Publicado en: 3 julio, 2015

Boletín de Luchas Obreras (3 de Julio de 2015)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Noticias de las luchas protagonizadas por los trabajadores y las trabajadoras en la defensa de sus legítimos intereses, contra los ataques de la burguesía.

ÍNDICE:

  • NUEVO PARO COMPLETO EN LA ITV EN OTRA JORNADA DE HUELGA
  • TRABAJADORES INTENSIFICAN LAS MOVILIZACIONES ANTE DESPIDOS EN ITEVELESA
  • UN INCENDIO DE MÁS DE 24 HORAS A LAS PUERTAS DE LA HUELGA DE LAS BRIGADAS SUBCONTRATADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
  • VEINTIÚN EMPLEADOS MANTIENEN LAS MOVILIZACIONES AL AÑO DEL CIERRE
  • COCA-COLA SE COMPROMETE A AYUDAR A LOS AFECTADOS POR EL ERE QUE DEJARÁN DE COBRAR EL PARO
  • LA PLANTILLA DE LA RESIDENCIA DEL GRUPO REIFS DENUNCIA EL IMPAGO DE HASTA 7 NÓMINAS
  • VIRIATO ALCANZA AL FIN UN ACUERDO PARA DESPEDIR A 40 EMPLEADOS TRAS 4 MESES DE NEGOCIACIONES
  • CARMENA PREPARA UN PLAN DE CHOQUE DE LIMPIEZA PARA ANTES DE NAVIDADES
  • ADIÓS AL ERTE TEMPORAL DE ALSTOM EN SANTA PERPÈTUA
  • CC.OO. PEDIRÁ LA NULIDAD DE LOS DESPIDOS EN LA TELEVISIÓN MUNICIPAL DE GRANADA TG7
  • COMITÉ BASE MORÓN ACUSA A EEUU INCUMPLIR LA SENTENCIA SUPREMO SOBRE DESPIDOS
  • LA JUSTICIA ANULA UN APARTADO DEL CONVENIO REGIONAL DEL TRANSPORTE SANITARIO QUE PROPICIÓ DECENAS DE DESPIDOS
  • LA ALCALDESA DE JEREZ Y LOS ABOGADOS DEL ERE ABORDAN YA LA REINCORPORACIÓN
  • BASTA YA DE DESPIDOS EN TRASCOM: CGT DEMANDA POR UN ERE ENCUBIERTO
  • CONCENTRACIÓN EL 9 DE JULIO EN LOS JUZGADOS DE TARRAGONA EN SOLIDARIDAD CON LOS IMPUTADOS E IMPUTADAS DEL CASO EXPERT
  • SINDICATOS DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA INCUMPLE DE NUEVO LA CARTA SOCIAL EUROPEA

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NUEVO PARO COMPLETO EN LA ITV EN OTRA JORNADA DE HUELGA

Rotas las negociaciones entre empresa y trabajadores, el calendario de huelgas seguirá cumpliéndose según lo establecido desde el sindicato y la Inspección Técnica de Vehículos permanecerá cerrada

Según informa CC.OO., las negociaciones por la defensa de los puestos de trabajo y el convenio colectivo para los trabajadores de la ITV están rotas. Así pues, como aseguran en un comunicado, y a la espera de conocer nuevas jornadas de huelga, continuarán las movilizaciones por parte de los trabajadores del sector que continuarán con un nuevo parón completo en las estaciones.

Se ha intentado por todos los medios desbloquear este conflicto, como señalan desde el sindicato, ofreciendo mantener el salario de los trabajadores de la Inspección Técnica de Vehículos, proponiendo fórmulas de flexibilidad en determinadas jornadas, compensación en turnos perdidos y mantenimiento del empleo “entendiendo que con este sobreesfuerzo la empresa accedería a la apertura de la negociación y a la búsqueda del acuerdo”. Sin embargo, no ha sido así.

La postura de la empresa, según CC.OO., sigue siendo la de llevar a cabo bajadas salariales y ajustar la plantilla “argumentando el descenso de inspecciones que se ha producido como consecuencia de los días de huelga y paros parciales.

“Se trabaja cada vez más y con mayores exigencias. El volumen de inspecciones ha crecido durante estos últimos años  de crisis de manera considerable y el incremento de plantilla entendemos que no lo ha hecho  en la misma proporción, por tanto se han aumentado los ratios inspecciones/inspector.

Se nos exige permanentemente más, pues cada día se nos requiere una mayor formación y cualificación para desempeñar nuestro trabajo, estando sueltos a controles periódicos de Auditorias Interna y externas,  garantizando una calidad y atención de servicio que nos hace diferenciarnos”, lamentan los trabajadores.

TRABAJADORES INTENSIFICAN LAS MOVILIZACIONES ANTE DESPIDOS EN ITEVELESA

Valladolid (EFECOM)

El comité intercentros de Itevelesa, principal concesionaria de la inspección técnica de vehículos en Castilla y León, ha anunciado la intensificación de movilizaciones ante el despido de cuatro trabajadores y la apertura de expediente a dos representantes sindicales.

Según ha anunciado el sindicato CC.OO., la convocatoria de huelga se extiende a todos los miércoles entre el 15 de julio y el 26 de agosto y de paros todas la tardes de julio y agosto.

