Publicado en: 28 junio, 2018

Boletín de Luchas Obreras (28 de Junio de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
  • LOS GUÍAS ACREDITADOS DE LAS ISLAS CÍES HACEN HUELGA POR EL INTRUSISMO
  • CONDENAN A QUALYTEL POR “VULNERAR EL DERECHO A LA HUELGA”
  • LOS TRABAJADORES DE MAKRO VUELVEN A LA CARGA: HUELGA EN CATALUÑA
  • SINDICALISTAS INVESTIGADOS POR LA HUELGA DE LA JUSTICIA ACUSAN A LA XUNTA DE GALICIA DE ESTAR DETRÁS DE LAS DENUNCIAS
  • LA HUELGA DE LA ROPA SUCIA DEJA A 14 PACIENTES SIN OPERAR EN EL HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO
  • SINDICATOS ALERTAN SOBRE LOS SERVICIOS MÍNIMOS “ABUSIVOS QUE IMPONE” LA JUNTA DE ANDALUCÍA DURANTE LAS HUELGAS
  • LA PLANTILLA DE SEMAT EN BURGOSCALIENTA LA HUELGA
  • DESCONVOCADA LA HUELGA DE LIMPIEZA VIARIA DE VITORIA-GASTEIZ
  • LA LETRA PEQUEÑA DE LA PROPUESTA DE LIBERBANK PARA COMPENSAR A LOS EMPLEADOS POR EL ERE ILEGAL
  • LAS SUBCONTRATAS DE ENDESA ESTUDIAN MOVILIZACIONES
  • LAS LIMPIADORAS DESPEDIDAS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA VOLVERÁN A SER CONTRATADAS
  • HUELGA DE AMBULANCIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DESDE EL 3 DE JULIO POR EL «INCUMPLIMIENTO» DE LA MEJORA DE CONDICIONES
  • EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS VULNERÓ EL DERECHO DE HUELGA DE LAS EDUCADORAS, ASEGURA EL JUEZ
  • SIGUE LA HUELGA EN LAS PISCINAS DE NAVARRA EL FIN DE SEMANA

=====================================================

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

– Acta de actualización de las tablas salariales del Convenio colectivo de BT España, Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, SA. (VER PDF)

– Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo general del sector de la construcción. (VER PDF)

– Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias. (VER PDF)

– Acuerdo de modificación de las tablas salariales 2017 y 2018 del Convenio colectivo del sector de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio. (VER PDF)

– Acuerdo parcial, por el que se incorpora un anexo al Convenio colectivo de Oficinas Corporativas del Grupo de empresas Gamesa. (VER PDF)

LOS GUÍAS ACREDITADOS DE LAS ISLAS CÍES HACEN HUELGA POR EL INTRUSISMO

Faro de Vigo

La Asociación de Guías Acreditados de las Islas Atlánticas de Galicia-AGAIA anunciaron un paro en protesta por el intrusismo de personas sin autorización.

Además, denuncian que se sienten desprotegidos con el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque, al que presentaron alegaciones para reclamar un mayor control sobre las empresas que realizan visitas y otras actividades lúdicas.

CONDENAN A QUALYTEL POR “VULNERAR EL DERECHO A LA HUELGA”

Diario de Jerez

El Juzgado de lo Social nº 2 de Cádiz aseguró en una sentencia que aceptar unos servicios mínimos del 100% “sería como prohibir el derecho fundamental de huelga” y por ello ha condenado a la empresa del servicio de atención telefónica del 085 a indemnizar con 2.188 euros al sindicato CGT.

En una sentencia difundida por CGT, el juez dicta esta condena a Qualytel Teleservices por vulnerar el derecho a la huelga en el 085 en el paro organizado a nivel nacional el 17 de marzo de 2017, con motivo de la negociación del convenio colectivo del Contact Center.

En aquella convocatoria, recuerda la sentencia, la empresa propuso al Consorcio Provincial de Bomberos que los servicios mínimos del 085 fueran del 100 %, un porcentaje que este organismo aceptó “sin realizar ninguna actuación negociadora”.

El juez así lo estima al fijar en el 100% los servicios mínimos en la huelga del 085

Por ello se fijaron servicios mínimos del 100 % de la plantilla, cuando, según recuerda la sentencia, en otra actividad similar, el 112 del servicio de emergencias se habían fijado el 50% para personal técnico y el 80% para personal de sala.

“Ya por definición un servicio mínimo no puede ser el máximo, es decir el 100%, como aquí ha ocurrido”, explica el juez, que añade que la empresa sabía “desde el principio que ese porcentaje es igual a inexistencia del derecho de huelga” y que “pudo tomar otras decisiones organizativas o productivas que no implicasen la anulación absoluta de ese derecho a su personal”.

Por ello condena a la empresa a abonar al sindicato demandante una indemnización de 2.188 y a pagarle 450 euros de los honorarios de sus abogados.

El juez aplica un grado “medio” de indemnización por la vulneración del derecho a la huelga porque estima la “atenuante” de que fue el Consorcio Provincial de Bomberos quien dictó la resolución de los servicios mínimos que propuso Qualytel Teleservices, lo que ha reducido la compensación desde los 6.250 euros que se podrían haber impuesto.

LOS TRABAJADORES DE MAKRO VUELVEN A LA CARGA: HUELGA EN CATALUÑA

La cadena de venta al por mayor Makro sigue asfixiando a sus trabajadores con cambios de horarios, jornadas irregulares y obligando a trabajar los días festivos, algo que los sindicatos califican de “reducción de derechos” y que ha desencadenado en una huelga de la plantilla de la compañía en Badalona y Barberá del Vallésdomingo (Cataluña).

