Boletín de Luchas Obreras (29 de Agosto de 2016)

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ÍNDICE:

  • LOS ACCIDENTES LABORALES EN ESPAÑA: CADA DÍA MUEREN 2 TRABAJADORES
  • MÁS DE 3.700 TURISTAS AFECTADOS POR UNA HUELGA EN EL AEROPUERTO DE LANZAROTE
  • EMPLEADOS DE VULCANO PIDEN USAR LA «ORDEN FANDICOSTA», PERO LO VEN DIFÍCIL
  • INTERSINDICAL DENUNCIA QUE VAERSA «PREPARA UN ERE PARA DESPEDIR A 59 PERSONAS»
  • MUERE UN TRABAJADOR DE 25 AÑOS EN LAS OBRAS DEL METRO DE MADRID
  • ENTRE 2010 Y 2014, LA COMUNITAT VALENCIANA PERDIÓ 5.000 PROFESORES
  • EL GOBIERNO DEJA A CORREOS CON PÉRDIDAS RÉCORD Y REDUCE SU PLANTILLA EN OTRAS 1.131 PERSONAS
  • LOS TRES PRIMEROS DESPIDOS EN INNDEA Y LAS NAVES AGOTAN TODO EL PRESUPUESTO
  • DEMANDAN A IKEA POR CESIÓN ILEGAL DE MANO DE OBRA DE 10 TRABAJADORES
  • LOS TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA URBANA EN ZARAGOZA AMENAZAN CON LA HUELGA

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LOS ACCIDENTES LABORALES EN ESPAÑA: CADA DÍA MUEREN 2 TRABAJADORES

Repaso del Informe elaborado por UGT

Los recortes aumentan la siniestralidad y exige más inspecciones en las empresas en materia de salud y seguridad

La siniestralidad está aumentando por los recortes en la inversión en prevención de riesgos laborales.

La precariedad generada por la reforma laboral está produciendo un deterioro de la salud y calidad de vida de los trabajadores así como el incremento de las desigualdades.

Los datos del primer semestre del año muestran que continúa el repunte en las cifras de siniestralidad al aumentar los accidentes laborales con baja, sin baja y los fallecimientos.

Muchos de los accidentes podrían evitarse realizando una mayor prevención de los riesgos psicosociales, promoviendo buenas prácticas en los desplazamientos durante la jornada laboral e implantando medidas preventivas en los lugares de trabajo y demanda a las Administraciones mayor coordinación y más control del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo en todos los sectores y a todos los trabajadores, sin olvidar las estrategias de formación y concienciación.

La implicación de los poderes públicos y la dotación de recursos económicos, materiales y personales son necesarias para integrar la prevención en la sociedad.

Radiografía de la siniestralidad durante el primer semestre de 2016

Durante los seis primeros meses del año, se han producido un total de 639.404 accidentes laborales, experimentando, dicha cifra, un incremento del 6,6% respecto del dato del 2015, lo que supone 39.506 accidentes laborales más. Se registraron 276.069 accidentes laborales causaron baja, lo que supone un aumento del 8,6% en relación al año anterior, 21.872 trabajadores y trabajadoras más.

Entre los accidentes que causaron baja, 238.526 ocurrieron durante la jornada laboral y 37.543 fueron accidentes in itinere. Ambos tipos de accidentes ascienden, siendo este incremento del 8,5% para los accidentes ocurridos durante la jornada laboral y del 9,3% para los accidentes in itinere.

La industria manufacturera y el comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos a motor, son las dos secciones de actividad que registran la mayor cantidad de accidentes laborales con baja, 44.777 y 34.115 accidentes respectivamente.

Los mayores incrementos son los registrados en:

– hostelería con un 16,3% más

– construcción y actividades administrativas con un 12,4% más cada una.

Las causas más frecuentes de los accidentes con baja son:

– Los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculo esquelético con baja con 94.686 casos.

– los choques o golpes contra objeto inmóvil como caídas o tropiezos que registra 57.523 accidentes

– el choque contra objetos en movimiento, generando un total de 32.765.

Todas estas causas son fácilmente evitables implantando medidas de seguridad adecuadas en los centros de trabajo.

También, se notificaron 363.335 accidentes sin baja durante el periodo de referencia antes citado. Este tipo de accidente ha experimentado un incremento del 5,1% con respecto al mismo periodo de 2015, lo que se traduce en 17.634 accidentes sin baja más. Por lo tanto, siguen notificándose más accidentes sin baja que con baja, hecho que puede relacionarse con la presión que sufren los trabajadores y trabajadoras en el actual contexto económico y laboral, en el que se han incrementado la precariedad y la falta de medidas preventivas en las empresas.

