Boletín de Luchas Obreras (3 de Diciembre de 2015)

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ÍNDICE:

  • TRAGSA ANALIZARÁ EL CONTENIDO Y SE REUNIRÁ CON LOS SINDICATOS TRAS EL FALLO DE LA SENTENCIA DEL ERE
  • EL JUZGADO TUMBA LA PRETENSIÓN DE CSIF DE ANULAR LA RESOLUCIÓN DE GENERALITAT QUE DENEGABA LA REVOCACIÓN DE LAS 5 DELEGADAS Y SUPLENTES DE CGT EN MARKTEL TELESERVICIOS
  • PERO, DEVUÉLVENOS LA PAGA! (Y LAS CONDICIONES LABORALES Y LOS RATIOS Y BECAS Y EL APOYO PERSONAL Y TÉCNICO …)
  • 8 MESES Y 1 DÍA #ENCIERRO061MALAGA: LA SOLUCIÓN AL CONFLICTO PUEDE ESTAR CERCA
  • UGT SE UNE A MOVILIZACIONES CONTRA EL ERE DE LAFARGEHOLCIM PARA 118 EMPLEADOS
  • CCOO PIDE A ARCELOR QUE NO IMPONGA HORAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA APLICACIÓN DEL ERE
  • EL GOBIERNO LOCAL DE JEREZ REAFIRMA SU INTENCIÓN DE REINCORPORAR A BUENA PARTE DE AFECTADOS POR EL ERE MUNICIPAL.
  • APOLLO OFRECE INDEMNIZACIONES DE 25 DÍAS POR AÑO EN EL NUEVO ERE DE EVO BANCO
  • LOS SINDICATOS PIDEN LA REAPERTURA «URGENTE» DE RTVV CON EN TORNO A 800 EXEMPLEADOS
  • LOS MINEROS IRRUMPEN EN LA CAPITAL EN PROTESTA POR LA INACTIVIDAD DE LA VASCO
  • TRABAJADORES DE AERNNOVA EN ALAVA ACUSAN AL GOBIERNO VASCO DE «LAVARSE LAS MANOS» ANTE LAS DUDAS SOBRE SU FUTURO
  • EL JUZGADO DE LO MERCANTIL ANULA TRES DESPIDOS DE MODULTEC
  • EL JUEZ RECONOCE LA IMPROCEDENCIA DE LOS DESPIDOS DE BOSAL Y ESTABLECE LAS INDEMNIZACIONES MÁXIMAS PERMITIDAS
  • MANTEQUERÍAS ARIAS MANTENDRÁ A UN TERCIO DE LOS EMPLEADOS EN SU FÁBRICA EN RONDA
  • CSIF CONVOCA DOS JORNADAS DE HUELGA EN TRAGSA PARA DICIEMBRE Y PIDE QUE NO SE PRODUZCA NINGÚN DESPIDO FORZOSO
  • OSASUNA PRESCINDE DE LOS SERVICIOS DEL READAPTADOR FÍSICO DANDO CONTINUIDAD A SU POLÍTICA DE RECORTES

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TRAGSA ANALIZARÁ EL CONTENIDO Y SE REUNIRÁ CON LOS SINDICATOS TRAS EL FALLO DE LA SENTENCIA DEL ERE

Madrid (Europa Press)

La empresa pública Tragsa está valorando la sentencia notificada por el Tribunal Supremo, que acordó por unanimidad el pasado 14 de octubre declarar ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tragsa-Tragsatec, el mayor ajuste de plantilla en una empresa pública española, al afectar a 1.639 trabajadores.

La compañía ha explicado en un comunicado que el Supremo la legitima, en cuanto a la validez del procedimiento de despido colectivo, al entender que «no hay motivos de nulidad» y que concurren en este procedimiento las causas económicas, productivas y organizativas que la ley establece para llevarlo a efecto, habiendo sido negociado de buena fe.

Tragsa, que está analizando el contenido, comunicará en primer término a los representantes de los trabajadores cualquier actuación en relación a este fallo, convocándoles a una reunión con esta finalidad.

De esta forma, el pleno de la sala cuarta ha acordado «por unanimidad», aunque con votos particulares concurrentes, estimar el recurso de casación de las empresas, después de que la Audiencia Nacional decidiera en abril del año pasado anularlo, según la sentencia hecha pública.

De esta forma, el Supremo revoca la sentencia dictada por la sala de lo Social de la Audiencia Nacional y desestima las demandas interpuestas por MCA-UGT, Fecoma-CC.OO., la CGT y CSI-F, así como por diversos comités de empresa de Tragsa (intercentros, autonómico de Castilla y León, provinciales de León, Valladolid, Burgos, Palencia, Soria y Avila).

El fallo señala que la sentencia recurrida entiende que los criterios eran «totalmente imprecisos», en términos tales que «por fuerza han de llevar a la nulidad del despido por el que se acciona».

La sala, tras analizar la regulación del despido colectivo en una sociedad anónima de titularidad pública, concluye que «no concurren» en el presente supuesto los requisitos para apreciar que haya existido grupo irregular de empresas y que no tiene en el caso responsabilidad solidaria la filial Tragsatec.

El Supremo ha señalado que ante la inspección de trabajo y en el acuerdo finalmente no ratificado, la representación laboral estimó suficiente la documentación aportada, por lo que no es necesario aportar justificación adicional de la causa organizativa cuando se reduce el número de afectados.

Además, considera que son suficientes los criterios de selección, no cuestionados durante la negociación, si están referidos a un cuadro geográfico y funcional de amortización de puestos de trabajo y en ellos se respetaron además los criterios constitucionales de mérito y capacidad y, que no es discriminatorio que el despido afecte solo a personal fijo y no a los contratados temporales.

