Boletín de Luchas Obreras (4 de Agosto de 2018)

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ÍNDICE

  • INICIA LOS TRABAJOS LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL CON LOS AGENTES SOCIALES
  • EL TSJA ADMITE OTRO RECURSO DE UNA TRABAJADORA DESPEDIDA EN EL ERE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA Y TENDRÁ QUE SER READMITIDA
  • LA ADJUDICACIÓN DE VIRGINIAS A ACRIMONT Y RISI PROVOCARÁ 120 DESPIDOS
  • DORNIER DESPIDE A 8 DE SUS TRABAJADORES
  • UNA SENTENCIA ANULA TODOS LOS CESES DE UN PROFESOR INTERINO ENTRE EL 2012 Y EL 2016
  • LA FUNDACIÓN HERMANOS TENREIRO EN A CORUÑA ENTRA EN LIQUIDACIÓN Y CIERRA LA ESCUELA INFANTIL DE EIRÍS
  • TRABAJO VUELVE A CITAR A RYANAIR Y A LOS SINDICATOS
  • LA CÁMARA DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA PLANTEA UN ERE AL CAER SUS INGRESOS
  • LOS AGENTES FORESTALES AMENAZAN CON IR A LA HUELGA
  • LA AUDIENCIA NACIONAL VERÁ POR PRIMERA VEZ UNA DEMANDA POR CONFLICTO COLECTIVO CONTRA UNA PLATAFORMA DIGITAL
  • VESTAS CERRARÁ LA PLANTA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS CON 44 EMPLEADOS Y OFRECE RECOLOCACIONES
  • DOUGLAS INICIA EL CIERRE DE 53 TIENDAS TRAS UN ACUERDO CON SUS TRABAJADORES
  • LA COORDINADORA DE PROFESORADO INTERINO EN VALENCIA PIDE AL CONSELLER DE EDUCACIÓN DIMITIR POR LAS OPOSICIONES
  • EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE NAVARRA, OBLIGADO A READMITIR A UN TRABAJADOR POR UN DESPIDO IMPROCEDENTE, SEGÚN CCOO

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INICIA LOS TRABAJOS LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL CON LOS AGENTES SOCIALES

Nota del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Ver vídeo -> https://youtu.be/KZe6XELWriU

Magdalena Valerio destaca el acuerdo alcanzado en este primer encuentro de la Mesa de Diálogo con los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Se han establecido 5 mesas de Trabajo y se creará un grupo para trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha mantenido un encuentro con los líderes de las organizaciones sindicales UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, y de las Organizaciones Empresariales CEOE, Joan Rosell y CEPYME, Antonio Garamendi, para iniciar los trabajos de la mesa de diálogo social. En esa reunión se ha acordado crear cinco mesas de Trabajo y poner en marcha un grupo de trabajo para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Tras el encuentro, Valerio ha dejado constancia de su disposición a trabajar conjuntamente y de manera consensuada para impulsar de forma eficaz la calidad por el empleo.

Ha señalado la ministra que:

“Se reanuda el Diálogo Social y nos ponemos manos a la obra, no vamos a esperar ni un minuto para ponernos a trabajar por el bien de una ciudadanía que está esperando respuesta a muchos de los problemas que tiene en el día a día”.

Esta toma de contacto ha servido también para definir cuáles serán las Mesas de Diálogo, así como las cuestiones prioritarias que en ellas se van a tratar. En su intervención ante los medios de comunicación la ministra de Trabajo ha detallado cuáles serán las cinco mesas de diálogo

La primera será la Mesa de Empleo y Relaciones Laborales y contará con varios grupos de trabajo para avanzar en relaciones laborales, prevención de riegos, calidad del empleo, políticas activas y sistemas de protección por desempleo.

Una segunda será la Mesa de Formación y Cualificación Profesional. Un asunto que “nos ha parecido de tal relevancia que ha sido decisión unánime entre todos”, ha dicho Valerio.

La tercera mesa es la Mesa de Seguridad Social en la que se tratará sobre cotizaciones, pensiones, el Pacto de Toledo y la acción protectora del sistema.

La ministra y los agentes sociales han acordado la creación de una Mesa de Igualdad, que sería la cuarta. Aunque la igualdad y no discriminación son tareas específicas de Vicepresidencia del Gobierno, es un asunto “muy trasversal y queremos que haya una mesa que esté vigilante sobre este tema”, ha señalado Valerio.

La quinta mesa se centrará en la lucha contra la economía sumergida, tal y como habían solicitado los agentes sociales en el acuerdo de negociación colectiva. Se abordará el fraude fiscal, el fraude a la Seguridad Social y a las cotizaciones y participarán en ella los Ministerios de Economía y Hacienda. “Esta mesa encaja con las líneas de actuación que el propio presidente planteó en el Plan Director por un Trabajo Decente”, ha dicho Valerio.

