Boletín de Luchas Obreras (30 de Agosto de 2018)
ÍNDICE
- CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
- LOS INSPECTORES DE TRABAJO PIDEN QUE SE OBLIGUE POR LEY A REGISTRAR LOS HORARIOS DE LOS EMPLEADOS PARA COMBATIR EL FRAUDE DE LOS CONTRATOS POR HORAS
- LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO DE GIRONA CONVOCA HUELGA LOS DÍAS 8 Y 12 SEPTIEMBRE
- EL COMITÉ DE DITECSA DSM ACERINOX ANUNCIA HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE
- VESTAS PRESENTA UN ERE PARA DESPEDIR A LOS 362 TRABAJADORES DE SU FÁBRICA DE LEÓN
- LA ÚLTIMA AMENAZA DE SARGADELOS
- EL COMITÉ Y LA DIRECCIÓN DE VOLKSWAGEN NAVARRA CAN A NEGOCIAR EL ERTE
- LAS KELLYS CONJURAN EL MIEDO Y RECLAMAN EN LA CALLE SUS DERECHOS
- TRABAJADORES DEL METRO DE GRANADA CONVOCAN UNA HUELGA GENERAL PARA EL 21 DE SEPTIEMBRE
- LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE DENUNCIA LOS «ABUSIVOS» SERVICIOS MÍNIMOS DE LA HUELGA DEL DÍA 7 EN CANTAVRIA
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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
– Protocolo para la prevención y actuación en los casos de acoso del Convenio Colectivo estatal del sector de industrias cárnicas. (VER PDF)
– Revisión salarial para el ejercicio 2017 del Convenio Colectivo del Grupo Aena. (VER PDF)
LOS INSPECTORES DE TRABAJO PIDEN QUE SE OBLIGUE POR LEY A REGISTRAR LOS HORARIOS DE LOS EMPLEADOS PARA COMBATIR EL FRAUDE DE LOS CONTRATOS POR HORAS
lasexta.com
Los inspectores de trabajo piden cambios en la ley para que las empresas tengan obligación de registrar los horarios de sus empleados. Solo así dicen se puede combatir el fraude con los contratos por horas. Además, denuncian que un falso autónomo con una bici y una mochila amarilla, «no es un emprendedor».
En el contrato de muchos trabajadores pone que trabajan por horas y aunque no tienen una jornada completa, sus jefes violan sus condiciones cada día.
Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, explica que «están contratados por 2 y 4 horas cuando en realidad hacen 12 horas diarias«.
En España, más de la mitad de los trabajadores se ven obligados a tener un contrato a tiempo parcial. Es una muestra del fraude laboral que denuncian los inspectores de trabajo, que proponen «que la jornada laboral se registre día a día por los empresarios como una obligación legal«.
Solo en el primer semestre del año han aflorado más de 53.000 empleos irregulares, como el de Toni, un desempleado que con 54 años se ha quedado sin casa y sin un empleo por el que no cotizaba y que explica que «a los 4 meses es cuando me enteré de que no tenía contrato y pierdo toda la paga del año».
Los inspectores pretenden acabar con ello con las 15.000 inspecciones de trabajo que realizarán este año en España, para evitar casos como los de los falsos autónomos, que supone 500 millones de euros menos para la Seguridad Social. «No podemos imaginarnos a un chico con una bicicleta y una bolsa de color amarilla a la espalda y decir que es un emprendedor«, afirma el portavoz.
A todos ellos y a los que reconocen que han sufrido precariedad les animan a denunciar su caso y no tener miedo. Además, piden medidas más eficaces y una legislación justa porque, según aseguran, esa es la manera más rápida de restablecer sus derechos laborales.
LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO DE GIRONA CONVOCA HUELGA LOS DÍAS 8 Y 12 SEPTIEMBRE
Barcelona (EFE)
Los trabajadores de la compañía Segurisa Servicios Integrales del Aeropuerto de Girona han convocado una huelga para los días 8 y 12 de septiembre «por incumplimiento del pago de complementos pactados por parte de la empresa».
