Publicado en: 28 febrero, 2018

Boletín de Luchas Obreras (28 de Febrero de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
  • TRABAJADORES DE GEACAM SE CONCENTRAN PARA EXIGIR LA RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
  • EL COMITÉ DE ‘EL PERIÓDICO’ ANUNCIA LAS PRIMERAS MEDIDAS TRAS LA CONFIRMACIÓN DEL ERE
  • UGT Y CC.OO. CONVOCAN EN VALENCIA UNA HUELGA GENERAL PARCIAL PARA EL PRÓXIMO 8 DE MARZO
  • HUELGA EN SELECTA CONTRA LOS DESPIDOS
  • PIERALISI PRESENTA UN ERE PARA LA MITAD DE SU PLANTILLA
  • UNIPOST ENTRA EN LIQUIDACIÓN CON 46 FAMILIAS PENDIENTES EN CÓRDOBA
  • DURO PLANTEARÁ UN ERE PARA RECORTAR PLANTILLA EN GIJÓN Y MADRID EN TODOS LOS NIVELES
  • CC.OO. CONVOCA HUELGA PARA VARIAS EMPRESAS DE LIMPIEZA DE LOS TRENES AVE
  • SE MANTIENE LA HUELGA EN SIERRA NEVADA EN PLENA TEMPORADA ALTA
  • LOS JÓVENES INVESTIGADORES SE REVUELVEN CONTRA EL GOBIERNO POR SUS CONDICIONES DE TRABAJO
  • LA AUDIENCIA OBLIGA A BANCO SANTANDER A CONTROLAR LAS HORAS DE SU PLANTILLA
  • CONVOCADA UNA HUELGA PARCIAL DE TRES DÍAS PARA MARZO EN RENFE CATALUNYA
  • CC.OO. CONVOCA SEIS DÍAS DE HUELGA EN DOS EMPRESAS DE LIMPIEZA DE LOS AVE
  • LA HUELGA DE AUTOBUSES EN TOLOSA SE PROLONGA HASTA EL DÍA 11
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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

– Acta con la revisión salarial de 2018 del Convenio Colectivo de Distribuidora Internacional de Alimentación, SA y Twins Alimentación, SA. (VER PDF)

– Acta con la revisión salarial para el año 2018 del Convenio Colectivo del Grupo Champion. (VER PDF)

– Acta de los acuerdos de revisión salarial del Convenio Colectivo marco para los establecimientos financieros de crédito. (VER PDF)

– Acta del acuerdo sobre las tablas salariales aplicables en 2017 del Convenio Colectivo de Alain Afflelou España, SAU. (VER PDF)

– Acta del acuerdo sobre las tablas salariales definitivas para 2017 y las tablas salariales provisionales para 2018 del Convenio Colectivo estatal para las industrias del curtido, correas, cueros industriales y curtición de pieles para peletería 2016-2018. (VER PDF)

TRABAJADORES DE GEACAM SE CONCENTRAN PARA EXIGIR LA RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

lasnoticiasdecuenca.es

El gerente de la empresa pública responde que la decisión de CC.OO. de “judicializar” el conflicto ha motivado que al menos 32 trabajadores no puedan tener actualmente su plaza fija

Imagen de la concentración ->

http://www.lasnoticiasdecuenca.es/storage/contents/mid_33104-718-cerca-cien-trabajadores-geacam-se-concentran-para-exigir-recuperaci-n-calidad-del-servicio.jpg

Unos 40 trabajadores de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) de las distintas provincias de la región se han concentrado ante la sede de la empresa en Cuenca para exigir al Gobierno regional que termine de darle la vuelta a los recortes registrados en la anterior legislatura, una recuperación que admiten pero que a su entender está siendo “lenta”, y que de este modo “se pueda recuperar la calidad de un servicio tan esencial para el medio ambiente”.

Principalmente, los sindicatos reclaman al Gobierno regional no haber sacado el pasado 1 de junio las plazas vacantes existentes en la empresa, un total de 69, a través de contratos fijos o fijos-discontinuos, tal y como entienden que dicta la encomienda de gestión de la Junta y el convenio colectivo.

“La primera excusa es que no había presupuestos, pero en septiembre ya estaban, y siguen sin cumplir, cuando Geacam, con una plantilla de unos 1.800 trabajadores, es la mayor empresa pública de C-LM y tiene que ser una empresa ejemplar en los contratos, que tienen que ser estables y con calidad”, señalan en CC.OO..

Añaden que ya se han presentado cerca de 70 denuncias individuales para reivindicar derechos de los trabajadores y denunciar despidos que se produjeron con fecha de 30 de noviembre, ante lo que piden que sea el Gobierno regional quien “solucione el problema” en vez del juez.

Defensa de Darío Dolz

El gerente de Geacam, Darío Dolz, asegura sin embargo que la empresa está demostrando “con hechos” el compromiso existente con la estabilidad y la calidad del empleo desde el inicio de la legislatura.

En este sentido, recuerda algunas de las mejoras que se han alcanzado en este tiempo como la ampliación de los contratos de los ocho meses en la anterior legislatura a doce meses en la actual; el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores; la adquisición de nuevos equipamientos o la recuperación de la formación, prácticamente desaparecida con el anterior Ejecutivo.

Dolz lamenta sin embargo que CC.OO. “no esté dispuesto a reconocer este esfuerzo y todo lo que se ha avanzado en apenas dos años y medio”, argumentando que desde el año 2016 “Geacam ha venido ganando efectivos año tras año, mientras que en la anterior legislatura se llevaron a cabo cinco Expedientes de Regulación de Empleo y despidos masivos de trabajadores”.

En cuanto a las cuestiones concretas que esgrime CC.OO. para convocar una concentración, el gerente de la empresa pública señala que son “las demandas auspiciadas por el sindicato a título individual y la posible interposición de un conflicto colectivo, anunciado en el Comité Intercentros del 8 de febrero, reunión a la que por cierto no se invitó a la empresa”, los asuntos que “impiden” sacar las 32 vacantes autorizadas y a no proceder a la promoción interna hasta que los juzgados se pronuncien para, así, ha dicho, “no perjudicar a los trabajadores”.