La empresa, que negocia con el comité intercentros el convenio colectivo, ha comunicado su decisión de despedir a cuatro trabajadores y abrir expediente a dos representantes sindicales, uno de ellos miembro de la comisión negociadora.

Para ello, Itevelesa alega causas objetivas basadas en el descenso de rendimiento, como ya hizo hace cuatro años en la estación inspectora de Morales, en Zamora.

Para reclamar que la Junta de Castilla y León se implique en la resolución del conflicto, los trabajadores de Itevelesa se concentrarán frente a las Cortes de Castilla y León durante el debate de investidura de Juan Vicente Herrera como presidente del Ejecutivo castellanoleonés los próximo días 2 y 3 de julio.

Según la empresa, del proceso de negociación del convenio colectivo viene marcado por la decisión de la Junta de Castilla y León de rebajar las tarifas de la inspecciones técnicas de vehículos, lo que Itevelesa considera un incumplimiento de los contratos de concesión.

En un comunicado, Itevelesa ha asegurado que sus propuestas en la negociación, consistentes en una reducción de los salarios e incremento de la jornada laboral hasta las 1.780 horas anuales, son de carácter transitorio y tratan de evitar medidas más drásticas derivada del impacto de la bajada de las tarifas.

UN INCENDIO DE MÁS DE 24 HORAS A LAS PUERTAS DE LA HUELGA DE LAS BRIGADAS SUBCONTRATADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El incendio que durante más de un día y medio ha afectado a los montes de Fabero y la falta de medios de la que quedó constancia tras conocerse que los efectivos de la brigada de Tabuyo del Monte —dependiente del Ministerio de Medio Ambiente— tuvieron que desplazarse hasta el lugar en coche y no en helicóptero han tenido lugar tan sólo unas horas antes de la huelga que los sindicatos han convocado para protestar por las condiciones laborales en las que trabajan principalmente las brigadas subcontratadas por la Junta de Castilla y León, que en el caso del Bierzo son cinco.

«De lo que nos quejamos es de las malas condiciones laborales de esta gente que está jugando la vida en la extinción de incendios. Es una vergüenza lo que cobran y las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo, también sin medios suficientes», explicó el coordinador regional de agentes medioambientales de CC.OO., Ricardo Fernández, quien además avanzó que este será el primer día de huelga pero no el último si la Junta de Castilla y León no cambia de rumbo.

VEINTIÚN EMPLEADOS MANTIENEN LAS MOVILIZACIONES AL AÑO DEL CIERRE

El proceso de liquidación del Matadero Central de Asturias es la consecuencia final del progresivo declive de una empresa que, en las últimas décadas, ha sido el buque insignia de la industria cárnica asturiana.

El inicio de esta crisis final se remonta casi un año atrás, a mediados de julio de 2014, cuando Junquera Bobes, S.A., empresa que gestionaba el macelo, solicitó el concurso voluntario de acreedores.

Esta decisión supuso, en un primer momento, que sus más de 90 empleados quedasen sometidos a un expediente de regulación de empleo de carácter temporal, mientras el administrador concursal se hacía con las riendas de la empresa.

En paralelo, el grueso de la plantilla inició las movilizaciones al entender que todo era una maniobra de la gerencia, a la que achacan una mala gestión de la empresa, para deshacerse de una parte de la plantilla.

En diciembre, tras no llegar a un acuerdo con los trabajadores para realizar un ajuste de plantilla y salarios, Junquera Bobes solicitó la liquidación, decretado por el juez a principios de 2015.

La tramitación de la liquidación ha seguido su curso mientras una parte de la plantilla, en concreto 21 trabajadores, ha mantenido las movilizaciones. En las próximas semanas se abre el plazo para registrar ofertas por las instalaciones.

COCA-COLA SE COMPROMETE A AYUDAR A LOS AFECTADOS POR EL ERE QUE DEJARÁN DE COBRAR EL PARO

Madrid (Europa Press)

Esta medida afectaría a 600 trabajadores, entre prejubilaciones y bajas voluntarias

Coca-Cola Iberian Partners se ha comprometido a ayudar a los afectados por la nulidad del ERE, que dejarán de percibir la prestación por desempleo este mes, después de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) les informara de que los trabajadores afectados dejarán de percibir el paro.

Así se lo ha trasladado a los representantes de los trabajadores durante la reunión que han mantenido para tratar de encontrar una solución a la ejecución del Expediente de Regulación de Empleo.

Esta medida, según han informado a Europa Press fuentes de la negociación, no afectaría a los trabajadores de Fuenlabrada, que están en situación de ejecución provisional del ERE, y sí al personal que está en situación de baja voluntaria y prejubilaciones, alrededor de 600 afectados.

El embotellador único de Coca-Cola se ha puesto en contacto, tanto individual como colectivamente con los afectados para ofrecerles la información necesaria e intentar acelerar al máximo la respuesta de las demandas individuales para alcanzar un acuerdo.

Además, las partes esperan poder reducir el periodo de transición a partir de la decisión del SEPE hasta la resolución de las diferentes demandas.

Entre las medidas para paliar los efectos de esta decisión del SEPE, la multinacional tiene previsto completar la póliza de prejubilación para que no acusen el impacto tras la resolución. El embotellador único vuelve con estas iniciativas a reiterar su voluntad de cumplir con la sentencia.