Para justificar el ajuste de la plantilla, Tragsa había alegado en el mes de octubre cuando presentó el ERE una drástica caída de los ingresos que le llevarán a incurrir en unas pérdidas de 17 millones de euros al final de este ejercicio, y argumentó que el coste de personal, principal partida de gasto, no se ha reducido acorde a la fuerte caída productiva y al descenso de la cifra de negocio.

En el momento de iniciarse el procedimiento de despido colectivo la plantilla de Tragsa estaba formada por 6.773 trabajadores, de los cuales 4.430 eran indefinidos y 2.343 temporales.

El Grupo Tragsa, que forma parte del holding de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene presencia e implantación en toda la geografía nacional, dispone de medios humanos cualificados, maquinaria pesada, auxiliar, elementos de transporte, vehículos de obra, y tecnología propia para realizar todo tipo de trabajos en materia de desarrollo del medio rural y conservación de la naturaleza.

EL JUZGADO TUMBA LA PRETENSIÓN DE CSIF DE ANULAR LA RESOLUCIÓN DE GENERALITAT QUE DENEGABA LA REVOCACIÓN DE LAS CINCO DELEGADAS Y SUPLENTES DE CGT EN MARKTEL TELESERVICIOS

Gabinete De Prensa CGT-PV

El Juzgado de Lo Social nº16 de Valencia ha dictaminado, en sentencia firme, que confirma la resolución de 6 de agosto de 2015 dictada por la Oficina Pública de Depósito de Estatutos y Actas de elecciones en la que no daba por válida la revocación de los integrantes de CGT en el Comité de empresa de Marktel Teleservicios.

De esta manera, el juez absuelve a Generalitat Valenciana y a la Confederación General del Trabajo “de las pretensiones deducidas en su contra” por CSI-F y los tres promotores de la asamblea que pretendía revocar a las delegadas de la CGT, sindicato con mayoría absoluta en el Comité al contar con cinco delegadas de un total de nueve representantes.

Pese a que la Autoridad Laboral no aceptó la revocación en su día, la empresa decidió negar la condición de representantes sindicales a las delegadas de CGT “argumentando”, tal y como informa la Sección Sindical de CGT en Marktel Teleservicios, “que la resolución había sido demandada por los promotores y CSI-F. Un hecho que retrata muy bien el interés de la empresa”.

Este juicio se enmarca en el conflicto entre la dirección de Grupo Marktel en Valencia, compañía de contact center caracterizada por su escaso respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores, y el sindicato CGT. Organización sindical ésta que consiguió la anulación de un convenio de empresa cuyas condiciones sociolaborales eran inferiores a las contempladas en el convenio sectorial.

En este sentido, cabe destacar que está en trámite en el Juzgado de lo Social un procedimiento de conflicto colectivo a instancia de CGT contra la empresa, CSIF y UGT con el objetivo de que se aplique el Convenio colectivo del sector de Contact Center en lugar del de empresa que continúan imponiendo pese a no estar legalizado.

Asimismo, la CGT ha interpuesto una demanda en materia de tutela de derechos fundamentales contra Marktel Teleservicios SL y Marktel Servicios de Marketing Telefónico SA.

Por último, también está pendiente de resolución en los tribunales el despido, a todas luces nulo de derecho, de la delegada sindical Pepa Vañó.

PERO, DEVUÉLVENOS LA PAGA! (Y LAS CONDICIONES LABORALES Y LOS RATIOS Y BECAS Y EL APOYO PERSONAL Y TÉCNICO …)

Comunicado CGT Enseñanza

El 11 de septiembre de este año, el Gobierno publicaba el Real Decreto 10/2015 en el que se reconocía (con claras intenciones electoralistas) el atraco de su administración a los y las trabajadoras del sector público:

«Los Empleados Públicos han contribuido con un esfuerzo notable y directo a la recuperación económica y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materia de consolidación fiscal.»

De este primer párrafo declarativo a la concreción en el articulado, hay una gran distancia. En el artículo 1.1. escriben: «Las distintas Administraciones públicas, abonarán dentro del Ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribuciones de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibirán como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, … »

Cuando decimos que hay una gran distancia es porque no se contempla ni la recuperación del poder adquisitivo perdido en años de congelación, ni siquiera la de la paga adicional de 2012, ni los puestos de trabajo eliminados, ni las condiciones de trabajo (en el caso de la docencia: ratios, sustituciones, jornadas …).

La administración del Estado ya pagó este 26,23% de la paga adicional de diciembre de 2012, en octubre.

El Gobierno de la Generalidad (provisional o anterior a la provisionalidad) no se ha planteado la necesidad de compensar a los trabajadores del sector público catalán? Si las medidas de austeridad impuestas por la UE y el Gobierno estatal fueron aplicadas (como se nos intenta hacer creer) a regañadientes, no sería ahora y en estas circunstancias un buen momento para demostrarlo y modificarlas?

Mucho nos tememos que, nuevamente, se amparen en una normativa estatal para hacerlo tarde y con tacañería (como ya tachar la primera parte del largo episodio de la recuperación de la paga adicional de diciembre de 2012 y que parece que se convertirá en una estirpe de las malas).

Por qué opinamos esto?

Porque el artículo 1.3. del mencionado decreto plantea: «Cada Administración pública abonará, las cantidades previstas en este artículo Dentro del Ejercicio 2015, si así lo Acuerda y si sume situación económico financiera el hiciera posible. De no permitirlo sume situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer Ejercicio Presupuestario en que dicha situación el permitía. »

Desde CGT Enseñanza exigimos la recuperación entera de la paga adicional del 2012 este año!

