Publicado en: 1 noviembre, 2015

Boletín de Luchas Obreras (31 de Octubre de 2015)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

  • COMUNICADO DE LA CSI SOBRE EL CASO DE LOS 5 MINEROS DE ZARRÉU
  • ELCOGAS DESCARTA PEDIR DESCONEXIÓN DE LA RED AL NO HABER UN PLAN DE INDUSTRIA
  • TRABAJADORES DE LAMINACIONES VUELVEN AL TRABAJO TRAS MÁS DE 2 AÑOS DE «LUCHA»
  • EMPLEADOS DE SCHOTT SOLAR Y EMPRESA ACERCAN POSTURAS Y PREVÉN UNA BAJADA EN EL NÚMERO DE AFECTADOS POR EL ERE
  • LOS MINEROS DESPEDIDOS DE LA SUBCONTRATA DE LA ESCONDIDA PIDEN SUMARSE A HBG
  • CIERRE DEL HOTEL MONTECARLO BARCELONA TRAS LA COMPRA DEL INMUEBLE POR EL GRUPO INVERSOR KKH
  • LOS TRABAJADORES MANTIENEN EL ENCIERRO EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA GICC DE PUERTOLLANO
  • LOS SINDICATOS DE ARCELOR MANTIENEN SU OBJETIVO PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
  • 300 PERSONAS SE CONCENTRAN EN ALBACETE CONTRA EL CIERRE DE LA FUNDACIÓN CCM
  • PROPONEN LA VENTA DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN CCM PARA EVITAR DESPIDOS
  • LOS ‘COCA-COLA’ DE MADRID FESTEJAN SU VUELTA AL TRABAJO TRAS VENCER A GOLIAT
  • EL ERE DE EVO BANCO: ¿NI BAJAS VOLUNTARIAS NI PREJUBILACIONES?
  • KUTXABANK: 600 DESPIDOS EN EL HORIZONTE, 122 MILLONES DE BENEFICIO Y UN PRESIDENTE QUE SE SUBE EL SUELDO
  • EL JUZGADO DIRIME SI LOS DESPIDOS EN LA ÚLTIMA MINA DE LACIANA SON LEGALES
  • RENFE QUIERE REJUVENECER SU PLANTILLA Y PLANTEA 650 DESPIDOS, EL 4,5% DEL TOTAL
  • CSIF ALERTA SOBRE DESPIDOS EN TRAGSATEC

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COMUNICADO DE LA CSI SOBRE EL CASO DE LOS 5 MINEROS DE ZARRÉU

Desde la Corriente Sindical d’Izquierda (CSI) queremos manifestar nuestra alegría por la no entrada en prisión de los 5 mineros de Zarréu y agradecer la solidaridad y el apoyo de los miles de personas que, organizaciones y colectivos sociales que lo hicieron posible.

En la CSI tenemos el convencimiento de que esta solidaridad y las movilizaciones que tuvieron lugar durante todo el proceso, tanto en Asturies como en el resto del Estado, jugaron un papel decisivo sin el que la libertad de los 5 mineros de Zarréu no hubiera sido posible.

Tanto la primera sentencia del Juzgado de lo Penal, como la segunda sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial admiten que el forcejeo que tuvo lugar con el capataz denunciante, sólo es constituyente de una falta de lesiones, merecedora de 12 días de arresto domiciliario, debido a que, como admitió el forense durante el juicio y como en la propia sentencia se afirma, “no necesitó de ningún tratamiento curativo”. La propia Audiencia Provincial, incluso rebaja esta sanción para uno de los mineros, a una pena de multa.

Además, la Audiencia Provincial admite también que, en ningún momento se produjeron acometimientos directos, es decir, agresiones físicas a los agentes de la Guardia Civil, ni abuso de superioridad numérica, esto último tal y como se afirmaba en la primera sentencia del Juzgado de lo Penal, sino una “acción de oposición a las órdenes de la fuerza actuante”, por lo que rebaja la condena a un año de prisión.

Las responsabilidades de los trabajadores ya fueron depuradas, ¿se hará lo mismo con los responsables del accidente?

El 12 de julio de 2012 se producía un accidente en la mina de Zarréu, que dio lugar a los hechos que ahora se depuran con una condena de un año de prisión para los 5 mineros.

Tras las labores de rescate en dicho accidente, se consiguió sacar a los trabajadores atrapados en la mina. Pero, en lugar de subirlos en las ambulancias, que esperaban aparcadas en la boca de la mina, un mando de la empresa los subió a un vehículo pick up (un todoterreno) para conducirlos a los vestuarios y, de esta forma, intentar ocultar la gravedad del accidente.

Ante tal hecho, los trabajadores y vecinos y vecinas presentes, interceptaron el vehículo del mando de la empresa en el que eran trasladados los accidentados, para subirlos a las ambulancias y que fueran tratados adecuadamente, lo que dio lugar a los incidentes por los que los 5 mineros de Zarréu están condenados a un año de prisión.

Para la CSI, tanto la Dirección General de Minas, como la Inspección de Trabajo y la propia Justicia no pueden dar por cerrado este caso y es necesario abrir una investigación a fondo, que dé respuesta a preguntas que todavía no se han contestado:

– ¿Es cierto que el día del accidente se estaban realizando trabajos de extracción, a pesar de que se estaba en período de huelga, en el que sólo está permitido realizar trabajos de mantenimiento?. Y, en ese caso, ¿quién ordenó realizar estos trabajos de extracción?.

– ¿Es cierto que se utilizó goma-2 para los trabajos de rescate, cosa totalmente prohibida?. Y, en ese caso, ¿quién ordenó su utilización?.

– ¿Por qué los trabajadores accidentados fueron conducidos a los vestuarios en un coche de empresa, en lugar de ser trasladados en las ambulancias hacia un centro médico para examinar su estado de salud, después de haber permanecido un gran número de horas atrapados en la mina?.

Incumplir toda norma de prevención y seguridad laboral, despreciando la vida de los trabajadores y trabajadoras, no tiene castigo alguno. Sin embargo, socorrer a los trabajadores accidentados y ponerlos en manos de los servicios médicos, se castiga con penas de cárcel.

