Boletín de Luchas Obreras (29 de Septiembre de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de los trabajadores en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • EL TS CASTIGA A LA EMPRESA QUE DESPIDE TRAS UNA SUCESIÓN FRAUDULENTA DE CONTRATOS
  • EL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS SUSPENDE LA HUELGA
  • PREPARAN UNA HUELGA EN DOS FÁBRICAS DE CASTILLA-LA MANCHA CON 850 FALSOS AUTÓNOMOS DEL GRUPO CÁRNICO VALL COMPANYS
  • CONFLICTO DE AMAZON: “AQUÍ SE ESTÁ JUZGANDO EL DERECHO A LA HUELGA”
  • TRACE MANTIENE LA HUELGA DE LIMPIEZA EN CEUTA, QUE INICIARÍA ESTA NOCHE
  • LOS SINDICATOS DE RYANAIR DENUNCINA UN “DOBLE RASERO” EN LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL
  • LOS SINDICATOS PIDEN UNA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN VESTAS Y SEIS MESES PARA BUSCAR SOLUCIONES
  • ACUERDO EN GALVACOLOR PARA 78 DESPIDOS Y CREAR UNA BOLSA DE RECOLOCACIÓN
  • INVERTARESA, EN CONCURSO, FUSIONARÁ DOS FILIALES PARA DAR SALIDA A ISOWAT
  • ALDANONDO APLICARÁ UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE SUSPENSIÓN DE UN AÑO PARA 16 TRABAJADORES
  • LA INSPECCIÓN DE TRABAJO OBLIGA A FNAC A CONVERTIR EN INDEFINIDOS LOS CONTRATOS TEMPORALES DE LOS TRABAJADORES
  • LA PLANTILLA DE LA AP-1 ANUNCIA «MEDIDAS LEGALES» SI HAY DESPIDOS
  • EL COMITÉ DE EMPRESA DENUNCIA SEIS NUEVOS DESPIDOS EN KONECTA AVILÉS
  • EL TSJ DE LA RIOJA RATIFICA QUE LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA VULNERÓ DERECHOS FUNDAMENTALES DE DOS TRABAJADORAS DESPEDIDAS
  • CCOO SE PRESENTA A LAS ELECCIONES DE AON MOBILE TRAS GANAR LA BATALLA CONTRA LOS NUEVE DESPIDOS IMPROCEDENTES

======================================================

EL TS CASTIGA A LA EMPRESA QUE DESPIDE TRAS UNA SUCESIÓN FRAUDULENTA DE CONTRATOS

(Sentencia del TS de 20-06-2018)

Pedro del Rosal – cincodias.elpais.com

– La compañía no recupera lo pagado por los ceses temporales

– El despido final, improcedente, se estima desde el inicio de la relación

El Tribunal Supremo incrementa la penalización a las empresas que acudan a la contratación temporal fraudulenta. En este caso, por la vía de encarecer el despido de aquellos trabajadores empleados a través de una sucesión irregular de contratos y que, por tanto, deben ser considerados como indefinidos.

En una reciente sentencia, el alto tribunal determina que las indemnizaciones pagadas por la finalización de cada contrato temporal no se restarán del montante final abonado en concepto de despido improcedente. Solo se descontará la indemnización del último contrato, respecto de la cual sí se considera que existe riesgo de duplicidad o solapamiento.

El litigio analiza la demanda presentada por 4 trabajadores que habían prestado sus servicios a un ayuntamiento a través de sucesivos contratos temporales que se extendieron durante una duración superior a los 10 años. El juzgado de primera instancia consideró demostrado que la necesidad cubierta por los empleados tenía carácter permanente, por lo que declaró que su vínculo laboral era de carácter indefinido. En consecuencia, su despido fue declarado improcedente.

Ante esta consideración, el ayuntamiento recurrió reclamando que las indemnizaciones pagadas tras la extinción de cada uno de los contratos temporales se restaran del total estimado en concepto de despido improcedente (calculado como si el vínculo laboral hubiera sido permanente desde el primer contrato hasta el último).

El Supremo, sin embargo, rechaza esta pretensión argumentando que en este caso no es de aplicación el mecanismo de la compensación de deudas. Según explica, las cantidades fueron abonadas fruto de operaciones ahora calificadas como “contrataciones en fraude de ley y, por ello, no generaron una deuda del trabajador con la empresa. E, inexistente la deuda, obviamente, no procede compensación alguna.

Además, los magistrados consideran que, a pesar de que los contratos temporales son declarados ilícitos (y, por tanto, sus respectivas indemnizaciones quedan sin sustento), la existencia de fraude en la contratación no permite hablar de “enriquecimiento injusto” del empleado.

Excluye el último pago

Este criterio, sin embargo, no se extiende al último de los contratos temporales suscritos entre el consistorio y los trabajadores, cuya indemnización sí debe ser detraída del total de lo calculado para un despido improcedente. Según los magistrados, “ello es así por cuanto esa ruptura final del vínculo entre las partes no tiene como causa la extinción regular de dicho contrato temporal“, sino un cese calificado como improcedente.

En estos casos, explican, el legislador ha previsto “una específica y superior indemnización, en cuyo cómputo resulta integrado el periodo de la prestación de servicios correspondiente al mismo contrato” (es decir, lo que corresponde tras un contrato temporal regular).

En consecuencia, según determina el Supremo, la indemnización que deben recibir los empleados es el resultado de restar a lo que les corresponde por despido improcedente (como si el contrato hubiera sido indefinido) el pago efectuado por la extinción del último vínculo temporal.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/08/27/legal/1535354255_950867.amp.html

Ver Sentencia ->

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8450331&links=%223510%2F2016%22&optimize=20180716

FALLO DE LA SENTENCIA.- Esta Sala ha decidido:

1.- Estimar parcialmente el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por interpuesto por el Ayuntamiento de Sevilla, contra la sentencia de 20-11-2015 del TSJ de Andalucía, en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla de 16-5-2014, recaída en autos seguidos a instancia de D. Bernardino, D. Florencio, D. Maximino y D. Jose Luis, contra el Ayuntamiento de Sevilla, sobre Despido.

