Boletín de Luchas Obreras (3 de Julio de 2016)

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ÍNDICE:

  • UN JUEZ DECLARA IMPROCEDENTES 4 DESPIDOS DEL GABINETE JURÍDICO DE LA “EMPRESA” CC.OO. EN CATALUNYA
  • TREBALL PROPONE SANCIONES POR 5,7 MILLONES POR LA SUBCONTRATA EN TELEFÓNICA
  • BOICOT SINDICAL A LA VISITA GUIADA AL POZO SOTÓN
  • TRAGSATEC, EMPRESA PÚBLICA, DESPIDE Y LUEGO CONTRATA LOS MISMOS VETERINARIOS PERO SIN ANTIGÜEDAD
  • TRABAJADORES DE LA ANTIGUA CAJA DE AHORROS DE MURCIA RECLAMARON MAYOR INDEMNIZACIÓN TRAS EL ERE
  • DENUNCIAN DESPIDOS ESCALONADOS EN VAERSA PARA EVITAR UN ERE
  • TRABAJADORES DE ENDESA EN CANARIAS DENUNCIAN UNA SERIE DE DESPIDOS «INJUSTIFICADOS»
  • CONCENTRACIÓN ANTE LA SEDE DE BBVA EN SEVILLA POR 14 DESPIDOS
  • ELCOGAS Y SINDICATOS RATIFICAN EL ACUERDO QUE CIERRA LA DEMANDA COLECTIVA POR LOS DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES
  • PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN LA PRIMERA JORNADA DE HUELGA EN EL SECTOR DEL SIDEROMETAL
  • OCHO MUSEOS DE BARCELONA CIERRAN DURANTE LA SEGUNDA JORNADA DE HUELGA
  • LOS TRABAJADORES DE SERCANARIAS, QUE MANTIENEN LAS ALCANTARILLAS, VAN A LA HUELGA EN JULIO
  • EL COMITÉ DE HUELGA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC) RECHAZA LA ÚLTIMA PROPUESTA
  • OTROS DOS INTOXICADOS EN AZSA SE PREPARAN PARA UNA HUELGA DE HAMBRE
  • DESCONVOCADA LA HUELGA DE TAXIS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
  • LOS SINDICATOS CONVOCAN CINCO DÍAS DE HUELGA EN TODOS LOS CENTROS NACIONALES DE ATENTO

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UN JUEZ DECLARA IMPROCEDENTES 4 DESPIDOS DEL GABINETE JURÍDICO DE LA “EMPRESA” CC.OO. EN CATALUNYA

Rueda de prensa contra el despido del comité jurídico el 4 de junio de 2014 ->

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La «empresa” CCOO ha pagado más de 1,2 millones de euros en concepto de indemnizaciones a las 18 despedidas, pues ha optado por indemnizar en lugar de readmitir las trabajadoras.

La «empresa” CCOO en Catalunya deberá pagar la indemnización máxima -45 días por año trabajado- a 4 de las 18 trabajadoras de su gabinete jurídico, que despidió el mes de junio del año 2014.

Así se desprende de una sentencia que declara improcedentes los despidos y niega la existencia de pérdidas económicas con que el sindicato justificó en su día esta medida tan drástica.

El resto de despedidas habían acordado previamente indemnizaciones también equivalentes o cercanas a la cuantía máxima. En total, los recortes de personal costarán 1.214.767 euros a las afiliadas de la central sindical, que sorprendentemente ya tiene previstas dos nuevas contrataciones.

Una de las despedidas asegura que el sindicato ha optado por “sacudirse personas con antigüedad” y quedarse con “gente más cómodo, que acate mejor las pautas de la dirección”

Cuando un despido es declarado improcedente se puede optar entre la readmisión de la persona o el abono de una indemnización. La dirección de CCOO ha descartado de plano la incorporación de las trabajadoras.

Clara Fuster, una de las cuatro despedidas que ha optado por llevar la vía judicial hasta el final, considera que “el sindicato ha terminado actuando como la peor de las empresas”.

Aunque las personas despedidas concentraban gran parte del volumen de trabajo, CCOO ha optado por “sacudirse personas con antigüedad” y quedarse con “gente más cómodo, que acate mejor las pautas de la dirección”, asegura Clara, con 24 años de antigüedad en el gabinete jurídico de CCOO en Terrassa.

Objetivo: “abaratar el despido”

La veterana jurista insiste en que el sindicato ha aplicado “la peor cara de la reforma laboral”, la misma que denuncia de forma reiterada. “No han sentado a las partes a negociar” y “han utilizado el artículo 51 de despido objetivo por causas económicas”, que representa una indemnización mínima de 20 días por año trabajado, señala. Mientras tanto, CCOO sigue reclamando la derogación de la reforma, y especialmente el artículo 51.

Rueda de prensa contra el despido del comité jurídico el 4 de junio de 2014 ->

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El objetivo, según Clara, era “abaratar el despido”, pero la diferencia respecto a otros conflictos laborales entre sindicato y empresa, es que en este caso había representantes de las trabajadoras a las dos. Con la demanda judicial de las personas despedidas sobre la mesa, la dirección de CCOO propuso nuevas ofertas.

La presión judicial y la unión de las trabajadoras del gabinete jurídico -que protagonizaron una huelga y una cerrada de la que se hizo eco la di- contribuyeron al considerable aumento de las cuantías.

No había pérdidas

La sentencia es muy “contundente” a la hora de rebatir las pérdidas económicas como principal argumento para justificar los despidos, según apunta un comunicado del Comité del grupo de empresas de CCOO de Cataluña. Clara Fuster lo explica con más claridad: “Era un período con los conflictos laborales muy judicializados y teníamos muchísimo volumen de trabajo, pero el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) estuvo 8 meses sin pagar a todo el Estado, y aprovecharon este momento de congelación para despedirnos argumentando pérdidas. Eran millones y millones de euros que al poco tiempo se cobraron “. Al juez también le consta así.

