de Empleo, muchos de ellos en la franja de edad entre los 50 y la jubilación, “y que no saben qué será de ellos”.

“Si los recortes fueran en los sueldos de los que se sientan ahí dentro –en referencia a los diputados del Parlamento- andarían listos para que esta situación no se diese”, transmitían los trabajadores de Fundinorte al representante de IU.

“Los propios trabajadores nos cuentan que no les llega la información -o les llega tarde a sus representantes sindicales-; una plantilla que lleva mucho tiempo sin cobrar, en paro, y a quienes se les adeudan pagas extras y otros honorarios”, relata Ruiz Salmón.

Además, continúa, “los pocos avances que había para conservar sus puestos de empleo, ya que habría alguna empresa interesada en invertir, ya no son tales tras cambios en los últimos días”.

“La gestión política de este gobierno –y los anteriores- con esta empresa y sus trabajadores no ha podido ser peor, con inyecciones millonarias de dinero y sin control alguno, y parece que quieren dejar morir la fundición, dejando en la calle a las 50 personas que trabajan allí, muchas de ellas durante décadas y que son las que han mantenido viva la actividad”, criticaba Ruiz Salmón.

A juicio del candidato de IU, “la falta de implicación de Sodercan no es nueva”, como tampoco lo es “que el Gobierno no hace lo posible para defender los derechos laborales, sociales y económicos de las familias trabajadoras, afecten a todo un sector de 20.000 personas como es el del metal y que ha ganado el convenio digno sin ayuda del Gobierno, o hablemos de unas decenas de puestos de trabajo de una empresa como Fundinorte, situada en la comarca del Besaya, zona tan castigada”.

EL MAPA DE LOS AJUSTES EN LAS FÁBRICAS DE AUTOMOCIÓN

Toni Fuentes – Coche Global

El ERTE de PSA Vigo es el último recorte que se incorpora al recuento en la web Coche Global

Desde el verano pasado, la industria de automoción española está sufriendo las consecuencias del desplome del diésel y de la entrada en vigor del nuevo test de emisiones WLTP, entre otros factores. El resultado es que la mayoría de las factorías están aplicando medidas para afrontar la situación.

La última ha sido la fábrica de PSA de Vigo con un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Para estar al día de la evolución del sector, la web Coche Global incorpora una nueva herramienta: un mapa interactivo de todas las plantas y las medidas que aplican.

La dirección de la fábrica del grupo PSA (Peugeot Citroën Opel) en Vigo ha llegado a un acuerdo con los sindicatos SIT y UGT, que suman el 75% de la representación en el comité de empresa, para aplicar un ERTE entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.

El ERTE prevé un máximo de 50 días de inactividad para 400 empleados afectados, que trabajan en la línea de montaje de las berlinas para países emergentes Peugeot 301 y Citroën C-Elysée. Además, se ha suprimido un turno de trabajo de la línea y se recolocarán a empleados en otras líneas de montaje y en otros turnos.

Mientras tanto, la planta gallega sigue adelante con sus planes para empezar a producir un nuevo SUV que tendrá una versión eléctrica y se ampliará la fabricación de baterías para el grupo con un ritmo de 10 por hora.

La proliferación de días de parón aplicados en las factorías de automoción españolas, mediante ERTE o medidas de flexibilidad de jornada provocaron una caída de la producción del 23% en septiembre, aunque en octubre volvió a subir un 1,67% a pesar del contexto de alta volatilidad en los mercados y en las planificaciones de la actividad industrial.

A la espera de la evolución del mercado en los últimos días de noviembre, las ventas de clientes particulares en el mes bajaron a un ritmo del 13%, según avanzó el director general de Seat España, Mikel Palomera, que atribuyó el descenso a la incertidumbre creada por el Gobierno al anunciar que a partir de 2040 no se podrán comercializar coches de gasolina, diésel, de gas e híbridos.

ERTE o flexibilidad

De momento, las factorías que han aplicado o han acordado la puesta en marcha de un ERTE han sido, además de la de PSA de Vigo, las de Volkswagen de Navarra, Iveco de Madrid y Ford de Almussafes. En el resto de plantas se han aplicado días de flexibilidad de jornada que permiten reducir la actividad de la planta a cambio de que la plantilla devuelva mas adelante las jornadas no trabajadas.

Con la aplicación de estas medidas para ajustar la producción a la demanda, la industria española tampoco llegará este año al objetivo que se había marcado de tres millones de unidades. De hecho, España acaba de ceder el octavo puesto mundial en fabricación de vehículos a Brasil.