Actuaciones irracionales como “disparar” con goma-2, con tres trabajadores atrapados en la mina, amenazar a los trabajadores accidentados con despedirlos si denunciaban el accidente o transportarlos en un vehículo no autorizado hacia los vestuarios, en lugar de llevarlos a un centro médico, no merecen, siquiera, una investigación si quien lo hace es un capataz de la empresa.

La Justicia no puede aplicar su rigor sobre los trabajadores y trabajadoras y dejar impunes, sin ningún tipo de investigación, a los posibles responsables empresariales del accidente.

Por esa razón, creemos imprescindible que se inicie una investigación a fondo sobre las causas del accidente de la mina de Zarréu, que salga a la luz lo que verdaderamente pasó aquel día y se depuren las responsabilidades penales a que haya lugar, tanto para la empresa como para el propio capataz.

ELCOGAS DESCARTA PEDIR DESCONEXIÓN DE LA RED AL NO HABER UN PLAN DE INDUSTRIA

Toledo (EFECOM)

El consejero director general de Elcogas, Alfredo García Aránguez, ha informado a los representantes de los trabajadores de que el consejo de administración ha descartado solicitar el aplazamiento de desconexión porque no hay una propuesta en firme de Industria para garantizar su viabilidad.

Fuentes de la empresa han informado a Efe de que esta información ha sido trasladada por García Aránguez al comité de empresa antes de comenzar la reunión de la mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que se ha celebrado en Puertollano y tras la cual los trabajadores han decidido mantener el encierro en la planta.

Según estas fuentes, García Aránguez ha informado a los representantes de los trabajadores de que el consejo de administración de la empresa no ha solicitado el aplazamiento de desconexión, previsto para el 31 de octubre, porque no hay una propuesta en firme por parte del Ministerio de Industria que garantice la viabilidad de Elcogas.

Estas mismas fuentes han informado de que la empresa ha presentado también el plan de ayuda a la recolocación, que pasa por contar con los servicios de una agencia de colocación externa para dar soporte, formación y apoyo individualizado para la búsqueda de empleo de cada afectado por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción.

Además, se ha convocado otra reunión, en la que, según estas fuentes, la empresa espera una contrapropuesta por parte de los representantes de los trabajadores a su oferta de despido, que pasa por una indemnización de 26 días durante 15 mensualidades para los menores de 60 años y un plan de prejubilación para los empleados de entre 60 y 63 años, que pasa por el 70 por ciento de sus retribuciones.

Mientras tanto, los trabajadores de Elcogas mantienen por sexta noche consecutiva su encierro en la planta de Puertollano, tal y como ha confirmado a Efe el secretario del Comité de Empresa de Elcogas, Jesús Crespo, quien ha lamentado que se sienten engañados por parte de la dirección de la empresa.

Crespo ha afirmado que, cuando el comité de empresa de Elcogas estaba encerrado en la sede de Endesa, García Aránguez dijo que “había un borrador de plan de viabilidad” que la empresa había enviado al Ministerio de Industria, si bien Crespo ha denunciado que el propio García Aránguez ha negado la existencia de cualquier tipo de documento.

“Por un lado cuentan unas cosas, que hay un borrador y, por otro, los que negocian el ERE dicen que no saben nada y que no hay borrador”, ha denunciado Crespo, que se ha preguntado si existe dicha negociación entre la empresa y el Ministerio de Industria y, en caso afirmativo, ha querido saber por qué la empresa mantiene las negociaciones sobre el ERE.

Crespo ha sostenido que la dirección de la empresa se comprometió a “no tomar ninguna decisión irreversible”, si bien ha advertido de que “la negociación que termina es irreversible, porque es el despido de todos los trabajadores”.

De cara a la reunión, Crespo ha pedido a la empresa que detalle “qué negociaciones están siguiendo con Industria” y ha incidido en que “mientras hay negociación no se puede estar negociando un ERE”, por lo que ha pedido que se retire o aplace el expediente de regulación de empleo.

“Lo que está claro es que alguien no cuenta la verdad”, ha sospechado Crespo, que ha apuntado que “lo que sí se confirma es que parece que hay diálogo”, por lo que ha insistido en que no se negocien despidos mientras exista esta vía de conversaciones.

TRABAJADORES DE LAMINACIONES VUELVEN AL TRABAJO TRAS MÁS DE 2 AÑOS DE «LUCHA»

EFE

Los trabajadores en una de las manifestaciones en Vitoria

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En 2012 la empresa presentó un ERE de extinción para los 352 empleados de sus dos plantas de Vitoria y Urbina

Los 79 trabajadores despedidos de Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui) se han reincorporado al trabajo tras dos años y medio de “lucha” y después de la última resolución judicial que les ha dado la razón y ha obligado a la dirección a su readmisión.

El sindicato ELA ha informado que se ha ejecutado esa resolución que implica la readmisión de los despedidos tras un conflicto que se inició en 2012 cuando la empresa presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para los 352 empleados de sus dos plantas de Vitoria y Urbina (Álava) que fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esa resolución fue confirmada después por el Tribunal Supremo.

En julio de 2014 Celsa Atlantic presentó un nuevo ERE de suspensión y extinción que afectaba a 79 trabajadores, contra el que recurrió ELA y el Comité Intercentros y, y que el TSJPV también declaró nulo el pasado julio. Esta última resolución es la que se ha ejecutado.

ELA considera que la “lucha” de los trabajadores de Laminaciones Arregui demuestra que “defender los derechos laborales con convicción y honestidad merece la pena” y considera que la vuelta al trabajo de los mismos es “una victoria”.

EMPLEADOS DE SCHOTT SOLAR Y EMPRESA ACERCAN POSTURAS Y PREVÉN UNA BAJADA EN EL NÚMERO DE AFECTADOS POR EL ERE

Europa Press – Sevilla

Los trabajadores de la empresa Schott Solar, con sede en Aznalcóllar (Sevilla) y la dirección de la empresa están acercando posturas y prevén que se produzca una bajada en el número de afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo presentado para un máximo de 53 trabajadores, que suponen el 60 por ciento de la plantilla, según han indicado a Europa Press fuentes del comité de empresa.

