Publicado en: 31 octubre, 2015

Boletín de Luchas Obreras (30 de Octubre de 2015)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

  • TRABAJADORES DE TORRASPAPEL DE MOTRIL SIGUEN “A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA” TRAS FINALIZAR SU SEGUNDA HUELGA
  • LA CIFRA DE CÁNTABROS AFECTADOS POR DESPIDOS COLECTIVOS ASCENDIÓ CASI UN 36%
  • DENUNCIAS DE PERSECUCIÓN SINDICAL EN AMBULANCIAS DOMINGO
  • EL CENTRO DE MADRID DE PSA PEUGEOT CITROËN FIRMA UN ERTE PARA DOS AÑOS
  • LOS EXAMINADORES, CERCA DE ACABAR SU HUELGA TRAS EL PRINCIPIO DE ACUERDO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT)
  • JUICIO A 14 MIEMBROS DEL SAT POR IMPEDIR TRABAJAR EN LA HUELGA DE 2012
  • EL HOTEL CALAMIJAS CIERRA SUS PUERTAS TRAS UNA DÉCADA DE ACTIVIDAD
  • EL GRUPO SAPA CONSUMA SU MARCHA DE ARTEIXO
  • LOS MINEROS DE ZARRÉU NO ENTRARÁN EN PRISIÓN. LA AUDIENCIA PROVINCIAL ADMITE LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA Y REDUCE LA CONDENA A UN AÑO DE PRISIÓN
  • INDRA: COMIENZA EL DRAMA DE LOS DESPIDOS FORZOSOS
  • MASA GALICIA Y PLANTILLA CIERRAN ACUERDO PARA EL ERTE DE LA CENTRAL DE ANLLARES
  • TRABAJADORES Y FAMILIARES RECLAMAN A LA ONCE QUE NO ABANDONE EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO APTA
  • RECORTE DEL 12% A LA PLANTILLA MÉDICA DE URGENCIAS
  • AERNNOVA COMUNICA EL DESPIDO DE 130 TRABAJADORES DE SU PLANTA EN ÁLAVA
  • REPRESIÓN SINDICAL CGT POR LA EMPRESA TEPSA EN EL PUERTO DE BARCELONA
  • LOS AFECTADOS DEL ERE DE 2010 DE LA BASE DE MORÓN MEDITAN RECURRIR AL CONSTITUCIONAL
  • LA ANTIGUA PLANTILLA DE SEVILLA GLOBAL DECIDE NO RECURRIR AL CONSTITUCIONAL LA SENTENCIA DEL TS

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TRABAJADORES DE TORRASPAPEL DE MOTRIL SIGUEN “A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA” TRAS FINALIZAR SU SEGUNDA HUELGA

Europa Press – Granada

Los trabajadores de la fábrica de Torraspapel de Motril (Granada) han concluido su segunda jornada de huelga celebrada entre la tarde del viernes y durante todo el día del sábado en defensa de sus derechos laborales, y siguen a “la espera de una respuesta” por parte de la empresa, como ha asegurado el delegado de UGT en la empresa, Plácido Leyva.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de UGT ha informado de que la huelga comenzó en la noche del viernes y finalizó el sábado ya tarde, después de que a lo largo de la jornada las máquinas de la empresa pararan dos turnos, mientras que otras dos siguieron funcionando.

Leyva ha afirmado que a la convocatoria han asistido representantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y representantes políticos de Podemos, y ha señalado que “la huelga es totalmente legal, porque no solo pedimos la recolocación del compañero Francisco Morata —despedido por la empresa—, sino que se restituyan las condiciones laborales que hemos ido perdiendo, que se asegure el futuro de todos nosotros”.

Asimismo, el delegado de UGT ha indicado que hay convocados dos días de huelga al mes desde ahora hasta el mes de febrero, y que “no se parará hasta que obtengamos una respuesta por parte de la empresa y haya una negociación en la que se nos devuelva todo lo que se nos ha quitado”.

Hay que recordar que la huelga, secundada por el cien por cien de la plantilla, fue convocada, según fuentes de UGT, por “las pretensiones de la dirección Torraspapel de externalizar servicios de la fábrica según un reciente estudio de viabilidad encargado por la empresa”, y por “la pérdida de 52 puestos de trabajo fijos, quedando la plantilla en 366 trabajadores en vez de los 388 actuales”.

LA CIFRA DE CÁNTABROS AFECTADOS POR DESPIDOS COLECTIVOS ASCENDIÓ CASI UN 36%

Santander

En cambio, los empleados afectados por un ERE en la región disminuyen un 30,8% hasta agosto

Cantabria registra este año 1.111 accidentes laborales más que en todo 2014

El número de trabajadores afectados por despidos colectivos en Cantabria se ha incrementado un 35,9%, hasta los 212 entre enero y agosto. Por el contrario, las suspensiones de contrato afectaron a 1.231 cántabros, un 30% menos, y los afectados por expedientes de reducción de jornada se desplomaron un 53,7%, hasta los 204 trabajadores

Los afectados por medidas de regulación de empleo en agosto fueron 42 trabajadores, lo que supone desplome del -73,4% frente al mismo mes de 2014 y también un 69,1% menos que en julio de este año. Del total de trabajadores, 14 fueron objeto de despidos colectivos (frente a ninguno en agosto de 2014), 25 se vieron afectados en Cantabria por suspensiones de contrato (-82,2%) y tres por reducciones de jornada (-75%).

En cambio, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en la región de enero a agosto de este año ha caído un 30,8% en comparación con el mismo periodo de 2014. Lo que se traduce en 1.647 personas menos, según datos del Ministerio de Empleo.

DENUNCIAS DE PERSECUCIÓN SINDICAL EN AMBULANCIAS DOMINGO

Marc Rude – la Directa

La empresa Ambulancias Domingo, con sede en el Poblenou de Barcelona, ha denunciado y despedido el delegado de la CNT y quiere sancionar cuatro trabajadores de la CGT a raíz de la huelga que convocó la plantilla el pasado diciembre.