Paradójicamente, CCOO ya ha anunciado la contratación de dos nuevas abogadas: una ahora, la otra en septiembre

El gabinete jurídico de CCOO se creó en 1977 y fue un referente en los tiempos de la clandestinidad y al inicio de la Transición.

En la actualidad, con una plantilla de 90 trabajadores, el sindicato ha optado por el recorte de personal por causas económicas y se niega a readmitir las despedidas con sentencias de improcedencia sobre la mesa.

Paradójicamente, ya ha anunciado la contratación de dos nuevas abogadas: una ahora, la otra en septiembre. Las 18 personas que acabaron en la calle se han dado de baja de CCOO, pero la unión entre ellas y las que siguen al gabinete jurídico se mantiene. “Es una de las cosas más bonitas que rescatamos”, dice con orgullo Clara.

También reconoce que le costará volver a confiar en una organización sindical. “Los sindicatos ya no tienen credibilidad. En Francia, con la mitad de afiliación, mira la que están liando. Esto es un desierto”, se lamenta.

TREBALL PROPONE SANCIONES POR 5,7 MILLONES POR LA SUBCONTRATA EN TELEFÓNICA

Encierro de los trabajadores de Telefónica en la sede en Puerta del Ángel de Barcelona, en mayo de 2015

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Josep Ginesta, secretario general de la Inspecció de Treball, ha reconocido que la multa busca ser «ejemplarizante».

La Inspecció de Treball de Catalunya ha destapado una «trama irregular» de subcontratación de servicios técnicos de instalación de Telefónica que implica a un centenar de empresas y que ha supuesto una propuesta de sanciones y liquidaciones por un importe de 5,7 millones de euros.

La actuación, que se ha desarrollado durante más de un año en colaboración con la Seguridad Social, ha permitido comprobar la extensa cadena de subcontratación de Telefónica y las «irregularidades» en las condiciones de trabajo de muchos de estos empleados, según ha explicado el secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta.

La investigación ha posibilitado que unos 200 «falsos autónomos» que trabajaban para las compañías subcontratadas hayan sido dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y que un centenar de empleados temporales hayan pasado a ser fijos, informa Efe.

En cuanto a la propuesta de sanciones y liquidaciones a la Seguridad Social, Ginesta ha aclarado que deberán hacer frente a ella a partes prácticamente iguales tanto Telefónica, considerada responsable subsidiaria (3,1 millones), como el centenar de empresas investigadas.

En declaraciones a la prensa, el secretario de Traball ha subrayado que se trata de una de las sanciones más importantes propuestas en una actuación de este tipo y ha reconocido que quiere ser «ejemplarizante», para dar «un mensaje claro» de que la recuperación del mercado de trabajo se ha de producir preservando los derechos laborales de las personas.

«A la Inspecció de Treball no le temblará el pulso ante determinadas empresas que incurren en irregularidades de este tipo», ha afirmado Ginesta, que ha recordado que la subcontratación en sí misma no es delito, pero sí es perseguible cuando el «hilo conductor» de esta cadena de externalización es «perjudicar» a los trabajadores, reduciendo sus derechos.

«No todo se vale en el mercado de trabajo de la recuperación económica y hay situaciones que superan los límites de lo que se considera razonable», ha agregado.

Ginesta ha apuntado que la investigación sigue abierta, por lo que no descarta que se incoen nuevos expedientes a más empresas, a la vez que ha apuntado a la posibilidad de que actuaciones similares se desarrollen en otras comunidades autónomas.

Como consecuencia de esta investigación, la Inspecció de Treball ha abierto 332 expedientes con el siguiente resultado: 219 propuestas de sanción por infracción de la normativa sociolaboral por importe de 2,15 millones de euros; 21 actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social por valor de 3,61 millones y 198 altas en el Régimen General de la Seguridad Social y 92 contratos temporales transformados en indefinidos.

Josep Ginesta ha explicado que la investigación se ha centrado tanto en la primera como en la segunda línea de la subcontratación en el servicio técnico de instalación y que se han detectado irregularidades como ‘falsos autónomos’, la no aplicación del convenio colectivo o la obstrucción a la labor de los inspectores de trabajo.

Las empresas implicadas pueden presentar alegaciones a la propuesta de sanciones, pero «lo que ya es ejecutivo», ha recalcado Ginesta, es que cerca de 300 trabajadores han podido regularizar su situación gracias a esta investigación.

BOICOT SINDICAL A LA VISITA GUIADA AL POZO SOTÓN

Europa Press

SOMA y CCOO impiden la actividad y aducen que las condiciones laborales no están pactadas. Hunosa asegura que los trabajadores tienen un salario «muy por encima de la media de este país»

Delegados sindicales del SOMA y CC.OO. han impedido que se celebrara la visita guiada al pozo minero del Sotón (San Martín del Rey Aurelio) organizada por Hunosa, al no estar pactadas las condiciones laborales de los mineros que debían conducirla.

Los sindicatos acusan a la dirección de saltarse el convenio y la presidenta de la compañía, Teresa Mallada, asegura que los trabajadores afectados tienen un salario «muy por encima de la media de este país».

Se trataba de la primera visita que se realizaba de sábado, dado que hasta ahora venían realizándose de lunes a viernes. El secretario de CCOO en Hunosa, Rubén García, ha explicado que la empresa «ya estaba avisada de que cuando había roto unilateralmente las negociaciones para acordar las condiciones laborales del personal de Hunosa en fin de semana».

Los empleados afectados serían nueve: seis que hacen de guías, más un mecánico y un electricista que se encargan del mantenimiento, y un maquinista.

Según García, Hunosa decidió comenzar a realizar estas visitas en fin de semana «aplicando la reforma laboral del PP, y cambiando la jornada de trabajo de estos trabajadores, pasando de ser de lunes a viernes a ser de miércoles a domingo».

