Boletín de Luchas Obreras (27 de Agosto de 2016)

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ÍNDICE:

  • EL TC ANULA EL DECRETO QUE REFORMÓ LA LEY DE RESTITUCIÓN DE BIENES INCAUTADOS A SINDICATOS Y ASOCIACIONES AFINES
  • LOS PRIMEROS DESPIDOS DE INNDEA Y VALENCIA CREA YA LE CUESTAN 140.000 EUROS AL AYUNTAMIENTO
  • LOS SINDICATOS TEMEN MÁS DESPIDOS EN LOS BANCOS EN BURGOS
  • ELECTRODOMÉSTICOS MIRÓ ANUNCIA UN ERE PARA TODA LA PLANTILLA Y BUSCA COMPRADORES
  • ADRIANA LASTRA (PSOE) PIDE MOVILIZACIÓN SOCIAL EN ‘EL CONFLICTO DEFINITIVO’ POR EL CARBÓN
  • SINDICATOS DENUNCIAN A SWISSPORT POR SABOTEAR LA HUELGA EN LANZAROTE
  • MÁS DE 80 DÍAS DE HUELGA INDEFINIDA EN EASYJET MÁLAGA
  • AUMENTA UN 124 POR CIENTO EL NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR UN DESPIDO COLECTIVO EN BALEARES
  • CNT DENUNCIA “LISTAS NEGRAS” EN LAS CONTRATAS DE NAVANTIA EN LA BAHÍA Y TRABAJARÁ POR LA READMISIÓN DEL SOLDADOR DESPEDIDO
  • LA HUELGA DE VIGILANTES DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ARRANCA CON ESCASO SEGUIMIENTO
  • LOS TRABAJADORES DE PLAYAS INICIARÁN LAS CONCENTRACIONES SIN VISOS DE HUELGA

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EL TC ANULA EL DECRETO QUE REFORMÓ LA LEY DE RESTITUCIÓN DE BIENES INCAUTADOS A SINDICATOS Y ASOCIACIONES AFINES

(Sentencia del 07-07-2016 sobre restitución de bienes incautados a sindicatos y asociaciones afines)

La sentencia no afecta a los procesos de devolución ya resueltos por resolución judicial o administrativa firme

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad del Real Decreto-ley 13/2005, de 28-10, que modificó la ley de 1986 que regulaba la restitución a las organizaciones sindicales de los bienes y derechos que les fueron incautados en la Guerra Civil (Ley 4/1986, de 8-1, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado).

El Pleno estima un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y considera que la reforma de la citada ley no cumple el requisito de extraordinaria y urgente necesidad previsto en el art. 86.1 CE y que, por lo tanto, debió aprobarse siguiendo el trámite parlamentario y no por decreto. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Andrés Ollero.

El art. 86.1 CE establece la posibilidad de que el Ejecutivo pueda dictar decretos leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad. En términos generales, reiterada doctrina constitucional ha considerado legítima la utilización del decreto ley cuando, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, se requiere una acción normativa inmediata para alcanzar objetivos que resultan necesarios para la gobernación del país. En cualquier caso, el Gobierno tiene la obligación de explicitar cuáles son las causas de extraordinaria y urgente necesidad que justifican el uso del decreto ley.

Tanto en la exposición de motivos de la norma impugnada como en la comparecencia parlamentaria del entonces Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno consideró urgente y necesaria la reforma de la Ley de 1986 por razones tanto de justicia (las dificultades para acreditar la titularidad de los bienes dificultaron el cumplimiento del fin perseguido por la ley y afectaron al valor de la compensación) como de seguridad jurídica (la prolongación del proceso de reparación provocó una situación de incertidumbre que afectaba tanto a los beneficiarios como al Estado).

La sentencia explica que la reforma del régimen jurídico de la restitución de los bienes fue “legítima en términos constitucionales”; y que las razones de justicia y de seguridad jurídica que se esgrimieron por el Gobierno en sede parlamentaria pudieron servir

“para justificar las concretas medidas adoptadas, pero no su urgencia y necesidad o, en otras palabras, no la sustracción de esta ordenación al procedimiento parlamentario, sede ordinaria, con carácter general, de la legislación”.

La conveniencia de modificar la normativa anterior (la Ley de 1986) no constituyó

“una situación de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinara la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes”.

