Boletín de Luchas Obreras (27 de Mayo de 2018)

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ÍNDICE

  • LAS MOVILIZACIONES DE LOS PENSIONISTAS Y LAS MARCHAS CONTRA LA PRECARIEDAD CONFLUYEN EN MADRID
  • PROFESORES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) HARÁN HUELGA PARA RECLAMAR MEJORAS PARA LOS DOCENTES
  • ALCANZADO UN PREACUERDO EN LA EMPRESA ISSN ANTE LA HUELGA INDEFINIDA QUE IBA A EMPEZAR
  • LOS SINDICATOS AMENAZAN CON UNA HUELGA DEL COMERCIO EN JULIO POR LA RUPTURA DEL CONVENIO
  • EL COMITÉ DE HUELGA DE JUSTICIA DE GALICIA RECURRIRÁ A LA VALEDORA Y AL DEFENSOR DEL PUEBLO
  • UN 53,9 POR CIENTO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS SECUNDARON LA HUELGA, SEGÚN EL CGPJ
  • LOS INTERINOS NO REVOCAN LA HUELGA TRAS UNA NUEVA REUNIÓN CON LA JUNTA
  • CCOO, UGT Y CGT CONVOCAN HUELGA DESDE EL 11 DE JUNIO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y LA DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA
  • LA CNT CONVOCA HUELGA PARCIAL EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ADRA
  • LOS TRABAJADORES DE EL DÍA MANTIENEN UNA HUELGA DE FIRMAS POR EL RETRASO EN EL ABONO DE SUS NÓMINAS
  • UGT Y CCOO CONVOCAN PAROS HORARIOS EN CORREOS EL 7 DE JUNIO Y PREVÉN HUELGA GENERAL POR LOS RECORTES
  • MUERE UNO DE LOS TRABAJADORES DE METRO DE MADRID QUE DESARROLLÓ CÁNCER POR ESTAR EXPUESTO A AMIANTO
  • LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC) SUBE LA CARGA DOCENTE PARA «DESPEDIR» A LOS ASOCIADOS
  • LA JUSTICIA CONDENA A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN POR UNA SANCIÓN «ASOMBROSAMENTE DESPROPORCIONADA» A DOS TRABAJADORES
  • SPRINGWATER RECURRIRÁ LA SENTENCIA QUE CONSIDERABA NULO EL ERE DE DELION

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LAS MOVILIZACIONES DE LOS PENSIONISTAS Y LAS MARCHAS CONTRA LA PRECARIEDAD CONFLUYEN EN MADRID

Jairo Vargas – publico.es

Dos columnas de trabajadores precarios de la Plataforma No + Precariedad han recorrido Madrid para encontrarse el domingo en una manifestación junto a la Coordinadora de Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones. La plataforma ya prepara una gran marcha a la capital para el próximo otoño

Una de las columnas de las marchas contra la precariedad que confluirán en Madrid para manifestarse junto a los pensionistas ->

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Dos columnas de trabajadores precarios han recorrido durante la última semana los pueblos y ciudades de Madrid para terminar confluyendo en una única columna que se unirá a los pensionistas en una gran manifestación en la capital a partir de las 12.30 horas que recorrerá Puente de Vallecas, Atocha y Neptuno..

Se trata de una iniciativa de la Plataforma No + Precariedad, un espacio unitario de movilización formado por diferentes colectivos y movimientos sociales que nació el pasado febrero para movilizarse con motivo del aniversario de la reforma laboral del PP.

Para esta ocasión se conformaron dos columnas que partieron el 19 de mayo, una desde Alcorcón (sur) y otra desde Alcalá de Henares (este) para «llamar la atención sobre precariedad laboral y también la social», explica José Coy, uno de los portavoces de la plataforma, que insiste en la necesidad de articular una respuesta en la calle a las políticas laborales del Gobierno y las empresas durante la crisis económica, pero «que se siguen imponiendo ahora, en la recuperación, diez años después».

Según este activista, las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores «han saltado por los aires» y «en una década hemos perdido los derechos que las generaciones anteriores habían conquistado».

Por eso, decenas de personas se han ido dando el relevo durante los últimos días para recorrer los municipios hacia la capital a modo de «performance reivindicativa». Cada día, grupos de 50 o 60 personas han ido llegando a pie a las plazas de las ciudades de Madrid, donde han realizado actos públicos para dar a conocer los efectos que la precariedad laboral está generando en la sociedad. «Estamos viendo una ola de solidaridad grande en las ciudades por las que vamos pasando», afirma Coy, que incide en que la idea es que confluyan colectivos de trabajadores en pleno conflicto laboral, jóvenes con empleos temporales, colectivos de mujeres precarias y también los pensionistas.

Itinerario de las marchas contra la precariedad ->

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De hecho, la Coordinadora de Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que forma parte de No + Precariedad, decidió retrasar un día su última movilización del curso.

En todo el país, los jubilados saldrán a las calles el sábado, pero, en Madrid, lo harán el domingo para «aunar fuerzas en una gran manifestación» porque la precariedad laboral y el sistema público de pensiones «están directamente relacionados», argumenta Coy. «Tenemos que hablar de los trabajadores que no llegan a fin de mes, de los jóvenes que no pueden emanciparse porque no hay trabajo o encadenan contratos temporales de días o semanas, pero también tenemos que hablar de los abuelos y las abuelas que, en muchos casos, son quienes han sostenido a familias enteras con su pensión durante la crisis», remarca Coy.

«Los pensionistas de Euskadi no han dejado claro que pensiones dignas también significa salarios dignos», prosigue el activista, que hace hincapié en que «las nuevas generaciones condenadas a empleos de mala calidad tendrán problemas para cotizar 40 años, como hicieron sus abuelos. «Por eso decimos que la precariedad es un problema presente, pero sobre todo es un problema para el futuro y no lo podemos permitir», apostilla.