En esta línea, Dolz ha explicado que tras el proceso de promoción interna del año 2017 surgieron un total de 69 vacantes de las que se autorizaron 32, según la tasa de reposición de la Ley de Presupuestos, aunque la empresa pública continuó buscando soluciones para contratar al resto de trabajadores como fijos.

Sin embargo, considera la decisión de CC.OO. de “judicializar” el conflicto ha motivado que al menos 32 trabajadores no puedan tener actualmente su plaza fija en la empresa y que la promoción interna no se pueda realizar en 2018.

Señala el gerente de Gecam que la autorización para contratar como fijas a 32 personas se produjo en el mes de septiembre del 2017, finalizándose la campaña de extinción de incendios tras la aprobación el día 31 de agosto de los presupuestos regionales.

Desde ese momento, ha explicado Darío Dolz, desde la empresa pública se ha estado buscando una solución “para no perjudicar a los trabajadores y buscando contratar como fijos a los 69”, algo que” se está viendo frustrado por las acciones acontecidas en los últimos meses del año pasado”, como son las demandas individuales alentadas por el sindicato y la posible interposición de un conflicto colectivo.

EL COMITÉ DE ‘EL PERIÓDICO’ ANUNCIA LAS PRIMERAS MEDIDAS TRAS LA CONFIRMACIÓN DEL ERE

prnoticias.com

El @ComitePeriodico reacciona a la confirmación del ERE y anuncia las primeras medidas de la plantilla

Los trabajadores de El Periódico no han tardado en responder al ERE que el Grupo Zeta ha formalizado en las últimas horas.

Después de conocer que 177 de sus trabajadores –lo que supone un 46% de la masa salarial- perderán su trabajo, la plantilla ha respondido a esta medida con el anuncio de nuevas movilizaciones previstas para las próximas semanas y que se intensificarán según se acerque el día de la resolución definitiva.

Con poco más de un mes de margen para que se desarrollen las conversaciones entre la dirección y el Comité de empresa, la plantilla ha anunciado el inicio de movilizaciones a modo de protesta y 15 días de huelga que llevarán a cabo coincidiendo con la recta final del periodo de consultas.

Tal y como el propio Comité ha asegurado, el calendario de la huelga se gestionará en función a la evolución que marquen las negociaciones.

Además, la plantilla de El Periódico ha puesto en marcha otras acciones como el envío de una carta a las empresas que participan en el foro Primera Plana que ha sido dirigida a los directivos y representantes. En ellas, se informa del ERE planteado por Zeta y de la convocatoria de una nueva manifestación a primera hora de la mañana.

Sin embargo, el Comité de empresa ha informado que desde Zeta han suspendido este acto para eludir la manifestación convocada por los trabajadores a las puertas del evento.

El ERE propuesto por Zeta

El Grupo Zeta ha ejecutado ya el ERE que anunció hace varias semanas con el que pretende deshacerse de 177 de los trabajadores de El Periódico. Lo hace incrementando levemente los números previstos que contemplaban deshacerse del 45% de la masa salarial.

Este Expediente de Regulación de Empleo incumple el acuerdo al que plantilla y grupo llegaron el pasado verano a través del cual, los trabajadores aceptaban una rebaja de sueldo a cambio de afrontar un ERE o cualquier ola de despidos.

Ahora queda por delante un periodo de negociación que acabará después de Semana Santa en el que tanto el Comité de empresa como la dirección del grupo intentarán llegar a un acuerdo en lo referente al número de despidos y las condiciones de su salida.

UGT Y CC.OO. CONVOCAN EN VALENCIA UNA HUELGA GENERAL PARCIAL PARA EL PRÓXIMO 8 DE MARZO

València (EFE)

Los sindicatos UGT y CC.OO. han convocado una huelga general parcial, con paros de dos horas por turno: entre las 11.30 y las 13.30 horas o entre las 16 y las 18 horas, con motivo del próximo día de la mujer trabajadora -8 de marzo-.

Los secretarios generales de ambos sindicatos, Ismaél López y Arturo León, y las responsables sindicales en materia de Igualdad, Pilar Mora y Cloti Iborra, se han reunido con la vicepresidenta, Mónica Oltra, para informarle sobre esta convocatoria.

A juicio de Iborra (CC.OO.), los motivos de esta convocatoria de huelga son básicamente la crítica contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, la violencia contra la mujer en todas sus vertientes y la “inacción” del Gobierno por la falta de dotación presupuestaria para el pacto de Estado contra la violencia de género.

“El movimiento feminista pedía una huelga de 24 horas como han hecho otros sindicatos, pero nosotros, como sindicatos mayoritarios vemos, por nuestra experiencia en convocatorias anteriores y por cómo está el mercado laboral, que se sumará más con paros parciales, será más factible, más real”, ha agregado Iborra.

“Parar significa descuentos salariales y de cotizaciones, y las mujeres ya tienen una vida de cotización más corta por muchas razones, también tenemos menos prestaciones; este y otros motivos nos llevan a sumarnos a la huelga con paros parciales, aunque eso no impide que la mujer que quiera la haga de 24 horas”, ha añadido.

La dirigente de UGT, Pilar Mora, ha denunciado que la brecha salarial entre mujeres y hombre es cercana al 25 %, es decir, que las mujeres llegan a cobrar hasta 6.000 euros menos sólo por serlo.

“Estas diferencias no se dan tanto en el salario base como en los complementos o en el denominado techo de cristal, que se refiere a determinados puestos que están mayoritariamente ocupados por hombres”, ha apuntado Mora.

Esta convocatoria, según han indicado ambas responsables de Igualdad, está dirigida a mujeres y hombres, “sin perjuicio de que se facilite en la medida de lo posible que sean las mujeres quienes hagan la huelga”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha lamentado las “desigualdades que todavía perviven en la sociedad” y que tienen su “expresión más dramática en la violencia de género, el acoso sexual o cualquier forma de abuso”.