Los trabajadores afectados, entre 70 y 80, fueron subrogados este verano a Segurisa Servicios Integrales.
Los representantes del comité de empresa han votado por unanimidad llevar a cabo esta huelga, en el marco de un conflicto iniciado porque, según los empleados, la compañía «no ha cumplido (en la primera nómina) con el pago de los complementos pactados con el Ministerio de Fomento», ha informado el sindicato CCOO Cataluña en un comunicado.
CCOO, que ha convocado la huelga junto con los sindicatos UGT, USOC y ADN, ha precisado que Segurisa no ha efectuado el pago «del plus aeroportuario, del plus de radioscopia íntegra, del abono de la hora extra recogido en el convenio o del abono de la dieta realizando jornadas de doce horas, entre otros incumplimientos».
La organización sindical denuncia el «grave perjuicio económico» que supone para los trabajadores no percibir estos complementos salariales, que oscilan entre los 200 y 300 euros mensuales, que hasta el momento cobraban tras un acuerdo alcanzado el año pasado.
Los sindicatos comunicaron la huelga el pasado 9 de agosto «con el objetivo de dar tiempo a la empresa a rectificar antes de hacer efectiva esta medida. Sin embargo, vista la falta de compromiso demostrado hasta el momento por Segurisa Servicios Integrales se ha decidido mantener la convocatoria».
EL COMITÉ DE DITECSA DSM ACERINOX ANUNCIA HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE
Noticias de la Villa
El motivo de dicha Huelga, según CGT Metal, son los graves incumplimientos correspondientes al acuerdo dimanado del Sercla con fecha 4 de junio de 2018, donde se recogían pactos de gran importancia para la salud y el medio ambiente, tales como la aplicación de exámenes específicos con pruebas de placas de tórax a toda la plantilla, al haber un reconocimiento por parte de la Autoridad Laboral a causa de la exposición continua a las cenizas vertidas por el proceso de Acerinox, ya que “éstas contienen elementos químicos nocivos y metales iónicos pesados en suspensión aérea”.
Otro incumplimiento por parte de esta empresa es referente a la vulneración del acuerdo de la bolsa de empleo estable, que se acordó para estabilizar la contratación de este tipo de personal. Este sindicato entiende que es un perjuicio de los trabajadores acogidos a esta bolsa, con la permisibilidad de la propia dirección de la empresa principal Acerinox, que demuestra a día de hoy que es cómplice de esta precariedad laboral.
Así mismo, esta plantilla se ha visto avocada a esta huelga indefinida para reivindicar la equiparación salarial de la mujer administrativa con respecto a sus compañeros masculinos, este sindicato sabe que “esta grave actuación sexista también es ilegal además de inconstitucional, equiparación ésta que se debió iniciar de forma progresiva conforme al acuerdo nombrado anteriormente”.
Así mismo, este sindicato el día 1 de septiembre mantendrá una reunión general con los trabajadores para coordinar las acciones sindicales oportunas.
VESTAS PRESENTA UN ERE PARA DESPEDIR A LOS 362 TRABAJADORES DE SU FÁBRICA DE LEÓN
EFE
La multinacional danesa Vestas ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a la totalidad de la plantilla, 362 empleados, de su planta de Villadangos del Páramo (León), según han confirmado fuentes del comité de empresa.
Según el comité, el argumento utilizado por la compañía ha sido la baja demanda de los motores eólicos que se fabrican en León con destino al sur de Europa y cuya producción pretende trasladar a sus fábricas de Argentina y Rusia.
Los trabajadores de la fábrica leonesa se encuentran en huelga indefinida desde el pasado 16 de julio tras anunciar la compañía un mes antes que deslocalizaba tres de las cuatro líneas de producción de la fábrica de Villadangos del Páramo a China e India.
Desde entonces, la conflictividad en la fábrica ha sido continua, con concentraciones en León y en la sede de la compañía en Madrid, marchas reivindicativas, paros parciales y un encierro de trabajadores hasta la huelga indefinida.
