Boletín de Luchas Obreras (29 de Julio de 2015)
ÍNDICE:
- LOS TRABAJADORES FORESTALES IRÁN A LA HUELGA PARA CONSEGUIR UN CONVENIO
- LOS BOMBEROS DE LA BRIF DE TABUYO, EN HUELGA INDEFINIDA DESDE EL LUNES
- LA JORNADA DE HUELGA DE LOS CONTROLADORES AÉREOS, ‘SIN IMPACTO NEGATIVO’
- EL GRUPO GALLARDO LAMENTÓ QUE LOS EMPLEOS PERDIDOS «NO PUEDAN SER ABSORBIDOS POR OTROS PROYECTOS».
- UGT RECHAZA UN ERE EN VODAFONE PARA 1.300 TRABAJADORES
- FALLO JUDICIAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE TV3
- EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA RECONOCE NULOS E IMPROCEDENTES DESPIDOS DE TRABAJADORES DE SOS RIOJA
- AFECTADOS POR LOS DESPIDOS EXIGEN LA DESTITUCIÓN DE LA DIRECTORA DE TG7
- ARRANCA UNA HUELGA INDEFINIDA EN INDRA CONTRA UN ERE QUE AFECTA A 1.850 TRABAJADORES
- DIPUTADOS EUROPEOS Y DEL CONGRESO APOYARÁN LA HUELGA POR EL CIERRE DE VALEO
- GSC Y COMITÉ DE HUELGA ALCANZAN UN ACUERDO PARA DESCONVOCAR LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE GRAN CANARIA
- HITEMASA ENCABEZA EL MAYOR ÍNDICE DE INTRUSOS EN LOS ERE FRAUDULENTOS
- «LA JUEZ DICE LO CONTRARIO QUE LA POLICÍA», DENUNCIAN LOS TRABAJADORES DE SEDES
- CC.OO. RECLAMA A LA DIRECCIÓN DE ALCOA UN PLAN DE VIABILIDAD PARA SUS TRES PLANTAS ESPAÑOLAS
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LOS TRABAJADORES FORESTALES IRÁN A LA HUELGA PARA CONSEGUIR UN CONVENIO
Segovia
Los sindicatos exigen a la patronal la firma de un nuevo convenio y reclaman a la Junta que no establezca servicios mínimos “abusivos” en su jornada de protesta, el 29 de julio.
“Por un convenio colectivo digno que mejore las condiciones laborales”. Ese es el eslogan que, previsiblemente, unirá a los trabajadores forestales de Castilla y León en la huelga que han convocado para el miércoles, 29 de julio.
En realidad, los convocados son cerca de 1.700 empleados distribuidos en un total de 103 cuadrillas de la región, según explicó la responsable de Federación Agroalimentaria de CC.OO., Soterraña Rico Yllera.
En Castilla y León, las competencias en materia de medio ambiente son de la Junta, una vez que se produjera la transferencia de esa gestión.
Pues bien, la Administración Regional estableció, desde sus inicios, un sistema mixto con respecto a los trabajadores de medio ambiente: están los fijos (agentes medioambientales); los fijos discontinuos, que desempeñan sus funciones en torretas de vigilancia o en motobombas; y finalmente quienes se encargan de trabajos silvícolas y de extinción de incendios, trabajadores que forman parte de cuadrillas terrestres o helitransportadas.
Con respecto a los últimos, no son funcionarios de la Junta, sino que ésta saca a licitación el servicio, que lo desempeñan empresas privadas. “A este colectivo es al que le afecta el convenio colectivo”, señaló Manuel Sanz Prieto, secretario general en Segovia de la Federación de Industria y Trabajos Agrarios de UGT.
De acuerdo a sus datos, la Junta realiza “casi el 90%” de los contratos con empresas pertenecientes a la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO). “Esa es la patronal con la que UGT y CC.OO. tienen que negociar el convenio colectivo”, explicó Sanz Prieto.
Los dos sindicatos aseguran que, en los contratos que firma la Junta con las empresas forestales, “se incluye una cláusula que dice que (esas sociedades) deben cumplir el convenio colectivo en vigor”. Sin embargo, los sindicatos denuncian que “luego no es así”, a pesar de lo cual, “las empresas sí cobran a la Junta como si estuvieran pagando ese dinero a los contratados”.
El convenio 2008-2012 acabó en un conflicto colectivo, en el que el juzgado dio la razón a los sindicatos, y a partir de ahí las negociaciones para la firma de uno nuevo se llevaron a cabo, pero sin conseguir llegar a buen puerto.
Sanz Prieto criticó que, en la actualidad, la Junta está adjudicando contratos con bajas “de hasta un 40%”. “Así —añadió— es fácil saber quién paga los platos rotos: los trabajadores”. Tal recorte conllevó, en palabras de Sanz Prieto, a una disminución de los salarios.