Por último, se va a crear un grupo que se pondrá a trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores. A más corto plazo, se planteará la reforma de los aspectos “que consideramos más negativos de la reforma laboral”. “Hay bastante consenso social y político en asuntos que podemos reformar y debemos hacerlo”, ha concluido la ministra Valerio.

EL TSJA ADMITE OTRO RECURSO DE UNA TRABAJADORA DESPEDIDA EN EL ERE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA Y TENDRÁ QUE SER READMITIDA

JJM – Estepona Press

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoce el error en el despido de la trabajadora, auxiliar administrativo, y lo ha declarado improcedente

Esta es la cuarta sentencia del TSJA a favor de trabajadores despedidos en el ERE del Ayuntamiento de Estepona en 2012

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga ha admitido el recurso de una trabajadora municipal despedida en 2012 en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Ayuntamiento de Estepona.

En la sentencia dictada por los magistrados Francisco Javier Vela Torres, Ramón Gómez Ruiz y Raúl Páez Escámez, revoca la sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Málaga con fecha de 29-12-2017, que daba la razón al ayuntamiento: Ahora se declara la improcedencia del despido y se condena al Ayuntamiento de Estepona a la readmisión de la trabajadora en su puesto de auxiliar administrativo y al pago de los salarios de tramitación desde agosto de 2012 hasta la fecha de readmisión.

En esta ya son 4 las sentencias favorables a trabajadores despedidos en el ERE del TSJA y ahora están a la espera de ser firme, tras el recurso municipal al Tribunal Supremo.

“En los argumentos de defensa de la trabajadora, representada por la abogada María Cristina Aparicio Diez, mostraba su “contrariedad con la antigüedad laboral a efectos de despido indicada por la empresa demandada y avalada en la sentencia recurrida, indicando que a la vista de los documentos de autos la misma ha de remontarse al día 27-12-2000 o subsidiariamente al 21-03-2001, de lo que correlativamente resulta:

1.- por una parte, el error empresarial al tiempo de cuantificar y poner a disposición la indemnización extintiva; 2.- y por otro, la existencia en el Ayuntamiento de otros trabajadores de menor antigüedad dentro de su categoría, que por ello preferentemente habrían de haber sido llamados con preferencia a la demandante para ver extinguido su contrato, todo lo cual ha de conllevar la improcedencia del despido impugnado”.

Los magistrados afirman en la sentencia que:

“muy al contrario de lo pretendido por la sentencia de instancia, es necesario en este concreto punto disociar y separar en dos planos diferenciados las dos cuestiones que aquí se nos plantean, como son:

1.- por un lado, la fijación de la antigüedad de la trabajadora dentro de su concreta categoría profesional, a fin de determinar si la misma ha de ser elegida o no como trabajadora a ver extinguido su vínculo laboral, para lo cual habremos de atenernos en exclusiva a los criterios de selección aprobados en el ERE;

2.- por otro lado, la antigüedad laboral de la demandante dentro de la empresa a efectos indemnizatorios del despido de que fue objeto, para lo cual sí han de ser de aplicación otros criterios, entre otros y con carácter preferente la citada doctrina de la unidad esencial del vínculo laboral y el tiempo de servicios prestado incluso en otras categorías.

Y para resolver la primera cuestión, así la atinente a la fijación a los efectos de la inclusión dentro del ERE de la antigüedad dentro de una determinada categoría, a la vista de los criterios de selección aprobados lo primero que salta a la vista es que –criterio 3º– “…una vez unificados por categoría profesional…” se ha de proceder a su ordenación “…por orden cronológico de ingreso…”, lo que a su vez ha de tener lugar con absoluta independencia de que dicho ingreso se produjera en el propio Ayuntamiento demandado o en cualquiera de sus Sociedades Mercantiles Locales.

Es a partir de aquí cuando –criterio 4º– se decide la elección de los trabajadores afectados, siguiendo para ello  “…un criterio de menor antigüedad dentro de cada categoría…”, mención ésta que ha de ser equiparada a la de tiempo de prestación de servicios en dicha categoría, ante lo que en nada incide el que dicha previa prestación de servicios se llevara a cabo para el Ayuntamiento o sus sociedades municipales, por mor de uno o varios contratos, o el tiempo de que mediara entre la concertación de uno y otro de los mismos.

Por lo tanto, conforme a los criterios de selección aprobados, una vez unificados los trabajadores por categoría profesional, se ordenan por orden cronológico de ingreso, y desde dicho momento inicial se les ha de computar todo el tiempo de servicios prestados en dicha categoría para el Ayuntamiento o sus sociedades, derivándose de esto último el lugar o posición que habrá de ocupar cada trabajador en el listado correspondiente y con ello si ha de ser elegido o no para ver extinguido su contrato de trabajo”.