Mientras tanto, la empresa despidió en julio a sus 180 trabajadores eventuales ante el traslado de gran parte de la producción y un atisbo de acuerdo hace un mes con el comité de empresa que no fructificó ante la negativa de los trabajadores a desconvocar la huelga.
Según ha informado el representante del comité Pablo Martínez, ahora se abre un periodo de siete días para iniciar las negociaciones del ERE, tras la cual tendrán treinta días para llegar a un acuerdo.
Según Martínez, la intención de la empresa era algo que se «veía venir» desde el primer anuncio del traslado de gran parte de la producción, aunque la intención de la compañía es que se mantenga la producción hasta final de año, ya que hay una clase de motor eólico que solo se produce en la factoría leonesa.
Se da la circunstancia de que la consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, tiene previsto reunirse en León con el comité de Vestas, con la intención de recoger las propuestas sindicales para garantizar el futuro de la planta.
Unas propuestas que la Junta quería trasladar al Gobierno central, que había anunciado que mantendría próximamente una reunión con Vestas para conocer sus futuros planes industriales en España, para los cuales podría contar con ayudas públicas.
Unas intenciones que se ven truncadas ahora tras la presentación del ERE de una compañía eólica que llegó a León en 2005 y que contó con importantes ayudas de las distintas administraciones.
LA ÚLTIMA AMENAZA DE SARGADELOS
Natalia Sequeiro – ABC.es
El ocaso de la cerámica emblemática de Galicia
La firma anuncia el despido de un total de 49 trabajadores que, de consumarse, supondría el cierre de la planta de Cervo. El accionista mayoritario defiende que ni los sindicatos ni los juzgados le van a decir cómo gestionar la empresa
Fundada en 1806 por el Marqués de Sargadelos, que acabó linchado durante la guerra de Independencia acusado de afrancesado, el futuro de la fábrica de cerámica de Cervo en la mariña lucense vuelve a pender de un hilo.
Tras casi cien años clausurada, los intelectuales galleguistas Isaac Díaz Pardo y Luís Seoane la recuperaban en 1970 y lograban que las figuras azules, blancas y a veces rojas que salían de sus hornos se convirtiesen en un icono de Galicia.
A principios de este siglo, la compañía entraba en crisis y parte de los accionistas apartaban a Díaz Pardo de la presidencia. Después de un ERE y de superar un concurso de acreedores, Sargadelos parecía volver a transitar por aguas tranquilas. Las ventas se recuperaban y se creaban nuevos puestos de trabajo. Pero todo se truncó hace apenas diez días.
El viernes 17 de agosto, el empresario Segismundo García, que controla la mayoría de las acciones, convocaba a los trabajadores y a la prensa a una reunión. Allí anunciaba 49 despidos en una plantilla conformada por aproximadamente unas 110 personas.
García, que se define como republicano, ateo y liberal, afirma que «no es grato tener que cerrar la empresa» pero que actúa «por principios». Ni los sindicatos ni los juzgados le van a decir cómo debe gestionarla.
Ante la plantilla, el consejero delegado expone sus razones. La decisión la toma tras conocer que la delegada sindical de UGT, Rogelia Mariña, proyecta volver a denunciar a la empresa, esta vez por incumplir la remuneración de los nuevos trabajadores.
García explica que el grupo ha tenido que pagar este año más de un millón de euros por demandas sindicales derivadas del ERE del año 2010, en su opinión «justo y necesario para la pervivencia de la compañía».
Advierte a la Inspección de Trabajo que ha estado revisando la legislación y que Sargadelos incumple «262 normas o preceptos» y anima a «la señora Mariña y a UGT» a que cursen las correspondientes demandas y «si es el caso se proceda a la clausura de la compañía». «Como se exija el cumplimiento estricto de toda la legislación vigente se cierran todas las sociedades de nuestro país», resalta el dueño de Sargadelos.