Desde CGT Enseñanza exigimos la recuperación y mejora de las condiciones laborales de los y las docentes!

Desde CGT Enseñanza exigimos la recuperación y la mejora de la situación general de la enseñanza pública (becas, ratios, apoyo personal y técnico …)!

8 MESES Y 1 DÍA #ENCIERRO061MALAGA: LA SOLUCIÓN AL CONFLICTO PUEDE ESTAR CERCA

FATYC de CGT-A

Se cumplen 8 meses y 1 día desde el inicio de #encierro061malaga y la Consejería de Salud parece querer poner fin al conflicto ante el deplorable comportamiento de los directivos de su empresa pública EPES061.

A las 10,30 de la mañana estamos convocados en el Hotel Maestranza (Malagueta) para hablar de la conflictividad laboral e incumplimientos de los derechos básicos de los trabajadores/as por parte de Ilunion (grupo ONCE) empresa adjudicataria del servicio de gestión telefónica de emergencias 061.

Las materias objeto de negociación serán aquellas sobre las que el 26 de marzo pasado motivaron el conflicto por el hartazgo de la plantilla a la explotación laboral a la que se les somete por esta empresa privada, de la mano de los directivos de EPES, excluyendo los despidos, dado que no podíamos aceptar convertir la represión en moneda de cambio ni a las despedidas como rehenes.

Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en las conversaciones mantenidas para intentar avanzar en la solución del conflicto, se dan por SO-LU-CI-O.NA-DOS los despidos y se nos insta a afrontar una negociación con, únicamente, los incumplimientos laborales básicos de la empresa contratista que dieron pie a estos 8 meses de lucha y a múltiples sanciones de la Inspección de Trabajo.

Desde la asamblea permanente de trabajadores/as y desde CGT acudimos a la cita con nuestro mejor ánimo de entendimiento para poder alcanzar acuerdos que posibiliten el cumplimiento de la legalidad vigente y hagan más digna la profesión de gestores telefónicos en el 061.

Puntualmente se informará del desarrollo de la reunión en el hotel Maestranza, en la que confiamos podamos avanzar en la solución de un conflicto que nunca debió comenzar si Ilunion y EPES hubiesen dejado la soberbia y la prepotencia a un lado, respetando los mínimos derechos de la plantilla de gestores telefónicos.

Plantilla que estará presente en la puerta del hotel para conocer de cerca el desarrollo de la negociación y poder decidir en asamblea ante la posible toma de decisiones.

UGT SE UNE A MOVILIZACIONES CONTRA EL ERE DE LAFARGEHOLCIM PARA 118 EMPLEADOS

Madrid (EFECOM)

MCA-UGT se concentrará a las puertas de las oficinas de Lafarge en Madrid y no descarta convocar una huelga indefinida para protestar contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que el grupo LafargeHolcim ha presentado para 118 trabajadores un año después de la fusión de ambas cementeras.

El sindicato considera injustificado este ajuste de plantilla, tanto desde el punto de vista económico como organizativo y subraya que las plantillas de ambas compañías se han visto afectadas por distintos expedientes colectivos que durante la crisis han afectado a unos 2.000 empleados.

El pasado 29 de octubre, el grupo cementero LafargeHolcim presentó a los sindicatos un ajuste de plantilla en España que afectará a 118 trabajadores.

El mayor ajuste está previsto para Lagarge Hormigones y Áridos con 49 empleados afectados. En Holcim España el expediente afecta a 33 personas y en Lagarge Cementos a 17.

Además, se ha presentado un cuarto expediente en Cementos La Parrilla (Valladolid), procedente del grupo Lafarge en el que se proponen 12 trabajadores despedidos de los 19 que conforman la plantilla.

El expediente afecta fundamentalmente al personal de oficinas del grupo, que actualmente cuenta con unos 1.000 empleados en España. El ERE, que se ha presentado por razones económicas, organizativas y productivas, también se extenderá a las plantas de ambas compañías.

Por ello, el sindicato ha apoyado la iniciativa de los trabajadores presentes en la mesa de negociación de la compañía a manifestarse a las puertas de las oficinas de Lafarge en Madrid y a la posible huelga.

A finales de octubre, LafargeHolcim avanzó su intención de hacer un ERE que entonces cuantificó en torno al 15 % de la plantilla en España aunque no tenía un dato cerrado de trabajadores afectados.

En España, Lafarge tiene sus oficinas centrales en Madrid; tres fábricas de cemento (Montcada i Reixac, Sagunto y Villaluenga de la Sagra), una estación de molienda de cemento (La Parrilla); y ocho puntos de distribución de cemento.

CC OO PIDE A ARCELOR QUE NO IMPONGA HORAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA APLICACIÓN DEL ERE

Gijón

Los sindicatos negocian una subida salarial del 1,5% para 2016, del 2% para 2017 y del 2,5% para 2018, así como la retirada del sueldo variable

CC.OO. pidió a Arcelor que prohíba la realización de horas extraordinarias durante el periodo de aplicación del Expediente de Regulación de Empleo, al considerar que se trata de una práctica ilegal.

Tras la reunión de la comisión de seguimiento del ERE, el sindicato denunció que la regulación se esté aplicando en casos donde las instalaciones no están paradas ni se ha acreditado el descenso de actividad, causas que son «inexcusables» para su aplicación. CC OO denunció también el caso de la sección de mantenimiento en donde, por un lado, se aplica el ERE y, por el otro, motivado por esta razón, se incrementan las horas extraordinarias llegando a pedir en algunos casos que los empleados trabajen jornadas de 12 horas, para recuperar labores atrasadas de la jornada normal.