Continúa afirmando que

“la consecuencia de lo anterior es clara, y es que a la vista de los datos objetivos acreditados en autos, no solamente la demandante fue preterida en el orden de permanencia en su puesto con flagrante vulneración de los criterios de selección aprobados en el seno del ERE tramitado, sino que más allá, se procedió indebidamente por la demandada a excluir del cómputo de los trabajadores afectados a empleados que sí debieron serlo, y ello con manifiesto perjuicio de la demandante que, por todo lo citado, debiendo ocupar el puesto 35 en función de la menor antigüedad en la categoría, no hubo de haber sido elegida como trabajadora a ver extinguido su contrato de trabajo por mor del ERE de constante referencia, cuando conforme a los argumentos anteriormente expuestos el último trabajador afectado hubo de ser el que ocupara el puesto 32.

Consecuentemente, el despido de que fue objeto habrá de ser catalogado como improcedente. La consecuencia de lo anterior es que procede acoger en parte el motivo de recurso articulado por la demandante a los efectos de revocar la sentencia recurrida y declarar con ello la improcedencia del despido enjuiciado con las consecuencias legales de ello derivadas contempladas en el artículo 56.1 del E.T., por lo que correspondiendo a la trabajadora al amparo del artículo 26 del Convenio de aplicación el derecho de opción entre extinción o indemnización, procede condenar al Ayuntamiento demandado a que, a opción de la trabajadora a verificarse en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente resolución”.

FALLO DE LA SENTENCIA

Estimando el recurso de suplicación formulado por Dª Teodora y por el Ayuntamiento de Estepona, revocamos la sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Málaga de 31-07-.2017, dictada a los siguientes efectos:

1.- Por una parte, para declarar la improcedencia del despido de que fue objeto la demandante, condenando consecuentemente al Ayuntamiento demandado a que en el plazo de 5 días desde la notificación de la presente resolución opte entre la readmisión de la trabajadora demandante en su puesto o la extinción de su contrato de trabajo con abono de una indemnización de 71.861,31 euros, con abono en el primer caso de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectos del despido bien hasta la notificación de esta sentencia o bien hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior.

2.- Por otro lado, para dejar sin efecto y suprimir en su integridad los razonamientos jurídicos contenidos en el fundamento de derecho sexto de la sentencia recurrida sobre el alcance del artículo 26.2 del convenio de aplicación.

VER SENTENCIA

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8344286&links=%222209%2F2017%22&optimize=20180410

LA ADJUDICACIÓN DE VIRGINIAS A ACRIMONT Y RISI PROVOCARÁ 120 DESPIDOS

Tarragona (Europa Press)

La adjudicación de la unidad productiva y las marcas de Virginias a Acrimont Investment y la empresa de aperitivos Risi por 5,1 millones de euros tras el concurso de acreedores conllevará el despido de 120 trabajadores.

Según han explicado Europa Press fuentes del comité de empresa, Acrimont subrogará a 37 trabajadores, mientras que será despedido el resto del personal, repartido entre las plantas de Reus (Tarragona), donde trabajan 150 personas, y Pardinyes (Lleida), donde la plantilla es de una decena de personas.

Los trabajadores confían en obtener más información en la reunión con la administración concursal que van a mantener, y no han querido valorar la situación de la compañía, que acumulaba una deuda de unos 16 millones.

Según el auto del Juzgado Mercantil de Tarragona, Acrimont Investment y Risi han pagado unos 1,8 millones para gestionar la marca Virginias y algunas de las submarcas de Industrias Rodríguez, como B-San y Glassmins, mientras que el resto hasta llegar a los 5,1 millones corresponde a activos de la unidad productiva.

En concreto, Acrimont se quedará con las líneas de turrón y chocolate, mientras que Risi gestionará los productos del sector de las galletas y los caramelos, teniendo este último la potestad de utilizar la marca Virginias los próximos cinco años.

DORNIER DESPIDE A 8 DE SUS TRABAJADORES

Andrés Trillo – Cadena SER – Vigo

Los trabajadores y el grupo municipal Marea han reivindicado el atropello de derechos laborales que suponen estos despidos

Ocho trabajadores han sido despedidos de Dornier, empresa que tiene la concesión del servicio de estacionamiento regulado.

Los trabajadores sostienen que los 8 despidos son la consecuencia de la oferta de Dornier, un 30% por debajo del precio de licitación, con la que consiguió hacerse con el servicio del estacionamiento regulado en la ciudad. Y ahora toca recortar costes en plantilla aludiendo a una serie de argumentos como la reducción del número de plazas a controlar.