El sindicalista ha recalcado que «bajo ningún concepto» aceptarían las organizaciones convertir en laborales sábado y domingo, motivo por el que la empresa decidió organizarlas solo los sábados. Según su versión, se mostraron dispuestos a negociar las condiciones en las que se prestara este servicio en sábado, pero Hunosa «rompió unilateralmente la negociación, anunció en su página web las visitas y amenazaron con cartas a los trabajadores».

«No aceptamos que los resultados económicos negativos de una actividad que emprende Hunosa se maquillen empeorando las condiciones laborales de los mineros y coaccionaron a los trabajadores», ha recalcado.

La versión de Hunosa

En un comunicado a los medios, la presidenta de Hunosa, Teresa Mallada, ha criticado a estas organizaciones sindicales, a las que acusa de «estar ancladas en el pasado y que consideran que Hunosa está por encima del resto del mundo».

«Es impresentable y bochornoso que SOMA y CCOO de Hunosa pretendan cargarse un actividad de futuro para la empresa como son las visitas guiadas al Pozo Sotón, una actividad que iba a tener un impacto positivo en el territorio, algo que quedó demostrado con la celebración, en fin de semana, de la Primera Feria de Turismo Minero de Asturias».

Ha rechazado la «excusa de que no se paga lo suficiente a los trabajadores que iban a realizar esta actividad exclusivamente los sábados, sin tener en cuenta que estos trabajadores tienen un salario muy por encima de la media de nuestro país».

«Iban a cobrar el salario, la dieta del día establecida en el convenio firmado entre la dirección de la empresa y los sindicatos, y a recuperar el día de descanso en la semana siguiente», ha recalcado Mallada.

Insiste la presidenta en que «la dirección de la empresa hará todo lo posible y llevará a cabo todas las actuaciones a su alcance -que se irán anunciando- para mantener las visitas guiadas en el Pozo Sotón y para ampliarlas a los sábados, los sindicatos deben entender que en Hunosa ya no caben los privilegios que pretenden ni pedir mejoras por encima de lo establecido en el convenio».

TRAGSATEC, EMPRESA PÚBLICA, DESPIDE Y LUEGO CONTRATA LOS MISMOS VETERINARIOS PERO SIN ANTIGÜEDAD

En diciembre hizo un ERE de 60 personas y ahora les anima a que vuelvan en peores condiciones

¿Es legal? “Sí, pero es inmoral y más en una empresa pública”, reprochan desde el comité de empresa

Con motivo del último ERE el número de directivos sin embargo creció

Tragsatec ejecutará 610 despidos incluidos en el ERE antes de que finalice enero, según CC.OO.

Protestas cuando el ERE de diciembre

Un portal de trabajo ha lanzado la oferta para emplear a 60 veterinarios en Tragsatec Extremadura con destino a las campañas de saneamiento ganadero de la Junta, como tuberculosis bovina o lengua azul. Un número indeterminado de puestos los van a ocupar los mismos técnicos a quienes en diciembre los pusieron en la calle con ERE. Vuelven pero habiendo perdido como mínimo la antigüedad.

“Esta es la reforma laboral, y la desorganización que hay en esta empresa”, explican Begoña Aguilera y Ángel Figueras, del comité de empresa.

Un ERE en diciembre, por el que fueron a la calle 60 personas que así perdieron antigüedad y pluses, pero casi inmediatamente la empresa empezó a contratar eventuales y ahora lanza una oferta de 60 plazas con contratos por obra o servicio.

El expediente de empleo de diciembre tuvo gran contestación en la plantilla, y sindical y social en general. Después de intentar Tragsatec –filial de Tragsa, empresa pública en la que la Junta de Extremadura participa con un 1%- varios ERE rebatidos legalmente por los trabajadores, se ejecutó ese estatal por el que perdieron su trabajo laborales indefinidos con 10, 11 y hasta 18 años de antigüedad.

A partir de enero entraron eventuales, ya sin antigüedad ni otros complementos, y los veterinarios que se contraten ahora irán en las mismas condiciones.

«No estamos para ganar dinero»

Una de las gravedades del asunto es que la propia empresa está animando a los despedidos a aceptar las nuevas condiciones. “¿Ilegal? No lo es, pero sí creemos que inmoral y más en una empresa pública”, contesta Begoña Aguilera, del comité de empresa en Badajoz.

Una entidad pública que “se supone que no está en el mercado para ganar dinero sino para dar un servicio importante en la cadena alimentaria”.

Una empresa, por otro lado que “ha tenido sus beneficios, y están en una bolsa”, y en la que mientras se ejecutaba el ERE “el número de directivos aumentaba”, y cuyos sueldos y bonus anuales “es lo primero que se negocia”.

Todo ello como mínimo “chocante” porque desde la parte laboral “hemos apostado por mantener la plantilla aunque fuera a costa de los beneficios temporales de la empresa, que unos años no hay pero otros sí”.

Con la nueva oferta de empleo se pretende cubrir unas horas que no se trabajaban los miércoles, y alargar la semana laboral de lunes a sábado, “algo a lo que podemos estar dispuestos pero siempre sentándonos a negociar todo y entre ello las estabilidad en el empleo”, ofrece Ángel Figueras.

Porque habida cuenta del precedente, “ahora contratan a 60 pero quién nos garantiza que en septiembre no haya otro ERE?”.

En Extremadura la plantilla del grupo es de 340 personas en la actualidad; Tragsa se dedica a obras públicas encargadas directamente por la Junta o confederaciones hidrográficas, mientras que Tragsatec se ocupa fundamentalmente de las campañas de saneamiento ganadero.