LA PLANTILLA DE LA RESIDENCIA DEL GRUPO REIFS DENUNCIA EL IMPAGO DE HASTA 7 NÓMINAS

La empresa achaca los problemas financieros del centro de mayores Guadaíra al parón de la Ley de Dependencia de 2012 a nivel nacional.

Los trabajadores del Centro de Mayores Guadaíra, gestionado por el Grupo Reifs denuncian, junto al sindicato UGT, retrasos en el cobro de sus sueldos, que, en algunos casos, llegan hasta un máximo de siete nóminas, según informan los propios afectados.

La plantilla habla de una “situación límite” y “precaria” en sus casas al “no poder hacer frente a los pagos habituales ni a las necesidades básicas de sus hijos”, según detalla en una carta enviada a los familiares de los usuarios de la residencia.

Los trabajadores llevan denunciando esta situación a través de concentraciones y manifestaciones desde 2012, año en el que se produjeron los primeros retrasos en el cobro de las nóminas.

En agosto de ese mismo año se abrió un Expediente de Regulación de Empleo, que, según detallan desde el Grupo Reifs, se cerró tres meses después por falta de acuerdo.

“En vez de optar por un ERE, decidimos mantener los puestos de trabajo, ya que creíamos que el sector se iba a revitalizar”, apunta Enrique Rodríguez, del departamento financiero del Grupo Reifs.

Los trabajadores admiten haber cobrado la nómina del mes de mayo entre el 15 y el 26 de junio, pero, a punto de finalizar este mes, ven peligrar tanto el sueldo de junio como la paga extraordinaria de verano, al igual que no cobraron la de Navidad, según aseguran representantes de la plantilla de trabajadores del centro de mayores.

Desde el Grupo Reifs confirman estos retrasos pero matizan que se trata de pagas extraordinarias. “Pagamos puntualmente las nóminas”, apunta Enrique Rodríguez. “Los retrasos corresponden a las pagas extraordinarias y a una parte del mes de octubre”.

Asimismo, asegura que se acaba de aprobar un plan de pago para abonar a los trabajadores la deuda pendiente.

Desde la empresa gestora achacan la situación económica por la que está atravesando esta residencia de ancianos a la situación de crisis general que está viviendo el sector y al parón que sufrió el país en 2012 en materia de la Ley de Dependencia. “Existe una serie de dificultades comunes en el sector, no somos la única residencia con problemas financieros”, apuntan desde la dirección del centro.

A pesar de esta inestable situación, tanto la plantilla como la empresa aseguran que el cuidado de los usuarios no se está viendo afectado.

No obstante, los trabajadores animan a los familiares de los usuarios a pedir responsabilidades a la dirección del centro.

Aunque el Centro de Mayores Guadaíra está gestionado por el Grupo Reifs, fue levantado en 2007 por una UTE formada por Reifs, la constructora de Alcalá Martín Casillas y la empresa Tecysu, que atravesó dificultades financieras en 2012.

De sus 192 plazas, 161 son concertadas, según señalan desde la Junta de Andalucía. La Administración andaluza niega problemas en el concierto y asegura que sus pagos se realizan puntualmente.

VIRIATO ALCANZA AL FIN UN ACUERDO PARA DESPEDIR A 40 EMPLEADOS TRAS 4 MESES DE NEGOCIACIONES

Viriato pone fin a la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que inicio a principios de marzo. La compañía gallega ha alcanzado un acuerdo con los representantes sindicales para despedir a cuarenta trabajadores, el 25% de la plantilla.

Dirección y trabajadores pactaron finalmente indemnizaciones variables para los trabajadores afectados. La empresa propuso 33 prejubilaciones para empleados mayores de 55 años y siete despidos, que se indemnizarán con veinte días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades, y un complemento de mil euros, según La Opinión A Coruña.

A los trabajadores de entre 55 y 58 años, la compañía garantiza un complemento a las prestaciones de desempleo hasta que alcancen los 62 años. Para el personal mayor de 59 años, Viriato garantiza el 70% sobre la base de cotización. Por otro lado, la empresa se compromete a abonar hasta un máximo de 800 euros al mes hasta los 62 años.

La empresa, propiedad del grupo hispano-argentino Grupo Ríos, se vio obligada a presentar un segundo ERE en junio después de que no lograra alcanzar un acuerdo con los representantes sindicales en el primero por no aportar suficientes garantías para los pagos de las indemnizaciones. Los parámetros de la segunda negociación fueron los mismos que los de la primera.

La empresa, que siempre ha mostrado su voluntad de continuar produciendo en su fábrica propia, presentó el ERE para ajustar su estructura ante la caída de las ventas. Viriato está presente en la actualidad en 19 países y en el mercado nacional, a través de un millar de clientes multimarca, además de corners en El Corte Inglés.

El grupo de moda, cuya facturación ronda los doce millones de euros, centraliza el grueso de su producción en su sede central en Ordes, donde cuenta con unas instalaciones de 14.000 metros cuadrados y una capacidad de producción de más de 800.000 prendas anuales.

CARMENA PREPARA UN PLAN DE CHOQUE DE LIMPIEZA PARA ANTES DE NAVIDADES

El Ayuntamiento ve imprescindible acabar con el recorte temporal de barrenderos

Madrid apuesta por la limpieza a fondo de un distrito cada semana

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha reunido esta tarde con las empresas (OHL, Sacyr, FCC y Urbaser) a las que tiene encargada la limpieza de las calles de la capital. Tanto el gobierno municipal como las concesionarias “han compartido el diagnóstico de que la ciudad no está en condiciones”, según ha desvelado la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés. “Vamos a abordar con carácter urgente medidas de choque”, ha añadido.