300 fallecidos

301 trabajadores han fallecido en los 6 primeros meses del año, lo que supone 16 muertes más que en Junio de 2015 (+5,6%) y del total de fallecimientos, 226 ocurrieron durante la jornada de trabajo y 75 fueron in itinere. Se registra un descenso de 13 muertes en los accidentes ocurridos durante la jornada laboral (-5,4%) y un incremento de 29 fallecimientos en los accidentes in itinere (+63%), comparando estos datos con los de Junio de 2015.

Cada día fallecen 2 trabajadores en nuestro país

Las principales causas de fallecimiento durante la jornada laboral son:

– los infartos y derrames cerebrales (116 fallecimientos)

– los accidentes de tráfico (36 fallecimientos)

– quedar atrapados, ser aplastado o sufrir una amputación (26 fallecimientos).

Estos accidentes podrían evitarse realizando una mayor prevención de los riesgos psicosociales, promoviendo buenas prácticas en los desplazamientos realizados durante la jornada laboral e implantando medidas preventivas en los lugares de trabajo.

Desglosando los fallecimientos por sectores de actividad, durante el mes de Junio, encontramos que hubo:

-119 muertes en el sector servicios. 3 trabajadores menos (-2,5%)

– 46 en el sector industrial. 14 menos (-23,3%)

– 32 en el sector agrario. 6 más (+23,1%)

– 29 en la construcción. 2 menos (-6,5%).

La precariedad en el trabajo generada por la reforma laboral ha propiciado el incremento de la temporalidad, los contratos parciales o el empleo informal, lo que está produciendo el deterioro de la salud y calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, así como el aumento de las desigualdades lo que aboca a muchas personas a caer en situaciones de exclusión social.

Por ello, es necesario un aumento de las actuaciones de control del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, por parte de las Administraciones, en todos los sectores y a todos los trabajadores, sin distinción de su tipo de relación laboral, tamaño o sector de su empresa, sin olvidar las estrategias de formación y concienciación, teniendo en cuenta la necesidad de seguir fomentando la cultura preventiva.

Es necesario establecer una mayor coordinación entre las diferentes administraciones públicas para mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo y hay que tener en cuenta que la implicación de los poderes públicos y la dotación de recursos económicos, materiales y personales son necesarias para integrar la prevención en la sociedad.

Impropio de un país avanzado

Y es que el aumento de la siniestralidad laboral en esta nueva fase de crecimiento económico es incompatible con el modelo productivo de un país avanzado. Los recortes de inversión en prevención de riesgos laborales y el aumento de la precariedad están provocando un incremento de los accidentes y enfermedades en el trabajo para lo que el  Gobierno debe aplicar una serie de medidas como:

  • Establecer un sistema objetivo de clasificación por gravedad de los accidentes de trabajo.
  • Revisar el sistema de calificación y declaración tanto de los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales, con objeto de incorporar patologías relacionadas con el trabajo que, aun conociendo su origen laboral, se siguen tratando como enfermedad común, y prestando especial atención a los cánceres de origen profesional, las patologías musculoesqueléticas y las derivadas de los riesgos psicosociales.
  • Eliminar íntegramente los siguientes apartados del Estatuto de los Trabajadores:
  1. a) Artículo 20.4 del ET, que permite al empresario verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo

Artículo 20. Dirección y control de la actividad laboral.

  1. El empresario podrá verificar el estado de salud del trabajador que sea alegado por este para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal médico. La negativa del trabajador a dichos reconocimientos podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones.
  2. b) Artículo 52.d) del ET, que regula la extinción del contrato por faltas de asistencia aun siendo justificadas

Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas.

El contrato podrá extinguirse:

  1. d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 por ciento de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5 por ciento de las jornadas hábiles, o el 25 por ciento en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

  1. c) Artículo 54.f) del ET, para que las adicciones no sean causa de despido o sanción.

Artículo 54. Despido disciplinario.

  1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.
  2. Se considerarán incumplimientos contractuales:
  3. f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
  • Derogar la normativa de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (Ley 35/2014).

Ley 35/2014, de 26-12, por la que se modifica el texto refundido de la LGSS en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13568

  • Incluir la especialidad de medicina del trabajo dentro del sistema público de salud.