Entre los colectivos que participarán en la manifestación estarán las camareras de piso, conocidas como las kellys, los empleados de Amazon en Lucha, las profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, Marea Kultural, Vigilantes en Lucha, Elite Taxi, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Riders X Derechos o Dignidad Investigadora, entre otras.

Antesala de un «otoño caliente»

Coy insiste en que esta movilización pretende ser la «antesala de una movilización mucho más grande» que ya están organizando para el próximo otoño. «Tiene que ser un otoño caliente en la calle y ya hemos empezado a mantener conversaciones con colectivos, mareas ciudadanas, movimientos sociales y sindicatos de todo el país para organizar una gran marcha que aglutine a un millón de personas», apunta. «Nos estamos jugando el futuro. Si en los años de crisis hemos llegado a esta situación de precariedad total no me quiero ni imaginar cómo estará el país dentro de unos años si no hacemos nada», advierte.

PROFESORES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) HARÁN HUELGA PARA RECLAMAR MEJORAS PARA LOS DOCENTES

Barcelona (Europa Press)

Los estudiantes de la UB animan a no acudir a clase en apoyo a los profesores

El comité de empresa del Personal Docente Investigador (PDI) Laboral y la Junta de Personal Docente Investigador de la Universitat de Barcelona (UB) han convocado huelga de profesores para reclamar una mesa de negociaciones para regularizar a los «falsos asociados» y mejorar las condiciones laborales de todos los docentes asociados con la aplicación de la escala salarial máxima.

En rueda de prensa, la presidenta del comité de empresa, Montserrat Mitjans (CC.OO.), y la representante de la Junta del PDI, Cristina Manzanares (Csif), han pedido a la UB que reconozca la existencia de profesorado temporal que cubre labores estructurales, eliminar el «agravio comparativo salarial» que padecen los asociados con el resto de PDI, la implementación de planes de estabilización para los investigadores y la convocatoria anual de plazas de titulados y catedráticas universitarios funcionarios.

Han lamentado también la «injerencia» de la Generalitat en la vida universitaria y la pérdida gradual de autonomía –como en el nombramiento de tribunales–, y han pedido que los implicados en la convocatoria de nuevas plazas tengan libertad para escoger la vía de estabilización preferida.

Mitjans ha señalado que si la UB habla de excelencia debe dar un mínimo digno a sus trabajadores, y ha augurado que, pese a que en la actualidad se aguanta en los rankings, el futuro es «muy negro» por la pérdida de liderazgos e inversión en investigación.

Clara Camps (CGT Transforma UB) ha lamentado la «precariedad» del profesorado de la UB, ha remarcado que los docentes asociados suponen un 45% de la plantilla y ha demandado a la universidad políticas para permitir la carrera profesional de los docentes.

Salarios de hasta 750 euros

Diversos profesores asociados han explicado que llevan entre seis y diez años en la universidad, con unos salarios que oscilan entre los 300 y los 750 euros mensuales, y han considerado que la UB es «consciente» de que no son reconocidos.

Jesús Palomar (CSC) ha puesto en valor que la convocatoria de huelga es unitaria de todos los sindicatos, con el apoyo del comité de empresa y la junta de PDI, para evitar que la UB «se quede de forma crónica en una ETT».

Por su parte, Santiago Redondo (UGT) ha criticado que la universidad está «rota, desestructurada», con una alta precariedad entre el profesorado, y ha pedido a la universidad, la Generalitat y el Gobierno central medidas para revertirlo.

La huelga en la UB irá acompañada de una manifestación a mediodía, a lo que seguirán tres: el lunes 28 en el Campus Diagona, el martes 29 en el Campus Mundet, y el miércoles 30 en el Campus Central y Raval.

Apoyo de los estudiantes

Los estudiantes de la UB han llamado a no acudir a clase en «apoyo, solidaridad y fraternidad» con el PDI, así como a hacerlo a las movilizaciones previstas, y ha reclamado a la universidad una mesa de negociación para la regularización de los profesores asociados.

En un comunicado, ha asegurado que no permitirán la situación salarial y contractual de los profesores, y ha reprochado que se aplique a los profesores asociados el tipo más bajo en la retribución salarial.

ALCANZADO UN PREACUERDO EN LA EMPRESA ISSN ANTE LA HUELGA INDEFINIDA QUE IBA A EMPEZAR

EFE – Pamplona

La vigencia del acuerdo es trienal (2018-2020)

El acuerdo llega después de varios meses de negociación y una convocatoria de huelga

La empresa ISNN, que pone las fundas y diferentes protecciones del Polo en Volkswagen, ha llegado a un preacuerdo con su plantilla de 47 trabajadores, después de varios meses de negociación y una convocatoria de huelga.

Según ha informado en una nota LAB, que tiene tres delegados, la vigencia del acuerdo es trienal (2018-2020) y contempla una subida salarial de 130 euros mensuales lineales por 15 pagas para 2018; reducción de jornada 8 horas para 2018, otras 8 para 2019 y otras 8 para 2020; la readmisión de un compañero despedido; asegurar que todas las contrataciones sean por empresa; y un complemento del 100 % de las bajas desde el primer día.

Para LAB, esta mejora en las condiciones se ha conseguido tras varios meses de trabajo, asambleas, reuniones con la empresa y ha tenido su «momento cumbre» con la convocatoria de huelga indefinida, lo que «ha traído la negociación del preacuerdo» conseguido.

Miguel, de 55 años, lleva casado veintisiete años y tiene dos hijos de 22 y 25. Hasta el 23 de octubre de 2016 era soldador en una empresa de construcción, con un sueldo de 1.200 € al mes. Desde el 24 de octubre trabaja desde casa, ganando al mes una cantidad variable, pero nunca inferior a 5.000 €

Advierten desde el sindicato que la plantilla «justo» llegaba a cobrar 1.000 euros mensuales, en «condiciones precarias» que eran «muy diferentes» a las de sus compañeros de cadena con nómina de Volkswagen, «que cobran el doble que los y las trabajadoras de ISNN solamente por pertenecer a otra empresa», una equiparación para la que «queda camino por recorrer».

