Boletín de Luchas Obreras (28 de Noviembre de 2016)

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ÍNDICE:

  • MANIFESTACIÓN DE #COCACOLAENLUCHA EN EL TRIBUNAL SUPREMO
  • HUELGA ESTATAL SECTOR DEL TELEMARKETING 28 NOV
  • LA PRECARIEDAD Y EL CONVENIO DE TELEMARKETING: OTRO CONVENIO ES POSIBLE
  • LA OIT CONSTATA EN UN INFORME LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA EN ESPAÑA
  • MANIFIESTO DE APOYO A LA HUELGA EN EL SECTOR DE CONTACT CENTER
  • JUZGADO INVESTIGA LA DENUNCIA DE EXMINEROS DE ALQUIFE POR CONCESIÓN DE SUPUESTAS AYUDAS IRREGULARES
  • LOS HOTELEROS REACCIONAN TRAS LAS CRÍTICAS DEL PRESIDENTE DE AC BY MARRIOTT, ANTONIO CATALÁN SOBRE LA PRECARIEDAD DEL EMPLEO
  • PSOE E IU MUESTRAN SU APOYO A LOS DESPEDIDOS EN EL ERE DE 2012 EN ESTEPONA
  • SE CUMPLE EL TERCER ANIVERSARIO DEL CIERRE DE CANAL 9, RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA
  • CC.OO. INICIA UNA CAMPAÑA INFORMATIVA EN BARBANZA SOBRE LAS RECLAMACIONES POR LOS DESPIDOS TEMPORALES
  • 13 NUEVOS DESPIDOS EN LA MANGA CLUB. CREANDO EXCELENCIA A BASE DE PRECARIEDAD
  • ALMIRALL REDUCE EN UNA VEINTENA LOS DESPIDOS ANUNCIADOS INICIALMENTE

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MANIFESTACIÓN DE #COCACOLAENLUCHA EN EL TRIBUNAL SUPREMO

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=OY5hbbgJEbA&app=desktop

HUELGA ESTATAL SECTOR DEL TELEMARKETING 28 NOV

https://www.youtube.com/watch?v=wOjVDFv9g8c&feature=youtu.be

LA PRECARIEDAD Y EL CONVENIO DE TELEMARKETING: OTRO CONVENIO ES POSIBLE

Santiago Alonso – Coordinador estatal de Telemarketing de CGT

Me gustaría un nuevo convenio que obligara a las empresas a contratar en jornada completa. Que fijara una formación adecuada y regulara una carrera profesional sin enchufes ni amiguismos

Todo el sector del telemarketing ha convocado una huelga para exigir a la patronal mejoras laborales

Se dice muchas veces que el telemarketing es un ejemplo de trabajo precario. Intentaré explicar qué significa eso. En mi empresa la mayor parte de la gente a la que contratan son mujeres con jornada parcial.

Atendemos una infinidad de servicios, desde servicios bancarios, compañías de seguros, compañías telefónicas, incluso el servicio de atención al cliente de una gran administración pública.

Todos nos presentamos al teléfono como trabajadores de esas empresas, pero en realidad tenemos un contrato a través de una subcontrata que pertenece a la patronal de telemarketing integrada en la CEOE.

Precariedad significa atender situaciones complejas sin apenas formación y, aunque trabajo para una subcontrata, soportar los cambios de directrices del cliente principal todos los días sin tiempo suficiente para asimilarlos.

Precariedad significa que tengo que estar conectado a un teléfono durante toda mi jornada laboral y solo puedo levantarme 5 minutos a la hora tanto para que descanse mi vista como para ir al baño. Esto lo conseguimos tras una  sentencia del Tribunal Supremo.

Precariedad significa que como tengo un turno «partido», me pueden mover desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde como ellos quieran avisándome solamente con una semana de antelación.

Precariedad significa que solo disfruto de dos fines de semana al mes, aunque coincidan con mis vacaciones, y que me avisan mensualmente de los fines de semana que libro, lo que me imposibilita planificar mis días libres.

Precariedad significa que no cobro en vacaciones lo mismo que el resto de meses, dado que una parte del salario variable (incentivos y comisiones) la empresa se niega a pagarlo, a pesar de que también el Tribunal Supremo tiene una sentencia firme que la obliga a hacerlo.

Precariedad significa que la mayor parte de las empresas del sector, aunque están obligadas desde el año 2007, no tienen plan de igualdad.

Precariedad también significa que aunque yo llevo varios años trabajando para el mismo cliente, sigo teniendo un contrato temporal de obra o servicio y mi antigüedad la he perdido, dado que cuando cambia la subcontrata no me reconocen la antigüedad inicial.