“Cuando entré a trabajar en Ambulancias Domingo, en 2014, ya había un clima de tensión: las cosas no iban bien”, nos explica David Sevillano, ex delegado de la CNT. “Había compañeros que llevaban cinco o seis años encadenando contratos temporales y de sustitución. Hacíamos muchos cambios de turno y trabajábamos más de 60 horas a la semana, una auténtica locura”. La negativa de la empresa a conceder reducciones de jornada por maternidad y paternidad, impidiendo así la conciliación familiar, terminó de encender la llama entre la plantilla.

Desde la CNT se puso en marcha una campaña de agitación y propaganda en el sector del transporte sanitario y, en diciembre del año pasado, CGT decidía convocar una huelga en Ambulancias Domingo para los días 22 y 23 de ese mes. La CNT la secunda y así lo transmite a la empresa a través de la sección sindical, que se presenta públicamente durante las movilizaciones. “La dirección se negó a emprender ningún tipo de negociación previa -recuerda Sevillano- y no organizó servicios mínimos, como está obligada por ley, porque decía que la huelga no se haría. La actitud de la empresa fue muy hostil; el propietario y su abogado se presentaron el día de la huelga para amenazar a los trabajadores, diciéndoles que se trataba de una huelga ilegal”.

La CGT se personó a Inspección de Trabajo, que constató en un informe que “la huelga se ha realizado siguiendo todos los trámites legales vigentes” y extendió un acta de infracción a la empresa por “no designar los servicios mínimos necesarios a los que le obliga la normativa aplicable a fin de permitir un adecuado ejercicio del derecho a huelga”. Por otra parte, la CNT presentó otra denuncia al mismo órgano sobre el mal estado material de las ambulancias.

“La mayoría de unidades tiene fallas importantes: motores que no arrancan, camillas con bordes cortantes, agujeros en la tapicería (que son un nido de ácaros)”. El 6 de marzo se llevó a cabo la inspección de los vehículos, con presencia de la empresa y el comité. La resolución de la inspectora confirmaba “el incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, con el riesgo consiguiente para la seguridad y salud de trabajadores y pacientes” y requería la empresa a hacer todas las modificaciones necesarias en el plazo de un mes.

Espionaje y criminalización de sindicalistas

“El 6 de febrero de este año, la empresa me comunica que se me ha propuesto para una” sanción muy grave “y que me imputa el bloqueo de algunas unidades durante los piquetes y una serie de pintadas que aparecieron por incitar a la huelga, consideradas ‘injuriosas’ para Ambulancias Domingo. El 18 del mismo mes, el expediente se resuelve con un despido disciplinario “explica David Sevillano.

“La huelga se desarrolló de manera pacífica y se respetaron las emergencias sanitarias. Los piquetes fueron exclusivamente informativos. Trasladaron a la calle para que el empresario y su abogado estaban dentro de la nave coaccionando a los trabajadores; eran ellos, entonces, los que más retrasos podrían haber provocado”.

“En cuanto a la acusación de las pintadas, nos enteramos de que la directora del CUAP de Horta, Maria del Carmen Ortega Quintana, había denunciado a los Mossos la presencia de grafitis en la fachada del centro a la huelga, y había enviado fotos en la empresa. Ambulancias Domingo decidió hacerse cargo del repintado “, relata Sevillano. “Fue entonces cuando la empresa contrató los servicios de Krahmer Detectives. Los investigadores privados hicieron fotografías y seguimientos de los trabajadores”. El 16 de septiembre entregaban el informe, donde adjuntaban capturas de Tweets de las cuentas de Twitter de la CGT, fotografías y un peritaje caligráfico que ha confrontado algunas pintadas con papeles internos del puesto de trabajo manuscritos por David Sevillano, y afirma que los dos escritos son obra del mismo autor. “La empresa tenía un culpable preestablecido”, comenta Sevillano, que duda también de la validez de la comparación probatoria entre letra ligada escrita a bolígrafo y una pintada hecha con spray.

El informe caligráfico debía llevar al ex delegado sindical a un juicio de faltas por deslucimiento de bienes inmuebles, que estaba previsto para el jueves, 29 de octubre, en la Ciudad de la Justicia, pero la jueza del caso decidió archivarlo porque los hechos denunciados habían quedado despenalizados, según la sección sindicato de la CNT. “A partir de aquí nos concentraremos en la siguiente cita, el 22 de diciembre, cuando se celebrará el juicio laboral por el despido disciplinario. Aún está pendiente de fecha otro juicio que debe revisar la decisión de la empresa de castigar cuatro trabajadores de la CGT sin 45 días de empleo y sueldo”.

Las subcontratas de la Consejería de Salud

Ambulancias Domingo es una empresa familiar fundada por Cesáreo Blanco de Domingo, aunque propietario, y tiene unas 40 ambulancias de soporte vital básico operando en Barcelona. La compañía conforma un grupo empresarial que también incluye Oxígeno Salud, que suministra bombonas a hospitales. Además, hacen inversiones inmobiliarias. Tiene su sede en la calle Pere IV del Poblenou y unas oficinas en la Gran Vía.

Desde hace cerca de diez años, la empresa tiene una contrata del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), ente público derivado del CatSalut, que a su vez cuelga orgánicamente de la Consejería de Salud. “El sector del transporte sanitario se mueve sobre todo entre contratos con las administraciones, adjudicados por concurso o bien a dicho” -nos explica en David-. “Sospechamos que entre Ambulancias Domingo y el SEM hay un buen entendimiento. En mayo pasado, hicimos llegar al SEM la resolución de Inspección de Trabajo sobre las malas condiciones de los vehículos, y respondieron tirando balones fuera “, recuerda. “Desde la CNT, consideramos que el SEM es responsable de consentir que no se cumplan las condiciones laborales mínimas ni los derechos de los trabajadores, lo que debería ser un impedimento para acceder a concursos. Son ellos los que hacen el pliego de condiciones que exigen a las empresas que están ofreciendo el servicio”.

La Directa ha llamado a la sede de Ambulancias Domingo para conocer la versión de la empresa, la cual nos ha dicho que no tiene “nada que comentar” respecto al caso.