Esta es la primera huelga de 24 horas de los trabajadores de Makro tras varias protestas a nivel nacional. En este caso, cerca de 230 empleados pararán en los dos centros de Cataluña. Y la fecha escogida no es casual, ya que coincide con la festividad de San Juan, muy celebrada la comunidad catalana, y “uno de los días de más ventas de la compañía”, según Ginés López, portavoz de la Sección Sindical Estatal CCOO de Makro, quien además amenaza con extender los paros a otras comunidades si la empresa no cede.

Los trabajadores denuncian la reducción del disfrute de vacaciones en verano que obligarán a realizarlas fuera del periodo escolar, el establecimiento de una nueva jornada irregular en disposición permanente de la dirección (medida que entró en vigor el 15 de junio) o la potestad de la empresa para obligar a trabajar en festivo como parte de la jornada ordinaria.

También destaca una reducción de derechos de manera que, en caso de IT (Incapacidad Temporal o comúnmente llamado baja), “a partir de ahora se pierde más del 30% del salario cuando se está en situación de baja laboral”. Esta comenzará a aplicarse el 1 de octubre.

De hecho, para evitar esta situación Makro pondrá en marcha un proyecto piloto para evaluar los puestos de trabajo de los cerca de 3.400 empleados de la empresa y establecer medidas para evitar las bajas. “Se trata de presionar a los trabajadores para que cojan el alta antes de los previsto”, critica el sindicato.

Por ello, CCOO con el apoyo del conjunto de la plantilla está realizando varias movilizaciones para denunciar la situación y exigir la negociación con la empresa que lleve a recuperar los derechos arrebatados en la aplicación de la modificación de las condiciones laborales que permite el artículo 41 de los Estatutos de los trabajadores a raíz de la aplicación de la reforma laboral.

Protestas en Madrid

Desde marzo de este año el colectivo sindical se ha reunido en varias ocasiones con la empresa para tratar de llegar a un acuerdo y siempre bajo la amenaza de huelga constante. En el mes de abril, varios centros de Makro de Madrid decidieron realizar varios paros en protesta por la situación laboral.

Así, CCOO exige a la dirección de la empresa que cambie la práctica de imponer sus intereses por la negociación real de un acuerdo que tenga en cuenta y respete los derechos del conjunto de la plantilla. La última reunión que mantuvieron fue el pasado 12 de junio, pero según el portavoz sindical, “Makro da por cerrado el tema”.

La versión que la empresa siempre ha ofrecido a MERCA2 es que “las medidas objeto de la presente negociación se encuentran todas ellas dentro del ámbito y marco legalmente establecido. Son opciones permitidas por la ley y que lo único que persiguen es adaptarnos a las necesidades actuales de nuestros clientes y del mercado consiguiendo así, mantener a Makro en una posición competitiva y cercana a su cliente”.

Makro no tiene problemas de ventas

“La empresa Makro, filial del grupo alemán Metro AG, ha impuesto la pérdida de varios derechos laborales al conjunto de la plantilla de forma injustificada todo y teniendo beneficios”, denuncian desde CCOO. Si nos fijamos en las ventas, a la compañía no le ha ido tan mal.

La facturación de Makro España se ha mantenido más o menos estable, con ligeras caídas, pero también subidas, según datos del registro mercantil recogidos por Insight View. En 2012 obtuvo unas ventas de 1.226 millones de euros, en 2013 cayó a 854.404 euros (su peor año); y en 2014 se recuperan y crecen de nuevo hasta los 1.229,9 millones de euros.

SINDICALISTAS INVESTIGADOS POR LA HUELGA DE LA JUSTICIA ACUSAN A LA XUNTA DE GALICIA DE ESTAR DETRÁS DE LAS DENUNCIAS

Los acusados por la Fiscalía denuncian que el Vicepresidente Alfonso Rueda es el promotor de las acusaciones en represalia por una huelga que consideran ejemplar para otros operarios públicos. Varios partidos de la oposición los apoyan.

Sindicalistas de Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ están citados en los próximos días para declarar ante la Fiscalía de Pontevedra y el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña en calidad de investigados por supuestas coacciones durante la huelga de la Justicia, hechos que han vinculado a una “campaña de persecución contra esos tres sindicatos que no obedecieron a la patronal”.

En lo relativo a A Coruña, han explicado que fueron a hablar con la secretaria de Gobierno en un piquete informativo y ésta presentó una queja ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El TSXG remitió la denuncia a la Dirección Xeral de Xustiza, que abrió un expediente disciplinar que quedó suspendido porque también el Juzgado de Instrucción ha abierto diligencias previas por coacciones.

En este caso, las personas que figuran como investigadas son la delegada sindical de la CIG, Consuelo Rodríguez, y el delegado de Alternativas na Xustiza-CUT, Javier Fernández, quienes están llamados a declarar el 4 de julio. No obstante, han pedido un cambio de día, ya que ahora mismo están citados a declarar antes los denunciados que el denunciante y piden invertir el orden.

Denuncia desde la USO

El segundo caso surgió a partir de una denuncia ante el TSXG presentada por un delegado de Ourense del sindicato SPJ-USO por supuestas coacciones el día de la votación del acuerdo. El Tribunal remitió a la Fiscalía de Vigo y de Pontevedra la denuncia, que afecta a Enrique Araujo (de STAJ), Josefina Iglesias y Pablo Valeiras (ambos de AXG-CUT).