Por otro lado, empresa y sindicatos celebraron una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio marco y la compañía advirtió a los representes de los trabajadores de que si no hay acuerdos antes del 31 de diciembre seguirá en vigor en su totalidad el actual acuerdo marco.

Tras la reunión, los representantes de los sindicatos dieron a conocer su plataforma, que contempla, entre otras cosas, la solicitud de una subida salarial del 1,5% para el próximo año, del 2% para 2017 y del 2,5% para 2018, así como la retirada del sueldo variable y la bolsa de horas extras.

Estos dos asuntos ya fueron rechazados por la empresa y se presentan como los más complicados a la hora de la negociación. En el caso de la variabilización, sin embargo, la empresa mostró su disposición a cambiar los términos actuales, pero los sindicatos calificaron la respuesta empresarial de «inasumible».

La empresa está dispuesta a aceptar la propuesta de contrato relevo para los trabajadores nacidos en los años 1956, 1957, 1958 y 1959, pero mantiene la aplicación de la bolsa de horas en los términos establecidos en Asturias tras el laudo arbitral.

Por otro lado, se ha reunido la Mesa del acero en el Ministerio de Industria a la que asistió el director general de Industria del Principado, Luis Ángel Colunga. Tras el encuentro, pidió que la UE acelere las medidas ‘antidumping’ contra la importación de acero chino.

EL GOBIERNO LOCAL DE JEREZ REAFIRMA SU INTENCIÓN DE REINCORPORAR A BUENA PARTE DE AFECTADOS POR EL ERE MUNICIPAL.

Hay un compromiso de readmisión a falta de concretar el encaje en el presupuesto

Afectados por el ERE, durante la sesión plenaria

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El pleno municipal reafirmó el compromiso de readmisión  a buena parte de los afectados por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo)  aplicado en el Ayuntamiento en 2012. Ahora bien, el cumplimiento está condicionado a que el Ayuntamiento no encuentre problemas legales en esa decisión y lo que es, más importante, pueda encajar el incremento del gasto en materia de personal en los presupuestos anuales. Eso sí, la alcaldesa, Mamen Sánchez, insistió en que hay precedentes, ya que se hizo algo similar en el Ayuntamiento de Ayamonte, y reafirmó el compromiso político de que los afectados vuelvan a la nómina municipal.

La propuesta, en síntesis, establece que los despedidos se incorporarán antes del 30 de junio y que los salarios de tramitación (las cuantías no percibidas mientras han estado fuera de la nómina municipal) los irán percibiendo de forma prorrogada entre 2017 y 2025. Para ello, el Consistorio tendrá que ir suscribiendo acuerdos transaccionales con cada uno de los afectados para que se ponga fin a los recursos judiciales  que están en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Sin embargo, el gobierno local no dio pistas sobre el encaje presupuestario de este incremento pues está claro que habrá que modificar sustancialmente el plan de ajuste vigente, el documento que establece límites a las partidas de gastos. Al respecto, la alcaldesa, Mamen Sánchez, se limitó a señalar: “Tenemos que hacer un plan de ajuste, con todos los informes técnicos y económicos; y todo se incorporará en el presupuesto del año próximo; es una segunda fase del proceso”.

Eso sí, antes de iniciarse el debate, hubo una situación, cuanto menos, curiosa. La propuesta a debatir fue elaborada por el ejecutivo local pero fue el PSOE, el partido gobernante, quien presentó una enmienda. El ejecutivo lo justificó alegando que se había decidido incluir nuevos apartados en la propuesta tras haber tenido nuevas reuniones en estos últimos días con el grupo de afectados, entre ellas que se informaría del acuerdo al TSJA.

Ya en el debate, hubo numerosas referencias al contenido de un informe jurídico que data de junio y que detalla los pasos a seguir en el proceso de reincorporación —por cierto, grupos como PP y Ciudadanos advirtieron que no han podido acceder a él hasta hace escasos días—. Sin embargo, el PP incidió en que el informe no es concluyente. “Lo que hace este informe es mirar hacia otro lado y dejar la solución final en manos de la interventora, el tesorero y el delegado de Economía”, indicó el edil popular Javier Durá. Por ello, justificó que su grupo se abstuviera en la hoja de ruta aprobada alegando que faltan los informes económicos que respalden la reincorporación. Además, alertó que en el informe jurídico se señala por “dos veces” que el Ayuntamiento tiene que cumplir con los parámetros de estabilidad presupuestaria.

Mientras, el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, incidió en que la reincorporación debe ser el paso previo y condición sine qua non de las  decisiones económicas posteriores. Al respecto dijo: “Ese presupuesto y ese plan de ajuste debe hacerse desde la premisa de la reincorporación previa”.

También hubo menciones a las consecuencias de que buena parte de los despidos hayan sido declarados improcedentes por parte de los Juzgados de lo Social como es la imposibilidad de que el Ayuntamiento pueda acogerse a planes de empleo promovidos por la Junta. La edil de Recursos Humanos, Laura Álvarez, incidió en que el organismo autonómico no se ha pronunciado a la solicitud realizada por el Consistorio de acogerse a las ayudas de este año ya que existe la duda legal de que pueda adherirse o no.

Esta, junto a una felicitación pública a unos agentes de la Policía Local, fue la única propuesta que llevó el gobierno local a la sesión. El resto de asuntos vino de proposiciones de los grupos que conforman la oposición.

APOLLO OFRECE INDEMNIZACIONES DE 25 DÍAS POR AÑO EN EL NUEVO ERE DE EVO BANCO

La propuesta es inferior a la acordada en el último ajuste, cerrado hace apenas cuatro meses.