EL CENTRO DE MADRID DE PSA PEUGEOT CITROËN FIRMA UN ERTE PARA DOS AÑOS

El Centro de Madrid de PSA Peugeot Citroën ha alcanzado un acuerdo con la mayoría de los sindicatos que componen el Comité de Empresa para la firma de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal.

Las continuas variaciones de la producción para contar con los stocks justos y necesarios y para responder a los ciclos de la demanda, tanto al alza (como en los pasados meses) como a la baja (como en esta ocasión), obligaron a recurrir a mecanismos para garantizar una respuesta adecuada.

Por ello, el Centro ha llegado a un acuerdo para la firma de un ERE temporal que implica la suspensión de contratos de trabajo durante los días de cierre: 30 días durante el periodo que se extiende del 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2016. Esto garantiza la protección de los empleados en situación de jubilación parcial. Además, se realizarán formaciones, para reducir el número de días necesarios para adaptar la producción.

Por otro lado, el Centro de Madrid, junto con el resto del Grupo PSA Peugeot Citroen, continúa con su plan Optimad, que consiste en optimizar las instalaciones del Centro de Madrid para beneficiar al reciente lanzamiento del Citroën C4 Cactus y posicionar la fábrica en las mejores condiciones para futuras adjudicaciones ya que, en la actualidad, esta fábrica produce el modelo en exclusiva mundial, dando trabajo a 2.100 personas.

El centro, para adaptarse a este proyecto, está inmerso en un proceso de transformación en el que se están realizando modificaciones en sus instalaciones, entre ellas, la transformación de la planta de Pintura, la compactación de superficies en torno al edificio principal de Montaje, la implantación de instalaciones kitting (método de aprovisionamiento de stocks próximo a la línea), o el traslado de personas de otras entidades del Grupo PSA Peugeot Citroën, distribuidas por la Comunidad de Madrid a las instalaciones del Centro de Madrid.

LOS EXAMINADORES, CERCA DE ACABAR SU HUELGA TRAS EL PRINCIPIO DE ACUERDO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT)

EFE – Madrid

Los examinadores y la Dirección General de Tráfico (DGT) han acercado posturas en la reunión han alcanzado un principio de acuerdo, con el que “previsiblemente” se pondrá fin a la huelga que cumple treinta días, según ha explicado a Efe el coordinador nacional de CSIF Tráfico, Manuel Santiago.

Santiago ha indicado que, a falta de que se concrete el acuerdo, la DGT se compromete a que en dos meses el resultado del examen práctico se dará a conocer en la web y que los examinadores tendrán potestad para comunicar el resultado al profesor de la autoescuela en un entorno seguro.

Además, el examinador podrá comunicar directamente al alumno el resultado de la prueba, si así lo desea, para evitar esperas.

Incrementar las medidas de seguridad ante las agresiones de algunos alumnos insatisfechos con su suspenso, un refuerzo de las plantillas, mejores condiciones de trabajo y una revisión salarial son las principales reivindicaciones de los examinadores.

Con sus paros parciales han provocado ya la suspensión de más de 60.000 exámenes de conducir en toda España, aunque la DGT los cifra en menos de 40.000 y asegura que todos los aplazados se han realizado ya.

Santiago ha indicado que Tráfico se compromete a aprobar una productividad especial para compensar la carga de trabajo de los examinadores, es decir, que el número de exámenes al día se reflejará en la nómina.

Por otra parte, ha manifestado que la directora general de Tráfico, María Seguí, hará una declaración pública para “subrayar el carácter público” de los exámenes, un servicio que “no se va a privatizar”.

Santiago ha señalado que estas propuestas serán trasladadas a los trabajadores y, si están de acuerdo, se desconvocará la huelga. A su juicio, como son “positivas”, previsiblemente acabarán los paros.

Por otra parte, ha pedido perdón a los ciudadanos por las molestias ocasionadas por los paros y ha indicado que los examinadores van a “intensificar” su trabajo para ponerse al día.

JUICIO A 14 MIEMBROS DEL SAT POR IMPEDIR TRABAJAR EN LA HUELGA DE 2012

Europa Press

A profesores en Los Corrales

Un Juzgado de lo Penal de Sevilla enjuiciará a 14 componentes de un ‘piquete’ y a su vez miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que, durante la huelga general convocada a nivel nacional el 14 de noviembre de 2012, coaccionaron, amenazaron e impidieron a unos profesores la entrada a un instituto de enseñanza secundaria de Los Corrales.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla ha fijado la fecha del juicio contra estos 14 miembros del ‘piquete’, para quienes la Fiscalía ha solicitado penas de hasta seis años y medio de cárcel.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para todos los acusados cuatro años y medio de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que también solicita para uno de los imputados dos años de cárcel por un delito de atentado, y el pago de una multa de 180 euros por una falta de maltrato.

El fiscal relata que los hechos tuvieron lugar sobre las 7,45 horas del día 14 de noviembre de 2012, cuando los acusados, “de común acuerdo” y con ocasión de la huelga general convocada a nivel nacional, se apostaron en la entrada principal del instituto ‘Entrepuentes’ de Los Corrales “con la intención de obstaculizar” la entrada al centro de enseñanza de los profesores.

Para ello, los imputados colocaron una cadena con candado y dos vehículos en la única puerta de entrada para el acceso con coche, “impidiendo así” la entrada de los once profesores que acudieron a su puesto de trabajo y que integraban los servicios mínimos previstos para esa jornada.

Según la Fiscalía, en el momento en que llegó al instituto en su coche la jefa de estudios, los acusados “se negaron a permitirle la entrada” y comenzaron a dirigirle expresiones como ‘guarra, puta, esquirol, hija de puta, asquerosa. Esta hija de puta tiene la suerte de no ser de aquí, si no se iba a enterar’.

GRAN TEMOR

Al mismo tiempo, y “con ánimo intimidatorio”, unos miembros del ‘piquete’ “zarandeaban” el vehículo de la jefa de estudios mientras otros grababan la escena con un teléfono móvil y un acusado llegaba a “colocar la rodilla en la parte delantera del coche, causándoles un gran temor”.