MÁS DE 3.700 TURISTAS AFECTADOS POR UNA HUELGA EN EL AEROPUERTO DE LANZAROTE

Agencia EFE

Un total de 3.722 turistas se vieron afectados por la huelga indefinida que los trabajadores de la empresa Swissport Handling mantienen en el aeropuerto de Lanzarote, según informa la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. Canarias.

En un comunicado, el sindicato asegura que de los 42 vuelos programados 37 se cubrieron con unos «abusivos servicios mínimos» decretados por el Ministerio de Fomento, aunque subraya que 19 operaciones sufrieron unos retrasos que oscilaron entre una y dos horas y que se vieron afectados 3.722 pasajeros.

Los retrasos se acumularon a lo largo de la jornada y en se dispararon en los últimos cinco vuelos del día, de tal forma que los aviones despegaron pasadas las 24.00 horas y, además, los pasajeros viajaron sin equipajes porque sus 802 maletas se quedaron en la isla por falta de personal para acabar la jornada.

CC.OO. denuncia el «absoluto desinterés» de la empresa por sentarse a dialogar y resolver este conflicto, hasta el punto de que les niega una reunión.

Por este motivo, los sindicatos se han dirigido al Tribunal Laboral Canario para que medie en el conflicto y fuerce a la empresa a reunirse con los trabajadores.

EMPLEADOS DE VULCANO PIDEN USAR LA «ORDEN FANDICOSTA», PERO LO VEN DIFÍCIL

La empresa solo piensa en cerrar el contrato del ferri y la Xunta responde que tiene que ser un hecho «imprevisible»

Los trabajadores de Factorías Vulcano quieren que se use con ellos la «orden Fandicosta», una ayuda aprobada por la Xunta que completa hasta en un 90% los salarios de los trabajadores que se encuentran en un ERE por causa de fuerza mayor.

Pero el presidente del comité de empresa, Nicolás Sangabriel, ve difícil que puedan optar a esta ayuda por la redacción de la orden.

Esta ayuda está dirigida a los trabajadores que se ven en una situación de expediente de regulación de empleo por causa de fuerza mayor.

Entre estas, cita la orden en el artículo cuarto, están los «acontecimientos catastróficos, imprevisibles o que siendo previstos fueran inevitables, como terremotos, maremotos, incendios, inundaciones, plagas, explosiones, tormentas de viento y mar, siempre que supongan la destrucción total o parcial de las instalaciones del centro de trabajo».

Sin embargo, la propia orden incluye un artículo abierto a interpretación. Valora también como «causa de fuerza mayor» aquella que «fuese constatada por resolución de la autoridad laboral competente».

El presidente del comité de empresa considera muy complicado que se puedan acoger bajo este punto «porque tal y como lo han expresado es difícil», y lamenta que los astilleros, que también facturan altas cantidades aunque menos que Fandicosta, se vean excluidos de la ayuda.

Fuentes de consellería de Economía de la Xunta explican que la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo establece como causas de fuerza mayor «que se trate de un hecho imprevisible o inevitable» o «un acontecimiento externo a círculo de la empresa y de todo independiente de la voluntad del empresario».

Así, sin negarlo explícitamente, dan a entender que los trabajadores de Vulcano no pueden acogerse porque la no contratación de un barco no es un hecho aislado o independiente al empresario.

La falta de noticias sobre ayudas a este astillero llega con una situación extrema para sus trabajadores. Encandenan 13 expedientes de regulación de empleo consecutivos y gran parte de ellos están agotando sus prestaciones de empleo.

«Sería un detalle con nosotros», considera Sangabriel sobre el uso de la orden Fandicosta con ellos para recuperar el salario perdido por la falta de actividad en el astillero.

INTERSINDICAL DENUNCIA QUE VAERSA «PREPARA UN ERE PARA DESPEDIR A 59 PERSONAS»

El STAS critica que se ha licitado la contratación de una asesoría jurídica sin informar a los sindicatos de las intenciones de reducir la plantilla

El Sindicat de treballadores i treballadors de les administracions i els serveis públics (STAS-Intersindical) en Vaersa denuncia que la empresa pública prepara desde hace meses «a escondidas un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 59 personas».

El sindicato ha descubierto en la plataforma de contratación de la Generalitat «la licitación de un asesoramiento jurídico en materia laboral» para «suspender contratos laborales» o modificaciones de las condiciones de trabajo», entre otras medidas.