Desde el gobierno municipal consideran que estos despidos son improcedentes rechazando los argumentos dados por la empresa y recordándole su obligación de subrogar a toda la plantilla del servicio. Dornier ha sido citada a una reunión para pedir que deponga su intención.

De lo contrario, advierte, se abrirá un expediente por incumplimiento de contrato sin descartar incluso llegar a su rescisión como concesionaria. Algo que exigen desde Marea.

Los trabajadores de la Xer ya pidieron hace meses que Dornier fuese excluida del concurso para adjudicarse el servicio temiéndose precisamente esto que acaba de ocurrir.

UNA SENTENCIA ANULA TODOS LOS CESES DE UN PROFESOR INTERINO ENTRE EL 2012 Y EL 2016

eldiarioclm.es

Sólo queda pendiente la sentencia del despido en el curso 2016/2017, que se ha llevado a cabo en un proceso paralelo, explican desde CCOO

«Está claro que existe una discriminación y es ilegal», explica el responsable de Educación Pública no Universitaria, Miguel Ángel

El Tribunal Contencioso-Administrativo de Cuenca ha declarado nulos los ceses de un profesor interino de la provincia entre los cursos 2012/ 2013 y 2015/2016. La sentencia, que todavía es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, subraya la «falta de razones objetivas» para cesar a este profesor cada mes de junio desde el año 2013 hasta 2016 y volver a nombrarlo de nuevo cada septiembre.

De este modo, condena a la Junta de Comunidades a reconocer al docente los derechos económicos y administrativos correspondientes.

Además, el mismo docente tiene en marcha el mismo proceso, de manera paralela, para el cese después del curso 2016/2017. Desde el sindicato señalan que la sentencia se une a la ya obtenida en los tribunales de Toledo, porque «ambas se basan en los fundamentos de derecho establecidos por el Tribunal Supremo y las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre discriminación de trabajadores temporales». De este modo, explica Miguel Ángel Vaquero, responsable de Educación Pública no Universitaria del sindicato, sienta un precedente para todos los trabajadores en la misma situación.

«Existe discriminación, no se puede despedir a los interinos más allá de tener una causa objetiva. Se vulnera el derecho de los trabajadores temporales», explica a eldiarioclm.es.

Por otro lado, explica que habría «mínimo» entre 6.000 y 8.000 docentes interinos afectados por este tipo de despidos que podrían acudir a la Justicia como ha hecho este docente de Cuenca.

“Tenemos en curso cientos de demandas similares y no dudamos de que su resolución será la misma. Hasta donde sabemos, el Gobierno de Castilla-La Mancha no recurrió la primera, del pasado 27 de junio; y podemos esperar que no lo haga porque los pronunciamientos del TJUE y del Supremo no tienen vuelta de hoja”, recalcaba el responsable. De este modo, animan a los interinos a «reclamar» y al Gobierno que establezca un procedimiento que regule la situación.

“Hay que acordar una manera ágil para el reconocimiento generalizado. Cuanto antes se haga, mejor para los trabajadores, que se evitarán tiempo y procesos judiciales, y para la propia Administración, que se evita posibles condenas en costas”, concluyen.

LA FUNDACIÓN HERMANOS TENREIRO EN A CORUÑA ENTRA EN LIQUIDACIÓN Y CIERRA LA ESCUELA INFANTIL DE EIRÍS

M. Carneiro – La Voz de Galicia

El patrimonio pasará a manos de una congregación religiosa

El mandato dispuesto en su testamento por Esperanza Tenreiro Arias-Uría para crear en A Coruña una escuela donde «se atienda, se cuide, se alimente» y se forme con arreglo a los principios de la religión católica a niños de entre 1 y 10 años se ha tornado insostenible sesenta años después.

La guardería construida en Eirís por la Fundación Tenreiro, en cumplimiento de la voluntad de la última hermana de la notable familia de Pontedeume, cerrará sus puertas el 31 de agosto y arrastrará con ella a la propia fundación, que ya ha iniciado el proceso de liquidación ante la imposibilidad de mantener el objeto fundacional.

En una carta enviada el 19 de julio a los padres de los 40 alumnos matriculados, el presidente del patronato, Pablo González Mariñas, informó a las familias del acuerdo de disolución, adoptado por unanimidad, «fundamentalmente por el paulatino descenso del número de niños», agudizado en los últimos años por la crisis económica.

«Tampoco las instituciones nos han ayudado a mejorar la situación crítica», lamenta el exdiputado, que alude a «las múltiples acciones» emprendidas por los gestores para revertir las pérdidas, con un resultado «en todo caso insuficiente». El Patronato «lamenta la inevitabilidad de la liquidación, pero en los términos actuales la fundación es insostenible», recoge la carta.