La Fiscalía añade que, a medida que los restantes profesores llegaban, “y con intención de amedrentarles”, los acusados se dirigían a ellos de forma generalizada con frases como ‘no sabéis el por qué estamos aquí; que no entráis; que si no hay niños no vais a dar clases, cabrones. En manos de esta gentuza está la educación de nuestros hijos, sinvergüenzas’.

Agentes de la Guardia Civil “debidamente uniformados y en el ejercicio de sus funciones” se trasladaron al lugar de los hechos, donde el principal acusado, “de los más activos”, se negó a identificarse, aprovechando un segundo imputado para “arrebatarle” su DNI al agente, que “fue rodeado” por miembros del ‘piquete’ y recibió “empujones” por parte de uno de ellos, además de por otros acusados no identificados, sin que sufriera lesiones.

REPRESORES

La Fiscalía asevera que dos de los imputados “asumieron el rol de responsables” del ‘piquete’ y “se negaron reiteradamente” a permitir el acceso de los profesores al centro de trabajo, llegando a manifestar a los agentes ‘que se provocaría un conflicto en Los Corrales, ya que tanto los vecinos como los ‘piquetes’ comarcales se trasladarían hasta el acuartelamiento en auxilio de los detenidos, provocándose incidentes mayores’.

Por todo ello, fue necesaria la presencia en el lugar de hasta 16 agentes, que procedieron a la identificación de los acusados entre gritos de ‘represores, cabrones’ y a cortar la cadena que los imputados, previamente, habían puesto en la puerta del colegio, sin que ésta sufriera desperfectos.

EL HOTEL CALAMIJAS CIERRA SUS PUERTAS TRAS UNA DÉCADA DE ACTIVIDAD

Solo 6 de los 25 trabajadores seguirán en sus puestos una semana más y tres hasta diciembre

El hotel Calamijas, que forma parte del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (Cio Mijas), echó el cierre definitivo tras una década de actividad. Los trabajadores iniciaron una huelga para evitar el ERE después de que tras la última reunión entre la patronal y los representantes sindicales se les negara el expediente de suspensión de empleo de carácter temporal con el fin de mantener los puestos de trabajo.

El centro ha experimentado durante este último año sus mejores niveles de ocupación con una plantilla muy reducida, solo 25 trabajadores, de los que solo seis continuarán una semana más y tres de ellos lo harán hasta el 19 de diciembre, fecha en la que acaba el contrato de la empresa que gestiona el centro.

El primer hotel escuela de la zona, valorado con cuatro estrellas y compuesto por siete módulos de dos plantas cada uno en los que están ubicadas las sesenta habitaciones, distribuidas alrededor de la piscina y jardines, fue inaugurado en el año 2006.

Por sus instalaciones han pasado cientos de alumnos “con un índice de inserción laboral de casi el 100%. Muchos ocupan cargos de hoteles en Alemania, en otros países de Europa y en la provincia”, señaló José Antonio Plaza, jefe de cocina y representante de los trabajadores, quien anunció que el martes tendrá lugar una reunión entre los representantes sindicales de CCOO y el alcalde del municipio, Juan Carlos Maldonado, para tratar de buscar una solución y exigir su integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras que el próximo viernes se celebrará el último encuentro entre los representantes sindicales y de los trabajadores y la empresa para negociar las condiciones de los despedidos y cerrar así el expediente del ERE.

El hotel abrió nuevamente sus puertas el pasado mes de abril, bajo mínimos y sin alumnos después de los despidos que se produjeron el pasado año y que afectaron a la mayoría de la plantilla, con el fin de generar ingresos con los que hacer frente al mantenimiento del centro.

También los seis trabajadores del consorcio continúan en su lucha a la espera de una respuesta definitiva por parte del director general de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel García. El alcalde mijeño tiene previsto reunirse con él, cuando los trabajadores sumarán ya un total de 14 nóminas sin cobrar.

EL GRUPO SAPA CONSUMA SU MARCHA DE ARTEIXO

A Coruña

La firma noruega ya despidió a la mayoría de los 70 trabajadores de Perfialsa y ahora procede a desmantelar la maquinaria para llevarla a Barcelona y Navarra

El grupo noruego Sapa -dedicado a la extrusión de aluminio- está a punto de consumar su marcha de Arteixo tras el cierre y desmantelamiento de su fábrica coruñesa, Perfialsa, lo que supone un nuevo golpe para la industria de la provincia de A Coruña.

La compañía empezó a aplicar en septiembre el expediente de regulación de empleo (ERE) pactado con la plantilla en julio y a finales del mes pasado se produjeron las últimas bajas, antes de proceder al cierre de las instalaciones. “El 1 de septiembre comenzaron a ejecutarse los despidos de forma escalonada y cada semana se reducía el cuadro de personal.

Finalmente hubo 10 recolocaciones, cuatro trabajadores permanecen en plantilla para el traslado de la maquinaria y el resto [hasta los 70 empleados que tenía la factoría] fuimos despedidos”, explica el exsecretario del comité de empresa de Perfialsa, Juan Márquez.

Ahora la compañía está en pleno proceso de desmantelamiento de la planta, con los trabajos de traslado de la maquinaria a otras fábricas del grupo. “Se lo van a llevar todo a las factorías de Barcelona y Navarra, con lo que la planta de Arteixo quedará vacía. Si alguien la quiere comprar ahora se va a encontrar las paredes”, sentencia el representante de los trabajadores de Perfialsa.

De hecho, la plantilla considera que durante el proceso de negociación del ERE solo había una oferta de una empresa que estaba dispuesta a quedarse con la fábrica para la elaboración de perfiles de aluminio y que Sapa la descartó porque no quería competencia en España. “Hubo gestiones pero no se llegó a nada.

Estamos muy agradecidos al alcalde de Arteixo [Carlos Calvelo] porque mantuvo contactos e hizo todo lo que pudo para evitar el cierre. Con quien estamos defraudados es con la Xunta, dijo que iba a buscar posibles compradores e intentar la venta pero no hizo nada”, denunció Márquez.

Una vez fuera de Perfialsa, los ya extrabajadores de la fábrica arteixana acuden a cursos de formación impartidos por una empresa contratada por el grupo Sapa para tratar de recolocarlos.