2.- Resolver el debate planteado en suplicación, estimando en parte el recurso de tal clase formulado por dicho Ayuntamiento, a fin de que, de las sumas indemnizatorias declaradas, se deduzcan las cantidades abonadas a los actores por la extinción del último de los contratos suscrito por cada uno de ellos con el consistorio demandado.

EL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS SUSPENDE LA HUELGA

David Callejo – Cadena SER – Leganés

Los trabajadores analizan otras posibles presiones porque consideran que el Ayuntamiento no atiende a sus demandas

Los trabajadores de atención telefónica y presencial del consistorio abandonan la huelga, pero analizan nuevas movilizaciones

La treintena de empleados del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Leganés han realizado dos jornadas de huelgas parciales para reclamar una actualización de sus categorías profesionales, ya que aseguran que su labor excede la de “informador” y llegan a firmar certificados digitales, por lo que no tiene cobertura jurídica. Pero lejos de acercar posturas, la mesa general que negocia los convenios colectivos entre sindicatos y gobierno municipal ha ido en la dirección contraria.

Desde el comité de huelga del SAC critican que ahora sus plazas saldrán a promoción interna equiparándolas a las de auxiliar administrativo, una categoría mucho más general. Esto, además, provocará que 12 de los 29 trabajadores no podrían presentarse, a pesar de llevar una década en ese puesto.

Rosa María Cachinero, del comité de huelga, carga contra el gobierno y los sindicatos por no abordar el problema de este departamento y critica que se equiparen sus plazas a las de administrativo a pesar de que “no tienen nada que ver”. Por eso suspenden la huelga, pero analizarán posibles presiones y movilizaciones alternativas.

Desde el Ayuntamiento de Leganés ya señalaron que la reclamada subida de categoría de estos trabajadores se está negociando dentro del convenio colectivo, al igual que mejoras para otros departamentos, al tiempo que calificaron los paros convocados como una “huelga sectorial” no apoyada por los sindicatos.

PREPARAN UNA HUELGA EN DOS FÁBRICAS DE CASTILLA-LA MANCHA CON 850 FALSOS AUTÓNOMOS DEL GRUPO CÁRNICO VALL COMPANYS

El Digital de Castilla la Mancha

CCOO ha advertido que prepara la convocatoria de una huelga en todas las plantas y filiales del grupo cárnico Vall Companys, de las que dos se encuentran en Castilla-La Mancha, si la empresa no procede en las próximas semanas a “regularizar la situación laboral de miles de falsos autónomos” y los integra en sus plantillas.

Así lo ha anunciado el responsable confederal de la Industria Alimentaria de CCOO-Industria, Vicente Canet, tras la reunión mantenida en Lleida con los secretarios generales de esta federación en Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha, las tres comunidades autónomas donde se localizan la mayoría de las 19 plantas del grupo Vall Companys, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

CCOO ha destacado que en Castilla-La Mancha hay “sólo dos plantas, pero de las más grandes”. Estas en concreto son Frivall, en Villar de Olalla (Cuenca), y Frimancha, en Valdepeñas (Ciudad Real).

Entre ambas, suman en torno a 850 falsos autónomos “y apenas 140 trabajadores asalariados”, ha explicado el secretario general de CCOO-Industria en la región, Ángel León.

De las cerca de 700 personas que trabajan en Frimancha, sólo 38 son trabajadores directos de la empresa, mientras que otros 200 pertenecen a Servicarne y el resto a “otras falsas cooperativas y subcontratas instrumentales”. De su lado, Frimancha tiene un centenar de personas en plantilla y otras 200 son falsos cooperativistas de Servicarne, según CCOO.

Desde el sindicato han explicado que tanto en Castilla-La Mancha como en el resto de España la mayoría de los falsos autónomos del grupo Vall Companys están encuadrados en Servicarne, la mayor cooperativa de trabajo asociado de España y que se encuentra “en el punto de mira” de CCOO, que ha pedido al Ministerio de Trabajo que la retire su autorización administrativa para operar, y de la Inspección de Trabajo que, como el sindicato, considera que Servicarne “no es una cooperativa sino un instrumento de las empresas cárnicas para reducir fraudulentamente costes laborales”.

“En consecuencia, la Inspección está ordenando a las empresas cárnicas que contraten como asalariados y den de alta en el régimen general de la Seguridad Social a los trabajadores de Servicarne que trabajan para ellas y que no son cooperativistas sino falsos autónomos.

Las actas de la Inspección conllevan la imposición de sanciones que hasta ahora suman más de 200 millones de euros”, ha detallado CCOO.

Del mismo modo, ha señalado que en la región la Seguridad Social ya ha comenzado a dar de alta a los 200 trabajadores de Servicarne que considera que están contratados de forma irregular por el grupo Vall Company en Frivall.

“Pero Frivall utiliza cerca de otro medio millar de falsos autónomos a través de otras falsas cooperativas o empresas instrumentales. De hecho, tras el inicio de la actuación de la Inspección contra Servicarne, Frivall maniobró para esquivarlo: CCOO ya denunció el pasado mes de abril ante la Inspección de Trabajo de Cuenca que Frivall estaba presionando a los 426 cooperativistas de Servircarne con los que contaba entonces para que firmaran la baja voluntaria en la cooperativa y se incorporaran con un nuevo contrato a otras cooperativas o la subcontrata Sertradec”, ha lamentado CCOO.

En cuanto al matadero de Frimancha, donde la Inspección aún no ha emprendido actuaciones, el sindicato ha apuntado que en él trabajan unas 300 personas, de las que alrededor de 100 son asalariadas de Frimancha y las otras 200 cooperativistas de Servicarne.

CCOO ha exigido a Vall Companys que “acabe con estas situaciones de fraude y explotación laboral e incorpore inmediatamente a la plantilla de las empresas del grupo a los trabajadores que prestan servicio en ellas, pero que lo hacen como falsos autónomos”.

“En caso contrario, CCOO convocará una huelga en todas las empresas cárnicas de este grupo agroalimentario, convocatoria en la que ya están trabajando los servicios jurídicos del sindicato y que se concretará a finales de octubre o primeros de noviembre”, ha manifestado.