En definitiva, no se justificaron las razones que aconsejaban el uso de la legislación de urgencia ni tampoco en qué medida la finalidad perseguida por la misma se habría visto “perjudicada” de haberse contenido la reforma “en un proyecto de ley objeto de la correspondiente tramitación parlamentaria”.

La declaración de inconstitucionalidad y nulidad del decreto-ley recurrido no permitirá revisar procesos concluidos mediante sentencias o resoluciones administrativas firmes en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

VER SENTENCIA ->

http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_073/2006-01044STC.pdf

LOS PRIMEROS DESPIDOS DE INNDEA Y VALENCIA CREA YA LE CUESTAN 140.000 EUROS AL AYUNTAMIENTO

Valencia

Las fundaciones admiten que fueron improcedentes y pactan indemnizaciones para no ir a juicio

El Ayuntamiento de Valencia ya ha indemnizado a tres extrabajadores de la Fundación InnDEA y Valencia Crea por haberlos despedido de manera improcedente.

Como ya avanzó este diario, dos días después de las elecciones generales del 20D, un total de once personas que trabajaban para las fundaciones Valencia Crea –concretamente cinco empleados de Las Naves–, e InnDEA –seis– fueron destituidos. Un hecho derivado del proceso de fusión de ambas fundaciones con el Observatorio Valenciano del Cambio Climático.

Según un comunicado firmado por el propio concejal de Innovación, Jordi Peris, el motivo de los once despidos residía en que ante el proceso de fusión querían buscar una «mayor eficacia conjunta», a lo que el nuevo responsable de la Fundación InnDEA, Rafa Monterde, añadía que estas destituciones formaban parte «del trabajo de optimización de los servicios que ofrecen estas entidades» y admitía la dificultad para comunicar los motivos de los despidos.

El caso fue llevado a los tribunales por las 11 personas que resultaron despedidas –entre ellas la mujer de Alfonso Novo, que ocupaba un cargo en Las Naves desde 2011– y tres de ellas ya han obtenido respuesta sin tan siquiera llegar a celebrarse juicio.

Esto es, porque en el acto de conciliación, tanto InnDEA como Valencia Crea reconocieron que dichos empleados habían sido despedidos de manera improcedente.

En concreto, uno de los destituidos de la fundación InnDEA «será indemnizado con 90.000 euros por el Consistorio».

En este caso, las fuentes consultadas por Valencia Plaza aseguran que no se ha abonado el importe de manera íntegra ya que se ha optado por «fraccionar los pagos al tratarse de una cantidad elevada de dinero».

Por su parte, de la Fundación Valencia Crea, el importe a abonar con dinero público por las dos destituciones suman entre 40 y 50.000 euros.

Las mismas fuentes aseguran que la gravedad del asunto no sólo reside en que se esté reconociendo la improcedencia de los despidos antes de celebrarse los pleitos –lo que conlleva la lectura de que el Ayuntamiento en este caso, «reconoce que de origen no se ha tomado una decisión justa y ahora debe indemnizar con dinero público»-, sino en el posterior proceso de contratación llevado a cabo para cubrir los puestos que quedaron vacantes.

Ninguno de los 655 candidatos que se presentaron al puesto conocía que los técnicos que valorarían sus currículum no tenían vinculación alguna con la Fundación Valencia Crea.

La comisión –validada por Peris– estaba compuesta por Monterde y dos jefes de servicio del Ayuntamiento y las entrevistas, decisivas en la mayoría de casos para asignar los puestos de trabajo, eran realizadas únicamente por el actual gerente de la Fundación InnDEA –Monterde–, que actualmente solo tiene capacidad para ejercer en InnDEA pero «no ejerce un cargo en Valencia Crea» porque la fusión de las tres fundaciones no será efectiva hasta septiembre, con lo que su nombramiento como director general de las tres fundaciones todavía no es oficial.

Otros despidos separados por los que el Ayuntamiento también deberá indemnizar

En algunos de los once despidos se alegó como justificación la baja capacitación de las personas destituidas, concretamente se señalaba a «personas contratadas para el mantenimiento y limpieza de un espacio técnico como Las Naves».

Así, una de las tres personas destituidas de Valencia Crea que sigue esperando que se celebre su pleito, formaba parte del personal de limpieza de Las Naves, contaba con un contrato temporal y fue despedida sin esperar a que su contrato finalizase.