Así las cosas, en Pontevedra la Fiscalía ha abierto diligencias contra los tres, y les ha citado para declarar en calidad de investigados el próximo día 26 a las 10,30 horas. En lo relativo a Vigo, han confirmado que “hay diligencias de investigación” pero desconocen “en qué situación están”.

Finalmente, Valeiras ha indicado que él también ha sido sancionado con una multa administrativa por supuestamente haber participado en “lo que entienden un ‘escrache’ a Feijóo” en Santiago de Compostela. “No existió nada”, ha sellado.

“Reprender a los que no obedecieron”

En la rueda de prensa, que han ofrecido en Vigo varios delegados de los tres sindicatos, acompañados del portavoz de En Marea, Luís Villares, y el diputado del BNG Luís Bará, los sindicalistas han vinculado estos hechos a “una cuestión política de reprender a los que no obedecieron a la patronal, en este caso a la Xunta”, al no firmar el acuerdo.

Pablo Valeiras ha remarcado que tienen “muy claro que esto es represión sindical”, y que se utiliza la conocida como Ley Mordaza “para atacar y desmontar” las reivindicaciones de los trabajadores. En este sentido, ha mantenido que la huelga de la Justicia “fue ejemplar”, con un seguimiento de entre el 80 y el 95 por ciento durante los primeros dos meses.

“Ejemplo” para otros trabajadores públicos

“Fuimos un ejemplo de cara a otras administraciones, porque en días siguientes abrieron mesas de negociación en enseñanza y sanidad”, ha añadido, apuntando a que “el motivo de la represión es que para gobiernos acostumbrados a usar el rodillo (son) un mal ejemplo” porque se negaron “a asumir el mandato”.

Valeiras ha recordado que los sindicatos lo que pedían era “rematar con la discriminación de los trabajadores respecto al resto del Estado” y también “mejoras de la Justicia”, como crear “106 plazas” para consolidar puestos de interinos. “La reivindicación era justa”, ha remachado.

Enrique Araújo ha hecho hincapié en que la Xunta no tuvo “la más mínima intención de llegar a un acuerdo digno y que acabase bien el conflicto” porque pretendía “que no saliese ese ejemplo”; y ahora, “apoyándose en un sindicato amigo, SPJ-USO, lo que quiere es que acabe la huelga como un mal recuerdo”.

Acusan al vicepresidente de fomentar las denuncias

“No le valió solo con firmar un acuerdo por detrás, un acuerdo malo, tanto que fue rechazado por la mayoría en votación…. Ahora pretende apretar las tuercas a los demás sindicatos, a los compañeros más activos en esta lucha”, ha censurado, antes de añadir que “no es una casualidad, porque el propio Rueda dijo que había habido intimidación y tenía que haber denuncias”.

Según ha continuado, “recogiendo ese guante, el sindicato presentó denuncias sobre supuestos compañeros a los que pudo impedírsele el voto o incluso presionar para cambiarle el voto”. “Es completamente mentira”, ha asegurado, a lo que Valeiras ha agregado que lo que sí hay es un “complot de cuatro sindicatos y la Xunta, y ahora de la Fiscalía”.

Sindicatos estudian acciones penales

Asimismo, Consuelo Rodríguez ha mantenido, igualmente, que esto es “una persecución sindical” para que los trabajadores permanezcan “callados” y “estigmatizar” a los sindicatos que no firmaron como “los violentos y los que nunca firman”. Xosé Barreiro, de CIG, ha agregado que “la represión sindical por parte de la Xunta es muy clara, porque hay medios suficientes para no tener que llegar a este punto”.

Ante esto, ha advertido que “la vía penal puede funcionar en los dos sentidos, está abierta para todos”. “Aviso a navegantes, porque a lo mejor acaba yendo a declarar algún jefe de servicio o el director xeral, y alguno sale más mal parado de lo que piensa. No es ninguna amenaza, pero que sepan que a este juego podemos jugar los dos”, ha apostillado.

En relación a ello, ha insistido en que “este tipo de persecuciones no se pueden hacer” y tampoco se puede “hacer filtración de nóminas y dietas o abrir expedientes disciplinares porque les da la gana”. A colación de ello, ha avanzado que “probablemente” inicien acciones penales “para ir contra de los posibles responsables de la administración”.

Apoyo de BNG y En Marea

Tanto En Marea como el BNG han trasladado su apoyo a los sindicatos en estas reivindicaciones, y han destacado que la huelga fue “histórica, ejemplar, con seguimiento masivo y unidad sindical”; mientas que “el PP intentó entorpecer las movilizaciones, perseguir a los trabajadores” y “prolongar (el conflicto) artificialmente porque no quería un acuerdo”.

Así, Villares ha vinculado esta situación, por un lado a que al PP este “entorpecimiento” le “favorece”, pues “no vive su mejor momento en cuanto a Justicia se refiere” y “la no disposición de medios dificulta la mejor investigación de casos pendientes, también los de corrupción y despidos”; y por otro lado a que pretendía evitar el “efecto llamada” a otros trabajadores del ámbito público y privado.

“Si la administración de Justicia triunfaba, el resto de la administración pública iría detrás”, ha sostenido, incidiendo en que “es evidente que la persecución como escarmiento tenía que continuar”.

“Estamos viendo un plan preconcebido para evitar se ejerzan derechos fundamentales en Galicia y en En Marea estamos dispuestos a llegar hasta el final en la defensa de la clase trabajadora”, ha concluido.