Además, entre enero y septiembre del próximo año, si la firma noruega tiene alguna vacante, los despedidos de Perfialsa tendrán prioridad. “En teoría la empresa nos avisaría y nosotros podremos optar a esos puestos”, explica el portavoz de la plantilla.

El despido colectivo pactado por la empresa y los trabajadores se ejecutó sin problemas, pero las dos partes tienen abierto otro conflicto que está a punto de llegar a los tribunales. Los empleados de Perfialsa cobraban un premio de vinculación a la empresa -conocido coloquialmente como medalla- cada vez que cumplían 10 años en plantilla.

A los diez años percibían una paga equivalente al sueldo bruto de una mensualidad, a los 20 lo correspondiente a dos mensualidades y así respectivamente.

Pero cuando, con la llegada de la crisis, la compañía negoció con el comité de empresa algunos ajustes salariales, las partes acordaron “que si la planta cerraba antes de diciembre de 2018, el grupo abonaría la parte proporcional del premio de vinculación a cada trabajador”. Un acuerdo que quedó sellado por escrito y firmado por las dos partes. “En mi caso, llevaba 17 años en la empresa. Tendrían que abonarme el sueldo bruto de un mes y el 70% de otro y no son cantidades pequeñas”, ejemplifica Márquez.

Los trabajadores reclamaron a la dirección de Sapa el pago de estas medallas pero recibieron una negativa por respuesta. Por ello, la plantilla denunció el caso por la vía administrativa y ya tuvo un acto de conciliación en el que la compañía mantuvo su postura.

Los exempleados de Perfialsa están analizando la situación con los sindicatos y tienen previsto presentar una demanda judicial en las próximas semanas para exigir el pago de esas cantidades.

LOS MINEROS DE ZARRÉU NO ENTRARÁN EN PRISIÓN. LA AUDIENCIA PROVINCIAL ADMITE LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA Y REDUCE LA CONDENA A UN AÑO DE PRISIÓN

La Sala Segunda Sección de la Audiencia Provincial de Asturies ha dictado sentencia sobre el caso de los 5 mineros de Zarréu, admitiendo los argumentos de la defensa y reduciendo la condena a un año de prisión y a diversas multas que, en el caso de nuestro compañero de la CSI, Toño, ascienden a 5.680 €.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno y solamente podría interponerse un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.

Desde Asturies en Pie y desde la CSI ampliaremos esta información después de analizar la sentencia.

Os anunciamos que, cuando nos sea posible, Asturies en Pie organizará un acto público, en el que todas y todos podremos celebrarlo y seguir uniendo fuerzas para continuar la lucha de la clase obrera asturiana.

Por el momento, os dejamos con las primeras palabras de nuestro compañero Toño:

“Antes de nada, quiero dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron. A quienes nos apoyasteis, incluso sin conocernos, gracias por vuestra solidaridad. Y a quienes estuvisteis todos los días con nosotros, haciendo lo posible y lo imposible y arriesgándolo todo por nuestra libertad, lo siento, pero no me salen las palabras.

Esto es una batalla más de la clase obrera. Conseguimos la libertad de los 5 mineros de Zarréu. Ahora, tenemos que seguir peleando para que ni una sola persona más entre en prisión por defender sus derechos. Como decía uno de los carteles que sacamos: Con la lucha obrera hay futuro. Gracias a todas y a todos”.

INDRA: COMIENZA EL DRAMA DE LOS DESPIDOS FORZOSOS

La empresa ha empezado a comunicar personalmente que va a proceder a despedir de forma forzosa. Una de dos, o en la Comisión de Seguimiento no se enteran de nada, o mienten de forma vil cuando dicen que no despedirán a nadie hasta que analicen caso a caso todos los vetos.

Comienza la inmundicia del despido y la tragedia del paro a familias que sufrirán las desvergüenzas de estos tratantes que firman todo lo habido y por haber. Tratan a los trabajadores igual que a los números de las rifas, al que le toca…..LE TOCA.

Da igual el cargo. Hay muchos directores y del equipo de gestión que se consideran inmunes a estas barbaries. Os recordamos que la empresa tenía en mente echar a 20 directores y 150 gestores. Esta vez quizás te libres, pero recuerda aquello de cuando las barbas del vecino veas cortar……..

Una vez más os decimos y recordamos, a aquellos que os llamen para comunicaros vuestro despido, que podéis EXIGIR la presencia de un representante de CGT de vuestro comité de empresa. Os recomendamos que no firméis nada sin haberlo puesto en conocimiento nuestro con anterioridad, o al menos firmad siempre como NO CONFORME.

Sois ya muchísimos los que os habéis dirigido a nosotros para que os mantengamos informados del proceso. Damos un nuevo recordatorio para aquellos que se os ha pasado hacerlo. Dirigíos a nuestro correo cgtindrasistemas@gmail.com usando vuestro correo personal, externo al corporativo, indicando nombre y apellidos.

MASA GALICIA Y PLANTILLA CIERRAN ACUERDO PARA EL ERTE DE LA CENTRAL DE ANLLARES

Los trabajadores llegan a un acuerdo con la empresa después de una reunión maratoniana que arrancó a las 9 de la mañana y darán a conocer las condiciones del ERTE

Los trabajadores de MASA Galicia, subcontrata de limpieza industrial de Gas Natural Fenosa en la central térmica de Anllares, llegaron en la tarde de esta tarde a un acuerdo para la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la plantilla, con reducción de la jornada al 50%.

Según confirmó el portavoz de los trabajadores, José Crespo, han llegado a un acuerdo después de las negociaciones que se han prolongado durante tres semanas y tras una reunión maratoniana que arrancó a las 9 de la mañana.

“Acabamos de levantarnos de una reunión muy intensa y que finalmente se ha cerrado con acuerdo con la empresa”, recalcó Crespo, que señaló que las condiciones y pormenores de dicho acuerdo se harán público en una rueda de prensa.