Sin embargo, la rapidez de esta decisión choca con otro caso similar en el que sí se optó por esperar a que finalizase la relación laboral.

El caso reside en un empleado contratado de manera temporal que en marzo demandó al Ayuntamiento porque no se le reconvirtió su contrato en indefinido tras un año en el puesto como sí habían hecho con otros dos empleados en su misma situación dos semanas atrás. En este caso, Valencia Crea alegó que sus servicios eran prescindibles, no eran necesarios.

No obstante, la justificación se diluía en las «horas extras que en numerosas ocasiones tuvo que hacer» la persona despedida y que tan solo dos meses después se contrató a otra persona para que ocupara este puesto, motivo que impulsó al afectado a demandar a la fundación.

Tampoco en este caso se llegó a celebrar el juicio. La Fundación Valencia Crea reconoció la improcedencia del despido y abonó 1.300 euros de indemnización al demandante. Cabe señalar que, en este caso, el importe de indemnización no fue cuantioso al tratarse de una persona que apenas llevaba un año prestando sus servicios a la fundación.

Con todo esto, el Ayuntamiento ya se sitúa en la coyuntura de tener que abonar indemnizaciones que superan los 140.000 euros.

Compensaciones por despidos improcedentes derivados de las arcas públicas municipales que podrían ir incrementándose a la vista de que se resuelvan los ocho casos que todavía no se han solventado. De momento, según fuentes consultadas por este diario «hay señalamiento de juicios hasta enero».

LOS SINDICATOS TEMEN MÁS DESPIDOS EN LOS BANCOS EN BURGOS

UGT y CGT se concentran frente a las sedes de BBVA en Burgos y Aranda contra el despido de una compañera por «baja productividad»

Imagen de concentración de frente a la sucursal del BBVA ->

http://zetaestaticos.com/burgos/img/noticias/0/133/133983_1.jpg

A pesar de que los grandes ajustes en las entidades bancarias se han realizado durante los años duros de la crisis, coincidiendo con la reestructuración del sector bancario y con el cierre de sucursales bancarias, los sindicatos temen que a partir del próximo mes de septiembre se pueden realizar más despidos en el sector.

Los sindicatos UGT y CGT protagonizaron una concentración frente a la sede del BBVA ubicada en la calle Vitoria para mostrar su rechazo al despido de una trabajadora de esta entidad bancaria que trabaja en Aranda, así como el despido de otras 14 personas en el resto de España, por «baja productividad», según explicaba Juan Antonio Gutiérrez Zorrilla, representante del sector bancario en UGT.

En el caso de esta trabajadora se da la circunstancia de que había solicitado una reducción de jornada para atender a un hijo pequeño y se había quedado embarazada, lo que, en opinión de este representante sindical resulta «una paradoja» que se la despida por supuesta baja productividad. La concentración de los sindicatos en la sede de Burgos se trasladó posteriormente a Aranda.

El representante de UGT mostró su temor por el hecho de que a partir de septiembre se van a producir más casos de este tipo. «Esta justificación de despidos por baja productividad no es solo del BBVA». También es un modelo de despido que se ha querido aplicar en otras entidades bancarias como Caixabank.

En aquel caso, los despidos afectaban, al menos, a tres trabajadores de la entidad en Castilla y León, dos personas en Burgos. «El despido se formalizó en un caso, pero en los otros dos los conseguimos parar», recuerda.

El representante de UGT señala que es una «herramienta que es muy difícil de contrarrestar», al ser muy difusa su justificación. También señala los problemas generados por «los miles y miles de horas extras que no tributan».

ELECTRODOMÉSTICOS MIRÓ ANUNCIA UN ERE PARA TODA LA PLANTILLA Y BUSCA COMPRADORES

La empresa espera vender los locales y la tienda en línea para que el negocio siga existiendo

La cadena de electrodomésticos Miró ha anunciado que iniciará un procedimiento de despido colectivo para los 339 trabajadores que forman su plantilla.

La dirección de la empresa ha informado la decisión a los trabajadores por medio de una carta que envió al comité de empresa y que ha sido publicada en el portal Economía Digital.