ACUERDO EN EL ERTE DEL HOTEL NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ

CC.OO. Servicios

Tras una dura y complicada negociación se ha logrado un acuerdo en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) del hotel Novotel Puente de La Paz.

Este hotel tiene previsto cerrar en los primeros días de Diciembre para acometer una reforma integral que durará 6 meses.

La propuesta inicial de la empresa era una suspensión de empleo que afectaba a 52 trabajadoras/es de un total de 54 en plantilla, con el argumento de iniciar unas obras de reforma y solo proponiendo un plan social, consistente en dar formación durante la suspensión de los puestos de trabajo sin proveer ningún complemento salarial, corriendo a cargo de las prestaciones del SEPE de cada trabajadora/or.

Al final del periodo de consultas y ante la convocatoria de una huelga para los próximos días, se ha llegado al siguiente acuerdo:

La empresa complementará la prestación del desempleo hasta alcanzar el 85% del salario base más prorratas de pagas extras, plus de productividad y complemento de empresa, así como el 70% del plus de transportes durante la suspensión de los puestos de trabajo.

EL SEGUNDO DÍA DE HUELGA EN LOS COLEGIOS CONCERTADOS VASCOS DEJA A MILES DE ALUMNOS SIN CLASE

Marta Fdez. Vallejo – El Correo

La manifestación ha recorrido la Gran Vía

Los paros continuarán ante la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal

Los colegios concertados afrontan la segunda jornada consecutiva de huelga, que volverá a dejar sin clase a miles de alumnos. El primer día de paros dio la medida de la gravedad de un conflicto que se encuentra en un callejón sin salida.

La patronal Kristau Eskola reiteró su advertencia de que las demandas de los sindicatos y la falta de una financiación suficiente por parte del Gobierno vasco «pone en peligro» el futuro de los centros, y los representantes de las plantillas censuraron que la oferta de la patronal está muy alejada de sus peticiones.

También hubo grandes diferencias a la hora de cuantificar el seguimiento del paro: un 65% según las centrales y un 32% para Kristau Eskola. Profesores y trabajadores de los centros se manifestaron por la Gran Vía de Bilbao para sacar a la calle sus reivindicaciones de subidas salariales y una menor carga de trabajo.

La huelga dejó sin clase a miles de los 120.000 alumnos en los más de 200 colegios de iniciativa social de Euskadi afectados por el conflicto, en los que trabajan 9.000 docentes y empleados de administración y servicios. Una buena parte de las familias decidieron dejar a sus hijos en casa ante la advertencia de los equipos directivos de que solo contarían con servicios mínimos.

Los colegios concertados afrontan cuatro jornadas de paros, convocados por ELA, Steilas, CC.OO., LAB y UGT. El responsable de los centros religiosos, Mikel Ormazabal, compareció en Bilbao para dar detalles de las propuestas que ha hecho la patronal a los sindicatos y de la «difícil» situación económica del sector.

Explicó que la última oferta rechazada por las centrales planteaba una subida salarial «por encima de la de los funcionarios», una rebaja de horas de trabajo, mejoras laborales en el primer ciclo de Infantil, reducción de jornada docente del 25% a los profesores a partir de los 61 años y un plan de recolocación para el personal que se quede sin plaza por la caída de la natalidad, entre otras medidas.

El responsable de Kristau reconoció que algunas de las demandas laborales por las que luchan los trabajadores son «justas», pero lamentó que con los recursos que tiene la red concertada «no se puede hacer frente» a todas las peticiones. «Nos veríamos obligados a cobrar cuotas altas a las familias y nos convertiríamos en centros privados», argumentó.

El director de Kristau Eskola hizo un llamamiento a Educación. «El Gobierno vasco debe tomar conciencia de que el conflicto no solo atañe a patronal y sindicatos. Somos un servicio público y el garante es el Departamento de Educación». Criticó que el sector concertado «no recibe una financiación suficiente». «El reparto en los Presupuestos es de un 33% para los colegios de iniciativa social y un 66% para la escuela pública, cuando acogemos a la mitad de los alumnos vascos», subrayó.

Desde 2009 sin convenio

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, respondió a esa queja. Recordó que la financiación de la escuela concertada «está recogida en la ley, y definida y acordada en los conciertos educativos», por lo que «no es algo que el Gobierno haya sacado de la manga o fijado unilateralmente». La posición del Ejecutivo es «clara», dijo Erkoreka: «Este es un conflicto entre la patronal y los trabajadores y es la escuela concertada la que tiene que esforzarse en alcanzar acuerdos».