Fuentes del comité han indicado a Europa Press que “las posturas se están acercando bastante después de las reuniones celebradas” y han valorado que “el ambiente de negociación está siendo cordial”. De esta forma, han resaltado que “la empresa está haciendo esfuerzos por acercarse a las propuestas hechas por los trabajadores”.

Así, han apuntado que “se están acercando posturas en el número de afectados por el ERE, por lo que podría haber una bajada en el número de afectados, ya que ha bajado la oferta de la empresa en número de empleados afectados; también las posturas son casi coincidentes en el plan de recolocación, algo bastante importante para nosotros”.

Sobre el plan de recolocación valoran que “la propuesta de la empresa está bastante cercana a la que habíamos planteado”, de forma que en el plan de recolocaciones “se ha barajado un porcentaje de éxito, y si no se llega a ese porcentaje de éxito en el número de personas recolocadas se aumentaría el plan de recolocación”.

Asimismo, se sigue negociando en esos puntos y en otros que están aún alejados, como las indemnizaciones. Las fuentes han recordado que “el período de consultas termina el 5 noviembre, pero las dos partes queremos llegar al menos a un preacuerdo antes del final de ese período de consultas”.

La compañía ha anunciado un despido colectivo para parte de su personal, hasta un máximo de 53 personas, ya que “la situación para la compañía es muy complicada en este momento”. Fuentes de la empresa han explicado que la empresa ha presentado el 6 de octubre toda la documentación legal correspondiente al despido colectivo, incluyendo los criterios generales de afectación, así como un plan de recolocación para los trabajadores afectados. De esta forma, se inicia así el periodo de consultas que finaliza el próximo 5 de noviembre.

LOS MINEROS DESPEDIDOS DE LA SUBCONTRATA DE LA ESCONDIDA PIDEN SUMARSE A HBG

Los 49 operarios se concentran a la puerta del juzgado coincidiendo con el inicio del juicio

La defensa asegura que existe “cesión ilegal” de Teleno a HBG y que los contratos se realizaron “en fraude de ley”

Los trabajadores de la subcontrata de Mina La Escondida se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia.

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Los trabajadores despedidos de la subcontrata Seguridad y Prevención Teleno de Mina La Escondida, de Hijos de Baldomero García, ubicada en la localidad de Caboalles de Arriba (Villablino) se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia de Ponferrada para exigir a la compañía del grupo Viloria la reincorporación a su recolocación en HBG.

Una acción de protesta que los 49 mineros han llevado a cabo coincidiendo con el inicio del juicio y en la que han portado dos pancartas con consignas como “Soluciones ya, no pedidos caridad, pedimos justicia” y “Grupo Viloria, esclavos del carbón, no más precariedad”.

El abogado de los trabajadores, Raúl Martínez, ha explicado que en la sesión lo que se va a plantear “es que existe un cesión ilegal de Teleno a HBG” y unas contrataciones realizadas “en fraude de ley” y que fruto de las movilizaciones de la plantilla de la subcontrata “se produjo un despido colectivo pero individualmente”.

“Al estar los trabajadores contratados en fraude de ley en condiciones laborales lamentables y con una gran diferencia respecto a la plantilla de HBG optan por poner un despido colectivo pero individualmente, no reconocen que es un despido sino planteando que es una extinción individual de los contratos de trabajo”, explica el letrado, algo que entiende que “vulnera absolutamente el ordenamiento jurídico laboral” cuando, a su juicio, “lo que se debería haber tramitado es un expediente de regulación de empleo por lo tanto hay una clara nulidad de los despidos”.

La defensa de los trabajadores también intentará probar que la empresa llamó a parte de la plantilla de nuevo a trabajar en Teleno en las mismas condiciones pero si retiraban la demanda que habían planteado en el Juzgado de lo Social, algo que para el letrado “es una presión intolerable que vulnera el ordenamiento jurídico y el derecho a la defensa de los trabajadores”.

“Intentaremos acreditar todos estos extremos y solicitar la nulidad del despido y la recolocación de los trabajadores en HBG en las mismas condiciones que el resto de la plantilla conforme al convenio de la empresa HBG y no al convenio provincial de Minas de León”, ha explicado Raúl Martínez.

Por su parte, los trabajadores se enfrentan al juicio tras el despido que se materializó el pasado 5 de junio con la esperanza de “ver si sacamos algo en limpio, que nos estaba explotando vilmente”, señala un representante de los despedidos, Santiago Calvo.

Los mineros portaron dos pancartas en la que reclamaban una solución.

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Los mineros confían en que la Justicia les dé la razón y la empresa les reincorpore de nuevo a su actividad en Mina La Escondida por entender que el empresario incurrió en varias ilegalidades en la contratación al tratarse de un contrato en fraude de ley. “Tenemos perspectivas positivas respecto al juicio, esperamos que nos salga bien y, a ver, esperemos que se haga justicia”, dado que “hay una clara cesión ilegal y un despido improcedente”, explica otro de los representantes de los mineros, Jesús Viloria.

La empresa justificó en su momento los despidos en el hecho de que no tenía carga de trabajo, que a HBG no se le he había adjudicado ningún cupo de carbón para entregar a térmica y que no tenía quién les comprase la producción.

No obstante, los trabajadores aseguran que después de su marcha la compañía del grupo Viloria “siguió produciendo, incluso reincorporando a algunos de los despedidos y llamándolos en las mismas condiciones con las nueve horas, con el 20% ilegal que nos aplica en la nómina y tratándonos como hasta ahora, como basura, y no somos basura, somos mineros y somos obreros y queremos dignidad”, subraya Viloria.

La plantilla espera, por ello, que se mejoren sus condiciones laborales teniendo en cuenta que “ya hay sentencia firme” sobre el recorte aplicado del 20% en sus nóminas pero “sigue haciendo lo que le da la gana”. Anuncian, por ello, que “nosotros seguiremos haciendo las reivindicaciones donde haga falta hasta que consigamos justicia”, apunta Santiago Calvo.