El STAS-Intersindical en Vaersa critica que todo este procedimiento se ha realizado «sin haber comunicado nada a los sindicatos. Se prepara un recorte colectivo y los representantes de los trabajadores somos los últimos en enterarnos ya que «oficialmente», aún no nos hemos enterado.

¿Esta es la transparencia de la que hace gala el Consell? ¿La conselleria va a volver a dar las gracias ante esta nueva y deplorable acción de Vaersa?», se preguntan desde el sindicato.

La empresa pública justifica la contratación de la asesoría jurídica para «llevar a cabo un procedimiento de despido colectivo como resultado de una inminente reducción de las necesidades productivas que repercuten directamente en los recursos humanos de Vaersa». La adjudicataria tendrá siete días naturales, desde la firma del contrato, para «proponer las medidas laborales correspondientes».

El STAS-Intersindical critica que Vaersa contrate una asesoría jurídica «para que saquen la varita mágica y les expliquen cómo hacer un ERE sin hacerlo ante una inminente reducción de las necesidades productivas que repercuten directamente en los recursos humanos».

Aunque la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia investigan a los anteriores responsables de Vaersa, precisamente, por contratar despachos de abogados sin concurso público.

En concreto se investiga el pago dos millones de euros a siete despachos de abogados en seis años, desde 2006 hasta 2011, sin mediar concurso público y «sin previa formalización contractual», según advirtió la Sindicatura de Comptes y recogía la denuncia sobre estos hechos que presentó el sindicato CGT en Vaersa.

MUERE UN TRABAJADOR DE 25 AÑOS EN LAS OBRAS DEL METRO DE MADRID

EFE – MADRID

El hombre realizaba prospecciones en la glorieta de Bilbao para el proyecto de mejora que mantiene cerrada la Línea 1 del suburbano. Al parecer se ha desprendido una varilla de la máquina perforadora y ha caído sobre el operario.

Un joven de 25 años que efectuaba estudios geotécnicos del suelo para la instalación de un ascensor en la estación de Metro de Bilbao ha muerto esta tarde al caerle sobre la cabeza la varilla de una máquina perforadora, según ha informado una portavoz de Emergencias Madrid.

Como consecuencia del accidente, que ha ocurrido sobre las seis de la tarde en mitad de la madrileña glorieta de Bilbao, el trabajador ha sufrido fractura abierta de cráneo y ha muerto en el acto, por lo que los sanitarios del Samur-Protección Civil solo han podido confirmar el fallecimiento, según la fuente.

Los dos operarios que estaban trabajando junto a la víctima y el dueño de la empresa para la que trabajaba, que ha acudido al lugar del siniestro tras ser avisado del suceso, han tenido que ser asistidos por una psicóloga del Samur.

Los tres operarios estaban realizando sondeos y prospecciones del suelo en medio de la glorieta, que forman parte de un proyecto de mejora de la estación de metro de Bilbao que incluye la instalación de un ascensor, cuando una de las varillas de la máquina perforadora, por causas aún por determinar, ha caído sobre uno de ellos.

La Policía Municipal, en labores de policía judicial, se ha hecho cargo de la investigación del accidente y ha acordonado la zona. Los bomberos también han acudido, pero no ha sido necesaria su intervención.

ENTRE 2010 Y 2014, LA COMUNITAT VALENCIANA PERDIÓ 5.000 PROFESORES

Los sindicatos exigen la recuperación de la plantilla

El Stepv y CC OO recuerdan que de 2010 a 2014 el personal docente se redujo en 5.000 personas

Recuperar la plantilla perdida. Esa es una de las principales reivindicaciones de los sindicatos educativos tras denunciar que, entre 2010 y 2014, la Comunitat Valenciana perdió 5.000 profesores.

El conseller de Educació, Vicent Marzà, tiene el compromiso de hacerlo —de hecho, este curso escolar 2016-2017 arranca mil plazas más de docentes ya adjudicadas— pero, el objetivo a conseguir «aún está demasiado lejos y no hay que perderlo de vista».

«Con la llegada de la crisis y la política de recortes del PP, el sistema educativo valenciano vio mermado su plantilla de forma considerable y si la apuesta es una enseñanza de calidad recuperar los 5.000 puestos de trabajos perdidos debe ser una prioridad», aseguran desde el Sindicat de treballadors i treballadores de l’ensenyament del País Valencià (Stepv).