Las centrales sindicales afirmaron por su parte que la propuesta de las patronales Kristau Eskola y AICE está «alejada de sus reivindicaciones». Explicaron que el sector lleva sin convenio desde 2009 y que en ese tiempo su pérdida de poder adquisitivo supera el 10%, a la vez que las cargas de trabajo se han multiplicado hasta ser «insostenibles».

Los sindicatos ponen en duda que los colegios no cuenten con los recursos suficientes para responder a sus reclamaciones y consideran que, en todo caso, es «responsabilidad de la patronal negociar con el Gobierno vasco una financiación suficiente para la red concertada».

ELA DICE QUE EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) DE MIASA “OCULTA UNA DESLOCALIZACIÓN COSTEADA CON DINERO PÚBLICO”

Europa Press – Pamplona

El sindicato ELA ha afiramdo que el expediente de regulación de empleo presentado por Miasa, que prevé 28 despdidos, “oculta una deslocalización costeada con dinero público”.

ELA considera que “es necesaria una respuesta contundente” y ha planteado una huelga indefinida para “obligar a la empresa a retirar el ERE. Sin embargo, la mayoría del comité (3 LAB, 3 CC.OO., 2 independientes) ha optado por paros parciales. ELA sigue creyendo que “solo mediante un paro indefinido podremos colocar a la empresa en otra tesitura diferente a la actual”.

Además, el sindicato ha criticado que la dirección de Miasa “está faltando a la verdad”. “El descenso de la producción se ha producido por la deslocalización de carga de trabajo. Se está desviando trabajo de alto valor añadido a la nueva planta de Zuera-Zaragoza”, ha señalado.

En la planta de Pamplona, se diseñan las horquillas para cajas de cambios y se realizan los prototipos. Las piezas se funden en Navarra y el trabajo de mecanizado “se desvía” a Zuera. “Las mencionadas piezas desde su creación, han sido subvencionadas con dinero público de los navarros, pero ese dinero genera riqueza en otra comunidad”, ha censurado.

Tras ello, ELA ha asegurado que va a “continuar peleando para mantener la carga de trabajo y los puestos de trabajo en Pamplona y para ello es imprescindible la retirada del ERE”.

ALCOA AMPLÍA EL PLAZO DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) Y BUSCARÁ ALTERNATIVAS AL CIERRE DE AVILÉS Y LA CORUÑA

Laura Castro – El Comercio Digital (Asturias)

Los trabajadores de Alcoa mantuvieron una reunión en Madrid con la empresa

La multinacional aplaza hasta el 27 de diciembre los despidos e incluso podría dar otro margen extra hasta el 15 de enero si «avanza» la negociación

Las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña tendrán, al menos, treinta días más de vida. Pasadas las 15 horas comenzaba la reunión entre los representantes de las plantillas de ambas factorías y la multinacional. Era la última oportunidad para constituir la mesa de negociación de los despidos y no la desaprovecharon. El comité gallego, que había dado plantón a Alcoa en los cinco encuentros anteriores, no falló esta vez y por fin pudo formalizarse la comisión negociadora.

Era el requisito indispensable para ganar más tiempo y lo cumplieron a falta de tres días de que comenzaran los despidos. El periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se ampliará finalmente treinta días más e, incluso, la multinacional abre la puerta a un margen extra hasta, como máximo, el 15 de enero, pero «siempre y cuando la negociación avance». Los representantes de los trabajadores ya han trasladado su intención de solicitar una ampliación «aún mayor» y previa al periodo de consultas.

Por otro lado, Alcoa, que ya convocó una nueva reunión para el próximo día 4 con los representantes de los trabajadores, accedió a sentarse con Gobierno central y sindicatos para buscar alternativas que mantengan la actividad aluminera en Avilés y La Coruña.

Hasta ahora la multinacional se había negado en rotundo a ello hasta el extremo de rechazar varias invitaciones del Ministerio de Industria, pues entendía que se trataba de un foro «que no aportaba nada», según trasladaron sus representantes al comité avilesino.

Sin embargo, la empresa dio un giro a su planteamiento y se comprometió por escrito a participar en dicha mesa, que podría celebrarse en breve. «Reiteramos nuestra disposición a escuchar y valorar propuestas de posibles partes interesadas en las fábricas que presenten una propuesta sólida y viable, y respetuosa con los trabajadores», trasladó la multinacional. Su ofrecimiento no era nuevo, pero hasta ahora se había negado a tratar este extremo de manera conjunta con el Gobierno.