Además, estoy expuesto a que, aunque mi obra no termine, cualquier día den por finalizado mi contrato porque digan que baja el volumen de llamadas con una simple justificación de una hoja de cálculo imposible de verificar. Esto está regulado en los  artículos 17 y 18 del convenio colectivo que queremos cambiar.

Precariedad significa que en el período 2010-2014 perdí un 5% de poder adquisitivo a pesar de que mi empresa aumentó su facturación y sus beneficios. Lo mismo que me pasa a mí les pasa a todos los trabajadores del telemarketing, dado que esto estaba regulado en el convenio anterior.

La precariedad la siento cerca de mí y a veces me asusta denunciarla públicamente, porque todavía tengo la suerte de conservar la jornada completa. Desde hace años en mi empresa y en todo el sector solo se contrata a trabajadores a tiempo parcial para poder obligarles a rendir más y, si no aguantan, despedirlos o hacer que se vayan.

Y además los que están trabajando directamente con mi empresa tienen suerte, porque cada día contratan a más trabajadores por ETT con menos derechos todavía. Tampoco son mucho más afortunados quienes empiezan a trabajar directamente contratados por mi empresa, porque están con un contrato eventual y a los dos meses los pueden mandar casi gratis a la calle.

Pero nosotros no nos conformamos. Desde hace 24 meses los sindicatos en la mesa del convenio están peleando por un convenio colectivo digno.

Yo creo que otro convenio es posible y peleo día a día por conseguirlo. Me gustaría que el nuevo convenio obligara a las empresas a contratar en jornada completa. Que el nuevo convenio fijara una formación adecuada para los puestos de trabajo y regulara una carrera profesional sin enchufes ni amiguismos. Lucho por un convenio que obligue a que si el cliente para el que trabajo cambia de subcontrata se garantice tanto mi puesto de trabajo como la antigüedad que tengo.

Me movilizo por acabar con el artículo del convenio que permite que cuando la empresa asegure que hay menos llamadas digan que mi contrato ha terminado aunque siga mi campaña. Me movilizo porque se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo y que me paguen lo que me deben.

Me movilizo también por un sueldo digno, empezando por recuperar el poder adquisitivo que perdí en el convenio anterior. En el fondo lo que me gustaría es que no se aprovechara la subcontratación para pagar menos y tener menos derechos, que es en lo que se ha convertido el telemarketing.

Aprovecho esta oportunidad para abrir una ventana de solidaridad. El lunes 28 de noviembre, estamos convocados a la huelga 80.000 trabajadores y trabajadoras de todo el Estado. Creemos que otro convenio es posible y tú también tienes mucho que decir.

Como usuario de una empresa telefónica, un banco o una administración pública te animo a que llames por teléfono y protestes por la situación de los trabajadores del sector.

Como usuario tienes todo el derecho del mundo a pedir que nos traten con unas condiciones dignas. Como usuario tienes todo el derecho a exigir un servicio de atención al cliente de calidad.

Si nosotros desde un lado del teléfono protestamos y pedimos mejores condiciones y tú desde el otro también protestas y defiendes que los call centers tengan calidad, quizás ese día todo empezará a mejorar.

LA OIT CONSTATA EN UN INFORME LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA EN ESPAÑA

EFE

  • La OIT asegura en un informe que la utilización de la vía penal para encausar a 300 personas preveía sanciones «excesivamente elevadas«.
  • UGT y CC OO pusieron una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT en 2014 sobre varios procesos a participantes en huelgas.
  • La OIT pide al Gobierno que analice el impacto de la reforma del Código Penal de 2015 y que informe de sus consecuencias.

La aplicación del Código Penal por parte de la Fiscalía durante la pasada legislatura a varios casos vulneró la libertad sindical y el derecho de huelga, según ha constatado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe.

Recuerda la OIT que:

«No deberían imponerse sanciones penales por actos de huelga, salvo en los casos en que no se respeten las prohibiciones relativas a la huelga de conformidad con los principios de libertad sindical. Cualquier sanción impuesta por actividades ilegítimas relacionadas con huelgas deberían ser proporcionadas al delito o falta cometido y las autoridades deberían excluir el recurso a medidas de encarcelamiento contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica».

Así lo pone de manifiesto UGT en un comunicado, en el que explica que el Comité de Libertad Sindical de la OIT, ante el que este sindicato y CC OO pusieron una denuncia en 2014, afirma que esta actuación, que llevó al encausamiento de casi 300 trabajadores por incidentes ocurridos en el desarrollo de diferentes huelgas, preveía sanciones «excesivamente elevadas, carecía de suficiente precisión y era fuente de inseguridad jurídica«.

