Publicado en: 27 diciembre, 2018

Boletín de Luchas Obreras (27 de Diciembre de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • LA EDAD DE JUBILACIÓN SE RETRASA HASTA 65 AÑOS Y 8 MESES DESDE ENERO
  • NUEVA PROTESTA DE LOS BOMBEROS FORESTALES EN HUESCA Y TERUEL POR LOS DESPIDOS ANTICIPADOS
  • CONCENTRACIÓN ANTE EMAYA CONTRA LAS “SANCIONES DESPROPORCIONADAS” POR LOS FALSOS TÍTULOS
  • SANITARIOS DE LA RIBERA PROTESTAN TRAS 9 MESES DE TENSIÓN CON LA REVERSIÓN
  • LOS MONITORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS ALERTAN DE SU MALA SITUACIÓN LABORAL
  • LA PLANTILLA DE HUERTA DE PERALTA, A LA HUELGA POR COMPAÑEROS DESPEDIDOS
  • NATURGY RESCINDE EL CONTRATO CON LA SUBCONTRATA MASA EN ANLLARES
  • LA PLATAFORMA DE AUXILIARES DE ENDESA EN COMPOSTILLA LLEVAN SU REIVINDICACIÓN AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS TRAS LOS SIETE DESPIDOS EN MAESA
  • EL GOBIERNO SE COMPROMETE A ESTUDIAR EL Expediente De Regulación De Empleo (ERE) QUE AFECTA A LOS 117 TRABAJADORES DE LA EMPRESA PEAL
  • TRABAJADORES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) SE CONCENTRAN PARA “RECUPERAR” 460 EMPLEADOS Y EL 10% DEL SALARIO PERDIDO
  • LOS TRABAJADORES EXIGEN A ALCOA QUE AMPLÍE LA NEGOCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) HASTA EL 15 DE ENERO
  • LA HUELGA DE CORREOS EN NAVIDADES, DESCONVOCADA AL LLEGAR A UN ACUERDO
  • CC.OO. DESCONVOCA LA HUELGA EN RENFE PARA EL 21 DE DICIEMBRE Y EL 7 DE ENERO
  • APOYO MASIVO A LA HUELGA EN LOS MEDIOS PÚBLICOS GALLEGOS, OBLIGADOS A MODIFICAR SU PROGRAMACIÓN HABITUAL
  • AUXITRANS HACE UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) PARA SUS 17 EMPLEADOS EN COMPOSTILLA

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LA EDAD DE JUBILACIÓN SE RETRASA HASTA 65 AÑOS Y 8 MESES DESDE ENERO

Susana Alcelay – abc.es

El retiro se mantiene en 65 años con el 100% de la pensión para los que hayan cotizado a la Seguridad Social al menos 36 años y 9 meses

La aplicación de la reforma de las pensiones sigue su curso mientras el Pacto de Toledo continúa, después de más de 2 años de trabajos, buscando fórmulas para asegurar el presente y futuro del sistema público. La llegada de 2019 traerá un nuevo cambio en los requisitos para acceder a la jubilación en cumplimiento de la ley de pensiones, que desde el año 2013 está obligando a trabajar más años y cobrar menos como fórmulas para sostener el sistema, que todavía lucha por recuperarse de una crisis que acabó con 3,7 millones de puestos de trabajo.

La norma retrasa progresivamente la edad de retiro hasta los 67 años en 2027. Así, quienes quieran jubilarse a lo largo del año próximo con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder, deberán tener ya cumplidos los 65 años y 8 meses. A partir de 2019 la edad de jubilación se incrementará 2 meses cada año hasta 2027.

¿Qué ventajas tiene para el sistema público retrasar la edad jubilación?

Por un lado, permite disponer de más población activa que financie las pensiones, y por otro, retrasa el cobro de la pensión. Es decir, si un trabajador sigue activo hasta los 67 años, son 2 años más que aporta a la caja común, pero no consumiendo pensiones.

Retraso en la edad de jubilación

El retraso, que se aprueba con carácter general, tiene sus excepciones. Los trabajadores que acumulan una larga vida laboral podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados 36 años y 9 meses o más. Por cada ejercicio se aumenta ese periodo en tres meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y 6 meses.

La generación que se está jubilando ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Más problemas para saltar este listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a cotizar y con sueldos más bajos. También tendrán problemas las mujeres con lagunas de cotización.

Años que se tienen en cuenta para calcular la pensión

En 2019 también cambiarán los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, que ese año quedará fijado en 22 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1-1-2022 en el que el periodo de cotización exigido para calcular la pensión pasará de forma progresiva desde los 15 años a los 25 años. A cada ejercicio, a contar desde 2013, se le va sumando un año hasta completar los citados 25 años en 2022.

Jubilación anticipada

El nuevo año también traerá modificaciones en la jubilación anticipada.

a) Jubilación anticipada voluntaria

La norma retrasa hasta 63 años y 8 meses la edad para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, que en paralelo a la legal de retiro podrá realizarse 2 años antes también hasta el año 2027, cuando quedará establecida en el mínimo de 65 años. Además, para acceder a esta modalidad son necesarios al menos 35 años de cotización, y por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial de jubilación la pensión sufrirá una penalización progresiva que irá desde el 2% de la base reguladora, si se han cotizado menos de 38,5 años, hasta el 1,625% si se superan los 44,5 años cotizados.

b) Jubilación anticipada forzosa

En el caso de jubilación forzosa, podrá realizarse hasta 4 años antes de la edad legal de retiro -en 2019, a los 61 años y 8 meses-. Serán necesarios 33 años de cotización como mínimo y la penalización irá desde el 1,875% por trimestre adelantado para menos de 38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para más de 44,5 años cotizados.

La Ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue acordada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT en febrero de 2011. La ley fue aprobada definitivamente en agosto de 2011, cuando algunas de sus disposiciones entraron en vigor, y otras lo hicieron en enero de 2012, si bien la puesta en marcha del grueso de la reforma, como la subida de la edad de jubilación, se estableció en el 1-1-2013, ya con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Revalorización de las pensiones. Subidas idénticas al IPC

Cambios normativos y nuevas cuantías para las pensiones en 2019. Al igual que ha ocurrido este ejercicio, las nóminas de los jubilados subirán con el IPC después de que se desterrase el incremento del 0,25% que establece la ley de pensiones aplicada los últimos 5 años.

La subida de las pensiones ya se convirtió en un campo de batalla política en los Presupuestos Generales de 2018. El alza inicialmente prevista por la ley de solo el 0,25% acabó en un incremento del 3% para las mínimas y del 1,6% para todas las demás, tras un acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy, el PNV y Ciudadanos. Esas alzas fueron las que, finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez, aplicó cuando se tramitaron las cuentas.

Y para el próximo año, según lo pactado por Pedro Sánchez con Podemos, se repetirá la misma operación. El IPC volverá a ser la referencia para la revalorización y las mínimas crecerán, de nuevo, un 3%. Antes, el Gobierno deberá compensar a los jubilados por la desviación de los precios que seguro se producirá este ejercicio, en el que se esperan subidas más elevadas que el 1,6% en el que se incrementaron las pensiones. La diferencia la recibirán en una paga única en enero.

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NUEVA PROTESTA DE LOS BOMBEROS FORESTALES EN HUESCA Y TERUEL POR LOS DESPIDOS ANTICIPADOS

Rubén Darío Núñez – Heraldo.es

El comité intercentros de Sarga ha celebrado sendas concentraciones frente a las delegaciones del departamento de Desarrollo Rural

La protesta en Huesca ha tenido lugar frente a la sede del servicio provincial de Desarrollo Rural ->

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Por quinta vez en solo un mes, los bomberos forestales de Aragón, adscritos a la empresa pública Sarga, han vuelto a protestar por el adelanto de sus despidos. Esta vez lo han hecho frente a las delegaciones del departamento de Desarrollo Rural en Huesca y Teruel.

Las concentraciones habían sido convocadas por el comité intercentros de Sarga. Su secretario, Víctor Muriel, ha denunciado el “incumplimiento” en materia forestal del Gobierno de Aragón ya que PSOE y CHA pactaron con Podemos en los Presupuestos de 2018 que iban a poder trabajar diez meses y medio las cuadrillas terrestres, diez las autobombas y los espacios naturales protegidos y doce las helitransportadas. “A día de hoy 500 personas están en su casa con la problemática que conlleva para los pueblos de despoblación y abandono de los montes, además del fomento de la precariedad”, ha criticado.

Muriel ha recordado que el pasado 17 de noviembre fueron despedidos de manera fulminante después de nueve meses de trabajo, uno y medio menos que lo prometido. Y ha denunciado el caso especial de los vigilantes porque han trabajado 88 días frente a los 7 meses que se les garantizaron en un principio. “Si queremos que de verdad haya políticas forestales que asienten población en el medio rural, tiene que haber gestión con mayúsculas”, ha reivindicado.

Además, ha advertido de que en los próximos meses van a continuar con sus reivindicaciones “porque queremos vivir en nuestros pueblos, trabajar los doce meses, la categoría de bomberos forestal y la correspondiente a los espacios naturales protegidos, un plan de igualdad, formación… en definitiva que se sienten unas bases sólidas para poder trabajar todo el año como en otras comunidades”, ha afirmado el secretario del comité intercentros.

De momento no tienen fecha para el regreso al trabajo “porque se han suspendido todos los reconocimientos médicos y pruebas físicas que tenemos que pasar”. Una incertidumbre que, aseguran, agrava el peligro de incendios “porque con la problemática que hay con la ganadería extensiva y con los bomberos forestales en sus casas, los montes están abandonados”.

En este sentido, ha recordado que en los últimos 20 años se han reproducido 400.000 hectáreas nuevas “porque no hay trabajos selvícolas como antes”

CONCENTRACIÓN ANTE EMAYA CONTRA LAS “SANCIONES DESPROPORCIONADAS” POR LOS FALSOS TÍTULOS

Josep Capó – Diario de Mallorca

Media docena de sindicalistas de CGT estiman que los trabajadores afectados merecen “una amonestación”

Concentración ante Emaya contra las “sanciones desproporcionadas” por los falsos títulos ->

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Unos seis trabajadores de Emaya convocados por el sindicato CGT se han concentrado entre las 12,00 horas y las 15,00 horas ante la sede de Emaya en la calle Joan Maragall, para protestar contra los despidos a cinco trabajadores de la empresa por haber presentado falsos títulos de catalán o de Formación Profesional en distintos procesos selectivos realizados por la compañía pública.

Los concentrados, que han anunciado que van a repetir la acción, entienden que la empresa “está imponiendo sanciones desproporcionadas a los trabajadores”, puesto que “se está castigando con sanciones graves o muy graves faltas leves que, como mucho, serían merecedoras de una amonestación” y no del despido como se ha acordado.

Asimismo, han denunciado la falta de personal para cubrir los servicios, en especial en temporada de invierno, y las dificultades que tienen muchos trabajadores para poder disfrutar de los días libres estipulados en convenio.

La presidenta de la empresa Neus Truyol, se ha reunido con los concentrados a pie de calle y durante 20 minutos les ha explicado las razones que han determinado el despido de estos trabajadores. Desde CGT se han interesado en especial por un trabajador de Calidad Urbana que se presentó a un proceso selectivo del área de Aguas presentando un falso título de catalán.

El expediente disciplinario incoado contra él ha determinado que su actitud constituye una falta muy grave que conlleva la pérdida del puesto de trabajo. En esta misma situación se encuentran otros cuatro trabajadores de los diez casos detectados hasta el momento.