El lunes 20 un escrito empieza a circular por la fábrica. Se recogen firmas entre la plantilla para instar a la delegada de UGT y expresidenta del comité de empresa a dimitir de su cargo de representante sindical.
En el texto se le reprocha «su actitud reivindicativa y contra la dirección», se le insta a consultar a los trabajadores antes de «propasarse con sus reclamaciones y quejas» y se le pide que reflexione tras judicializar el ERE y hacer que la empresa tenga que pagar indemnizaciones que se detraen de su trabajo. «Si no fuera por esa circunstancia quizás los salarios se pudiesen mejorar por parte de la dirección», reza el texto que firma buena parte de la plantilla.
También se le pide a Mariña, despedida y vuelta a readmitir por sentencia judicial, que comparta con sus compañeros los 30.000 euros que la justicia ha determinado que debe recibir por daños morales.
Amenazas y coacciones
El sindicato UGT atribuye la carta al empresario Segismundo García y lo acusa de amenazas y coacciones. Él niega la autoría del escrito, aunque reconoce que si Rogelia Mariña dimite «sería un gran avance». Sin una empresa «tensionada» por la actitud sindical, dice, se podrían frenar los despidos y evitar el cierre. «Es un golpe encima de la mesa. Es una inquina personal contra los representantes de UGT», explica Pedro Blanco, abogado del sindicato.
Blanco indica que en 2017 y en lo que va de 2018 no había habido ninguna demanda judicial desde UGT contra Sargadelos por motivos laborales y limita a una conversación informal entre Rogelia Mariña y algún trabajador la posibilidad de reclamar mejoras en las retribuciones de los nuevos contratados.
El abogado de UGT asegura también que los despidos que se han ido produciendo ya a lo largo de la semana son por motivos disciplinarios y no económicos y aventura que un juzgado los declararía nulos. Pero el sindicato anuncia que volverá a los tribunales.
Presenta una demanda de tutela judicial en Lugo que es admitida a trámite. «Solicitamos que cesen este tipo de conductas de chantajes y amenazas, que se paralicen los despidos, que cesen todo tipo de ataques contra UGT, que se paralice la recogida de firmas y que se permita a Rogelia Mariña realizar su vida normal dentro de la empresa», indica Pedro Blanco. Por el momento el juzgado no se ha pronunciado.
Por su parte, Segismundo García denuncia que las amenazas y chantajes son las que «hacen los sindicalistas a las empresas». «Si por este pleito con los sindicatos yo tengo que ir a la cárcel, no hay problema», manifiesta. Para el consejero delegado de Sargadelos el problema es «el intervencionismo exagerado que se está practicando» a la vida empresarial y la actitud de las centrales que es respaldada por los juzgados.
Defiende que él no engañó a los nuevos contratados y que aceptaron el puesto de trabajo con el salario que se les ofrecía. Para el accionista mayoritario lo correcto sería que todos los trabajadores rebajasen sus retribuciones, los antiguos y los nuevos, pero la legislación laboral no se lo permite.
En la fábrica vuelven a recogerse firmas. Esta vez es para registrar ante la jefatura provincial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria la solicitud de la convocatoria de una asamblea de trabajadores con el fin de revocar a Rogelia Mariña de su cargo de representante sindical.
Para que la convocatoria prospere será necesario el voto de la mayoría. La implicada no piensa dejar el cargo por voluntad propia. «Nadie puede exigirle que dimita, es una decisión que UGT avala y respeta», indica el abogado del sindicato. Segismundo García se muestra pesimista sobre la resolución del conflicto. «Dudo de que haya posibilidad de que esto se arregle. Los sindicatos son como los poderes fácticos de este mercado», sentencia.
Preocupación
El posible cierre de la histórica factoría ha levantado las alarmas en el Ayuntamiento de Cervo. Su alcalde, el popular Alfonso Villares, ha llamado al entendimiento entre las partes para evitar los despidos y la clausura de la fábrica. «Es una situación muy preocupante para Cervo», consideró Villares, según informó Ep. Sargadelos, prosiguió, «pasó por un momento crítico hace unos años y salió adelante por la aportación de capital del socio mayoritario». «Una vez que se revirtió esa situación, en cierta medida, sería una pena muy grande que volviéramos a la misma situación de hace cinco o seis años», sostiene.