TRABAJADORES DE LA ANTIGUA CAJA DE AHORROS DE MURCIA RECLAMARON MAYOR INDEMNIZACIÓN TRAS EL ERE

Agencia EFE

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por una decena de trabajadores de la antigua Caja de Ahorros de Murcia afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)que reclamaron una indemnización mayor.

La sentencia confirma la dictada por un Juzgado de lo Social, que desestimó la demanda y absolvió tanto a la citada entidad de ahorro como al Banco Mare Nostrum, que la sucedió.

Dice el TSJ que los trabajadores reclamaron determinadas cantidades en concepto de diferencias en el abono de la indemnización percibida con ocasión de la extinción de sus contratos por efecto de la autorización concedida en el ERE.

Así mismo fundaron su reclamación en que, con posterioridad a la fecha de extinción de los contratos se acordó de forma colectiva un incremento de salarios con efectos retroactivos.

La Sala, al rechazar el recurso, dice que «la extinción de los contratos de los demandantes se produjo el uno de enero de 2011, como consecuencia del acuerdo adoptado en un ERE que se tramitó y culminó en el año 2010, establecía la forma de determinar la cuantía de la indemnización que correspondía a cada uno de ellos».

Y añade que «el hecho de que con posterioridad los salarios del personal de la caja de ahorros experimentaran un incremento y que se pactara su efecto retroactivo al uno de enero de 2011 no afecta a la validez del acuerdo adoptado, máxime si la indemnización pactada era superior a la que, como mínimo, establecía el Estatuto de los Trabajadores».

DENUNCIAN DESPIDOS ESCALONADOS EN VAERSA PARA EVITAR UN ERE

Intersindical señala que así no se acumula en 3 meses «el suficiente número de despidos que le obligase a hacer un ERE»

Intersindical Valenciana ha denunciado despidos «escalonados» en la empresa pública Vaersa «para tratar de evitar un Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)».

Al respecto, ha señalado que «la táctica consiste en despedir a bloques de personal cada cierto tiempo, de tal manera que no acumule en tres meses el suficiente número de despidos que le obligase a hacer un ERE».

«Al final esto no sería más que un ERE fraudulento, evitado por la mala fe de Vaersa al calcular los plazos para no tener que hacer un ERE en el cual se podrían negociar mejoras para los trabajadores despedidos», ha manifestado el sindicato en un comunicado.

Según Intersindical, «la última vuelta de tuerca de este tatcherismo antisindical que se ha instalado en Vaersa, ha sido que los sindicatos nos hemos enterado por la prensa del cierre de los Viveros Forestales y el despido del personal que en ellos trabaja». Igualmente, «nos enteramos por los trabajadores afectados del despido de otras siete personas del departamento de obra forestal», ha añadido.

Al respecto, ha advertido de que todo esto se ha hecho «sin ningún tipo de negociación sindical, sin establecer criterios de quién tiene que salir y quién se queda». Asimismo, ha subrayado que «ya se redujo al personal de plagas, en plena época de lucha contra el Tomicus, pasando de trabajar todo el año a 4,5 meses».

Según Intersindical, la «fórmula utilizada» consiste en «reunir a los sindicatos, decirnos que por culpa del anterior gobierno no tenemos aprobada por Hacienda una relación de puestos de trabajo (rpt), que por culpa de no tener rpt 1200 trabajadores estamos en peligro, se nos apela a lo emocional, a la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros si los sindicatos no les aprobamos unas rpt que la empresa ha elaborado para que Hacienda a su vez las apruebe», ha subrayado.

Intersindical solicitó la rpt que la empresa ha elaborado y ha denunciado que «el puesto que ocupa la jefa de personal, Laura Marco, se ha subido el sueldo unos 2500 euro al año». Además, «otros cargos han tratado de subirse el sueldo, y les parece tan normal eso de partir, repartir, y quedarse con la mejor parte, mientras se suceden recortes y despidos.

«Vaersa parece muy mal cuando se está en la oposición, pero parece que en cuanto se pisa moqueta se ve como una fuente de oportunidades», ha subrayado la organización sindical.

TRABAJADORES DE ENDESA EN CANARIAS DENUNCIAN UNA SERIE DE DESPIDOS «INJUSTIFICADOS»

La empresa asegura que los despidos están justificados en medidas disciplinarias y que no responden a una regulación de empleo

Concentración de Trabajadores de Endesa en Las Palmas de Gran Canaria.

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Unos 50 trabajadores de Endesa, la mayor compañía productora y comercializadora de energía del Archipiélago, se han concentrado en la Alameda de Colón de Las Palmas de Gran Canaria para denunciar una serie de despidos que ha llevado a cabo la empresa en el último año y que tachan de “injustificados”.

La iniciativa se produjo el mismo día en la directiva de la entidad en Canarias mantenía una reunión con el consejero delegado, José Bogas, en el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), ubicado frente a la ruidosa concentración.

El portavoz de Comisiones Obreras (CCOO), Jerónimo Rodríguez, definió la cantidad de personas que habían secundado la convocatoria como “significativa”, teniendo en cuenta que solo pudieron acudir aquellos cuyo horario laboral “se lo permite”.

Rodríguez explicó a Canarias Ahora que en el último año Endesa ha llevado a cabo un “goteo” de despidos, hasta llegar a los seis en las islas que “entendemos que son totalmente injustificados y por eso hemos llegado a este punto”. Unas plazas que asegura que no han sido cubiertas.

Dichos empleados han sido expulsados de la empresa a raíz de expedientes sancionadores, a pesar de que los mismos no habían cometido faltas graves con anterioridad, lamenta. “Nos encontramos que con esta nueva política de despidos, lo que hace la empresa es utilizar la pena más dura contra nuestros trabajadores”, apostilla.

El portavoz del Sindicato Independiente de la Energía (SIE) Lorenzo González, lamenta que en muchos casos las causas de los despidos son “desproporcionadas” y, aunque no cree que se trate de un Expediente de Regulación de Empleo encubierto, sí que considera que la reducción de puestos de trabajo responde a motivos económicos.