Ahora mismo, uno de esos trabajadores cobra entre 700 y 1.000 euros. Aunque el colectivo está “indignado”, casi nadie se atreve a presentar una denuncia, pues “los contratos son de tres meses, y si uno lleva el asunto ante un juez, gana, pero nadie le va a volver a contratar”, lamenta Sanz Prieto, quien para acabar exigió a la Junta “que haga cumplir a las empresas el convenio colectivo”.
LOS BOMBEROS DE LA BRIF DE TABUYO, EN HUELGA INDEFINIDA DESDE EL LUNES
León
No entienden que después de tres jornadas de paros parciales las negociaciones con Tragsa y el Magrama no hayan podido tener avances «significativos ni reseñables»
El colectivo de bomberos forestales voluntarios de las BRIF (Brigadas de Refuerzo) con sede en la Comunidad iniciará una huelga indefinida para tratar de mejorar las condiciones laborales en las que desempeñan su labor y que se atiendan además sus peticiones salariales.
En plena campaña de incendios han intentado “evitar por todos los medios” la movilización, pero entienden que es “su única herramienta reivindicativa” y que no se les ha dejado “otra opción”, indicaron en un comunicado.
En este sentido, señalaron que en todas las reuniones mantenidas con la empresa pública Tragsa, que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)”, han sido un calco y se les ha dado un “no rotundo a todo como norma general”, sin que en las negociaciones haya podido haber avances “significativos ni reseñables” como para intentar desconvocar la huelga indefinida.
Por ello, criticaron que se les haya contestado con frases como “lo que pedís no es razonable”, “no sois bomberos forestales”, “cómo vamos a tener segunda actividad para vosotros si no se nos encarga”, “la ley no nos deja”, “SEPI nos dice…”.
Por ello, pusieron de manifiesto que esta situación “no hace más que echar leña al fuego que ellos están dejando sea cada vez más grande” y pusieron de manifiesto que la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Isabel García Tejerina, “tampoco parece sabe cómo contenerlo”. Se preguntan si es razonable trabajar en incendios como lo hacen “en condiciones pésimas” o que cobren una “cantidad irrisoria” mientras se juegan la vida.
En este sentido se posicionan en contra de otros que toman decisiones que les afectan negativamente “en sus asientos de piel, con aire acondicionado en una oficina y cobrando más de 100.000 euros” para decir finalmente que sus peticiones “no son razonables o alcanzables”. El colectivo indicó igualmente que se merece unas condiciones dignas “después de más de 20 años demostrando una gran labor e implicación en la extinción y prevención de incendios”.
Oídos sordos
“Tragsa y el Magrama incluso parecen hacer oídos sordos tras tres jornadas de huelga, ante las cuales sus respuestas o soluciones han sido las del más absoluto inmovilismo, queriendo solucionar el problema con parches y limosnas”, precisaron los bomberos.
De cara a la sociedad y al colectivo quisieron dejar claro que trabajan de forma unida. “Todos somos uno, vamos a dar el do de pecho y demostrar en esta huelga indefinida que somos especiales, que somos la Brif. Podremos no conseguir nada, pero vamos a intentarlo, a apretar los dientes y aguantar el pulso hasta el final”, puntualizaron.
Los bomberos forestales que tienen su sede en Castilla y León anunciaron que irán a Madrid ante las puertas del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente. “Debemos hacer ruido, que se nos escuche en la capital y lo haga nuestra ministra, ya que no puede seguir obviando nuestros problemas. Pedimos perdón de antemano a la sociedad porque no se tendría por qué sufrir esto, pero también que nos entienda”, concluyeron.
LA JORNADA DE HUELGA DE LOS CONTROLADORES AÉREOS, ‘SIN IMPACTO NEGATIVO’
Servimedia
El Ministerio de Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 80%
La jornada de huelga parcial convocada para el sábado por los controladores aéreos de Enaire, la sociedad pública propietaria del 51% de Aena, se ha cerrado con el cumplimiento de los servicios mínimos y con un «bajo impacto operativo».
Esta primera jornada de huelga, de las dos convocadas para el fin de semana, se ha desarrollado «sin incidencias relevantes», según informaron a Servimedia fuentes de Enaire.
Los vuelos operados en la franja de huelga, entre las 10.00 y las 13.00 horas, fueron 1.150, por encima de los 1.141 que estaban previstos. Además, desde las 00.00 horas y hasta las 13.00 se operaron 2.600 vuelos, siendo de 6.164 la cifra total de operaciones que se estiman para todo el día.