SANITARIOS DE LA RIBERA PROTESTAN TRAS 9 MESES DE TENSIÓN CON LA REVERSIÓN

Daniel Guindo – Las Provincias

Sanitarios y otros trabajadores del departamento de salud de La Ribera se concentraron a las puertas del hospital de Alzira ->

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Denuncian el impago de incentivos, el intento de imponer jornadas laborales extra, la sobrecarga de trabajo o la negativa a permitir jubilaciones parciales

El pasado 1 de abril, la Conselleria de Sanidad asumía la dirección del departamento de salud de La Ribera -con el hospital de Alzira como punta de lanza- después de casi dos décadas de gestión indirecta. Después de un polémico proceso de reversión, en el que las acusaciones entre Sanidad y Ribera Salud, los antiguos gestores, se sucedieron, llegó a su fin la concesión.

La conselleria asumía los mandos del hospital y los centros de salud del área, pero, en estos casi nueve meses, la tensión ha sido creciente. Tanto que cristalizó en una concentración a las puertas del centro hospitalario de Alzira en la que participaron unos 200 sanitarios.

Los trabajadores denuncian el impago de los incentivos (Ribera Salud abonó los del primer trimestre, pero Sanidad todavía adeuda el resto del año) y la vulneración del derecho a la representación sindical. También lamentan la decisión de la conselleria de indemnizar y no readmitir a trabajadores que finalizaron su relación laboral con el departamento coincidiendo con la reversión, pero que cuentan con sentencias judiciales favorables ante los despidos improcedentes que sufrieron.

La negativa de Sanidad a reunirse con el comité de empresa durante estos meses, aunque este encuentro se ha solicitado hasta en tres ocasiones, el incumplimiento del acuerdo adoptado por el Tribunal de Arbitraje Laboral sobre las horas extra, o el intento de los nuevos gestores de que los sanitarios se adhieran a una jornada complementaria de 150 horas son otros de los motivos que han impulsado la protesta.

El comité de empresa también se queja del incumplimiento del convenio, las cargas de trabajo y de la negativa de Sanidad a autorizar jubilaciones parciales, aunque fuentes del CSIF destacan que la «profesionalidad de los trabajadores» ha conseguido que esta situación no haya tenido una incidencia sobre los pacientes. No es de la misma opinión la asociación SanitatSolsUna, que denuncia que «las listas de espera cada vez son más largas, han empezado a desviar a una clínica privada de Alzira por primera vez en la historia del hospital, ya no se hace la biopsia rápida de mama con resultados en 30 minutos, el colapso en Urgencias es casi una constante», así como las dificultades para aparcar.

La conselleria, por su parte, está intentando paliar el creciente malestar de los sanitarios, puesto que la mayoría de estas reivindicaciones son fruto de la reversión y del nuevo modelo de gestión. De hecho, a menos de 24 horas antes de la celebración de la protesta, desde la conselleria se pusieron en contacto con el comité para emplazarle a una reunión.

Además, también les ha informado que el abono de los incentivos pendientes comenzará a materializarse en la nómina de diciembre. Desde el comité valoraron que «es triste llegar a estas situaciones» y resaltaron el apoyo y la comprensión recibida por ciudadanos y pacientes de la comarca, por lo que esperan «retomar la vía del diálogo».

En estos nueve meses de gestión pública la tensión se ha hecho patente. El modelo de trabajador laboral a extinguir aprobado para subrogar a buena parte de la plantilla tras la reversión, y cuya legalidad ha sido cuestionada por el Consell Jurídic Consultiu y la Abogacía de la Generalitat, no termina de tranquilizar a los empleados, que echan en falta muestras de apoyo por parte de Sanidad.

El reparto de documentos en los que se invita a los profesionales a sumarse a jornadas complementarias de 150 horas, la falta de diálogo con los representantes de los trabajadores, o diferencias de jornadas laborales con respecto al personal estatutario (aquel que cuenta con plaza tras aprobar una oposición) han sido otras de las gotas que han contribuido a colmar el vaso.

LOS MONITORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS ALERTAN DE SU MALA SITUACIÓN LABORAL

Álvaro Caballero – Diario de León

Los profesionales critican la «masificación de grupos» para atender a los casi 7.000 escolares.

Las escuelas deportivas siempre fueron «el ‘buque insignia’ de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León» y «el modelo a seguir» al que siempre aludían los políticos. Lo recuerdan los apenas 40 monitores que quedan de los más de un centenar que llegaron a formar parte de la plantilla.

Después del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se cebó en ellos y la paulatina privatización, gestionada en el pasado mandato y engordada con la creación de nuevas disciplinas, los supervivientes del modelo que se empezó a gestar en la década de los años 80 se ven «en la obligación de dar la voz de alarma para que uno de los mejores y más reconocidos servicios» del consistorio «no sufra las consecuencias» de su situación laboral, prolongada en el tiempo.

Los monitores de escuelas deportivas, en las que participan más de 7.500 escolares, no aguantan más. Los profesionales alertan de que «la realidad» del servicio «es muy diferente» del escaparate en el que aparecen para publicitar galardones como «el Premio Nacional del Deporte, concedido en el 2016, o el reconocimiento internacional por la promoción del día del Deporte en 2018».

Detrás de estas exhibiciones públicas, los profesionales del servicio alertan de que tienen que «cubrir las necesidades de los chicos y chicas, masificando los grupos, con horarios casi imposibles», sin que les computen como horas de trabajo «los desplazamientos de colegio en colegio o centro deportivo, ni las horas empleadas cada curso fuera de las exclusivas de entrenamientos».

La situación que describen los afectados del servicio se da con «un sueldo medio de 700 euros y sin ninguna posibilidad de mejora», recalcan los monitores, que han visto cómo se les complica incluso la opción de entrar en el proceso de promoción interna para las plazas de instalaciones deportivas.

No tienen acceso directo para esta mejora porque desde el Ayuntamiento de la capital leonesa les insisten en que su condición de fijos discontinuos, con contratos de mayo a septiembre y despidos de mes y medio, en el mejor de los casos, les obligaría a una modificación de contrato para la cual sería necesario un nuevo proceso de igualdad, mérito y capacidad».