Por su parte, Luis Bará ha denunciado también la actuación del Gobierno gallego durante la huelga y la “actual persecución de los sindicatos y del sindicalismo reivindicativo y rebelde, frente a otro más dócil y domesticado que le gusta al PP, para alimentar una estrategia de amedrentamiento y escarmiento”.

En este marco, ha refrendado el apoyo del BNG a los sindicatos objeto de esta “persecución”, los cuales ha dicho que “están defendiendo a un precio muy alto a la ciudadanía”; y ha anunciado que la formación nacionalista llevará este tema al Parlamento, donde pedirá que comparezcan el vicepresidente de la Xunta y el director xeral de Xustiza.

LA HUELGA DE LA ROPA SUCIA DEJA A 14 PACIENTES SIN OPERAR EN EL HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

Ángel Paniagua – La Voz de Galicia

El Sergas tiene abiertos 300 expedientes a auxiliares por no recoger las bolsas

La segunda jornada de la huelga de la ropa sucia en el Hospital Álvaro Cunqueiro ha vuelto a demostrar el músculo del colectivo de auxiliares de enfermería. El centro sanitario se vio obligado a suspender catorce intervenciones quirúrgicas que tenía programadas, según reconoció el Servizo Galego de Saúde.

También se cancelaron once endoscopias digestivas y cinco pruebas diagnósticas de neurofisiología. El colectivo de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) asegura que se suspendieron incluso consultas y que dos de las cuatro salas de reanimación del hospital permanecieron cerradas por la baja actividad quirúrgica.

La huelga habría tenido más impacto si la dirección del hospital no hubiese tomado medidas. Porque, según las auxiliares, en los últimos días se reprogramaron endoscopias que estaban pendientes con el objetivo de minimizar el impacto del paro laboral. «Todos os pacientes afectados serán reprogramados de xeito inmediato», aseguró el Servizo Galego de Saúde en un comunicado.

Para la dirección del área sanitaria de Vigo se trata de «graves repercusións asistenciais para os pacientes». El Sergas cifra el seguimiento de la huelga en un 41,17 % y las convocantes lo elevan a un 75 %. Sea cual sea la cifra, lo cierto es que el impacto es alto, pero ya no sorprende tanto, después de que el primer día de huelga se produjesen unas repercusiones similares.

El conflicto surge a raíz de la obligación impuesta por el Servizo Galego de Saúde a las TCAE de recoger las bolsas de la ropa sucia. Además de sacarla de las habitaciones, como ya venían haciendo, ahora tienen que trasladar las bolsas hasta un punto de recogida que, según el Sergas, está en la mayoría de los casos a cuatro metros y, en el punto más distante, a diez.

Desde la apertura del Álvaro Cunqueiro era el personal de la empresa de la limpieza el que trasladaba las bolsas. Esa empresa está subcontratada por la concesionaria del hospital, que es la empresa que lo construyó y que gestiona durante dos décadas los servicios no clínicos. En mayo se comunicó a las auxiliares que a partir de ese momento tendrían que ocuparse ellas.

El personal de la empresa de limpieza se había negado porque los pliegos de condiciones de la concesión del hospital no recogían que esa tarea fuese de su competencia y el Consello Galego de Relacións Laborais le había dado la razón. Fue una decisión repentina y muchas auxiliares se negaron. La dirección del hospital decidió enviar cartas individualizadas amenazando con sanciones y esto enconó más las posiciones.

A las negativas a hacer el trabajo, la dirección respondió enviando a la Inspección Sanitaria. Desde entonces, según documentación oficial del Sergas remitida a la Valedora do Pobo, se han abierto 300 expedientes y la mayoría de las auxiliares ya están recogiendo las bolsas de la ropa. Otra cosa es que estén de acuerdo.

La Valedora do Pobo da la razón al Sergas: la encomienda es legalEl Sergas difundió un dictamen de la Valedora do Pobo después de la consulta del colectivo de auxiliares. En él, Milagros María Otero archiva su investigación porque considera que no hay «actuación irregular da administración que nos permita adoptar unha resolución firme concluínte sobre mala praxe administrativa».

La Valedora do Pobo, que tiene la función de mediar entre los ciudadanos y la Administración cuando los primeros se ven indefensos, explica que la Consellería de Sanidade «goza dunha capacidade de xestión e autoorganización en virtude da cal pode estruturar os seus servizos da forma que considere máis axeitada para unha maior eficacia». La institución ya ha manifestado en anteriores ocasiones que la recogida de la ropa sucia se entiende como complementaria a las funciones de las auxiliares.

SINDICATOS ALERTAN SOBRE LOS SERVICIOS MÍNIMOS “ABUSIVOS QUE IMPONE” LA JUNTA DE ANDALUCÍA DURANTE LAS HUELGAS

Sevilla (Europa Press)

La Federación Andaluza de Enseñanza de la CGT (FASE-CGT), la Confederación Nacional del Trabajo de Andalucía (CNT Andalucía), el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) han criticado los servicios mínimos “abusivos impuestos tanto por la Consejería de Educación como por la de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía en las huelgas que vienen desarrollándose en servicios públicos”.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han explicado que estos servicios mínimos son del cien por cien en los exámenes en la educación universitaria y han añadido que, en el caso de las enseñanzas no universitarias, “abarcan la totalidad de actuaciones relacionadas con la calificación de todas las materias”.