“La motivación para la huelga es compartida por el Consell, por eso vamos a difundir información sobre la misma y también vamos a facilitar a los empleados públicos que la puedan secundar”, ha concluido.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado que “sería buena idea” que los grupos parlamentarios acordasen cambiar de día el pleno del próximo 8 de marzo, para dar visibilidad a los paros convocados por los sindicatos.

“Es una cuestión que están debatiendo los grupos, a ver si lo pueden cambiar de día, sería una buena idea, para facilitar que la gente se sume a los paros. Otra opción es apañarnos sin el apoyo técnico que dan los trabajadores de Les Corts en las horas en las que quieran sumarse al paro”, ha agregado Oltra, quien también ha apuntado la posibilidad de detener el pleno dos horas.

Oltra ha realizado estas declaraciones tras entrevistarse con los secretarios generales de UGT y CC.OO., Ismaél López y Arturo León, y las responsables sindicales en materia de Igualdad, Pilar Mora y Cloti Iborra, respectivamente.

“Es bueno que Les Corts den visibilidad a los motivos de estos paros, espero que los grupos lleguen a un acuerdo. Hemos de facilitar que los empleados públicos se puedan sumar a unos paros cuyos motivos son compartidos por el Consell”, ha agregado.

Preguntada por si ha decidido si hará huelga o no ese día, Oltra se ha puesto a disposición de los agentes económicos y sociales: “a veces para facilitar los paros algunos han de estar al pie del cañón, en servicios mínimos”, ha bromeado Oltra, quien ha pedido la opinión a los dirigentes sindicales sobre cómo cree que puede beneficiar a esta iniciativa.

HUELGA EN SELECTA CONTRA LOS DESPIDOS

David Callejo – cadenaser.com

La empresa de máquinas expendedoras, con centros en Getafe y Leganés, prevé 138 despidos en toda España

La empresa, encargada de miles de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas en toda España, lleva de huelga contra el ERE presentado por la dirección y que, aunque en un principio proponía 300 despidos, ahora se plantean 138 bajas y reducción de las condiciones laborales para una gran parte de la plantilla.

Según el sindicato CC.OO., el seguimiento en la Comunidad de Madrid está siendo del 85 por ciento, una cifra que se eleva al 99 por ciento en el centro de Getafe, con en torno a 40 empleados. Similar seguimiento se ha producido en Torrejón de Ardoz, mientras que en la sede de Leganés, con cerca de 30 empleados, el respaldo a la huelga ha sido casi nulo.

El delegado de CC.OO. en Selecta, José Luis Ruiz, ha señalado que en la última reunión en el Instituto Laboral la dirección de la empresa no avanzó ninguna novedad y que mantenía sus recortes. Además el sindicato defiende que no hay justificación económica ni organizativa para los despidos.

CC.OO. asegura que en toda España ha habido centros con seguimientos masivos de los paros, como el 100% en Córdoba, Navarra y Burgos, el 99% de la plantilla en Cádiz o el 95% en Barcelona, Galicia y Granada.

PIERALISI PRESENTA UN ERE PARA LA MITAD DE SU PLANTILLA

elperiodicodearagon.com

La empresa Pieralisi, dedicada a desarrollar equipamiento para la industria vitivinícola y oleícola, aplicará un expediente de regulación de empleo en la planta de Zaragoza que afectará a más de la mitad de la plantilla.

En concreto, la compañía ha puesto sobre la mesa 38 despidos de un total de 63 trabajadores, según apuntó el secretario general de la Federación de Industria de UGT, José Juan Arcéiz.

La empresa, que tiene su sede en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) argumenta que el expediente de regulación de empleo, ya presentado, es consecuencia de una caída de las ventas.

Desde UGT apuntaron que se estudiará «con detenimiento» la memoria del ERE y lamentaron que se adopte esta decisión, ya que hace tres años los trabajadores ya hicieron «un esfuerzo de reducción de costes». «Ahora hemos visto que no ha servido para nada», señaló Arcéiz.

La empresa, que cuenta con su principal planta (fábrica y taller) en Plaza, vende sus productos a toda España (Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha y Cataluña, principalmente).

En el año 2016 celebró su 50 aniversario con un acto en la cooperativa Virgen de Zocueca, elegida mejor almazara de España.

La compañía, cuya matriz se encuentra en Italia, se centra en la venta de maquinaria como molinos, batidoras y accesorios en general. En España y Portugal tiene alrededor de 1.390 clientes.

UNIPOST ENTRA EN LIQUIDACIÓN CON 46 FAMILIAS PENDIENTES EN CÓRDOBA

Carmen Reina – cordopolis.es

Dos fases de un ERE ya habían afectado a 19 trabajadores de la plantilla inicial de 65 que había en la provincia cordobesa

Los trabajadores de Unipost en una protesta ->

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Siete meses después de que Unipost solicitara concurso voluntario de acreedores, el juzgado de mercantil 7 de Barcelona, ha decretado la apertura de la fase liquidación de Unipost, la primera empresa postal privada del país, que en Córdoba tenía una plantilla de 65 trabajadores, ya mermada por el ERE hasta las 46 personas, pendientes ahora del incierto futuro que tienen por delante. En enero, el juez había dado un último plazo de un mes para que la compañía encontrara un comprador y presentara una oferta que evitara su liquidación, algo que no ha ocurrido finalmente.

En Córdoba se encuentran actualmente afectados por esta situación los 46 trabajadores de la plantilla que quedan después de dos fases del ERE: la primera que se llevó a doce trabajadores y la segunda a otros siete.

La plantilla de Unipost -con 2.400 empleados en toda España-, viene sufriendo desde hace tiempo la situación de la empresa.

Primero, los impagos de nóminas, luego el abono de sus sueldos fraccionados en varios pagos cada mes y, desde que la firma entró en concurso de acreedores y de ella se hizo cargo la administración concursal, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se ha ejecutado en parte, con un goteo incesante de despidos previsto ante la mala situación financiera de la compañía.