Aún así, LAB cree que «se ha firmado un buen acuerdo para tres años, que se acerca mucho a los objetivos que se habían marcado, objetivos necesarios para dar un paso en contra de la precariedad laboral que sufre esta plantilla, y que abre la puerta a que sigamos mejorando en un futuro».

LOS SINDICATOS AMENAZAN CON UNA HUELGA DEL COMERCIO EN JULIO POR LA RUPTURA DEL CONVENIO

El Correo – Sevilla

Culpan a la patronal Aprocom de «dinamitar» lo acordado el pasado diciembre respecto a las subidas salariales y varios «avances sociales». El convenio afecta a 30.000 trabajadores

Las uniones provinciales de CCOO y UGT han acusado a la Confederación Provincial de Comercio y Servicios de Sevilla (Aprocom), de «dinamitar» el nuevo convenio colectivo del sector, que afecta a unos 30.00 trabajadores en toda la provincia, al «desdecirse» de lo pactado en diciembre para el nuevo texto, por lo que avisan de «movilizaciones crecientes que culminarían en huelga general del comercio para principios de julio».

Según los sindicatos, merced a un acuerdo alcanzado en diciembre de 2017 en el seno del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), la redacción del nuevo convenio colectivo del sector provincial del comercio estaba «en su fase final».

En concreto, en diciembre del año pasado, los sindicatos anunciaban un acuerdo con Aprocom, para incluir en el nuevo convenio «subidas salariales acumuladas del 5,6 por ciento», «avances sociales» como un día de asuntos propios que antes no figuraba en el convenio, el pago de la hora nocturna a un 30 por ciento más que la hora convencional desde las 22.00 hasta las 6.00 horas, la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios o la retribución de las licencias, entre otros aspectos.

Pero según los sindicatos, «tras meses de intercambio de borradores» para la redacción definitiva del texto del nuevo convenio, en la última reunión la patronal «se desdijo de lo pactado» ante el Sercla.

Así, los sindicatos avisan de un «desencuentro» con la patronal por «cuestiones previamente pactadas, como la ultraactividad del convenio, la no absorción de los complementos personales, el tratamiento de los días festivos en los períodos de ferias locales e incluso lo acordado en cuanto al plus compensatorio».

Por ello, los representantes sindicales avisan de que se ven «abocados a un proceso de conflictividad social que en nada beneficia al comercio de Sevilla» y anuncian «movilizaciones crecientes que culminarían en huelga general del comercio para principios de julio, coincidiendo con el período de rebajas estivales».

EL COMITÉ DE HUELGA DE JUSTICIA DE GALICIA RECURRIRÁ A LA VALEDORA Y AL DEFENSOR DEL PUEBLO

NoticiasGalicia.com

El comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia ha acordado recurrir a la Valedora do Pobo y al Defensor del Pueblo la decisión de la Xunta de abordar las reivindicaciones de la huelga en mesa sectorial, al considerar que vulnera un derecho constitucional.

Los sindicatos Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG se han reunido, con la ausencia de CSIF, en la capital gallega para abordar la situación de la huelga, que llega a su día natural número 105 consecutivo.

Enrique Araújo (STAJ) ha explicado a los periodistas al término del encuentro que se mantiene «toda la legitimidad, toda la validez y toda la vigencia el comité de huelga» como «único órgano que puede cerrar la huelga de forma legal» y sigue con el paro indefinido convocado.

Los sindicatos han acordado presentar una queja a la Valedora do Pobo y al Defensor del Pueblo por «haber puenteado al comité de huelga para cerrar un conflicto» en lo que el comité de huelga cree que «es ilegal», pues entiende que vulnera el derecho de huelga recogido en el artículo 28 de la Constitución. «Pedimos a la Administración que valore la posibilidad de cerrar bien el conflicto y no cerrarlo en falso con una minoría», ha continuado sobre el hecho de que SPJ-USO, FeSP UGT y CCOO representan un 45,6 % del colectivo.

El comité de huelga valorará, una vez esté publicado el acuerdo entre estos tres sindicatos y la Xunta, «las acciones legales contra una posible ilegalidad que pueda darse». «Creemos que el único interlocutor válido cuando hay una huelga vigente es el comité de huelga.

No se puede cerrar el conflicto con una representación sindical del 45 %», ha proseguido. Araújo ha reconocido que en la actualidad «el seguimiento de la huelga es muy bajo», pero no ha descartado «que algún día se pueda recuperar si esto no se arregla», para lo que es necesaria «la mayoría sindical».

De momento, el comité de huelga no se ha pronunciado a favor de la mediación porque ya fue rechazada varias veces a lo largo del conflicto.

UN 53,9 POR CIENTO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS SECUNDARON LA HUELGA, SEGÚN EL CGPJ

Carlos Berbell – Confilegal

Seguimiento de la huelga, por parte de jueces y magistrados, en los órganos judiciales de España, según el CGPJ ->

https://confilegal.com/wp-content/uploads/2018/05/MAPA-HUELGA.png

2.916 jueces y magistrados de toda España secundaron la huelga. Es un 53,9 por ciento de una plantilla de 5.407, de acuerdo con datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por medio de 16 de los 17 Tribunales Superiores de Justicia (en Oviedo, sede del de Asturias era día de fiesta y no sean podido disponer de cifras).

La Comunidad Autónoma con mayor número de seguimiento ha sido La Rioja, con un 80 por ciento de jueces secundando la huelga (28 de 35).

Le siguen a poca distancia, Canarias, con un 74,6 por ciento (203 de 272), y la Región de Murcia, con un 71,8 por ciento (115 de 160).

Navarra, con un 67,7 por ciento (42 de 62), Cataluña, con un 62,5 por ciento (450 de 719), y Castilla-La Mancha, con un 62,4 por ciento (118 de 189), siguen a continuación.