Por lo tanto, han lamentado que se trata de servicios mínimos “abusivos que conculcan el derecho a huelga”, ya que la Junta de Andalucía “ha intentado desactivar el derecho a huelga” y ha demostrado que, “en el fondo, solo le preocupa que se evalúe”. “No le importan las clases ni las condiciones de precariedad de buena parte del profesorado andaluz”, han apostillado.

En esta línea, los sindicatos han recordado la existencia de varias sentencias recientes en las que la Junta de Andalucía ha sido condenada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por vulnerar el derecho a huelga. “Por ejemplo, el pasado mes de febrero de 2018, el TSJA dio la razón al Comité de Empresa de la Universidad de Sevilla, estimando que los servicios mínimos planteados por el Rector y la Junta de Andalucía fueron desproporcionados y no justificados”, han explicado.

En la misma línea, han apuntado que el TSJA anuló este mes de junio los servicios mínimos impuestos por la Junta de Andalucía para la sanidad pública durante la huelga feminista del pasado 8 de Marzo, en respuesta a una demanda de CGT-A. Igualmente, en mayo de este mismo año, el TSJA “declaró ilegales los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Empleo en el mantenimiento del servicio público de emergencias 112”.

“Este abuso de autoridad, que atenta contra el derecho a huelga, queda aún más en evidencia cuando, de cara a otras convocatorias de huelga, no se impusieron servicios mínimos, como ha sucedido en numerosas ocasiones en la Universidad de Sevilla”, ha lamentado.

Asimismo, en la huelga de la Educación no universitaria que comenzó el 12 de marzo, a la Consejería “le pareció suficiente con un miembro del equipo directivo por centro”, mientras que, por el contrario, en la presente huelga “se establece como servicios mínimos todo el personal necesario para las evaluaciones”.

Actualmente, han recordado que están interpuestas demandas por los servicios mínimos de las huelgas de profesorado interino en la Educación pública no universitaria en Andalucía y de Profesorado Ayudante Doctor y Contratado Doctor interino en educación universitaria en las universidades de Granada, Málaga y Sevilla.

Por último, los sindicatos también han anunciado, que “de seguir la Junta de Andalucía en la misma línea de vulneración de derechos fundamentales”, se plantean acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y “a cuantas instancias fuese procedente”, finalizan.

LA PLANTILLA DE SEMAT EN BURGOSCALIENTA LA HUELGA

C.M. – Diario de Burgos

En algunos camiones de recogida de basura fallan las cajas de cambios y en otros, las puertas se sujetan con cuerdas, lo que según los trabajadores provoca una demora cuando se procede a vaciar el contenedor

La limpieza de las calles y la recogida de la basura son sin duda dos de los servicios públicos más necesarios y muchas veces pasan desapercibidos.

La ciudad crece cada año fruto de la expansión urbanística y también cambian los sistemas de limpieza y los contenedores, cada vez más selectivos, y, con ellos, la maquinaria que ayuda en su trabajo diario a los operarios. En el caso de Burgos no solo no ha crecido la plantilla en la última década, a pesar de aumentar el trabajo, sino que tampoco se han renovado los medios materiales.

Los empleados de Semat, la empresa que tiene la concesión de estos servicios, denuncian que se ven obligados a trabajar con camiones de recogida de basura de mucha antigüedad. La mitad del medio centenar que hay tienen entre 18 y 26 años y la otra mitad supera los 13.

Tampoco se han renovado el otro medio centenar de pequeños vehículos que se emplea en la limpieza de calles o jardines. De modo, que han cumplido su vida útil y la empresa no quiere renovarlos dado que el Ayuntamiento prepara un nuevo concurso público para la gestión de este servicio.

Según explican los trabajadores, se producen muchas averías a diario, que no solo ralentizan sus funciones, sino que también ponen en peligro la seguridad de los empleados.

En algunas ocasiones, añaden, los vehículos se quedan parados, en otras tienen problemas con la caja de cambios e, incluso, en algunos se sujetan las puertas con cuerdas. No hay que olvidar que salen a la calle los 365 días del año y hacen muchos kilómetros. «Hay sensación de inseguridad cada día», aseguran desde la plantilla.

DESCONVOCADA LA HUELGA DE LIMPIEZA VIARIA DE VITORIA-GASTEIZ

UGT-Euskadi

La asamblea de trabajadores decide, por el 81% de los votos, desconvocar la semana de huelga, tras el compromiso del Ayuntamiento de finalizar el contrato con la UTE actual, compuesta por FCC y GMSM, que sistemáticamente incumplía el convenio colectivo. No obstante, la huelga indefinida prevista para septiembre queda a la espera de como transcurran los acontecimientos hasta esa fecha.

Celebrada la asamblea de trabajadores de la UTE que realiza la limpieza viaria y la recogida de basuras en Vitoria-Gasteiz, se ha decidido desconvocar la huelga prevista por un 81% de los votos a favor; 17% en contra y el 2% en blanco.

Los trabajadores de limpieza viaria de Vitoria-Gasteiz iniciaron a principios de este mes movilizaciones, por el incumplimiento sistemático del convenio por parte de las empresas que conforman la UTE, así como de los acuerdos alcanzados hace un año, en base a los que se desconvocó una huelga indefinida.

Los representantes sindicales advertían que la empresa incumplía una serie de condiciones recogidas en el convenio, como el abono de días de asuntos propios o proceder a las prejubilaciones, entre muchas otras, y ahora habían comenzado con amenazas de despidos, descuelgue del convenio, del contrato de relevo, etc.