Por su parte, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) justica estos paros por la falta de voluntad de Enaire para llegar a un acuerdo sobre la readmisión del controlador despedido en Santiago de Compostela y sobre el archivo de las 61 sanciones impuestas a controladores en el centro de control de Barcelona por el cierre del espacio aéreo en 2010.
‘Recrudecer’ el conflicto
De hecho, este colectivo profesional se plantea «recrudecer» el conflicto a finales de verano si Enaire no cambia de actitud.
Los paros del domingo se celebrarán entre 17.00 y las 20.00 horas. Para esta tanda de movilizaciones, el Ministerio de Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 80%, superiores a los establecidos en la anterior convocatoria de paros de junio.
A juicio de USCA, estos servicios mínimos vulneran el derecho fundamental de los controladores españoles a la huelga, de una manera claramente discriminatoria respecto a otros trabajadores de servicios esenciales en España y respecto al colectivo de controladores de otros países de la Unión Europea.
EL GRUPO GALLARDO LAMENTÓ QUE LOS EMPLEOS PERDIDOS «NO PUEDAN SER ABSORBIDOS POR OTROS PROYECTOS».
225 forestales de la provincia están llamados a la huelga
Será el día 29 Los sindicatos solicitan a las administraciones «que asuman su responsabilidad y ayuden a que se negocie el convenio que la patronal frenó en 2012»
Los sindicatos han pedido a las administraciones que «sean responsables» y acaben «con la peligrosa pérdida de calidad en la seguridad de trabajadores y ciudadanos» que desde hace años se produce en el colectivo de agentes forestales, quienes están convocados a la huelga el próximo 29 de julio.
«Porque si las empresas presentan ofertas temerarias a la baja y contratan a los trabajadores en condiciones precarias es porque las administraciones lo permiten», argumentó el secretario general del área de Agroalimentación de Comisiones Obreras (CC.OO.), Marco Antonio Pérez Martínez.
Cifró en más de 1.700 los trabajadores que están llamados el miércoles 29 a la huelga en toda la Comunidad de Castilla y León, de los que más de 225 pertenecen a la provincia burgalesa. «Son contratados sobre todo por la Junta, pero también por otras administraciones como confederaciones, diputaciones y ayuntamientos, a los que pedimos responsabilidad en un servicio tan serio como es la extinción de incendios», remarcó.
Labor de los agentes forestales a la que, recuerda, se suma la limpieza de campos y montes como tarea de prevención para evitar futuros incendios. «Actuaciones todas ellas en las que se deja desamparado al trabajador a pesar del evidente peligro -no sólo por golpes de calor o quemaduras de todo tipo-, sino también al tener que utilizar materiales y herramientas peligrosas», argumentó. Pérez.
Detalló que esta inseguridad y precariedad en el trabajo y los salarios es una de las razones que han llevado al sector a convocar la huelga. Pero también la negativa generalizada de las empresas, 74 en toda la región, a negociar el convenio existente que data de años atrás, «lo que hizo que en el último encuentro entre ambas partes, el 95% de estas empresas se levantaran de la mesa».
De ahí que «forzar a que las administraciones se involucren y medien para lograr un convenio colectivo digno, a la vez que velan -como entidades públicas que son- por un servicio esencial para toda la ciudadanía, es el fin esencial de la huelga».
De hecho, que los trabajadores del sector forestal cobren salarios mensuales de apenas 700 euros; que las jornadas sean con frecuencia de 15 y más horas, o que las ofertas hechas por las empresas del sector a menudo reduzcan en un 40% el presupuesto marcado en los concursos, fueron sólo algunas de las precarias cifras que dio Pérez.
Proceder de la patronal que, como criticó, repercute directamente en el sueldo de los empleados que contratan, ya que ese pago supone el 85% del gasto que tienen. «Lo que hace que las contratantes ahorren obligando a sus trabajadores a aportar su propio equipo -e incluso se lo alquilen-, o a pagarse ellos la formación que por ley, debe dar la empresa», denunció.
Malestar de los forestales que comparten las Brigadas de Refuerzo en la Extinción de Incendios Forestales (BRIF) quienes se encuentran ya en huelga indefinida. «Posibilidad que también se baraja si no hay ninguna respuesta».
Ambos denuncian la continua reducción del número de brigadas, así como del período de contratación -que ha pasado de 9 ó 10 meses en 2010 a apenas los tres de verano en la actualidad-, así como de los presupuestos que la Junta dedica al servicio.
UGT RECHAZA UN ERE EN VODAFONE PARA 1.300 TRABAJADORES
SMC-UGT Vodafone
La dirección de Vodafone/ONO ha comunicado a los representantes de los trabajadores de ambas empresas la apertura de un proceso de regulación de empleo que afectará a 1.300 compañeros –es decir, 1.300 familias– para el próximo 1 de septiembre. Dicha comunicación confirma las diferentes noticias que, interesadamente, se han ido filtrando durante las últimas semanas.