CIERRE DEL HOTEL MONTECARLO BARCELONA TRAS LA COMPRA DEL INMUEBLE POR EL GRUPO INVERSOR KKH

ERE para los 21 trabajadores de su plantilla

Su equipo humano se muestra dispuesto a continuar con su trabajo

El cambio de propiedad del hotel Montecarlo Barcelona parece que no va a tener el final feliz esperado por los 21 trabajadores que componen su plantilla, además de cuatro temporales que acaban su contrato el 31 de octubre.

La realidad es que el próximo 2 de noviembre comienzan las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por cese de la actividad, que previsiblemente se hará realidad en torno al 15 de diciembre. La moratoria del Ayuntamiento también ha contribuido a que el comprador, el grupo inversor KKH, no se haya comprometido a continuar con el negocio.

El caso comienza hace unos seis meses, según han relatado a este diario los trabajadores del hotel, cuando “la propiedad actual decidió, por razones familiares, vender el inmueble y la empresa explotadora del establecimiento (Hotel Montecarlo Barcelona Rambla, S.L.) con todo su personal, condición indispensable para llevar a cabo la operación”.

Magma Hospitality Consulting fue la empresa encargada de buscar posibles compradores, entre los que destacó KKH con la oferta más elevada, 20 millones de euros, según la nota de prensa del propio grupo inversor publicada en Expansión el pasado 9 de octubre.

En el mandato de venta firmado en julio KKH se comprometía a continuar con la actividad del hotel y con todo su personal. De ahí la sorpresa cuando los trabajadores han conocido la decisión final de cesar el negocio sin previo aviso y con la presentación el pasado 20 de octubre de un ERE para toda la plantilla, con una media de antigüedad en la empresa que ronda los 13 años.

Y es que KKH, siempre según los trabajadores a tenor de la información que reciben por parte de la propiedad, “a 15 días de hacer la compra definitiva, el 15 de octubre, es cuando se dan cuenta que debido a la moratoria el Ayuntamiento no les va a otorgar licencia para ampliar el número de habitaciones, por lo que según ellos el hotel con 50 habitaciones no es rentable y no quieren continuar con la actividad”.

Por ello, añaden las mismas fuentes, “nuestra actual propiedad vende sólo el inmueble a KKH y despide a sus trabajadores, a pesar de lo estipulado en el mandato de venta del pasado mes de julio, donde expresamente se vendía el inmueble con la subrogación de todos sus empleados”.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con el abogado que representa a la propiedad y que ha gestionado la venta del hotel, sin obtener respuesta. Se da la circunstancia de que el fondo KKH ha renunciado asimismo al proyecto de hotel del Deutsche Bank en Barcelona también a causa de la moratoria, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo.

Aunque a los trabajadores no se les ha comunicado oficialmente el día exacto de cierre del hotel, hace aproximadamente dos meses, durante el proceso de compra, se firmó un acuerdo adicional para cerrar las ventas totales del establecimiento entre el 15 y el 31 de diciembre “para realizar obras”, lo que ha despertado las sospechas del personal, que cree que “el cierre será alrededor del 15 de diciembre”.

LOS TRABAJADORES MANTIENEN EL ENCIERRO EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA GICC DE PUERTOLLANO

La plantilla de Elcogas sigue encerrada en las instalaciones de la central termoeléctrica GICC de Puertollano y lo seguirán haciendo hasta que la empresa y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo lleguen un acuerdo para evitar el cierre de la planta, fijado para el sábado.

El comité de empresa tomó esta decisión tras ser desalojados sus 9 miembros de la sede principal de Endesa tras encerrarse y pasar una noche.

Durante el encierro en Elcogas, secundado por una media que sobrepasa los 85 trabajadores, éstos han impedido la entrada a varios vehículos de empresas externas que, previsiblemente, tenían intención de acometer tareas relacionadas con las desconexión a red y desmantelamiento de instalaciones, según explicó a este diario el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide (Fitag-UGT).

Por otro lado, representantes de la empresa y de los trabajadores volverán a verse las caras, a partir de las 11.00 horas, en una nueva reunión enmarcada en el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo planteado por la compañía para los 143 empleados de la central.

LOS SINDICATOS DE ARCELOR MANTIENEN SU OBJETIVO PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Pese a los recortes de la empresa por la competencia china, piden evitar que una parte del salario esté ligada a resultados y la ampliación de jornada en función de las necesidades

Arcelor y los sindicatos iniciarán el próximo mes las negociaciones del VI acuerdo marco y lo que se presentaba como un proceso «tranquilo» por la buena marcha de la empresa, amenaza ahora con complicarse.

Las medidas del plan de contingencia para las plantas españolas, anunciadas por la compañía, afectarán a las futuras negociaciones colectivas, algo que los sindicatos quieren evitar a toda costa.

El principal objetivo de los representantes de los trabajadores para la próxima negociación pasa por evitar que haya una parte variable de los salarios vinculada a resultados, acordada en el último convenio marco, y que durante tres años supuso pérdida de emolumentos. También quieren acabar con la bolsa de horas extraordinarias a disposición de las necesidades de la empresa.

Los sindicatos presentaron a finales del pasado mes de septiembre la denuncia formal del convenio marco y las negociaciones comenzarán en breve. Previamente, tratarán de consensuar una plataforma que sirva para afrontar unidos la complicada negociación. De partida, todos están de acuerdo en la principal reivindicación: recuperar los salarios dejados de percibir como consecuencia de la polémica cláusula de variabilidad firmada en diciembre de 2012.

Tras unas difíciles negociaciones, la dirección de ArcelorMittal y los sindicatos UGT, CC. OO. y USO firmaron el V acuerdo marco a finales de 2012. Con vigor para tres años, establecía la congelación salarial para el ejercicio de 2013 y una revalorización del 0,5% y del 2% para los años 2014 y para el actual ejercicio. Además, el acuerdo estableció que un 8% del salario pasase a ser variable en el primer año y ese porcentaje se elevó hasta el 8,5% en los ejercicios de 2014 y 2015.