Ni el portavoz de CCOO, ni el de UGT, José Ángel García, conocen los motivos por los que la empresa ha cambiado su política de relaciones laborales. García señala que Endesa cuenta con unos 900 trabajadores en el Archipiélago y asegura que han trasladado sus reivindicaciones a la directiva en Canarias, sin que de momento se haya producido algún resultado.

Al respecto, precisa que “este problema no solo ocurre aquí, sino que lo estamos viviendo en todos los territorios”.

García señala que los sindicatos demandan que cesen los despidos “injustificados”, abogan por la reincorporación de los trabajadores que han sido obligados a dejar su puesto de trabajo y no descartan convocar una huelga. “Si vemos que la empresa se compromete a que esto no vuelva a pasar y vemos que tiene una actitud de conciliación con los compañeros despedidos y los hechos demuestran que abandona esta política, a nosotros nos valdría”, asegura.

Desde Endesa aseguran que los despidos están justificados en medidas disciplinarias y que no responden a una regulación de empleo, sino a casos “muy puntuales”. Aunque respetan la posición de los sindicatos, dicen discrepar de su “interpretación” y sostienen que no existe un mal clima laboral en la entidad.

CONCENTRACIÓN ANTE LA SEDE DE BBVA EN SEVILLA POR 14 DESPIDOS

El banco ha prescindido de los empleados alegando “baja productividad”, mientras que los sindicatos aseguran que esconde un plan de reestructuración

El pasado 8 de junio, la entidad despidió de forma simultánea a 14 trabajadores de siete zonas territoriales debido a su baja productividad. Debido a este hecho, la representación sindical de BBVA ha organizado una concentración.

El despido de 14 trabajadores le está causando algún que otro problema a BBVA. La entidad echó a estos empleados debido a su “baja productividad” el miércoles 8 de junio. Desde entonces se ha especulado en el entorno económico sobre esta decisión y de que forma parte de un plan de reestructuración.

BBVA, por su parte, negó en su momento que estuviesen llevando a cabo ningún plan. Además, se afirmó tajantemente desde la compañía que la decisión de los despidos  “se trata de casos puntuales” debido a que el nivel de rendimiento y desempeño estaban por debajo de los estándares mínimos requeridos.

Sin embargo, la idea de que un ERE está acechando en el banco es compartida también por los sindicatos como UGT. Estos últimos afirman que estos despidos “agreden al empleo”. Añaden también que el objetivo del banco es  “amedrentar a toda la plantilla para ganar más con menos gente y subcontratando servicios a bajo coste”.

Debido a esto último, desde UGT Andalucía se ha convocado una concentración en la sede central del BBVA.

El conjunto de la representación sindical del banco se movilizará y “se llevarán a cabo las acciones necesarias para dejar en evidencia el falso discurso de ética y responsabilidad que maneja el banco” tal y como afirman desde la Unión General de Trabajadores.

El Confidencial Autonómico se ha puesto en contacto con el banco para conocer la opinión sobre la concentración que se llevará a cabo en la sede de Sevilla. No obstante, no se ha recibido ninguna respuesta por parte del mismo.

ELCOGAS Y SINDICATOS RATIFICAN EL ACUERDO QUE CIERRA LA DEMANDA COLECTIVA POR LOS DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES

La dirección de Elcogas ha informado de que el 22 de junio, empresa y sindicatos han ratificado el acuerdo en torno a la demanda por el despido colectivo por causas económicas presentado por la empresa, que evita la vista judicial ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

En una nota, la empresa subraya que el acuerdo alcanzado eleva las indemnizaciones para los trabajadores menores de 60 años a la cuantía económica correspondiente a un despido improcedente, más una cantidad adicional vinculada al nivel salarial individual, que oscila entre los 6.500 euros brutos y los 14.500.

Por su parte, los trabajadores de 60 o más años percibirán una indemnización que, complementada por la prestación por desempleo, alcance el 75% del salario neto hasta que lleguen a la edad ordinaria de jubilación, según la legislación vigente y las condiciones particulares de cada uno.

La cantidad resultante no podrá ser superior a la equivalente del despido improcedente, ni inferior a la comunicada a la Autoridad Laboral en febrero de 2016.

En este acuerdo también están incluidos los trabajadores que todavía permanecen en la empresa realizando las labores de preparación y supervisión del desmantelamiento de la Central, y que tienen diferidos sus despidos.

Además, los accionistas españoles de Elcogas mantienen su voluntad de ofertar a los extrabajadores de la compañía las vacantes que se produzcan en sus empresas, que coincidan con el perfil profesional solicitado, y extienden esta opción hasta diciembre de 2017.

Por último, se amplía a ocho el número de miembros de la Comisión Paritaria de Seguimiento de las ofertas de empleo de los accionistas que la empresa constituyó en marzo, y a la que invitó a participar a los representantes de los trabajadores. Además se regula su funcionamiento y su trabajo se extiende hasta el final del proceso.

“Con este acuerdo se pone fin a un proceso en el que la empresa ha manifestado y mostrado su mayor voluntad negociadora, para conseguir las mejores condiciones económicas posibles para todos los trabajadores, tras la desconexión y cierre oficial de la Central por el Ministerio de Industria el pasado 4 de febrero”, señala Elcogas.

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN LA PRIMERA JORNADA DE HUELGA EN EL SECTOR DEL SIDEROMETAL

Los trabajadores se manifestaron por la calle Paseo hasta la CEO por un «convenio digno»

Los trabajadores del sector del siderometal de Ourense secundaron de forma «mayoritaria» la primera jornada de huelga convocada en solitario por la CIG. La próxima cita será el día 29. Reclaman un convenio «digno» para el sector frente al acuerdo que se está negociando y que, según el principal sindicato del sector, es «lesivo» para los trabajadores.