A partir de ahora, la gestión de la compañía recae en la administración concursal que, según ha comunicado el sindicato CC.OO. a nivel estatal, será la encargada de realizar reuniones con los principales clientes de la compañía en función de las que se fijarán nuevas fases del ERE hasta “el cese de la actividad” de la empresa. El lunes 26 de febrero se informará oficialmente de la apertura de la fase de liquidación.

El juez da respuesta así a la petición de la administración concursal de solicitar la liquidación de Unipost. Y en el lado más débil se encuentran los trabajadores, cuya esperanza siempre había sido que apareciera un comprador para la firma de mensajería. Es lo que reclaman desde hace meses, con protestas y concentraciones desde octubre pasado en Córdoba como en otras provincias, encaminadas a que Correos comprara este servicio  postal.

Aquí, a lo largo de todos estos meses, mientras se dirimía el futuro más que incierto de la empresa, la plantilla ha seguido trabajando, pese a que a cada uno de los empleados la compañía le debe alrededor de 3.000 euros en nóminas atrasadas desde hace meses que no han podido recuperar.

Y es que desde julio, la administración concursal ha propuesto dos ERE’s a nivel estatal de 442 trabajadores en la primera fase -autorizada el 19 de enero- y 359 en la segunda -cuyo auto se conocía el 25 de ese mismo mes-. Con la segunda fase del ERE, se cerrarán también 24 centros y la plantilla queda reducida a algo más de 1.300 trabajadores en todo el país.

CC.OO. recuerda que lleva denunciando desde hace años públicamente y en los tribunales “las malas prácticas de la dirección de la compañía que no ha planteado un plan estratégico real, y ha cargado la viabilidad de la empresa en el constante recorte de derechos de los trabajadores, sucesivos ERTE’s desde 2011, los fraccionamientos en la nómina desde 2012 y recortes salariales”.

Por eso, bajo esta premisa, el sindicato va a emprender las acciones legales contra el director de Unipost, Pablo Raventós, al considerarle responsable de la situación de la empresa, “al abocarla al concurso de acreedores y finalmente, la liquidación”.

Por otro lado, CC.OO. lamenta que “el Gobierno haya dejado morir a la compañía sin impulsar iniciativa o proyecto alguno que buscase su viabilidad porque la desaparición de Unipost tendrá un claro impacto en la atomización, desarticulación y precarización del sector postal”.

DURO PLANTEARÁ UN ERE PARA RECORTAR PLANTILLA EN GIJÓN Y MADRID EN TODOS LOS NIVELES

Pablo Castaño – lne.es

La dirección de la compañía y un despacho externo se encargan ahora de definir el volumen de la reducción de personal

Duro Felguera presentará un expediente de regulación de empleo (ERE) para reducir sus plantillas en Gijón y Madrid y recortar los gastos de personal. El volumen del ajuste es lo que ahora están estudiando la dirección general de Organización y Recursos de la multinacional asturiana y el despacho asturiano Ontier, contratado para esta operación.

La dirección de Duro Felguera anunció a sus trabajadores que, dentro de sus nuevos planes estratégico y de reestructuración financiera, está revisando la estructura en los centros de Gijón -en el parque tecnológico y en el “tallerón”- y Madrid, donde se ubican más de un tercio del total de los empleados de la compañía.

La revisión no afecta a la plantilla que trabaja fuera de España -que se considera adecuada para los proyectos en curso en ocho países- ni a los trabajadores de Felguera Rail, con sede en Mieres, ni Núcleo de Comunicación, con sede en Madrid, filiales a las que Duro ha colgado el cartel de “se vende” y para las que ya hay candidatos.

Fuentes de la dirección de la multinacional asturiana señalaron que, una vez finalizada la revisión de la estructura de los centros de trabajo de Gijón y Madrid, la compañía planteará un ERE porque el ajuste de personal es una de las exigencias que plantean los inversores interesados en entrar en Duro Felguera para reflotarla.

Las mismas fuentes apuntaron que los ajustes ya comenzaron en enero con la reducción del comité de dirección (que pasó de 12 a 5 miembros) y que a continuación continuará “hacia abajo” y afectará a todos los niveles en Gijón y Madrid. Principalmente a personal de oficina.

El objetivo es “redimensionar” la empresa, con cerca de 2.000 trabajadores, para convertirla en una “organización ligera” que sea más competitiva. La dirección de Duro Felguera, tras la llegada de Acacio Rodríguez a la presidencia, se ha fijado la meta de mejorar la eficiencia de la compañía en un 25% y para ello se mejorarán los procesos de compras, se reducirán los gastos generales, se prescindirá de instalaciones -la venta de la sede en Madrid está a punto de cerrarse, aunque la compañía seguirá utilizándola en régimen de alquiler pero ocupando 4.000 metros cuadrados menos que ahora- y se recortarán los costes de personal.

Para ese último objetivo se planteará un ERE en los centros de Gijón y Madrid al considerar que es la única vía para cumplir con el ajuste de los ratios que demandan los inversores dispuestos a entrar en el accionariado de Duro. Entre ellos está el grupo de inversores liderados por el empresario asturiano Blas Herrero, que entre las condiciones que plantea se incluye el ajuste de personal.

El comité de empresa

Desde el comité de empresa de Duro Felguera evitaron pronunciarse sobre los planes de “redimensionamiento” de la empresa hasta conocerlos de primera mano. En próximos días pedirán a la dirección de la empresa una nueva reunión para conocer los detalles.

No obstante, en anteriores encuentros los representantes del comité de empresa ya habían expresado a la dirección de la compañía su oposición a que hubiera despidos dentro de los nuevos planes estratégicos.

Duro Felguera está en una situación de asfixia financiera, con un endeudamiento bruto de 359 millones de euros, según la información comunicada al cierre del tercer trimestre de 2017. Los bancos acreedores, pertenecientes a los cinco mayores grupos financieros españoles, ya le han concedido a la empresa varias treguas y mantienen conversaciones entre sí para consensuar una posición única para abordar con la empresa y los posibles inversores una operación de recapitalización y refinanciación de Duro.