Estas medidas se empezarán a sentir gradualmente en las calles a partir de julio, pero el Ayuntamiento se ha puesto de plazo hasta Navidad para llegar a acuerdo con las empresas. Ese acuerdo pasa necesariamente por devolver a las calles a los barrenderos afectados desde 2013 por un expediente de regulación temporal de empleo.

A cambio, el Ayuntamiento revisará los sistemas de control y sanción a las empresas por no alcanzar los niveles de calidad mínimos; las multas por ese motivo superan los 20 millones de euros desde la entrada en vigor de los contratos en agosto de 2013.

Ante la “preocupación” y “el nivel de alarma y malestar en los barrios y distritos” por la falta de limpieza viaria, el Ayuntamiento y las empresas han constituido cuatro “grupos de trabajo” bilaterales para “revisar los controles el personal y los medios”.

Medio Ambiente realizará una encuesta de percepción y valoración ciudadana en los próximos días, que repetirá en Navidades. El Ayuntamiento recibe anualmente 180.000 avisos por falta de limpieza, especialmente en los distritos de Villaverde, Usera, Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.

Contratos blindados y recortes de plantilla

En primavera de 2013, la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), acumuló 39 servicios públicos en un solo contrato y lo licitó por 10 años y 2.317 millones de euros (un 10% menos del coste hasta entonces). La competencia entre empresas rebajó aún más el precio, hasta 1.944 millones, lo que supuso un ahorro total del 23,7% para las arcas locales.

Con ese nuevo contrato, el Ayuntamiento dejó de exigir una plantilla mínima de trabajadores para mantener limpia la ciudad.

En su lugar, pasó a controlar el resultado a través de 68 indicadores (que no haya pintadas en las paredes, que las papeleras no rebosen, que las calles se baldeen cada noche). En caso de incumplirse los niveles de mínimo de calidad, impone sanciones; en 2014, las empresas perdieron de esta manera 12 millones de euros.

Al no exigirse una plantilla mínima, OHL, Sacyr y FCC aprobaron en otoño de 2013 el despido de un 15% de la plantilla. Una huelga frenó ese recorte, pero sindicatos y empresas acordaron a cambio un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que según Comisiones Obreras, mantiene fuera de servicio a 2.536 empleados sobre una plantilla total de 7.523 personas. Ese ERTE ahorra a las empresas 15 millones de euros.

“El ERTE bloquea las campañas de urgencia”

Para la concejal de Medio Ambiente, acabar con ese ERTE es “la llave que permitirá determinadas actuaciones especiales o excepcionales”, puesto que “dificulta” llevar a cabo “planes de limpieza urgentes”. “La situación de ERTE bloquea las campañas de urgencia”, ha explicado Sabanés. “Es necesario que haya más trabajadores en las calles para limpiar la ciudad”, ha añadido. Según avanzó EL PAÍS, el Ayuntamiento quiere que las empresas dediquen un contingente extraordinario cada sábado a un distrito diferente para dejarlo limpio como la patena. Con 21 distritos, tocaría dos o tres veces al año a cada uno.

La clave para acabar con el ERTE pasa por una revisión del sistema de control y sanciones, que por contrato puede cambiarse aún. Las empresas quieren además más dinero, pero el Ayuntamiento pretende usar como moneda de cambio ese millón anual que pierden en multas.

O bien mediante un cambio en el sistema de control y sanciones, o bien, en último término, usando el dinero de las multas para reforzar la limpieza.

El Ayuntamiento lo tiene claro: la falta de limpieza se debe a la falta de barrenderos. Las empresas “alegan que hay una parte muy importante de sus recursos y trabajo que va vinculada al control de los indicadores”; es decir, que gastan demasiado dinero en esos aspectos de gestión en vez de dedicarlo a limpiar la ciudad.

ADIÓS AL ERTE TEMPORAL DE ALSTOM EN SANTA PERPÈTUA

El ERTE temporal de Alstom en Santa Perpètua terminará antes de lo previsto debido a la llegada de nuevos pedidos que aumentarán la producción de la planta.

Luz al final del túnel

El ERTE temporal de Alstom en su fábrica de Santa Perpètua finalizará este mismo otoño, llegando incluso a haber nuevas contrataciones si la fabricante francesa consiguiera algunos contratos de suministro a los que opta.

De este forma, el ERTE temporal de Alstom, que afecta a 500 trabajadores reduciendo su jornada hasta en un 70%, podría finalizar en octubre o noviembre gracias a los nuevos pedidos para el metro de Guadalajara (México), Panamá y Santo Domingo, los tranvías de Sídney y Lusail, así como para otro proyecto en Argelia.

Todos estos nuevos contratos aseguran una carga de pedidos de 500 millones de euros que irán llegando en los próximos meses y tendrán ocupada a la planta de Santa Perpètua durante 2 años.

De hecho, las buenas noticias no acaban ahí: Alstom opta también al suministro de unidades en Lieja, Melipilla (Chile), Londres y Lima. De ganar alguno de ellos, incluso se podría contratar a nuevos trabajadores antes de que acabe el año (aunque no hay cifras oficiales, podrían ser 100 o 120 personas).