La firma, que presentó el concurso de acreedores a principios de agosto, espera vender algunas de sus tiendas y que eso facilite que parte de la plantilla sea traspasada y no se vea afectada por los despidos.

El ERE es un «paso necesario» por el concurso de acreedores, según Matteo Buzzi, director general de Kabaena Directorship, la sociedad que controla a Miró. El ejecutivo ha asegurado a Europa Press que a pesar de los despidos el proyecto es la continuidad del negocio y que las tiendas Miró y el portal de venta en línea mantendrán las operaciones con normalidad.

Hay «mucha gente» interesada en comprar las tiendas de la empresa y mantener una marca potente en su segmento, ha afirmado Buzzi.

El objetivo de la empresa es salvaguardar el máximo número de puestos de trabajo posible, según el directivo.

La compañía arrastra una situación económica complicada desde 2011, cuando entró en suspensión de pagos. El fondo suizo Sringwater la adquirió por tres millones de euros en 2014, cuando ya estaba en liquidación, por medio de la sociedad Kabaena Directorship. A principios de agosto de este año, Kabaena presentó el concurso de acreedores.

El anuncio del despido de la plantilla completa llega tan solo dos meses después de que la nueva dirección acordara con los sindicatos un ERE que iba a afectar a 119 de los empleados. En ese momento, el plan era reestructurar la empresa y centrar el negocio en Cataluña y Baleares.

Miró cerró 2015 con un volumen de negocio de 100 millones de euros y una red de 65 tiendas repartidas entre Cataluña, que concentra más de 40, la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Soria (Castilla y León) y Barakaldo (País Vasco), además de su tienda en línea.

ADRIANA LASTRA (PSOE) PIDE MOVILIZACIÓN SOCIAL EN ‘EL CONFLICTO DEFINITIVO’ POR EL CARBÓN

La secretaria de política municipal de la Federal socialista refrendó en Villablino el compromiso del PSOE con la minería tras sufrir ‘los incumplimientos del PP del Plan del Carbón’

Villablino volvió a ser el punto de encuentro para abordar la situación de la minería con diferentes dirigentes del partido socialista y miembros del sector minero.

La secretaria de política municipal de la comisión ejecutiva federal de esta fuerza, Adriana Lastra, mencionó que este conflicto no es uno más, sino “el definitivo y el partido popular ha incumplido el plan del carbón, lo firmado con los sindicatos mineros, con los trabajadores y las empresas, lo que llevará al hundimiento a todas las cuencas», advirtió.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas ejerció de anfitrión para  dar forma a  un compromiso del partido socialista sobre un sector que “está siendo abandonado por el gobierno y que está dando sus últimos coletazos”

El secretario general del partido socialista en Castilla y León, Luis Tudanca  manifestó que los objetivos que se han marcado en su compromiso con la minería son la movilización social, la movilización parlamentaria e institucional.

El secretario provincial, Tino Rodríguez que recordó que hay un plan de dinamización de las comarcas que “lleva paralizado tres meses, lo que supone siete millones y medio de euros´” y que de no ponerse en marcha “el próximo mes de septiembre, se forzara una reunión para la mesa de ese plan”.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de asturleonesa, Juan Carlos Vega recordó que llevan dos meses sin vender carbón, además de todo el déficit que llevan desde principios de año, “un 95 % está en un expediente de regulación de empleo y no creemos que esta empresa aguante otro mes sin vender carbón”.

SINDICATOS DENUNCIAN A SWISSPORT POR SABOTEAR LA HUELGA EN LANZAROTE

Las Palmas de Gran Canaria (EFE)

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la empresa Swissport Handling por actuaciones ilegales encaminadas a minimizar la huelga legal que se ha iniciado.

A su juicio, estas actuaciones de una compañía que ofrece servicios de apoyo al transporte aéreo suponen una infracción del derecho fundamental de huelga.

En un comunicado, el sindicato afirma que, una vez convocada la huelga, la empresa contrató a un trabajador ajeno sin que dicha alta tuviera justificación alguna, «más allá de incurrir en la figura del esquirolaje».

Asimismo, CCOO denuncia el incremento del número de horas del personal eventual que de forma habitual presta servicios en la empresa.

Swissport Handling cuenta con un personal fijo y un personal eventual que permanece estable a lo largo del año, algo que ha motivado la huelga, ya que el sindicato entiende que son trabajadores indefinidos y no temporales.