«Llevábamos mucho tiempo solicitando esta implicación y parece que por fin lo hemos conseguido. Queremos que se sienten a dialogar y a estudiar de manera conjunta alternativas a los cierres», señaló al término del encuentro el presidente del comité de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

En este sentido, la ministra de Industria, Reyes Maroto y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han constatado el interés de varios inversores por las dos factorías alumineras. Maroto espera trasladar estas ofertas a la directiva de la multinacional en persona, pues anunció un viaje a Estados Unidos para tratar con los responsables de Alcoa el conflicto desatado en España, que dejaría sin empleo a 686 trabajadores entre Avilés y La Coruña.

A pesar de que el resultado de la reunión invita al optimista, el comité de Avilés se mantiene prudente ante el devenir del proceso. «Hemos conseguido más tiempo, pero seguimos con un despido colectivo sobre la mesa», explicó Gómez de la Uz. Sí reconoció, no obstante, que «es una buena noticia» que la multinacional haya accedido «por fin» a sentarse con el Gobierno y los sindicatos. «Esperamos que esto abra una vía de negociación paralela que permita encontrar una alternativa que garantice el mantenimiento de la actividad en las dos plantas», agregó el presidente del comité avilesino.

Por ahora, concluyó, la hoja de ruta la marca el oficio remitido por el Ministerio de Trabajo. «Ahondaremos en él para negociar de buena fe con la empresa ahora que la comisión representativa está formada», indicó. En ella, estarán Gómez de la Uz (CC.OO.), Daniel Cuartas (UGT), Alberto Grijalbo (USO) y otros tres miembros del comité avilesino, José Luis González Joyanes, Carlos Cuervo y José Antonio Jaquete. El resto de integrantes -la comisión tiene 13 miembros- son representantes de la planta de La Coruña.

No habrá ayudas sin empleo

Maroto señaló que está valorando condicionar las ayudas para la industria electrointensiva al mantenimiento del empleo. El Gobierno va a aprobar el programa ‘Reindus’ -en el que se podría incluir esta medida-, de ayuda a la reindustrialización presupuestado en más de 400 millones de euros. Maroto, en declaraciones a RNE, aseguró que generarán oportunidades para que la industria «coja peso» y alcance el 20% del PIB, tal y como marca Europa.

No obstante, el presidente del comité de Avilés, recuerda al Gobierno central la necesidad de establecer un «marco energético estable» para evitar que situaciones como la de Alcoa se repitan. «La ministra de Transición Ecológica dice que el problema de esta empresa es industrial y no energético, pero está muy equivocada. Tienen que garantizar más estabilidad en el sistema y un menor coste si no quieren tener más problemas con las electrointensivas», advirtió Gómez de la UZ.

SINDICATOS Y PATRONAL DIFIEREN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DE LIMPÌEZA

Madrid (EFE)

El sindicato CC.OO. ha cifrado en casi un 100% el seguimiento de la primera jornada de huelga de los trabajadores de la limpieza de edificios y locales, tanto públicos como privados, mientras que la patronal Aelma reduce la participación a solo un 1%.

Cerca de 80.000 trabajadores del sector de la limpieza de edificios y locales estaban llamados a secundar, desde esta medianoche, una huelga indefinida convocada por CC.OO. y UGT por “un convenio colectivo digno”, tras el estancamiento de la negociación colectiva con las patronales del sector, Aelma y Aspel.

Según ha manifestado a Efe el responsable de Construcción y Servicios de Madrid de CC.OO., Pedro Garijo, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, en la limpieza de aviones ha habido un seguimiento del 100 % en Iberia y del 50 % en el resto de las compañías, en las zonas comunes del aeropuerto ha sido del 100 % en dos de las terminales, y cerca del 50 % en una tercera y en el edificio satélite.

En el Metro cuantifica el seguimiento en un 80 %; en colegios casi el 90 %, y en universidades el 100 %, al igual que en Zarzuela, donde no se han asegurado servicios mínimos, según el responsable sindical.

Asimismo, estima que en los centros privados, donde trabajan unas 80.000 personas, han secundado el paro un 90% de los trabajadores, un balance que Garijo califica de “bastante bueno”.

Por otra parte, el presidente de la patronal Aelma, Jesús Martín, señala que el seguimiento ha sido solo del 1 %, según los datos que han recogido hasta las dos de la tarde.