Primera buena noticia desde el ERTE temporal de Alstom

Desde que anunciase el ERTE temporal de Alstom, los trabajadores dela planta de Santa Perpètua no tenían claro su futuro laboral, pero con estas últimos datos parece que se ve la luz al final del túnel. De hecho, se prevé que la fábrica cierre 2016 con beneficios, la primera vez tras algunos años de números rojos.

Fue este periodo de baja producción el que provocó el ERTE temporal de Alstom en 2014 que, además de reducir su plantilla en 130 personas (89 de ellas a través de prejubilaciones), también afectó a los que se quedaban.

Además, la planta de Santa Perpètua experimentó un cambio en su estructura de trabajo, dedicando más tiempo a los pedidos de señalización y electrificación (entorno al 45% de la producción) que compensaban la escasez de fabricación de material rodante

CC.OO. PEDIRÁ LA NULIDAD DE LOS DESPIDOS EN LA TELEVISIÓN MUNICIPAL DE GRANADA TG7

EFE – Granada

Las cinco personas despedidas hasta la fecha ven “bastante probable” que se efectúen 2 despidos más

CC.OO. ha anunciado solicitará la nulidad de los despidos en la televisión municipal de Granada (TG7) por posible vulneración de derechos fundamentales y ha denunciado el “aplastamiento a la libertad sindical” de sus empleados, que habrían perdido su empleo por encabezar una lista o ser afines a ella.

El sindicato ha informado en rueda de prensa de que ha puesto en marcha todos los mecanismos sindicales para esclarecer la situación en la televisión municipal, en la que la productora CBM gestiona algunos de sus servicios.

CC.OO. pretende de esta forma paliar la que considera “agresión” a los derechos fundamentales de representación sindical que está sufriendo la cadena de televisión local TG7.

El secretario general de CC.OO. Granada, Ricardo Flores, ha lamentado que ni el concejal del equipo de Gobierno Juan Antonio Fuentes ni el alcalde, José Torres Hurtado (PP), hayan “cogido los teléfonos” ni les hayan dado fecha para una reunión pese a haberla solicitado “insistentemente”.

El secretario general del Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. Granada, Rafael de la Poza, ha explicado que el sindicato solicitará la nulidad de todos los despidos realizados al ser “discriminatorios”.

En este sentido, ha considerado “lamentable” que los despidos estén “amparados” por el Ayuntamiento, un organismo que debería representar a su juicio la cuna de la democracia.

Por su parte, Isidro Prieto, trabajador despedido tras anunciar que iba a encabezar la candidatura de CC.OO. en elecciones sindicales, ha declarado que se consideran “represaliados” por haber hecho uso de un derecho amparado por la Constitución.

Ha manifestado además que su intención es seguir defendiendo los derechos de la plantilla contratada a través de la empresa CBM para TG7.

Además ha denunciado que, en la televisión municipal, existen varias personas contratadas que no tienen ninguna responsabilidad ni siquiera aparecen por el puesto de trabajo, algo que “se debería de investigar”.

Las cinco personas despedidas hasta la fecha ven “bastante probable” que se efectúen dos despidos más, que completarían con la lista de los siete que anunciaba TG7.

Han advertido además de que estos despidos han sido una “decisión personal” de la coordinadora del Servicio Municipal de Radio Televisión de Granada, persona de confianza del concejal Juan Antonio Fuentes.

Por su parte, el PSOE ha informado de que su portavoz en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha asistido a una comisión informativa de TG7, convocada por su concejal responsable, Juan Antonio Fuentes, que se ha reunido por segunda vez desde la creación de la televisión pública.

El PSOE ha exigido la convocatoria de la comisión de control de con carácter “bimensual” y ha anunciado que, durante el presente mandato, usará todas las herramientas basadas en la transparencia para que el equipo de Gobierno vele tanto por la calidad de los servicios públicos como por los derechos de sus trabajadores.

Según “Vamos Granada”, Fuentes ha dicho durante la reunión que, para dar respuesta a la Semana Santa y los dos últimos procesos electorales, se produjo una ampliación temporal de la plantilla, que después se ha reducido por motivos económicos.

“Vamos, Granada” se ha preguntado por qué los despidos no se han realizado sobre los trabajadores contratados temporalmente para este seguimiento y se ha referido a la responsabilidad política de este asunto, que afecta a un servicio municipal.

COMITÉ BASE MORÓN ACUSA A EEUU INCUMPLIR LA SENTENCIA SUPREMO SOBRE DESPIDOS

Agencia EFE

El presidente del comité de empresa de la base de Morón, José Armando Rodríguez, ha acusado al Gobierno de Estados Unidos de incumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a pagar indemnizaciones por despido improcedente de 45 días por año a los 66 trabajadores despedidos en 2013.

En declaraciones a Efe, el dirigente sindical ha informado de que por ese motivo no ha habido acuerdo en la reunión que han mantenido los sindicatos y la empresa en el centro de mediación y arbitraje de la delegación de empleo de la Junta.