Entre las modificaciones, afirman que se barajan jornadas laborales en fines de semana, recorte de un día en los descansos y retroceso en derechos adquiridos en licencias y permisos.

Esta convocatoria no fue secundada por CCOO ni UGT, que defienden que la negociación está en proceso y critican que la propia CIG no participó en la última reunión el 30 de mayo.

La organización convocante de la huelga, que tiene un 40% de representatividad en el sector, calificó de «éxito» esta primera jornada, «a pesar del intento de boicot de la patronal y de los sindicatos españoles», señaló el secretario comarcal da CIG-Industria, Indalecio Gómez.

Desde primera hora de la mañana, un piquete con decenas de trabajadores recorrió los polígonos industriales para comprobar la incidencia del paro e informar a los trabajadores que optaron por acudir a sus puestos.

Según los datos facilitados por el sindicato CIG, en la principal empresa del sector solo trabajaron en el turno de noche «unos 20 trabajadores frente a los 120 habituales».

Coincidiendo con esta primera jornada de huelga, los trabajadores participaron en una manifestación convocada por la CIG que recorrió la calle Paseo desde el edificio sindical en el Parque San Lázaro hasta la CEO. Frente a la fachada de la patronal los trabajadores reclamaron un «convenio digno». El sector se rige actualmente por el de 2012.

OCHO MUSEOS DE BARCELONA CIERRAN DURANTE LA SEGUNDA JORNADA DE HUELGA

Los trabajadores de la empresa subcontratada Ciut’art protestan “por la prepotencia y despotismo patronal” y por las mejoras laborales

Una decena de museos de Barcelona se vieron afectados, la mayoría tuvieron que cerrar sus puertas toda la jornada, durante la segunda convocatoria de huelga de los trabajadores de la empresa subcontratada Serveis Educatius Ciut’art, responsable de las taquillas, atención a público y servicios educativos de estos centros.

Los huelguistas reclamaban mejoras salariales y un convenio digno y protestaron por “la prepotencia y despotismo patronal que sufrimos: despidos arbitrarios, robo sistemático de las vacaciones, contratos temporales en fraude de ley, sanciones antisindicalistas y salarios miserables”

Los centros afectados fueron los mismos que se vieron alterados su funcionamiento normal durante la primera jornada del 16 de junio:

El Macba permaneció cerrado el acceso a sus exposiciones pero abierta su biblioteca, archivo y librería; el Arxiu Histórico de la Ciutat abrió sus puertas pero no funcionaron el servicio de consulta ni el de reproducción de documentos; el Museu del Disseny estuvo cerrado pero abierto el acceso a la biblioteca del Clot y las exposiciones del FAD y BCD; las exposiciones de la Fundación Miró no pudieron visitarse pero si acceder a su biblioteca, al restaurante y a la tienda. Sin embargo, la Fundacion Antoni Tapies no llegó a abrir sus puertas, lo mismo que el Museo Etnológico de Barcelona y el Museo de las Culturas del Mundo, mientras que el Monasterio de Pedralbes abrió su edificio pudiendo pasear (gratis) por su impresionante claustro gótico, pero no se podían ver las espectaculares piezas que las monjas han preservado durante siglos.

Otros centros destacados de la ciudad como el MNAC, el CCCB, el Museo de la Música o el Palau de la Virreina abrieron sus puertas con normalidad durante toda la jornada ya que no cuentan con trabajadores de Ciut’art subcontratados, vigilando sus salas, vendiendo entradas o llevando a cabo actividades educativas.

Alrededor de las 11 de la mañana el Macba abría sus puertas al público con la idea de que si no se incorporaban los trabajadores subcontratados encargados de la venta de entradas abrir la puerta gratis a todo el que quisiera entrar, ya que el personal que vigila las salas de exposiciones no estaba afectado por la huelga y se habían incorporado a sus puestos.

Pero media hora más tarde, un grupo de trabajadores en huelga accedieron al interior del museo ocupando la zona de taquillas con pancartas y banderas. “Tras dejarles exponer sus reivindicaciones, el jefe de seguridad ha decidido que era mejor cerrar el resto de la jornada”, explican fuentes del museo.

La mayoría de los centros afectados dependen o están vinculados con el Institut de Cultura de Barcelona (Icub). La entidad cultural municipal ha impulsado una mesa de mediación para buscar soluciones a corto y medio plazo y redactar un código de buenas prácticas común a todos los centros culturales.

De esta mesa ha derivado un espacio de negociación entre las diversas empresas del sector y sindicatos, proceso que ha sido bien recibido por la mayoría de secciones sindicales, aseguran desde el Icub.

El último intento para solucionar la situación de los trabajadores de Ciut’art se vivió el lunes día 20 durante una reunión del sindicato Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) y la empresa, sin llegar a ningún entendimiento. La próxima jornada de huelga está convocada para el sábado 2 de julio.

LOS TRABAJADORES DE SERCANARIAS, QUE MANTIENEN LAS ALCANTARILLAS, VAN A LA HUELGA EN JULIO

El conflicto ya afecta al servicio y retrasa el arreglo de las averías porque el personal no hace horas extras

Los trabajadores de Sercanarias, la empresa de los socios privados de Emalsa que gestiona el mantenimiento del alcantarillado y otros servicios de la compañía mixta del agua, presentan un preaviso de huelga para el próximo cuatro de julio.

A esta medida de presión para desbloquear la negociación del convenio colectivo y recuperar los derechos perdidos se sumarán otras acciones, en el caso de que ni la compañía ni el Ayuntamiento, titular del servicio, cambien su postura, según aseguró el secretario general de Servicios Públicos de CCOO, José Manuel Ojeda.