CC.OO. CONVOCA HUELGA PARA VARIAS EMPRESAS DE LIMPIEZA DE LOS TRENES AVE

Por Helena Gallardo – diario16

La huelga de seis días de duración es la medida de presión por los despidos de trabajadores y trabajadoras de centros de trabajo pertenecientes a las empresas Avio Soluciones Integradas y Vectalia Samsa

CC.OO. ha decidido convocar una huelga que afecta a dos de las empresas de limpieza contratadas por RENFE. El sindicato ha explicado que se trata de una medida de presión por los despidos de trabajadoras y trabajadores de varios centros de trabajo de las empresas Avio Soluciones Integrales y Vectalia Samsa, y que implicará a 400 trabajadores en total.

RENFE decide según sus necesidades logísticas, qué empresas contratar. Tarea que lleva a cabo según los tipos de trenes y los materiales con qué se fabrican, lo que conlleva el cambio de fabricante, de las empresas que limpian y la subrogación de los trabajadores y trabajadoras que efectúan la limpieza de estos vehículos.

Las empresas en cuestión, una vez elegidas para el encargo de RENFE, aprovechan para hacer un ajuste de plantillas encubierto, ya que cada compañía tasa el trabajo de diferente forma, sin que haya una equiparación horaria entre ellas. Se supone, por cuestiones lógicas, que si se sustituyen 14 unidades de Alstom por 14 unidades de Talgo, las horas de limpieza deberían ser las mismas, pero no es así.

Han sido siete entre trabajadores y trabajadoras los que han perdido el empleo en esta ocasión como consecuencia del cambio de material ferroviario de 14 servicios comerciales Sevilla-Madrid y otros 14 en la línea Madrid-Valencia-Castellón. “No podemos permitir que estos trabajadores y trabajadoras queden a merced de los caprichos empresariales, por eso exigimos que todas las partes, contratas ferroviarias y empresas principales, se sienten y regulen esta situación”, expresaba el Sector Ferroviario de FSC-CC.OO..

La huelga tendrá lugar el día 22 de febrero desde las 23 horas hasta las 23 horas del siguiente, y lo mismo ocurre con los días 1 y 2, y 8 y 9 de marzo.

Esta huelga afecta a 400 trabajadores de ambas empresas de Puerta de Atocha, Santa Catalina y Cerro Negro en Madrid, de Santa Justa en Sevilla, de Joaquín Sorolla en Valencia y de Castellón de la Plana.

SE MANTIENE LA HUELGA EN SIERRA NEVADA EN PLENA TEMPORADA ALTA

El comité de empresa de Cetursa Remontes, presidido por el sindicato CC.OO. solicitó un “nuevo interlocutor válido” con capacidad para acordar y cumplir con lo acordado” en los conversaciones mantenidas para desconvocar la huelga de los sábados en los remontes de la estación de esquí de Sierra Nevada, que se mantienen en protesta por ‘incumplimientos’ del convenio colectivo, según ha publicado ‘Diario Sur’.

Miguel Ángel Vargas, presidente del comité, lamenta que la empresa no haya vuelto a negociar de forma oficial lo que, en su opinión, demuestra el grado del “interés por lograr un acuerdo”. Asimismo, el sindicato ha criticado el hecho de que “la actual dirección ha despedido a trabajadores” y que “los últimos despidos improcedentes se realizaron el año pasado”.

Asimismo, señalan que las cifras de pérdidas económicas por la huelga están engrosadas con el fin de “poner a la opinión pública en contra”.

Tal y como explican, “si fuese cierto que la empresa pierde 1,3 millones de euros en un sábado, ¿dónde va el dinero?, pues la empresa está en quiebra técnica según las auditorias, consecuencia directa de la pésima gestión del equipo directivo”.

La huelga ha desatado las quejas de la Confederación Granadina de Empresarios y la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada que señalan que “convocar el paro en una de las jornadas con mayor afluencia” fue una acción “excesiva y muy lesiva para los intereses de la economía provincial”.

LOS JÓVENES INVESTIGADORES SE REVUELVEN CONTRA EL GOBIERNO POR SUS CONDICIONES DE TRABAJO

Daniel Sánchez Caballero – diario16.com

– El último borrador del Estatuto del Personal Investigador en Formación vuelve al punto de partida inicial de las negociaciones y provoca el rechazo de sindicatos e investigadores predoctorales

– El estatuto, que Economía debería haber puesto en vigor en 2013, afecta a jóvenes “altamente cualificados” cruciales actualmente en el sistema de investigación y los laboratorios en España

– Las discrepancias afectan al salario que perciben, la cantidad de horas de docencia que pueden dar y la figura legal bajo la que operarán en las universidades

Se le abre un nuevo frente al Gobierno en el campo de la ciencia. A las protestas de los investigadores asentados por la caída de la financiación y las condiciones laborales se suman ahora los investigadores predoctorales, que  rechazan de pleno las condiciones que los ministerios de Economía y Educación pretenden implantar en la negociación del nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF).

Esta regulación se aplicará a cualquier contratado predoctoral (que va a realizar la tesis o la está realizando) en una universidad española. Aunque no hay cifras oficiales, en España se leen unas 11.000 tesis al año y la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) calcula que hay unos 50.000 por todo el territorio.

Entre ellos están los beneficiarios de las ayudas, que son contratos a efectos legales, denominadas FPU (Formación de Profesorado Universitario) y FPI (Formación de Personal Investigador): ambas representan las cuantías económicas más altas que ofrece el Gobierno a jóvenes investigadores predoctorales para que realicen sus tesis en universidades públicas a la vez que imparten algunas horas de docencia.

Las FPU y FPI imponen unos resultados académicos previos muy altos solo para solicitarlas, por los que sus beneficiarios pueden considerarse lo más granado entre los jóvenes investigadores. Son, a priori, la élite de la investigación en España.