Ha explicado que la empresa ‘Vinnell-Brown & Root Spain’ (VBR), gestora de los servicios de mantenimiento de la base aérea de Morón de la Frontera en 2013, ha responsabilizado al Gobierno de EEUU de no haber depositado el dinero para pagar las indemnizaciones por despido improcedente a los 66 trabajadores despedidos en 2013.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y posteriormente el Supremo, determinaron no ajustado a derecho los despidos y obligaron a aumentar la indemnización de veinte días a 45 días, por lo que VBR debía pagar esa diferencia a los trabajadores despedidos.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho efectivo dicho pago porque, según argumenta la empresa que gestionaba la base, el gobierno americano es el que tiene que depositar el dinero para hacer frente a dichas indemnizaciones y todavía no lo ha efectuado.

Aunque la empresa asegura que el gobierno americano va a pagar no compromete ninguna fecha, por los que los trabajadores afectados recurrirán a la vía judicial y presentarán demandas individuales para reclamar sus indemnizaciones.

El presidente del comité de empresa ha censurado que Estados Unidos “alardee de las inversiones que va a acometer en la base de Morón, lo cual es propaganda, mientras que no paga las indemnizaciones” a los trabajadores, o bien los podría haber readmitido, ha precisado.

“Ha sido un revés para los trabajadores” porque están a punto de que se les acaben las prestaciones por desempleo, y la mayoría de ellos, con una edad media ronda los cincuenta años, no han encontrado empleo.

LA JUSTICIA ANULA UN APARTADO DEL CONVENIO REGIONAL DEL TRANSPORTE SANITARIO QUE PROPICIÓ DECENAS DE DESPIDOS

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha estimado parcialmente la demanda de CC.OO. y ha anulado el artículo 21.D del III Convenio Colectivo del Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha, donde se regulan las denominadas “bases a tres”, que han facilitado una parte de los más de 150 despidos de trabajadores del sector ejecutados por las actuales empresas adjudicatarias de este servicio público.

CC.OO. valora la sentencia, pero la recurrirá en casación ante el Supremo por entender que los fundamentos jurídicos que han llevado al TSJ CLM a anular las ‘bases a tres’ son también aplicables a los dispositivos de localización regulados en el otro apartado del artículo 21 del convenio, el B, que también había sido impugnado por el sindicato y que también ha facilitado los despidos de numerosos trabajadores.

“En nuestra demanda frente al convenio regional de transporte sanitario firmado por la UGT y las empresas del sector planteamos la ilegalidad de dos puntos del convenio: Por un lado, la introducción en la red de urgencias de los ‘dispositivos de localización’, que permitían a las empresas pasar de vehículos de cuatro trabajadores a dos, con los consiguientes despidos, así como el incumplimiento de los pliegos de condiciones por la incapacidad de activar esos vehículos en menos de 5 minutos.

Y, por otro lado, la legalización mediante la firma de UGT, de vehículos de tres trabajadores en la red de urgencias, en lugar de cuatro como estipulaba el convenio anterior.”

“Para la implantación y regulación de ambas cuestiones, los firmantes del Convenio crearon una ‘Comisión de control, interpretación y seguimiento de las bases de trabajo del Servicio de Urgencias/Emergencias’ a la que atribuyeron competencias normativas que sólo pueden tener las comisiones negociadoras de los convenios colectivos”, explica Alfonso Tercero, de la FSC-CC.OO. CLM.

“Para las partes firmantes del convenio, se trataba de lograr que CC.OO. molestase lo menos posible, e incluso que no interviniera de forma alguna, dado que veníamos mostrando nuestro rechazo a medidas que tenían como resultado la destrucción de puestos de trabajo y la generación de agravios y discriminaciones entre trabajadores que desempeñan las mismas tareas”

Pero CC.OO. también insta a las empresas al cumplimiento de la sentencia del TSJ desde su publicación, al tratarse de una resolución ejecutiva desde su pronunciamiento, al tiempo que hace una vez más un llamamiento a las concesionarias del Transporte Sanitario para restablecer el empleo y las condiciones de los trabajadores sector.

“En segundo lugar, hacemos un llamamiento a la nueva Administración Regional para que tome cartas en el asunto a la mayor brevedad posible, estudiando las diferentes sentencias que se han sucedido, que por un lado vienen declarando la necesaria subrogación por parte de las actuales concesionarias del transporte urgente de los trabajadores que provenían de la anterior adjudicataria, la empresa Transaltozano SL; y por otro lado han sancionado la vulneración de derechos fundamentales por parte de empresas como Ambuibérica, que incluso ha sido condenada a indemnizar a CC.OO. por conducta antisindical”.

“Ambas actuaciones han sido consentidas por el anterior gobierno regional del Partido Popular y suponen que a día de hoy más de 100 trabajadores despedidos por las empresas beneficiadas por las adjudicaciones del Gobierno Cospedal se encuentren injustamente en el paro, y sin ingresos por llevar en desempleo más de dos años y medio; entre ellos delegados sindicales de CC.OO. que fueron objeto de represalias por parte de empresas como Ambuibérica y Ambulancias Conquenses”.

LA ALCALDESA DE JEREZ Y LOS ABOGADOS DEL ERE ABORDAN YA LA REINCORPORACIÓN

La alcaldesa, Mamen Sánchez, tiene previsto reunirse con los abogados que defienden a los extrabajadores del Ayuntamiento afectados por el ERE promovido en 2012. Se trata de un primer acercamiento que tiene como principal objetivo analizar el escenario jurídico al que se enfrentan y saber cuántos extrabajadores tienen intención real de regresar al Consistorio.