El Ministerio fiscal aplicó en estos casos el artículo 315.3 del Código Penal, que penaliza a quienes coaccionan a otros para iniciar o continuar una huelga, y dio lugar «a condenas desproporcionadas y no tuvo en cuenta ni el derecho de huelga ni la necesidad de proteger ese derecho fundamental», según manifiesta UGT. La Fiscalía llegó a pedir hasta 120 años de cárcel para los sindicalistas y trabajadores.

Artículo 315.3 del Código Penal

  1. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y 9 meses hasta 3 años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses.

Ocho de ellos, los conocidos como ‘los ocho de Airbus’, procesados por los incidentes ocurridos a las puertas de la empresa de Getafe (Madrid) durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral, fueron absueltos en febrero de este año.

En 2014, los sindicatos UGT y CCOO interpusieron una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT denunciando que la aplicación que del citado artículo por la Fiscalía y determinados órganos de la jurisdicción penal, «suponía una restricción del derecho de huelga y vulneraba los convenios 87, 98, 135 y 151 relativos al derecho de libertad sindical de la OIT».

Sin «actos de violencia»

El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha recomendado al Gobierno español que «no interponga sanciones penales por actos de huelga, salvo en los casos en los que no se respeten las prohibiciones relativas a la huelga de conformidad con los principios de libertad sindical».

El Comité también ha constatado que de los 81 procedimientos sancionadores abiertos en 2014, «ninguno corresponde a actos de violencia«. Por ello, ha dicho al Ejecutivo que recurrir a procedimientos penales en el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo no contribuye al mantenimiento de un sistema de relaciones laborales «estable y armonioso».

Además, el Comité de la OIT ha pedido al Gobierno que analice el impacto de la reforma del Código Penal de 2015 y que informe a los interlocutores sociales de sus consecuencias sobre el derecho de huelga.

También ha exigido explicaciones por los casos en los que los representantes sindicales han sido condenados sin que conste la realización de ningún acto violento y que informe sobre la situación de esas personas y la solicitud de indulto.

Tras conocer este informe, UGT y CCOO han emplazado al Gobierno y a las fuerzas políticas a asumir estas consideraciones, «y adoptar las medidas necesarias que garanticen en España los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga.

MANIFIESTO DE APOYO A LA HUELGA EN EL SECTOR DE CONTACT CENTER

Por la presente los miembros del Parlamento Europeo abajo firmantes manifestamos nuestra solidaridad con la huelga convocada por los sindicatos CCOO, CGT y UGT para el próximo 28 de Noviembre en el sector del Contact Center.

Cada día la actividad de las personas que trabajan en los centros de llamadas se hace más presente en nuestras vidas. Cuando tenemos un problema técnico, cuando necesitamos información, cuando queremos hacer una compra escuchamos al otro lado del teléfono a una trabajadora de este sector. Lo que no es tan conocido son las malas condiciones de trabajo a las que se enfrentan estas operarias.

Desgraciadamente, la facilidad con la que se puede transferir la actividad de un centro de llamadas de una empresa a otra ha creado un entramado de subcontratas donde rara vez la teleoperadora trabaja para la empresa que finalmente recibe el servicio. Con ello se ha abonado el terreno a todo tipo de abusos y vulneraciones de los derechos laborales.

Según se dio a conocer durante la visita de las trabajadoras al Parlamento Europeo el pasado 15 de Noviembre, el actual convenio no respeta las directivas europeas sobre Trabajo temporal (1999/70) y sobre subrogación de servicios (2001/23).

El resultado de estos incumplimientos es el sufrimiento de las plantillas que se han enfrentado a despidos con una remuneración inferior a la que les correspondería, a perder su antigüedad cuando cambia la subcontrata que les emplea y a la persistencia de bajos salarios por la generación de empleo a tiempo parcial con turnos variables. Desde el Parlamento Europeo haremos lo posible para que la Comisión investigue estas infracciones.

Pero saludamos por encima de todo la resolución mostrada por las trabajadoras implicadas a la hora de organizarse y apoyar su negociación mediante el recurso a la huelga, cuando su interlocutor les ha llevado al bloqueo.

Ante la amenaza de nuevos recortes de fondos y de derechos a la que nos enfrentamos, consideramos que su actitud es un ejemplo para otros sectores.

Apoyamos la movilización de las trabajadoras por un nuevo convenio colectivo que acabe con la precariedad de este sector y consiga que el Contact Center deje de ser un trabajo precario para convertirse en un trabajo digno.