MASA Galicia cuenta en la actualidad con una plantilla de 28 personas y ponía sobre la mesa un expediente para 13 trabajadores de limpieza industrial y de oficinas y edificios, afectando a empleados con más de 30 años de antigüedad en la empresa y edades comprendidas entre lso 52 y los 60 años.

Desde la empresa se justificaba el ERTE por la baja actividad en la central térmica de Anllares, mientras que los trabajadores consideran que no es una razón cuando los trabajadores de limpieza industrial acumulan más de 1.700 horas extras solo este año.

Desde CCOO se habló incluso de una “complot” contra estos trabajadores por parte de un alto directivo de Gas Natural Generación y un responsable de USO en la compañía eléctrica.

TRABAJADORES Y FAMILIARES RECLAMAN A LA ONCE QUE NO ABANDONE EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO APTA

Gijón

Cerca de 150 personas se concentraron ante el centro de empleo para pedir el mantenimiento de los 188 puestos de trabajo y la readmisión de los más de cien despedidos

«No vamos a permitir que conviertan esto en un hotel». Cerca de 150 personas, la mayoría familiares y trabajadores del Centro Especial de Empleo Apta, se concentraron ante las instalaciones del mismo para mostrar su rechazo ante la «inminente» salida del centro de la Fundación ONCE, que es quien lo gestiona y financia en la actualidad.

Exigieron además el mantenimiento de los 188 actuales puestos de trabajo y la readmisión de los más de cien despedidos desde 2012. «Cuando se hicieron con la gestión del centro, que empleaba a unas 350 personas, prometieron dotarlo de carga de trabajo y crear nuevos puestos, pero lo que hicieron fue despedir gente y mandar a casi todos los que quedaban a un ERTE», explicó el portavoz de los afectados, Luis Miguel Criado.

Los organizadores de la concentración, que se desvincularon del comité de empresa y de la Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo que da nombre al centro, denunciaron que «en 2012 la ONCE despidió a 103 personas y se adueñó de la nave que Apta poseía en Roces».

Un año después, ironizaron, la fundación fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia «por su labor para mejorar la dignidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad». En 2014, continuaron, «lejos de aportar alternativa alguna para los despedidos de 2012, despidió a diez orientadoras y firmó un ERTE que afecta a cerca de 150 trabajadores».

La fundación se hizo además, señalaron los afectados en un comunicado, con las instalaciones que Apta poseía en el Piles, con un valor superior a los tres millones de euros. En la actualidad, agregó Criado, son solo una treintena los trabajadores que no se vieron afectados por el ERTE ni los despidos. «Casi todos, directivos y miembros del comité de empresa», puntualizó.

«Llegaron prometiendo trabajo y ahora nos dejan en la estacada», lamentó Olga García, madre de uno de los trabajadores que en la actualidad está afectado por el ERTE, quien recalcó «lo barato que sale contratar a estos chicos al tratarse de una empresa social».

Muchos de los afectados y sus familiares no se atreven a manifestarse por miedo a perder su empleo, indicó, «pero hay que ir más allá y no quedarse en el problema personal, sino en el social. La ONCE es un espejo muy grande que no quiere ningún empaño, pero nosotros no permitiremos que se empañe la dignidad de nuestros hijos. Queremos que trabajen», manifestó.

Lo mismo que busca la ONCE, según indicaron fuentes de la fundación, que aseguraron que «en los últimos dos meses se mantuvieron numerosas reuniones con empresas e instituciones en busca de apoyo en forma de carga de trabajo sin ningún resultado». Desde la ONCE aseguran haber invertido hasta el momento 13 millones de euros en Apta y tener prevista una nueva inversión de 2,8 millones antes de abandonar la gestión del centro de empleo para tratar de garantizar su continuidad.

Por su parte, la Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo ha mantenido una reunión con el equipo de gobierno que se comprometió a instar al resto de grupos políticos a realizar una declaración institucional conjunta de apoyo a los trabajadores del centro.

El presidente de la asociación, Joaquín Fernández Bárcena, se desvinculó de la concentración de la tarde y rehusó hacer declaraciones al respecto. «De momento estamos recabando apoyos e intentando negociar con la ONCE, pues estamos ante un asunto serio», señaló. Finalmente, los afectados convocaron una manifestación que saldrá a las 18 horas del 12 de noviembre de las instalaciones de la ONCE en Uría.

RECORTE DEL 12% A LA PLANTILLA MÉDICA DE URGENCIAS

El 56% del servicio está subcontratado

El número de enfermeros en la plantilla de Emergencias ha incrementado en un 21,5 por ciento en 2014

Los servicios de Urgencia y Emergencia han prescindido de casi 500 médicos públicos. El informe del Ministerio de Sanidad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061 del Sistema Nacional de Salud revela que la plantilla médica interna se ha visto recortada en un 12,65 por ciento, pasando de un total de 3.460 profesionales en 2013 a 3.022 en 2014, un total de 438 médicos menos.

La reducción queda paliada por el aumento en la contratación de médicos externos al Servicio Nacional de Salud, que ha pasado de 365 profesionales en 2013 a 439 en 2014. En este sentido, la reducción de los médicos en la plantilla (entre internos y externos) alcanza el 9 por ciento, al caer de 3.825 médicos a 3.461, doce meses después.

Los enfermeros, por su parte, han vivido la otra cara de la moneda. En 2013, el total de enfermeros contratados (entre internos y externos) era de 3.460 profesionales, pero en solo un año la cifra ha ascendido hasta los 4.205 sanitarios. En este sentido, se percibe un aumento interanual de 745 profesionales, un 21,5 por ciento más.

Así como la contratación de enfermeros, la externalización del servicio de Urgencias y Emergencias también ha crecido, especialmente impulsada por una mayor presencia de subcontrataciones en el área de conductores y teleoperadores. Si en 2012 el nivel de la externalización era del 50 por ciento, durante el año siguiente el porcentaje se disparó hasta el 56,2 por ciento y, en 2014, mantuvo la tendencia al alta, por lo que cerró el ejercicio con el 56,8 por ciento.