Fuentes de Arcelor explicaron entonces que el «sistema de variabilidad se regirá por objetivos económicos, industriales y de seguridad laboral». La compañía destacó que las condiciones pactadas con los sindicatos «permitirán aumentar la competitividad de la producción en España con vistas a destinarla a exportación, máxime ante el descenso del 25% del consumo de acero en la zona sur de Europa, que en el caso de España es mayor».

En ese momento, empresa y sindicatos acordaron también las condiciones para aplicar un Expediente de Regulación de Empleo Temporal durante 2013, que luego fue prorrogado hasta diciembre de este año.

«Las condiciones en aquel momento no se pueden comparar a las actuales y nuestro objetivo va a ser recuperar el dinero perdido durante estos años», dijeron los sindicatos. Por ello y pese a los recortes de la empresa por la competencia china, «vamos a ser beligerantes hasta lograrlo», aseguraron.

Para el secretario general de la sección sindical de CCOO en Arcelor, José Manuel Castro, «tras el anuncio de los ajustes, lo importante ahora es pedir tranquilidad a los trabajadores y responsabilidad a los sindicatos para hacer una plataforma conjunta y para que no se liguen los recortes a la negociación».

El presidente del comité de Empresa de Gijón, José Manuel Fernández, que recordó la difícil situación vivida en 2012, cuando se firmó el anterior acuerdo, con un horno alto parado, mil trabajadores regulados y la amenaza de despido para los eventuales, así como de descuelgue del convenio gracias a la recién estrenada reforma laboral, cree también que el principal objetivo de la próxima negociación «va a ser recuperar el gran esfuerzo realizado por los trabajadores».

También el responsable de USO en Arcelor, Pedro Cancio, desligó las medidas de ajuste por la crisis del acero chino de la próxima negociación colectiva. «La recuperación de la empresa, que estaba pasando una dura crisis, fue gracias al esfuerzo que hicimos los trabajadores y ahora pedimos que se tenga en cuenta», señaló.

300 PERSONAS SE CONCENTRAN EN ALBACETE CONTRA EL CIERRE DE LA FUNDACIÓN CCM

Agencia EFE

Cerca de 300 personas se han concentrado esta tarde en Albacete, frente a las oficinas principales de Liberbank para exigir la continuidad de los centros culturales y el centro de mayores de la Fundación CCM en la región, así como la de sus 18 trabajadores.

En concreto, en Albacete hay seis trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo y dos recursos que se cerrarían, caso del centro de exposiciones, junto al que se ha celebrado la concentración, y un centro de mayores que cuenta con 2.400 usuarios.

La concentración, por iniciativa de la Plataforma en Defensa de los Centros de la Fundación CCM en Albacete, se ha celebrado bajo el lema ‘No a los cierres. No a los despidos’ y ha contado con la asistencia de representantes de colectivos de diferentes sectores sociales y culturales, además de trabajadores de Albacete, Cuenca y Toledo.

En la concentración, la periodista Natividad Gómez ha dado lectura al manifiesto de la Plataforma en el que se muestra el apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores afectados por el ERE extintivo planteado por la empresa.

Además, se ha denunciado “la falta de sensibilidad de los dirigentes de Liberbank hacia el cierre de estos centros y el papel que desempeñan en la sociedad, así como la falta de gestión del Patronato de la Fundación, presidido por Tomás García-Cuenca”.

Asimismo, se ha exigido el compromiso del presidente de la Junta, Emiliano García-Page, como máximo responsable del Protectorado de Fundaciones, bajo cuya tutela está CCM, para encontrar una salida.

En el comunicado también se ha recordado que los trabajadores han remitido una carta al gabinete de Presidencia y a la plataforma ‘Presidente responde’ para solicitarle una reunión e invitarle a participar en la concentración, sin que hasta la fecha hayan obtenido ninguna respuesta.

De tal forma, que se ha confiado en que el Gobierno regional tenga con ellos la misma sensibilidad que se está mostrando con otros sectores porque “aunque somos menos, estamos hablando también de dejar en la calle a 18 familias, cuando se estaba firmando en la sede de la Presidencia un pacto por el empleo”.

Los convocantes también han pedido al presidente de la Diputación de Albacete la ejecución de la moción “por la continuidad y el futuro de la Fundación CCM”, aprobada en pleno.

“Solicitamos a los responsables de los gobiernos provincial y municipal de Albacete, y lo hacemos extensivo al resto de provincias, que estudien y ejecuten la inmediata suspensión de las relaciones comerciales con Liberbank, así como la anulación de la concesión del stand del recinto ferial, ya que su labor social para la ciudad no está justificada”, han concluido.

PROPONEN LA VENTA DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN CCM PARA EVITAR DESPIDOS

Los trabajadores afirman que el valor de los inmuebles y obras de arte de la fundación es de unos 450 millones de euros

El conflicto laboral por el ERE afecta a 18 trabajadores, de los cuales cuatro ya han recibido la carta de despido

Concentración CCM Albacete

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Trabajadores de la Fundación CCM consideran que si este organismo vendiera parte de su patrimonio (inmuebles y obras de arte), valorado en 450 millones de euros, se podría solucionar el conflicto planteado y que afecta a 18 trabajadores, que se enfrentan a un ERE extintivo. Cuatro de ellos ya han recibido la carta de despido y el resto está a la espera de recibirla.

Así lo han puesto de manifiesto en las Cortes de Castilla-La Mancha la responsable del área de Cultura en el Consejo Regional de Podemos, Ana Navarrete, y Encarna Pardo, representante de los trabajadores de la Fundación CCM. Pardo cree que una fundación, como la de CCM, con un patrimonio como el que tiene no puede aducir problemas económicos y ha asegurado que los sindicatos no han mantenido ningún encuentro con Liberbank, quien cree que quiere “deshacerse” de esta entidad.

Asimismo, ha indicado que aún no han recibido respuesta al escrito que enviaron al presidente regional, Emiliano García-Page, como máximo responsable del Protectorado de Fundaciones de la Junta -bajo cuya tutela está esta entidad– para pedirle que evite el cierre de los centros culturales y sociales de Albacete, Cuenca y Toledo y el despido de los trabajadores.