Desde UGT, conforme a lo expresado en otras ocasiones, rechazamos que, una vez más, el instrumento para hacer una compañía competitiva sea la destrucción de empleo, renunciando a la búsqueda de fórmulas alternativas en el ámbito organizativo y de recursos.
Cómo organización sindical mayoritaria en estas empresas y en el sector de comunicaciones, no aceptaremos una destrucción de empleo que afecta al 20% de las plantillas.
Es necesario, por tanto, buscar un acuerdo donde prevalezcan medidas que reduzcan significativamente el impacto en el empleo así como la recolocación de los afectados.
Además, en el proceso de negociación exigiremos que se incluya un acuerdo para la mejora de las condiciones laborales y sociales de los compañeros y compañeras que permanezcan en las empresas.
Rogamos un esfuerzo a la compañía para que en un contexto económico y social como el que vive nuestro país, con una frágil recuperación económica y una tímida mejora de las cifras de creación de empleo que consolidan un modelo basado en la precarización del mismo, Vodafone/ ONO opten por fórmulas de ajuste más innovadoras que hagan competitiva la compañía sin sacrificar capital humano y protejan el escaso empleo estable y de calidad que aún existe.
Por último, UGT quiere denunciar que la compra y absorción de empresas, derivadas de un modelo regulatorio mal diseñado y basado en la reducción de precios y la eliminación de empleos estables y con derechos, no puede revelarse como la estrategia para consolidar un sector productivo como este.
Nos preocupa que un nuevo expediente de regulación de empleo apuntale una estrategia –común a todas las operadoras del país– basada en los despidos, el mercadeo laboral, la precarización, la subcontratación y la desregularización para competir en un mercado regido exclusivamente por criterios economicistas y dramáticamente antisociales.
FALLO JUDICIAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE TV3
La Audiencia Nacional, como hizo el Tribunal Supremo con los recortes en Catalunya Ràdio, condena a la CCMA a pagar los descuentos improcedentes que ha aplicado más el 10% de intereses.
La sentencia de la Audiencia Nacional condena a la dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) -que gestiona todas las emisoras de la Generalitat catalana- a abonar a los trabajadores de TV3 todas las cantidades descontadas bajo el concepto «RAV» desde 01/01/2013 con el pago añadido del 10% de las sumas correspondientes en concepto de intereses de demora.
Esta sentencia, se ubica en la misma línea de la dictada por el Tribunal Supremo en febrero pasado por idénticos recortes a los trabajadores de Catalunya Ràdio.
El comité de empresa de TV3 había advertido al CCMA que, ante la similitud de los casos era totalmente previsible este fallo y que recomendaba la supresión inmediata de ese recorte arbitrario y la devolución del dinero ilegalmente descontado en todo ese periodo.
Los trabajadores de la CCMA habían aceptado “en referéndum un recorte voluntario y temporal del 5% durante los años 2011-2012.
El acuerdo comprometía a la dirección con el mantenimiento de la plantilla, pero desde el año 2013 han continuado con el recorte de manera ilícita, han despedido a más de 300 trabajadores fijos y han eliminado los colaboradores y trabajadores temporales”, señala el comité de empresa.
La dirección de la CCMA puede presentar recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo; sin embargo agotar la vía jurídica, que ya ha fallado en todas las instancias posibles que el recorte es ilegal, sería una práctica poco ética ante la justicia y un despilfarro de recursos públicos.
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA RECONOCE NULOS E IMPROCEDENTES DESPIDOS DE TRABAJADORES DE SOS RIOJA
EFE – Logroño
El tribunal declara que las trabajadoras con reducción de jornada han sufrido un despido nulo, por lo que obliga a la empresa a su readmisión inmediata
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha fallado a favor de los trabajadores de SOS Rioja en un conflicto que mantienen desde que hubo el cambio de adjudicación a la empresa Pyrenalia NET Center SL -UTE de Telefónica- y ha reconocido nulos e improcedentes los despidos producidos.
Según ha informado UGT, en una nota, este cambio «no se produjo atendiendo a la subrogación de servicios, sino que la anterior adjudicataria, Lanalden, pasó a comunicarles un fin de contrato con fecha 30 de septiembre, y la nueva empresa, Pyrenalia, realizó a todos los trabajadores un contrato a tiempo parcial de 35 horas semanales y con fecha de antigüedad de 1 de octubre de 2014, obviando cualquier derecho adquirido con anterioridad».
En el caso de las trabajadoras con reducción de jornada, la empresa les permitió seguir manteniendo esta reducción, pero sobre las 35 horas de la nueva jornada y no sobre la jornada completa que tenían anteriormente, ha detallado UGT.