Miembros del Parlamento Europeo:

Miguel Urbán Crespo (Podemos)

Marina Albiol (Izquierda Plural)

Xabier Benito Ziluaga (Podemos)

Javier Couso Permuy (Izquierda Plural)

Tania González Peñas (Podemos)

Florent Marcellesi (EQUO)

Paloma López Bermejo (Izquierda Plural)

Lola Sánchez Caldentey (Podemos)

Lidia Senra Rodríguez (Alternativa galega de esquerda en Europa)

Estefanía Torres Martínez (Podemos)

Ernest Urtasun (ICV)

Ángela Vallina (Izquierda Plural)

JUZGADO INVESTIGA LA DENUNCIA DE EXMINEROS DE ALQUIFE POR CONCESIÓN DE SUPUESTAS AYUDAS IRREGULARES

Europa Press

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Guadix ha iniciado la toma de declaraciones por la denuncia que un grupo de 14 exmineros de las Minas de Alquife (Granada) ha presentado contra casi 40 personas por supuestas ayudas irregulares concedidas a extrabajadores de estas instalaciones, ahora cerradas.

La querella se dirige contra varios exconsejeros de la Junta de Andalucía, representantes sindicales, exdelegados provinciales, un expresidente de la Diputación Provincial de Granada, varios cargos de la administración y miembros del Consejo de Administración de las empresas sucesoras de la antigua Compañía Andaluza de Minas (C.A.M.), según explican los denunciantes.

El citado juzgado está instruyendo la causa y hasta el momento solo ha citado a declarar a trabajadores. Han declarado un total de cuatro y se espera que el próximo mes lo hagan más, en el marco de una causa en la que se irá investigando y decidiendo los próximos pasos junto con la Fiscalía, sin que hasta el momento se haya citado a ningún exalto cargo de la Junta, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

La querella se interpuso en julio de 2014 por 14 exmineros de las Minas de Alquife en el juzgado de Sevilla que dirigía en aquel momento la jueza Mercedes Alaya. Tras inhibirse, la denuncia se trasladó a Granada y el 12 de noviembre de 2015 fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5, dándose posteriormente traslado al Juzgado de Instrucción número 1 de Guadix, según detalla en una nota el abogado de los querellantes Jesús Yebra.

El origen de la querella está en el proceso de liquidación y adjudicación de los bienes de todo tipo de la extinta C.A.M., que cesó su actividad en octubre de 1996. En enero de 1998, un grupo de 129 trabajadores de la C.A.M. constituyó la Compañía Minera del Marquesado S.L.L. con el objetivo de poder seguir explotando la mina. Los denunciantes afirman que «desde entonces hasta ahora esa sociedad no ha desarrollado ninguna de las actividades por las que justificaba su creación».

Dos años después se constituyó Minas de Alquife S.L. con el mismo Consejo de Administración que la Compañía Minera del Marquesado, adquiriendo la primera el 90 por ciento de las concesiones mineras, quedando el resto en manos de dieciocho trabajadores mineros. En 2011 se creó Minas de Alquife Holding B.V. en Holanda, que para los denunciantes es el heredero directo de todas las sociedades antes mencionadas y ha de asumir por tanto las responsabilidades de todo tipo en las que incurrieron las sociedades a las que absorbe.

Los querellantes consideran que se impusieron acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reportaran beneficios a la sociedad, «lo que está tipificado como delito societario en el Código Penal».

En la querella también se denuncia «la existencia de un delito de falsedad documental y se afirma que existen indicios claros de falsificación de documentos públicos que llevaron a la instrumentación de un Plan de Prejubilaciones supuestamente ilegal, ya que la Compañía Minera del Marquesado S.L.L. se acababa de crear y al ser una mercantil de naturaleza laboral, sus socios deberían estar trabajando en ella y por supuesto, nunca hubo ningún expediente de regulación de empleo previo».

En 2006, añaden los afectados, «asignó la Junta de Andalucía cantidades con destino a las mencionadas prejubilaciones, pero la C.A.M. ya no existe y Minas de Alquife S.L. no tiene, que se sepa, en esas fechas ningún supuesto prejubilado que atender».

Los denunciantes, consideran que no es posible alcanzar los objetivos previstos en el Plan de Prejubilaciones «sin que por parte de los administradores sociales de la Compañía Minera del Marquesado S.L.L. y Minas de Alquife S.L. se falsee documentalmente la realidad, ya que se parte de la inexistencia de una empresa en crisis, no se ha aprobado ningún ERE previo y los trabajadores prejubilados acababan de incorporarse a una nueva empresa».