Hasta ahora han conseguido la implicación del Ayuntamiento, como adjudicatario del servicio, pero los trabajadores permanecerán alerta a cómo transcurran los acontecimientos, de aquí a septiembre.

Los trabajadores están hartos del incumplimiento del sistemático del convenio colectivo y de los acuerdos que permitieron hace un año que no se llevara a cabo la huelga indefinida que habían convocado. “Efectivamente la readmisión de los compañeros/as despedidos se produjo, –señalan representantes de UGT- pero la UTE adjudicataria de la contrata ha continuado vulnerando los derechos que como trabajadores/as nos corresponde”.

LA LETRA PEQUEÑA DE LA PROPUESTA DE LIBERBANK PARA COMPENSAR A LOS EMPLEADOS POR EL ERE ILEGAL

Luis Suárez – El Boletin.com

CSICA y CSI recomiendan a los trabajadores de Liberbank que no acepten el acuerdo y sigan adelante con las demandas.

A pesar de no haber logrado llegar a un acuerdo con los sindicatos, Liberbank sigue adelante en sus intentos de llegar a un acuerdo con los empleados para devolverles el dinero detraído durante el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de junio de 2013 no de una sola vez, sino durante un período de ocho años y en forma de un “complemento de productividad”. La oferta ha puesto sobre aviso a los representantes de los trabajadores, que denuncian la letra pequeña del documento.

Cada trabajador de Liberbank ha recibido un documento estándar -sin firma por parte de responsable alguno, denuncian los sindicatos- para adherirse al cobro del plus. La fecha tope de adhesión es el 30 de junio y el dinero se cobrará en ocho años, hasta los 63.

Algunos de los párrafos de este documento han puesto sobre aviso a los sindicatos:

“El trabajador, adquiere, por una parte, el compromiso de prestar servicios en los términos previstos en la Estipulación Primera y el derecho a beneficiarse de las medidas previstas en las Estipulaciones Segunda, Tercera y Cuarta y, por otra, declara que a la fecha de su suscripción, no se le adeuda cantidad alguna derivada de la aplicación de las medidas de reestructuración adoptadas por Liberbank de forma unilateral o en virtud del acuerdo suscrito el 25 de junio de 2013, no procediendo reclamación alguna en relación con tales medidas y acuerdos y desistiendo por tanto de cuantas acciones administrativas o judiciales pudiera haber ejercitado”…

Según denuncia CSICA, uno de los sindicatos que llevó a los tribunales el ajuste de 2013, esta cláusula, en principio “inocente, es contraria a la ley porque sencillamente su contenido contiene una burda mentira (Liberbank nos debe a todos los trabajadores las cantidades y derechos derivados del ERE declarado nulo)” y, además, porque “Liberbank obliga al trabajador a la renuncia de un derecho fundamental, como es el derecho a la tutela judicial efectiva, al obligarse expresamente a la renuncia de acciones.”

Para CSI, otro de los sindicatos ‘rebeldes’, “particularmente inquietantes” son estos párrafos del documento:

“El trabajador manifiesta, expresamente, que es conocedor de la necesidad de aunar esfuerzos para lograr una mejora de los indicadores, resultados y, en general, de la productividad, todo ello en aras a lograr un Banco más competitivo y rentable.

Como consecuencia de lo anterior, el trabajador se compromete a ofrecer su mayor vinculación e implicación en el desempeño de la actividad laboral que redunde en un óptimo rendimiento y productividad por su parte y, en definitiva, contribuya tanto a mejorar el posicionamiento del Banco en el mercado, como a ofrecer un mejor servicio a los clientes”.

Según señala la formación sindical, “al relacionarse con la productividad, el cobro de lo adeudado, cuyo derecho hemos ganado con sentencias judiciales firmes, pasa a quedar expuesto a la manipulación por parte de la dirección de la evaluación de dicha productividad”.

Asimismo, “puede ser eliminado por cualquier ERE futuro, transforma salarios pensionables en un complemento no pensionable y no será percibido en su totalidad por quienes abandonen la entidad, sea voluntariamente o sea forzosamente, antes del fin del periodo de cálculo”.

CSI recomienda a los empleados de Liberbank no retirar la demanda (o presentarla si no se ha hecho) y recuerda que, en todo caso, hasta el mismo día del juicio puede llegarse a un acuerdo. También CSICA recomienda seguir adelante con las demandas y apunta además otro argumento: por esta vía “se cobrarán los importes mucho antes y en unos meses, incrementadas las cantidades con el 10% (salario), más el interés legal del dinero más 2 puntos (resto de conceptos)”.

La batalla legal por el ERTE de 2013

La batalla por el ajuste de 2013 ha sido larga. Tal y como ya publicó EL BOLETÍN, tras unas infructuosas negociaciones en mayo de 2013, Liberbank aprobó una serie de ajustes de manera unilateral que motivó que todos los sindicatos presentasen una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, en junio de ese mismo año el banco llegó a un acuerdo con CCOO y UGT para un ajuste que se aplicó hasta diciembre de ese año pero que fue anulado por la Audiencia Nacional por vulnerar la libertad sindical, decisión que refrendó posteriormente el Tribunal Supremo.

La sentencia del Supremo no dio carpetazo al asunto, sino que la interpretación del banco a esta anulación fue que volvían a estar vigentes las medidas aplicadas unilateralmente unos meses antes, lo que hubiese supuesto una devolución a los trabajadores de unos seis millones de euros, frente a la interpretación de los sindicatos demandantes, CSI, CSICA y STC, que reclamaban al menos 65 millones.