12 despidos y 400 fincas

González Mariñas confirmó la quiebra y la constitución de una comisión liquidadora para dirigir el proceso. Los 12 trabajadores de la escuela infantil, «que han dado a los niños una formación excelente», recibirán su finiquito y su indemnización por despido, «aunque trataremos de ayudarles a encontrar trabajo», añadió, y el «importante patrimonio» de la Fundación, alrededor de 400 fincas e inmuebles, «pasará a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados», de acuerdo con lo dispuesto por Esperanza Tenreiro.

«Estamos disgustados y tristes, pero esto no tiene otra salida, no podemos hacer más», reconoció Pablo González Mariñas tras repasar las iniciativas tomadas en los últimos años para llegar a una matrícula de 100 alumnos, en la que fijaron la viabilidad de la guardería, o para conseguir recursos económicos, a través de convenios con el Chuac, venta de terrenos, alquiler de locales, campañas de publicidad y proyectos frustrados como la creación de una guardería para mayores o la apertura de una sede de la Casa Fernando Pessoa.

«Las cosas han cambiado y, afortunadamente, aunque a nosotros esto nos destruya, hoy las familias pueden acceder a una plaza en una guardería por 20 euros al mes. Y nosotros con eso no podemos competir», explica Mariñas, miembro desde hace 20 años del patronato que gestionó el legado, «con un patrimonio inmobiliario tremendo», señala, de una de las familias principales de la burguesía ilustrada gallega. «Había una finca en San Pedro de Nós, la Armentona, donde se cultivaban los productos para la alimentación de los niños de la guardería. Una cosa muy del siglo XIX, preciosa. Una pena, al final».

TRABAJO VUELVE A CITAR A RYANAIR Y A LOS SINDICATOS

Sara Ledo – El Periódico de Aragón

La dirección general de Trabajo ha vuelto a citar a Ryanair y a los sindicatos USO y Sitcpla a una reunión para tratar de buscar un acuerdo entre tripulación de cabina y la compañía después de las dos jornadas de huelga celebradas los días 25 y 26 de julio en la que sería la quinta reunión con la compañía.

Desde los sindicatos hablan de «sorpresa» ante esta llamada por parte de Trabajo en la que citan a compañía y representantes de los trabajadores tan solo una semana después de que se produjese la huelga de los tripulantes de cabina que supuso la cancelación de 400 vuelos y una treintena de despidos tras las huelgas en Italia, Bélgica y Portugal.

En la última reunión, el 24 de julio pasado, los representantes de Trabajo ofrecieron a ambas partes una «transición» que supusiese el cumplimiento paulatino de algunos preceptos básicos del Estatuto de los Trabajadores.

LA CÁMARA DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA PLANTEA UN ERE AL CAER SUS INGRESOS

L. G. – La Opinión A Coruña

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa ejecutará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción con el que reducirá su plantilla, compuesta a día de hoy por 34 personas.

Ha sido el comité ejecutivo de la institución el que ha aprobado tanto el ERE como la contratación de Cuatrecasas, que determinará el número de afectados.

«Desgraciadamente, las circunstancias nos llevan a este ERE y, aunque no está cerrado, se ha aprobado la empresa que lo llevará a infeliz término», confirmó el presidente de la Cámara, José García Costas. Según las últimas cuentas presentadas por la entidad, tutelada por la Xunta de Galicia, en 2016 cerró con números rojos de más de medio millón de euros.

LOS AGENTES FORESTALES AMENAZAN CON IR A LA HUELGA

El Progreso de Lugo

Protesta de los agentes forestales en Santiago ->

https://www.elprogreso.es/media/elprogreso/images/2018/07/30/2018073023383863575.jpg

CIG y UGT denuncian supuestos incumplimientos en materia de protección y seguridad

La representación de CIG y de UGT en el colectivo de agentes forestales y medioambientales presentó denuncias en las cuatro delegaciones provinciales de la Inspección de Trabajo contra la Consellaría de Medio Ambiente por supuestos incumplimientos en materia de protección y seguridad.

El colectivo amenaza con irse a la huelga indefinida, coincidiendo con la entrada en Galicia de una ola de calor que situará a la comunidad en alto riesgo de incendio.

En concreto, reclaman a la autoridad laboral que corrija «lo antes posible» las «graves deficiencias» detectadas y que exija al departamento autonómico el cumplimiento de la normativa.

Dada «la gravedad» de los hechos denunciados, según advierte, y «la posibilidad de que se puedan producir daños a las personas», reclaman «celeridad y acción inmediata» en el trabajo inspector y en la aplicación de «las medidas cautelares que procedan».

Solicitan a la autoridad laboral que inste a la Consellería a «corregir de manera inmediata las deficiencias detectadas» y «que aplique las medidas cautelares oportunas».