Agregan que en el Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en la «Resolución de 10 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las ayudas socio laborales a los trabajadores afectados por ERES y empresas en crisis otorgadas por la administración de la Junta de Andalucía, Ejercicios 2001-2010″, aparecen como beneficiarias la C.A.M. y la Compañía Minera del Marquesado S.L.L., la primera con una prima financiada por importe de 5.083.818 euros y la segunda con 14.892.164 euros».

El abogado de los querellantes hace hincapié en que «la primera mercantil está liquidada en las fechas del informe y la segunda, aparte -según afirma- de privar a los trabajadores de sus derechos, especular con los bienes adjudicados y enriquecer ilegítimamente a un grupo de sus representantes legales, jamás ha cumplido con su objeto social».

Agrega que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 204 y 245 se hace referencia al «Decreto Ley 4/2012, de 16 de octubre de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección socio laboral a extrabajadores andaluces por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis.

La Compañía Minera del Marquesado aparece con dos pólizas y Minas de Alquife S.L. con una tercera póliza». Se ha iniciado la toma de declaración en calidad de investigados a los miembros del Consejo de Administración de la Compañía Minera del Marquesado S.L.L, según detalla el letrado.

La querella también se dirige contra los exconsejeros de la Junta de Andalucía Guillermo Gutiérrez Crespo, José Antonio Viera Chacón, Martín Soler Márquez, Francisco Vallejo Serrano, Antonio Ávila Cano y el actual consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. También contra el expresidente de la Diputación Provincial de Granada, Antonio India Gótor, el exdelegado provincial de Empleo, Mariano Gutiérrez Terrón, el inspector de trabajo Bernardo Ruiz González, los antiguos directores de Trabajo y Seguridad Social, así como el director Gerente del IFA, varios representantes sindicales de la época, miembros del Consejo de Administración de Minas de Alquife Holding B.V. y otros, hasta un total de casi 40 personas.

Según opina el abogado de los querellantes, Jesús Yebra, «esto no es más que, una nueva metedura de pata en el proceso de liquidación y cierre que tuvo las Minas de Alquife a finales de los años 90». A su juicio, «el primer gran error que se cometió por desconocimiento o prevaricación, fue adjudicar en un segundo auto con fecha de 6 de junio de 2001 unas propiedades y concesiones mineras que ya habían sido adjudicadas con anterioridad a los señores Lawrence William Seidler, Stanley Gordon Conway y Robert Kelly Moore. Desde ahí, todos los pasos que se han dado han sido equivocados y ahora nos encontramos con una situación que nadie logra entender».

LOS HOTELEROS REACCIONAN TRAS LAS CRÍTICAS DE CATALÁN SOBRE LA PRECARIEDAD DEL EMPLEO

Pilar Martínez – diariosur.es

Patronal y sindicatos tienden un puente para atajar este problema e intentarán sellar un pacto por la calidad laboral

La defensa por la estabilidad laboral y por la calidad de los empleos en el sector hotelero que realizó con vehemencia el presidente de AC by Marriott, Antonio Catalán, en el foro Lidera Málaga, que organizó la Diputación, Diario SUR y el AC Málaga Palacio, levantó ampollas e hizo mella.

Tanto que en el mismo salón en que se celebró este evento, tras una intervención que ha dado el salto a todos los informativos a nivel nacional, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón Suñé, y el responsable de Hostelería de Andalucía de CC OO, Gonzalo Fuentes, que asistieron al foro, decidieron tender puentes para poner freno a la precariedad laboral y buscar soluciones a aberrantes estrategias para reducir costes como la de externalizar el servicio de camareras de piso, que acaban cobrando un 40% menos de salario por trabajar más horas y más días, hasta el extremo de acabar cobrando tres euros por hora.

«Le dije que tenemos que ir de la mano para acabar con estas circunstancias», explicó Callejón Suñé, para apuntar que en la Costa la precariedad «no es tan alarmante» porque las plantillas están muy consolidadas y «porque los profesionales en general no vemos a los empleados como máquinas a explotar».

Ambas partes coincidieron en que es el momento de tomar cartas en el asunto y de reaccionar. De hecho, el primer encuentro para organizar una mesa en la que dar los pasos para acabar con la inestabilidad laboral y avanzar hacia un pacto por la calidad en el empleo se producirá en unos días, tal y como confirmaron Callejón y Fuentes.

Las posturas hasta ahora eran totalmente opuestas, sin embargo los resultados turísticos récord de los dos últimos y la recuperación de la rentabilidad en el último verano dibujan un nuevo escenario en el que las partes comparten que es el momento de priorizar en el empleo y de invertir en recursos humanos. «Tenemos que acabar con el discurso histórico de jugar los roles de buenos y de malos.