Por regla general, los afectados menores de 59 años están recibiendo sentencias favorables en sus demandas individuales que consideran sus despidos improcedentes. Ante estas sentencias la empresa tiene dos opciones: ofrecer la reincorporación o elevar la indemnización de 20 a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento ha recurrido ya buena parte de esas sentencias individuales ante el TSJA, y es ahí donde se plantean las primeras dudas, toda vez que algunos juristas advierten de que una vez que la empresa opta por indemnizar a los trabajadores no cabe ya la readmisión.

Algunos afectados admiten que “no será fácil” encontrar una solución jurídica que permita al Consistorio dar marcha atrás en su decisión inicial, pero tienen el convencimiento de que es posible.

El Gobierno local también quiere saber cuántos afectados por el ERE con sentencias de despidos improcedentes tienen realmente intención de recuperar sus empleos. Se estima que del total de 260 afectados, apenas se encontrarían en esta tesitura “entre 70 y 80”.

Se descartan aquellos que en el momento de ser despedidos habían cumplido ya los 59 años de edad, cuyos despidos han sido declarados procedentes. Además, otros afectados tienen ya otras ocupaciones laborales y no parecen haber mostrado intención de regresar.

Las partes también deben aclarar cuáles serían las condiciones de la reincorporación. En principio, los afectados deberían devolver las indemnizaciones percibidas, así como los subsidios de desempleo; pero recuperarían los salarios que han dejado de percibir desde que fueron despedidos.

BASTA YA DE DESPIDOS EN TRASCOM: CGT DEMANDA POR UN ERE ENCUBIERTO

CGT-Telemarketing

Después de meses y meses de goteo de despidos disciplinarios reconocidos como improcedentes, Transcom ha llegado al colmo de su desvergüenza en el último trimestre de 2015 procediendo a una descarada reestructuración de sus centros de Pozuelo y San Fernando, despidos por absentismo incluidos, y ha realizado nada menos que 36 despidos objetivos individuales de una sentada en su centro de Isla Sicilia para llevar a cabo un fraudulento proceso de sucesión de empresas en connivencia con Atento y su cliente BBVA.

Ante esta situación, CGT Transcom ha dicho basta ya y ha puesto en marcha una demanda por despido colectivo encubierto a nivel de todo el Estado español (Madrid, León, Sevilla y Barcelona) para beneficiar a la mayor cantidad posible de trabajador@s despedidos en busca de sus despidos nulos y la readmisión de cuant@s trabajador@s afectad@s quieran volver a Transcom.

Asimismo, CGT pretende demostrar que si está dispuesta a luchar contra los ERE legalmente planteados, tanto o más lo está para combatir estas prácticas fraudulentas.

De esta forma, la próxima vez Transcom deberá pensárselo dos veces antes de volver a reestructurar su plantilla o negar el derecho de subrogación a trabajador@s que pasen a otra compañía sin antes llevar a cabo el procedimiento establecido en el Art. 51 o el 44 respectivamente del Estatuto de los Trabajadores.

CONCENTRACIÓN EL 9 DE JULIO EN LOS JUZGADOS DE TARRAGONA EN SOLIDARIDAD CON LOS IMPUTADOS E IMPUTADAS DEL CASO EXPERT

Vilanova y la Geltrú-El Vendrell, 26 de mayo de 2015

El juicio del Caso Expert está previsto para el jueves 9 de julio a las 10 horas en el juzgado nº2 de Tarragona, en la Calle San Antonio María Claret nº 24 de Tarragona. Ese día realizaremos una concentración a partir de las 09:30 horas ante los juzgados y es necesaria la máxima asistencia posible a la misma, con el fin de presionar a las instancias judiciales y mostrar nuestra solidaridad con los encausados y encausadas.

COMUNICADO DE CGT ALT PENEDÈS-GARRAF Y DE CGT BAIX PENEDÈS:

SOLIDARIDAD CON LOS IMPUTADOS Y IMPUTADAS DEL CASO EXPERT

A todos los entes orgánicos de la Condeferació General del Trabajo,

Compañeros, compañeras,

El 9 de julio está prevista la vista oral en el Juzgado Penal número 2 de Tarragona para las imputaciones derivadas de las agresiones policiales que se dieron durante el conflicto laboral que fue hace 11 años a raíz del cierre de la empresa Expert Polymere, en el municipio de L’Arboç (Baix Penedès).

Cuatro antiguos trabajadores de la empresa y dos compañeros de la CGT deberán afrontar la posibilidad de ser sentenciados a penas de prisión de entre tres años y dos meses y cuatro años y seis meses, así como también al pago de importantes multas económicas, por el simple hecho de haber luchado para defender los puestos de trabajo, y como revancha por haber denunciado las agresiones que sufrieron a manos de la Guardia Civil.

Los compañeros son en Pedro Duque, secretario general de la Federación Comarcal del Baix Penedès, y Juan Antonio Soler, ex secretario general de la Federación Intercomarcal del Alt Penedès Garraf, ambos actualmente jubilados.

Desde nuestras federaciones llamamos a la solidaridad y al apoyo mutuo al conjunto de la organización, para lograr la absolución de los compañeros y de todas las personas imputadas en este vergonzoso caso. Sabemos que el Estado está rearmando su capacidad punitiva contra todos aquellos y aquellas que luchan en defensa de los derechos laborales y sociales, y este es un buen ejemplo, ya que el expediente debería haber sido archivado ya hace mucho tiempo.