En este sentido, de los 1.132 conductores que prestan servicios, 894 son externos al Sistema Nacional de Salud (un 78,9 por ciento del total), mientras que 238 son parte del sector público. Una situación similar a la que ocurre con los 10.645 teleoperadores que se registraron en 2014, siendo 9.192 de ellos subcontratados por el Estado (un 86,3 por ciento del total).

AERNNOVA COMUNICA EL DESPIDO DE 130 TRABAJADORES DE SU PLANTA EN ÁLAVA

Europa Press

Una concentración sindical contra los despidos.

http://www.elcorreo.com/noticias/201510/29/media/cortadas/aernova2–575×323.JPG

El comité exige al Gobierno vasco “y al resto de instituciones” que contribuyan a mantener el empleo en la planta

La multinacional Aernnova ha dado el preaviso de despido colectivo a su planta alavesa de Berantevilla que, según el comité de empresa, podría afectar a entre 130 y 150 trabajadores. En un comunicado, el órgano de representación de la plantilla ha afirmado que, con el preaviso, comunicado este pasado 28 de octubre, se “ataca” una empresa “viable” y que “no atraviesa problema económico ni de producción alguno”.

“Nos encontramos ante un claro caso en el que quedan de manifiesto los privilegios que la reforma laboral concede a las empresas para aumentar sus beneficios a costa de los derechos y puestos de trabajo de todos nosotros”, ha manifestado. Tras las primeras informaciones aportadas por la empresa, el comité de Aernnova ha advertido de que “no va a caer en el chantaje para asumir que desaparezcan entre 130 y 150 puestos de trabajo” en la planta de Berantevilla “y todos estos trabajadores queden en la calle”.

“Tenemos el convencimiento que a partir de ahora comenzará un proceso duro, en el que la fuerza y determinación con la que actuemos marcará sin lugar a dudas el devenir de la situación”, ha advertido. Por ello, ha anunciado que activará “todos los mecanismos” a su alcance “para lograr el mantenimiento de todos los puestos de trabajo existentes en la planta de Berantevilla”.

Además, ha exigido al Gobierno Vasco “y al resto de instituciones” que se pronuncien ante el anuncio y contribuyan a mantener el empleo en la empresa. “Estamos hartos de oír día sí y otro también su preocupación por el desempleo que azota a nuestra ciudad y país. Ahora tienen una oportunidad magnífica para demostrar que no son palabras huecas y vacías”, ha dicho.

Representantes del comité se han concentrado ante la Juntas Generales de Álava en Vitoria “para denunciar estos despidos”.

REPRESIÓN SINDICAL CGT POR LA EMPRESA TEPSA EN EL PUERTO DE BARCELONA

Comunicado Sección Sindical CGT TEPSA Barcelona

Después de haber soportado un ERE no aceptado por esta sección, el cual pretendía despedir trabajadores con 22 días por año, después de haber convocado una huelga de 40 días al año pasado defendiendo los derechos de sus representados, después de haber ganado por tres veces por mayoría las pasadas elecciones en febrero siendo estas impugnadas una y otra vez por la sección sindical presentada por la parte empresarial, compuesta por jefes y pertenecientes al sindicato CCP.

En este año se le imputó una falta grave con sanción de 60 días a un candidato de la lista de CGT, por un hecho que no fue ni error ni responsabilidad de este sindicato.

Tras incidir la sección sindical de CGT en este caso se le retiró la sanción al candidato antes nombrado.

Pero la empresa, no contenta con ello, en una discusión acaecida entre el representante legal de CGT y el candidato (cabeza) de CCP, en pleno periodo electoral, prohibió la entrada a su puesto de trabajo y el sancionó con dos faltas muy graves y una grave que le ha costado 50 días de empleo y sueldo que a día de hoy está cumpliendo.

Después de varios escritos de la sección sindical y / los compañeros / as en la empresa, esta mantuvo su intención de sancionar y actualmente el representante legal de CGT Tepsa ha cumplido ya 29 días de esta sanción.

Entendemos que todo esto son represalias por la actividad sindical que esta sección está haciendo y coarta la libertad sindical en esta empresa.

La sección sindical se ha reunido con la dirección para instar a que reconsidere su actitud, reincorpore al compañero de sección sindical y retire las faltas y la sanción.

La empresa se ha comprometido a dar respuesta el lunes 2 de noviembre.

Pasado este plazo los el colectivo de trabajadores de Tepsa Barcelona celebrarán una asamblea informando del comunicado y se decidirán medidas a tomar.

LOS AFECTADOS DEL ERE DE 2010 DE LA BASE DE MORÓN MEDITAN RECURRIR AL CONSTITUCIONAL

La Audiencia Provincial ha confirmado el archivo de la causa por posible fraude en el ERE de 2010 de la base de Morón

El colectivo de 89 extrabajadores de la base aérea de Morón de la Frontera que reniegan del acuerdo alcanzado para el expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el que todos ellos fueron despedidos, allá por 2010, estudian recurrir al Tribunal Constitucional la decisión de la Audiencia de Sevilla que desestima su recurso de apelación, contra la decisión previa del Juzgado de Instrucción número 15 de archivar la denuncia de estos extrabajadores por presunto fraude en el despido colectivo.

En declaraciones a Europa Press, Vicente Amador Ruiz, portavoz del colectivo, ha explicado que dado que los jueces “no han permitido testificar a personal estadounidense” propuesto por la representación de los afectados, unas pruebas testificales que constituían la “parte más importante” de sus argumentos acusatorios, sopesan promover “un recurso de amparo” ante el Tribunal Constitucional.

“No les han permitido declarar”, lamentaba antes de opinar que el reciente auto de la Audiencia Provincial “huele a sentencia política”. La Audiencia Provincial, como hemos informado, no ha considerado “acreditados” los posibles delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias y financiación ilegal atisbados por el colectivo de 89 trabajadores que pese a su deseo de conservar sus puestos de empleo, fueron despedidos mediante este ERE pactado en 2010 entre la empresa y el anterior comité de empresa, pues la plantilla cuenta actualmente con representantes distintos.

Así, ha sido desestimado el recurso de apelación promovido por el colectivo contra la decisión previa del juzgado de archivar las actuaciones, decisión que ha confirmado plenamente la Audiencia Provincial. El ere de 2010 Hablamos del primer expediente de regulación de empleo acometido por VBR en la plantilla española de la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten España y Estados Unidos.