Además, abundan, ni siquiera se les reconoce el derecho «al mismo complemento destino que tienen el resto» de los trabajadores con categoría de oficial de primera, quienes perciben «entre 120 y 130 euros mensuales» en lugar de los «18 euros al mes» que reciben ellos. «Las escuelas se encuentran en serio riesgo», resumen, después de criticar que «la progresiva privatización encubierta a través de entidades privadas y clubes deportivos, han creado las tarifas ‘B y C’ que distan mucho de la cuota municipal y que encarecen el servicio para los usuarios».

La concejala de Deportes, Marta Mejías, que asumió el cargo en verano, insiste en que «no hay riesgo para las escuelas» y compromete que «en ningún momento se ha hablado de prescindir de los monitores». Por contra, reseña la edil, ya se han reunido «con los técnicos, el interventor y el representante de los monitores en dos ocasiones» y su problema «ya se ha empezado a tratar en la mesa negociadora con los sindicatos». «Se está en ello y se hará lo que se pueda dentro de la legalidad», cita la representante pública.

LA PLANTILLA DE HUERTA DE PERALTA, A LA HUELGA POR COMPAÑEROS DESPEDIDOS

Agencia EFE

Los trabajadores de Huerta de Peralta irán a la huelga indefinida el 26 de diciembre para exigir la readmisión de cuatro compañeros despedidos, ha anunciado el sindicato LAB, que preside el Comité de Empresa.

Huerta de Peralta es una empresa del sector agropecuario que se dedica al cultivo de hortalizas y al envasado de productos frescos (IV gama) y que, con más de 130 trabajadores -prácticamente todos inmigrantes-, es una de las mayores del sector de toda Navarra, pese a lo cual hasta el pasado año no contaba con representación sindical, y hoy se rige por un Comité formado por 6 delegados de LAB, 2 de CC.OO. y 1 de UGT.

En una nota, LAB ha asegurado que, desde la celebración de elecciones, la situación de los trabajadores “ha mejorado notablemente” en aspectos como la reconversión de contratos eventuales en fijos, el cumplimiento del convenio, o mejoras en jornada y salario.

Sin embargo, los cambios “también han desatado las ganas de venganza por parte de la dirección de la empresa, que está utilizando el régimen disciplinario como herramienta de disuasión, coacción y represalia contra los trabajadores”, asegura LAB para explicar las “numerosas sanciones y despidos promovidas por la empresa, así como las reclamaciones presentadas”.

Por ello la mayoría del Comité decidió convocar un paro de 24 horas y movilizaciones el pasado 12 de noviembre, a lo que la empresa respondió con una “moderación” de su actitud y la apertura de un proceso de negociación para conseguir la readmisión de los trabajadores despedidos, aunque no se ha logrado llegar a un acuerdo.

Por ello, LAB ha decidido “reforzar” la acción sindical y convocar huelga indefinida a partir del día 26 de diciembre para reivindicar la readmisión de cuatro de los trabajadores despedidos, aquellos que quieren volver a trabajar para la empresa.

Además, el paro será complementado con diferentes movilizaciones.

NATURGY RESCINDE EL CONTRATO CON LA SUBCONTRATA MASA EN ANLLARES

Diario de León

Naturgy, propietaria de la central térmica de Anllares del Sil, ha comunicado la rescisión del contrato de todos los trabajadores de Masa Galicia que operaban en trabajos auxiliares, en total una decena de empleados.

CC.OO. aseguró en un comunicado que los despidos serán efectivos el 31 de diciembre y cierra la puerta a la posibilidad que pedían los empleados de implicarse en las labores de desmantelamiento de la central, ya desconectada. Quedarán solo dos trabajadores eventuales para trabajos de limpieza.

Los empleados anuncian medidas de protesta y no descartan incluso medidas judiciales.

«Es un insulto que entre 25 directivos de la empresa se repartan 200 millones y no se quiera ayudar a estos trabajadores que han dejado su vida laboral en beneficio de esta empresa», denuncia CC.OO.

La dirección de Naturgy negó ese reparto.

LA PLATAFORMA DE AUXILIARES DE ENDESA EN COMPOSTILLA LLEVAN SU REIVINDICACIÓN AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS TRAS LOS SIETE DESPIDOS EN MAESA

Carmen Ramos – leonoticias.com – Ponferrada

Concentración de los trabajadores de las auxiliares de Endesa ->

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Los trabajadores se reúnen con representantes del grupo parlamentarios de Unidos Podemos y con la portavoz del PSOE en la comisión de Transición Ecológica, Pilar Lucio, en demanda de apoyo para conseguir la implicación de la eléctrica para garantizar su futuro

La plataforma de empresas auxiliares de Endesa que operan en la central térmica de Compostilla de Cubillos del Sil llevan sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados. Los trabajadores se reúnen en la cámara baja con los representantes del grupo parlamentario de Unidos Podemos para reclamarles su apoyo para conseguir que a la eléctrica que se implique con ellos integrándoles en los trabajos de desmantelamiento de la instalación una vez que se lleve a efecto y diseñando un plan social con alternativas.

«Los que queremos es que nos expliquen cómo van a acometer la transición justa en El Bierzo», explicó desde Madrid el portavoz de la plataforma, Alonso Roa, que recordó que el objetivo de los trabajadores pasa por «buscar una implicación de Endesa para un plan social y que nos mantenga en el desmantelamiento». Un propósito que pretenden hacer extensivo también a toda la comarca a fin de que el Gobierno promueva el asentamiento de nuevas industrias alternativas al carbón en la comarca.

El encuentro, que contará con la participación de los trabajadores de las plataformas de Aragón y Asturias recién constituidas, viene a dar cumplimiento al compromiso contraído durante la reunión celebrada en el mes de noviembre en la sede de Podemos en Ponferrada.

La plataforma de auxiliares de Endesa en El Bierzo tiene previsto reunirse también en Madrid con la portavoz del PSOE en la comisión de Transición Ecológica, Pilar Lucio.