CCOO ha considerado que Vall Companys, que es líder en el sector cárnico en España con una facturación superior a los 1.500 millones de euros, es “el grupo que mayor fraude comete con el uso de falsos autónomos, en el que sustenta casi toda su actividad”, señalando que, en 2016, los gastos de personal del grupo ascendieron a 100 millones de euros, mientras que los gastos de subcontratación se situaron en los 239 millones de euros.

“Esta manera de actuar de Vall Companys supone una competencia desleal para el resto de las empresas cárnicas, que han tenido que copiar los métodos fraudulentos del grupo leridano para poder subsistir”, ha alertado.

CONFLICTO DE AMAZON: “AQUÍ SE ESTÁ JUZGANDO EL DERECHO A LA HUELGA”

El Salto

La huelga de Amazon el pasado mes de julio, durante la campaña del Prime Day, acabó con dos detenidos acusados de atentado contra la autoridad. Han declarado en los juzgados de Coslada.

Un centenar de personas en la concentración en los juzgados de Coslada en apoyo a los dos detenidos durante la huelga de julio ->

https://www.elsaltodiario.com/uploads/fotos/r1500/7b885235/Declaracion_Amazon_Lito_Lizana.jpg?v=63705013382

Los dos detenidos durante la huelga de Amazon el día 17 de julio en plena campaña del Prime Day han declarado en los juzgados de Coslada. A partir de las diez de la mañana, un grupo de compañeros ha arropado en las puertas del juzgado a las dos personas en la declaración en diligencias previas tras ser acusados de atentado contra la autoridad.

“No he cometido ningún delito de atentado contra la autoridad”, ha dicho Hugo, sindicalista de CC OO Corredor del Henares, detenido ese día. “La huelga se desarrolló de manera ejemplar con un 80% de seguimiento, y quien provocó el conflicto fue la Policía”, ha mantenido en unas declaraciones a la salida de los juzgados. “No se me juzga a mí, sino que se juzga el derecho a la huelga, se están persiguiendo las libertades sindicales y los derechos fundamentales”, ha asegurado.

Víctor Llanos, abogado de Hugo, ha explicado que su cliente ha dicho ante el juez lo que ha mantenido en sus declaraciones a la salida: que “no agredió ni empujó a ningún policía el día de la huelga”.

Llanos asegura que las declaraciones que han hecho los agentes de la Policía ante el juez —tanto las relativas a la denuncia contra su cliente como las de una segunda denuncia contra un trabajador de Amazon detenido ese día— no son plenamente coherentes con los argumentos de sus denuncias, donde argumentan que se produjo un delito de atentado contra la autoridad.

Por ello, Llanos indica que procederá a pedir que declaren varios testigos y que se admitan varios vídeos grabados ese día, tras lo cual pedirá el archivo de la causa.

La plantilla estaba llamada a la huelga los pasados días 16, 17 y 18 de julio. En el primer día de huelga, el seguimiento fue mayoritario entre la plantilla fija, de entre el 70 y el 80 %. Según indicaron ese día fuentes sindicales. Fue en el transcurso del segundo día de huelga cuando se produjeron las detenciones de dos personas durante un cambio de turno.

Entonces, Amazon en Lucha denunció en su cuenta de Twitter que se habían producido unas cargas policiales. Según miembros del comité de empresa de Amazon, la Policía trataba de impedir la labor informativa de los piquetes en el cambio de turno. El comité de empresa de Amazon denunció entonces que se había producido esta y otras vulneraciones del derecho a la huelga.

TRACE MANTIENE LA HUELGA DE LIMPIEZA EN CEUTA, QUE INICIARÍA ESTA NOCHE

A.R.C. – El Faro de Ceuta

El comité sigue adelante con su protesta y amenaza con paralizar los servicios mínimos

El Comité de Empresa de Trace mantiene la convocatoria de huelga, que, de salir adelante, iniciará esta noche a partir de las 00.00 horas. Además del paro de labores programado, amenaza con no permitir que salgan a trabajar los servicios mínimos que la Ciudad ha interpuesto porque “atenta contra la labor sindical y contra los trabajadores”.

Según Juan Gutiérrez, secretario general del Comité de Empresa, la Ciudad pretende destinar más del 50% de la plantilla a los servicios mínimos ofrecidos por la huelga, un porcentaje que considera “desorbitado”. “No lo vamos a permitir: ¿Qué medida de presión podemos hacerle a la patronal con este número de trabajadores haciendo su labor?”, ha cuestionado.

De esta forma, el Comité de Empresa ha anunciado que sólo saldrá en cada turno un vehículo recolector con tres operarios, un conductor y dos peones, para realizar las recogidas del centro penitenciario, colegios, hospitales, CETI, residencias o mercados.

Los motivos explicados en su día para convocar esta huelga se basan en el supuesto “chantaje” que Trace quiere hacer a la Ciudad, “usando” a sus trabajadores. Esta decisión se tomó el pasado 4 de septiembre, cuando la empresa de limpieza se negó a firmar el convenio colectivo con los trabajadores, alegando que la Ciudad no está cumpliendo con ciertos pagos y que por ello no puede aplicar la subida laboral establecida para ciertos empleados en dicho convenio. El Comité asegura que convoca esta huelga como “única arma” para que Trace firme el convenio.

LOS SINDICATOS DE RYANAIR DENUNCINA UN “DOBLE RASERO” EN LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL

Diario Financiero

Los sindicatos USO y Sitcpla, convocantes de la próxima huelga de tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair prevista para el 28 de septiembre, han pedido una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien mantuvo un encuentro en julio con responsables de la aerolínea.

“No entendemos cómo los sindicatos involucrados no hemos sido recibidos aún por parte del Ministerio”, denuncian USO y Sitcpla en una nota de prensa, en la que acusan a Fomento de aplicar “un doble rasero a los trabajadores de la compañía en España”.

A este respecto, ambos sindicatos recuerdan que, en la huelga del 25 y 26 de julio, “el Ministerio de Fomento tomó la decisión de fijar unos servicios mínimos para los trabajadores de la aerolínea con base en España.

Sin embargo, se da la circunstancia de que uno de los motivos de la convocatoria de huelga radica precisamente en que Ryanair aplique la legislación española en los contratos que tiene con sus tripulantes en este país.