La líder del BNG, Ana Pontón, ha exigido a la Xunta que actúe ante el riesgo de que «un emblema de Galicia pueda desaparecer» y se «destruya empleo».
Pero el delegado territorial del Gobierno gallego en Lugo, José Manuel Balseiro, ya ha avanzado que estarán «expectantes» ante lo que acontezca y que se intentará celebrar una reunión con el máximo responsable de la empresa para «conocer la situación e intentar avanzar en una posible solución».
Aclaró sin embargo que las soluciones no podrán venir «desde la administración autonómica». «Sargadelos es una empresa privada y son los accionistas los que determinarán lo que quieren hacer», concluyó.
EL COMITÉ Y LA DIRECCIÓN DE VOLKSWAGEN NAVARRA VAN A NEGOCIAR EL ERTE
diariodenavarra.es
La dirección de la planta ha suspendido la reunión prevista para darnos tiempo con la memoria del ERTE»
Dirección y comité de empresa de Volskwagen Navarra (VW) se van a reunir, de lunes a jueves, a partir de las 12.00 horas, para negociar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado por la empresa.
En concreto, la dirección plantea el cierre del 3 al 10 de septiembre incluido, más el viernes 14 y el viernes 21.
La dirección de la planta ha suspendido la reunión prevista para darnos tiempo con la memoria del ERTE, que nos ha entregado», ha explicado Eugenio Duque, secretario general de CC OO de VW Navarra.
De esta manera, la empresa ha convocado a los sindicatos a sendas reuniones de lunes a jueves.
Volkswagen Navarra ha decidido iniciar el proceso de tramitación del ERTE después de que la dirección de la empresa no haya llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en la reunión que se ha celebrado.
La dirección de VW Navarra ha planteado que los 8 días corran a cargo de la bolsa de días de los trabajadores, algo que los sindicatos no aceptan. Para UGT y CCOO, es la empresa quien debería asumir los 8 días.
LAS KELLYS CONJURAN EL MIEDO Y RECLAMAN EN LA CALLE SUS DERECHOS
E. Á.- La Voz de Galicia
Las camareras de piso denuncian que con la externalización han pasado de 900 euros a menos de 700
Son las que limpian los hoteles, es decir, las Kellys, y están hartas de su situación. Su situación laboral nunca fue boyante, pero desde el 2012 no ha hecho más que empeorar.
Y uno de los motivos principales ha sido la externalización del servicio de las camareras de piso por parte de los hoteles. «Antes estábamos en el convenio de la hostelería, ahora las empresas pagan por horas o por ratio, por número de habitaciones», explica Isabel Montenegro, veterana camarera de piso en Galicia y una de las pioneras en promover la asociación de este colectivo desde hace unos tres años.
El resultado de esta externalización es que, si amparadas por el convenio ganaban unos 900 euros mensuales por 30 horas semanales, tras la externalización no llegan ni a los 700.
Es solo una de las muchas reivindicaciones que hace este colectivo, que se manifestó en Santiago y en otras quince localidades de distintos puntos de España para reivindicar sus derechos.
Y es que la nueva moda no es tener un horario, sino una ratio de habitaciones, es decir, que les marquen unos objetivos diarios, «que pueden ser de 18, 20, 21 o incluso 25 habitaciones», dice Lidia Filgueira. «No podemos permitir eso -apunta Montenegro- tenemos que tener un horario y trabajar en una jornada regulada».
Pero salario y carga de trabajo no son las únicas demandas de las kellys. Reclaman claridad sobre el acuerdo de enfermedades profesionales -ya que no se reconocen muchas de sus dolencias como asociadas al colectivo profesional-; jubilación anticipada; y que se realicen estudios ergonómicos reales para definir sus problemas de salud.