El siguiente escalón de seguimiento lo conforman Andalucía, con un 48,7 por ciento (562 de 956), Extremadura, un 58,6 por ciento (71 de 121) y la Comunidad Valenciana, un 58,2 (331 de 568).

A la cola han quedado País Vasco, con un 43,5 por ciento (104 de 239), Galicia, con un 48,5 por ciento (166 de 342), Madrid, con un 49,1 por ciento (361 de 734), Cantabria, con un 51,8 por ciento (42 de 81), Castilla-León, con un 50,6 por ciento (155 de 306) y Aragón, 55,4 por ciento (86 de 155).

Y muy por debajo, la Audiencia Nacional, con una participación de sólo el 8 por ciento (7 de 87) y el Supremo, con cero por ciento de 79 magistrados.

LOS INTERINOS NO REVOCAN LA HUELGA TRAS UNA NUEVA REUNIÓN CON LA JUNTA

J. L. P. – Ideal Digital

Profesores almerienses se desplazaron hasta Sevilla para participar en la manifestación

La Asamblea confirma que el paro sigue adelante y ya se prepara una nueva manifestación regional mientras se pide cambio de interlocutor

La Consejería de Educación y la Asamblea Andaluza de Docentes Interinos mantuvieron el segundo encuentro desde que comenzó la huelga indefinida y tras la manifestación regional que se convirtió en uno de los actos centrales de esta reivindicación y que contó con decenas de profesores almerienses desplazados hasta Sevilla.

Durante el encuentro, la Consejería volvió a incidir en que las ofertas de empleo público docente son «la mejor manera de dar estabilidad al profesorado interino y una oportunidad para aquellos que ya trabajan en el sistema educativo público puedan entrar a formar parte del cuerpo de funcionarios docentes de carrera».

De este modo, se analizaron los datos del 2018 que apuntan a la convocatoria de un total de 5.321 plazas, de las cuales 2.321 puestos corresponden a la tasa de reposición a las bajas producidas el pasado año y el resto, 3.000 para la estabilización del empleo temporal.

También se destacó que Andalucía es la comunidad autónoma que gestiona la mayor plantilla docente del país, que el próximo curso superará la cifra de 100.000 docentes, ya que desde el comienzo de la legislatura la plantilla ha crecido en más de 3.000 puestos y en septiembre de 2018 está previsto que vuelva a aumentar en 2.700, el mayor crecimiento en años.

A esto «hay que añadir la ampliación de la plantilla de Educación Primaria con 1.300 nuevos maestros en los próximos tres cursos, 500 de ellos en 2018». Por otro lado, se recordó que gracias a la negociación de la Consejería con el Gobierno central se consiguieron «sustanciosas» mejoras que favorecen al colectivo de interinos como que se aplace la entrada en vigor del nuevo modelo de acceso a la función pública docente hasta 2022, de forma que no cambien los temarios en este periodo, que no se incluyan nuevos requisitos respecto a anteriores oferta de empleo, como puede ser el idioma o que se amplíe de 5 a 7 los puntos de la experiencia docente en la fase de concurso.

La Asamblea, por su parte, anunció que continuará con la huelga y que habrá una nueva manifestación el día 28 de mayo en Sevilla. Además, se solicitó una reunión con Susana Díaz como interlocutora ante «la incompetencia» que viene mostrando, según sus representantes, la consejera Sonia Gaya en este proceso de negociación abierto.

CCOO, UGT Y CGT CONVOCAN HUELGA DESDE EL 11 DE JUNIO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y LA DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

Sevilla (Europa Press)

CCOO, UGT y CGT han convocado huelga indefinida en la Agencia de Servicios Sociales y la Dependencia de Andalucía desde el próximo 11 de junio, toda vez que «tras un año de negociación con la Consejería de Igualdad, que concluyó con la firma de un preacuerdo de convenio colectivo, diez meses después la Consejería de Hacienda responde recortando más de un tercio de los derechos que negociamos para los trabajadores de la Agencia».

En una nota, CCOO ha explicado que con el objetivo de «superar la desigualdad laboral, salarial y de derechos en los que se encuentra inmersa la plantilla de la Agencia, el pasado mes de julio de 2017, las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT firmaron con la dirección de la agencia un preacuerdo de convenio colectivo que sentaba las bases para equiparar las condiciones laborales».

Ha añadido que, tras diez meses en los que la Junta de Andalucía ha estado «valorando» el preacuerdo, se les notificó que la Consejería de Hacienda «no lo ha autorizado en los términos que los agentes sociales habían pactado».

A su juicio, este hecho «pone de manifiesto el poco respeto que la Junta tiene por la negociación colectiva al plantear una incomprensible reducción de los derechos que se habían reconocido en aquel preacuerdo».

Por ello, los más de 1.500 profesionales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía están convocados a secundar una huelga indefinida a partir del día 11 de junio.

Con esta iniciativa, las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT aúnan fuerzas contra lo que consideran una «tomadura de pelo» por parte de las consejerías tanto de Igualdad como de Hacienda.

Las acciones de protesta arrancarán con una concentración en Sevilla ante el Hotel Barceló el día 28 de mayo, coincidiendo con el inicio del Congreso Internacional sobre Bienestar Social, a cuya inauguración prevén que acuda la presidenta del Gobierno Andaluz, «que es la máxima responsable del mantenimiento de la precariedad de esta plantilla», aseguran.

La representación de los trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y la Dependencia de Andalucía (ASSDA) ha hecho un llamamiento a la plantilla para reivindicar con firmeza sus derechos.

En apoyo a estos miles de profesionales, iniciará una campaña de difusión y solicitud de apoyo entre el colectivo afectado por la dependencia, a fin de trasladar a la Junta de Andalucía «la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados y de apostar de forma inequívoca por avanzar en la profesionalización de la plantilla para brindar el servicio que nuestros mayores y personas dependientes merecen».