Por tanto, los sindicatos sostienen que, Ryanair no se rige por la legislación española, sino por la irlandesa, por lo que “no entendemos el doble rasero que el Gobierno mantiene con la aerolínea”. “Resulta contradictorio que el Gobierno se decante por fijar servicios mínimos para los trabajadores de Ryanair con base en España, aplicando la restrictiva legislación española en materia de huelga, mientras se pone de perfil en relación con nuestras demandas para que se aplique la legislación española en otros aspectos”, lamenta.

Estos sindicatos se reunirán con responsables de Ryanair para intentar acordar los servicios mínimos. De no llegar a un acuerdo, lo que parece previsible, dichos servicios tendrán que ser fijados de nuevo por Fomento.

LOS SINDICATOS PIDEN UNA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN VESTAS Y SEIS MESES PARA BUSCAR SOLUCIONES

Bruselas (Servimedia)

Los sindicatos han reclamado una reformulación del Expediente de Regulación de empleo (ERE) en la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León) y seis meses para buscar soluciones.

“Queremos la reformulación, el retraso y la retirada del expediente de regulación propuesto por la empresa Vestas en el que se conceda un plazo de seis meses”, afirmó el secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, quien consideró esta propuesta como “única vía para poder dejar margen para encontrar una nueva solución industrial” porque “es imposible encontrar un nuevo inversor en un mes”.

Así lo aseguró tras reunirse en Bruselas con el Comité Económico y Social Europeo, donde recordó que en estos momentos se están produciendo dos espacios de negociación. El primero de ellos se produce con los propios trabajadores y el comité de empresa, dentro del periodo de un mes que establece por ley el expediente del despido colectivo.

Por otro lado, tal y como manifestó Andrés, está abierta una mesa por la reindustrialización en la que está implicado el Ministerio de Industrial, el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Castilla y León y los sindicatos, en la que “se trata de buscar una solución industrial a la posible marcha de Vestas mediante la búsqueda de nuevos inversores”.

El secretario general de CCOO quiso dejar claro que “no habrá solución de una mesa sin la otra”, porque “tiene que haber acuerdos en los dos frentes”, para lo que insistió en la petición de que “el expediente de regulación se reformule, se retrase, se retire y se abra un periodo de seis meses para poder dejar margen a una solución”.

Al respecto, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, recordó que las reuniones al más alto nivel se están realizando “a cuatro partes, con la Fundación Anclaje, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y la propia empresa”.

En ese ámbito y sentados en la misma mesa, Barcones aseguró que se seguirá trabajando para que “la resolución sea satisfactoria” porque “se trata de una prioridad”, para lo que el Gobierno “está al frente y al más alto nivel con la implicación de los Ministerios” para abordar “cuestiones fundamentales como el apoyo al empleo, a los trabajadores y al comité de empresa, así como a la unidad productiva”.

ACUERDO EN GALVACOLOR PARA 78 DESPIDOS Y CREAR UNA BOLSA DE RECOLOCACIÓN

Celestino J. Vinagre – Hoy Digital

Plantilla de Galvacolor durante la asamblea ->

https://static3.hoy.es/www/multimedia/201809/25/media/cortadas/plantilla-k8oC-U601026385544GGF-624×385@Hoy.jpg

La plantilla apoya casi de forma unánime las últimas propuestas del grupo empresarial

78 despidos en lugar de los 88 previstos al inicio, una bolsa de recolocación que obliga al grupo Gallardo Balboa a tirar de ella cuando necesite personal para otras empresas del grupo y una indemnización de 30 días. Esos son los puntos claves del acuerdo alcanzado entre los representantes sindicales y el grupo empresarial con sede en Jerez de los Caballeros el despido colectivo planteado en Galvacolor.

La plantilla de esta empresa, que va a ser cerrada de forma efectiva en unas semanas, ha apoyado casi de forma unánime, en una asamblea celebrada a la una, los planteamientos de la empresa. Solo ha habido dos abstenciones entre los trabajadores de Galvacolor ante las propuestas de la empresa que han trasladado a los sindicatos.

En las próximas horas se firmará definitivamente el acuerdo entre las dos partes y a partir del 8 de octubre, se empezarán a producir los despidos en Galvacolor, ahora prácticamente sin actividad. Serán 78 los trabajadores finalmente despedidos (74 en los próximos días y otros 4 más tarde que están eventualmente cubriendo bajas médicas).

Por tanto, se quedan 10 en Galvacolor. Además, otros cuatro que estaban en plantilla hay sido ya reubicados en otras empresas del grupo. El acuerdo avalado por los empleados de esta empresa que fabricaba chapa galvanizada incluye la obligación del grupo de coger trabajadores despedidos de Galvacolor cuando necesite nueve personas para otras empresas de Gallardo Balboa en los próximos doce meses, siempre y cuando se ajusten al perfil profesional necesario.

Del mismo modo, el grupo entregará cartas de acreditación profesional en la que se especificará el puesto desarrollado en Galvacolor. Lo que finalmente no habrá será un dinero extra, una especie de compensación sumada a la indemnización legal, por parte de la empresa para los que salen de Galvacolor. Finalmente, el grupo no abonará esa cantidad extra que suponía una parte de una nómina mensual.

INVERTARESA, EN CONCURSO, FUSIONARÁ DOS FILIALES PARA DAR SALIDA A ISOWAT

Alba Suárez – La Opinión A Coruña

El administrador solicita al juez la absorción de Isowat Electric Engineering por parte de Isowat Made para su venta conjunta

El administrador concursal del holding coruñés Invertaresa -en concurso de acreedores desde mayo- ha solicitado al juzgado un aplazamiento del proceso de liquidación que la empresa pidió para sus filiales a principios de verano y que estaba previsto ejecutar en este mes. Según la información transmitida al comité de empresa de Isowat -principal centro de trabajo de la compañía, con cerca de un centenar de empleados en A Coruña-, el motivo es gestionar la absorción de Isowat Electric Engineering por parte de Isowat Made -ambas, filiales de Invertaresa- con el fin de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal conjunto y también para intentar su venta en bloque, lo que salvaría la actividad industrial y el empleo en el centro de A Grela.