Las camareras de piso gallegas se están organizando y de hecho están en pleno proceso de asociarse como Kellys Unión Galicia. Uno de sus problemas, recuerda Isabel Montenegro, es el miedo a manifestarse y protestar por temor a que no vuelvan a llamarlas, y de hecho algunas de las trabajadoras se concentraron en Santiago con máscaras blancas.
En Galicia hay casi tres mil kellys -la inmensa mayoría mujeres-, que trabajan en hoteles, pensiones, hostales, y que en los últimos años han visto reducido su salario en más de un 25 % al externalizarse este servicio. «Antes en los hoteles éramos una familia, nos conocíamos y nos ayudábamos, desde la reforma laboral no hay estabilidad, ha aumentado la carga de trabajo y se redujeron los salarios», lamenta Isabel Montenegro.
TRABAJADORES DEL METRO DE GRANADA CONVOCAN UNA HUELGA GENERAL PARA EL 21 DE SEPTIEMBRE
Rosa Soto – ideal.es
El Comité de Empresa de Metro de Granada presenta la huelga general ante la Consejería de Empleo
Exigen a la empresa la firma del I Convenio Colectivo para mejorar las condiciones laborales y sociales
También habrá paros parciales la semana previa a la huelga
El 21 de septiembre habrá huelga general en los servicios del Metro de Granada si el Comité de Empresa y la operadora UTE Avanza Metro Granada no llegan a un acuerdo en la última reunión entre ambas partes prevista para el 4 de septiembre.
Los representantes de los trabajadores critican que en los cuatro encuentros anteriores que se vienen sucediendo desde mayo, la empresa se ha negado a aceptar las reivindicaciones que pretenden mejorar las condiciones laborales y sociales de sus empleados y a firmar el I Convenio Colectivo como marco regulador.
Esta huelga coincide con la celebración del primer aniversario de la puesta en marcha del Metro Granada. El presidente del Comité de Empresa, Alejandro Gálvez, ha afirmado que se trata de una medida de presión para que la operadora acceda a negociar las peticiones de los trabajadores tras un año de aplicar unas «normas laborales impuestas unilateralmente por la propia empresa», según recoge en el escrito que ha presentado ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
Paros parciales
Entre las medidas de presión aprobadas por mayoría en el Comité de Empresa, además de la huelga general prevista para el 21 de septiembre, se recoge una serie de paros parciales los días 10, 12, 14, 17 y 19 de septiembre en horas puntas, de 06.30 a 09.30 horas; de 13.30 a 16.00 horas y de 20.00 a 22.30 horas. A lo largo de estas horas únicamente se cubrirán los servicios mínimos.
La huelga es extensible al personal del ámbito de operaciones del Metro de Granada, en el que se incluyen los conductores, los técnicos de operaciones y otros empleados, que en total suman más de 100 profesionales.
Gálvez espera que la empresa se siente a negociar las condiciones el 4 de septiembre y se llegue a un acuerdo que evite el desarrollo de estos paros parciales y de la huelga general. «Esperamos que este parón total no llegue a producirse», explica el presidente del Comité de Empresa y remarca que estas medidas drásticas «se deben al enquistamiento de las negociaciones del convenio colectivo con la empresa».
Reivindicaciones
El presidente del comité ha anunciado las reivindicaciones de los trabajadores junto a María Jesús Lorenzo y Juan Antonio Jiménez, miembros del comité y de Intersindical Sindical Ferroviario, que sacaron adelante la huelga con sus tres votos a favor y dos en contra, correspondientes a dos miembros de sindicatos independientes.
Desde la representación de los trabajadores enumeran las reclamaciones que hacen a la empresa, entre la que destacan el mal cómputo de sus horas de trabajo.
Así, para que un trabajador cumpla con su jornada de ocho horas, debe trabajar nueve o nueve horas y media «para que luego sólo computen como siete horas».
Gálvez denuncia que según los contratos firmados deben hacer 1.792 horas y para cumplir están haciendo 2.150, ya que los descansos obligatorios de 15, 25 o 45 minutos no computan como parte de la jornada laboral y, por tanto, es tiempo personal que no pueden conciliar a nivel personal ni familiar.