Las discrepancias entre el Gobierno y afectados y sindicatos, que también se han manifestado en contra de los borradores que ha presentado el Gobierno para la negociación, afectan sobre todo al salario que perciben, al número de horas que podrán dedicar a la docencia y a la figura legal bajo la que operarán y que determinará, entre otras cosas, si tienen derecho a finiquito o no.

Vuelta a la casilla de salida

Los afectados lamentan que llevan un año negociando con el ministerio y que se había incluso alcanzado algo parecido a un acuerdo, con cesiones por ambas partes, pero que de repente el Ministerio de Economía, que lleva la voz cantante por parte del Gobierno a través de la Secretaría de Estado de Ciencia, se desmarcó enviando una última propuesta que borraba de un plumazo todos los avances conseguidos y volvía a un punto de partida inadmisible para los predoctorales.

“Este EPIF pretende aprobarse en una situación de precarización del sector, de exilio masivo para los investigadores y de continuos recortes en I+D+I”, explican desde la FJI. “El EPIF no es para los predoctorales [exclusivamente], es para dotar de estabilidad al colectivo de investigadores. El 50% o 60% de los investigadores somos predoctorales, somos los que llevamos el día a día de los laboratorios con nuestro trabajo”, argumenta Pablo Giménez, portavoz de la FJI.

“Este borrador nos deja en la misma situación de precariedad que teníamos antes. Nuestra sensación es que es casi peor que si no lo hubieran redactado”, añade Mónica Sánchez, de la Asamblea de predoctorales de la UAM, argumento con el que coincide Giménez. Mejor ningún estatuto que el plantea Economía ahora mismo.

Desde el Ministerio explican a este diario que “en el borrador actual se han incluido ya algunas de las peticiones” que han realizado las partes y que se están estudiando en su conjunto otros documentos que han remitido asociaciones como la FJI, Ciencia con Futuro o los sindicatos. “Siguen las negociaciones”, afirma un portavoz.

El salario

Para empezar, toda la negociación llega con casi cinco años de retraso, toda vez que el EPIF debería haber estado aprobado en 2013, según la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación de 2011.

A mediados de 2017 por fin empezaban las conversaciones entre Economía, sindicatos, la CRUE (la conferencia de rectores) y las asociaciones de predoctorales. Los escollos a salvar: la categoría profesional y el salario asociado, el número de horas de docencia, aspectos relacionados con la conciliación familiar o el derecho a recibir una indemnización por fin de contrato.

Los predoctorales quieren que en el Estatuto se fije un salario mínimo para su actividad. Desde la FJI y las asambleas consideran que un buen punto de partida serían los 16.422 euros anuales brutos (14 pagas de 950 euros netos) que actualmente cobran los FPU y que el salario se actualice con el IPC, “aprovechando que parece que los datos macro son positivos”.

Este salario es el que reciben los predoctorales con contrato FPU o FPI del Gobierno y son “la parte alta”. La mayoría, con contratos directos con la universidad, están cobrando 800 o 900 euros al mes, según la FJI. “Y somos trabajadores altamente cualificados”, reivindica Giménez.

Ese sería el mínimo. Algunos colectivos, como la Asamblea de predoctorales de la UAM, creen que lo justo sería que se equiparase su salario con el de los ayudantes no doctores, una figura profesional universitaria en extinción (ya no se convocan plazas) que realiza las mismas labores que ellos con la misma formación. Los 16.422 euros que reclaman como mínimo los predoctorales es el 75% del salario de un ayudante doctor.

Actualmente, los predoctorales están cobrando aproximadamente un 56% de lo que gana un ayudante el primer año, un 65% el segundo y un 75% los dos últimos (los contratos suelen durar cuatro años). El último borrador de Economía no plantea cambios sobre esta situación. “Hacemos la misma labor, no tiene sentido que cobremos menos”, reivindican a una Giménez y Sánchez.

Otras condiciones

Otro de los caballos de batalla son las horas de docencia que pueden dar los predoctorales. Los investigadores quieren que se alcance un equilibrio entre dar el suficiente número de horas de clase para poder en un futuro acreditarse ante la ANECA (grosso modo, la agencia estatal que acredita los currículum de los aspirantes a profesores y les da permiso para serlo) y poder así aspirar a un puesto en la universidad y no tantas como para que pasen a ser un cuerpo docente de mano de obra barata para la universidad y además la calidad de su investigación y el tiempo que le dedican a la tesis se vean afectados.

Para la FJI estas horas apropiadas son entre 60 y 80 al año. Otros predoctorales reunidos en asambleas consideran que deberían ser 60 al año excluyendo el primero, que de este modo se dedicaría íntegramente a plantear la tesis, ponerla en marcha y darle un empujón inicial.

Economía propone 240 en total (60 al año), por lo que el acuerdo en este aspecto no parece lejano.

La última pata (importante) de la negociación es el carácter del contrato que firman los predoctorales y las consecuencias que eso tiene, por ejemplo, en la indemnización por despido. Actualmente, los contratos tienen un carácter formativo y los predoctorales dependen de alguien y, bajo esta figura, no tienen derecho a indemnización.

Los jóvenes investigadores quieren que se elimine el término “formativo” para que tengan derecho a ella “como cualquier sector”. “Nos parece un ataque a un colectivo altamente cualificado para ahorrarse una indemnización”, explica Giménez. “Somos investigadores, acabamos sabiendo de nuestro tema más que los tutores”, reivindica Sánchez.

Si Economía aprueba el borrador unilateralmente, los predoctorales amenazan con dar batalla. “Estarían aprobando un estatuto para un colectivo que no se sentiría representado por él”, explica Giménez. “Esto afecta al estado de la ciencia en España, que es pésimo en cuanto a investigación.

Si los investigadores no tienen una estabilidad mínima no van a tener una buena productividad y nunca tendremos un país serio en ciencia”, cierra. “Nos vamos a movilizar”, adelanta Sánchez.

LA AUDIENCIA OBLIGA A BANCO SANTANDER A CONTROLAR LAS HORAS DE SU PLANTILLA

Eduardo Bayona – publico.es

El tribunal condena a la entidad financiera a cumplir el acuerdo para comenzar a supervisar los excesos de jornada y las horas extraordinarias que cerró en 2016 con los sindicatos y que no había llegado a aplicar.