“Entendemos que si se gestiona la absorción ahora es porque quien se ha interesado por la empresa puede querer comprar el conjunto entero”, expone el presidente del comité de empresa de Isowat Made, Cándido López. Son 77 personas en plantilla dedicadas a la fabricación de componentes para subestaciones y redes de distribución eléctrica a las que se suman 14 trabajadores más -91 en total- de la parte de ingeniería.

Aunque Isowat Made e Isowat Electric Engineering son desde 2012 empresas distintas, López explica que siempre han trabajado “como un único equipo”. De hecho, la intención del comité de empresa siempre fue que el Expediente de Regulación de empleo (ERE) que negocian con la compañía para lo que queda de año se aplicara a toda la plantilla.

Debido a estos trámites, el representante de los trabajadores calcula que la firma del expediente de regulación del empleo se retrasará unos días. La duración inicial de la medida será hasta final de año. Los trabajadores la consideran una buena salida porque, por un lado, les permitirá cobrar algo -del paro- tras meses sin percibir sus nóminas y, por otro, aligerará los costes laborales de la empresa, lo que consideran positivo de cara conseguir que se venda y mantener así sus puestos de trabajo.

Cinco nóminas sin cobrar

La empresa adeuda a los trabajadores de Isowat casi cinco mensualidades. “Nos deben dos nóminas de antes de entrar en concurso más la parte proporcional de las pagas extras, diez días de abril, y los meses de julio y agosto completos”, repasa Cándido López.

A la espera de aplicar un Expediente de Regulación de empleo (ERE) que afectará a todos ellos de forma rotatoria, el centenar de trabajadores de Isowat continúa sacando adelante los pedidos pendientes en la fábrica de A Grela, en la que todavía entra “algo de material” -relata López- para poder producir componentes eléctricos, y ejecutando trabajos en subestaciones eléctricas.

La plantilla mantiene la esperanza de que cuajen las negociaciones que el administrador concursal mantiene con un inversor interesado en hacerse con el negocio, que compraría el conjunto empresarial de Isowat Made e Isowat Electric Engineering una vez fusionadas. “Parece que el tema avanza porque el empresario sigue pidiendo información tanto en la administración concursal como aquí [en el centro de trabajo de A Grela]. Vemos posibilidades de que salga adelante, aunque hay que cogerlo con pinzas”, manifiesta el presidente del comité de empresa de Isowat Made.

En total, Invertaresa da trabajo a 260 personas, 170 de ellas en Galicia y el resto en un segundo centro de trabajo que Isowat tiene en Medina del Campo (Valladolid). El grupo gallego solicitó el concurso de acreedores voluntariamente en mayo asfixiado por deudas que ronda los cien millones de euros.

ALDANONDO APLICARÁ UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE SUSPENSIÓN DE UN AÑO PARA 16 TRABAJADORES

Juan Carlos Berdonces – El Correo

La quesería de Salvatierra espera reconstruir en este tiempo el pabellón arrasado por el incendio de agosto

El lunes, 1 de octubre, entrará en vigor el expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión de actividad para 16 trabajadores de Aldanondo Corporación Alimentaria, después de que se haya llegado a un acuerdo entre la dirección y los representantes sindicales en el periodo de consultas. La duración del Expediente de Regulación de empleo (ERE) será de un año, hasta el 30 de septiembre de 2019.

Para entonces, la compañía confía en haber reconstruido las instalaciones que quedaron arrasadas por el fuego el 13 de agosto. Precisamente, debido a la falta de actividad la firma de Salvatierra propuso este expediente, del que han quedado fuera tres personas de administración, una de mantenimiento y otra del departamento comercial.

Los 16 operarios de la plantilla que ahora se verán afectados por el Expediente de Regulación de empleo (ERE) sufrirán durante los seis primeros meses un recorte en su salario del 30%, «ya que la indemnización por desempleo que se cobra corresponde al 70%. Y en los siguientes seis, la reducción es del 50%», explican fuentes sindicales. Para compensar esta pérdida, Aldanondo les pagará una ‘extra’ dividida en tres partes: Navidad, verano y septiembre, al acabar el expediente.

Recolocación y excedencia

Asimismo, también ha habido cuatro trabajadores que se han recolocado en plantas que tiene el grupo en Soria y Navarra. En este sentido, portavoces de la firma de quesos detallaron que los empleados «tendrán la posibilidad de recolocarse en otras empresas –de diversos sectores– de Salvatierra o de la zona» y también podrán solicitar una excedencia en Aldanondo «con la posibilidad de reservar su puesto de trabajo» al cabo de un tiempo.

Durante el incendio ardieron dos millones de quesos y según apuntan desde la corporación alimentaria, el valor del complejo arrasado ronda los 20 millones de euros.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO OBLIGA A FNAC A CONVERTIR EN INDEFINIDOS LOS CONTRATOS TEMPORALES DE LOS TRABAJADORES

Mónica Martín – eldiario.es

Trabajo constata que los empleados temporales en puestos de trabajo “de estructura” tienen que pasar a indefinidos, permitiendo únicamente la temporalidad en picos de aumento de producción

El organismo también exige a la compañía francesa una evaluación de riesgos ergonómicos tras las denuncias de los trabajadores en relación a la manipulación de cargas excesivas

Una extrabajadora de Fnac que encadenó seis contratos temporales: “Entre algunos de los contratos no habían pasado ni dos días”

La Inspección de Trabajo ha abierto una diligencia en la que obliga a Fnac –multinacional francesa especializada en la venta de libros, música y artículos electrónicos– a convertir los contratos temporales –que no respondan a picos de aumento de la producción– en contratos indefinidos antes del 10 de octubre. Esta medida afecta a los empleados de la Comunidad de Madrid y en caso de que la compañía no lo lleve a cabo en el plazo previsto, la Inspección sancionará a la empresa, según recoge la resolución.

El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo también exige a la compañía de librerías una nueva evaluación de riesgos ergonómicos. El comité de empresa interpuso una denuncia ante la autoridad laboral tras la preocupación de los trabajadores del departamento de distribución de libros en relación a la manipulación de cargas excesivas. El secretario del comité y representante del sindicato Co.bas, José Luis Solano, señala que “los casos de ansiedad, abatimiento y fatiga son habituales”.