Y es que en total, esta empresa relevada después por Vectrus consumó despidos colectivos en 2010, 2013 y 2014, destruyendo 240 puestos de empleo estables. En el caso del primer ERE, anunciado a finales de 2010, VBR pretendía extinguir 286 puestos de trabajo indefinidos ligados a los servicios de mantenimiento y logística de esta base militar, si bien tras una negociación entre las partes, medió un acuerdo entre la empresa y los representantes de la plantilla en aquel momento, para reducir a 150 el número de despidos.

Pero una vez firmado dicho acuerdo, el número final de trabajadores afectados se redujo a 119, al descubrir la Inspección de Trabajo la inclusión de 31 empleados que ya habían causado baja en la empresa, extremo investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

Estas diligencias partían de una denuncia formulada por varios extrabajadores de la base afectados por este primer ERE y por la sección sindical de USO, quienes avisaban de que la anomalía descrita sugiere “indicios” de fraude en el caso de las partes firmantes del ERE, prevaricación por parte de la entonces delegada provincial de la Consejería de Empleo y “financiación ilegal y tráfico de influencias” por parte del alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, el socialista Antonio Gutiérrez Limones.

Estos extrabajadores consideran que el anterior comité de empresa, a excepción de USO, “entregó” literalmente la plantilla a la empresa a cambio de que el ERE se formulase de tal modo que “beneficiase” a determinados trabajadores relacionados con el mundo de la política y los sindicatos.

Presuntas contrapartidas Vicente Amador, en ese sentido, se mostraba “seguro” de que los miembros del anterior comité, a excepción de USO, no reaccionaron al ERE de 2010 con una defensa de los trabajadores, sino negociando presuntas contrapartidas para los trabajadores relacionados con el mundo de la política o los sindicatos.

Porque según Vicente Amador Ruiz, la empresa accedió a introducir en el ERE, y por tanto despedir con su correspondiente indemnización de 45 días por año de servicio, a determinados trabajadores que estaban cerca o a punto de cumplir los 65 años, cuando podría haberse deshecho de tales empleados sin indemnización alguna sólo con dejar transcurrir el tiempo hasta su jubilación.

Según concreta, de los 119 trabajadores despedidos mediante este ERE, 30 de ellos fueron claramente “beneficiados” porque muchos de ellos “estaban ya en estado de prejubilación y cada año hacían sólo poco más de 20 días de trabajo”, con lo que “prácticamente no pertenecían ya a la empresa” y a VBR no le compensaba verdaderamente pagarles indemnizaciones por despido.

LA ANTIGUA PLANTILLA DE SEVILLA GLOBAL DECIDE NO RECURRIR AL CONSTITUCIONAL LA SENTENCIA DEL TS

Sevilla (Europa Press)

La plantilla de la extinta sociedad municipal Sevilla Global, perteneciente al Ayuntamiento hispalense, ha decidido finalmente no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que desestima su recurso de casación contra la sentencia inicial de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declaró “ajustado a derecho” el expediente de regulación de empleo (ERE) que en noviembre de 2013 supuso el despido de todos los empleados.

Después de que el Tribunal Supremo desestimase finalmente el recurso de casación promovido por los afectados contra la sentencia del TSJA, la antigua plantilla de la empresa celebró una reunión en la que habría quedado de relieve que “un grupo importante” de los afectados era partidario de continuar con el litigio y recurrir la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional.

Pero José Carlos Cuerda, miembro del extinto comité de empresa, ha informado a Europa Press de que ante las pocas “perspectivas” de que prosperase un recurso ante el Tribunal Constitucional y los costes económicos implícitos en continuar el conflicto por la “vía colectiva”, los trabajadores han decidido no recurrir la sentencia del Tribunal Supremo, si bien cada uno de los afectados es libre de promover “demandas individuales” contra sus despidos.

A través de una sentencia emitida el pasado 1 de abril de 2014 y recogida por Europa Press, la sala de lo social del TSJA analizaba la demanda colectiva promovida contra este expediente de regulación de empleo saldado con la extinción de los 53 puestos de empleo de la sociedad anónima municipal Sevilla Global, encaminada hacia la desaparición por el propio Ayuntamiento hispalense, gobernado entonces por Juan Ignacio Zoido (PP). Se trataba, no obstante, del segundo despido colectivo de esta empresa pública.

Y es que el primer despido colectivo, consumado precisamente un año antes, en noviembre de 2012, fue anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que determinó la readmisión de los 43 trabajadores afectados por aquel primer procedimiento. El segundo ERE, así, fue destinado a extinguir los puestos de trabajo de los once empleados que se salvaron del primer ERE y de los 43 trabajadores cuyos despidos fueron anulados y cuya reincorporación no se tradujo en efectos tangibles.

La sentencia relativa a la impugnación del segundo despido colectivo, de cualquier modo, expone que los trabajadores despedidos reclamaban la nulidad del expediente de regulación de empleo extintivo alegando que en el ERE no fue entregada la documentación requerida según el Estatuto de los Trabajadores, un fraude o abuso en los propios despidos y una vulneración de derechos fundamentales.

EL TSJA Y EL SUPREMO AVALAN EL ERE

No obstante, la sala de lo Social del Alto tribunal andaluz resuelve, en su sentencia ya confirmada por el Supremo, que “no todo incumplimiento de la aportación documental al periodo de consultas puede suponer la nulidad del despido colectivo, sino tan sólo aquel que sea trascendente a los efectos de una negociación”, zanjando que “el despido colectivo no merece la calificación de despido nulo por esta causa al haberse entregado la documentación necesaria”.

También descartaba “una conducta abusiva o fraudulenta” por parte de los promotores del ERE, no localizaba “indicios de una violación de los derechos fundamentales” y zanjaba que concurría “la causa organizativa que justifica la medida adoptada” del despido colectivo, invocando el real decreto legislativo 3/2011, según el cual en el sector público mediarán causas económicas para estos procedimientos cuando “se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos”.

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