Pardo espera que la Junta de Comunidades encuentre una salida a este tema como máximo responsable del Protectorado de Fundaciones y que tenga con ellos la misma sensibilidad que está mostrando con otros colectivos. Los trabajadores de la Fundación CCM creen que no se trata sólo de un problema de índole laboral, puesto que, según insisten, la desaparición de los centros de la Fundación afectaría a muchos usuarios de todo tipo de sectores sociales.

LOS ‘COCA-COLA’ DE MADRID FESTEJAN SU VUELTA AL TRABAJO TRAS VENCER A GOLIAT

Entre vivas y aplausos, 220 empleados de Coca-Cola en España celebraron su vuelta al trabajo, tras haber impedido por vía judicial el cierre de una fábrica de la multinacional en un país con la quinta parte de la población en paro.

En el fresco amanecer de Fuenlabrada, 20 kilómetros al sur de Madrid, el ritual se repitió cada mañana para los últimos empleados en reincorporarse, tras “639 días de lucha”.

En enero de 2014, Coca-Cola Iberian Partners había presentado un plan de despido para más de un millar de personas por “motivos de organización”.

Dos tercios de los empleados afectados aceptaron una baja voluntaria, un traslado o una prejubilación. Ellos no. Finalmente, tres de las once fábricas del grupo cerraron, pero no la suya. “Hemos ganado, evidentemente”, comenta el portavoz de “Coca-Cola en lucha”, Juan Carlos Asenjo, miembro del sindicato Comisiones Obreras.

“Los trabajadores despedidos tienen un futuro y sus nóminas garantizadas”, dice este hombre de 49 años, inicialmente empleado en “mezcla de concentrados” de bebidas, reincorporado. “Vamos a seguir luchando en los tribunales, porque han cambiado nuestras condiciones de trabajo de manera unilateral”, añade.

Fuera invierno o verano, ‘los Coca-Cola’ se relevaron durante 21 meses en el ‘campamento’ ante la puerta de la fábrica. Tiendas de campaña y luego una cabaña adornada con banderas comunistas acogieron sus reuniones. Incluso cocinaron tortillas con huevos de las gallinas criadas frente a las verjas…

Los empleados no dudaron en iniciar una campaña de boicot, bajo el eslogan “Si en Madrid no se fabrica, en Madrid no se consume” y bloquearon la fábrica. Pero sobre todo lograron una victoria judicial en junio de 2014, cuando la Audiencia Nacional “anuló el despido colectivo” y ordenó su “reincorporación a sus puestos de trabajo”. Una decisión confirmada en abril de 2015 por el Tribunal Supremo.

La justicia concluye que el empleador no respetó el derecho a la información de los trabajadores ni su derecho a la huelga, ya que la filial de Coca-Cola siguió suministrando a sus clientes con bebidas fabricadas en otras factorías.

Como consecuencia, otros sindicalistas españoles decidieron llevar sus conflictos con los gigantes de las telecomunicaciones Telefónica o Vodafone ante la Audiencia Nacional, esperando bloquear miles de despidos.

“Lograr la nulidad de otro expediente de regulación de empleo será muy difícil, ya que el caso Coca-Cola era muy particular”, con “una respuesta sindical muy combativa” y una huelga muy larga, admite el abogado de una gran firma, que pide el anonimato, ya que defiende a empresas implicadas en planes de despidos.

Los empleados reincorporados a Fuenlabrada temen, por su parte, haber conseguido una victoria pírrica, dado que no han vuelto a sus puestos originales. Coca-Cola Iberian Partners ha decidido transformar la embotelladora en un “centro logístico innovador”, según su servicio de comunicación.

La empresa se congratula de que la justicia le “haya dado la razón” el 9 de octubre al menos en un punto: la reincorporación de los empleados de Fuenlabrada es considerada de “buena fe”, porque mantiene las mismas categorías profesionales, salarios y horarios.

El abogado, Enrique Lillo, teme “una trampa”: la empresa podría “decir que no tienen trabajo efectivo” y hacer un nuevo ERE (expediente de regulación de empleo). Ese “es nuestro miedo”, declara.

Iberian Partners asegura querer “garantizar la rentabilidad y la competitividad de sus actividades y seguir empleando a los 4.380 trabajadores que siguen ligados a la empresa en España”.

La empresa debe unirse en 2016 a un nuevo conjunto europeo cuyo objetivo es reducir costes.

Lillo, por su parte, querría “llegar a un pacto colectivo con la empresa, para obtener la reapertura de algunas líneas de producción”. Si se diera el caso, “brindamos con Coca-Cola” promete.

EL ERE DE EVO BANCO: ¿NI BAJAS VOLUNTARIAS NI PREJUBILACIONES?

La dirección del banco entregará a los sindicatos todo lo concerniente a la documentación del ERE, que afectará a 170 trabajadores.

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del expediente de regulación de empleo (ERE) que el fondo estadounidense Apollo quiere aplicar en Evo Banco apenas tres meses después de que se completase el último recorte. En principio la intención de la entidad es recortar 170 puestos de trabajo, un ajuste en el que en principio parece difícil que puedan incluirse bajas voluntarias o prejubilaciones.

El inicio del periodo formal de consultas se iniciará el jueves día 29 de octubre. En esa reunión, la empresa entregará a los representantes de los trabajadores todo lo concerniente a la documentación técnica y económica, así como los motivos formales que, a su entender, hacen necesario iniciar el proceso de cierre y despidos.

A la espera de esta cita, todo parece indicar que será muy difícil que Evo Banco permita la posibilidad de suavizar el ERE con un proceso de bajas voluntarias, ya que en principio los empleados afectados serán aquellos que trabajan en las oficinas que se cerrarán. CCOO, sindicato mayoritario en la entidad, señala en un comunicado que en la reunión anterior ya planteó la apertura de la voluntariedad en las salidas, con idea de poder reducir lo máximo posible el impacto de las salidas forzosas.

Sin embargo, “en un primero momento la empresa no parece muy dispuesta a aceptar salidas voluntarias”, señala el sindicato, que no obstante recuerda que de momento sólo ha habido un primer acercamiento entre las dos partes antes de iniciar las negociaciones formales.