La decisión fue adoptada, tras la reunión mantenida con la concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina que, según el comité de empresa, les aseguró que no podía hacer nada. «Nos dijo que el Ayuntamiento está intentando negociar con Emalsa para que asuma el servicio directamente», mientras se firma el nuevo contrato programa que establezca qué cantidad debe pagar el Ayuntamiento  por el saneamiento, así como los servicios que tiene que realizar la compañía para cobrar por dichos trabajos.

El conflicto entre la empresa y el personal, que reclama recuperar los derechos perdidos hace cinco años cuando les bajaron el sueldo y otras condiciones laborales, está afectando ya al servicio, ya que los trabajadores se están negando a realizar las horas extras voluntarias. Esta circunstancia está provocando aún más retrasos en el arreglo de las averías en la red de alcantarillado,

En la actualidad la ciudad debe abonar algo más de 4,8 millones anuales por la limpieza de la red de alcantarillado a Emalsa, que tiene subcontratados los trabajos a Sercanarias.

El gobierno municipal anterior bloqueó el pago del saneamiento durante tres años porque la compañía no acreditó que efectuaba los servicios por los que quería cobrar.

Los tribunales le dieron la razón a Emalsa y el actual gobierno, que desistió de recurrir la sentencia, ha acordado pagar a la compañía mixta la deuda, que asciende a más de 15 millones de euros.

Los trabajados se concentraron el pasado lunes durante más de cuatro horas frente a las oficinas municipales de la capital grancanaria, para protestar por la negativa de la sociedad a negociar un nuevo convenio colectivo.

El comité de empresa denuncia además el deterioro que está sufriendo el servicio, debido al «pésimo estado» en que se encuentran los camiones y el conjunto del material. «Hay una desidia tremenda por parte de Sercanarias», sostuvo Ojeda, «desde que sabe que le van a quitar el servicio de saneamiento», que sigue gestionando en precario desde que se denunció el contrato anterior el pasado mes de diciembre.

La situación se mantendrá hasta que se convoque un nuevo concurso, salvo que el gobierno Tripartito consiga convencer a los socios privados de Emalsa para que asuma directamente la gestión.

El consejo de administración de Emalsa denunció el contrato en diciembre pasado, a instancia del alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, que además exigió que la compañía no siguiera con el saneamiento. La plantilla, que está compuesta por unos 60 trabajadores, es partidaria de que sea Emalsa la que se haga cargo del servicio y criticó a Sercanarias, compañía propiedad de Saur y Valoriza, por «utilizar la crisis y la reforma laboral para rebajarnos nuestros derechos, mientras seguía aumentando sus ingresos».

«La empresa se escuda en esa situación de provisionalidad para no negociar el nuevo convenio, cuya renovación llevamos reclamando cuatro años, porque nos quitaron derechos laborales y complementos salariales, que aceptamos por la crisis, pero la situación ha mejorado.

Por eso queremos que el Ayuntamiento, como responsable del servicio, intervenga», ha explicado Ojeda, quien también ha denunciado que «el servicio de saneamiento no se está prestando en condiciones debido a la mala gestión. Los camiones, que son de Emalsa como todo el material que utiliza Sercanarias, no sirven para trabajar. No tienen potencia para limpiar» las alcantarillas.

Sercanarias seguirá durante bastantes meses más gestionando el servicio, porque este no saldrá a concurso hasta que el nuevo comité de expertos del Ayuntamiento establezca un nuevo contrato-marco, algo que se espera para finales de este año o principios del próximo, porque según aseguran los trabajadores, el Ayuntamiento y los socios privados no se terminan de poner de acuerdo sobre el contenido. Esta situación, advirtió Ojeda, «está afectando» a la calidad del servicio que se presta a la ciudad.

EL COMITÉ DE HUELGA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC) RECHAZA LA ÚLTIMA PROPUESTA

El comité de huelga del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) aseguró que la última propuesta elaborada por la dirección de la empresa pública «sigue sin aportar garantías en el empleo ni en la viabilidad futura del Instituto y contiene reducciones salariales que empeoran las aceptadas en el acuerdo anterior, firmado en 2014».

Pese a ello, los representantes de los trabajadores -que mantienen convocada una huelga indefinida desde el mes de enero- esperan para un análisis más detallado a que se celebre la reunión prevista con la Administración en la sede del Tribunal Laboral Canario.

Según el comité de huelga, la postura manifestada hasta ahora por el Gobierno «deja entrever, de un lado, la precarización de las relaciones laborales en el ITC, y de otro, el riesgo de reducirlo a la mínima expresión, con el consiguiente perjuicio sobre la estructura de I+D+i aplicada».

OTROS DOS INTOXICADOS EN AZSA SE PREPARAN PARA UNA HUELGA DE HAMBRE

Podrían sumarse en los próximos días a David Román, que cumple su primera semana de protesta exigiendo que se le reconozca una enfermedad profesional

Esta noche se cumplirá una semana desde que el extrabajador de IMSA David Román decidiese iniciar una huelga de hambre.

Exige a la Seguridad Social que reconozca que su pérdida de oído, sus problemas de visión, su debilidad en los brazos y las piernas, la caída de piezas dentales, su insomnio y un largo sinfín de dolencias no se deben a otra cosa sino a la intoxicación por mercurio que sufrió en noviembre de 2012 cuando trabajaba en las instalaciones de Asturiana de Zinc.

No está solo en esa lucha. Dos de sus antiguos compañeros han manifestado su intención de acompañarle en su protesta en los próximos días.

De momento están dando los primeros pasos, y uno de ellos ya acudió a su médico de cabecera para comentarle su intención de iniciar una huelga de hambre y se realizará las correspondientes analíticas en los próximos días, mientras que un tercer afectado también ha mostrado su disposición a tomar este mismo camino.

Comparten objetivo: que en sus múltiples informes médicos figure que los síntomas que sufren se deben al mercurio y que se reconozcan sus males como una enfermedad profesional.