Las negociaciones entre la dirección de Evo Banco y los sindicatos para el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de la entidad registran mínimos avances después de que los trabajadores hayan celebrado ya dos concentraciones de protesta. En la última propuesta sobre la mesa, el banco controlado por el fondo estadounidense Apollo ha ofrecido recortar en 20 el número de personas afectadas por el recorte, si bien con unas indemnizaciones inferiores a las del último ajuste y negando la opción de salidas voluntarias.

En concreto, la dirección de Evo Banco ha ofrecido indemnizaciones de 25 días por año trabajado hasta un límite de 14 mensualidades, según señala CCOO en una circular en la que apunta que esta propuesta “es completamente inaceptable”.

El sindicato mayoritario plantea como punto de partida para empezar a negociar “las mismas condiciones alcanzadas en el ERE anterior”, cerrado hace apenas cuatro meses. “No vamos a aceptar de ninguna de las maneras rebajar las indemnizaciones pactadas hace unos meses”, avisa. En el anterior ajuste, se pactaron unas indemnizaciones de 32 días por año y 22 mensualidades.

Otro punto de claro enfrentamiento es el que se refiere a las bajas voluntarias que han solicitado los sindicatos, y que la empresa de momento se niega en redondo a conceder. La tesis de Evo Banco es que “no se pueden producir salidas voluntarias ya que el ajuste afecta a oficinas de cierre y recepción de negocio” y “si la oficina está afectada, la voluntariedad no encaja”.

La dirección sí ha suavizado la cifra de afectados, que serían 150 trabajadores en vez de los 170 planteados inicialmente, enmarcando esta reducción de 20 afectaciones en la movilidad geográfica. Sin embargo no ha aclarado los lugares donde consideran que existe la posibilidad de huecos, ni el sistema utilizado para ofrecer dicha movilidad.

Los trabajadores de Evo Banco vienen de un ERE aprobado hace menos de un año y completado hace apenas cuatro meses, aunque de mucho menor tamaño, para 42 trabajadores, y cerrado finalmente sin necesidad de despidos forzosos.

Lo cierto es que el anuncio del ERE no ha pillado por sorpresa a los empleados de Evo Banco. El fondo estadounidense Apollo adquirió la entidad en septiembre de 2013 por unos 60 millones de euros. Desde entonces, Evo Banco, que aglutinaba el negocio fuera de Galicia, León y Asturias de la rescatada Novagalicia, no ha levantado cabeza con unas pérdidas de 3,6 millones en 2013; 78 millones, en 2014; y 6 millones, en la primera mitad de 2015.

LOS SINDICATOS PIDEN LA REAPERTURA «URGENTE» DE RTVV CON EN TORNO A 800 EXEMPLEADOS

Valencia

Los representantes de la plantilla creen, ante el segundo aniversario del cierre, que la cifra de los expertos universitarios sirve «para empezar a negociar»

Concentración de los extrabajadores ante el Palau de la Generalitat, en septiembre.

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Los secretarios generales de los sindicatos que forman parte del comité de empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) han reclamado la reapertura «urgente» e «inmediata» del servicio público, para lo que entienden que se debe tener en cuenta a los extrabajadores del ente y a sus «derechos adquiridos».

Respecto a la cifra de 800 empleados que plantea el informe de expertos universitarios encargado por las Corts, el presidente del comité de empresa, Josep Lluís Fitó, de CCOO, entiende que «es una cifra para empezar a negociar», porque «no está muy lejos de lo que el comité de empresa siempre ha valorado». Asimismo, propone que la selección de los trabajadores que finalmente vuelvan a la radio y la televisión pública se haga teniendo en cuenta a los que aprobaron la oposición y atendiendo también a la antigüedad en la empresa.

Así lo han indicado en una rueda de prensa, el mismo día que se cumplen dos años de la aprobación en las Corts Valencianes de la ley para el cierre de RTVV, con 49 votos a favor de diputados del PP. Por este mismo motivo, se han concentrado ante el Palau de la Generalitat. Para el próximo domingo –cuando se cumplirán dos años del ‘apagón’ informativo– han convocado una marcha desde el Centro de Producción y Programas de Burjassot y hasta la plaza Manises de Valencia para reivindicar la vuelta del servicio público.

El secretario general de CCOO PV, Paco Molina, ha resaltado «la necesidad de la recuperación del servicio de RTVV», porque supondría «cohesión, democracia, promoción de la cultura y de nuestra lengua». Ha recordado que es un servicio contemplado en el Estatuto de Autonomía y ha subrayado que los valencianos no tienen por qué estar «castigados».

El dirigente de CCOO ha advertido de que su sindicato «no dará apoyo a una reapertura que olvide los derechos de los extrabajadores y no atienda a los intereses de todo el mundo». Así, Molina ha destacado su «defensa a ultranza» de los exempleados y de sus derechos «legítimos» y ha exigido que se inicien «ya» las negociaciones para la reapertura, que supondría también «un elemento estratégico y vital para el sector audiovisual».

Sobre este tema, desde Intersindical Valenciana, Vicent Mauri, ha cifrado en 6.000 o 7.000 los puestos de trabajos que se podrían recuperar en el sector audiovisual. También ha alertado de que no sólo existe «un problema político», sino también «un problema laboral que se debe resolver al mismo tiempo que se pone en marcha la radiotelevisión».

A su juicio, la Generalitat Valenciana «debería abrir ya un proceso de negociación sobre las condiciones laborales de los trabajadores» y ha señalado que sería tarde que se reabriera el servicio público «en octubre o noviembre de 2016. Por ello, ha exigido la reapertura de manera «urgente».