En relación a posibles prejubilaciones, este será uno de los temas que plantearán durante las negociaciones, aunque a día de hoy, y salvo error, CCOO reconoce que no ha detectado ningún trabajador que en la actualidad tenga 55 años cumplidos.

El ajuste que pretende realizar Evo Banco afectará a 170 trabajadores, 125 de ellos de las 22 oficinas que pretende cerrar la entidad y otros 45 de sucursales que permanecerán abiertas (la intención es reducir la ratio de trabajadores por oficina), en un proporción de un empleado por oficina no afectada. La plantilla de la entidad está conformada por 600 empleados, por lo que el ajuste reducirá casi en un tercio la fuerza laboral después de que hace apenas tres meses se completase un ajuste que afectó finalmente a 42 personas.

El recorte de empleos no es el único sacrificio que Evo exige a su plantilla, sino que también ha planteado la modificación de horarios para subdirectores, con un primer horario propuesto que quedaría de la siguiente manera: 8.30h a 14.00h y 16.00h a 18.00h. En este caso no se trata de un horario flexible como el que tienen directores y directoras, sino partir directamente la jornada.

KUTXABANK: 600 DESPIDOS EN EL HORIZONTE, 122 MILLONES DE BENEFICIO Y UN PRESIDENTE QUE SE SUBE EL SUELDO

El banco sopesa una reducción de la plantilla del 10%, mientras habla de “claros signos” de recuperación en el negocio bancario y es capaz de consolidar un beneficio de 122 millones de euros en el primer semestre del año.

Que Kutxabank es una entidad muy solvente es algo que casi nadie duda, con uno de los mejores ratios de capital de la eurozona y 5.089 millones de patrimonio. Sin embargo, ya ha anunciado despidos en la plantilla (prejubilaciones y bajas voluntarias), que podrían llegar hasta los 600 trabajadores, un 10% del plantel aproximadamente. La paradoja es que siendo Kutxabank uno de los bancos más solventes, a la vez también es el que más desahucia, se permite aumentar un 73% el sueldo de su presidente nada más acceder al cargo y ahora enfila el camino de los despidos.

La entidad presidida por Gregorio Villalabeitia ha planteado a los sindicatos prejubilaciones, un plan de bajas incentivadas voluntarias, suspensiones de contrato y reducciones de jornada de carácter voluntario. Todo ello encaminado a mejorar la eficiencia de una entidad que en el balance de resultados del primer semestre de 2015 ha consolidado un beneficio de 122,7 millones de euros. Es decir, un 18,8 % más en relación con el mismo período del ejercicio anterior. En esa presentación Kutxabank hablaba de “claros signos” de recuperación en el negocio bancario.

El banco vasco ha diseñado un ambicioso plan de negocio para impulsar su rentabilidad y eficiencia. El objetivo es obtener un beneficio de 570 millones de euros en 2019, lo que significa un aumento del 280% en relación con la ganancia de 150 millones registrada a cierre de 2014. Para ello, la cuenta de resultados deberá crecer, al tiempo que se recortan los gastos, especialmente de personal.

Kutxabank (que integra a las cajas vascas BBK, Kutxa y Vital), es el banco español más solvente. Así lo certificó el Banco Central Europeo y la autoridad bancaria europea después de las pruebas de estrés que realizó a la banca nacional. Pero a esta solvencia, Kutxabank también une un dudoso honor: se trata de la entidad financiera que más desahucios ejecuta en el País Vasco por impagos de hipoteca. Y con diferencia sobre el resto.

Prácticamente, una de cada cinco desahucios en Euskadi tiene detrás a Kutxabank, según los datos de un informe elaborado por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco con datos de 2013 y primer trimestre de 2014. En ese periodo, de 1.127 ejecuciones, más de 200 fueron firmardos por Kutxabank.

Precarización de la plantilla

Por otra parte, su presidente Gregorio Villalabeitia se subió el sueldo nada más acceder al cargo. El Consejo de Administración de Kutxabank subió el salario de su presidente un 73% hasta dejarlo en 800.000 euros anuales (600.000 de fijo y 200.000 en variable) a las pocas semanas de aterrizar en el cargo. Es decir, Villalabeitia cobra al día más de 2.000 euros de media, muy por encima del sueldo medio de un empleado vasco en todo el mes.

El sueldo medio de un trabajador en Euskadi es hoy en día más bajo que hace 20 años. Mientras que en 1996 se registraba un salario medio de 1.496 euros, en el año 2012 era de 1.458 euros.

La decisión de ‘ajustar’ la plantilla ha sido muy mal recibida por los sindicatos. ELA subraya que las medidas propuestas persiguen la “precarización” de la plantilla, con una reducción de empleados cuyos puestos serán amortizados, además de señalar que la dirección del banco ha anunciado que habrá “más externalizaciones de servicios”.

LAB ha exigido a la entidad que apueste por la creación de empleo, además de apuntar que la institución financiera está dando pasos “para su salida a Bolsa”.

EL JUZGADO DIRIME SI LOS DESPIDOS EN LA ÚLTIMA MINA DE LACIANA SON LEGALES

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Los despedidos de la mina La Escondida, del Grupo Lamelas Viloria, van a juicio para demostrar la nulidad de su cese y solicitar su reincorporación. El medio centenar de trabajadores de la auxiliar Teleno se concentran a las puertas de los Juzgados de Ponferrada.

Los trabajadores despedidos de Seguridad y Prevención Teleno, auxiliar de Hijos de Baldomero García (HBG), en la mina La Escondida en el municipio de Villablino, durante la concentración de este martes a las puertas de los Juzgados de Ponferrada, donde se celebraba el juicio por el despido que se efectuó a toda la plantilla en junio de este año

Los trabajadores despedidos de Seguridad y Prevención Teleno, auxiliar de Hijos de Baldomero García (HBG) en la mina La Escondida en el municipio de Villablino, se concentraron este martes a las puertas de los Juzgados de Ponferrada, donde se celebraba el juicio por el despido que se efectuó a toda la plantilla en junio de este año. “Lo que se plantea es que existe una cesión ilegal de Teleno a HBG y que fruto de las movilizaciones de la plantilla de Teleno hay un despido colectivo”, explicó a Ical su abogado, Raúl Martínez.