Solano se muestra crítico ante la “pasividad” de Fnac sobre este tipo de riesgos laborales que afrontan sus empleados. El sindicalista explica que los trabajadores han denunciado ante la autoridad laboral que “la empresa no consulta a los delegados la mayoría de las actuaciones en materia preventiva que puedan tener afectación en la seguridad y salud de los trabajadores”, tal y como recoge la documentación.

Belén (nombre ficticio) ha trabajado en este escenario laboral durante seis contratos temporales. Tiene 37 años y formó parte de la plantilla temporal de la sección de libros del centro de Fnac Callao: “Entre algunos de los contratos no habían pasado ni dos días”, comenta a eldiario.es. Tras finalizar la sexta contratación, comenta que la llamaron a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) ofreciéndole un contrato de tres días para el Día del Libro. “Me gustaba mucho mi trabajo, pero no las condiciones”, explica.

José, estudiante de 22 años, también encadenó tres contratos temporales. Uno de ellos a través de Fnac, como refuerzo en la campaña de navidad de 2017 y los otros dos –uno de tres semanas y otro de tres días– los suscribió a través de una ETT. “No me gustaban las condiciones, pero necesitaba el trabajo”, sostiene.

Belén también fue partícipe de la manipulación excesiva de cargas sin que se especificara previamente en su contrato que iba a realizar ese tipo de funciones. Sufrió una lesión en la espalda mientras transportaba una caja de libros y el médico de la mutua no le concedió la baja, por lo que tuvo que “guardar reposo los dos días libres que correspondían a la semana”.

Solano también denuncia la “dificultad para conciliar vida personal y vida laboral” de los trabajadores de la multinacional. Disponen de seis fines de semana libres al año, tal y como recoge su convenio colectivo. “Esta situación es incompatible para llevar a cabo cualquier proyecto personal”, subraya.

Carlos, ex trabajador de Fnac Callao, cuenta que “trabajaba todos los fines de semana a pesar de que el sueldo no era muy alto y las horas festivas las pagaban igual que el resto de días”. Lamenta haber dejado “aparcado” su proyecto personal. Ahora da clases de cine en un pueblo de Castilla-La Mancha.

Fnac, por su parte, declara que la compañía cumple la legalidad vigente y añaden que están trabajando “para dar cumplimiento a los requerimientos de la Inspección de Trabajo”.

La advertencia de Trabajo llega dos meses después de una sentencia de la Audiencia Nacional que condena a la multinacional francesa a indemnizar con 6.250 euros al sindicato Comisiones de Base (Co.bas) por daños morales. Una “sanción por falta grave en su grado máximo” e impuesta por entender vulnerada la libertad sindical al negar el derecho del sindicato a nombrar un delegado.

Desde el pasado mes de junio, el comité de empresa realiza movilizaciones una vez al mes en la puerta del centro de Callao para protestar por las condiciones precarias que “impone” Fnac. Entre sus quejas, explica el delegado de Co.bas, destacan la “alta temporalidad”, los contratos a tiempo parcial y los bajos salarios. A partir de octubre retoman las protestas que durante agosto y septiembre han estado paralizadas.

LA PLANTILLA DE LA AP-1 ANUNCIA «MEDIDAS LEGALES» SI HAY DESPIDOS

Diego Santamaría – El Correo de Burgos

El Gobierno insiste en subrogar los puestos de conservación y mantenimiento mientras trata de garantizar el «mínimo impacto posible» para el resto / El «pago por uso» de vías será inevitable, según el comité

El portavoz del comité de empresa de Europistas, Jesús Alberto Mateo, en primera línea durante la manifestación ante la Subdelegación ->

http://www.zetaestaticos.com/burgos/img/noticias/0/179/179394_1.jpg

Si el Gobierno central no acepta la subrogación del «100%» de los trabajadores de Europistas, el comité de empresa adoptará «todas las medidas legales que estén a nuestro alcance». Lo anunciaba su máximo representante, Jesús Alberto Mateo, durante la concentración de la plantilla ante la Subdelegación del Gobierno con el objetivo de dejar claro que no aceptarán «ni un solo despido».

Ante un «futuro incierto» que afecta a 1.300 operarios y «120 familias» tras la decisión «unilateral» de liberalizar la autopista por parte del Ejecutivo sin contemplar un «plan de recolocación», el presidente del comité de empresa urgió una «respuesta» inmediata para poner fin a la «inquietud» de los trabajadores.

«Nadie ha sido capaz de dirigirse a nosotros para darnos alguna certeza», señaló Mateo al criticar que la plantilla aún desconoce las condiciones del pliego de licitación del nuevo concurso para el mantenimiento integral de la vía.

En este sentido, recordó que el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, les prometió el pasado 31 de agosto que dicho pliego estaría listo «en 15 días». Por ello, solicitó a los «políticos» que «no se les llene la boca con falsas promesas, que sean consecuentes con lo que dicen y que lo cumplan».

Consciente de la «complicada» situación que atraviesan los empleados de la AP-1, la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, reiteró el compromiso de un Gobierno que «ha hecho lo que tenía que hacer» y que, a raíz de la liberalización, prometió subrogar a los trabajadores del área de conservación y mantenimiento. Además, aseguró que Fomento tratará de garantizar el «menor impacto posible» para el resto de la plantilla mediante ofertas «puntuales» y «particulares». Por ejemplo, a través de «prejubilaciones».

El portavoz de la plantilla detalló que la media de edad de los operarios oscila entre los 43 y los 45 años, amén de precisar que una treintena de ellos sobrepasa los 55. En este caso, sugirió la posibilidad de negociar su «prejubilación».

No en vano, insistió en que el cierre de un acuerdo de estas características conllevaría una «mesa de negociación» entre «Gobierno, sindicatos, empresa y trabajadores». Esta «opción», según Mateo, ya la planteó en su día el Ministerio de Fomento y el comité permanece «a la expectativa».

«Ojalá el Gobierno del PP hubiera tomado alguna medida en su momento», lamentaba Peña convencida que de ser así «no estaríamos hablando de esto con tanta impaciencia». En cualquier caso, se remitió al encuentro del comité con Javier Izquierdo y la aprobación, en el Consejo de Ministros del 31 de agosto, del contrato de conservación y mantenimiento, que requiere unos plazos administrativos que «duran lo que duran». Por otro lado, recordó que en este conflicto Europistas «también tendrá algo que decir».