Nos quieren atemorizados y silenciados, pero no lo conseguirán. Os pedimos que hacemos efectivo una vez más aquel principio que nos define como organización anarconsindicalista que somos: Si nos tocan a una nos tocan a todos.

BASTA REPRESIÓN!

ABSOLUCIÓN PARA LOS IMPUTADOS Y IMPUTADAS DEL CASO EXPERTO!

Nº CUENTA SOLIDARIO: IBAN: ES77 2013 3059 41 0210121861

SINDICATOS DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA INCUMPLE DE NUEVO LA CARTA SOCIAL EUROPEA

Alegaciones al Comité Europeo de Derechos

El informe denuncia los recortes en materia de atención sanitaria para menores extranjeros, protección social de las empleadas de hogar, limitaciones en el acceso a la vivienda, educación.

CC.OO. y UGT han señalado que, tal como se reflejó en el informe del Comisario para los derechos Humanos del Consejo de Europea tras su visita a España del 3 al 7 de junio de 2013, se haya denegado la asistencia sanitaria a menores, situación que no ha cambiado

La Carta Social Europea (CSE) suscrita en 1961 por los Estados miembros del Consejo de Europa es uno de los principales instrumentos jurídicos internacionales que garantiza en el continente europeo el respeto de los derechos humanos. Ratificada por España (aunque todavía no la ampliación revisada), por tanto de obligado acatamiento en nuestro país, la Carta Social Europea contiene una serie de derechos en el ámbito laboral, de protección de la salud, de protección a la familia, a la infancia, a los migrantes o a las personas mayores entre otros.

A través del sistema de Informes de los gobiernos nacionales el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ejerce uno de los mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de la CSE por parte de los países que tienen suscrito este tratado internacional.

A dichos Informes los actores sociales legitimados pueden presentar alegaciones para que también puedan ser tenidas en cuenta por parte del CEDS.

Y eso fue lo que hicimos UGT y CC.OO. el año pasado al Informe nº 26 del Gobierno que versaba sobre materias de carácter laboral.

El CEDS emitió sus Conclusiones XX-3 de 2014 en que constataba 7 incumplimientos de las obligaciones de España en relación con la CSE, entre otras, el contrato de emprendedores y el derecho de libertad sindical al  no haber establecido un procedimiento de consulta con las organizaciones sindicales antes de aprobar la reforma laboral de 2012.

Resulta también reseñable el efecto que la reforma ha podido producir respecto del artículo 19.2 que prevé en el caso de emigración al exterior la obligación de proporcionar la atención médica necesaria

En esta ocasión, UGT y CC.OO., presentan de nuevo alegaciones al Informe nº 27 del gobierno de España, llamando la atención sobre distintos incumplimientos que la legislación española viene cometiendo desde la entrada en vigor de los últimos recortes impuestos por el Gobierno de la nación.

Entre todos ellos destacan algunos de los efectos derivados de los recortes que el Real Decreto Ley 16/2012 ha producido en materia sanitaria tanto para trabajadores extranjeros como para algunos nacionales que se han visto sometidos por ello a situaciones de grave inseguridad jurídica.

Entre todos ellos destacan algunos casos tan graves como la vulneración del artículo 7.10 de la Carta Social Europea que alerta contra la ausencia y/o insuficiente protección para menores víctimas de trata de seres humanos y para hijos/as de víctimas de trata.

En estos casos se ha constatado que el “Plan integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual” de España tenía una vigencia de tres años 2009-2012 se ha limitado a proveer de recursos con alojamiento y otros servicios, o bien solo de carácter ambulatorio, para mujeres, mujeres con hijos o hijas y menores víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Sin embargo, ni siquiera, en el caso de menores víctimas de trata con fines de explotación sexual, la protección es suficiente, ya los recursos disponibles en 2012 se limitaron a apenas 250 plazas en todo el Estado.

Además para estos casos, la citada reforma sanitaria incluye exclusivamente la atención las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente; pero no incluye, ni la prestación farmacéutica, ni la ortoprotésica.

De igual modo, CC.OO. y UGT han señalado que, tal como se reflejó en el informe del Comisario para los derechos Humanos del Consejo de Europea tras su visita a España del 3 al 7 de junio de 2013, se haya denegado la asistencia sanitaria a menores, situación que no ha cambiado, puesto que siguen produciéndose situaciones de negativa de atención o de pretensión de cobrar por la atención prestada en urgencias o en otros servicios sanitarios.

Por último, resulta también reseñable el efecto que la reforma ha podido producir respecto del artículo 19.2 que prevé en el caso de emigración al exterior la obligación de proporcionar la atención médica necesaria.

En este caso, las organizaciones sindicales han señalado la situación de grave inseguridad jurídica a la que quedan sometidos los beneficiarios que continúan residiendo en España mientras que el trabajador titular del derecho emigra al extranjero durante más de 90 días y por ello pierde dicha condición de titular del derecho.

Del mismo modo, el informe de las organizaciones sindicales hace un pormenorizado repaso de otros varios incumplimientos: protección social de las empleadas de hogar, limitaciones en el acceso al derecho a vivienda, educación, etc.

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