El despido afectó a los 49 trabajadores de Teleno en HBG -perteneciente al grupo Lamelas Viloria- y tuvo lugar el pasado 5 de junio. “Ese mismo día entramos a trabajar a las 5 de la mañana y al mediodía ya estábamos despedidos”, apunta uno de los portavoces de los trabajadores, Jesús Viloria, que está junto a sus compañeros detrás de dos pancartas con el lema ‘Grupo Viloria, esclavos del carbón, no más precariedad’ y ‘Soluciones ya, no pedimos caridad pedimos justicia”.

“Venimos a ver si sacamos algo en limpio con este empresario que nos estaba explotando vilmente”, apostilló Viloria, que asegura que hay “una clara cesión ilegal y un despido improcedente”, que tienen perspectivas positivas y confían en ganar el juicio a la empresa. Un mismo optimismo que también expresa otro de sus compañeros, Santiago Calvo, que entiende que “está básicamente más que ganado porque tiene muchas irregularidades”.

En este sentido, señala que hay deficiencias en la documentación y que hay muchas pruebas en contra de la empresa. Y es que ambos trabajadores denuncian que después de sus despidos, algunos compañeros han vuelto a ser llamados por Teleno para trabajar en HBG en las mismas condiciones y se han reincorporado con las mismas condiciones, nueve horas y con un 20 por ciento de reducción en la nómina, que otra sentencia ya había señalado como ilegal.

A este respecto, su abogado puntualizó en que estos trabajadores están contratados en fraude de ley “con unas condiciones laborables lamentables y con una gran diferencia respecto a la plantilla de HBG”. Así, recalcó que desde Teleno optan por poner un despido colectivo pero individualmente. “No reconocen lo que es un despido sino que plantean que es una extinción individual de los contratos de trabajo y eso vulnera absolutamente el ordenamiento jurídico laboral”, explicó Raúl Martínez.

Y es que en esa situación debería haberse tramitado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y por lo tanto, indicó el abogado, “hay una clara nulidad de los despidos”. Asimismo, también intentarán probar que con posterioridad se llamó a parte de la plantilla de nuevo a trabajar en Teleno en las mismas condiciones pero “con la condición de que retirasen la demanda que los trabajadores habían planteado en el Juzgado de lo social”. “Es una presión intolerable que vulnera el ordenamiento jurídico y el derecho a la defensa de los trabajadores”, lamentó.

Así, el objetivo es acreditar todos estos extremos y solicitar la nulidad del despido y la recolocación de los trabajadores en HBG en las mismas condiciones del resto de la plantilla. Además, reclamarán que dicha reincorporación a la mina La Escondida sea en las mimas condiciones que el resto de la plantilla de HBG y no conforme al convenio provincial de minas de León.

RENFE QUIERE REJUVENECER SU PLANTILLA Y PLANTEA 650 DESPIDOS, EL 4,5% DEL TOTAL

Europa Press

Renfe ha planteado a sus sindicatos un plan de ajuste de plantilla que afectará a un máximo de unos 650 trabajadores, alrededor del 4,5% del total de 14.430 empleados que actualmente suma la compañía ferroviaria pública, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

El ajuste se materializará a través de dos vías, dado que abarca un expediente de regulación de empleo (ERE) y un plan de desvinculación voluntaria de la empresa.

El ERE será de carácter voluntario y universal, de forma que podrán optar por sumarse al mismo todos aquellos trabajadores de la compañía que cuenten con más de 59 años de edad.

En paralelo, Renfe ofrecerá un plan de desvinculación voluntaria para los empleados que no tengan aún 59 años y quieran abandonar la compañía.

Para los trabajadores que se sumen a este plan, la compañía contempla ofrecer una indemnización equivalente al 40% del salario de dos años, además de una paga de 1.000 euros al mes (junto con el pago de la correspondiente cuota de la Seguridad Social) durante dos años.

Renfe acaba de plantear este nuevo plan de ajuste a los sindicatos con representación en la compañía, con los que busca lograr un acuerdo antes de arrancar el periodo oficial de consultas de quince días.

La operadora ferroviaria espera cerrar un acuerdo en lo que resta de este ejercicio para aplicar el ajuste en los primeros meses de 2016, según detallaron a Europa Press dichas fuentes.

Rejuvenecer la plantilla

La compañía pública plantea este ajuste en el marco del plan de transformación que pretende implementar en su plantilla para rejuvenecerla, dado que actualmente presenta una edad media de 54 años, y que genere valor para la empresa.

A su vez, este plan en materia laboral constituye uno de los objetivos del plan estratégico “+Renfe” que la operadora puso en marcha a finales del pasado año con el fin último de mejorar su calidad y rentabilidad, superar los “números rojos” y lograr beneficios el próximo año.

Estas medidas contemplan que, en paralelo a los ajustes de plantilla, la compañía incorpore a la empresa nuevos profesionales. De hecho, este verano ya puso en marcha su primer oferta de empleo tras la crisis, de un total de 75 puestos de trabajo, entre comerciales, operarios de mantenimiento e ingenieros de sistemas.

Además, Renfe ha manifestado en distintas ocasiones que prevé seguir buscando nuevas vías para seguir generando empleo y reduciendo la edad media de la plantilla, en el marco del nuevo convenio colectivo de la empresa que actualmente negocia con los sindicatos.

Renfe plantea el nuevo ajuste dos años después de realizar un ERE voluntario y universal para 600 empleados, y en paralelo al que Adif puso encima la mesa este verano para unos 350 trabajadores.

CSIF ALERTA SOBRE DESPIDOS EN TRAGSATEC

La Sección Sindical de CSIF Andalucía en Tragsatec alerta de que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 14 de octubre sobre el ERE y a favor de la filial del Grupo Tragsa, participada por la SEPI, podría suponer el despido de más de 100 trabajadores en la comunidad, de los que una docena serían de Córdoba. Después de la sentencia, la empresa está legitimada para despedir a un máximo de 610 trabajadores. De ellos, un 16% son de Andalucía, lo que hace un total de 102.

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