En los escritos presentados aseguran que Medio Ambiente cuenta con un documento de evaluación de riesgos laborales para el personal de campo del Servizo de Conservación da Naturaleza que recoge «las medidas correctoras que se deben aplicar para reducir o minimizar los riesgos a los que está expuesto tanto el personal funcionario como el laboral adscrito al este servicio».

«Pero a día de hoy siguen sin aplicarse muchas de las medidas previstas en el plan de acción, suponiendo un riesgo para la seguridad y salud laboral de los trabajadores», denuncian.

LA AUDIENCIA NACIONAL VERÁ POR PRIMERA VEZ UNA DEMANDA POR CONFLICTO COLECTIVO CONTRA UNA PLATAFORMA DIGITAL

José Antonio Bravo – diariosur.es

Las plataformas digitales afrontarán en los próximos meses el mayor reto judicial hasta la fecha para su polémico modelo laboral. UGT ha decidido llevar a juicio a la compañía Glovo, especializada en el reparto de comida a domicilio, por abusar presuntamente de la figura del falso autónomo y, en consecuencia, incurrir en un fraude importante contra la Seguridad Social.

Para ello ha interpuesto una demanda de conflicto colectivo que, por vez primera, será resuelta por la Audiencia Nacional al actuar dicha plataforma en varias comunidades autónomas. Con ello sentará una jurisprudencia que solo el Tribunal Supremo podría llegar a modificar tras un posible recurso.

El acto de mediación correspondiente ya se ha celebrado sin alcanzar un acuerdo, por lo que tendrá que celebrarse una vista oral este otoño.

La novedad respecto a anteriores demandas es que aquellas eran individuales y, según UGT, «estas empresas casi nunca llegaban a juicio porque les triplicaban la indemnización», o directamente «por miedo de los empleados a denunciar para no perder su trabajo». «Ahora aparece la cara del sindicato, no del trabajador», justificó esta nueva estrategia Gonzalo Pino, su secretario de Política Sindical.

Primero denunciaron a estas plataformas ante la Inspección de Trabajo –se reclaman 1,3 millones a Deliveroo por cuotas no satisfechas a la Seguridad Social y Glovo tiene un acta de liquidación por otros 400.000 euros–, y luego apoyaron a varios trabajadores en sus denuncias –un juez de Valencia declaró en junio que los ‘riders’ (repartidores) de Deliveroo son falsos autónomos–.

La aplicación, clave

Ahora su objetivo es que todos sus empleados –en Glovo son 8.000– sean reconocidos como trabajadores por cuenta ajena. «La aplicación y la digitalización no son excusa para saltarse las normas» -advirtieron-; «al contrario, es el principal indicio de laboralidad».

Y es que desde UGT argumentan que «sin la aplicación no hay trabajo», pues la plataforma establece de manera unilateral las condiciones de trabajo de sus empleados e incluso regula las ofertas a los clientes, dejando sin capacidad de maniobra a los repartidores.

Precisamente sobre los denominados ‘riders’ el sindicato estudia impugnar el acuerdo de interés profesional suscrito entre Deliveroo y la asociación ASOriders que, según explican, ha sido creada por la propia empresa y ésta obliga a afiliarse a la misma a todos sus repartidores para poder trabajar. Su único objetivo, critican, es «dar la falsa apariencia de que son trabajadores autónomos».

VESTAS CERRARÁ LA PLANTA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS CON 44 EMPLEADOS Y OFRECE RECOLOCACIONES

Barcelona (Europa Press)

La planta reducirá progresivamente su producción de cara a finales de este 2018

El fabricante de aerogeneradores Vestas cerrará su planta de Vilafranca del Penedès (Barcelona), en la que trabajan 44 empleados, tras alcanzar un acuerdo con el comité de empresa que ha sido ratificado por la plantilla.

La compañía ha indicado que el expediente de regulación de empleo (ERE), que afecta a los 44 empleados de la factoría, incluye medidas de recolocación y una mejora de las indemnizaciones por un importe equivalente a 33 días de salario por año trabajado más un lineal de 800 euros brutos por año en el caso de que se dé por terminado el contrato de trabajo con Vestas, ha informado en un comunicado.

En concreto, la planta reducirá progresivamente su producción de cara a finales de este 2018, por lo que la salida de los trabajadores se hará de forma «escalonada».

La compañía ha justificado el cierre de la fábrica debido a la supresión de una actividad específica de reparación de multiplicadoras que hasta ahora se venía haciendo en esta factoría catalana.

Así, Vestas ha alcanzado un acuerdo con ZF, uno los principales fabricantes de multiplicadoras, para realizar las reparaciones directamente en campo junto a los técnicos de mantenimiento de Vestas.

Vestas cuenta con 92 GW de capacidad instalada en 79 países y tiene una plantilla global integrada por más de 23.900 empleados.