La medida afectará a los más de 22.000 empleados del banco que dirige Ana Patricia Botín/EFE

Santander será pionero en la banca española en controlar el horario laboral de sus empleados para evitar excesos de jornada y horas extras no cobradas, aunque no se trata de una iniciativa de la primera entidad financiera del país, sino de una orden de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que le ha obligado a hacerlo tras una demanda del sindicato CGT a la que se sumaron ELA-STV y CIG.

El tribunal ha condenado al banco a cumplir el acuerdo al que había llegado con los sindicatos en 2016, en el que, tras un conflicto colectivo, se comprometió “a implantar un sistema de control horario para el personal que realiza funciones administrativas” y a abrir una negociación para el resto de la plantilla (directivos y comerciales) tras la que, en caso de no alcanzarse un pacto, comenzaría también a aplicarlo.

Y eso es lo que ha determinado la Audiencia Nacional, que ordena ejecutar ese acuerdo “en sus propios términos” y sin que quepa ninguna opción de revisarlo. La medida afecta a los más de 22.000 empleados  que el banco sigue teniendo en España tras su segundo Ere en dos años, que ha conllevado la salida de 331 trabajadores, a los que se suman 769 de Popular.

El exceso de jornada es algo habitual en el sector bancario, según coinciden en apuntar fuentes de varios sindicatos, que llegan a estimar en dos horas diarias la prolongación de los empleados con tareas comerciales. La EPA (Encuesta de Población Activa), que cifra en 39 horas y 42 minutos la jornada media semanal en el sector de los seguros y las finanzas, señala que 247.300 de los 438.600 trabajadores del ramo (un 56,3%) hacen más de 40 horas.

Un problema extendido que ha llegado al Congreso

El control horario sigue siendo en buena parte de las empresas españolas una laguna que da lugar a excesos y prolongaciones del trabajo, especialmente frecuentes en algunas ramas del sector servicios y a menudo camuflados bajo la prima de libre disposición. No obstante, ese abuso se palia en algunos convenios colectivos con primas de ampliación de jornada.

En cualquier caso, el Congreso tiene sobre la mesa una herramienta para corregirlo. El PSOE tiene registrada una proposición de ley para regular el control de la jornada en la que reclama que el horario diario de cada trabajador se registre “día a día” con el momento “concreto de entrada y salida” mediante el sistema que se acuerde en convenio.

“La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”, indica la proposición, cuya aprobación, que obligaría a las empresas a conservar los datos durante cuatro años, tipifica como infracción grave (sancionada con hasta 3.000 euros, transgredir las normas sobre la jornada y sobre su control.

Los antecedentes revocados de Bankia y Abanca

Banco Santander y sindicatos se habían sentado a negociar, a instancias del juez, cuando el primero fue demandado después de que la Audiencia Nacional condenara a Bankia y a Abanca a controlar la jornada de sus trabajadores.

Sin embargo, el Supremo revocó esas dos sentencias al dictaminar que el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores no establece que haya de llevarse esa supervisión de toda la jornada de toda la plantilla mediante un registro horario diario, aunque sí es obligatorio controlar las horas extraordinarias, con lo que Santander optó por no aplicar el pacto para ningún trabajador.

De hecho, varios juzgados de lo Social habían anulado en los últimos meses las sanciones que varias consejerías de Empleo autonómicas habían impuesto al banco por no disponer de un registro diario de la jornada de cada trabajador.

Dos años antes de las sentencias del Supremo, “la Inspección de Trabajo había requerido al Banco de Santander para que estableciera un registro fiable, público y verificable de la jornada diaria realizada por cada trabajador con el fin de poder computar de forma adecuada las horas extraordinarias que se realicen a los efectos de su abono, compensación y cotización”.

La entidad, que se abrió a aplicarlo con los administrativos que se encargan de atender en ventanilla y tramitar papel, apelaba con los comerciales y los directivos de las oficinas al acuerdo por el que a mediados de los años 80 su jornada pasó a ser considerada como flexible a cambio de no abrir los sábados.

Tras diez reuniones con los sindicatos entre enero y mayo del año pasado, y ocho el año anterior, estos y la empresa “coinciden en constatar la imposibilidad, en ese momento, de alcanzar un acuerdo” sobre comerciales y directivos.

“No es necesario en los tiempos actuales y en actividades comerciales como la nuestra”, señalaron entonces los responsables de Santander, que consideraban ese control “contrario a nuestra cultura de flexibilidad” y “anacrónico” y que, mientras tanto, seguían sin aplicar el seguimiento del horario también a los administrativos.

El banco hizo un último intento por evitar la obligación de controlar la jornada alegando, en un recurso de reposición, que tiene “debidamente cumplida la obligación” con una circular anterior que, en cumplimiento de otra conciliación supervisada por un juzgado, obliga a los empleados a comunicar “las ausencias motivadas por enfermedad, accidente, maternidad, paternidad y situaciones asimiladas, consultas médicas , lactancia, faltas de asistencia y puntualidad, permisos y licencias”.

“Se entendió que se trataba de una transacción merecedora de su homologación”, sostuvo la entidad, a los que la Audiencia Nacional respondió que “se trata de instrumentos diferentes”.

Un sistema de “gestión de ausencias, permisos y vacaciones” no es lo mismo que “un sistema de control horario para el personal que realiza funciones administrativas y para el resto de personal”, concluye el tribunal.

CONVOCADA UNA HUELGA PARCIAL DE TRES DÍAS PARA MARZO EN RENFE CATALUNYA

EFE – Barcelona

El sindicato detalla que se han perdido más de 40 plazas en las convocatorias de 2016 y 2017

CC.OO. de Catalunya ha convocado a los trabajadores y trabajadoras catalanes de Renfe a tres días de huelga parcial (19, 21 y 28 de marzo) en protesta por la pérdida de plazas en las dos últimas convocatorias de oferta de ocupación. En un comunicado, el sindicato detalla que se han perdido más de 40 plazas en las convocatorias de 2016 y 2017.