La representación sindical ha pedido disculpas «por las repercusiones que esta huelga puede tener entre los usuarios de la teleasistencia y solicitantes de dependencia».

«No les quepa la menor duda que la misma solo responde al deseo de seguir ofreciendo la calidad de asistencia que merecen con unas condiciones laborales dignas de unos profesionales que realizan una importantísima labor social», ha añadido la central sindical.

LA CNT CONVOCA HUELGA PARCIAL EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ADRA

CNT

Las limpiadoras del ayuntamiento de Adra harán paros de dos horas para reivindicar que se contrate más personal

La sección sindical de CNT en el Ayuntamiento de Adra ha convocado paros parciales de dos horas los días 4, 6 y 7 de junio para reclamar la ampliación de la plantilla de limpiadoras municipales con nuevas contrataciones y la conversión de los contratos fijos discontinuos existentes en fijos.

Estos paros, previstos al inicio del turno, están convocadas todas las limpiadoras municipales y son consecuencia de la nula voluntad por parte del ayuntamiento de atender las demandas de más personal que desde la central anarcosindicalista CNT, central con mayor afiliación entre el colectivo, viene reclamando al consistorio para poder prestar un servicio con un mínimo de calidad.

Los números no engañan, en la actualidad, están trabajando en esta área un 57% menos de personal. En una década se ha pasado de 42 a 24 limpiadoras. Una plantilla exigua para atenuar, las posibles contingencias que se producen por bajas por Incapacidad Temporal, permisos retribuidos etc. y prestar al mismo tiempo, un servicio óptimo en la limpieza de unos edificios y locales que han ido incrementándose con el tiempo.

El aumento de la carga de trabajo es palpable con la incorporación del Museo del Mar, los ambulatorios de las barriadas de Puente te del Río y La Curva etc. Edificios que se limpian sustrayendo personal de sitios tan sensibles como los colegios públicos de educación primaria.

La convocatoria de estos paros parciales es solo el inicio de una convocatoria de huelgas más prolongada si no hay soluciones a corto plazo. La falta de personal es un problema muy grave atribuible exclusivamente, a una gestión nefasta del PP. Solo con el sobreesfuerzo de la plantilla de limpiadoras, a costa de su salud (actualmente hay 6 trabajadoras de baja) han conseguido minimizar, para que los usuarios de estos edificios e instalaciones no perciban de una manera patente, el impacto negativo de una plantilla tan mermada que tiene, además, una media de edad avanzada.

Desde CNT recordamos que el colectivo de las limpiadoras municipales viene siendo sistemáticamente agraviado por el consistorio. A la reciente sentencia por discriminación salarial indirecta por razón de género, que el ayuntamiento recurrió para demorar lo máximo posible, el abono a las limpiadoras de las indemnizaciones y de la aplicación de la subida salarial a la que ha sido condenado en primera instancia, hay que sumar, el requerimiento de hace unos años de la Inspección de Trabajo para que se les hiciera entrega, como al resto del personal laboral, de vestuario de invierno tras la denuncia de la CNT.

De no alcanzar un acuerdo serio en el SERCLA, al que Comité de Huelga y Ayuntamiento de Adra están emplazados a reunirse próximamente, la CNT tiene previsto movilizarse durante los días de paro para que exteriorizar al máximo la problemática de las limpiadoras que no están pidiendo otra cosa que la ampliación de la plantilla con nuevas contrataciones para poder prestar en colegios y otros edificios públicos de competencia municipal, un servicio con una plantilla adecuada a la carga de trabajo que tienen.

LOS TRABAJADORES DE EL DÍA MANTIENEN UNA HUELGA DE FIRMAS POR EL RETRASO EN EL ABONO DE SUS NÓMINAS

La Laguna Ahora

La Asamblea ha aprobado parar la actividad del periódico si la empresa mantiene los impagos

Las trabajadoras y trabajadores del periódico El Día mantienen una huelga de firmas por el retraso en el abono de sus salarios. Esta medida lleva en marcha más de una semana, tras los reiterados incumplimientos de la empresa y un nuevo retraso en el ingreso de las nóminas.

Los periodistas se han negado a firmar sus informaciones como medida de protesta por esta situación, que se ha visto agravada por el retraso en la realización de las auditorías que analicen la situación económica del periódico.

Además, los representantes de los trabajadores han puesto los hechos en conocimiento de la Inspección Laboral, quienes esperan que actúe cuanto antes. Todas estas medidas fueron aprobadas en Asamblea, con el fin de dar cumplimiento al compromiso de transparencia y participación bajo el que se constituyó el Comité de Empresa.

Las medidas fueron apoyadas de forma casi unánime y, entre ellas, también se prevé la convocatoria de una huelga en junio si la situación no se soluciona.

Los/as profesionales del periódico se han mostrado dispuestos a luchar por la defensa de sus derechos con todas las herramientas a su alcance. Parar la actividad del periódico es una de estas herramientas que no dudarán en utilizar si la Dirección empresarial no recupera la normalidad en el abono de las nóminas, entrega toda la documentación solicitada por la Representación de los Trabajadores y presenta un plan de viabilidad que garantice el futuro del diario y de su plantilla.

UGT Y CCOO CONVOCAN PAROS HORARIOS EN CORREOS EL 7 DE JUNIO Y PREVÉN HUELGA GENERAL POR LOS RECORTES

ifomo Cantabria

Las secciones sindicales de UGT y CCOO en Correos han anunciado la convocatoria de dos horas de paro el próximo 7 de junio por el nuevo recorte presupuestario de 60 millones de euros previsto por el Gobierno en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en la empresa postal pública, que se une a los 120 millones que ya se redujeron el año pasado.

Según han explicado en rueda de prensa la responsable regional del sector postal de UGT, Montserrat Noriega; y el secretario de Acción Sindical de CCOO en la delegación regional de Correos, Luciano Palazzo, este nuevo recorte presupuestario ha llevado a los sindicatos a programar «un calendario de movilizaciones ascendente» que previsiblemente acabará con una huelga general antes de finales de año.