CC.OO. informa de que el número de horas que realiza el personal eventual a la semana es de un centenar, aunque coincidiendo con el preaviso de huelga se ha ampliado la jornada del trabajador temporales a 175 horas por semana, para casi duplicar su jornada habitual.

De esta manera y sin recurrir a la contratación externa (salvo en un caso, al menos que se tenga constancia) la empresa ha incrementado el número de horas efectivas de trabajo para «suplir» las que no realizan los trabajadores que hacen la huelga, en su mayoría empleados fijos.

Además, el sindicado denuncia que Swissport está exigiendo a los trabajadores que permanezcan en sus puesto más allá de la jornada prevista en la asignación de mínimos bajo el pretexto de «horas perentorias».

De esa forma cualquier retraso propio de la dinámica de la operativa lo califican como «horas perentorias», con lo que, de facto, se realizan jornadas más allá de las establecidas como servicios mínimos.

CC.OO. también acusa de «mala fe» a la empresa por retrasar la entrega a los sindicatos de la resolución de servicios mínimos del Ministerio de Fomento, de la que los trabajadores tuvieron conocimiento escasas horas antes del comienzo de la huelga y, por tanto, «se vieron privados de información importante para su organización».

MÁS DE 80 DÍAS DE HUELGA INDEFINIDA EN EASYJET MÁLAGA

Europa Press – Málaga

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Los trabajadores de Easyjet Málaga continúan con la huelga indefinida que iniciaron el pasado 31 de mayo por «los despidos injustificados» de tres compañeros más en esta delegación, según ha señalado el sindicato CGT, añadiendo que la postura de la empresa sigue siendo «aumentar la situación de precariedad sustituyendo a los trabajadores con derechos y condiciones más o menos dignas» por trabajadores eventuales en condiciones de «precariedad absoluta».

En este periodo, la empresa «no ha mostrado interés en solucionar el conflicto, a pesar de las consecuencias que esta situación está acarreando, tanto en retrasos de vuelos como en el malestar de los pasajeros, llegando incluso a poner en grave riesgo la seguridad de pasajeros y empleados», según han precisado desde el sindicato a través de un comunicado.

CGT ha insistido en que han hecho «todo lo posible para resolver esta situación, llegando incluso a suspender el ejercicio del derecho de huelga de forma temporal durante un periodo de siete días con el ánimo de llegar a un acuerdo con la empresa». Así, CGT ha lamentado que «en el ánimo de la empresa no esté solucionar el conflicto».

Por ello, CGT ha comunicado que va a continuar la huelga de forma indefinida, con concentraciones todos los lunes de 10.00 a 12.00 horas en la terminal 2 y 3 del aeropuerto de Málaga «hasta que la empresa venga con una propuesta seria que sirva para acabar con este conflicto».

Por otro lado, el Sindicato Federal Aeroportuario de la CGT ha agradecido el apoyo que los compañeros de Easyjet están recibiendo desde todos los puntos del Estado. Además, han recordado que se ha habilitado un número de cuenta donde se están realizando aportaciones en apoyo a estos compañeros.

Según CGT, Easyjet se convierte en la «única empresa del sector que ha decidido romper con el espíritu del convenio del sector de asistencia en tierra en aeropuertos que, entre otras cosas, aboga por el mantenimiento del empleo a través de la subrogación de trabajadores entre empresas».

Los portavoces de CGT han manifestado que esta actitud empresarial además de ser un hecho «muy grave», supone un «ataque frontal a los derechos laborales» de los trabajadores de este sector en un acto que CGT define como «terrorismo empresarial».

AUMENTA UN 124 POR CIENTO EL NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR UN DESPIDO COLECTIVO EN BALEARES

Europa Press – Palma de Mallorca

Parón organizado hace unos días a las puertas de Matagorda en solidaridad con el despedido

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El número de trabajadores afectados por despidos colectivos aumentó un 123,6 por ciento en Baleares en el primer semestre en relación al mismo período de 2015, hasta sumar 220 personas, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De esta manera, las Islas Baleares registran uno de los mayores ascensos en el volumen de despidos colectivos del conjunto del país.