La organización denuncia también que, con las últimas convocatorias todavía abiertas, se han perdido más de 30 plazas del canal de venta en terminales de pasajeros y estaciones de Rodalies, por lo que la mayoría de empleados no pueden realizar la formación necesaria por falta de relevos. CC.OO. ha remarcado además la intención de privatizar el servicio por parte de Renfe.

CC.OO. CONVOCA SEIS DÍAS DE HUELGA EN DOS EMPRESAS DE LIMPIEZA DE LOS AVE

EFE

El sindicato CC.OO. ha convocado huelga en las empresas Avio Soluciones Integrales y Vectalia Samsa, encargadas de la limpieza de los trenes AVE de Alstom y Talgo, respectivamente, para los días 22 y 23 de febrero y 1, 2, 8 y 9 de marzo en protesta por el despido de trabajadores.

La huelga afectará a unos 400 empleados de los centros de trabajo de Madrid, Sevilla, Valencia y Castellón. Según CC.OO., Renfe decide, de acuerdo con sus necesidades, qué tipo de trenes emplea y de qué fabricante, lo que implica cambios en las empresas de limpieza.

El sindicato asegura que, cada vez que se dan estas circunstancias, las empresas de limpieza “aprovechan para hacer un ajuste de plantillas encubierto”.

En esta ocasión, el cambio de trenes ha afectado, según CC.OO., a catorce servicios comerciales en la línea Madrid-Sevilla y a otros catorce en la línea Madrid-Valencia-Castellón, lo que ha supuesto la pérdida de siete empleos en los centros de trabajo de Madrid, Valencia y Sevilla.

La huelga se desarrollará desde las 23:00 horas del 22 de febrero hasta las 23:00 horas del 23 de febrero; desde las 23:00 del 1 de marzo hasta las 23:00 del 2 de marzo, y desde las 23:00 del 8 de marzo hasta las 23:00 del 9 de marzo.

Los centros de trabajo afectados son los de Puerta de Atocha, Santa Catalina y Cerro Negro, en Madrid; Santa Justa, en Sevilla; Joaquín Sorolla, en Valencia, y Castellón.

LA HUELGA DE AUTOBUSES EN TOLOSA SE PROLONGA HASTA EL DÍA 11

Marta San Sebastián – noticiasdegipuzkoa.com

Los trabajadores piden a la Diputación que exija a la empresa que negocie

Los trabajadores de Tolosaldea Bus representados por el sindicato ELA continuarán en huelga al menos hasta el 11 de marzo, con el fin de exigir a la dirección de la empresa “dignificar sus condiciones de trabajo” y reivindicar “el derecho a negociar un convenio de empresa” similar a los que ya tienen empresas socias como Autocares Aizpurua, Autobuses Garayar o Ekialde Bus.

El personal movilizado, entre 18 y 26 empleados, denuncia que la dirección de Tolosaldea Bus se ha negado desde el primer momento a sentarse a hablar. “Lo único que nos han dicho es que ya nos cansaremos. Su prepotencia es tal que prefieren vernos doblegados antes que solucionar este conflicto a través de una negociación, y no les importa que los usuarios se vean afectados por el servicio”, explicaron los delegados Nicolás Iturbe y Andrés Goikoetxea.

Los empleados llevan en huelga desde el pasado 27 de enero, el único camino que han encontrado para reclamar a la dirección un convenio que “dignifique” sus condiciones laborales. Denuncian que desempeñan su cometido diario de forma precaria: “Trabajamos 1.800 horas al año con autobuses de trece metros de largo, con los que tenemos que transportar personas por carreteras de montaña a ritmos demasiado rápidos para poder llegar puntuales a las paradas, con el riesgo que ello supone”. Lamentan que por este motivo hayan fallecido ya este año dos compañeros de diferentes compañías de autobuses en accidentes laborales en Hego Euskal Herria.

Al peligro que deben asumir cada día se le suma, según manifiestan, el hecho de trabajar todos los días del año, domingos, festivos y noches, con tiempos de descanso mínimos semanales que muchas veces no se cumplen. “A pesar de ello ganamos 1.300 euros al mes”, apostillan.

Tolosaldea Bus realiza tres tipos de servicios: el discrecional, el servicio de línea dependiente de la Diputación de Gipuzkoa y el servicio del bus urbano dependiente del Ayuntamiento de Tolosa. Sin embargo, aseguran que no se cumplen los pliegos de condiciones de ninguno de los dos entes públicos.

“La Diputación tiene una partida para limpiar los autocares, pero los limpiamos nosotros, y dos compañeros trabajan cuatro horas extra a la semana, llegando a las 44 semanales, para realizar el transporte urbano, cuando el pliego del Ayuntamiento establece que este servicio deben realizarlo dos personas a jornada completa y una persona a media jornada”, detallaron.

Aseguran, además, que la falta de control en los pliegos no se limita al agravio económico y que se utilizan autocares no adscritos a la concesión, lo cual permite, por ejemplo, utilizar vehículos asignados únicamente para realizar servicios de línea para el discrecional o el escolar, y viceversa, lo cual creen que son “abusos y más abusos”.

Los empleados de Tolosaldea Bus se muestran críticos con la actitud tanto de la alcaldesa de Tolosa como de la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia. Recordaron que Garmendia solicitó servicios mínimos nocturnos para Carnaval dejando de lado el derecho a huelga, “que afortunadamente el Gobierno Vasco no suscribió”.

La diputada foral, sin embargo, lamentó públicamente dicha decisión del Gobierno Vasco, lo cual no entienden los empleados de la empresa concesionaria del servicio público de línea de Tolosaldea. “Le pedimos que exija a la dirección de Tolosaldea Bus que se siente a negociar, esa es la solución al conflicto. Creemos que, en la medida de que lo que se ofrece es un servicio público, tanto la Diputación como el Ayuntamiento también tienen responsabilidad”.

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