La jornada del 7 de junio ha sido convocada en toda España por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y el Sindicato Libre, que acaparan el 85% de toda la representación sindical en la empresa postal pública, y los paros horarios tendrán lugar desde las 13 a las 16.30 horas. En Cantabria, se celebrará además una concentración de protesta ante la sede de la Delegación del Gobierno (a las 13.45 horas).

Los portavoces de ambos sindicatos han denunciado la reducción de 180 millones de euros en dos años consecutivos y calificado como una «tomadura de pelo» que se congele la financiación a Correos mientras el Gobierno «se llena la boca» y los políticos aseguran que España se encuentra en un momento de crecimiento económico.

Esos recortes, según han dicho, han provocado unas pérdidas anuales de 149 millones euros «porque están dejando morir poco a poco a la empresa» y la reducción de un 25 por ciento de la plantilla a nivel nacional, que ha pasado de 65.000 a 50.000 empleados. A nivel regional, la plantilla está formada por 475 personas y se han perdido 170 puestos, según han detallado.

Además, han añadido que han aumentado los contratos de jornada parcial y los ‘minijobs’ –contratos de baja remuneración y pocas horas semanales–, así como los dimensionamientos de secciones, los recortes de personal, la sobrecarga de trabajo y la precariedad laboral.

Otro de los problemas es que la plantilla tiene una edad media «elevada» y las jubilaciones –en Cantabria ha habido más de 80 en tres años– también suponen la destrucción del empleo.

Con todo, es «imposible» que la empresa pueda ofrecer un servicio de calidad y, según la secretaria de Servicio Postal de UGT en Cantabria, el Gobierno aprovecha para desprestigiar a la empresa el incumplimiento de los plazos de entrega que se debe a que no dispone de suficientes empleados.

Noriega ha manifestado también que una de las características de Cantabria es que los carteros hacen «mucho kilometraje» y, además de sufrir la congelación de su salario, utilizan su vehículo propio y asumen el coste de la gasolina.

Zona rural

Por otro lado, se ha centrado en cómo afectan estos problemas a la zona rural, en la que, según ha dicho, muchas de las oficinas se han convertido en oficinas auxiliares y se ha recortado el tiempo de atención al cliente, además de que en ellas el servicio es más caro, ya que Correos dispone de una tarifa para las zonas A, de más de 50.000 habitantes, y otra para pueblos y localidades pequeñas en las que se aplica un sobrecoste del 30 por ciento.

A juicio de Noriega, el motivo de la reducción de la financiación del servicio es la voluntad del Gobierno de privatizarlo y, aunque es consciente de que el envío de cartas cada vez es menor, ha instado a buscar otros nichos de mercado como el transporte de paquetería, del que sólo un 15 por ciento corresponde a la empresa postal pública.

También ha recordado que en junio de 2017 los sindicatos mantuvieron una reunión con el Ministerio de Fomento para poner en marcha un Plan Estratégico, pero «no han cumplido lo que han prometido». Además, ha asegurado que en otros países europeos se ha apostado e invertido en el servicio postal, con el que «ganan dinero», por lo que «es posible que siga siendo público».

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de Correos de CC.OO. ha asegurado que esta es «la peor legislatura postal de la historia» con consecuencias «muy graves», lo que ha tenido como resultado la pérdida de 15.000 empleos desde 2008.

Además, ha explicado que las tres reivindicaciones de los sindicatos son una financiación adecuada para el Servicio Público Postal, un plan estratégico para que la empresa sea competitiva y solvente, y el desbloqueo del convenio colectivo y el acuerdo laboral con los funcionarios, que «llevan paralizados desde 2013».

MUERE UNO DE LOS TRABAJADORES DE METRO DE MADRID QUE DESARROLLÓ CÁNCER POR ESTAR EXPUESTO A AMIANTO

Madrid (Europa Press)

Uno de los trabajadores de Metro de Madrid que desarrolló asbestosis por estar expuesto a fibras de amianto durante su actividad profesional ha fallecido esta tarde, según han explicado a Europa Press fuentes sindicales.

Se trata del trabajador A.M.C, oficial de mantenimiento de ciclo corto del suburbano y que fue el segundo empleado de la compañía al que se le reconoció la enfermedad profesional por desarrollar un cáncer a causa de la exposición al amianto. Se incorporó al suburbano en 1984.

Fuentes sindicales han explicado que este trabajador tenía la enfermedad muy desarrollada y que su estado de salud durante los últimos meses se había deteriorado bastante.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció la enfermedad profesional a tres trabajadores por considerar que sus respectivas dolencias estaban motivadas por estar en contacto con amianto. El primero de ellos fue reconocido a finales del año pasado, y los otros dos, incluido el fallecido, ya en 2018.

Además, uno de estos trabajadores (Santos González Roldán), que estuvo en mantenimiento de escaleras en la época a principios de la década de los 80, compareció recientemente en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y expuso que no recibió información ni formación sobre el amianto.

La Inspección de Trabajo ha propuesto una sanción a Metro de Madrid valorada en 191.000 euros por considerar que la compañía no tomó medidas suficientes para evitar los riesgos de exposición al amianto de sus trabajadores, a raíz de que se reconociera el primer caso de enfermedad profesional. También derivó el caso a la Fiscalía, que inició diligencias de investigación.

Por otro lado, este departamento también ha propuesto una sanción administrativa a Metro por entender que se retrasó a la hora de inscribir a Rodríguez Roldán en el registro de enfermedad profesional (CEPROS).

A su vez, Metro ha indicado recientemente que ha realizado más de 390 exámenes médicos de los 470 previstos a trabajadores de la empresa, de los cuales todos han dado hasta el momento resultado negativo.

LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC) SUBE LA CARGA DOCENTE PARA «DESPEDIR» A LOS ASOCIADOS

Luisa del Rosario – Canarias7

CC OO, que ha planteado un conflicto colectivo, acusa a la universidad de «borrar» del sistema al profesorado a tiempo parcial para que no le den horas de clase y «provocar su despido». 50 docentes podrían verse en la calle.

El Secretario de Universidad de CCOO Canarias, Alberto Marín, explicó en rueda de prensa la incomprensible «reestructuración» de la plantilla docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) dando orden a los departamentos de que reduzcan al mínimo posible el número de profesores asociados al tiempo que se aumenta la carga lectiva del profesorado a tiempo completo. Una iniciativa que Marín tilda de «ERE encubierto» dado que con esta medida teme que no se le renueve el contrato a un centenar de docentes.

Ante esto el sindicato ha presentado un conflicto colectivo que parece que terminará en la Justicia dado que el vicerrector de Ordenación y Profesorado de la ULPGC, Luis Domínguez, defendió la medida como «un ejercicio de responsabilidad» y de «administrar bien» el dinero público.

Marín dijo que se había «borrado» del sistema a los profesores asociados, una medida que afecta a 370 profesores. Para que los departamentos no contaran con ellos antes de repartir la carga docente del próximo curso escolar. Sin embargo, recordó Marín, estos docentes están ahora mismo contratados, con lo que considera que no se está contando con quien ya está en la universidad.

Precisamente por esto Marín dice que CC OO considera que no se trata de «ceses o despidos individuales», sino de «despidos colectivos de carácter masivo».

Domínguez reconoció que anualmente se prescinde de cierto número de profesores asociados, aunque señaló que no tantos. Según sus cálculos serán medio centenar, algo que se explica, dijo, «por una razón y es que este equipo rectoral apuesta por la contratación de profesorado a tiempo completo y por no abusar de la figura de asociados a tiempo parcial de tal forma se han aprobado 30 plazas de profesor ayudante doctor y esperamos que se presenten una gran cantidad de asociados».

Domínguez dijo que no se habían «borrado» a los asociados del sistema. «Aquí los tengo», afirmó, «es que no se les puede adjudicar docencia hasta que el profesorado a tiempo completo ha cogido toda la docencia que pueda coger. Es un ejercicio de responsabilidad con el dinero público. La plantilla de la ULPGC tiene que dar de sí todo lo que pueda dar y, a partir de ahí, haremos los contratos a tiempo parcial que se necesiten».

Una institución con superávit y a la que le faltan 300 profesores

El vicerrector de Ordenación y Profesorado de la ULPGC, Luis Domínguez, defendió su posición afirmando que los profesores asociados –trabajan a tiempo parcial con entre tres y seis horas lectivas a la semana– «se contratan por necesidades docentes puntuales y se les hace un contrato durante un curso académico. Su contrato se acaba en septiembre.

Si continúan las necesidades docentes se amplían y hay gente que sigue y otra que no, porque a veces las necesidades están en otro departamento». Sin embargo, la contratación de este tipo de profesorado ha sido una constante en los últimos años en la ULPGC, que prefirió, reconoció Domínguez, «promocionar» internamente al profesorado a tiempo completo que ampliar el número de contrataciones.

Según el secretario de Universidad de CC OO Canarias, Alberto Marín, lo que está haciendo ahora la ULPGC es aplicar «de la forma más inflexible» el conocido Decreto Wert, que es el que permite incrementar la dedicación del profesorado.

Algo que no se entiendo, añadió Marín, cuando la ULPGC es una institución «con superávit» que podría optar por más contrataciones. De hecho, Domínguez ha dicho que faltan 300 profesores y que a 30 por año se tardará una década en completar la plantilla.

LA JUSTICIA CONDENA A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN POR UNA SANCIÓN «ASOMBROSAMENTE DESPROPORCIONADA» A DOS TRABAJADORES

Laura Olías – eldiario.es

La agencia pública de cooperación al desarrollo sancionó con seis meses de suspensión de empleo y sueldo a dos empleados locales de Guinea Ecuatorial por las protestas durante una huelga

La Aecid sostiene que los empleados desobedecieron a un superior, pero el tribunal considera que no ha quedado probado y que, aunque así fuera, es «asombrosamente desproporcionado que por ello se les imponga» esta sanción

Otros tres trabajadores fueron despedidos tras este incidente y están pendientes de juicio, por lo que UGT –que está defendiendo a los empleados– es «optimista» con que el juzgado respalde a los afectados

Seis meses de suspensión de empleo y sueldo. Esa fue la sanción impuesta por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) a dos trabajadores locales del organismo público en Guinea Ecuatorial, debido a un incidente durante una jornada de huelga.

Durante el paro se produjo un breve altercado en una garita de seguridad de la Embajada de España en Malabo, en el que, según la Aecid, los empleados desobedecieron las instrucciones de un superior. La justicia ha concluido que los hechos imputados contra los empleados no quedan probados, pero que, de ser ciertos, la sanción impuesta por las autoridades españolas es «asombrosamente desproporcionada».

La sentencia del juzgado de lo Social número 33 de Madrid, a la que ha tenido acceso eldiario.es, revoca las sanciones impuestas por la agencia pública a los dos trabajadores –fijadas el pasado 25 de enero– y obliga a la Aecid a reintegrarles la totalidad de los salarios dejados de percibir debido a esta acción disciplinaria.

Fuentes de la Aecid confirman a este medio que ya «ha procedido a reintegrar al personal concernido en su puesto de trabajo y al abono de la indemnización correspondiente» y rechazan entrar a valorar «el contenido de la sentencia». Cabe señalar que la Fiscalía se opuso a que se anulara la sanción.

Uno de los trabajadores está empleado como conserje en el Centro Cultural de España en Malabo, dependiente de la Aecid, desde 2014. El segundo trabaja con la agencia pública desde 1985, ejerciendo tareas de «supervisor». Sus salarios: 420,78 y 566 euros mensuales, respectivamente (con las pagas extra prorrateadas).