Otra de las quejas es la falta de personal en plantilla. «Desde el comité creemos que la traza, los turnos y los trenes están hechos para más personal, de ahí que hagamos más horas y los turnos sean más largos», lamenta el presidente del Comité de Empresa de Metro de Granada.
A ello suma que UTE Avanza sólo otorgó dos días libres a otros compañeros que se vieron afectados por el fallecimiento de un familiar. De ahí la necesidad de regular y ampliar este periodo en el I Convenio Colectivo «para que no acabes de enterrar al familiar y a las horas ya estés trabajando».
En el listado de reclamaciones también se incluye tratar otros temas como una subida salarial y definir pluses, primas, complementos y compensaciones, así como acordar los permisos y licencias, las vacaciones y los cuadros de servicios y otros aspectos como la promoción interna y la formación.
A todo ello se añade la regulación de la protección de la maternidad, el régimen disciplinario y otros beneficios sociales.
LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE DENUNCIA LOS «ABUSIVOS» SERVICIOS MÍNIMOS DE LA HUELGA DEL DÍA 7 EN CANTABRIA
El Diario Montañes
Imagen de archivo de las protestas del pasado mes de junio ->
La Consejería de Educación ha convocado una reunión para explicar a la Junta de Personal Docente su propuesta para los servicios mínimos del paro en el sector educativo previsto para el 7 de septiembre, un planteamiento que los sindicatos ven «abusivo» y «un ataque al derecho» a la huelga.
Los sindicatos lamentan que «por primera vez» en la enseñanza en Cantabria se incluyen servicios mínimos para profesorado que no es equipo directivo.
La Junta de Personal Docente convocó la jornada de huelga para el día 7 de septiembre después de que la Consejería estableciera el calendario escolar de forma unilateral y sin el acuerdo de los sindicatos, con menos jornada reducida en junio y septiembre y un aumento de tres días lectivos para compensar horas.
La huelga tendrá una duración de un día completo y afectará a todo el personal docente de la enseñanza pública no universitaria de Cantabria que imparta enseñanza en las etapas de Educación Infantil y Primaria.
En junio ya hubo dos jornadas de paro y los sindicatos de la Junta de Personal docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) se reunieron con el presidente, Miguel Ángel Revilla.
Los servicios mínimos
Según la propuesta de decreto de servicios mínimos que ha remitido la Consejería a la Junta de Personal Docente, los centros educativos públicos no universitarios de Cantabria permanecerán abiertos durante la jornada de huelga convocada.
La propuesta de decreto prevé unos servicios mínimos con personal docente en centros a partir de 300-400 alumnos, caso en el que estarán el equipo directivo y un docente.
A partir de 400-500 alumnos los servicios mínimos lo formarán el equipo directivo y dos docentes; con 500-600 alumnos, el equipo directivo y tres docentes; y con 600-700, el equipo directivo y cuatro docentes. En colegios con 700-800 alumnos los servicios mínimos serán el equipo directivo y cinco docentes y con 800-900 el equipo directivo con seis docentes.
La propuesta de decreto establece que la asignación como servicio mínimo de los docentes que no formen parte del equipo directivo se realizará en el caso de que sean funcionarios de carrera en base al criterio de antigüedad en el centro. En el caso de interinos, la asignación se hará en función del mayor número de años prestados en el cuerpo.
Cuando el centro cuente con aulas externas fuera del recinto principal del centro o en otra localidad, el número de efectivos en servicios mínimos se verá incrementado con un docente más por cada emplazamiento.
Y, conforme al avance de propuesta de la Consejería, los centros de educación especial se equipararán a los de entre 800 y 900 alumnos, dada la especificidad del alumnado escolarizado en ellos.
la Consejería va a abordar con la Junta de Personal Docente esta propuesta de servicios mínimos, que los sindicatos ven «abusiva» y «una restricción al derecho de huelga».
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