Ante esta situación, UGT acudió al Juzgado de lo Social del TSJR, que estimó parcialmente las demandas, reconociendo la subrogación de trabajadores -y no un despido- puesto que seguían trabajando en el mismo centro.
UGT consideró que continuaba tratándose de un despido, ya que se modificaron cuestiones «tan sustanciales» como el tipo de contrato y la jornada laboral, por lo que acudió al TSJR, que «ha estimado completamente las demandas y ha fallado a favor de cada uno de los trabajadores y ha reconocido que sí se produjo tal despido».
En este sentido, según la misma fuente sindical, el TSJR declara que las trabajadoras con reducción de jornada han sufrido un despido nulo, por lo que obliga a la empresa a su readmisión inmediata.
Para el resto, reconoce que se ha producido un despido improcedente por el que da un plazo de 5 días a la empresa para decidir si procede a su readmisión o bien indemnización.
UGT entiende que debe ser el Gobierno de La Rioja el que inste a la empresa a readmitir a los trabajadores y no optar por indemnizarlos.
También considera que el Ejecutivo regional tiene la responsabilidad última sobre ellos y, como tal, velar porque estos trabajadores sean readmitidos en los mismos términos que antes de producirse la última adjudicación, añade el comunicado.
Según UGT, «la Consejería de Administraciones Públicas, con una modificación del pliego de condiciones, con nocturnidad y alevosía, provocó esta situación y obligó a los trabajadores a acudir a la vía jurisdiccional».
UGT ha expresado su «satisfacción» porque la Justicia «ha dado la razón a estos trabajadores, pero considera fuera de toda lógica que tengan que acudir a ella para proteger sus derechos frente a la administración».
AFECTADOS POR LOS DESPIDOS EXIGEN LA DESTITUCIÓN DE LA DIRECTORA DE TG7
Granada
Afectados por los despidos muestran su “repulsa” por la gestión de la máxima responsable de la cadena pública, quien conminó a los periodistas a defender la gestión del PP en las municipales, según una grabación hecha pública.
Afectados por los despidos en TG7 exigen la destitución de la directora de la televisión municipal, Cristina García Carmona, por conminar a los periodistas a defender la gestión del PP en el Ayuntamiento si no querían perder su puesto de trabajo tras las elecciones municipales, según una grabación hecha pública por Andaluces Diario y Público.
En el audio, la máxima responsable de la cadena apunta que en el momento en que el equipo de gobierno “salga por la puerta, sale todo lo que hay detrás, entre ellos, la mayoría de los que estamos aquí”. “Los que tengan buenos contactos con los señores que vengan de la oposición se quedarán y los que no, nos iremos a la calle”, advierte García.
Los despedidos han mostrado en un comunicado su “más enérgica repulsa” por los modos de actuar de la directora, que daba estas instrucciones ante la cercanía de las elecciones municipales, en las que los populares han perdido su mayoría absoluta.
“A quien le interese, aquí tiene su casa, a quien no le interese… pues lo dice y punto… ¿Por qué digo esto? Porque no es que venga lo peor, es mucho peor todavía”, amenaza la directora. Una grabación similar le costó el puesto el pasado marzo a Irene Sabalete, la ya ex delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén.
ARRANCA UNA HUELGA INDEFINIDA EN INDRA CONTRA UN ERE QUE AFECTA A 1.850 TRABAJADORES
La convoca CGT que pide prejubilaciones y bajas voluntarias sin despidos
La empresa acepta las bajas voluntarias, pero siempre en el marco del ERE
Los trabajadores de Indra comienzan una huelga indefinida convocada por el sindicato CGT en protesta por el ERE presentado por la empresa que afecta a 1.850 trabajadores de toda España.
Los sindicatos de Indra han solicitado a la compañía sustituir este Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas voluntarias, que no impliquen el despido de ningún trabajador.
Por su parte, en la cuarta reunión de la mesa negociadora celebrada el pasado 22 de julio, la empresa ha aceptado la posibilidad de que puedan darse bajas voluntarias, aunque siempre en el marco del ERE, al considerar que deben producirse bajo la cobertura jurídica que el procedimiento proporciona, según han explicado desde los sindicatos que creen que se trataba de algo «simbólico» y «muy por debajo» de cualquier mínimo a considerar.
Esto es, salir de la empresa con una indemnización de 25 días de salario por año con un tope de hasta 14 mensualidades y un sistema de cobertura para profesionales afectados que hayan cumplido 59 o más años a fecha 30 de junio de 2015 y no hayan alcanzado los 63 años a la fecha de extinción del contrato, según propuso la empresa hace dos semanas.