Las reuniones se producen después de que Maesa, una de las ocho empresas auxiliares que operan en Compostilla, notificara los siete primeros despidos a trabajadores del parque de carbones de la térmica ante la falta de actividad.

Desde la plataforma temen que el resto de las empresas comiencen también a tomar las mismas medidas a lo largo de los próximos días con el resto de los operarios si no hay carga de trabajo y ante el mutismo que continúa manteniendo la eléctrica de cara garantizar su futuro.

Huelga

La plataforma de las auxiliares de Endesa protagonizará el martes día 18 la primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas ante la falta de acuerdo en el Serla y que repetirán el 27 de diciembre y los días 9 y 10 de enero.

Los trabajadores tienen previsto iniciar a las 9.30 horas una marcha reivindicativa desde la térmica ubicada en Cubillos del Sil hasta Ponferrada. Una protesta que finalizarán con una concentración en la plaza de Lazúrtegui de Ponferrada para reclamar una solución a un conflicto que amenaza con dejarles en la calle.

EL GOBIERNO SE COMPROMETE A ESTUDIAR EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) QUE AFECTA A LOS 117 TRABAJADORES DE LA EMPRESA PEAL

Diario de León

El secretario de Estado de Energía traslada al comité que desconoce la situación

Protesta de trabajadores de Peal, en Ponferrada ->

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El comité de empresa de Peal, la contrata de cielo abierto de la Hullera Vasco-Leonesa, han conseguido el compromiso del secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, de que estudiará personalmente el Expediente de Regulación de Empleo de extinción que tienen sobre la mesa sus 117 trabajadores y que se han quedado excluidos del Plan Social del Carbón.

El presidente del comité de empresa de Peal, José Luis Villanueva, junto con otros de los representantes sindicales presentes en la Mesa del Carbón, se ha reunido con Domínguez Abascal para trasladarle su situación, según informó USO a través de un comunicado.

Villanueva explicó que el secretario de Estado aseguró ser «desconocedor» de su situación y, por ello, se comprometió a estudiar con ellos el caso personalmente, tanto el Expediente de Regulación de Empleo como la desprotección de la plantilla en el caso de que la situación resultase «irreversible» y se diera una extinción de la producción. Desconocimiento que también manifestó Domínguez Abascal en lo referente a la propuesta que desde la Federación de Industria de USO se llevó a la Mesa del Carbón para incluir a las contratas de la minería.

Asimismo, Villanueva le trasladó al secretario de Estado de nuevo por escrito y en mano una carta en la que explica la problemática de los despidos, y le ha pedido que se la haga llegar a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Para dar más visibilidad a su situación, los trabajadores de Peal acudirán al Congreso de los Diputados a invitación de la congresista leonesa del Grupo Unidos-Podemos, Ana Marcello, y, para intentar buscar una solución su problema, le han pedido a Domínguez Abascal que trate de mediar para poder mantener una reunión de extrema urgencia» con Ribera.

TRABAJADORES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) SE CONCENTRAN PARA “RECUPERAR” 460 EMPLEADOS Y EL 10% DEL SALARIO PERDIDO

La Vanguardia

Trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se han concentrado ante el Palau de la Generalitat para reclamar la “recuperación” de la plantilla “perdida” y parte del salario que también han dejado de percibir en los últimos seis años: piden 460 empleados más y recuperar el 10% de la masa salarial.

Así lo ha explicado la secretaria general del SCF en FGV, Mª Ángeles Pérez, en declaraciones a los medios durante la protesta. Desde 2010, ha dicho, los trabajadores de FGV han perdido un 25,2% de la masa salarial con medidas como el 10% que les descontaron con el Expediente de Regulación de Empleo de 2012 para evitar más despidos o el 5% que se descontó a todos los funcionarios durante la crisis, entre otras. Ahora, “estamos pidiendo una recuperación del 10% que no es ni la mitad de lo que hemos perdido”, ha puntualizado.

En cuanto a la plantilla, en estos años se han perdido unos 460 empleados, primero con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2012 –que supuso 300 despidos– y después con las bajas que no han ido reponiendo, ha lamentado. Como consecuencia “estamos bajos de plantilla”.

A su entender sería “ideal” contar con 460 trabajadores más, como mínimo harían falta entre 150 y 200 personas más. En todo caso, ha exigido que “se cumplan los acuerdos firmados” porque “hay muchos servicios en los que no están cubiertas las plantillas”.

Según ha explicado, “durante los servicios ordinarios hay algunos no se pueden cubrir y se dejan descubiertos durante el día. No se está dando un servicio como corresponde a la ciudadanía”.

Pérez ha recordado que “en el anterior convenio se firmó una recuperación del 2% progresivamente que tampoco se ha cumplido”. La representante sindical ha querido dejar claro que no se oponen al servicio nocturno no nos oponemos a hacerlo, “siempre y cuando se cubra primero el servicio ordinario con una recuperación de trenes que se fueron perdiendo con el ERE. Y luego ya hablamos de todo lo demás porque además es servicio nocturno a coste cero para los trabajadores, con una pérdida de condiciones para los trabajadores”.

En este sentido, ha apuntado que con el servicio nocturno cambiarán las condiciones de trabajo: se acabará más tarde, habrá que trabajar más fines de semana y más festivos, la Ley de Seguridad Ferroviaria no permitirá hacer cambios de turno como se hacen actualmente, y “va a repercutir a nuestra conciliación familiar”, ha advertido.

Servicio de calidad pobre”

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de UGT en FGV, Antonio Soler, quien espera que Presidencia de la Generalitat pueda “mediar en un conflicto que ni la propia dirección ni la Conselleria están por la labor de que se solucione”. “Reclamamos la recuperación de unos derechos que perdimos por unos decretos y por un ERE. Hay un compromiso en el convenio pactado hace dos años y entendemos que se ha de cumplir el compromiso adquirido” en cuanto a “recuperación de derechos, del salario y de plantilla”, ha remarcado.