Desde CC.OO., además, recalcan la «precariedad» de la plantilla, con lo que aseguran que «una buen aproximación sería conseguir que, en tres años, 10.000 puestos de trabajo pasen de inestables a estables porque el reciclaje y aumento de la plantilla es una necesidad y el objetivo de conseguir los 50.000 docentes de 2010 debería ser el reto mínimo a conseguir».

EL GOBIERNO DEJA A CORREOS CON PÉRDIDAS RÉCORD Y REDUCE SU PLANTILLA EN OTRAS 1.131 PERSONAS

Antonio M. Vélez – eldiario.es

El grupo registra los mayores números rojos desde su constitución como sociedad estatal en 2001 por el desplome de la aportación del Estado por el Servicio Público Universal, que pasó de 518,1 millones a 180 millones

La plantilla media se redujo otro 2,15%, hasta 51.383 empleados, y acumula un recorte de 9.300 trabajadores bajo el mandato del actual presidente, Javier Cuesta, nombrado en 2012

Los funcionarios ya sólo representan el 31% de la plantilla de la empresa pública, que en julio lanzó una oposición de 1.606 plazas para personal laboral

El Grupo Correos, la mayor empresa pública de España por número de empleados, sufrió el año pasado unas pérdidas consolidadas de 34,098 millones de euros. Son los mayores números rojos tanto para el grupo como para la matriz (33,7 millones) desde la constitución de Correos y Telégrafos como sociedad anónima estatal en junio de 2001.

Las cuentas depositadas en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reflejan que el grupo, que todavía no ha anunciado sus resultados de 2015, aumentó la facturación (por aumento de la paquetería e ingresos electorales) un 1,9%, hasta 1.765,7 millones.

En el resultado influyó el drástico descenso de las subvenciones recibidas con cargo al ejercicio 2015 por la prestación del Servicio Público Universal (SPU), esto es, las compensaciones del Estado por los costes que le supone garantizar un servicio postal de calidad, con accesibilidad, regularidad y a precio asequible.

En 2015, Correos recibió del Ministerio de Fomento 430 millones en compensaciones de costes derivados de la prestación del SPU de ejercicios anteriores, pero ya tenía contabilizado ese importe como ingresos en sus cuentas de ejercicios precedentes. Las subvenciones con cargo a 2015 se quedaron en 180 millones, frente a los 518,171 millones que contabilizó en 2014.

En el grupo creen que «una vez que se calcule el coste real del SPU y se abone la diferencia respecto al anticipo a cuenta de 180 millones consignado en los presupuestos de 2015, es probable que se enjuguen esas pérdidas». Fuentes de la empresa señalan que, pese al aumento de la facturación y «las medidas de eficiencia implementadas, los gastos han aumentado en mayor porcentaje».

Las mismas fuentes recuerdan los altos costes fijos que soporta Correos, «porque a pesar de que disminuya la actividad postal tradicional, es obligatorio mantener la estructura que permite prestar el SPU».

En 2014, Correos recibió los atrasos por el SPU del periodo 2011-2013 y, con ello, la empresa pública pudo anotarse un beneficio consolidado de 193,8 millones en 2014, el mayor desde la creación de la Correos actual en 2001.

En sus cuentas de 2015, la sociedad todavía contabiliza 267,9 millones pendientes de cobrar por el SPU. Esos importes están pendientes de validación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El grupo, que el pasado julio, coincidiendo con la celebración de su 300 aniversario, puso en marcha una oferta de empleo fijo de 1.606 plazas para personal laboral (no funcionario) repartidas en las 52 provincias del territorio nacional, redujo el año pasado su plantilla por octavo año consecutivo.

LOS TRES PRIMEROS DESPIDOS EN INNDEA Y LAS NAVES AGOTAN TODO EL PRESUPUESTO

Ciudadanos alerta de que se habían previsto 132.231 euros, una cantidad mucho menor de lo que hará falta por la salida de 11 empleados

Las fundaciones InnDEA y CREA-Las Naves no tendrán suficiente presupuesto para afrontar las indemnizaciones por los once despidos que han empezado ya a tramitarse en los juzgados.

Al contrario, los 190.000 euros que han desembolsado en los tres primeros acuerdos extrajudiciales han superado la cantidad prevista por el gobierno municipal, de 132.231 euros.