La compañía planteó además un plus económico adicional a la oferta propuesta para aquellos trabajadores que se encuentren en una franja de edad de entre 50 a 58 años, con una prima lineal de 2.000 euros por cada tres años de antigüedad.
«Se roba una importante parte de la indemnización»
Con las escasas indemnizaciones propuestas «se roba» una importante parte de los derechos adquiridos durante años de trabajo, protesta la sección sindical de CGT en Indra que asegura que la propuesta de la compañía pone además «en riesgo el futuro de los afectados, que se quedarán en la calle siendo mayores, con nulas posibilidades de trabajar y sin cotizar para una pensión».
Asimismo, el sindicato recuerda que la propuesta de Indra «dura hasta el 31 de diciembre de 2016» por lo que afecta «a todos» los trabajadores.
Por su parte, la sección sindical de UGT en Indra Sistemas Barcelona convocó tres jornadas de huelga, dos de ellas celebradas el martes y jueves y otra que tendrá lugar el lunes, para reclamar a la compañía que retire el expediente.
DIPUTADOS EUROPEOS Y DEL CONGRESO APOYARÁN LA HUELGA POR EL CIERRE DE VALEO
Martorelles (Barcelona) (EFECOM)
El comité de empresa de la planta de Valeo en Martorelles ha anunciado que diputados del PSOE, Podemos, ERC, e IU-Izquierda Plural del Congreso de los Diputados y del Parlamento Europeo visitarán la fábrica el jueves, día 30, en apoyo a la huelga contra el cierre de la planta.
El presidente del comité, Manuel Zamora, ha confirmado a Efe la visita, tras el encuentro celebrado entre la plantilla y el alcalde y el alcalde de Martorelles, Marc Candela (ERC).
En la planta vallesana trabajan actualmente un total de 257 personas, plantilla que según los planes de la empresa sería trasladada a las instalaciones que posee en Zaragoza.
Según Zamora, el alcalde de Martorelles así como el de Mollet del Vallès (Barcelona), Josep Monràs (PSC), y concejales de diferentes partidos políticos han trasladado este conflicto a diputados de los dos parlamentos.
La decisión de la empresa, según Zamora, es un «cierre encubierto» y ha defendido la viabilidad de la planta, además de denunciar que esta el traslado es una «agresión» y una «deslocalización» de la industria de Cataluña.
«Los trabajadores están tocados psicológicamente, este traslado es un cierre encubierto porque los argumentos de la empresa no tienen sentido y los compañeros de Zaragoza dicen que ahí no hay suficiente capacidad», ha explicado Zamora a EFE
«La lucha sirve y un buen ejemplo fue la huelga de Panrico, la parte positiva de esta situación es que la plantilla está unida y seguiremos de pie hasta las últimas consecuencias», afirma Zamora, que explica que la plantilla cuenta con 25 parejas, «familias enteras», añade.
La huelga indefinida empezará con el turno nocturno el miércoles a las diez de la noche y la plantilla recibirá el jueves el apoyo de diputados, cuyos nombres aún no se conocen, así como de alcaldes de varios municipios, concejales y empleados de otras fábricas.
GSC Y COMITÉ DE HUELGA ALCANZAN UN ACUERDO PARA DESCONVOCAR LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE GRAN CANARIA
Las Palmas de Gran Canaria – Europa Press
La empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), que depende de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno regional llegó, ante el Tribunal Laboral Canario, a un acuerdo con el Comité de Huelga para desconvocar la huelga que afectaba al centro de Gran Canaria desde el pasado mes de marzo.
En un comunicado, el Ejecutivo autonómico explicó que el acuerdo que ha puesto fin a este conflicto contempla el compromiso de iniciar las negociaciones de un nuevo convenio colectivo el próximo mes de septiembre, cuyo fin es establecer mejoras en las condiciones laborales y en la relación entre empresa y trabajadores.
Por su parte, la Dirección Gerencia de GSC ha recordado que el servicio prestado a los ciudadanos por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 y por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha estado garantizado en todo momento y ha recalcado que todos los recursos que emplean estos servicios están totalmente equipados y reúnen todas las condiciones necesarias para garantizar una correcta asistencia a los ciudadanos.
Finalmente, la dirección de GSC ha manifestado también su voluntad de seguir trabajando para poder dar a la empresa pública un marco de relaciones empresa-trabajadores adecuado a cada momento.
HITEMASA ENCABEZA EL MAYOR ÍNDICE DE INTRUSOS EN LOS ERE FRAUDULENTOS
El caso incluye empresas malagueñas
Pocas fábricas en la procelosa historia industrial de Málaga han tenido el currículum de conflictividad laboral y negro destino que acumuló Hitemasa (Hilados y Tejidos Malagueños S.A.) en sus escasos siete años de existencia, de 1997 a 2004.