Por parte de CSI·F, su secretario general autonómico, Daniel Matoses, ha manifestado que la reapertura se debe producir de la forma «más inmediata posible y con todas las garantías legales». En cualquier caso, ha dicho que no quieren la reapertura «a cualquier precio», ya que entiende que se deben respetar los derechos de los trabajadores y ofrecer un servicio «de calidad, próximo y en valenciano».

Asimismo, el dirigente de USO, Ismael Montoro, ha exigido al Gobierno valenciano que «cumpla sus compromisos electorales» y ha reclamado «la reapertura y el restablecimiento de las actividades de RTVV con el máximo respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores». Montoro entiende que no se debe hacer «borrón y cuenta nueva», sino dar «continuidad» a lo que ya existía.

Desde UGT PV, Gonzalo Pino, ha dicho a los partidos que sustentan la Generalitat que «gracias al esfuerzo de la gran mayoría de trabajadores, que son la mayoría de la sociedad, ahora están gobernando» y ha indicado que lo que tendría que hacer «inmediatamente» el Gobierno autonómico es «sentarse con los sindicatos para buscar equilibrios y la mayor solución para todos los trabajadores de RTVV».

Pino ha indicado que existen «grandes diferencias» entre lo que contempla el informe de los expertos universitarios y lo que establecen los presupuestos de la Generalitat para 2016″ y ha abogado por intentar «convencer a la sociedad de la necesidad de una televisión en valenciano».

Finalmente, Emilia Moreno, de CGT PV, ha reclamado que «una televisión pública que sea la voz de todos los valencianos» es algo «posible y necesario», y se ha mostrado convencida de que la Audiencia Nacional declarará nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se llevó a cabo en RTVV.

LOS MINEROS IRRUMPEN EN LA CAPITAL EN PROTESTA POR LA INACTIVIDAD DE LA VASCO

Anuncian que acudirán a todos los actos electorales «a molestar a los políticos»

Los mineros se concentraron en la plaza de la Inmaculada de León

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Cerca de un centenar de mineros de las cuencas leonesas se concentraron en el centro de León para reivindicar soluciones urgentes a la situación que atraviesa el sector, agravado con el último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la Hullera Vasco Leonesa, que mandará a casa hasta abril del año que viene a la totalidad de la plantilla, que suma ya un año de inactividad. «La cosa se está poniendo bastante dura, ya que también se prevé el despido de los compañeros de las subcontratas», denunció durante la protesta frente a la Subdelegación del Gobierno en León, el presidente del Comité de Empresa de La Vasco, Miguel Sánchez.

El representante de los trabajadores aseguraba que «esto se arregla en un despacho, firmando el mecanismo de los pagos por capacidad, que obligue a las eléctricas a comprar carbón nacional».

Los mineros anunciaron su intención de acudir al mayor número de actos electorales «a molestar a los políticos, como hacen ellos con el sector» con la intención de «hacer el mayor ruido posible, y hacer oír nuestras protestas».

Respecto a la postura de los partidos en sus programas electorales Sánchez afirmó que «lo que queremos son hechos, nos da igual el color político del Gobierno, lo único que tiene que hacer es solucionarnos el trabajo y que se cumpla lo firmado en el 2013», declaró el representante sindical. «Me da igual que apoyen explícitamente al sector o no, porque ahora mismo todos están a favor del carbón pero nadie hace nada», sentenció.

Por su parte, el responsable estatal de minería de Fitag-UGT, Víctor Fernández, reiteró en la protesta la necesidad de que se produzca un cambio de gobierno en las próximas elecciones generales, y auguró que «en las apenas tres semanas que quedan por delante parece difícil que se convoque la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, tal y como habían venido pidiendo los diferentes sindicatos».

Fernández aseguró que el único partido que contempla la defensa del carbón en su promesa es el PSOE. Por contra cargó contra la «sarta de mentiras» del PP en relación al sector y la falta de soluciones planteadas desde el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Por último, el coordinador provincial de IU, Santiago Ordoñez, manifestó que «las políticas de exterminio del mineral iniciadas por el PSOE en 2010 y rematadas por el PP, dictadas al dedillo por las empresas eléctricas deben terminar y el primer paso es que quienes han incumplido los Planes anteriores paguen por ello y el futuro se asegure diciendo basta a los reglamentos europeos que ponen fin al carbón».

TRABAJADORES DE AERNNOVA EN ALAVA ACUSAN AL GOBIERNO VASCO DE «LAVARSE LAS MANOS» ANTE LAS DUDAS SOBRE SU FUTURO

Planta de Berantevilla

El presidente del Comité de Empresa de la planta de Aernnova en Berantevilla (Álava), Juan Carlos Gómez, ha acusado al Gobierno vasco de «lavarse las manos», y le ha reclamado que pase «de las palabras a los hechos» para contribuir a despejar las dudas sobre el futuro de esta factoría.

Gómez, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria, ha reprochado a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, que en su comparecencia en el Parlamento vasco se haya limitado a decir «palabras huecas» que «no aclaran nada» respecto al futuro de la planta.

La consejera ha explicado que en la factoría de Berantevilla, cuyo futuro sigue sin aclararse pese a la decisión de la dirección de retirar un plan para eliminar 133 puestos de trabajo, existe un problema estructural. Tapia ha afirmado que estas carencias deben ser abordadas, y ha emplazado a empresas y sindicatos a dialogar.

El presidente del Comité de Empresa ha manifestado que los trabajadores siguen sin saber «qué ocurrirá» con sus empleos, por lo que necesitan «una apuesta concreta» por el futuro de la planta. «Necesitamos inversiones, carga de trabajo y futuro para el empleo y la planta», ha explicado.