Así lo criticó el portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, quien citó esta circunstancia como «un ejemplo más de la mala gestión que ha habido en este asunto». La segunda cantidad aparece en una respuesta del propio gobierno tripartito el pasado enero.

El concejal de Participación, Jordi Peris, decidió prescindir de once trabajadores de las dos fundaciones, lo que ocurrió el pasado diciembre. En la respuesta dada a Giner sobre la Fundación InnDEA se indicaba que «salvo en uno de ellos, no se ha despedido a los trabajadores directamente por razones relacionadas con su desempeño, sino como consecuencia de amortizar sus puestos de trabajo por ser considerados innecesarios en base a razones organizativas y de producción».

Por el contrario, los tres primeros acuerdos extrajudiciales (uno de InnDEA y dos de CREA-Las Naves) constatan de manera clara que se ha querido evitar una sentencia por despido improcedente. Como publicó Las Provincias, incluso se ofreció la reincorporación a los afectados, que no la aceptaron.

Giner aseguró que carecen de cualquier noticia acerca del acuerdo tomado en abril por todos los grupos municipales, para la realización de unas auditorías sobre los contratos laborales hasta 2012. «Nada de nada, no sabemos si las están haciendo o no», para indicar que las van a volver a pedir en un próximo consejo.

De las cantidades estimadas para despidos, en InnDEA fue de 102.977 euros, mientras que en la otra fundación se llegó a 29.254 euros. «Está claro que no van a tener suficiente si todavía falta pactar ocho indemnizaciones». La más elevada hasta ahora ronda los 90.000 euros, confirmaron distintas fuentes.

El edil recordó que la masa salarial de CREA-Las Naves, antes de los despidos, era de 156.000 euros al año, lo que refleja el gasto que supondrá el acuerdo de las indemnizaciones.

Giner añadió el conflicto abierto por las nuevas contrataciones, sobre todo por el proceso elegido. «El alcalde Ribó defendió en el pleno la actuación de Peris, por lo que es responsable de todo lo que está pasando», afirmó.

Como se sabe, uno de los principales motivos de crítica fue el proceso de selección del nuevo personal, al conocerse la baremación de cada una de las plazas después de que se acabara la presentación de solicitudes.

Además, entre los seleccionados se contabilizaron personas afines a Esquerra Unida y Podemos, lo que acabó por convencer a los grupos de la oposición de la necesidad de realizar una auditoría.

El responsable último, el concejal de València en Comú Jordi Peris, defendió desde el principio la legalidad de las contrataciones, además de los despidos anteriores, entre los que se encontraban tres familiares de cargos locales del PP.

No obstante, la realidad es que los abogados de las dos fundaciones han ofrecido a los afectados un acuerdo antes de llegar a juicio, pese a que no pasó lo mismo en el acto de conciliación.

Las dos fundaciones están en proceso de fusión, lo mismo que el Observatorio contra el Cambio Climático. Estos trámites han avanzado poco y Giner aseguró que «no se sabe más que el hecho de que lo quieren hacer, pero por lo que nos ha llegado no es tan sencillo». Las dos primeras fundaciones de dedican a la promoción de nuevas tecnologías y apoyo a los emprendedores.

DEMANDAN A IKEA POR CESIÓN ILEGAL DE MANO DE OBRA DE 10 TRABAJADORES

Con un empleador formal distinto, realizaban sus labores en la tienda

Francisco García Paños – Castilleja de la Cuesta – elcorreoweb.es

Dos grupos de cinco trabajadores han interpuesto demandas a Ikea Ibérica por entender que sus despidos, que se hicieron efectivos el pasado 7 de julio, son nulos o subsidiariamente improcedentes.

Los trabajadores denuncian que realizaban su trabajo a todos los efectos en la tienda de Ikea de Castilleja de la Cuesta con material de la empresa y con turnos marcados por Ikea, su empleador real, pero contratados por otra empresa, que era su empleador formal. En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, estiman que el suyo es un caso de cesión ilegal de mano de obra. Además, consideran sus despidos nulos o subsidiariamente improcedentes.

Representados legalmente por Francisco de Borja Ortas, del despacho Bidón Abogados, los trabajadores han presentado una papeleta de conciliación y están citados el próximo 6 de septiembre con la empresa que los empleaba, con Ikea y con la empresa que Ikea ha contratado para que sus trabajadores realicen las labores de los despedidos, en algunos casos desde hace ocho años. Ésta última está citada para plantear la posibilidad de que asuma a los despedidos.