La Audiencia Nacional volvió a dar la razón a los sindicatos, que consideraban que estas medidas unilaterales eran ilegales ya que la dirección de Liberbank se había negado a entregar la información solicitada por los sindicatos demandantes durante el proceso de negociación. Sin embargo, el banco volvió a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, que finalmente el 21 de junio del año pasado volvió a dar la razón a los representantes de los trabajadores.

LAS SUBCONTRATAS DE ENDESA ESTUDIAN MOVILIZACIONES

M. C. Canedo – Diario de León

Los sindicatos constituyen una plataforma por si la eléctrica decide cerrar en el año 2020.

Los trabajadores de las subcontratas celebraron una asamblea

Trabajadores de las empresas auxiliares de Endesa, en Compostilla II, en Cubillos del Sil, anunciaron movilizaciones ante el más que probable cierre de la central térmica, en el año 2020, si se cumplen los plazos planteados por la multinacional Enel.

El primer paso lo han dado, ya, con la constitución de una plataforma reivindicativa respaldada por UGT, CC.OO. y la CGT. Una mesa que aglutina a más de 160 trabajadores de subcontratas que ven su futuro incierto si, finalmente, Compostilla echa el cierre.

Son empleados de la empresa Maessa que es la principal auxiliar que presta servicio en la térmica encargándose de tareas de mantenimiento y de compañías de transporte, seguridad, limpieza industrial y mantenimiento de obra civil. «Queremos defender la viabilidad del centro porque entendemos que estamos limitados y que se nos planteen soluciones para las subcontratas porque parece que no pertenecemos a nadie, somos muy vulnerables» explicaba el portavoz de la plataforma que también es el presidente del comité de empresa de Maessa, Luis Marcos.

Hasta el momento, no se han producido despidos en las empresas auxiliares que trabajan en la central térmica de Cubillos aunque apenas ha tenido actividad en los últimos meses, pero los trabajadores dicen querer «prepararse ante cualquier eventualidad» y es que según insistía Marcos «la única certeza que tenemos es el cierre anunciado por Enel para junio de 2020. Esperábamos algún cambio o alguna señal por parte de las administraciones, pero nada», añadió.

LAS LIMPIADORAS DESPEDIDAS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA VOLVERÁN A SER CONTRATADAS

Cordópolis

Las empleadas se incorporarán de nuevo a partir del mes de julio

Manifestación sindical frente al “acoso” a las limpiadoras de la Ciudad de la Justicia ->

http://cordopolis.es/wp-content/uploads/2018/02/ManiLimpiadorasCiudadJusticia7.jpg

La Federación de Servicios de UGT Córdoba (FeSMC UGT – Córdoba) ha informado a través de una nota de prensa de que la empresa que presta el servicio de limpieza de la Ciudad de la Justicia de Córdoba (UTE Servicios CJC) ampliará su plantilla con la contratación de las trabajadoras que fueron despedidas el pasado mes de febrero.

Juan Martínez, responsable de la Acción Sindical de esta Federación, ha comentado que “ante las demandas del Sindicato, la empresa asumió la improcedencia de los despidos, abonando las indemnizaciones correspondientes.

Desde entonces UTE y UGT hemos mantenido una línea de negociación continua que ha permitido aclarar los diferentes temas de ámbito laboral que generaban discrepancia, y ahora, como colofón, hemos encontrado el encaje para que estas trabajadoras vuelvan a formar parte de la plantilla de la empresa”.

HUELGA DE AMBULANCIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DESDE EL 3 DE JULIO POR EL «INCUMPLIMIENTO» DE LA MEJORA DE CONDICIONES

ABC.es

UGT denuncia que la patronal autonómica pretende rebajar los salarios de los trabajadores y las condiciones laborales recogidas en el convenio colectivo

Las ambulancias de la Comunidad Valenciana estarán en huelga desde el 3 de julio. La Federació de Serveis Públics de UGT-PV ha convocado esta huelga indefinida de ambulancias en la Comunidad Valenciana a partir del martes 3 de julio, desde las siete de la mañana, por el “incumplimiento” del acuerdo alcanzado en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) en junio del año pasado por un convenio colectivo “justo” con la mejora de condiciones laborales, prevención de riesgos y contra el intrusismo laboral.

En un comunicado, el sindicato denuncia que la patronal autonómica “incumple” este acuerdo en su punto tercero, sobre el inicio de la negociación de la parte económica del segundo convenio colectivo del sector en la Comunitat, vigente desde 2013, “incluyendo las condiciones y estructura retributiva, tanto salarial como no salarial”.

Tras “dilatar por un año la negociación con diferentes excusas”, UGT-PV explica que la patronal –en la última reunión celebrada el miércoles, 20 de junio– presentó una propuesta que “contradice el acuerdo del TAL: pretende rebajar los salarios de los trabajadores y las condiciones laborales recogidas en el convenio, contradiciendo el acuerdo alcanzado en 2017”.

De esta forma, la central entiende que la patronal trata de “financiar el despropósito de la licitación sobre las espaldas de los trabajadores, que desde 2013 vienen sufriendo una merma en sus retribuciones, unos horarios que llegan a las 2.600 horas anuales y unas condiciones y cargas de trabajo insostenibles”.

“Y en ningún modo reconocen laboralmente la categoría de Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) que exige la administración para optar a la licitación”, subrayan desde UGT-PV, en lo que ven como “una vuelta de tuerca más, haciendo desaparecer la antigüedad, y en una suerte de trileros, subir los salarios con porcentajes por debajo del acuerdo nacional”.