Nacida de las cenizas de Intelhorce ha protagonizado, sin quererlo, el epílogo más truculento de una ciudad que soñó con ser industriosa y que en su paradigmático caso sigue doliéndose de un cierre en falso, en forma de protestas por impagos de la Junta a sus prejubilados.
Y es que desde el pasado 15 de junio se conoce, con más luz y taquígrafos si cabe, que el tristemente célebre, Javier Guerrero, ex director de Empleo de la Junta de Andalucía, fue el encargado de firmar hace más de una década el acta de defunción, en forma de expediente de regulación de empleo, más envenenada que puede imaginarse.
Guerrero aprovechó la muerte por incapacidad competitiva de esta empresa textil malagueña en 2004, y en un ERE previo de 2001, para colar entre sus filas al mayor número de intrusos que se han detectado en el caso de los ERE en Andalucía.
Así lo ha dejado enumerado la juez Mercedes Alaya en el auto enviado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que instruye la causa en la están involucrados los ex presidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La que era titular del juzgado número 6 de Sevilla, y que ha destapado la mayoría de los usos fraudulentos de todo el entramado del fondo de reptiles de la Junta, remitió hace poco más de un mes al alto magistrado Alberto Jorge Barreiro, hasta 17 nombres de un total de 70 ‘intrusos’ (personas ajenas a las empresas beneficiadas por estos fondos discrecionales de la administración regional) que colocaban a la factoría del Tarajal en Málaga como el principal foco de estas irregularidades.
En ese mismo listado, en el que Alaya da detalles de cada individuo, figuran también el nombre de otras empresas ya extinguidas y que se beneficiaron de estos favores que la Junta justificó en su momento como ayudas a empresas en situación de complicada solvencia. Algunas de ellas que incluso han tenido más eco en los medios han sido el Matadero de Fuente Obejuna con 7, la faja pirítica con 6 o Mercasevilla con sólo uno. Dhul o Primayor son otras empresas implicadas. Otros dos casos, por ejemplo, se unen al ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos.
Encabeza el listado de personas, el jiennense Juan Lanzas Fernández, definido en la misma como «el conseguidor» y asimilado por uno de los ERE de Hitemasa. Se refiere el mismo escrito hacia él como «dirigente del sindicato UGT, quien por sus influencias conseguiría la inclusión de innumerables intrusos en las pólizas derivadas de procesos de reestructuración de empresas». Al parecer también intentó, sin éxito, cobrar una prejubilación a través del ERE de Mercasevilla, origen del caso.
Hitemasa también recogió a su mujer, sin tampoco ninguna relación con esta empresa, llamada Patrocinio Sierra. Juan Lanzas también habría colado en uno de los dos ‘eres’ de Hitemasa a Josefa Martínez, esposa de Luis Javier García de los Reyes, presidente de la Asociación de los ex trabajadores de HAMSA. También sumaría el mismo a María Nieves Ruiz, viuda de otro ex presidente de esta asociación llamado Juan Mesa.
Algunos de los consejeros que firmaron el ERE de Hitemasa también figuran en la listada aportada por Alaya. Así, el mismo presidente del Consejo de Administración, Manuel Márquez figura como receptor de un supuesto «trato especial en las pólizas suscritas por el mismo derivadas del ERE 203/01 de la empresa por haber propiciado la inclusión de personas ajenas, o de antiguos trabajadores que no tenían derecho a ello». Aquí la jueza va más lejos al apuntar que «tendría pólizas extras por todo ello».
En el mismo listado aparecen cuatro consejeros de la empresa más como Francisco Naranjo, Juan González, Amparo Alarcón y Guillermo Valderrama a los que se acusa de haber propiciado la inclusión de cuatro intrusos, «a sabiendas de su ilegalidad». Algo por lo cual cada uno de ellos habría recibido una póliza extra, «a la que no tendrían derecho», según se añade.
Por último, Félix Claros, Fernando Pérez o Antonio Luque habrían recibido una póliza de rentas derivadas del ERE 2003/01, «a pesar de haber sido excluidos por resolución de la autoridad laboral». Otro caso es el de Ana Luna, quien recibió otra «pese a no tener derecho por tener reconocida una incapacidad». Todos ellos extrabajadores.
Cuatro más, por último, cierran esta lista de ex de Hitemasa advertidos por Alaya: Felipe Cortés, Francisco Amores, José Gálvez y José Torres a los que se acusa de que «a pesar de haber extinguido su relación laboral con Hitemasa con anterioridad al ERE 160/04, «serían incluidos como intrusos en las pólizas derivadas de éste».