El motivo de la huelga es que, tras once meses de negociaciones, las patronales Aspel y Aelma están “enrocadas en una irresponsable posición y no han mostrado voluntad alguna de llegar a ningún acuerdo”, sino la de “dilatar en el tiempo” la negociación, según los convocantes.

Las patronales de la región no aceptan la subida convenida a nivel nacional en el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), que habían pactado una subida salarial del 8% en cuatro años, más el 1% anual en complementos, para todo el país.

Por el contrario, señala CC.OO., las patronales Aspel y Aelma se “desmarcan de la negociación nacional y ofrecen un 6% de subida en cuatro años”, lo que los sindicatos consideran inaceptable.

En ese sentido, tanto patronal como sindicatos admiten que no ha habido nuevos avances en las negociaciones.

Además, CC.OO. critica que en una reunión mantenida con Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid, ambas partes “habían mostrado un acercamiento: los sindicatos aceptando un 8,2% en cuatro años y las patronales un 7,2%. Sin embargo, estas se levantaron de la mesa rebajando al 6%”.

Los trabajadores del sector, que ya se concentraron en la capital, lo han vuelto a hacer una gran concentración a las nueve de la mañana frente al Ministerio de Trabajo que desde CC.OO. señalan que esta ha transcurrido bien, “sin más altercados que algún corte de tráfico en la Castellana”.

El paro convocado por los sindicatos afecta a la totalidad de edificios y locales públicos y privados de la región, según ha indicado un portavoz de CC.OO., aunque los elevados servicios mínimos decretados por la administración “blindarán” los centros sanitarios y educativos, con un 100% de mínimos garantizado en quirófanos y 75% en zonas comunes de los hospitales, y un 100% en aseos y zonas de alto riesgo de centros educativos no universitarios.

En el aeropuerto de Barajas, los servicios mínimos son del 50% en aseos de las terminales y del 25% en el resto de zonas aeroportuarias, mientras que en las estaciones de metro los mínimos también ascienden al 50%, según CC.OO..

LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA VUELVEN A LA HUELGA

Luis Ángel Vega – La Nueva España

Convoca CC.OO., será de dos horas y busca forzar una mayoría parlamentaria para frenar la movilidad forzosa de los trabajadores

Protesta de los funcionarios ante los Juzgados de Oviedo ->

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Los funcionarios de Justicia, que protagonizaron una huelga el pasado día 16, vuelven a la carga, esta vez convocados por CC.OO. y con un paro de dos horas que busca forzar una mayoría parlamentaria que revoque la movilidad forzosa que establece la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La huelga del pasado día 16 fue seguida por poco más del 40 por ciento de los funcionarios, según indicaron fuentes de la Administración regional.

Tras las movilizaciones del pasado día 16, PSOE y Podemos rectificaron su voto en el Congreso de los Diputados y presentaron enmiendas en el Senado para que se mantuviese la redacción actual del artículo 521 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula los centros de destino en la Administración de Justicia

CC.OO. ha convocado una nueva jornada de huelga, esta vez de dos horas de duración, “para continuar las presiones con el fin de conseguir una mayoría parlamentaria que ponga freno al gravísimo ataque que supone unificar en uno solo todos los centros de destino de cada municipio que, en la práctica, implica el establecimiento de traslados forzosos y arbitrarios dentro de la misma localidad”.

CC.OO. también solicita que se retire la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece la prohibición de nombrar personal de refuerzo de los cuerpos generales de la Administración de Justicia cuando se designen jueces de refuerzo y que este personal de refuerzo sea cesado automáticamente en el plazo máximo de seis meses aunque permanezca la sobrecarga de trabajo que motivó su nombramiento.

Según CC.OO., “las concentraciones en los centros de trabajo de las últimas semanas y la huelga y la manifestación en Madrid del día 16 de noviembre han hecho reaccionar a Podemos, que ha presentado enmiendas en el Senado para frenar este recorte en el empleo y esta agresión al servicio público.

Si bien el Ministerio de Justicia, presionado por la huelga del 16N, ha presentado una enmienda al artículo 521 para que se mantenga la redacción actual de este artículo, ni el Ministerio de Justicia, ni ningún otro partido político han escuchado, por ahora, estas importantes reclamaciones por lo que para CC.OO. las movilizaciones, también por este motivo, deben continuar”.

Con esta nueva convocatoria de movilizaciones CC.OO. y el personal de la Administración de Justicia “exigen al PP una rectificación inmediata y exigen también al Ministerio de Justicia la apertura de negociaciones, que hasta ahora se han negado, para poner fin definitivo a este conflicto”.

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