“Si vamos a dar un servicio extraordinario por las noches, el problema que arrastramos desde el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) es que no hay plantilla, se dejan servicios descubiertos, trenes sin servir y el servicio es de una calidad bastante pobre”.

“Enfado”

El responsable sindical ha asegurado que tiene la “esperanza” de que el conflicto se soluciones “pero evidentemente tenemos que empezar a mostrar nuestro enfado por un compromiso que no se cumple. Entendemos que se debe cumplir”. En este sentido, ha admitido que la Conselleria de Hacienda ya les ha trasladado que “no es posible” atender a sus reivindicaciones, pero “no estamos conformes porque ya le dijimos que hay un compromiso adquirido y se debe cumplir”.

Así sobre la falta de presupuesto del Consell o las limitaciones para aumentar plantilla con la tasa de reposición de la Ley de Estabilidad de Presupuestaria de Cristóbal Montoro, el responsable sindical ha lamentado que “desde hace seis años siempre hay problemas, pero entendemos que hay una discriminación con nuestra empresa sobre otras empresas o sector público que sí que han tenido recuperaciones estos años, con acuerdos. Nosotros tenemos un convenio, simplemente pedimos que se cumpla con ese compromiso, no pedimos un aumento, pedimos recuperar lo que se ha perdido”.

De seguir así las cosas, la próxima concentración será el 8 de enero de 2019. Por el momento continuarán con las jornadas de huelga convocadas en diferentes franjas horarias para los meses de diciembre y enero, coincidiendo con la puesta en marcha del servicio de metro nocturno que arrancó el pasado 14 de diciembre.

LOS TRABAJADORES EXIGEN A ALCOA QUE AMPLÍE LA NEGOCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) HASTA EL 15 DE ENERO

Laura Castro – El Comercio Digital (Asturias)

Cientos de personas apoyaron la marcha desde la vertiente asturiana que llegó a Vegadeo formando una larga marea de camisetas amarillas

Más de 800 personas apoyan la marcha organizada por los comités de las tres plantas y exigen una alternativa a los cierres

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Necesitan más tiempo para seguir presionando al Gobierno y a Alcoa en busca de una solución que evite los despidos de los casi 700 trabajadores de las factorías de Avilés y La Coruña y esperan conseguirlo.

Los representantes de las plantillas de ambas fábricas acudirán a la reunión de las 12 horas con la multinacional aluminera dispuestos a exigir que amplíen el plazo de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) hasta el 15 de enero. Este fue el objetivo marcado al término de la marcha organizada por los trabajadores de Alcoa para exigir una alternativa a los cierres.

Los de Avilés partieron de Castropol y los de La Coruña y San Ciprián lo hicieron desde Ribadeo. Todos ellos se encontraron después sobre el puente de Vegadeo y reunieron a más de 800 personas frente al Ayuntamiento de esta localidad.

La empresa ya se había mostrado dispuesta a ampliar el periodo de consultas del ERE, pero solo si se producían «avances» en la negociación. «No sabemos qué entienden ellos por avanzar, pero para nosotros es encontrar una alternativa al cierre», indicó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa de Avilés. «Si no amplían el periodo de consultas, incrementaremos las protestas.

Ahora mismo no nos queda tiempo, pueden ejecutar los despidos el próximo 27 de este mes», añadió Gómez de la Uz. Sería la segunda y la última, ampliación del proceso desde que la multinacional aluminera presentó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la Dirección General de Trabajo el pasado 31 de octubre. La primera prórroga, de un mes, se consiguió al constituir la mesa representativa de los trabajadores de ambas plantas el 27 de noviembre y expirará dentro de una semana.

Prácticamente a la vez que se celebra este encuentro entre la patronal y los representantes sindicales en Madrid, el Congreso debate sobre el decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad en el sector de la industria, que incluye el estatuto para las electrointensivas. El Parlamento deberá decidir si lo convalida o lo deroga y hay una gran incertidumbre e indecisión al respecto, pues algunos diputados se muestran reticentes a apoyar el documento impulsado por los ministerios de Industria y para la Transición Ecológica.

Según las fuentes consultadas por este diario, «todo apunta a que PP y Podemos se abstendrán» en la votación. «Por si acaso hay dudas, les pido a los diputados de Asturias y Galicia que convaliden ese decreto ley», reclamó la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, al finalizar la marcha de los trabajadores en Vegadeo. «Es muy importante que lo apoyen, necesitamos despejar a medio plazo la situación de las industrias en Asturias y evitar que Alcoa lo utilice como excusa para no buscar soluciones», explicó Monteserín, quien incidió en que «la alternativa, se quede o se vaya la multinacional, debe ofrecer un remedio a todos los trabajadores». También los sindicatos reclamaron unidad política al respecto. Para Jenaro Martínez, secretario general de UGT-FICA, la industria debe ser una cuestión de Estado, pues afecta, dijo, al motor económico de Asturias y del país.

«El sector genera empleo estable y de calidad, que es muy necesario ahora, pero los costes energéticos deben ser competitivos en relación con el resto de Europa», defendió Martínez. Confía en que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, agilice la concreción del estatuto para las electrointensivas. «Estamos en una situación peor que la de hace quince días, pero está sobre la mesa el desarrollo de este decreto y esperamos que se desarrolle de manera rápida y acabe con la incertidumbre de los costes energéticos para las grandes consumidoras», indicó.

Por su parte, Damián Manzano, secretario general de Industria en CC.OO., aseguró que la marcha era un llamamiento a dos frentes. El primero de ellos, a Alcoa para que retire el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y busque alternativas para continuar la actividad en las dos factorías y el segundo, al Gobierno. «Exigimos que desarrollen el decreto de inmediato y que se tramite de manera urgente el estatuto de las electrointensivas. Necesitamos soluciones para garantizar los puestos de trabajo ya, no podemos esperar ni seis meses ni cuatro ni dos», incidió Manzano.