«LA JUEZ DICE LO CONTRARIO QUE LA POLICÍA», DENUNCIAN LOS TRABAJADORES DE SEDES
Los empleados recurrirán el archivo de su querella en la operación de los Palacios al considerar que la legislación mercantil no se ajusta a su caso
Los trabajadores de la empresa de capital público Sedes recurrirán el archivo, ordenado por la juez de instrucción número dos de Oviedo, Simonet Quelle, de la querella que habían interpuesto en relación a la conocida como operación de los Palacios.
Los empleados, que van a reunir, habían interpuesto una denuncia por la intermediación de ésta en la compra de inmuebles a Jovellanos XXI en el palacio de Calatrava.
Para los trabajadores de Sedes, la interpretación de la magistrada es «benévola» porque «dice justo lo contrario que la policía», en referencia al informe de Anticorrupción, que concluye que toda la operación de permutas y compraventas fue premeditada.
A través de su abogado, Esteban Aparicio, los empleados mostraron su disconformidad con la sentencia y creen que hay «mucha materia» para recurrir el auto.
Particularmente, consideran que, para descartar irregularidades, la juez aplicó la ley mercantil cuando, a su juicio, debería haber aplicado la ley de contratos de las administraciones públicas o la de patrimonio, que es «la que debe regir para empresas mayoritariamente públicas», como es el caso de Sedes, que está participada en un 40% por el Principado de Asturias, en un 20% de la Sociedad Regional de Promoción del Principado y en un 39,8% por Cajastur, ya que el resto está en manos de otros pequeños accionistas. «La operación es grave porque se hicieron las cosas y se presentaron siempre a posteriori, con el prejuicio que ello supone», aseguraron los empleados de la empresa.
En el informe policial, que pide más actuaciones judiciales, se cuestiona los canjes realizados entre la empresa y el Principado y también las adquisiciones de Sedes que le reportaron su deuda.
La empresa adquirió una serie de inmuebles con el fin de que estos fueran arrendados y finalmente vendidos al Principado de Asturias, quien, una vez decidida la compra, determinó que el pago a la vendedora no se hiciera en metálico sino mediante permuta de inmuebles.
A su vez, Sedes los utilizó para avalar créditos con Cajastur cuyo importe alcanzaba la cantidad de 51 millones de euros. Los trabajadores de Sedes consideraron que esta operación supuso la despatrimonialización de la empresa y que había causado daños a una sociedad de capital público.
El año pasado, Sedes se vio envuelta en un expediente de regulación de empleo (ERE), para 38 de sus 59 trabajadores (el segundo que afrontaba), aunque finalmente fue desestimado por los jueces.
CC.OO. RECLAMA A LA DIRECCIÓN DE ALCOA UN PLAN DE VIABILIDAD PARA SUS TRES PLANTAS ESPAÑOLAS
Europa Press – Avilés
«Cuando hubo beneficios se usaron para crear nuevas fábricas y se abandonaron las inversiones y el mantenimiento», ha asegurado José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa en la planta asturiana
Los representantes sindicales de Alcoa en las plantas asturiana y gallega han reclamado a la dirección de la multinacional un plan de viabilidad para las instalaciones de Avilés, San Ciprián y Coruña. «Cuando hubo beneficios se usaron para crear nuevas fábricas y se abandonaron las inversiones y el mantenimiento», ha asegurado José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa en la planta asturiana.
La comisión ejecutiva de la sección intercentros de CC.OO. de Alcoa se ha reunido en Avilés para analizar la situación de la empresa ante la subasta eléctrica convocada para finales de verano. «El futuro de Avilés y Coruña es complicado, pero podemos tenerlo, todo pasa por el precio de la energía», ha asegurado de la Uz.
Los representantes de CC.OO. están de acuerdo con el sistema de ininterrumpibilidad, pero no con la subasta y a la espera de conocer más detalles de la misma piden «suficiente oferta de paquetes de 90 megawatios para que no ocurra lo del año pasado», cuando Alcoa planteó un expediente de regulación de empleo para las plantas de Avilés y Coruña por no conseguir paquetes.
A Alcoa, desde CC.OO., le exigen «que busque el mismo precio para las tres plantas y que consiga suficientes paquetes para que las dos plantas que están al 65% de producción lleguen al 100%».
De la Uz también ha apuntado que la multinacional está «abandonando el aluminio primario. En cuatro o cinco años tendrá un negocio completamente diferente al de ahora. Ha cerrado plantas y seguirá haciéndolo».
José Manuel Casado responsable sector siderúrgico de CC.OO. de Industria a nivel estatal, ha apuntado que «necesitamos un mercado con cierta estabilidad», algo que no cree exista con el actual modelo de subasta energética. Considera que el plan de mantenimiento es necesario, «porque si no se achatarran las instalaciones solas».
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