Al margen de que se alcance un acuerdo entre las partes, Mateo consideró que esta «decisión política y electoralista» no se basa «ni en el rigor económico ni en una visión de futuro», pues no le cabe duda de que «el mantenimiento de las vías, tarde o temprano, pasará por un pago por uso». Acto seguido, agregó que «el tiempo lo dirá».

Nuevos accesos

La puesta en común de los planteamientos de Fomento y de la Junta de Castilla y León para los nuevos accesos de la autopista tras su liberalización tendrá que esperar. La reunión, convocada en la Subdelegación, tuvo que posponerse y, por ahora, los socialistas prefieren mantener sus cartas boca abajo. El motivo, según detallaba Peña, obedece fundamentalmente a que muchos de los accesos planteados entroncan con carreteras de titularidad autonómica.

Lo importante, a fin de cuentas, es que ambas administraciones trabajan de manera conjunta. Entretanto, el PSOE de Burgos ha remitido, tanto a la Junta como a Fomento, las propuestas recogidas durante los últimos años por parte de ayuntamientos, asociaciones e incluso la Plataforma de Vecinos Afectados por la N-I, no solo en materia de accesos, sino también de «medidas seguridad para la circulación», concretó Peña.

EL COMITÉ DE EMPRESA DENUNCIA SEIS NUEVOS DESPIDOS EN KONECTA AVILÉS

J. F. G. – El Comercio Digital (Asturias)

Afirma que la empresa «pretende justificarlos aportando una documentación insuficiente y carente de toda objetividad

La empresa Konecta ha comunicado la rescisión de contrato a seis trabajadores de su sede Avilés, según manifestó ayer el comité de empresa. La medida entrará en vigor el lunes 1 de octubre, «y se ampara en una reducción de la carga de trabajo», manifestó su presidenta, Carmen García.

Admite que si bien, como alega la compañía, ha disminuido «no lo ha hecho en la misma proporción que la plantilla. El recorte no está ajustado, y la documentación con la que pretende justificar los despidos es insuficiente, carente de toda objetividad, por lo que al comité de empresa le resulta imposible acreditar que, si como mantiene la empresa, la disminución que alega es real y justifica los despidos».

No son los primeros despidos que se producen en el presente año. «Van unos cuarenta, es un goteo constante», manifestó la presidenta del comité durante una concentración realizada el pasado mes de agosto.

Konecta es una multinacional especializada en soluciones integrales de externalización de procesos de negocios y en la gestión de la relación con los clientes. Tiene su sede de Avilés en el Camino de Heros, junto al Hospital San Agustín, y se estructura en dos divisiones, Konecta Comer y Konecta BTO, especializadas en la venta telefónica de servicios comerciales. Según la representante sindical la primera tiene contrato con una empresa de gas natural y la segunda, en la que se concentran los despidos, con una de seguros médicos y otra de suscripciones a publicaciones.

El comité de empresa asegura que ha denunciado ante Inspección de Trabajo «el reiterado incumplimiento del convenio» por parte de la empresa, y a día de hoy ni siquiera hemos recibido una contestación» a la vez que advierte que, «ante nuestra total situación de indefensión», acudirá de nuevo a ella.

Según el comité, la plantilla de Konecta Avilés se ha visto reducida así a unos 160 trabajadores. «La empresa no da opción al diálogo, ni siquiera se ha constituido una mesa de negociación. Estamos en un sector que caracteriza por la precariedad y nuestra situación es especialmente preocupante», añadió Carmen García.

EL TSJR RATIFICA QUE LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA VULNERÓ DERECHOS FUNDAMENTALES DE DOS TRABAJADORAS DESPEDIDAS

larioja.com

Conforma también su inmediata readmisión en las mismas condiciones previas a los despidos, el abono de todos los salarios dejados de percibir desde entonces y, además, una indemnización de 6.251 euros a cada una por los daños morales padecidos

El TSJ de La Rioja ha ratificado que FHC vulneró derechos fundamentales de las dos trabajadoras despedidas en septiembre de 2017, según ha explicado el comité de empresa de la Fundación en una nota.

La Sala de lo Social del TSJ de la Rioja ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la Gerencia del centro/Consejería de Salud, “ratificando la nulidad radical de sus despidos, su inmediata readmisión en las mismas condiciones previas a los despidos, el abono de todos los salarios dejados de percibir desde entonces y, además, una indemnización de 6.251 euros a cada una por los daños morales padecidos”.

«Es el momento de depurar responsabilidades y ello procede a dos niveles: primero investigando -de una vez- la conducta gerencial en su día denunciada y que fue la causa real de los despidos y, en segundo lugar, actuando en consecuencia con un alto cargo -lo es el Gerente de un hospital público que es contratado directamente por la Consejería de Salud-, que no debe seguir en su puesto ni un día más tras haber sido condenado por vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que debe servir», añade la nota.

El comité explica en la nota que el 6 de septiembre de 2017 el Patronato de Fundación Hospital Calahorra (FHC), órgano de gobierno de la entidad presidido por la titular de la Consejería de Salud, acordó, a instancia de quien aún es director-Gerente del centro, el despido de dos trabajadoras de FHC, «ambas con competencias en ese momento de jefatura de servicio («Coordinadoras») y dilatada trayectoria profesional en FHC».

«Las trabajadoras despedidas habían denunciado unos días antes, con pruebas irrefutables, notorias irregularidades en materia de contratación de bienes y servicios, responsabilidad del indicado Director-Gerente», añade la nota, que asegura que tales denuncias fueron canalizadas hacia el Comité de Empresa de FHC, y a través de éste, puestas en conocimiento, precisamente, del Patronato del hospital y la propia Consejería de Salud.

«Ante hechos tan graves, sólidamente fundamentados y lealmente comunicados a través del conducto reglamentario adecuado, el único proceder de la Gerencia de FHC fue ganar tiempo para «borrar el rastro» de las evidencias y, construir dos aparentes despidos disciplinarios para «matar» laboralmente (eso es un despido, la «muerte laboral») a quienes leal y valientemente han puesto su deber profesional y de servicio público al interés general por delante de las presiones e intereses de terceros», dice la nota.