San Ciprián, en alerta

La planta de San Ciprián, en Lugo, es la única de las tres de Alcoa en España que no tiene sobre la mesa, hasta el momento, el anuncio de cierre. Sin embargo, los trabajadores temen que su futuro sea similar al de sus compañeros de Avilés y La Coruña. «No son dos fábricas las que están en peligro, sino tres. Lo que están viviendo ellos ahora puede pasarnos a nosotros pronto y viendo lo sucedido en la subasta de interrumpibilidad no debe faltar mucho», advirtió el presidente del comité de la factoría lucense, Xosé Paleo. Este, incidió, «es un problema político del que se sale luchando». Y esa pelea debe de ser conjunta. Así lo consideró el presidente de la planta de La Coruña, quien incidió en la necesidad de «espabilar» y salir más a la calle para «salvar» los casi 700 empleos directos de ambas plantas.

En la marcha también estuvieron los alcaldes de Gozón, Navia, Tapia y El Franco, entre otros, además de representantes políticos de IU, Podemos y PSOE, que instaron al Gobierno a actuar. De hecho, desde los comités de Alcoa aseguran que la única solución posible pasa por una intervención de las plantas.

LA HUELGA DE CORREOS EN NAVIDADES, DESCONVOCADA AL LLEGAR A UN ACUERDO

La Vanguardia

Correos se compromete a lanzar ofertas de empleo para sumar 11.200 trabajadores hasta 2020 y aplicar una mejora salarial del 9%Alquilar en el área metropolitana deja de ser una alternativa económica

Correos ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos con el que evita las jornadas de huelga que se habían convocadas para el viernes, 21 de diciembre, y el miércoles día 26, que iban a coincidir así con la época de mayor actividad de envíos de la operadora con ocasión de la Navidad.

El acuerdo ha sido firmado por la sociedad postal pública y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y Sindicato Libre que, posteriormente, han desconvocado los paros.

Un plan de empleo “sin precedentes”

En virtud del acuerdo, suscrito para el periodo 2018-2020, Correos se compromete a lanzar ofertas de empleo para sumar 11.200 trabajadores hasta 2020 y aplicar una mejora salarial del 9%. Además, las dos partes se comprometen a reducir la temporalidad al 8% y mejorar la calidad de prestación del servicio. Un plan de estabilización “sin precedentes”, recoge la empresa en un comunicado.

También recoge una subida salarial media en línea con la de la función pública para toda la plantilla, tanto los trabajadores que son funcionarios como los que son personal laboral. Implica una subida del 1,75% retroactiva para este 2018, del 2,5% en 2019 y del 3% en 2020. No obstante, Correos detalló que parte de la retribución queda vinculada a la mejora de la economía (evolución del PIB) y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Los salarios subirán como el del resto de funcionarios

Correos se compromete a promover 4.574 plazas para consolidar empleo temporal o incorporar trabajadores que serán adicionales a las que tiene que generar anualmente en virtud de tasa de reposición de personal que le reconocen los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a estos empleos por reposición, 1.869 puestos corresponden a la oferta de empleo público del año 2017, que actualmente está pendiente de resolución, y otros 1.612 a la oferta de 2018, que aún no se ha lanzado. Asimismo, se espera que los Presupuestos de 2019 y 2020 otorguen a Correos la posibilidad de contratar un total de 3.145 trabajadores en los dos años, también en virtud de las correspondientes tasas de reposición.

A estos empleos se sumarán así los 4.574 adicionales que Correos se compromete a promover tanto por la consolidación de empleo temporal como por nuevas incorporaciones. Estos puestos se irán añadiendo a las ofertas públicas anuales y, según los sindicatos, permitirá rebajará al 8% la actual tasa de temporalidad del 35%.

El acuerdo se alcanza tras ocho meses de negociaciones y de las movilizaciones y paro de 24 horas que tuvieron lugar en la compañía el pasado mes de noviembre. No obstante, evita las referidas otras dos jornadas de huelga programadas esta Navidad.

CC.OO. DESCONVOCA LA HUELGA EN RENFE PARA EL 21 DE DICIEMBRE Y EL 7 DE ENERO

Mónica Martín – eldiario.es

El sindicato no ha decidido si mantendrá el paro en Adif convocado para el 7 de enero

Solo CGT mantiene la huelga en la empresa de transporte ferroviario que coinciden con la operación salida y la operación retorno de las vacaciones de Navidad

El Sector Ferroviario de CC.OO., tras reunir a sus órganos de dirección, ha decidido desconvocar las jornadas de huelga previstas en Renfe los próximos días 21 de diciembre de 2018 y 7 de enero de 2019. En el caso de Adif, se desconvoca solo la primera de ellas, quedando pendiente la decisión sobre la huelga del 7 de enero.

Solo CGT mantiene los paros ambos días que coinciden con la operación salida y la operación retorno de las vacaciones de Navidad.  El ministerio de Fomento había establecido unos servicios mínimos del 65% de los recorridos de media distancia y el 78% de los itinerarios de alta velocidad–larga distancia.

Renfe también tenía que garantizar el 75% de los trenes en hora punta y el 50% el resto del día de trenes de cercanías. Con la desconvocatoria de huelga Renfe intentará restablecer lo máximo que pueda el tráfico ferroviario.

El sindicato ha estudiado y valorado un documento que se cerró como preacuerdo, que podría constituirse en el II Convenio Colectivo del Grupo Renfe y que recoge gran parte de las reivindicaciones recogidas en la convocatoria de huelga de CC.OO., además de la posibilidad de seguir desarrollando, en las mesas de trabajo que se abren, otros asuntos que también preocupan y ocupan a los trabajadores y trabajadoras de Renfe.

La empresa se ha comprometido, según el sindicato, a hacer las gestiones necesarias ante el Ministerio para obtener la máxima tasa de reposición posible, se ha concretado la subida salarial recogida en la LPGE y cerrado el incremento del 0,5% ligado a la productividad en 2018, se ha cerrado la jubilación parcial al 75%-25%, una aspiración de un gran número de compañeros y compañeras, se han ampliado y mejorado las licencias retribuidas.