Gómez ha criticado que la dirección ha cortado «toda comunicación» con los sindicatos tras el anuncio de que retiraba el Expediente de Regulación de Empleo para 133 trabajadores.

SIN «ALTERNATIVAS»

Además, ha afirmado que, pese a la retirada del ERE, la empresa no ha dado a conocer «alternativa» alguna que garantice el futuro de la fábrica, amenazado por la «falta de carga de trabajo».

Por otra parte, ha explicado que el Gobierno vasco podría estar preparando la concesión de «más ayudas» a la empresa. Gómez ha asegurado que el comité no rechaza esta posibilidad, pero ha advertido que las ayudas públicas que se destinen deben servir «para mantener el empleo y el futuro» de las instalaciones de Berantevilla.

El presidente del Comité de Empresa ha lamentado que la consejera haya tratado de «lavarse las manos» en relación al problema de esta fábrica, cuando debería dedicarse a «controlar las ayudas y lo que hacen con ellas las empresas».

EL JUZGADO DE LO MERCANTIL ANULA TRES DESPIDOS DE MODULTEC

Gijón

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ha anulado el despido de tres de las trabajadoras afectadas por el ERE de extinción ejecutado sobre 42 trabajadores de Modultec, de los cuales una veintena emprendió acciones legales.

La jueza dio, 4 meses después, la razón a tres de las mujeres demandantes. Según se puede leer en una de las sentencias, la exempleada se vio «castigada por ejercer sus derechos en el seno de las negociaciones», de tal manera que su despido se considera nulo. La empresa debe ahora reintegrarla a su puesto de trabajo.

Lo que diferencia este fallo de los no favorables a los trabajadores es que a estas tres empleadas se les reconoce el haber intervenido activamente tanto ante el comité de empresa como ante el juzgado donde se tramitaba la extinción colectiva.

Las demandantes no solo firmaron peticiones ante el comité para que intentase que en las negociaciones se reconociese la pertenencia de Modultec al grupo de empresas Imasa, sino que mantuvieron una posición de firme oposición a la adopción de las medidas extintivas ante el juzgado, donde también presentaron un escrito solicitando la intervención del resto de empresas del grupo.

Además, denunciaron la existencia de graves defectos en la tramitación del expediente y la vulneración de los derechos de los trabajadores por parte del comité de empresa que no habría amparado, según ellas, a más que a una parte de la plantilla.

Frente a estas alegaciones, recuerda la juez, la empresa se limitó a mostrar su completo convencimiento de que el trámite del ERE había sido correcto. La sentencia, no obstante, reconoce la no existencia de «unos criterios claros para la elección de los trabajadores» despedidos.

«La lucha por la readmisión del resto de los despedidos continúa, con movilizaciones y con la demanda ante el TSJA», advirtieron los implicados.

EL JUEZ RECONOCE LA IMPROCEDENCIA DE LOS DESPIDOS DE BOSAL Y ESTABLECE LAS INDEMNIZACIONES MÁXIMAS PERMITIDAS

Europa Press – Valencia

Trabajadores de Bosal y representantes de CCOO protestan en la puerta de la empresa.

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CCOO ha aclarado que las indemnizaciones reconocidas se harán efectivas cuando puedan demostrar la responsabilidad solidaria del resto del grupo

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia, encargado del concurso de acreedores de Bosal España, ha reconocido la improcedencia de los despidos en la mercantil y ha establecido las indemnizaciones máximas permitidas según el Estatuto de los Trabajadores para estos supuestos, según ha informado CCOO en un comunicado.

Así mismo, el juez ha dado por probado la existencia de grupo laboral con un funcionamiento unitario que condicionaba las actuaciones de Bosal España y que este grupo, Bosal Nederland, actúa como una única entidad global.

CCOO ha aclarado que las indemnizaciones reconocidas se harán efectivas cuando puedan demostrar la responsabilidad solidaria del resto del grupo: «Para eso habrá que seguir luchando por demostrar la culpabilidad del concurso y la reclamación de estas cantidades al grupo», ha señalado.

Para el sindicato, con esta resolución «se ha reconocido la mala praxis que la dirección de Bosal España y del Grupo Bosal llevaron a cabo con la planta saguntina durante años, despojándola de carga de trabajo hasta hacer inviable el proyecto empresarial».

«Este hecho es el reconocimiento de que la lucha obrera sigue siendo fundamental para poner trabas a las empresas, en especial a las multinacionales que, con ayuda de las reformas laborales sufridas en los últimos años, intentan escapar de su responsabilidad con los trabajadores, solo preocupadas en lograr beneficios a costa de todo».

MANTEQUERÍAS ARIAS MANTENDRÁ A UN TERCIO DE LOS EMPLEADOS EN SU FÁBRICA EN RONDA

Ronda

Instalaciones de la empresa Mantequerías Arias en Ronda. Instalaciones de la empresa Mantequerías Arias en Ronda.

Los trabajadores y la empresa, que preveía dejar solo a 15 de 72, alcanzan un acuerdo ante el cese de varias líneas de producción por la crisis

La fábrica de la empresa Mantequerías Arias en Ronda finalmente seguirá abierta con una plantilla de 27 empleados, en torno a un tercio de los que han trabajado en ella hasta que la firma anunció el cierre de varias líneas de producción ante las pérdidas económicas, la caída de la ventas y, en general, los efectos de la crisis económica.

Según indicó Andrés González, secretario general del Sindicato Agroalimentario de CCOO de Málaga y miembro del comité de trabajadores, y confirmó la compañía, se ha alcanzado un principio de acuerdo por el que continuarán en sus puestos 19 trabajadores, de forma fija, y ocho, de forma fija discontinua. Cabe recordar que Mantequerías Arias tenía previsto dejar en la ciudad del Tajo, con un centro orientado a la elaboración más industrial destinada a la exportación, solo a 15 personas.