El Juzgado de lo Social número 3 de Logroño, dictó sendas sentencias (nºs. 129/2018 y 130/2018), ambas de fecha 4-5-2018, declarando nulos de pleno derecho ambos despidos por vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras despedidas. En concreto, el fallo:

– Declaró la nulidad radical de ambos despidos por vulneración, por la Gerencia – Patronato, del derecho fundamental a la libertad de expresión e información.

– En consecuencia, obligó a la reincorporación inmediata de las despedidas en las mismas condiciones previas al despido, es decir como coordinadoras de Logística-Compras y de Mantenimiento.

– Ordenó el abono a las trabajadoras de todos los salarios tramitación dejados de percibir desde la fecha de despido (06/09/2017) hasta su efectiva incorporación.

– Condenó a FHC (lo pagaremos todos, claro) a indemnizar, además, a cada una de las trabajadoras despedidas con la cantidad de 6.251,00 € euros como reparación por los daños morales causados.

El fundamento de la nulidad de los despidos fue la vulneración por FHC (Gerencia-Patronato) del derecho fundamental a la libertad de expresión e información. Contrariamente a lo pretendido por la FHC, el Juzgado reconoció que en ningún caso las profesionales despedidas desobedecieron ninguna orden legítima concreta, ni existió comportamiento «desleal» alguno, sino que los despidos presuntamente «disciplinarios», además de adolecer de una absoluta falta de procedimiento y fundamento, tuvieron como única causa el previo ejercicio por las trabajadoras de su derecho fundamental a la libertad de expresión/información, el cual fue reprimido precisamente de esa forma, despidiéndolas.

El comité añade que «la Consejería de Salud y la Gerencia del FHC anunciaron a bombo y platillo recurso frente a las sentencias, el cual interpuso efectivamente ante el TSJ de La Rioja, Sala de lo Social, pretendiendo se declarase la procedencia de los despidos».

En sentencia con fecha 13-7-2018, que acaba de ser comunicada, el TSJ confirma las sentencias recurridas por la Gerencia del centro, ratificando la nulidad de los despidos por vulneración de derechos fundamentales, el abono de los salarios dejados de percibir y el pago de una indemnización compensatoria por los «daños morales causados a las trabajadoras la ejemplaridad de cuya conducta ya fue subrayada en su día por el propio Ministerio Fiscal».

Desde el comité solicitan «la depuración de responsabilidades. Debe destacarse que un caso similar en Cantabria se ha saldado con la protección a la denunciante, el cese de los altos cargos y una comisión de investigación parlamentaria. Como se aprecia, un trato bien diferente al «barrer bajo la alfombra» que las trabajadoras de FHC han padecido. En cualquier caso, es obvio que más allá de las acciones a que ahora haya lugar en otras jurisdicciones (civil, penal), no es posible mantener en el desempeño de sus funciones como «alto cargo» a quien vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos a quienes debería servir. Se impone un cese inmediato que va de suyo y ya llega tarde».

CCOO SE PRESENTA A LAS ELECCIONES DE AON MOBILE TRAS GANAR LA BATALLA CONTRA LOS NUEVE DESPIDOS IMPROCEDENTES

eldiario.es Cantabria

El sindicato denuncia “maniobras y presiones” de la empresa de Alfredo Pérez de cara a las elecciones sindicales que se celebrarán el 8 de octubre

Las nueve trabajadoras de AON Mobile que fueron despedidas ->

https://www.eldiario.es/fotos/trabajadoras-AON-Mobile-despedidaspor-CCOO_EDIIMA20180507_0897_23.jpg

CCOO de Cantabria ha logrado conformar y que se proclame legalmente una candidatura al comité de empresa de AON Mobile, hasta ahora en manos de personas “independientes” que, según denuncia el sindicato, “ha defendido las posiciones de la empresa”.

El sindicato denuncia “maniobras y presiones” de la empresa del nuevo propietario del Racing, Alfredo Pérez, de cara a las elecciones sindicales, que se celebrarán el 8 de octubre.

Arantxa Varela, cabeza de la lista de CCOO, ha anunciado que el objetivo es lograr que se aplique a los casi 300 empleados de AON Mobile el convenio colectivo del sector de telemarketing y acabar con “el irrespeto a los derechos que la ley nos reconoce”.

Desde CCOO se señala que la conformación de la candidatura, en la que se presentan 13 trabajadoras y trabajadores, ha sido “especialmente compleja” después del despido de nueve trabajadoras en el mes de abril por haber presentado una candidatura de CCOO – posteriormente fueron readmitidas- y de “las presiones que permanentemente se producen” en AON Mobile, denuncia el sindicato en un comunicado de prensa.

“Hemos pasado de ser #Las9DeAON a ser #Las13DeAON y eso demuestra que, a pesar del miedo, siempre hay compañeros y compañeras dispuestos a defender sus derechos”, explica Arantxa Varela, una de las trabajadoras que tuvo que ser readmitida por la empresa tras un acuerdo judicial a principios de julio.

CCOO explica que ahora, en AON, “tras múltiples presiones de la empresa”, quedan dos de las mujeres que protagonizaron “la lucha en contra de la persecución sindical”. Pocos días después de la readmisión, tras meses de lucha, presentaron una denuncia a la inspección de trabajo por el incumplimiento de las pausas de trabajo contempladas en el convenio.

Tras la resolución a favor de las trabajadoras, el 11 de septiembre la empresa tuvo que comenzar a aplicar los descansos establecidos de cinco minutos por cada hora frente al ordenador visualizando datos, añade el sindicato.

“Persecución sindical”

Marta Careaga, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, denuncia que Alfredo Pérez, en su entramado de empresas, “ha practicado la persecución sindical casi como sistema”, y se muestra convencida de que la empresa “no va a parar de presionar y de mentir”.

De hecho, denuncia que están llamando a los 13 candidatos de CCOO “para verificar su firma, algo que no le corresponde y que supone dudar de su integridad y de la de CCOO”, critica.

NOTICIAS SOBRE LUCHAS OBRERAS PULSA AQUÍ ->

https://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/BOLETINLUCHAS.html

COLABORA CON KAOS