DOUGLAS INICIA EL CIERRE DE 53 TIENDAS TRAS UN ACUERDO CON SUS TRABAJADORES

Pilar López – Alimarket

El grupo Douglas cierra el 31 de julio, un total de 43 establecimientos a pie de calle, a los que se unirán otros 10, ubicados en centros comerciales, para los que inicia un proceso de negociación y estudio de vencimiento de contratos, y que, en todo caso, cerrarán sus puertas a finales del presente año.

La clausura de estos 53 puntos de venta es uno de los acuerdos a los que ha llegado el grupo con los trabajadores, refrendado por el 89% de la plantilla, reduciendo así el número inicial de clausuras previsto en 60 tiendas.

Además, según un comunicado hecho público por la Unión sindical Obrera (USO), que engloba la mayoría de los trabajadores, y tras un mes de negociaciones, se han reducido un 20% el número de despidos previstos», de 334 a 266.

Se han logrado una serie de recolocaciones en tiendas próximas y se han tenido en cuenta bajas voluntarias. El acuerdo para este tercer ERE presentado por el grupo Douglas se ha producido cuando se cumple un año de la adquisición de la compra de Bodybell y de algo más de un centenar de Perfumerías ‘If’.

Las condiciones económicas del despido contemplan el pago de 30 días por año trabajado, con un máximo de 19 mensualidades. Este acuerdo queda garantizado, también, para los posibles despidos objetivos que puedan producirse en la empresa en los próximos 12 meses.

Entre los criterios de salvaguarda de la plantilla, se han tenido en cuenta las personas en situación de excedencia voluntaria; jubilación parcial, víctimas de violencia de género, trabajadores con discapacidad igual o superior al 33% o con hijos o familiares de primer grado con una discapacidad similar; y familias numerosas monoparentales que dependan de las rentas de un único progenitor.

Los puntos de venta que se verán afectados por el cierre, por su parte, se distribuyen entre las comunidades de Madrid (que acapara prácticamente la mitad, 25), Castilla-La Mancha (6), Andalucía (4), Aragón (4), Asturias (3), Castilla y León (3), La Rioja (2), País Vasco (2), Cantabria, Extremadura, Galicia y Navarra. Estos cierres corresponden a antiguos establecimientos ‘Bodybell’ (31), ‘Juteco’ (9), ‘If’ (8), y la propia ‘Douglas’ (5). Otros 7 puntos de venta, cuyo cierre contemplaba la empresa (situados en Málaga, L’Entregu, Las Palmas de Gran Canaria, Barakaldo, Antequera, León y Calahorra), podrán, finalmente, permanecer abiertos.

Como se recordará, el grupo Douglas se encuentra inmerso en la «segunda fase de su programa de transformación e inversión en España», en el que se valora la renovación de tiendas, nueva imagen y logotipo y la implantación de un nuevo modelo comercial.

Grupo Douglas ocupa el segundo lugar del ranking de empresas de distribución de perfumería en nuestro país por número de tiendas, tras ‘Clarel’ (grupo DIA), según se desprende del Informe 2018 del Sector de Distribución de Perfumería y Cosmética Multimarca en España, recientemente publicado por Alimarket Revista.

Tras el cierre de las 53 tiendas acordadas, su red comercial estará integrada por 325 establecimientos, ya todos ellos con el anagrama ‘Douglas’.

LA COORDINADORA DE PROFESORADO INTERINO EN VALENCIA PIDE AL CONSELLER DE EDUCACIÓN DIMITIR POR LAS OPOSICIONES

València (EFE)

La Coordinadora del Profesorado Interino (CPI) ha pedido las dimisiones del conseller de Educación, Vicent Marzà; del secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, y del director general de Centros y Personal docente, Joaquín Carrión; «por el expediente de regulación de empleo (ERE) que han supuesto las oposiciones a primaria y la repetición de centro».

En un comunicado, la CPI ha criticado que Marzà «se ha pasado el curso repitiendo que todo el profesorado interino tendría plaza en el próximo curso, aún con las oposiciones masivas», pero ha recordado que esto no se ha plasmado «en papel» con el plan de estabilidad para el profesorado propuesto por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEPV).

Asimismo, según el CIP, Miquel Soler aseguró que «el 80 por ciento de las personas que consiguen la plaza del concurso-oposición son interinas», pero este año, «un 62,9 por ciento de los opositores de primaria aprobados tienen menos de tres años trabajados».

«Esto supone que los interinos e interinas del cuerpo de maestros con más años de experiencia se verán abocados al paro este curso», ha remarcado.

La Coordinadora ha señalado que el Consell aprobó la repetición de centro «sin tener en cuenta el orden de las listas» y con «la vulneración del acuerdo 2010» que trataba el mismo aspecto, «dadas las diferentes casuísticas por las que el profesorado interino se vería desplazado de su lugar en la bolsa».