El abogado explica que, «a todos los efectos, prestaban servicios en Ikea» en lo que considera «una especie de subterfugio para enmascarar su relación laboral».

Es importante, recalca, el hecho de que la empresa que los contrató estaba creada ex profeso para ceder a esos trabajadores a Ikea, que era la que proporcionaba el material de trabajo, organizaba sus labores, su jornada laboral, sus turnos…

De manera que esta empresa «se limitaba a poner la mano de obra a disposición de Ikea, sin estructura organizativa» alguna. Esta situación va más allá de una subcontrata, una posibilidad totalmente legal, recogida en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, y pasa al artículo siguiente, donde se define la cesión ilegal de mano de obra.

Cuando Ikea decidió extinguir el contrato, continúa Francisco de Borja, se limitó a contratar a otra empresa. Pero los trabajadores quedaron en una situación de indefensión absoluta: la empresa es insolvente, y como consecuencia solo queda para los despedidos la esperanza del Fogasa para cobrar finiquitos e indemnizaciones.

La empresa CM Auxiliares notificó a los representantes de los trabajadores el inicio de un expediente de regulación de empleo, que afectó a la totalidad de la plantilla. La empresa perdió con la multinacional sueca su única fuente de ingresos y se extinguió.

La papeleta de conciliación explica que «de esta acción de despido deberán responder solidariamente las empresas demandadas», puesto que «los solicitantes ha venido prestando servicios por cuenta de las dos primeras (CM Auxiliares 2012 SL y Cantón M. Servicios SL), en clara situación de coempleadores del Artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores, y clara cesión ilegal de mano de obra con la mercantil Ikea Ibérica SL».

Además, la papeleta de conciliación expresa que «ha existido una sucesión de empresas (…) pasando a asumir la misma actividad la empresa Seringlobal Servicios SL. En su caso, los trabajadores debieron subrogarse en esta nueva empresa».

Ikea Sevilla aseguró que está «al margen de toda relación laboral con los trabajadores de la empresa CM Auxiliares y no puede intervenir en las decisiones de dicha empresa»

LOS TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA URBANA EN ZARAGOZA AMENAZAN CON LA HUELGA

El Periódico de Aragón

Si la empresa FCC no cede, no descartan movilizaciones durante el Pilar. Las divisiones del comité dificultan la negociación del convenio colectivo

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Tres de los cinco sindicatos que forman el comité de empresa de FCC Limpiezas anunciaron movilizaciones si las negociaciones del convenio colectivo con la concesionaria no se «desbloquean». En el punto de mira están las fiestas del Pilar, una época en la que podrían iniciar un periodo de huelga.

Fuentes internas de la negociación informaron que la división interna que existe entre el comité de empresa están dificultando las conversaciones.

CCOO, UGT y Solidaridad Aragonesa (SA) se reunieron con el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, para trasladarles su preocupación por la situación de «bloqueo», después de casi un año de negociaciones.

Según explicó Cubero, la empresa se muestra reticente a realizar una revisión salarial de sus trabajadores a pesar de tener «un margen económico muy grande y que perfectamente puede compartir con la plantilla una parte de sus beneficios, máxime teniendo en cuenta los extraordinarios que tiene FCC en la prestación de este servicio», explicó.

SENTENCIAS

El concejal recordó que, este año, el consistorio va a abonar 1,2 millones a FCC Limpieza en concepto de intereses por el retraso en los pagos «que tan habituales y lucrativos han sido hasta ahora para estas empresas, pues el interés comercial actualmente es del 8%, si bien ha llegado a estar incluso en el 11%».

Además, hay otra sentencia por el mismo concepto en la que FCC reclamaba el pago de 1.866.000 euros. En este caso, todavía no es firme. El ayuntamiento ha solicitado al Fondo Estatal de Liquidez un crédito de 33,7 millones para poder pagar sentencias, entre las que se encuentran las de la contrata de la limpieza de la ciudad.

Las negociaciones con FCC se están marcadas por la división interna que existe entre los miembros de los representantes. Por un lado, CCOO, UGT y SA quieren firmar un nuevo convenio que mejore el del 2008-2011.

Por el otro, USO y CSIF quieren trabajar sobre el pacto que sustituyó al convenio. La empresa es partidaria de redactar un nuevo documento a partir de este pacto.

Esta situación se produce en un momento en el que la limpieza de la ciudad está en entredicho, sobre todo, en los nuevos barrios.

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