Los «exiguos salarios», en palabras del juez José Pablo Aramendi Sánchez, eran la principal reclamación que llevó a los trabajadores sancionados a la huelga el pasado octubre.

La movilización fue convocada a nivel mundial por los sindicatos para denunciar ocho años de congelación salarial del personal laboral en los organismos públicos en el exterior. Este 2018 ya se encadena el noveno año sin subidas.

«Un minuto y medio» de altercado

Ese día de huelga, un grupo de empleados acudió a la Embajada de España en Malabo para manifestarse y exigir la actualización de sus retribuciones. Desde UGT, sindicato que ha defendido a los trabajadores sancionados, Gonzalo Sáenz explica que varios empleados «pasaron un primer control de seguridad, con un vigilante privado, pero en el segundo control no les permitieron pasar.

En la garita, el policía nacional les impidió el paso de malas maneras», explica el secretario de Organización y MAEC de la Federación de Exterior de UGT.

La Aecid sitúa a los dos trabajadores expedientados en ese grupo que accedió a la garita y les sancionó porque considera que cometieron «una sanción muy grave consistente en la desobediencia abierta a las instrucciones de un superior», recoge la sentencia. El juez concluye que, con las pruebas aportadas (entre ellas una grabación de la garita de seguridad), «nada evidencia la participación de los actores en los hechos que se les imputan».

Pero el magistrado va más allá y argumenta que, aunque se admitiera su participación en la protesta (en la que los trabajadores permanecieron «un minuto y medio» en la garita), «dicha conducta no puede ser calificada como una desobediencia abierta a instrucciones concretas que no consta que recibieran» y califica lo sucedido de «hecho irrelevante que no afectó ni a la seguridad ni a la actuación ordinaria de la embajada».

Además, el juez sostiene que, aunque hubieran formado parte del incidente es «asombrosamente desproporcionado que por ello se les imponga una sanción de suspensión de empleo y sueldo de hasta seis meses, visto además los exiguos salarios que reciben».

Otro juicio sobre tres despidos

El portavoz de UGT celebra el resultado de la sentencia, contra la que no cabe recurso, y añade que el sindicato está pensando «pedir responsabilidades políticas» por esta decisión. «La sentencia permite que se sepa cómo se las gasta el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Cooperación Española con el personal local de un país con unos vínculos históricos de hermandad», denuncia Gonzalo Sáenz.

Sáenz subraya que esta resolución judicial tiene especial importancia por otro juicio que tienen pendiente, fijado para julio, en el que recurren los despidos de tres trabajadores por el mismo incidente en la jornada de huelga. «Creemos que a unos se les impuso una sanción y a otros se les despidió en función del grado de cercanía que dicen que tuvieron con lo ocurrido en la garita y si se opusieron más o menos a las órdenes del policía», explica el sindicalista.

Desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo defienden que los despidos se basan en «hechos distintos» y, por lo tanto, esperan «la celebración del juicio y de conocer la sentencia» de este segundo caso. En UGT confían en que el juzgado falle que los despidos son nulos y readmita a los empleados en sus puestos.

El sindicato espera que la Aecid y las autoridades españolas «cambien la actitud con los trabajadores locales, que solo quieren hacer su trabajo y tienen derecho a manifestarse», añade Gonzalo Sáenz, que interpreta estas sanciones como «un puñetazo en la mesa pasa asustar al personal».

SPRINGWATER RECURRIRÁ LA SENTENCIA QUE CONSIDERABA NULO EL ERE DE DELION

Europa Press

El fondo también presentará acciones legales contra los inversores que llevaron a cabo la compra de la sociedad en agosto de 2017

Springwater, el fondo de inversión propietario de la extinta Delion, recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que la compañía recurrió a principios de año y que afectó a 270 personas, una vez que el fondo ya había procedido a su venta en agosto del pasado año.

Pese a que el grupo inversor afirma respetar todas las resoluciones judiciales, en este caso Springwater recurrirá la sentencia y presentará acciones legales contra los inversores que llevaron a cabo la compra de Delion: Manuel Rein, Salvador Moreno e Ignacio Bazín.

Según informó el fondo, tras una serie de negociaciones iniciadas en abril de 2016 para proceder a la venta de la compañía de impresión, manipulación, control y ensobrado de documentos, se firmó un contrato de compraventa en «condiciones de mercado».

Este contrato contenía la obligación, por parte de los compradores, de dar continuidad al negocio de la sociedad, complementando el mismo, aportando logística y distribución y responsabilizándose del proceso de reestructuracion, reordenación y financiación de Delion.

Para ello, estos compradores se obligaron a avalar de forma inmediata las líneas circulantes necesarias para la operativa y funcionamiento de la compañía y se obligaron a aportar y desembolsar fondos por importe de hasta 2,5 millones de euros una vez se aprobara dicha reestructuración.

Sin embargo, según Springwater, los compradores «han incumplido todas y cada una de las obligaciones que asumieron» en la firma del contrato y, por ello, el fondo presentará las debidas acciones penales que correspondan «por una presunta estafa» en la compra de la sociedad en agosto de 2017.

Readmisión de los trabajadores

La sentencia, de 16 de mayo, consideró nulo el ERE de Delion, lo que implica la readmisión de dichos trabajadores, que, al no haber sociedad, podrán acudir a otras del grupo, y el pago de sus salarios desde la fecha de su despido.

El fallo reconoció la responsabilidad de todas las empresas del Grupo Springwater y a su administrador único, Martin Gruschka, como instigador en el fraude de la venta, por lo que tendrá que asumir las responsabilidades de la liquidación.

Los jueces subrayaron en el fallo que Springwater vendió «artificiosamente» las participaciones sociales de Delion a una empresa con un capital social de 3.000 euros, que a su vez vendió sus participaciones a otra empresa con el mismo capital social, «sin cumplir ninguna de ellas los compromisos adquiridos para reflotar la empresa».

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