Esta mismo situación ocurre con la suspensión de contratos, que han aumentado un 133,3 por ciento en relación al primer semestre de 2015, afectando a un total de 192 trabajadores. Por el contrario, los trabajadores a los que se les redujo la jornada han disminuido un 54,6 por ciento en tasa interanual, hasta un total de 65.

En total, Baleares también marca uno de los principales ascensos en el número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo.

En concreto, esta cifra ha aumentado un 78,7 por ciento en tasa interanual y se han visto afectadas un total de 347 personas.

CNT DENUNCIA “LISTAS NEGRAS” EN LAS CONTRATAS DE NAVANTIA EN LA BAHÍA Y TRABAJARÁ POR LA READMISIÓN DEL SOLDADOR DESPEDIDO

CNT en El Puerto se ha solidarizado con el activista de la Coordinadora de Profesionales del Metal de la Bahía de Cádiz que ha sido despedido de una contrata de Navantia.

El sindicato ha ofrecido a este soldador sus servicios jurídicos con el objeto de lograr la nulidad del despido. Evidencia que “basar nuestra competitividad en la esclavitud salarial es un mecanismo que nunca ha funcionado”.

CNT en El Puerto ha mostrado su solidaridad con el activista de la Coordinadora de Profesionales del Metal de la Bahía de Cádiz que ha sido recientemente despedido de una contrata de Navantia Puerto Real.

Este operario se había destacado en movilizaciones y medios de comunicación por la denuncia del incumplimiento del convenio provincial del Metal y la defensa del empleo en la comarca.

Este sindicato ha ofrecido a este trabajador sus servicios jurídicos con el objeto de lograr judicialmente la nulidad del despido. Además, apoyará todas las movilizaciones que se convoquen con el objeto de readmitir al afectado.

“Aunque es difícil de demostrar, los trabajadores sabemos que la dirección de Navantia ha elaborado una lista negra de activistas y está presionando a sus empresas auxiliares para que sean despedidos o no sean contratados.

Esta situación es muy peligrosa, y confirma que la democracia se sigue quedando en la puerta de las empresas, incluso de las empresas públicas”, señalan desde la CNT en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.

Además, este sindicato señala que la reciente noticia de la firma del primer convenio estatal del Metal “crea una situación todavía más peligrosa para los trabajadores siderometalúrgicos”, pues el Gobierno central “ha impuesto a las partes la inclusión de determinados aspectos de la reforma laboral de 2012 que pueden hacer primar convenios de empresa sobre el provincial”.

Así, si no hay estructuras sindicales sólidas en las pequeñas y medianas empresas del sector, “ya no es sólo que no se cumplan ciertos puntos del convenio, sino que pueden convertirlo en auténtico papel mojado”.

La postura de Patronal y Gobierno (compartida por algunos “sindicalistas”) es que dados los elevados salarios “no podemos competir en el mercado global”. Sin embargo, agregan desde la CNT, “basar nuestra competitividad en la esclavitud salarial es un mecanismo que nunca ha funcionado (siempre habrá países más baratos).

Una de las claves de la competitividad es la calidad del trabajo, y esto sólo se consigue reteniendo el talento de los profesionales gaditanos, promoviendo el respeto de los derechos laborales”.

Ante este escenario, la única opción para los trabajadores del metal gaditano, sentencia este sindicato, es “la lucha, la unidad y la auto-organización”: fortaleciendo a la Coordinadora del Metal e implantando secciones sindicales que luchen dentro de estas empresas.

“El sector del metal de la provincia ha estado históricamente en la primera línea de la lucha por los derechos sociales. Estamos convencidos de que en el actual contexto de austeridad, recortes y esclavitud laboral volverá a ser la punta de lanza de la movilización social”, se subraya.

LA HUELGA DE VIGILANTES DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ARRANCA CON ESCASO SEGUIMIENTO

EFE

La huelga indefinida a la que están convocados los noventa vigilantes de seguridad de los centros dependientes de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid ha arrancado con un escaso seguimiento.

El secretario general del Sindicato Libre de Seguridad (SLS), Rafael Saldaña, ha informado a Efe de que alrededor del 20 % de los vigilantes se han sumado a la huelga.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia han señalado que sólo tres de los noventa trabajadores han comunicado a la empresa Sinergias de Seguridad y Vigilancia que no acudirán a trabajar.