Hay compromiso de tratar en las mesas abiertas, con fecha de finalización, temas tan importantes como las medidas de conciliación, la reducción de jornada recogida en el II Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo, etc.

En el caso de Adif, la empresa se compromete, siempre según CC.OO., en un plazo de 48 horas, a presentar un proyecto de convenio colectivo. Este convenio contemplaría las reivindicaciones del compromiso de la empresa de solicitar ingresos por encima de las salidas en la empresa, concreción de los incrementos salariales, materializar, en los cuatro primeros meses de 2019, la reducción de jornada, etc.

Manuel M. Nicolás Taguas, secretario general del Sector Ferroviario de CC.OO., ha señalado que “para CC.OO. la huelga no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, un medio que permite a las trabajadoras y trabajadores realizar la presión necesaria para conseguir, en el marco de la negociación, mejorar las condiciones sociolaborales y económicas, y por tanto ateniéndonos a nuestra buena fe negociadora, lo que no significa que renunciemos a volver a convocar huelga en caso de no concretarse nuestras reivindicaciones y los compromisos de las empresas, desconvocamos las próximas jornadas de movilización previstas en las empresas públicas ferroviarias”.

APOYO MASIVO A LA HUELGA EN LOS MEDIOS PÚBLICOS GALLEGOS, OBLIGADOS A MODIFICAR SU PROGRAMACIÓN HABITUAL

Miguel Pardo – vertele.eldiario.es

Cabecera de la manifestación por la huelga en la CRTVG ->

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Los sindicatos cifran en un 90% el seguimiento de un paro que ha venido acompañado de una concentración ante el Parlamento y una manifestación por Santiago “contra el desmantelamiento, la manipulación y la represión” en la CRTVG

“¡CRTVG, publica e plural!”. Esa ha sido una de las consignas más usadas por personal de la CRTVG que se ha manifestado por las calles de Santiago de Compostela “contra el desmantelamiento, la manipulación y la represión” en los medios públicos gallegos.

Lo han hecho desde el mediodía, después de concentrarse ante las puertas del Parlamento en una jornada de huelga de 24 horas que, según fuentes sindicales, ha tenido un seguimiento de un 90% en el turno de mañana y que ha provocado que la programación habitual se viese afectada tanto en la radio como en la televisión pública.

Diferentes avisos, escritos y radiados, avisaban de la alteración o supresión de los programas previstos “debido a la huelga convocada por el comité intercentros de la CRTVG” y tras un apoyo al paro que ha sido masivo y ha logrado visualizar sus efectos a pesar de los “abusivos” servicios mínimos que ya denunció el comité. Según aclaran, en la sede central de San Marcos, y al margen de las presencias obligadas por estos servicios mínimos, la presencia de trabajadores fue mínima.

La jornada de huelga de 24 horas se inició con la concentración ante la Cámara, a la que acudieron representantes políticos de En Marea, PSdeG y BNG para mostrar su apoyo a los trabajadores. Desde allí partió luego una manifestación con unas 300 personas, prácticamente todas profesionales de la Corporación, que acabó en la praza Roxa, donde miembros del comité intercentros de la CRTVG leyeron un comunicado con el que denunciaron la situación que dicen sufrir en los medios públicos.

La protesta y huelga da continuidad a los paros parciales que se han llevado a cabo en las últimas semanas — también con importante seguimiento –, así como a las protestas que desde hace 30 semanas impulsa el colectivo Defende A Galega en los viernes negros, en las que la mayoría de las reclamaciones son coincidentes con las de las movilizaciones.

Entre las medidas que reclama el personal está la recuperación de la producción propia interna, con programas de servicio público y una estructura de personal idónea, la “erradicación de la manipulación informativa con el cumplimiento de la ley de Medios” y el fin de la “externalización indiscriminada de producciones y servicios”.

También solicitan medidas laborales como el final de la contratación fraudulenta, el relevo del personal ausente o “el cambio de la actual política represiva y sancionadora”, en referencia a expedientes como los abiertos a los periodistas Carlos Jiménez o Beatriz Moyano, además de acciones a favor de una conciliación efectiva de la vida familiar. A pesar de la conflictividad, reconocida incluso por el director general de la CRTVG en el Parlamento, las referencias a la huelga y a la problemática en los medios públicos gallegos son nulas por parte de la Xunta.

El presidente Núñez Feijóo se negó a responder a un reportero gráfico que le había preguntado sobre posibles medidas para finalizar con el conflicto. Meses atrás, incluso se había desentendido del cumplimiento de la ley de Medios. “Yo no la dirijo”, había dicho en referencia a la Corporación.

En el Parlamento, por el contrario, la diputada del PP Raquel Arias aseguró que dicha ley “se está cumpliendo” y presumió de una CRTVG que es “líder en audiencias, tiene cuentas saneadas, es la mejor dotada tecnológicamente de Europa y garantiza mandato de servicio público e independiente”.

Las protestas continuarán con otro paro, coincidiendo con la retransmisión so sorteo de la lotería de Navidad.

AUXITRANS HACE UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) PARA SUS 17 EMPLEADOS EN COMPOSTILLA

Diario de León

La compañía Auxitrans, que se encarga del transporte de carbón en la central térmica de Compostilla, aplicará a partir del próximo 1 de enero un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal —durante seis meses— a sus 17 empleados de las instalaciones situadas en el municipio berciano de Cubillos del Sil.

Esta medida se suma al despido, de siete trabajadores de Maessa, la principal empresa auxiliar en la central.

Los representantes sindicales de la plataforma de empresas auxiliares denunciaron que la finalidad de este descenso en la carga de trabajo es «ir adelgazando plantillas».

En ese sentido, los empleados sospechan que las intenciones de Endesa pasan por «llegar a la negociación de un futuro plan social de cierre, a junio de 2020, sin apenas trabajadores a los que cubrir». Los sindicatos piden una reunión con Endesa.

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