Los empresarios somos conscientes de que los empleados son el alma de los hoteles y que un trabajador contento garantiza la satisfacción del viajero», señaló Luis Callejón Suñé. A lo que Gonzalo Fuentes apuntó que el sector se encuentra en un momento clave en el que hay que pensar en acabar con la fórmula, adoptada en mayor medida en la Costa y en capital por los hoteles de nueva creación de externalizar el servicio de camareras, pero también hay que atajar «y con urgencia», advirtió, la necesidad de dignificar los oficios de hostelería porque los jóvenes no ven futuro en el sector con las condiciones laborales que se les ofrecen.

Y lo peor es que, el destino malagueño, por su madurez, tiene que afrontar ya un cambio de generación de profesionales que comienzan a jubilarse y que no hay relevo.

El panorama va incluso más allá de lo que supone la mejora de las condiciones laborales de los que ya trabajan o de los que se incorporan, sino de la necesidad imperiosa de tomar conciencia de que hay que invertir en recursos humanos con la misma naturalidad que se hace en la renovación hotelera.

Cambio de mentalidad

Fuentes insistió en que hay que hacerles entender a los empresarios «que estabilidad y calidad laboral no está reñida con la rentabilidad ni la obtención de beneficios.

De hecho, el mejor ejemplo lo puso Catalán al señalar que el AC Málaga Palacio había ingresado cuatro millones de euros y tiene a toda la plantilla fija, con buenas condiciones y con la satisfacción plena del trabajador.

Tanto que el otro día me decían las camareras de piso que quieren aprender inglés y que están dispuestas a ir a cursos porque están contentas con su empleo. Nada que ver con el trabajador que solo siente angustia».

Con contundencia, el responsable de CC OO apuntó: «hacen falta más meneos como el de Catalán para avivar las conciencias. No es admisible la jungla que hay en algunos hoteles en cuanto a condiciones laborales».

Por su parte, Callejón destacó que en la provincia la inestabilidad está más marcada por la estacionalidad, dado que las plantillas están muy consolidadas y apuntó que a nivel de salarios cuentan con el convenio con el sueldo más alto del país. «Estamos en un momento crucial porque el sector tiene que poner el foco en fidelizar a los viajeros y la mejor garantía para ello es prestar un buen servicio.

Todos sabemos que un trabajador contento supone un cliente satisfecho. Vamos a ponernos a trabajar para acabar con esta situación», detalló. Y es que hay que recordar que parte del aumento de viajeros son turistas de prestado de los destinos competidores que la inestabilidad política y la inseguridad les ha sacado del mercado.

Esta circunstancia también favorece que haya llegado el turno de ponerse a trabajar en un asunto que distanciaba a la parte empresarial de la laboral y en la que hay que remar juntos porque el fin es clave para unos y para otros. «Es la hora de activar un pacto hotelero contra la precariedad», coincidían empresarios y responsables sindicales.

La directora general de la cadena B Bou, María Herrero, tiene claro que al empleado hay que mimarlo si se quiere mimar al turista y bajo esta filosofía trabajan en estos hoteles boutique del interior de la provincia y de Sevilla.

La responsable de Hostelería de UGT Andalucía, Estrella Salas, insistió en que el sector tiene que poner freno a la inestabilidad. También exigió un mayor reconocimiento profesional. «La noticia tiene que ser todo el mundo trabaje por esa calidad de empleo que defiende Catalán».

Y es que en la presentación del Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020, el gran proyecto para que el turismo andaluz asegure su éxito en los próximos años, se colaron los ecos de la voz que alzó el presidente de AC by Marriott sobre la imperiosa necesidad de acabar con las prácticas de crear empleos en precario. De hecho este asunto rivalizó en protagonismo con la gran hoja de ruta del turismo de Andalucía.

PSOE E IU MUESTRAN SU APOYO A LOS DESPEDIDOS EN EL ERE DE 2012 EN ESTEPONA

Leandro Pavón – diariosur.es

Los trabajadores han recibido la sentencia del Supremo en la que el máximo tribunal daba la razón al Consistorio

Tanto el PSOE como IU mostraron su apoyo a los trabajadores despedidos del Ayuntamiento en el ERE de 2012 y que recibieron la sentencia del Supremo en la que el máximo tribunal daba la razón al Consistorio. Por parte de IU mostraron su «rechazo e indignación» ante la sentencia y criticó el fallo «de la mayoría conservadora de magistrados que compone la Sala de lo Social del Tribunal Supremo».

Por su parte, desde el PSOE afirmaron que la sentencia evidenciaba «que el marco legal desarrollado por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy tiene encaje en una reforma laboral tremendamente injusta y enormemente perjudicial para los empleados».