El sindicato convocante -mayoritario en el sector- acusa al nuevo adjudicatario del servicio de «no respetar el convenio estatal» y de haber aplicado «rebajas de 400 euros en unos salarios de 1.100 euros» a los trabajadores subrogados.

Además, ha calificado de «abusivos» los servicios mínimos fijados para la huelga, de casi el 90 %.

Previamente, la adjudicataria de este servicio era la empresa Magasegur, que renunció a los contratos que tenía en vigor con la Comunidad de Madrid poco después de entrar en concurso de acreedores por la ejecución de embargos administrativos por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

A continuación, el Gobierno regional tramitó un «contrato de emergencia» de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, que se adjudicó a la empresa Sasegur para las dependencias de cultura, turismo y empleo y a Bilbo para las de educación, que son todas las que tenía a su cargo Magasegur.

A partir de julio, se convocó un nuevo concurso que, en el caso de los centros dependientes de la Oficina de Cultura y Turismo, ganó Sinergias de Seguridad y Vigilancia, cuyo contrato está vigente hasta el 31 de diciembre.

A partir de esa fecha, el Gobierno regional tenía previsto centralizar los servicios privados de seguridad y vigilancia de todas las consejerías con un nuevo contrato, una idea que finalmente ha sido descartada.

Desde la Consejería de Presidencia y Justicia han anunciado a Efe que para el pliego del nuevo concurso, que saldrá el 1 de enero, se están revisando los criterios de adjudicación para reducir el factor precio y que la oferta económica no sea determinante.

Además, han explicado que se adjudicó el contrato a Sinergias de Seguridad y Vigilancia al obtener la mejor puntuación.

Al respecto, han informado de que no sumó los 20 puntos de cumplimiento de convenio estatal, ya que tiene convenio propio de empresa, pero en la parte económica su oferta fue la más barata.

«No se puede excluir de la licitación a las empresas por tener convenio propio. Hasta la fecha, Sinergias de Seguridad y Vigilancia está cumpliendo el contrato de forma correcta», han añadido las mismas fuentes.

Los vigilantes convocados a la huelga están presentes en lugares como la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina, la Casa Museo Lope de Vega o el Museo Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares.

LOS TRABAJADORES DE PLAYAS INICIARÁN LAS CONCENTRACIONES SIN VISOS DE HUELGA

Algeciras

La plantilla arranca el día 29 su mes de manifestaciones con la intención de valorar qué acciones tomar durante este periodo

Los trabajadores del servicio de mantenimiento y limpieza de playas de Algeciras, que gestiona la empresa concesionaria Urbaser, comenzarán el lunes, 29 de agosto, su calendario de manifestaciones. Lo que finalmente no hay decidido es si volverán o no a la carga con una nueva huelga.

El presidente del comité de empresa, Alexis de la Paz, afirma que valorarán qué acción sindical tomar en función de la repercusión o efecto que puedan tener las concentraciones.

La decisión de paralizar el servicio de limpieza no se va a decidir por el momento en asamblea de trabajadores, luego la amenaza se disipa por el momento, además teniendo en cuenta que la recta final del verano comienza ya, quedando apenas un mes de estación estival, que es cuando más afluencia de personas tienen las playas.

Hace poco más de una semana finalizó la huelga de cuatro días convocada como medida de presión en su lucha por un «convenio digno».

Una vez finalizó esta acción advirtieron que irían a por una segunda, aunque siempre dejando por delante que esa sería una decisión a tomar en asamblea por todos los trabajadores.

La última decisión fue reactivar las concentraciones, que darán comienzo el lunes para alargarse hasta el 30 de septiembre.

Serán manifestaciones diarias que convocarán tanto en las playas de Getares como en El Rinconcillo, además de frente a las puertas del Ayuntamiento, en la calle Alfonso XI. Las irán alternando según consideren y tengan los permisos pertinentes.

Por otro lado, el comité de empresa dejó en manos de profesionales la denuncia sobre la supuesta vulneración del derecho a huelga realizado por el Ayuntamiento.

Alegan, con documentos gráficos según han reiterado, que vieron realizar las labores de los trabajadores en huelga a operarios de limpieza de la empresa municipal Algesa durante los días de huelga.

Algo que el Ayuntamiento niega, mientras acusó a los huelguistas de haber tirado basura en las playas en los días de paros.

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