Desde que este accidente laboral, el más grave de este tipo ocurrido en Europa en las últimas décadas, volviese a las páginas de actualidad debido al inicio de los procesos judiciales por las reclamaciones de daños y perjuicios presentadas por los afectados, casi todos ellos han manifestado el mismo problema con la asistencia sanitaria.

En las últimas semanas han denunciado que muchos de ellos han sido dados de alta en el Hospital Universitario Central de Asturias, donde estaban siendo atendidos por un equipo médico, y derivados a sus centros de salud, donde los facultativos desconocen cómo manejar su situación.

Uno está pendiente de que se le realicen análisis y un tercero también adoptará esta medida

Según aseguran, tampoco se está cumpliendo la periodicidad recomendada para las revisiones en los distintos especialistas que les ven y, la última queja tiene que ver con la cancelación de varias citas, que ellos asocian al hecho de haber salido en los medios de comunicación expresando su malestar con el sistema sanitario.

Su situación es, en general, complicada. Una docena de ellos han conseguido que se les reconozca una incapacidad, mientras que otros muchos aún están pendientes de ser citados en los tribunales para que sea un juez el que lo decida, entre ellos el propio David Román. La mayor parte, sin embargo, se ven obligados a seguir trabajando cuando aseguran no estar en condiciones para ello.

Son trabajadores eventuales, y aseguran que la mayoría de las empresas para las que solían trabajar han dejado de llamarles.

Reconocen que ya no rinden como antes, y que después de unos días de trabajo tienen que coger la baja porque se encuentran demasiado cansados. Esto deriva en problemas económicos que cinco de ellos verán aliviados a partir de ahora, tras el acuerdo alcanzado con la aseguradora de Asturiana de Zinc.

Proceso judicial

Salvo uno de los afectados, el resto han ido pactando con la empresa la retirada de las demandas penales que en su día habían interpuesto a cambio de unas indemnizaciones económicas, la promesa de que la compañía financiaría consultas médicas privadas que pudieran necesitar y otra serie de cuestiones.

Quedaban pendientes, en cambio, los procesos por la vía civil en los que se trataba de fijar las indemnizaciones que les corresponderían a cada uno de ellos en función de las secuelas que sufren.

El primer juicio no llegó a celebrarse después de que las partes alcanzasen un acuerdo en el último momento.

Cuatro de los intoxicados aceptaron cobrar el 70% de las cantidades que inicialmente reclaman, un montante que oscilaba entre los 100.000 y los 240.000 euros en función de la situación de cada uno de ellos. Días después se cerró el mismo pacto con un quinto afectado cuyo caso también iba a juzgarse unos días más tarde.

Mientras, el resto sigue esperando. Hay nuevos señalamientos fijados para los meses de julio y octubre, pero la mayoría de los casos aún no tienen fecha. Se espera que puedan llegar al mismo arreglo, salvo que alguna de las partes decida ir a juicio.

Inicialmente, será la asegura de Asturiana de Zinc la que acometa los pagos, y posteriormente iniciará reclamaciones formales a las otras dos aseguradoras implicadas en el caso, que no se han avenido a este acuerdo con los trabajadores.

DESCONVOCADA LA HUELGA DE TAXIS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife – Europa Press

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife alcanzó un acuerdo con los representantes de la Asociación Elite Taxi Tenerife, que deja en suspenso la movilización que habían convocado.

El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explica que las conversaciones mantenidas han dado origen a un documento con cinco puntos, suscrito por todas las partes. «Ahora haremos todo lo posible por sumar a este consenso al resto de colectivos del sector del taxi que operan en nuestro municipio», añade.

El primero de los puntos incluidos en el acuerdo establece la celebración de elecciones, en la que cada titular de licencia podrá votar por la asociación o entidad que desee, proceso al que podrán presentarse todas lo colectivos constituidos legalmente.

Además, también se acordó la elección de un representante por entidad y el establecimiento de un cupo mínimo del 5% de los votos emitidos para que cualquiera de ellas forme parte de la denominada Mesa del Taxi.

En aquellos casos en los que dicho órgano tenga que deliberar un acuerdo mediante votación, se tendrán en cuenta los votos de los representantes de manera ponderada.

Durante las próximas fechas, y ante la necesidad de seguir el correspondiente proceso administrativo, se trabajará en la redacción del reglamento de la Mesa del Taxi.

Este documento será sometido a consulta y votación de los taxistas, previsiblemente durante el mes de julio. A partir de ahí, podría ser aprobado formalmente en septiembre, junto a la modificación de las ordenanzas que procedan.

Si esta planificación no sufre variaciones, podrá votarse la constitución de la nueva Mesa del Taxi a finales de octubre o ya iniciado noviembre.

Arteaga, por último, aclaró que todos estos acuerdos «se encauzarán a través del reglamento de organización y funcionamiento de la Mesa del Taxi, este documento, como no puede ser de otra manera, tendrá que ser redactado de forma conjunta y participada con el propio sector».

LOS SINDICATOS CONVOCAN CINCO DÍAS DE HUELGA EN TODOS LOS CENTROS NACIONALES DE ATENTO

De esta manera quieren poner en relieve su «situación laboral», en la que denuncian especialmente «despidos, sanciones, aumento en los objetivos de ventas y fraudes en los contratos»

UGT, CC.OO. y USO han hecho pública una convocatoria de huelgas de 24 horas en todos los centros nacionales de Atento. Esta movilización se llevará a cabo los días 24 y 25 de junio y el 2, 3 y 4 de julio.

Desde los sindicatos aseguran que el detonante de esta protesta es «la situación laboral» en la que se encuentran. Señalan distintos casos como «despidos, sanciones, control desproporcionado de tareas, cambios continuos en las condiciones laborales, falta de formación, realización de tareas no correspondientes o cambios en los objetivos» que imposibilitan que se cobren los incentivos. Por último, también denuncian «fraudes en los contratos».

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