«De esta manera se pone fin a un auténtico calvario que ha tenido como elemento más distintivo la tardanza ilógica en una resolución judicial que se ha eternizado y que ha dejado por el camino las legítimas esperanzas de unos trabajadores que fueron seleccionados por el PP», añadieron.

SE CUMPLE EL TERCER ANIVERSARIO DEL CIERRE DE CANAL 9, RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA

Efe

El cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) cumple tres años sin que la nueva cadena pública -la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación- haya empezado sus emisiones, aunque se han dado los primeros pasos con la puesta en marcha del consejo rector de la nueva sociedad.

Las Cortes Valencianas aprobaron hace once meses la ley que derogó el cierre de RTVV, y en julio alumbraron sin ningún voto en contra (el PP se abstuvo) la ley de servicio público que permitirá la puesta en marcha de la nueva cadena, que contará con dos canales de televisión, dos de radio y una plataforma tecnológica.

Sin embargo, la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios pospuso hasta octubre la elección de los primeros miembros del Consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), su máximo órgano de gobierno, que ya ha comenzado a adoptar sus primeras decisiones.

Así, se ha acordado pedir el reingreso en la Forta, agilizar las primeras contrataciones, impulsar el concurso público que elegirá al director general de la cadena e iniciar la redacción del mandato marco, con los objetivos generales y de programación, que se desarrollarán en un contrato programa.

El presidente del consejo rector, el exletrado de las Cortes Enrique Soriano, no ha querido fijar una fecha concreta de inicio de las emisiones, a falta de las comprobaciones técnicas sobre el estado de los equipos, y tampoco se conoce la dimensión de la plantilla de la nueva cadena, que en 2017 tendrá un presupuesto de 55 millones de euros.

En el plano judicial, la Audiencia Nacional ha fijado para el 11 de enero el juicio por la demanda colectiva del sindicato CGT contra el expediente de regulación de empleo que extinguió los contratos de los 1.600 trabajadores de RTVV, una vez que el Constitucional ha desestimado el recurso del PSOE contra la ley de supresión de RTVV.

Este sindicato ha instado al Gobierno valenciano a llegar a un acuerdo antes de que la Audiencia Nacional dicte sentencia, pues considera que en caso de declararse la nulidad del ERE las indemnizaciones podrían llegar a entre 150 y 200 millones de euros, y que la Audiencia podría plantear cuestión de inconstitucionalidad.

Además, ha sido necesario constituir una comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno para intentar solucionar las discrepancias del Ejecutivo central en torno a tres apartados de la ley de la nueva RTVV, como el referido al trato preferente a los extrabajadores.

Respecto a los litigios laborales con los extrabajadores, hay ya 164 expedientes con sentencia de 2014 y 2015 y otros 207 están pendientes, con juicios señalados hasta febrero de 2018, mientras que siguen en marcha procesos judiciales contra RTVV SAU por parte de productores y por derechos audiovisuales.

En las próximas semanas se espera poder extinguir el ente RTVV, que en marzo de 2013 fue sustituido por la sociedad RTVV SAU y hasta este año no ha podido ser liquidado por la negativa de algún banco a firmar la cesión a la Generalitat de los préstamos, mientras que a mediados del año que viene se podría liquidar la sociedad RTVV SAU.

El trabajo de los liquidadores nombrados por el nuevo Gobierno valenciano en julio de 2015 ha sido arduo, pues se encontraron con problemas como un edificio del Centro de Programas de Burjassot sin inscribir en el registro de la propiedad y con desprendimientos en la fachada, contratos «sin sentido» y hasta cucarachas en los ascensores.

En los televisores de los valencianos, las barras de colores en los canales por los que emitía Canal 9 han sido sustituidas por la frase en valenciano «Una vez constituido el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación el día 26 de octubre de 2016, se han iniciado los trabajos para poner en marcha las emisiones», pero 1.091 días después del abrupto apagón los valencianos aún no tienen acceso a ese servicio.

CC.OO. INICIA UNA CAMPAÑA INFORMATIVA EN BARBANZA SOBRE LAS RECLAMACIONES POR LOS DESPIDOS TEMPORALES

Ribeira – La Voz

El sindicato anima a los trabajadores a informarse y a reclamar

El abogado del departamento jurídico de CC.OO. de Galicia, Fernando Escariz, el secretario xeral de Santiago-Ribeira, Juan Granados, y el responsable en la zona, Xosé Lamela, presentaron una campaña que trasladarán a todos sus delegados sindicales y trabajadores en general con la finalidad de informarles sobre las últimas sentencias de la Unión Europea igualando las indemnizaciones de los despidos de los contratos temporales.