También denuncian el hecho de que la patronal este “negociando con este sindicato y rebajando las cantidades recibidas por otro, con un diferencial para los trabajadores, por un periodo de cuatro años, que van desde 4.000 euros a 1.800 euros menos”.

Bajada «temeraria» de la UTE

La organización sindical advierte de que “toda esta situación viene dada por una bajada temeraria de la UTE adjudicataria de la licitación con la Conselleria de Sanidad Universal, que ya redujo sobre la anterior en 24.000.000 euros, y bajo aún más con un 3,58%, lo que supone una reducción de 8.200.000 euros.

A esto “habría que sumar la oferta de la UTE de aumentar en 51 ambulancias con un coste aproximado de unos 26.500.000 euros, lo que supondría un 12% aproximadamente, con lo que superaría ampliamente el límite legal del 10% para catalogarla de temeraria y no ser aceptada”.

La licitación, según UGT-PV, además de no recoger cláusulas sociales como se demandó a la Conselleria, “implica tener como es lógico un convenio de aplicación en toda la UTE, y no como venían haciendo estas empresas, con lo que incumplirían igualmente el contrato, que se debe poner en marcha el 1 de agosto”.

Competencias de celadores

Finalmente, desde la central inciden también en que esta licitación “supone un intrusismo profesional, obligando a los TES a realizar el traslado de enfermos intrahospitalarios, que es competencia del personal celador, e incumpliendo la orden de 1971 del estatuto de personal de los institutos de salud”.

“Sumado a la situación de las plantillas de estos trabajadores, supone una privatización encubierta que contrasta con la política de reversión de la Conselleria, de la que no quieren ser partícipes los TES, además de perjudicar la circulación de pacientes, generando esperas en las ambulancias”, denuncian.

EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS VULNERÓ EL DERECHO DE HUELGA DE LAS EDUCADORAS, ASEGURA EL JUEZ

S. Fernández – La Nueva España

USIPA pide destituciones tras un fallo que declara ilegales los servicios mínimos “El PSOE no tiene vergüenza”, dice el edil Abella

Educadoras en una concentración el pasado verano en El Quirinal ->

https://fotos02.lne.es/2018/06/23/328×206/ayuntamiento-vulnero.jpg

El Ayuntamiento de Avilés vulneró el derecho de huelga de sus trabajadoras de las escuelas infantiles, según un fallo emitido. Lo hizo porque “los servicios mínimos fijados no cuentan con la debida motivación que permita tener por justificado el sacrificio impuesto a los trabajadores en el ejercicio de un derecho fundamental”.

Es decir, “impidió el derecho a protestar”, señaló Manuel Gómez Mendoza, el vicesecretario de la sección sindical de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) en el Ayuntamiento. “Por esto vamos a pedir el cese del director de Recursos Humanos y de la directora del Servicio de Educación. Los dos diseñaron unos servicios mínimos ilegales”, añadió el sindicalista.

El juez de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Oviedo pone como ejemplo lo que dictó el gobierno municipal para la escuela de La Magdalena: “Dos de las tres trabajadoras a jornada completa” tenían que acudir a trabajar. “Tiene narices que sea un juez el que saque los colores a un gobierno socialista sobre cómo se gestiona el derecho de huelga”, apuntó el concejal Primitivo Abella, del grupo Somos. “No podemos olvidar que lo que pedían era la inclusión en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento”, añadió el edil. “No tienen vergüenza”, destacó Abella.

“Los servicios mínimos que dictaron para la huelga de las trabajadoras son los mismos que dictaron para la huelga del 8 de marzo, que parece mentira, en estos tiempos de Pedro Sánchez”, intervino Gómez Mendoza, que anunció la interposición de demandas contra el Ayuntamiento por el impedimento a poder ir a la huelga.

“Raúl Marquínez es muy dado a los ‘experimentos’. Lo hizo con la paga de productividad y ahora con la huelga”, concluyó Primitivo Abella.

SIGUE LA HUELGA EN LAS PISCINAS DE NAVARRA EL FIN DE SEMANA

Noticias de Navarra

La patronal y los sindicatos no logran alcanzar un acuerdo en la reunión

La huelga convocada por UGT, ELA y LAB en los centros deportivos, que perjudica a las piscinas en la recién inaugurada campaña de verano, sigue els fin de semana, ya que los sindicatos y la patronal no alcanzaron ningún acuerdo en la reunión. La segunda jornada de paros se desarrolló de manera desigual, según los sindicatos.

Listado de piscinas

Estas mismas fuentes anunciaron que seguramente “las piscinas de San Jorge no puedan abrir por los paros” y que “Aranzadi sufrirá las incidencias de la protesta”.

La patronal está compuesta por Gesport, Sedena y Soysana, y estas empresas llevan los siguientes centros que pueden ver alterada su actividad por los paros: Sarriguren, Olaz, el Cubo de Huarte, San Jorge, Aranzadi, el Trinquete de Mendillorri y Mutilva (Gesport); Zizur, Civivox Iturrama y Cintruénigo (Sedena); y Huarte y Zizur Menor (Soysana), según fuentes sindicales.

La patronal propuso una subida del IPC+1% este año desde octubre sin efecto retroactivo; y el IPC+1% para 2019 y 2020. Un planteamiento rechazado por la parte social.

MÁS NOTICIAS SOBRE LUCHAS OBRERAS ->

https://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/BOLETINLUCHAS.html

COLABORA CON KAOS