Después de los resultados de las adjudicaciones, han agregado, «muchísimos maestros de primaria se han quedado sin vacante» y la repetición de centro «ha causado situaciones inverosímiles», como «maestros situados en el número 100 o 200 sin vacante» o el «número 2.100 con la plaza que solicitaba un interino dos mil plazas por delante».

Además, han indicado que la adjudicación de las plazas de inglés «han dejado fuera a docentes con años de experiencia en la escuela pública».

Por ello, la CPI ha pedido, además de las dimisiones, una «solución y reparación inmediata» para que el profesorado vuelva al orden de bolsa establecido en el acuerdo de interinos de 2010.

EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE NAVARRA, OBLIGADO A READMITIR A UN TRABAJADOR POR UN DESPIDO IMPROCEDENTE, SEGÚN CCOO

Pamplona (Europa Press)

El Juzgado de lo Social ha estimado una demanda de CCOO y ha declarado improcedente el despido de un trabajador del Departamento de Salud con contrato administrativo, según ha informado el sindicato, que ha exigido al departamento «que tome medidas de forma urgente y contundente para terminar con una tasa de temporalidad del 51%».

Así lo han señalado en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO de Navarra, Carmen Pueyo, y el responsable del gabinete jurídico del sindicato, Daniel Colio.

Según han explicado, a consecuencia de este fallo, tal y como se procede en casos de despidos improcedentes, el Departamento de Salud «debía o indemnizar al trabajador con 34.000 euros o readmitirlo». En este caso, el Gobierno de Navarra ha optado por la readmisión.

Pueyo ha relatado que «el trabajador desde el año 2013 venía prestando sus servicios con un contrato administrativo por otras necesidades de personal, contrato que posteriormente fue modificado por un contrato por vacante y cuya situación se prolongó hasta mediados del mes de diciembre de 2017, cuando fue cesado».

La secretaria general de la Federación de Sanidad ha explicado que, «en muchos casos, el Departamento de Salud realiza contrataciones que se llaman administrativas para ahorrarse algunos costes, frente a las contrataciones laborales con más derechos para la persona trabajadora, y se encadenan contratos administrativos durante largos periodos de tiempo».

«Esta práctica implica mayor temporalidad, menos derechos laborales y a la larga un mayor coste para la administración porque esta no es la primera sentencia que se gana sobre este tema», ha afirmado.

A juicio de Pueyo, los «elevados» niveles de temporalidad en Salud son «inaceptables». «Hay un 51% de temporalidad, y el 65% de los contratos que se firman son para menos de una semana. Es sin duda el departamento que más temporalidad tiene, 20 puntos más que en educación por ejemplo», ha criticado.

Asimismo, la secretaria ha destacado que «la salud es fundamental en el Estado de Bienestar, y por ello urge tomar medidas para acabar con esta enorme temporalidad, que afecta a la calidad del servicio público que se ofrece».

Por su parte, Daneil Colio ha subrayado que «las contrataciones administrativas están contempladas por la ley como algo extraordinario, enfocadas a reforzar puntualmente el servicio, pero desgraciadamente el Gobierno de Navarra, este y el anterior, las ha convertido en una norma».

Por todo ello, ha valorado positivamente la sentencia ya que, como Colio ha apuntado, «el Juzgado de lo Social ha considerado que su jurisdicción es competente para enjuiciar estos temas cuando bajo la apariencia de una contratación administrativa se encubre una relación laboral o cuando la contratación administrativa no se ajusta al cauce legal correspondiente, cuestión que ocurre en este caso».

En este sentido, el responsable del gabinete jurídico ha destacado que «el juzgado afirma en la sentencia que al no acreditarse ni justificarse los motivos que permiten la utilización de esta modalidad administrativa, la relación entre el servicio y el trabajador es constitutiva de un contrato de trabajo indefinido no fijo y el cese en el mismo conlleva las consecuencias que la ley regula para los despidos improcedentes».

Colio ha afirmado que «es importante tener en cuenta que, a diferencia de los contratos laborales, los contratos administrativos no conllevan a su finalización el abono de ninguna indemnización y que la utilización abusiva y fraudulenta de los mismos por parte del SNS ha dado lugar a varias sentencias judiciales».

Por todo esto, CCOO ha exigido «el máximo rigor» en todos los procesos de contrataciones, «el escrupuloso cumplimiento de la legislación, el respeto por los derechos de las personas contratadas en el ámbito de la Administración, el uso responsable de unos recursos económicos que, por la mala gestión en las contrataciones, se van en indemnizaciones a las que obligan estas sentencias, la asunción de responsabilidades por parte de la Dirección correspondiente y la realización de unas convocatorias de empleo público que reduzcan la temporalidad hasta el 8%».

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