El letrado comentó que el tribunal europeo declaró ilegal y discriminatoria la indemnización que la legislación española establece a los trabajadores temporales en caso de extinción de su contrato. Los sindicalistas animaron a todos los afectados de la comarca que se informen si se ven afectados por estas situaciones.

13 NUEVOS DESPIDOS EN LA MANGA CLUB. CREANDO EXCELENCIA A BASE DE PRECARIEDAD

Sección Sindical de CGT en La Manga Club

¿Quién no ha oído hablar de La Manga Club?, un complejo hotelero de superlujo ubicado en la localidad de Los Belones que lleva funcionando desde 1972. Se encuentra entre los 5 mejores resorts de lujo y deporte del mundo y ha sido el único candidato de España en la tercera edición de los premios internacionales World Travel Awards, algo así como los Oscar del Turismo. La retahíla de premios que ha recibido es interminable, mejor hotel de golf de España 2104 y 2015, mejor campo de golf de España 2014, entre otros muchos.

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Leyendo lo anterior nadie se imagina que uno de los pilares que sustenta todo ese lujo y excelencia es la precariedad laboral, pero la realidad hace cierto el famoso dicho de “no es oro todo lo que reluce”.

El pasado mes de octubre La Manga Club vuelve a despedir a 13 trabajadoras y trabajadores argumentando causas económicas y organizativas, algo que desde la Sección Sindical de CGT no compartimos en absoluto.

No parece lógico despedir a 13 personas y al mismo tiempo tener anunciado, en la web de la propia empresa, una amplia oferta de empleo para recepcionistas, camareras o camareros y ayudantes de cocina.

Tampoco parece razonable argumentar causas económicas y no presentar los resultados de los últimos tres trimestre y más teniendo en cuenta que La Manga Club ya fue condenada en 2014 por formar un grupo patológico de empresas. Estructura empresarial, esta, que se usa para no atender debidamente las diferentes obligaciones empresariales, entre ellas las laborales.

Desde la Sección Sindical de CGT en La Manga Club entendemos que los despidos obedecen a otros motivos. Para nosotras y nosotros los objetivos de la empresa son precarizar las condiciones laborales y castigar a las compañeras y compañeros de repostería que denunciaron a un superior por acoso.

Algo que la empresa no se tomó muy bien, ya que tuvimos que volver a denunciar a la Inspección de Trabajo porque se negaba a apartar al agresor de las víctimas.

2 de las 13 personas despedidas trabajan en repostería y la empresa ha decidido despedir a las dos, quedando dicho departamento sin personal, ya que en temporada baja sólo hay dos personas. No parece muy razonable que un establecimiento de estas características no ofrezca a su selecta clienta un servicio de repostería propio.

Debemos recordar que La Manga Club viene haciendo despidos periódicamente. Ya en 2008 despidió a 87 personas y desde entonces los despidos forman parte de su política de empleo que no es otra que sustituir empleos con ciertos derechos por otros con menos y en ocasiones a través de ETT’s.

Si quiere cerrar departamentos o eliminar algún puesto de trabajo siempre tiene la opción de recolocar en otro sitio a esas compañeras y compañeros y más teniendo en cuenta la oferta de empleo que mantiene en su web.

Desde la CGT hemos denunciado en el juzgado la improcedencia de los despidos y vamos a participar activamente en la concentración que hay convocada el día 1 de diciembre en la Asamblea Regional a las 11:00 horas. Sólo con la denuncia y sobre todo la movilización conseguiremos parar estos atropellos.

ALMIRALL REDUCE EN UNA VEINTENA LOS DESPIDOS ANUNCIADOS INICIALMENTE

La dirección del Grupo Almirall y los representantes de los trabajadores han firmado un acuerdo para llevar a cabo el plan de reestructuración en España, que prevé un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 102 empleados, 19 menos de los 121 previstos inicialmente.

Según ha informado la compañía farmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también se ha acordado, como medida de atenuación, «la posibilidad de adscripción voluntaria de trabajadores, así como de intercambiabilidad».

Este proceso de reestructuración se llevará a cabo dentro del marco de un plan social que contempla, entre otras medidas, un plan de recolocación externa para facilitar la reincorporación en el mercado laboral de las personas afectadas, y se ofrecerá una ayuda de formación.

«Desde el respeto por las personas finalmente afectadas por este proceso, Almirall quiere agradecer a todas las partes el esfuerzo realizado para alcanzar un acuerdo», ha añadido.

La compañía ha señalado que esta situación no afecta a las previsiones económicas para 2016 reiteradas el pasado 7 de noviembre con motivo de los resultados hasta septiembre.

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