A los 27 se suman cinco prejubilaciones, cinco traslados a Burgos y tres recolocaciones de personal «con un perfil muy técnico», expresó González. En la otra cara de la moneda, hay 21 despidos: «Al final han salido 21 que es una tragedia para Ronda y su comarca», lamentó. En el momento en el que Arias anunció su decisión, la fábrica rondeña contaba con 72 empleados, 60 fijos y 12 temporales. Estos últimos acabaron sus contratos, por lo que en el proceso posterior se han manejado 60 personas fijas y una eventual por interinidad, explicó la empresa.

«Es el acuerdo menos malo. Siempre que hay despidos no hay un buen acuerdo. Este acuerdo simplemente sirve para salvar los muebles. Hace siete semanas la empresa nos comunicó el cese de la actividad en una serie de líneas de producción que implicaba la amortización de 45 puestos.

Hemos sido capaces de sortear la reforma laboral y de los 20 días por año que plantea esta ley, hemos logrado en la negociación llegar a los 38 y 40 días por año trabajado, lo que demuestra que la organización de los trabajadores y el movimiento sindical sirve», insistió. Las personas despedidas cobrarán, además, una prima de 1.700 euros.

Condiciones laborales

Respecto a los traslados, las cinco personas que irán a Burgos, las que lo han solicitado, mantendrán sus condiciones laborales, el salario, la antigüedad y complementos laborales. Igualmente, se les ha ofrecido una ayuda de 3.000 euros y otra de 400, en concepto de vivienda, durante dos años que, una vez cumplidos, pasará a ser de 160 como complemento personal.

La firma también se ocupará de pagar diez días de alojamiento para el trabajador y su familia: «De ser necesario más tiempo, la dirección se compromete a pagar el tiempo necesario», subrayó González. Los cinco prejubilados tendrán «un plan de renta mínima de 1.100 euros netos, desde el primer mes, y la cotización a la Seguridad Social del 100% de la base de cotización hasta la fecha pactada con cada uno de los trabajadores afectados», comentó.

La fábrica rondeña, una de las pocas industrias en la Serranía, se dedicaba a la elaboración de queso fresco, que se llevará a Burgos ya que se usaba solo un 25% de la capacidad productiva; queso tipo feta y rulo de cabra, cuyas ventas han caído; y cuajadas, que sí tienen salida.

CSIF CONVOCA DOS JORNADAS DE HUELGA EN TRAGSA PARA DICIEMBRE Y PIDE QUE NO SE PRODUZCA NINGÚN DESPIDO FORZOSO

Madrid (Europa Press)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado dos jornadas de huelga en la empresa pública Tragsa, los días 9 y 17 de diciembre, para intentar evitar ‘in extremis’ que se apliquen los más de 700 despidos que contempla el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según ha informado en un comunicado.

En concreto, a lo largo de los próximos días se celebrarán diferentes asambleas informativas de trabajadores y concentraciones que coincidirán con las jornadas de huelga el 9 de diciembre en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el 17 de diciembre, a tres días vista de las elecciones generales, frente a la sede del Partido Popular.

De esta forma, el sindicato espera que esta formación política medie ante el Gobierno para evitar los despidos, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por la que se considera ajustado a derecho el ERE presentado por el Grupo Tragsa.

CSIF apela al «sentido común» de los responsables de la empresa, dado que la facturación del grupo ha aumentado un 70% respecto a 2012 y se trabaja a los niveles previos a la crisis y reclama que no se produzca ningún despido forzoso ya que se puede alcanzar una solución con medidas de carácter voluntario.

OSASUNA PRESCINDE DE LOS SERVICIOS DEL READAPTADOR FÍSICO DANDO CONTINUIDAD A SU POLÍTICA DE RECORTES

Pamplona

Osasuna continúa aplicando su política de recortes entre el personal del club y le tocó el turno al readaptador físico, Josu Sesma, al que se le comunicó su despido después de varias temporadas en la entidad navarra. La decisión sorprende, al menos por la trayectoria del afectado, ya que Sesma venía trabajando de manera habitual con los últimos entrenadores del club desde el año 2006 (es decir, con José Ángel Ziganda, José Antonio Camacho, José Luis Mendilibar, Javi Gracia, Jan Urban, José Manuel Mateo y Enrique Martín Monreal).

El despido de Sesma es, de momento, el último de un proceso que está acabando con varios de los trabajadores del club fuera de la entidad y que comenzó con la salida forzosa de uno de los responsables del área de comunicación, Guillermo Pérez, responsable de esta función durante los tres últimos lustros y al que despidieron hace poco más de un mes.

A este despido le siguieron otros cuatro más: un administrativo de Tajonar, uno de los jardineros de las instalaciones de entrenamiento, la encargada de la limpieza del estadio de El Sadar y el traductor de euskera del club, que se encargaba de realizar la versión en este idioma en la web y al que días más tarde se le volvió a encargar la misma función, aunque a menor coste, como informó el propio presidente del club, Luis Sabalza. Sin embargo, sobre el resto de despidos y salidas voluntarias de trabajadores del club que se han producido en las últimas fechas ha habido poca o ninguna comunicación por parte de la junta directiva, que continúa con su plan de abaratar costes aligerando la plantilla no deportiva. De hecho, en octubre contrató los servicios de un asesor externo, Fran Canal, para, entre otros asuntos, plantear estos despidos y salidas que ahora se están ejecutando.

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